Corrupción en el PP

Las claves que dejan a Rita Barberá al borde de la imputación

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en una imagen reciente.

Sergi Tarín | Valencia

A Rita Barberá se le han roto todos los adjetivos. De imbatible a consumida. De referente a apestada. La exalcaldesa de Valencia gobernó con mano de titanio la ciudad que quiso convertir en postal. Una taquicardia urbana de motores de Fórmula 1, veleros en competición y la victoria del gris sobre el verde en la disputa entre el cemento y la huerta atávica. La política de rojo que arrolló a sus adversarios entre 1991 y 2015 vive sus horas más negras. Un negro de toga de juez y Código Penal con artículos referentes a blanqueo de capitales con posibilidad de extenderse hacia el fraude electoral.

Es la pieza separada del caso Imelsa en la que se investigan los 50.000 euros que el grupo municipal del PP utilizó para sufragar la campaña de 2015 y cuyo origen podría ser ilícito. Un dinero que se disfrazó de supuestas donaciones y por el que existen 47 imputaciones entre concejales y asesores, además de la formación política. Las pesquisas apuntan a que cada uno ingresaba a las cuentas del grupo 1.000 euros  que después le eran devueltos en dos billetes de 500 euros dentro de un sobre. Todos los niegan salvo dos asesoras.

En su alegación por escrito a Instrucción 18 Barberá admitió la donación, pero sin retorno. E insistió en que nada sabía del funcionamiento del grupo ni del comité electoral, ya que solo se ocupaba del mensaje político. Una imagen desvalida de señora mayor acurrucada entre cortinas y de política a la carrera abandonando su tropa que no ha convencido al magistrado Víctor Gómez, quien este jueves ha solicitado al Tribunal Supremo que la senadora y aforada Barberá sea imputada. Estas son algunas claves de la caída de la alcaldesa que se creyó invencible.

Tres damas en la zona noble

Rita Barberá siempre fue persona de férreas costumbres. Hierro, puro metal, para todo. También para las relaciones. Y, por supuesto, para las confianzas. La Alcaldía y el grupo eran uno y ella delegaba solo en dos. Por una lado su secretaria y hermana Asunción, conocida como Totón. Era también su jefa de Protocolo. Una concepción hogareña de las intimidades de Alcaldía, desde la crema antiarrugas a los coches de lujo por el Londres de Bernie Ecclestone. Facturas, hasta 124, que suman cerca 42.000€ y que están bajo la lupa de la Fiscalía tras la denuncia de Compromís.

Por otro lado está María del Carmen García-Fuster, tesorera y secretaria del grupo desde 1991 y uno de los hilos sueltos de los que estirar la madeja. Gran parte de los imputados la señalan como la recaudadora de los 50.000€ para las elecciones de 2015. Una operación que se realizó a toda prisa, “casi militarmente” según el juez, en los últimos días de marzo. En un ambiente de nervios y derrotismo, García-Fuster exigió uno a uno la “donación” de 1.000€ a ingresar en las cuentas del partido. Tres asesoras y un asesor se negaron y sufrieron su autoritarismo. En las declaraciones al juez se narran gritos, improperios e, incluso, amenazas sobre el futuro laboral.

La investigación señala que García-Fuster, de nuevo uno a uno, devolvió esos 1.000 euros en dos billetes de 500 euros dentro de un sobre. Nueve de los diez ediles del Partido Popular caminan sobre el alambre de la suspensión de militancia y podrían acabar en el grupo mixto. La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, pide mano dura sobre el expediente abierto a los nueve más Barberá en el Comité de Derechos y Garantías de la formación conservadora. “Cuidado con lo que decís”, envío Barberá a Bonig un sms en los primeros días de la crisis.

