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La denuncia de la marea roja: 4 razones que impiden investigar en España

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No son sólo los recortes; también es la pérdida de capital humano. Son las dos patas en las que se apoya el informe Descapitalizando la Ciencia que ha presentado este jueves la Asamblea General de Ciencia (conocida como la marea roja), que agrupa a investigadores y trabajadores del CSIC, universidades y otros centros. El documento presentado hoy es claro: el sistema científico español "agoniza".

La inversión, cuatro veces menor a la media europea

En primer lugar, los científicos se han quejado de la poca financiación que reciben para desarrollar proyectos. La falta de dinero ha sido desde siempre un problema de la investigación en España, permanentemente por debajo de la media europea en estas partidas –el año en que más se gastó fue 2010, con un 1,4% del PIB frente al 2% que invirtieron de media los estados de la UE, según datos de Eurostat–, pero desde hace un tiempo los recursos destinados a la ciencia no han hecho más que descender. El informe cifra la caída en un 36% desde 2009, o lo que es lo mismo: 3.522 millones de euros menos.

Esto supone que en 2014 tan sólo se esté invirtiendo un 0,52% del PIB en esta partida, según denuncia la marea roja, un porcentaje que retrotrae a España a sus propias cifras en el año 1998. Y si se compara con Europa, la diferencia es más pronunciada, ya que nuestro país destina casi cuatro veces menos que la media de la UE, que se sitúa en el 2,01%. No obstante, ésta cantidad, señala el informe, es sensiblemente menor, ya que sólo un 40% de ella corresponde a subvenciones para centros públicos, mientras el 60% restante son "créditos reembolsables destinados al sector empresarial que no pueden ser utilizados por el sector público".

Por tanto, el gasto que se anuncia no es el que finalmente se produce. "Este 60% ni es un gasto real (sino un préstamo), ni los centros de investigación públicos tienen acceso a estos fondos. Es más, gran parte del presupuesto destinado a empresas –un 45,2% en 2012, según cifran– no es requerido por las mismas, por lo que gran parte del supuesto capital destinado a la investigación es, cada año, devuelto a las arcas del Estado", destaca la Asamblea General de Ciencia, que asegura que estos recortes han provocado que los programas "base de la investigación estatal" hayan sufrido tajos que van "desde un 30,85% hasta, en algunos casos, desaparecer".

Incertidumbre a la hora de financiar proyectos

A los recortes en presupuesto se unen las deficiencias a la hora de adjudicar y financiar los proyectos, señala el informe. ¿Sus motivos? Que "gran parte de los proyectos han sido concedidos con un presupuesto inferior al solicitado por los investigadores, si bien los objetivos propuestos permanecen inmutables pese a la menor financiación", a lo que se suma "la desaparición virtual de una de las convocatorias anuales del Plan Nacional de Investigación [el encargado de financiar los proyectos]"

"La convocatoria de 2013", relata el informe, "que debería haber sido publicada en diciembre de 2012, se publicó con cerca de 11 meses de retraso, de modo que en marzo de 2014 no han sido tan siquiera evaluados los proyectos que deberían haberse iniciado el 1 de enero de 2014". Y que no se otorgue a los proyectos el dinero que necesitan también influye, ya que "gran parte de estas reducciones [de presupuesto] han afectado a las partidas de personal, impidiendo la contratación de personal técnico cualificado y de doctores e investigadores en formación capaces de llevar a cabo las tareas descritas en las memorias de los proyectos".

A las escasas cuantías se une, según denuncia la marea roja, la mala gestión a la hora de ingresar las cantidades presupuestadas. "En el caso de los proyectos del Plan Nacional que se iniciaban el día 1 de enero de 2013, los directores de proyecto no tuvieron noticias sobre la financiación de los mismos hasta finales de mes, cuando descubrieron que las cantidades aportadas durante la primera anualidad (2013) eran, en muchos casos, una parte minoritaria de la cantidad presupuestada". ¿Las consecuencias de este método? Que muchos equipos "encontraron que no les era posible realizar los gastos necesarios para poner en marcha los mismos: contratar personal y adquirir equipos y materiales necesarios para realizar sus investigaciones", lo cual "en muchos casos" ha imposibilitado que el proyecto se llevase a cabo.

Copagos para el material y el personal

Pero la falta de presupuesto no es lo único de lo que se quejan los investigadores. El "cambio de paradigma" a la hora de financiarse también suscita su rechazo porque, según explican, obliga a unos centros ya ahogados económicamente a cofinanciar cuestiones como las infraestructuras o los salarios, complementando las cantidades que se reciben del Estado con otras que provengan directamente de las propias instalaciones. Este modelo, aseguran, es inviable en un país donde "no se cuenta con apoyo privado relevante (el que podría permitir la cofinanciación) y ni siquiera por parte de la Administración se potencia este tipo de apoyo".

