El destino del ministro reprobado: una comisión de escaso peso y nada transparente

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha hecho famosa por unos días a una comisión parlamentaria que siempre pasa inadvertida, es poco transparente y está pendiente de revisión a ojos de los grupos parlamentarios. No es un "caramelo", como ocurre con otros órganos del Congreso de los Diputados de gran repercusión política y mediática. De hecho, la Comisión de Peticiones, el lugar donde el Partido Popular Partido Populardecidió ubicar a su exministro reprobado por la Cámara, integra junto a otras ocho las llamadas "comisiones permanentes no legislativas". No hay ninguna duda de que Fernández Díaz habría tenido más presencia en la Comisión de Exteriores, la que originalmente quería para él Mariano Rajoy. O incluso en la Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el plan B de los conservadores, que también se cayó al comprobar que la amenaza del PSOE de presentar un candidato alternativo iba en serio.

Tal y como está configurada la Comisión de Peticiones a día de hoy, es el refugio ideal para un político polémico al que Rajoy quiere premiar por su amistad. Hay en el PP y en el Gobierno quienes creen que, si siguen las presiones de la oposición, él mismo acabará apartándose. Pero, en caso contrario, presidir este órgano le va a permitir embolsarse los 1.431 euros extra al mes que el régimen de retribuciones del Congreso destina a los presidentes de comisión sin estar expuesto del todo. No es un detalle menor: el Congreso tiene pendiente una comisión de investigación sobre su gestión en Interior.

¿Cuáles son las características de esta comisión? Según el Reglamento del Congreso, esta comisión se encarga de examinar las peticiones de los ciudadanos, individuales o colectivas, que llegan a la Cámara. Una vez estudiadas –a puerta cerrada– en el seno de esta comisión, tendrá que ser Ana Pastor, en su calidad de presidenta del Congreso, quien decida derivarlas.

El Reglamento fija los destinos de las peticiones: al Defensor del Pueblo, a la comisión del Congreso "que estuviere conociendo del asunto de que se trate", al Senado, al Gobierno, a los tribunales, al Ministerio Fiscal o a la comunidad autónoma, diputación, cabildo o ayuntamiento a quien corresponda. Es decir, actúa de canal de traslado de peticiones.

Igualmente, la comisión tiene en sus manos, si considera que no puede remitírselo a las instituciones anteriores, acordar "el archivo de la petición sin más trámites". En este caso, "se acusará recibo de la petición y se comunicará al peticionario el acuerdo adoptado".

Casi nada se sabe de los asuntos que llegan a esta comisión. A cada expediente se le da un número. Y, cuando los casos salen a la luz es gracias a filtraciones periodísticas o por interés de los afectados. Las sesiones de la Comisión de Peticiones se celebran a puerta cerrada. Sus integrantes tienen la obligación de llevar cuenta de los escritos recibidos y de elaborar un informe detallado, pero este no es público. Se apela al respeto de la privacidad de los peticionarios.

La única información pública es un listado que se va actualizando a lo largo de la legislatura en la página web del Congreso en el que se reseña, junto al número de sesión, el número de peticiones nuevas estudiadas, las reiteraciones, es decir, las peticiones repetidas, y las contestaciones recibidas de peticiones enviadas a otras instituciones.

En la X Legislatura (2011-2015), contando la sesión constitutiva, se celebraron 27 reuniones de esta comisión. En total, se tramitaron 2.687 peticiones nuevas, se dieron por "cerrados" 2.345 expedientes y se recibieron 970 respuestas de peticiones derivadas a otras instituciones. Las reiteraciones fueron 667. Traducido a porcentaje, el número de contestaciones recibidas no llega al 40% de las nuevas peticiones recibidas.

Escritos variados

Los escritos contienen temas de lo más variado. Desde asuntos personales relacionados con indultos a peticiones de cambios legislativos pasando por la exigencia de que sus señorías contesten los correos electrónicos que les remiten los ciudadanos, como desveló la agencia Europa Press. En el apartado personal de cada parlamentario en la web del Congreso, figura su e-mail y un peticionario se quejaba de no obtener respuestas.

La Ley de Transparencia no supuso mejora alguna para el funcionamiento de esta comisión parlamentaria.

La revisión de esta Comisión ha sido en los últimos años una de las demandas más frecuentes de los partidos políticos con representación parlamentaria. 

En la décima legislatura se registraron varias proposiciones de ley para mejorar el funcionamiento de esta comisión. En mayo de 2012, el Grupo Socialista registraba una proposición de reforma del Reglamento del Congreso “para la creación de la Comisión Permanente de Peticiones y Participación Ciudadana”.

La idea era convertir esta comisión “en una sede idónea para articular la participación directa de la ciudadanía en los procedimientos parlamentarios”. Planteaban dar protagonismo a los peticionarios fomentando su comparecencia en la comisión. La transparencia y la rendición de cuentas también tenían su peso en esta propuesta. Abogaba por la obligación de elevar al pleno del Congreso y publicar una memoria anual sobre sus actividades y acuerdos. 

Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Como recordó el diputado Toni Cantó –entonces en UPyD– en el debate de la propuesta que no salió adelante, cualquier ciudadano de la Unión Europea puede enviar una petición al Parlamento Europeo y el trámite puede acabar en la presentación de un informe completo al Parlamento para que sea votado en sesión plenaria.

Según informa la Eurocámara, el procedimiento de petición de su Comisión de Peticiones es “abierto y transparente”. “Muchas de las peticiones se debaten en reuniones de la comisión en las que los peticionarios participan activamente. No obstante, dado el carácter variopinto de las peticiones y el gran número que se recibe, no todas ellas se debaten en comisión; los miembros pueden optar por decidir al respecto mediante un sistema de examen político ordinario”.

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En el apartado destinado a esta Comisión en la web del Parlamento Europeo se ofrece un breve resumen de cada una de las peticiones y el estado de las mismas.

El sueldo

La presidencia de una comisión supone un ingreso extra mensual de 1.431,31 euros, según el régimen de retribuciones de sus señorías. Esta cantidad se suma a la asignación constitucional mensual de 2.813,87 euros más las ayudas que les corresponden por la circunscripción por la que fueron elegidos. Fernández Díaz pertenece a una provincia distinta a Madrid, por lo que tiene derecho a la indemnización más alta de la horquilla: 1.823,86 euros mensuales. Todos estos conceptos los reciben en 14 pagas. Y, en el caso de las ayudas, libres de impuestos. En total, la percepción mensual supera los 6.000 euros, 84.000 al año. Según el portal de transparencia de la administración general del Estado, como ministro percibió 76.478,06 euros anuales.