"Mujer, sal de tu cocina"

Ser española no ha sido fácil: o esposa y madre, o monja. Matrimonio o convento, la denostada soltería como excepción sospechosa. De la tutela del padre a la del marido, nada de descarriarse. Siglo tras siglo, con el broche de un Código Civil napoleónico. Así, hasta que la II República entreabrió una puerta con el derecho al sufragio universal femenino y el establecimiento del divorcio. Duró un suspiro. La dictadura cegó aquel umbral a machamartillo. Confinó a las mujeres en casa y borró de un plumazo cualquier atisbo de igualdad plena en las leyes y en la vida cotidiana durante más de 40 años. Muchas manifestantes que salen a la calle cada 8 de marzo aún recuerdan aquella época de pata quebrada, sin aborto ni anticonceptivos y casadas para toda la vida. Muerto Franco, las militantes feministas, pocas pero peleonas, toman las pancartas. Todo está por conquistar. No va a ser fácil, ni rápido.

La Transición femenina va a caminar con paso desigual. Hay que desmontar leyes, costumbres y conductas asentadas. Ya antes de que acabe la Guerra Civil, el Fuero del Trabajo (1938) deja claro este objetivo del franquismo: “Libertar a la mujer casada del taller y de la fábrica”. Y poner a las solteras –con énfasis en que dejen de serlo- bajo el manto de la Sección Femenina de Falange y su servicio social obligatorio -una mili de señoritas que incluía atender comedores sociales o hacer canastillas de bebé y sin la cual no se podía obtener el pasaporte o el título universitario-. La mujer debe ser esposa y madre sometida al varón –“el matrimonio exige una potestad de dirección que la naturaleza, la religión y la Historia atribuyen al marido”, defiende el régimen-. Enfundadas en el delantal y dispuestas a ganar un premio de natalidad -para obtenerlo solía ser preciso haber parido al menos 16 retoños-. Supeditadas durante muchos años a disponer de la licencia marital para, entre otras cosas, poder trabajar fuera del hogar. Y casadas por la Iglesia “hasta que la muerte” las separara. Sumidas, en fin, en “un pozo legal”, en palabras de la abogada que propició aquellas modificaciones, María Telo. Hasta mediados de 1975 (unos meses antes de la muerte de Franco) las españolas casadas no podrán abrir una cuenta bancaria, ni enajenar bienes o aceptar herencias sin permiso del esposo, entre otras limitaciones. Estaban obligadas a “obedecer al marido” y éstos, a “proteger a la mujer”, según el Código Civil.

El primer 8 de marzo

“Mujer, sal de tu cocina y organízate”, “mujer, lucha por tu liberación”. Los gritos del primer 8 de marzo celebrado en España, en 1977, airean la enorme tarea pendiente para dejar de ser ciudadanas de segunda. Los vientos de libertad también soplan con fuerza entre las mujeres, alentados por grupos feministas independientes o vinculados a partidos de izquierda que van saliendo de la clandestinidad. Los cambios se reclaman con pancartas, campañas y marchas –a veces disueltas por la policía- de unos pocos miles de manifestantes. De entrada, hay que acabar con los considerados delitos específicos de la mujer, como el adulterio y el aborto, tener acceso a los anticonceptivos, al divorcio y, también, a más y mejor empleo remunerado. “Ni una mujer en la cárcel, ni una mujer sin trabajo”, se corea. España tiene por entonces ocho millones de amas de casa y cuatro millones de asalariadas.

Del “yo también soy adúltera” –el adulterio sólo era femenino, para el hombre existía el concubinato, más laxo-, se pasará al “yo también he abortado”, que resonará mucho más tiempo. Miles de mujeres y hombres suscribirán esta autoinculpación mientras los tribunales, con manifestaciones en la puerta, celebran juicios por realizar interrupciones del embarazo.

En 1978 se producen avances importantes. El adulterio y el amancebamiento dejan de ser delito y se despenaliza la venta y la divulgación de los anticonceptivos. También desaparece el servicio social. La Constitución, aprobada en referéndum el 6 diciembre, establece modificaciones de calado. Consagra la igualdad como un derecho fundamental, aunque fija la preferencia masculina en la sucesión a la Corona.

