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El 'pasaporte covid' que ultima Bruselas despierta dudas legales sobre la protección de datos

Certificado verde digital europeo.

Ludovic Lamant (Mediapart)

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Presionados por la Comisión Europea, los eurodiputados han decidido acelerar. El pasado jueves, una amplia mayoría (468 a favor, 203 en contra, 16 abstenciones) dijo sí al proceso de urgencia para adoptar un certificado verde digitalcertificado verde digital, destinado a facilitar la circulación en Europa a partir del verano (y cuyo color evoca a la luz verde que permite cruza efectivamente la frontera)

Este procedimiento evita el debate previo en las comisiones especializadas del Parlamento. Así las cosas, el texto debería votarse en el pleno la semana del 26 de abril, sin ninguna enmienda real. Algunos eurodiputados, como la liberal holandesa Sophie in't Veld, denunciaron el “chantaje” de la Comisión: “Los intentos de Ursula von der Leyen de saltarse el control parlamentario son un abuso vinculado a una situación de emergencia. Nos obliga a elegir, de forma equivocada, entre la libertad [de circulación] y democracia". 

A petición de varios Estados del Sur de Europa, entre ellos Grecia, preocupados por la próxima temporada turística, la Comisión presentó el 17 de marzo las bases, ya no de un pasaporte sanitario, sino de un certificado. O más bien tres certificados en uno. Este documento debe indicar si la persona ha recibido una de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (en esta fase, quedarían excluidas, por tanto, las vacunas rusas o chinas, utilizadas en Hungría), si se ha sometido recientemente a una prueba PCR nasal o a un test rápido de antígenos, realizado en una farmacia (quedan excluidos los autotests) o, por último, si se ha superado el covid en los últimos 180 días (lo que implicaría la presencia de un nivel suficiente de anticuerpos).

“Yo era reacia a la idea de un pasaporte vacunal, porque equivalía a hacer obligatoria la vacunación y corría el riesgo de poner trabas a la libertad de circulación”, señala a Mediapart (socio editorial de infoLibre) Nathalie Colin-Oesterlé, eurodiputada de Los Republicanos. “El proyecto que está ahora sobre la mesa es diferente: ya no se trata de demostrar si el titular se ha vacunado, sino de aportar pruebas de que no contaminará a otras personas”.

La Comisión pretende que este documento no sea obligatorio para cruzar una frontera. A lo sumo, va a hacer más “fluidos” los desplazamientos: “El certificado no será una condición previa a la libre circulación”, repitió a mediados de marzo el belga Didier Reynders, uno de los comisarios europeos encargados del asunto.

El documento puede ser digital o en papel. Y gratuito. Puede contener algunos datos básicos: nombre y apellidos, lugar de nacimiento y lugar de expedición, todo ello acompañado de un código QR, que se mostraría en los pasos fronterizos. Se pretende que sea temporal, ya sea porque la pandemia desaparezca o porque la Organización Mundial de la Salud tome el relevo en otoño con una propuesta de certificado válido para todo el mundo. Por último, afectaría a los ciudadanos europeos, pero también a “los nacionales de terceros países que residan en la UE y a los visitantes que tengan derecho a viajar a otros Estados miembros”.

El Ejecutivo espera disponer del documento ya a finales de mayo o principios de junio, en cualquier caso antes del inicio de la temporada de verano. Para Fabienne Keller (La República en Marcha), este certificado es, por tanto, “el camino para restablecer la libre circulación en Europa, para encontrar la Europa que nos gusta, donde nos gusta movernos”. Pero aunque parece claro que el Parlamento aprobará el proyecto, muchos eurodiputados siguen desconfiando de él. Surgen al menos tres grupos de críticas. Que pueden intensificarse a medida que se acerque la votación.

En primer lugar, las incertidumbres científicas. “Necesitamos datos más sólidos desde el punto de vista de la investigación para asegurarnos de que estar vacunado o haberse recuperado de covid realmente conlleva un periodo de inmunidad a largo plazo”, advierte Heléne Fritzon, eurodiputada laborista sueca. “Todavía no tenemos pruebas concluyentes de que la vacunación impida la transmisión de la enfermedad”, defiende, por su parte, el ecologista belga Philippe Lamberts, preocupado por la falsa sensación de seguridad que podría extenderse entre los titulares de pasaportes. ¿De qué sirve un certificado sanitario si las vacunas no bloquean los riesgos de transmisión a largo plazo?

Otros eurodiputados simplemente consideran que el certificado, impulsado por la maltrecha industria del turismo, está alejada de la realidad del terreno. Y más aún cuando una nueva ola de la epidemia amenaza a muchos países europeos. “Me niego a entrar en este debate, a perder semanas o meses por esto, mientras somos incapaces de suministrar vacunas”, afirma Jordan Bardella (Agrupación Nacional). Para Manon Aubry (Francia Insumisa), “sería poner el carro delante de los bueyes, cuando menos del 8% de la población europea está vacunada”. La copresidenta de la izquierda crítica se pregunta si la Comisión acelera el proceso de certificación para “ocultar su fiasco en la estrategia de vacunación”.

La puesta en marcha de un pasaporte no parece tan importante habida cuenta de que muchos Estados ya realizan controles fronterizos. Por ejemplo, los ciudadanos franceses que viajen a España deben presentar una prueba de PCR negativa y llevar un código QR emitido por las autoridades sanitarias españolas. Para evitar toda o parte de la cuarentena en Bélgica o los Países Bajos también hace falta tener de PCR negativa... En definitiva, ¿es realmente prioritario el certificado sanitario, cuando ya se exigen estos documentos para cruzar las fronteras? Para el grupo de los Verdes, lo más urgente sería generalizar –y hacer más accesibles al público en general– las pruebas PCR, de pago en varios países europeos.

Las últimas críticas tiene que ver con la protección de datos. Los servicios del comisario Thierry Breton ya trabajan en la creación de plataformas digitales para estos futuros certificados. Consciente de la preocupación que suscitan estas colaboraciones público-privadas, la Comisión intenta tranquilizar. Dice que este sistema no requerirá la creación de una nueva base de datos a escala de la UE. “Los países visitados no pueden conservar la información. A efectos de verificación, sólo se comprueba la validez y autenticidad del certificado, comprobando quién lo ha emitido y firmado [a través del código QR]. Todos los datos sanitarios siguen siendo responsabilidad del Estado miembro que emitió el certificado verde digital”, promete el Ejecutivo.

¿Es esto suficiente para convencer? Se trata sobre todo de trasladar las preocupaciones a cada Estado miembro, soberano para definir mejor el futuro certificado. La Comisión sólo propone las líneas generales de un documento, que los distintos países podrán hacer más o menos complejo, según consideren. En Italia, Grecia o España, el sector turístico puede estar muy interesado en recuperar los datos de los certificados para comprobar el perfil sanitario de sus clientes... La Comisión no dice nada sobre el uso de los datos en el ámbito nacional. Tampoco prohíbe nada.

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Traducción: Mariola Moreno

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