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La nueva legislatura

El Gobierno se aleja de la reforma constitucional y ensaya un acercamiento a Cataluña

El presidente del Gobierno en el 38 aniversario de la Constitución.

Todos los años, a medida que se acerca el 6 de diciembre, la fecha en la que la Constitución Española cumple años, los partidos ponen sobre la mesa sus propuestas de reforma de la Carta Magna y también, sobre todo el Partido Popular, los miedos a abrir el debate sin saber después dónde o en qué momento cerrarlo. Así ha ocurrido también este 6 de diciembre. La diferencia de este 38 cumpleaños de la Constitución con otros aniversarios estriba en que ahora, con un Gobierno en minoría parlamentaria, las formaciones políticas partidarias de abrir el melón de la reforma constitucional consideran que lo tienen más a mano. En el otro lado, no obstante, se encuentran a un Ejecutivo que busca todos los giros argumentales posibles para no mostrar de forma clara su rechazo a la reforma, pero al que los gestos le delatan. Esto quedó cristalino este martes en el Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputados.

El argumentario del Partido Popular y del Gobierno sigue siendo el mismo que la legislatura pasada, cuando su mayoría más que absoluta le permitía bloquear cualquier tipo de iniciativa y debate parlamentario. El guión no se mueve: la Constitución se puede reformar. Por supuesto. Pero antes de abrir el debate es fundamental saber qué se quiere tocar, para qué y contar con un consenso muy amplio. De este guión no se movió Mariano Rajoy en las declaraciones que hizo ante la prensa a su llegada al acto de celebración de la Constitución ni en los tradicionales corrillos que protagonizó posteriormente.

Según dijo, está "siempre dispuesto a considerar cualquier reforma" de la Constitución que "sea razonable". Pero este no es un asunto para "ocurrencias" ni para "frivolizar", sino para "hacer las cosas muy bien" como en 1978, manteniendo el "espíritu de consenso" de aquellas fechas. Minutos más tarde, tras escuchar un discurso de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en un tono muy similar, Rajoy recordó a los periodistas el referéndum convocado en Italia sobre la reforma constitucional que condujo a la dimisión del primer ministro, Mateo Renzi. "¡Ahora voy a convocar yo un referéndum!", dijo de modo irónico.

El caso italiano vino al Gobierno como anillo al dedo para justificar el hecho de que prefieran que la idea de una reforma constitucional siga en el congelador. Desde que el Ejecutivo vio que iba a gobernar en minoría sus miembros más destacados han justificado sus miedos a modificar la Carta Magna en la posibilidad de que el Grupo de Unidos Podemos acabe solicitando la convocatoria de un referéndum.

El 10% de los diputados

Si la reforma afecta al Título Preliminar, los derechos fundamentales o la Corona, es obligatorio celebrar un referéndum y disolver las Cortes para que un nuevo Parlamento revalide la reforma. En el resto de cuestiones, la consulta sólo se debe hacer si así lo pide el 10% del Congreso o del Senado.

El temor en el equipo de Rajoy es que, una vez aprobada la nueva redacción, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pida que ésta sea sometida a referéndum para su ratificación. El PP cree que con PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos. El problema lo tiene con Podemos que, con 67 diputados, podría perfectamente plantear la consulta pública contemplada en el artículo 167 de la Constitución.

Más allá de la reforma concreta que se sometiese a ratificación en el referéndum, la campaña de una consulta podría convertirse en un plebiscito sobre cuestiones más de fondo como el llamado "régimen del 78" o la forma de Estado, algo que desde el PP se quiere evitar a toda costa con el argumento de que sólo aportaría "inestabilidad".

En este contexto se entiende que Rajoy y todos sus ministros repitieran la idea de que no basta con un pacto PP-PSOE-Ciudadanos para reformar la Constitución. Se requieren números más grandes para evitar "sorpresas" como la del referéndum. "En un referéndum se pregunta una cosa. Pero no todos los ciudadanos entienden igual lo que se pregunta y las respuestas tienen muchos matices que hay que acabar plasmando en un o en un no", responde un miembro del gabinete de Rajoy.

La "responsabilidad" del PSOE

Este debate llega en un momento en el que el PSOE ha anunciado que pedirá la creación de una subcomisión para estudiar la reforma constitucional y en el que el Gobierno intenta reconducir su relación con Cataluña coincidiendo con el arranque de la nueva legislatura.