La ley de leyes ofrece un marco nuevo, pero el cuadro de la igualdad efectiva se pintará muy despacio. La patria potestad compartida sobre los hijos y la administración conjunta de los bienes gananciales sólo se aprueban en 1981. En este año clave llega el divorcio a pesar de las fortísimas presiones de la Iglesia católica –“UCD, la sotana se te ve”, denuncian las feministas durante la tramitación que lleva adelante el partido gubernamental, centrista-. A partir de ahora, el matrimonio civil irá ganando terreno hasta superar, ya en el siglo XXI, al religioso. La secularización de la sociedad española no ha hecho más que empezar. Los púlpitos irán perdiendo su capacidad de imponer su visión de la mujer -y también de la familia-, pese a jalear concentraciones multitudinarias en contra de los avances hasta bien entrado el siglo XXI.

Tras el divorcio, las organizaciones de mujeres –una amalgama minoritaria que se debilita tras la división, en 1979, entre partidarias y detractoras de la doble militancia en el feminismo y en los partidos políticos- esparcen por doquier su reclamación del aborto “libre y gratuito”. Y, también, otras reivindicaciones como el acceso al trabajo en condiciones de igualdad y el fin de la discriminación salarial respecto a los hombres. A finales de 1982, la llegada al Gobierno del PSOE, que crea el Instituto de la Mujer, va a dar un empuje a las políticas favorables a la mujer. En otoño del año siguiente, el Congreso aprueba la despenalización del aborto en tres supuestos. Sin embargo, el recurso de Coalición Democrática –integra a Alianza Popular, que luego se denominará Partido Popular- ante el Tribunal Constitucional congela la aplicación de la medida. En España sólo desde el verano de 1985 se podrá interrumpir el embarazo legalmente: por malformación del feto, violación o riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Este último criterio se aplicará con manga ancha.

De la despenalización parcial al aborto como derecho

La reivindicación va a seguir: se considera irrenunciable. Habrá que esperar un cuarto de siglo, hasta 2010, para pasar de la despenalización parcial al aborto como derecho -libre en las primeras 14 semanas- reclamado en la calle desde los años setenta. Pero la llegada del PP a la Moncloa al año siguiente amenazará esa conquista y, de paso, fortalecerá la movilización de las mujeres. Los derechos de las ciudadanas nunca se consolidan, lamentan las feministas. Vuelven a la carga con protestas mucho más masivas que antaño, y con un tren de la libertad incluido cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propone la vuelta a una ley de supuestos –mucho más restrictivos- para el aborto. Le costará el cargo en 2014. Pero antes van a pasar otras muchas cosas.

Año tras año, cada 8 de marzo –y luego también cada 25 de noviembre- el movimiento de mujeres airea en la calle problemas nuevos y viejos. Las dificultades no acaban, evolucionan. La demanda de un empleo da paso al clamor por la igualdad salarial y la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados para evitar la doble jornada. “Manolo, la cena te la haces tú solo”, se corea ya a finales de los años ochenta. Las mujeres empiezan a incorporarse masivamente al mundo laboral y llegarán a ser mayoría en la Universidad, aunque con escasa presencia en las carreras técnicas.

la minifalda como excusa

Los jueces también están en la diana de la protesta por la profusión de fallos absolutorios para acusados de agresiones sexuales. No ven delito en violar a una mujer por considerar que estaba “en disposición de ser usada sexualmente”, ni en que sufra los toqueteos del jefe por llevar minifalda –“todo depende de la longitud de la minifalda. Es cuestión de centímetros y, claro, si tiene tan pocos centímetros y tanta economía de tejido es más provocativa que una que tiene más ropa”, declarará el juez. El 8 de marzo de 1989, muchas manifestantes llevan esta prenda al tiempo que gritan “aquí estamos, nosotras no violamos”. Pero alguna prensa se fija más en el atuendo que en la reivindicación. “Las minifaldas no abundaron entre las 500 manifestantes de Vigo”, titula La Voz de Galicia.

