Privatizaciones

Un tribunal contradice a Empleo y permite competir a las pequeñas agencias de colocación con el Inem

El Estado gasta en prestaciones sólo 524,34 euros por parado, un 20% menos que en 2010

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que excluyó a buena parte de las agencias privadas de colocación más pequeñas del acuerdo marco para que éstas compitan con el antiguo Inem en la búsqueda de trabajo a los parados. Las agencias de menor tamaño, agrupadas en Uniones Temporales de Empresas (UTE), presentaron en octubre recursos contra la selección hecha por el SEPE porque, a su juicio, favorecía a las grandes marcas del sector y vulneraba los “principios de transparencia, publicidad, igualdad, concurrencia, objetividad y proporcionalidad”.

De las 204 empresas que se presentaron al concurso, abierto en agosto, el SEPE admitió a 134. Otras 70 fueron excluidas y presentaron recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que acaba de darles la razón. Ese mismo tribunal suspendió el procedimiento de licitación el pasado 10 de octubre.

Según explicó entonces la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), uno de los recurrentes, el Ministerio de Empleo había cambiado los criterios de solvencia técnica y financiera que exigía a las empresas de forma irregular, cuando ya se había cerrado el plazo para presentarse al concurso. De forma que, si antes se requería a cada UTE una facturación de 100.000 euros durante tres años y haber ingresado 300.000 euros durante tres años como Empresa de Trabajo Temporal (ETT) y agencia de colocación, o bien como gestor de recursos humanos, programas de empleo, formación profesional o recolocación, después se les requirió esos mínimos a cada una de las empresas que integraban dicha UTE. ANAC asegura que ese cambio propició que buena parte de las agencias que se presentaron como UTE quedaran excluidas del concurso.

En el caso de la UTE E-DHR Global, integrada por 15 empresas y representada por ANAC, Empleo alegó para excluirla que tres de sus miembros no cumplían los requisitos de solvencia. Sin embargo, el tribunal resuelve ahora que, aunque alguna de las empresas que integran la UTE no alcance las condiciones mínimas de solvencia técnica, económica y financiera exigidas en el pliego [...], deberá procederse a la acumulación de la solvencia de las empresas que forman la UTE”. Precisamente porque “uno de los motivos principales para que las empresas se agrupen en UTE es sumar capacidades, entre ellas las económicas”.

Es decir, el tribunal entiende, en contra de la resolución de Empleo, que al no existir “dudas sobre la suficiente y sobrada solvencia de las restantes integrantes de la UTE”, resulta “improcedente” su exclusión del procedimiento. Es más, las empresas recurrentes alegan que el SEPE ni siquiera les concedió el plazo legal de tres días establecido para subsanar las dudas sobre su solvencia económica y financiera, que ellas defienden en cualquier caso.

Hasta la primavera, por lo menos

Después de que el procedimiento haya permanecido paralizado mes y medio, se reactivará la próxima semana, pero no será hasta enero cuando el SEPE pueda publicar la selección final de 60 agencias. Según explica la presidenta de ANAC, Yojana Pavón, estas empresas no podrán empezar a trabajar con los parados hasta la primavera, por lo menos. Porque tras la publicación de la lista de agencias que integrarán el acuerdo marco, son las comunidades autónomas las que tendrán que suscribir sus propios convenios, lo que alargará el proceso. Para este año los Presupuestos del Estado habían consignado un partida de 20 millones de euros, “que no se gastará”, admite Pavón.

Para 2014 a la “colaboración público-privada” en este ámbito se destinarán 30 millones, de una partida total de 200 millones en que está presupuestado el acuerdo marco. Mientras, la cuantía dedicada a la “modernización” del Servicio Público de Empleo se ha reducido un 50% y se queda en 15 millones de euros. Este cambio de prioridades es muy criticado por los sindicatos y la oposición. En España, aseguran, cada funcionario del SEPE atiende a unos 200 desempleados, mientras que en el resto de Europa no se ocupa de más de 50. A esa diferencia atribuyen la escasa eficacia de los servicios públicos en la intermediación laboral: sólo gestionan el 2% de las ofertas de trabajo, según el propio ministerio.

Entre 300 y 3.000 euros por parado

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Cuando el acuerdo marco esté en marcha, las agencias de colocación cobrarán del Estado por cada parado al que encuentren trabajo: entre 300 euros por colocar a un menor de 25 años que lleve entre tres y seis meses en el paro y 3.000 euros por los mayores de 45 años desempleados durante dos años o más. En todo caso, se trata de precios máximos de licitación con el 21% del IVA incluido. El acuerdo marco permite a las agencias ofrecer hasta un 30% de rebaja sobre ese precio, que luego sufrirá una nueva merma cuando las comunidades autónomas adjudiquen sus propios concursos.

Además, las agencias privadas percibirán un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran cobrando indebidamente la prestación y sea sancionado por los Servicios Públicos de Empleo.

Pero no es su único plus. También se les pagará una “cuantía por adscripción”: una cantidad fija por cada desempleado que se le encomiende, “con independencia del resultado que pueda tener finalmente el servicio de inserción”. Es decir, aunque no le consigan un trabajo. A la lista hay que añadir dos incentivos más. Uno “por especial dificultad de inserción”, de hasta 1.000 euros, por encontrar empleo a discapacitados o personas en riesgo de exclusión. Y otro por “el mantenimiento continuado en el empleo de la persona insertada”, hasta seis meses adicionales, que equivaldrá al 50% de la cuantía de inserción, la tarifa básica antes citada, de entre 300 y 3.000 euros.

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