Los conservadores tienen miedo de que la subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional se abra sin antes haber reflexionado sobre qué se quiere reformar, para qué y cuánto consenso reúnen esos objetivos. Así, subrayan, sería inabarcable y poco eficiente. No obstante, cuentan con que el PSOE sea "responsable" en este asunto y antes de los trámites oficiales para la creación de esa subcomisión se abra un canal de diálogo entre los grupos para ver cuál es el clima. A priori, para el Gobierno y el PP el clima es "nada propicio" a la reforma. Ponen como ejemplo que en la Comisión Constitucional en la que participó Soraya Sáenz de Santamaría la semana pasada ningún grupo estaba de acuerdo en la forma en la que debían abordarse los cambios y en qué tipo de cambios eran necesarios. 

"Para cambiar la Constitución no basta con manifestar el deseo de cambiarla. Hay que saber qué se quiere y qué implicaciones tiene eso que se quiere", valoraba un miembro del Gobierno en la recepción.

En este contexto, al PP le tranquilizaron las palabras del presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández. En declaraciones a la prensa, el dirigente socialista aseguró que su partido buscará "consenso" antes de presentar su propuesta de subcomisión.

"Previamente lo que buscaremos es el consenso para que efectivamente se forme esa subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional y se busquen los consensos con los que hacer esas reformas", avanzó. Fernández recalcó que la Constitución se hizo hace 38 años "con amplios consensos" y defendió que son necesarios también para reformarla. "Reformarla, que no cambiarla", insistió.

No de forma inmediata

En todo caso, el PP cree que el debate no tendría que abrirse de forma inmediata. Consideran que el PSOE debería esperar a celebrar su congreso antes de entrar en cuestiones de tanto calado. "Hemos pasado el techo de gasto, ahora tocan los Presupuestos. Vayamos paso a paso", sostiene un miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular.

En los próximos meses el PP va a empeñarse mucho en trasladar la idea de que hay cuestiones que se pueden reformar sin tocar la Constitución. Cuestiones que consideran "clave" como la regulación de los lobbies. En materia de aforamientos recuerdan que no todos están regulados por la Constitución, en alusión, por ejemplo, a los Estatutos de autonomía. "Hay presidentes autonómicos que no quieren renunciar a su aforamiento. A ver cómo conjugamos todos estos elementos porque hay debates muy peligrosos", sostienen en el entorno del presidente del Gobierno.

Una conferencia de presidentes con "contenido"

Juntos a los Presupuestos uno de los próximos retos del Gobierno de Rajoy es organizar la Conferencia de Presidentes, una cita que iba a celebrarse este mes pero que, por motivos de agenda de los diferentes presidentes autonómicos, será convocada para enero. La idea del Gobierno es que este cónclave dé el pistoletazo de salida al año político.

En conversación informal con los periodistas, la vicepresidenta del Gobierno y responsable de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que su objetivo es dotar de "mucho contenido" a esta Conferencia de Presidentes, una cita a la que confía que el presidente de Cataluña acuda.

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Fuentes de Moncloa señalan que está habiendo contactos y conversaciones para que Carles Puigdemont acuda a la reunión. Y confían en que, una vez se fije el orden del día de las reuniones que integrarán esta conferencia, el president decida asistir. Uno de los platos fuertes será la financiación autonómica, un modelo pendiente de revisar desde hace años. Pero también se pretende hablar de economía, creación de empleo y las políticas de bienestar.

Sáenz de Santamaría cuenta con un despacho propio en Barcelona en la sede de la delegación del Gobierno. Para el Ejecutivo, este hecho es una muestra de la voluntad del Gobierno de diálogo con Cataluña. Las fuentes consultadas recuerdan, además, que uno de los objetivos del Gobierno para esta legislatura es "reducir la litigiosidad" con las comunidades, especialmente con Cataluña y Euskadi.

En la Presidencia de Gobierno subrayan que del documento con 46 puntos que Puigdemont entregó a Rajoy pueden hablar de todos, menos uno: el de la consulta. "Vayamos paso a paso", subrayan. Y destacan la "buena sintonía" de las conversaciones que se están entablando con la Generalitat.

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