MERCADO DE TRABAJO

Un tribunal suspende el concurso para contratar agencias privadas de colocación

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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido el procedimiento que el Ministerio de Empleo había abierto para contratar agencias de colocación privadas que compitan con los Servicios Públicos de Empleo, el antiguo Inem, en la búsqueda de trabajo a los parados. Un total de 66 de las 70 agencias privadas que han sido excluidas del proceso de selección han presentado recurso ante el citado tribunal. Alegan que Empleo cambió los criterios de solvencia técnica y financiera que exigía a las empresas de forma irregular, cuando ya se había cerrado el plazo para presentar solicitudes. Y dicen que lo ha hecho para beneficiar a las grandes marcas del sector.

En pleno mes de agosto Empleo publicó el Acuerdo Marco para seleccionar las agencias privadas que van a ayudar a los seis millones de parados a encontrar trabajo. El plazo para presentarse terminaba el 30 de agosto. Según el ministerio que dirige Fátima Báñez, acudieron 204 empresas. Según la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (Anac), una de las recurrentes, se presentaron 209. De ellas, resultaron admitidas el 23 de septiembre 134. Otras 70, explica Yojana Pavón, presidenta de Anac, se enteraron de que habían sido excluidas cuando fueron citadas por el ministerio. “En lugar de haber publicado la lista en el BOE como es preceptivo”, se queja.

Fue entonces también cuando supieron que se habían cambiado los criterios de solvencia financiera y técnica exigidos. Las empresas que han recurrido ante el tribunal son pequeñas y medianas que han concurrido formando uniones temporales de empresas (UTE). Si antes se requería a la UTE una facturación de 100.000 euros durante tres años –solvencia financiera– y haber ingresado 300.000 euros durante tres años como ETT y agencia de colocación o bien como gestor de recursos humanos, de programas de empleo, de formación profesional o de recolocación –solvencia técnica–, ahora se le requiere esos mínimos a cada una de las empresas de la UTE, por separado.

Así es como han quedado fuera del concurso las más pequeñas. “El 70% de las agencias que se presentaron como UTE han sido excluidas”, asegura la presidenta de Anac, quien cree que se está favoreciendo a las de mayor tamaño. Entre las candidatas se encuentran las grandes multinacionales de los recursos humanos, como Adecco, Randstad o Manpower.

Hasta 2014

El Boletín Oficial del Estado sí publicó ayer la suspensión provisional del procedimiento de contratación; en concreto, la mesa inicialmente prevista para el próximo día 29. En esa reunión deberían abrirse los sobres que contienen las ofertas económicas de las agencias para desarrollar el servicio. Según Anac, que se remite a la información facilitada al respecto por el propio tribunal, la paralización puede prolongarse hasta mes y medio, mientras se resuelven los recursos presentados. Yojana Pavón dice que las empresas se encuentran a la espera de una reunión con los responsables del Ministerio de Empleo.

Una vez resuelta la selección de las agencias para el Acuerdo Marco, debe celebrarse un segundo procedimiento, por el que las agencias firmarán contratos para ámbitos o colectivos específicos. Es decir, el nuevo sistema de “colaboración público-privada” no podrá ponerse en marcha, al menos, hasta el año próximo.

Cobrarán aunque no coloquen y por delatar a defraudadores

La introducción de las agencias privadas en la intermediación laboral no ha estado exenta de polémica. Los sindicatos critican que se vayan a destinar 200 millones de euros al Acuerdo Marco con las agencias privadas mientras se deja agonizar al antiguo Inem por falta de medios y personal. Empleo aduce que los servicios públicos sólo intermedian en el 2% de las ofertas de trabajo. Pero CCOO y UGT le replican que no puede ser de otra manera cuando en España un funcionario atiende a 200 parados, mientras que en el resto de Europa cada empleado público se ocupa de no más de 50. Para 2014 la partida destinada a la “modernización” de los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido un 50%, y se queda en 15 millones de euros. La cuantía destinada a las agencias privadas son 30 millones.

Cuando el acuerdo esté en marcha, las agencias de colocación cobrarán del Estado por cada paradocobrarán del Estado por cada parado al que encuentren trabajo: entre 300 euros por colocar a un menor de 25 años que lleve entre tres y seis meses en el paro y 3.000 euros por los mayores de 45 años desempleados durante dos años o más. En todo caso, se trata de precios máximos de licitación con el 21% del IVA incluido. El acuerdo marco permite a las agencias ofrecer hasta un 30% de rebaja sobre ese precio, que luego sufrirá una nueva merma cuando las comunidades autónomas adjudiquen sus propios concursos.

Además, las agencias privadas percibirán un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran cobrando indebidamente la prestación y sea sancionado por los Servicios Públicos de Empleo.

Pero no es su único plus. También se les pagará una “cuantía por adscripción”: una cantidad fija por cada desempleado que se le encomiende, “con independencia del resultado que pueda tener finalmente el servicio de inserción”. Es decir, aunque no le consigan un trabajo. A la lista hay que añadir dos incentivos más. Uno “por especial dificultad de inserción”, de hasta 1.000 euros, por encontrar empleo a discapacitados o personas en riesgo de exclusión. Y otro por “el mantenimiento continuado en el empleo de la persona insertada”, hasta seis meses adicionales, que equivaldrá al 50% de la cuantía de inserción, la tarifa básica antes citada, de entre 300 y 3.000 euros.

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