A finales de los años ochenta, aflora otra gran cuestión aún candente en 2017, la necesidad de acabar con la violencia de género, un combate que llegará a tener su propio día internacional cada 25 de noviembre, con manifestaciones incluidas. Otra reivindicación fundamental para las mujeres y que tardará largos años en ser atendida pese a la sangría de vidas que ocasiona. “El machismo mata” será el grito de guerra.

A falta de poder político, el cumplimiento de la agenda feminista avanza a menudo con lentitud, siempre al socaire de la voluntad del Gobierno de turno. En términos generales, el PSOE –que aprobó la cuota femenina del al menos el 25% de mujeres en sus órganos de dirección en 1988- propicia avances mientras el PP muestra su renuencia o intenta la marcha atrás. Para los conservadores, en el poder entre 1996 y 2004 con José María Aznar y a partir de 2011 con Mariano Rajoy, la igualdad es sobre todo una cuestión de mérito. Apuestan por soluciones como el empleo y la conciliación –sobre todo femenina- limitada al trabajo y la familia. Ni hablar de cuotas, de medidas de discriminación positiva.

 

Pintada feminista. / GAELX (CC BY FLICKR)

La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Ejecutivo en 2004 da un notable impulso a las políticas de igualdad. Forma el primer Gobierno paritario en la Historia de España y pone en pie una importante arquitectura legal. El 8 de marzo empieza a celebrarse en La Moncloa. Antes de que acabe el año, el Parlamento aprueba por unanimidad la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género. Una norma que agrava la pena a los hombres que maltraten a su compañera, lo que solivianta a muchos jueces y a una parte de la sociedad, incluidas algunas organizaciones feministas contrarias a este trato distinto según el sexo del agresor. El Tribunal Constitucional avalará el texto. Lo mismo hará respecto a otra medida transformadora, la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las mujeres lesbianas van a cobrar protagonismo, aunque no tanto como los hombres gais. También levanta polvareda otra norma que busca evitar la distancia entre la ley y la costumbre. Su nombre lleva implícita la denuncia: la igualdad legal entre hombres y mujeres no se aplica como debiera. De ahí la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en 2007. Entre otras cosas, obliga a que las listas electorales tengan una presencia equilibrada de ciudadanas y ciudadanos.

Esta paridad obligatoria -“menos sacramento, mujeres al Parlamento”, habían pedido las feministas en los ochenta- dará un empujón a la presencia femenina en el Poder Legislativo. En 2017 las diputadas ocupan el 39% de los escaños del Congreso. El PP también recurrirá esta norma que el Constitucional avalará. El impulso a la paridad en todos los puestos de decisión que plantea la ley se sigue resistiendo todavía a día de hoy, especialmente en el terreno del poder económico. Las mujeres se han incorporado masivamente al mundo del trabajo, hay más licenciadas que licenciados, pero progresan y cobran menos. La brecha salarial persiste. El techo de cristal, también.

Pese a su impulso legislativo –que incluye también la Ley de Dependencia- Rodríguez Zapatero dará un buen disgusto a las feministas ante las que presume de serlo él también. Tras haber creado un flamante Ministerio de Igualdad en 2008, lo suprime de un plumazo un par de años después con el argumento del ahorro en tiempos de crisis. El deterioro económico va a pasar una factura especialmente amarga a las mujeres. Sufren en gran medida las consecuencias de los recortes sociales y de la precariedad laboral.

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La reacción ante aquel estado de cosas, el 15-M, tendrá también su carpa de feminismos en la Puerta del Sol. Afloran corrientes diversas. Ya no hay que luchar sólo contra el machismo, sino también contra los micromachismos, las distintas violencias más o menos normalizadas. Ellas no quieren volver hacia atrás. Siguen empeñadas en ser libres y en mantener la autonomía que tanto les ha costado alcanzar. Al acabar 2016, casi ocho millones y medio de mujeres están ocupadas y otros dos millones buscan empleo. La tasa de actividad femenina ya es del 53,4% (frente al 64,8% de los varones).

También este 8 de marzo muchas ciudadanas saldrán a la calle, deseosas de no necesitar un día de denuncia de la desigualdad. Gritos, sí, pero también batucadas y aire festivo. Ser española no siempre es fácil.