Los ejes del Plan B: impago de la deuda, dignificación del empleo y control de las transnacionales

Tras las multitudinarias jornadas del Plan B en Madrid del pasado fin de semana, a las que acudieron, según los organizadores, más de 3.000 personas, el movimiento europeo antiausteridad quiere seguir dando pasos en su constitución y llama a una "rebelión democrática" en el continenente y a la "desobediencia civil frente a las instituciones, sus reglas tóxicas, políticas, tratados y dictados antidemocráticos" para optar por la "remunicipalización y socialización de los sectores energéticos, reparto de trabajo y riquiza, adutoría e impago de la deuda ilegítima o la apertura de canales legales para acoger a los refugiados".

Para continuar profundizando en todas estas ideas, la Conferencia de Madrid, la segunda en esta línea tras la celebrada en Berlín y a la que acudieron dirigentes políticos y activistas sociales de varios países europeos –Italia, Bélgica, Reino Unido, Francia, Polonia, Ucrania, Suiza o España, entre otros–, también decidió convocar una "gran movilización" contra las políticas de austeridad el próximo día 28 de mayo en la capital. Una jornada de manifestaciones, cargadas de un gran simbolismo por la fecha –ese mismo día, en 1871, se produjo la caída de la Comuna de París– que, según anunciaron el pasado domingo, será paneuropea.

A partir de aquí, el movimiento antiausteridad centra sus propuetas, acordadas en un plenario final celebrado el pasado domingo antes del acto de cierre del evento, en torno a varios ejes políticos: moneda e instituciones europeas, pago de la deuda, derechos sociales y laborales, comercio e inversión, política migratoria de bienvenida a los refugiados, feminismo y crisis ecológica. En el primero de los puntos, el Plan B considera que Europa "está forjada bajo una arquitectura autoritaria y oligárquica" y piden "un camino" que comience con reformas fiscales progresivas "para proteger la dignidad de las personas" y un modelo productivo basado en las energías renovables. Además, apuntan que "ya no caben más sacrificios por el euro" y piden la apertura de "procesos de desobediencia" para la "recuperación de la soberanía monetaria": "Establecer un nuevo marco de regulación financiera y un control del sistema bancario que garantice la función social del crédito", sentencian.

En referencia al pago de la deuda, el documento de conclusiones sostiene que "en una situación de quiebra económica, democrática y social, se debe reconocer el derecho de los pueblos a no pagar". En este sentido, consideran "estratégico" la realización de audutorías ciudadanas de la deuda que sirvan "para aportar argumentos y evidencias para sostener las propuestas de impago". Así, de las jornadas sobre el Plan B salieron seis acciones concretas en esta línea: "Reforzar y ampliar la red de movimientos europeos contra la deudocracia y la austeridad; compartir las experiencias de los procesos de auditoría ciudadana; aprovechar el conocimiento de activistas y expertas cercanas a los movimientos sociales; construir un nuevo discurso alrededor de la deudocracia; elaboral materiales de formación para compartirlos y difundirlos a nivel europeo; y promover espacios de confluencia entre movimientos sociales, técnicos y grupos políticos para compartir metodologías y experiencias en realización de auditorías ciudadanas". El primero de estos eventos se celebrará el próximo mes de octubre en Barcelona.

En materia de derechos sociales y laborales, el documento difundido con las conclusiones rechaza "el ataque continuo a la protesta". "La capacidad para crear nuevas organizaciones también se ve amenazada por el grado creciente de represión político-normativa y la criminalización de los movimientos sociales", añaden. Por ello, proponen "la derogación de las leyes que han recrudecido la desposesión", el reparto de "los trabajos", la reducción de "los tiempos" sin bajadas de salario, el establecimiento de "un salario mínimo digno y y un salario máximo para eliminar la grosera brecha existente" y la dignificación de los trabajos "y en particular el de las personas con diversidad funcional y el trabajo doméstico remunerado".

En relación al comercio e inversiones, el Plan B carga contra los tratados que la Unión Europea está negociando en secreto –TTIP, TiSA, CETA–. "A nivel estatal, debemos presionar en las políticas nacionales para poner el TTIP en la primera línea de la agenda política", apuntan en el documento, añadiendo que es necesario "dotar a nuestros aparatos judiciales de las herramientas necesarias para garantizar el interés público sobre el privado". Por todo ello, piden la creación de "mecanismos de control y fiscalización" de las empresas transnacionales, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. En este sentido, proponen el establecimiento de un modelo alternativo al de comercio e inversiones neoliberal.

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En materia de política migratoria, y con la vista puesta en la actual crisis de refugiados, piden "una Europa sin vallas ni racismo" porque, en su opinión, "la UE tiene una corresponsabilidad en las caudas del exilio por su política exterior comercial y militar neocolonial". En este sentido, aseguran que el Plan B, en relación con la inmigración, "debe apuntar a un proyecto alternativo y coordinado" que incluya la libre circulación de personas, la lucha contra la xenofibia, la creación de un observatorio europeo contra la xenofobia institucional, la vigilancia y el rechazo de cualquier financiación y venta de armas a países que violan los derechos humanos y la apertura de canales legales y seguros para que las personas puedan llegar a Europa.

Además, este Plan B tiene que ser feminista. "Hablar de procesos constituyentes en los que el feminismo esté en el centro implica una ruptura con el modelo social, político y económico actual", afirman, y añaden que esta "ruptura" tendrá que plasmarse "con un cambio en las costumbres, en la forma de relacionarnos, en la manera de reproducir". Por ello, plasman en el documento varios ejes entre los que destacan "el reconocimiento explícito de la soberanía" sobre los cuerpos de las mujeres y "el derecho a decidir sobre ellos", garantizar "una vida libre de violencias" y el "reconocimiento pleno" de las mujeres "como sujeto activo y político". 

Finalmente, hacen hincapié en la necesidad de desarrollar propuestas en torno a un "empleo verde", diseñando procesos de "transición justa que protejan a las personas que actualmente trabajan en sectores que deben ir desapareciendo": "Es preciso que se comprenda que sin frenar la destrucción de la naturaleza y apostar por la redistribución radical de la riqueza, el único plan es el fascismo", añaden.