La Fiscalía General tendrá que pronunciarse sobre las cartas de la Fundación Franco

El abogado memorialista Eduardo Ranz ha llevado ante la Fiscalía General del Estado las cartas que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) envió a todos los ayuntamientos que se niegan a cumplir con la Ley de Memoria Histórica. En las misivas, la fundación franquista ofrecía a los consistorios un equipo de abogados que prestarían sus servicios "a bajo coste".

Según señala el abogado en la denuncia, fechada el pasado miércoles y a la que ha tenido acceso infoLibre, "la actuación" de la FNFF "puede suponer un fraude". "Es una fundación que fomenta recibir donaciones, las cuales (...) permiten para el ejercicio 2016 y siguientes deducciones de hasta el 75% en el IRPF". "Se está empleando dinero público en la incitación al odio y la exaltación del franquismo", critica el abogado en conversación con este diario.

Además, Ranz señala en su escrito ante la Fiscalía que "las fundaciones deben acomodarse a la Constitución Española, cuyos fines deben beneficiar a colectividades genéricas de personas, debiendo considerarse como ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito". Por todo ello, el abogado solicita a la Fiscalía que "inicie el procedimiento de investigación" y, tras los trámites establecidos, "acuerde sancionarlo".

El abogado, en conversación con este diario, sostiene que la fundación franquista tiene que ser "ilegalizada" y define las cartas remitidas a los consistorios como una "ofensa" y un "ataque al Estado de Derecho".

"Falseamiento de la historia"

En la actualidad son 335 los gobiernos municipales que se niegan a cumplir con la legalidad y que han recibido la oferta de la fundación, que aseguran que, con las demandas contra estos municipios  –amparadas en la ley vigente desde hace 10 años–, se quiere conseguir que "ganen la guerra los que perdieron hace 80 años sin importar la verdad, la historia o el daño que puede provocar en la democracia ese falseamiento de la historia”.

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Además de denunciar este supuesto "falseamiento de la historia", desde la fundación también critican que la Ley de Memoria Histórica pretende "borrar a quienes les derrotaron en la guerra y en la paz, en la justicia y en progreso. Como si, desde la Guerra Civil al postmodernismo actual, no hubiese ocurrido nada. Como si no hubiera habido una Era de Franco que transformó España y a su pueblo como no se había conocido en su historia”.

El ofrecimiento de asistencia legal a los municipios que se niegan a cumplir con la norma y la denuncia de la ley en sí no son las únicas acciones de la fundación, que también reclaman un cambio de sentido en la normativa para aquellos que tuvieron "mayor contribución a la ruina, destrucción y saqueo de España, suficientemente documentado como para no discutirse: Largo Caballero, Indalecio Prieto, Negrín, Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, Azaña, Clara Campoamor, Lluís Companys, José Giral y un largo etc. de chekistas y demócratas de Stalin”.

De esta manera, aseguran que "deberíamos solicitar a sensu contrario que se apliquen los preceptos establecidos en la citada Ley y se proponga las modificaciones necesarias en el nomenclátor de calles y plazas de cualquier ciudad" que llevaran los nombres de los políticos republicanos referidos.