CSIF denuncia “imprevisión” al gestionar el aumento del voto por correo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes la "imprevisión" manifestada por el Estado después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE), del que depende la Oficina de Censo Electoral, haya tenido que recurrir a los servicios de personal funcionario de otras administraciones públicas ante el incremento en la demanda de solicitudes de voto por correo para las elecciones del 26 de junio.

Según ha informado este viernes CSIF, estos servicios que se requieren consisten en grabar los datos e introducir en sobres las papeletas del Congreso y del Senado para que los ciudadanos que no puedan hacerlo de manera presencial ejerzan su derecho al voto por correo.

CSIF ha criticado la "falta de negociación" con los sindicatos, dado que, según ha asegurado, esta circunstancia viene motivada por el "cambio de criterio del INE, que ha establecido un límite de 60 horas extraordinarias al año al personal laboral que tradicionalmente venía realizando estas funciones, que por tanto está especializado y que se ha visto desbordado ante el incremento de la carga de trabajo por la demanda del voto por correo".

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Según el sindicato representativo en las administraciones públicas, el INE cuenta con personal que voluntariamente quiere realizar este trabajo electoral, sin bien, y a consecuencia del cambio de criterio en la organización, se ha visto "obligado a 'tirar' de personal de subdelegaciones de Gobierno y de organismos como el Instituto Geológico Minero o el Instituto Español Oceanográfico".

Por lo tanto, CSIF ha denunciado el "déficit" en las plantillas como consecuencia de "la ausencia en la oferta pública de empleo, especialmente en la Administración General del Estado". "Esta misma semana, el Ministerio de Hacienda publicaba los últimos datos, que evidencian un descenso de 170.000 puestos de trabajo desde 2012", ha explicado.

CSIF ha asegurado haber recibido las "quejas y malestar" del personal del INE por la "falta de acuerdo y la ausencia de negociación por parte de la Administración, lo que ha provocado situaciones de desigualdad entre diferentes grupos de personal, con categoría y funciones similares".