En este sentido, la marea roja pone varios ejemplos. En primer lugar, el informe explica que para la compra de material "la financiación procederá de los fondos FEDER (fondos europeos; según la región, entre un 50 y un 80% del coste) y el resto deberá pagarlo el centro". Si bien el Estado puede prestar dinero a cada uno de los centros para que abonen su parte, este préstamo no es gratis, sino que "tiene que ser devuelto en 10 años con un interés del 0,52%", según explica la Asamblea General de Ciencia.

Estos copagos se aplican también a la hora de contratar y formar al personal. De esta forma, se queja el colectivo, "en el caso de las ayudas a la movilidad que permiten que los becarios JAE [los pertenecientes al programa Junta para la Ampliación de Estudios] predoctorales realicen estancias en otros centros de investigación, la cofinanciación será del 50%", lo que supone que los centros tengan que aportar hasta 2.850 euros por alumno para una estancia de tres meses. Estancias que, inciden, son necesarias no únicamente para la formación, sino también para "desarrollar experimentos que no son factibles en los centros de origen o incluso en el territorio nacional", así como para permitir que los investigadores puedan permanecer tres meses desarrollando su labor en un país comunitario, "requisito necesario para poder optar al título de Doctorado Europeo".

No obstante, no son estas las únicas becas que los centros tienen que sufragar al 50%, sino que otros contratos posdoctorales también están sujetos a esta condición. Y no es el desembolso más fuerte que tienen que realizar los complejos de investigación en labores formativas, ya que según la marea roja "en algunos casos, se llega a pedir la financiación del 100% de algunas convocatorias, como las 'Ayudas de introducción a la investigación para estudiantes de últimos cursos de la Universidad'”, que permiten a alumnos con expedientes académicos brillantes iniciar su andadura en el ámbito de la investigación.

Plazas escasas y mal remuneradas

Pero además de exigir a los centros un gran desembolso económico por cada uno de los investigadores, las plazas son escasas, según la marea roja, que denuncia que "en los últimos años, las plazas de científico titular en el CSIC han caído exponencialmente, hasta llegar a 5 (para los 125 institutos que lo componen en toda España) en 2013". Todos aquellos científicos con la tesis ya aprobada que no consigan alguna de estas plazas –el informe cifra en más de 350 los aspirantes que han optado a alguna de ellas– tienen que conformarse con lo que el colectivo llama "el eterno posdoc".

Este modelo consiste, según explica el informe, en contratos temporales a los que pueden acceder aquellos investigadores que hayan acabado su tesis para "conocer, durante dos o tres años tras la tesis, cómo se trabaja en otros laboratorios". "Posteriormente", explica el documento, "ese investigador ya puede comenzar, aunque sea integrado en un grupo de investigación, sus propios proyectos, líneas de investigación, etc".

Sin embargo, en la práctica eso no ocurre en España, ya que los científicos pueden encadenar hasta 9 años de experiencia posdoctoral, según la marea roja, que denuncia que "la cifra real suele ser superior, porque a esto hay que sumar muchas veces un periodo en el extranjero o que la persona vaya pasando" de unas convocatorias a otras. Esta situación lleva a los investigadores españoles "a estar en peores condiciones a la hora de optar a otro tipo de financiaciones, como las provenientes de fondos europeos", así como a que no puedan integrarse en proyectos a largo plazo porque estos contratos tienen una duración determinada, normalmente de un par de años. 

Para los investigadores que aún no han presentado su tesis doctoral la situación no es mucho más halagüeña, ya que la restricción de plazas –la Asamblea General por la Ciencia relata que en la última convocatoria hubo 7.000 solicitudes para 800 contratos– provocan que "alumnos graduados en Filosofía o Matemáticas que acaben la carrera con una nota media de 8,6 –indiscutiblemente alta– y que tengan interés  por desarrollar una carrera investigadora se quedarán fuera de este tipo de contratos".

"Por tanto, se trata de contratos altamente restrictivos a los que sólo pueden acceder personas con un excepcional rendimiento académico. Podemos esperar que ofrezcan, en consonancia con los requisitos exigidos, condiciones laborales excepcionales. Sin embargo, la dotación para los dos primeros años de contrato es de 1025 euros brutos mensuales, y para los dos siguientes de 1173 euros brutos (en ambos casos con dos pagas extraordinarias anuales). Es decir, que los estudiantes excepcionales cobrarán en torno a 900 € netos los dos primeros años y sólo llegarán a rozar los 1000 € los dos últimos. ¿Será ésta la recompensa a la famosa “cultura del esfuerzo” de la que tanto habla este Gobierno?", remacha el informe.

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