Adiós al 'caso Pulpo', la causa que frenó en seco la carrera política en Galicia del socialista Besteiro

Ya han pasado más de dos años desde que se archivó la última causa contra José Ramón Gómez Besteiro. En una de las múltiples piezas en las que se dividió la llamada Operación Pulpo, el inmenso sumario por delitos de presunta corrupción que instruyó la después sancionada jueza Pilar de Lara, el juzgado concluyó que no había quedado "debidamente justificada" la "perpetración de ningún delito" por parte del político socialista en la contratación y desarrollo del programa turístico Lugo KM0 durante su etapa como presidente de la Diputación Provincial de Lugo.

Dentro de este caso, la juez De Lara llegó a atribuir a Besteiro media docena de delitos relacionados con la corrupción, imputaciones que le llevaron a dimitir en marzo de 2016 como secretario general del PSdeG, cargo al que regresó en 2024. Lo hizo en el marco de una causa en la que solo faltaba por cerrar la pieza original, la investigación al exjefe de protocolo de la Deputación de Lugo, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, por la gestión del mismo programa turístico y por la adjudicación de una plaza de trabajo en el organismo provincial.

Este cierre también coincide con el archivo de todas las acusaciones. La decisión era más que esperada en los círculos políticos gallegos. Especialmente en la política lucense, en la que el cierre del caso Pulpo también reaviva su origen: dos denuncias presentadas anónimamente al PP provincial en 2013, que fueron entregadas a la Fiscalía por su presidenta, Elena Candia —entonces concejala de Mondoñedo y también jefa de la oposición en la Deputación, cargo que ahora ocupa en la corporación de Lugo—. A raíz de esta entrega, el Ministerio Público formuló una denuncia que dio pie a la apertura del caso por parte de la jueza De Lara.

En un auto de 29 páginas notificado el pasado 19 de junio, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo —en el que De Lara fue titular hasta su sanción—, Joaquín Brage, "descarta la existencia de indicios racionales de delito" en la asignación de una plaza a una trabajadora por un juzgado del que Pulpeiro formaba parte. De esta forma, desestima las acusaciones de testigos que dijeron que "tenían una mala relación previa con ambos" y que atribuyeron al entonces jefe de protocolo maniobras para beneficiar a una candidata en concreto por tener con ella una "presunta relación de pareja".

Asimismo, el magistrado considera que las irregularidades económicas imputadas a Pulpeiro en la gestión del programa turístico "no son más que meras sospechas de malversación" que se "expusieron o insinuaron en la denuncia". Pero, "no puede afirmarse (...) que se apropió o desvió cantidades de dinero que estuvo a su cargo". Esto lo corroboraron, indica, "las personas con competencia en materia de control de legalidad y control del gasto" de la propia Deputación y las investigaciones al patrimonio de Pulpeiro, cuyas explicaciones al respecto el juez consideró de "gran coherencia". Al no "haber responsabilidad penal alguna" sobre el principal investigado, "tampoco la hay respecto a las demás personas", entre ellas el empresario Raúl López y el personal de la Diputación.

Documentos entregados "misteriosamente" al PP

Estas acusaciones de presuntas irregularidades económicas contra Pulpeiro se presentaron como denuncia administrativa por dos funcionarios de la propia Deputación. Sin embargo, el auto recuerda que una copia de dicho documento fue "deslizada misteriosamente, por una persona no identificada, por debajo de la puerta del despacho del Partido Popular en la Diputación". "La denuncia no era anónima como tal denuncia administrativa, pero sí lo era, de forma claramente buscada, en cuanto a la persona que entregó dicha copia, quien se cuidó de no dar la cara", destaca el magistrado.

Para el instructor, "ese anonimato no de quien narra los hechos que se denuncian por vía administrativa y no penal" pero "sí de quien hace llegar copia de tal denuncia" al PP "con la expectativa de poner en marcha (...) la maquinaria judicial penal" es "relevante" y "exige una consideración muy prudente" porque "es sabido que la denuncia anónima siempre ha de contemplarse con recelo y desconfianza". Porque, dice citando un antiguo aforismo jurídico: "Quien oculta su rostro para acusar, también es capaz de ocultar la verdad en lo que acusa".

Aún "más problemático" le parece al magistrado el segundo documento que el PP entregó en su momento a la Fiscalía: "una denuncia por falta disciplinaria por acoso-mobbing presuntamente atribuida" a Pulpeiro y "supuestamente formulada" por tres trabajadores de la Diputación, que incluía la acusación de influir irregularmente en un proceso de selección de personal y de otras irregularidades económicas. Esa denuncia "nunca se presentó" por "ninguna vía oficial" en la institución lucense, ya que las autoras "decidieron no tramitarla" y "rompieron el borrador" que llegaron a firmar "dos de ellas". "No supieron explicar por qué apareció posteriormente ese escrito, pues afirmaron que lo rompieron", resume el auto.

El PSdeG exige "responsabilidades políticas" a Candia

Con el caso central de la Operación Pulpo archivado en este auto —contra la cual cabe recurso—, su origen vuelve a la pelea política. Para el PSdeG, este archivo "demuestra que Feijóo y Rueda orquestaron la Operación Pulpo para destruir políticamente a Besteiro", afirma la secretaria de Organización del partido, Lara Méndez, desde cuya perspectiva Candia debería asumir "responsabilidades políticas". Esta exigencia también cuenta con el apoyo del alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y del presidente de la Diputación y secretario provincial de los socialistas, José Tomé, para quienes la líder provincial del PP queda retratada como "una mala política y una mala persona".

En una rueda de prensa conjunta, los dirigentes del PSdeG de Lugo anunciaron el pasado fin de semana que presentarán mociones en los ayuntamientos de la provincia y en la propia Deputación para "exigir las responsabilidades" que Candia "exige a otros por razones infundadas", incluso si esto le causa "un coste social y político irreparable". Para el regidor lucense, es necesario hablar de una "triple responsabilidad": el "daño personal a las personas investigadas, el deterioro de la imagen pública de Lugo y la paralización de iniciativas estratégicas" y por ello Candia "está deslegitimada para ser una alternativa política en el Ayuntamiento", incluso si su partido "la premia con la vicepresidencia de la Mesa del Parlamento y la candidatura a la alcaldía".

Para el PP, la reacción del PSdeG al archivo definitivo del caso Pulpo es una "indecencia" para "intentar destruir la reputación" de Candia. Los populares lucenses atribuyen las acusaciones de los socialistas a la "desesperación" y la "tensión interna" y asegura que no se dejarán "intimidar por campañas de desprestigio".

Al mismo tiempo, en una reacción inusual a través de redes sociales, la jueza Pilar de Lara defendió su actuación en el caso y tachó al PSdeG de Lugo de "machista" por recordar que su marido ocupó cargos en el PP y vincular sus acusaciones contra líderes socialistas a este hecho.