Grecia y España alientan la delación ciudadana para aumentar la recaudación

Medidas desesperadas para tiempos desesperados. El nuevo Gobierno griego de Syriza ha sorprendido con la propuesta de contratar temporalmente a estudiantes, amas de casa y hasta turistas para filmar y delatar a quienes evadan el IVA en las facturas. Más allá de la anécdota, Grecia apuesta por la delación ciudadana para aumentar los ingresos fiscales en un país que pierde cada año alrededor de 12.000 millones de euros –un 6,5% del PIB– por contrabando, evasión fiscal y deudas no cobradas. Grecia no es una excepción. España, Reino Unido o Alemania, aunque en distinta medida, también recurren al chivatazo como medio para aumentar ingresos fiscales.

España trata de adelantar pasos en materia de delación, tanto entre particulares como entre las empresas. Países como EE UU o Reino Unido sirven de ejemplo. Desde noviembre de 2012, con el Gobierno del PP, quien denuncie alguna operación económica en la que haya intervenido, realizada en efectivo por un profesional, autónomo o empresario y por un importe superior a los 2.500 euros, queda libre del pago de cualquier sanción. La denuncia se puede hacer a través de la página Web de la Agencia Tributaria

Buzón de denuncias

También la nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) mantiene un "buzón de colaboración" para comunicar prácticas contrarias a la competencia. No es todo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene en marcha cambios normativos para "sorprender" desde el anonimato prácticas financieras irregulares, aunque en este caso, los "soplos" correrán a cargo de funcionarios del organismo y no de ciudadanos comunes.

Las denuncias por operaciones en efectivo por encima de los 2.500 euros dieron lugar a 4.764 expedientes el pasado año, según detalló en el Congreso el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. La cifra es un 51% superior a la registrada un año antes y ha facilitado la imposición de un millar de multas, según información detallada por El País.

Ley antifraude

La ley antifraude entró en vigor en 2012. Estipula sanciones del 25% de la cantidad detectada –siempre superior a 2.500 euros en efectivo– para pagador y cobrador, de forma solidaria, si son descubiertos. La multa no exime de ser acusados de otros posibles delitos como facturas falsas o cobro de rentas no declaradas. Si una de las partes denuncia antes de transcurridos tres meses de la operación, se libra del castigo.

"En general son denuncias por servicios que a alguien no le han salido bien", explica el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, "y van contra autonómos o microempresarios de bajos recursos". Pero el fraude importante, sostiene Mollinedo, no está ahí. El técnico cuestiona el fomento de la delación para aumentar la recaudación "porque la responsabilidad de combatir el fraude corresponde a la Administracióny no al ciudadano".

Desde ese punto de vista, sostiene Gestha, tanto los planes del nuevo Gobierno griego "de crear un cuerpo de observadores fiscales" para combatir el pequeño fraude cotidiano, como las iniciativas del Gobierno español en el mismo sentido, pueden interpretarse "como el reconocimiento de la incapacidad de la Administración para hacer su trabajo".EE

 UU y Reino Unido

Los países anglosajones están más adelantados en el sistema de animar la delación. EE UU y Reino Unido pagan bien los chivatazo e impulsan investigaciones de funcionarios que trabajan de incógnito. La SEC norteamericana, el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) hace publicidad de lo bien que recompensa a quienes denuncian irregularidades. También en Reino Unido, el equivalente a la Agencia Tributaria española (HM Revenue & Customs), existe la denuncia anónima y el pago de recompensas.

En España, al menos por el momento, los inspectores de Hacienda no pueden actuar de incógnito y tampoco pueden pagar por obtener información. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) lo ha solicitado, pero sin éxito. En España, cuando un inspector de Hacienda entra en una empresa o negocio, lo primero que debe hacer es identificarse como tal.

Lo que no tendrán que hacerlo serán los funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando se apruebe la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. En el texto en tramitación, se modifica un artículo (85.2) para que funcionarios de la CNMV puedan actuar de incógnito en bancos y entidades financieras.

Montoro anuncia que Hacienda recaudó 12.300 millones en 2014 por la lucha contra el fraude fiscal

Ver más

Incógnito

La ley autoriza a la CNMV a "recabar, por medio de sus empleados, la información sobre el grado de cumplimiento de las normas que afectan a los mercados de valores por las entidades supervisadas, sin revelar aquellos su condición de personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en especial, respecto del modo en el que sus productos financieros están siendo comercializados, así como sobre las buenas o malas prácticas que dichas entidades pudieran estar llevando a cabo".

La CNMV confirma que la presidenta del organismo, Elvira Rodriguez, mantiene la idea de que el personal de incógnito –el "cliente misterioso" o mystery shopper– empiece a actuar en cuanto la norma sea aprobada.