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Extradiciones

España pide a El Salvador la extradición de los supuestos asesinos del ‘caso Ellacuría’

  • La aplicación de la justicia universal sigue en funcionamiento, pese a las trabas de los Gobiernos del PP y PSOE
  • El crimen se produjo en 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, durante la guera civil

Publicada 11/03/2016 a las 17:10 Actualizada 11/03/2016 a las 18:44    
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Varios de los jesuitas asesinados por las fuerzas de seguridad de El salvador.

Varios de los jesuitas asesinados por las fuerzas de seguridad de El Salvador.

El Consejo de Ministros acordó solicitar de nuevo la extradición de cuatro militares de El Salvador, involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, entre los que estaba el ideólogo de la Teoría de la Liberación, Ignacio Ellacuría,  y otras dos personas que vivían con ellos.

A propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá,  se pidió la extradición para su enjuiciamiento en España del coronel Alfredo Benavides Moreno,  responsable del batallón Atlacatl, que habría ordenado asesinar a los sacerdotes y a todos los testigos; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte directa de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más, y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los religiosos. 

El crimen se produjo el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, durante la guera civil en El Salvador.  En el marco de una ofensiva guerrillera en la capital, un comando militar de ultraderecha irrumpió en el campus universitario y asesinó al grupo de religiosos, entre ellos Ignacio Ellaciría, el rector de la institución. Se trata de uno de los asesinatos más emblemáticos del conflicto que enfrentó a la entonces guerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el Ejército del país. 

El pasado mes de enero, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, en virtud del principio de justicia universal, había realizado una petición a la Interpol para la detención de los militares, ahora retirados. Les acusó de ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad. La petición se produjo ante el "giro jurisdiccional" observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 basándose en la nacionalidad salvadoreña de los reclamados, y la autorizaron cuatro años más tarde. La detención de cuatro de los militares se produjo semanas más tarde por la Policía salvadoreña. 

La nueva petición del Consejo de Ministros se basa en que cinco de las víctimas tenían la nacionalidad española, y porque entiende que existen "indicios suficientes" de que el proceso penal contra los acusados "no garantizó ni la persecución efectiva ni el castigo adecuado a los responsables de esos delitos".


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