Pero hay más. La declaración de García-Fuster ante el juez el pasado 8 de abril destapó que la donaciones de 2015 no fueron un caso aislado. En los registros policiales del 26 de enero, cuando estalló la operación Taula, se intervinieron dos cuentas bancarias opacas del grupo popular, ambas con García-Fuster como titular. Ésta reconoció que en 2003, 2010 y 2011, el grupo habría ingresado algo más de 245.000 euros recaudados por una tercera persona que se negó a identificar. La confesión a medias hizo torcer el gesto del juez. ¿Cómo es posible que Barberá no conociera nada? ¿Más aún cuando era la alcaldesa, la Jefa, tal y como le gustaba ser llamada? ¿En 24 años no percibió, intuyó ni detectó ninguna de las irregularidades que están aflorando? Unas preguntas, en todo caso, que solo podrán formularse en el Tribunal Supremo.

La ruptura con Alfonso Grau

El cóctel tiene un efecto atómico cuando se mezcla el sacrificio personal, la lealtad política y el dolor por la traición. Son los elementos que tiñen el ocaso de la relación entre Rita Barberá y Alfonso Grau, inseparables en casi todo durante cinco lustros. Grau fue fiel escudero de su alcaldesa durante los plenos municipales de navajadas dialécticas a la oposición. Y ambos compartieron, por ejemplo, ese sofisticado gusto por la destrucción casi piedra a piedra del Cabanyal.

Y disfrutaron de misas y algún que otro aquelarre político, pero no supieron repartirse con equidad los momentos amargos. Barberá dejó a su vicealcalde solo con la responsabilidad de los contratos con Iñaki Urdangarin y ahora está procesado por el caso Nóos. Aunque no fue esto lo único que esquilmó la amistad. Grau, casado en segundas nupcias con la exconcejal de Cultura, María José Alcón, no superó que Barberá incumpliera la promesa de situarla en puestos de salida en las listas de 2015. Y menos todavía que la cesara en plena campaña tras la publicación de unas conversaciones entre Alcón y Marcos Benavent, uno de los cerebros de la trama, en las que presuntamente negociaban comisiones en adjudicaciones públicas cuando ésta ocupaba Cultura.

La estrategia de los ediles imputados, con el beneplácito de Bárbera, de convertir a Alcón en chivo expiatorio enfureció aún más a Grau, quien declaró la guerra a sus antiguos compañeros. “¡A hacer puñetas!”, los envió hace unos días a preguntas de los periodistas. Y este viernes está citado como testigo. “Ha habido un distanciamiento”, describió fríamente Barberá el vínculo lastimado. Todo ello frente a la visión estupefacta de la metamorfosis de la fidelidad en rencor.

Muy de derechas

Los problemas judiciales no acaban aquí para la amante de los bolsos de alta gama y los tejidos carmesí. El juzgado de Instrucción 16 también ha enviado este jueves al Supremo la causa contra Barberá por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica. La denuncia la presentó el Partido Socialista en 2015 y refiere la existencia de escudos y placas anticonstitucionales en edificios municipales que Barberá se negó a retirar repetidamente.

De hecho la senadora nunca ha ocultado, aunque sí maquillado, ni sus orígenes ni su ideología. Su madre, Carmen Nolla, fue una rica heredera de la burguesía comercial capitalina y su padre, José Barberá, un falangista de relumbrón y periodista de larga trayectoria. Fue corresponsal en Roma para El Siglo Futuro, cabecera de la Unión Antimasónica Española y llegó a presidir durante décadas la Asociación de Prensa Valenciana. En 1947 dirigía El Correo Gallego cuando fue detenido Teófilo Alcorisa, acusado de colaborar con su hijo Pedro, enrolado en el maquis de la serranía de Cuenca. Alcorisa fue torturado por la Guardia Civil y lanzado a una fosa común del Cementerio General de Valencia.

Durante años, Rita Barberá impidió su exhumación entretanto asistía a misas, instituía la entrada en la catedral de la bandera la ciudad y acudía a Roma a beatificaciones de mártires de la Guerra Civil. Este fin de semana los restos de Alcorisa fueron entregados a la familia y enterrados en el cementerio de Burjassot. “Ya podemos cerrar la herida”, señaló su hija Pilar mientras otras llagas se abren y supuran. Son los adjetivos para longevas alcaldesas, tan nuevos como penosos, que comparten ahora la misma tinta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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