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Caso ERE

La Fiscalía pide cárcel para Griñán e inhabilitación para Chaves

  • Anticorrupción solicita seis años de prisión para el presidente de 2009 a 2013 y cuatro ex consejeros
  • Chaves, Zarrías y Magdalena Álvarez no se exponen a privación de libertad
  • El Ministerio Público pide a los acusados de malversación que respondan solidariamente por todas las ayudas supuestamente irregulares, que suponen cientos de millones

Publicada 15/09/2016 a las 14:49 Actualizada 15/09/2016 a las 15:11    
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Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Europa Press
Cruz para José Antonio Griñán, cara para Manuel Chaves. La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación de la conocida como pieza política del caso de los ERE, solicita seis años de cárcel para José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, por prevaricación y malversación. Su antecesor, Manuel Chaves, presidente de 1990 a 2009, se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación. Esta condena tendría –en términos prácticos– escasa incidencia, al ser Chaves ya un jubilado apartado de la política.

El caso lo instruye el juez Álvaro Martín, titular del juzgado 6 de Sevilla, que en junio acercó al banquillo a Chaves y a Griñán, así como seis exconsejeros, cinco exviceconsejeros, siete ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. Entre los exconsejeros imputados hay figuras políticas tan relevantes como Gaspar Zarrías –histórica mano derecha de Manuel Chaves–, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo o José Antonio Viera.

Ya en su auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez Martín era más duro con Griñán que con Chaves. Ahora la Fiscalía incide en esa línea. Como presuntos autores de malversación son acusados por Anticorrupción Griñán y los exconsejeros Viera, Vallejo, Martínez Aguayo –mano derecha de Griñán desde su etapa como consejero de Economía– y Antonio Fernández, entre otros. Para ellos se piden entre 6 y 8 años, además de los 10 de inhabilitación por prevaricación. En cambio, Chaves y Zarrías sólo son acusados de prevaricación, al igual que Magdalena Álvarez.

La Fiscalía establece que los 18 acusados de malversación deben responder solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E, el conocido como fondo de reptiles. Las cantidades se cuentan por cientos de millones de euros.
EL AUTOR


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