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Corrupción

El Gobierno mantiene paralizado su plan de medidas anticorrupción

¿Qué fue de las medidas anticorrupción que prometió Mariano Rajoy?Mariano Rajoy El viernes 20 de septiembre, hace ya casi dos meses, el Consejo de Ministros dio luz verde a un informe sobre el Plan de Regeneración Democrática. En total, 40 medidas contra la corrupción que llevaban aparejada la reforma de diez leyes. La intención del Gobierno, según trasladó la vicepresidenta a los medios de comunicación en rueda de prensa, era la de intentar consensuar un texto común con el resto de grupos parlamentarios a fin de plasmar el citado documento en una o varias iniciativas legislativas. A día de hoy, el proceso está paralizado a la espera, sobre todo, de que se sume el principal partido de la oposición. El Gobierno está decidido a llevar adelante este trámite –que en su día calificaron de "urgente"– en solitario si no hay avances en las próximas semanas. Los planes iniciales eran poder contar con un texto definitivo en el Congreso de los Diputados en enero de 2014, algo que ahora se antoja difícil.

Fuentes del Gobierno y del PP coinciden en señalar que el de la corrupción es un "asunto de Estado", un tema que afecta a todos los partidos por igual. En este sentido, recalcan que "desde el minuto cero" su intención fue la de atraer, al menos, al PSOE a esta iniciativa legislativa. No obstante, no pasa por alto que el anuncio de este paquete de medidas anticorrupción por parte del Ejecutivo llegó en un momento en el que el caso Bárcenas estaba en plena ebullición. De hecho, se planteó como una vacuna contra escándalos de este tipo.

En el Grupo Parlamentario Socialista mantienen que, hasta la fecha, el PP no les ha convocado a ninguna reunión específica al respecto y que no ha habido intercambio de documentos. Por su parte, desde el PP confían en dar un impulso a esta cuestión en las próximas semanas, ahora que ya ha transcurrido la Conferencia del PSOE y sus interlocutores tienen la agenda más despejada. Pero no ocultan que tras el portazo que los socialistas dieron a la Ley de Transparencia el escenario se ha complicado un poco. Sí ha habido contactos, mantienen desde el Gobierno, con PNV, CiU y UPyD. La foto final sin el PSOE dejaría esta iniciativa muy deslucida.

Los textos de este paquete de medidas por la regeneración democrática y contra la corrupción están, según sus promotores, "muy avanzados". Esto significa que en cualquier momento, si los interlocutores con el PSOE concluyen que el pacto en esta materia va a ser imposible, el anteproyecto podría pasar por el Consejo de Ministros para ser remitido al Consejo de Estado a fin de que emita su correspondiente informe. La idea inicial era que que fuese tramitado como Proposición de Ley, un escenario que pierde fuerza si el principal partido de la oposición no se suma.

Tres bloques de medidas

El informe que presentó hace casi ya dos meses la vicepresidenta del Gobierno comprende tres bloques: control de la actividad económica de los partidos, regulación del ejercicio de cargo público de la Administración General del Estado y respuesta penal contra la corrupción.

En el primero de estos bloques, se establece la regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos. Es decir, los tesoreros. No pasa inadvertido que la propuesta viene de un Gobierno que pertenece a un partido cuyo tesorero está en la cárcel después de que se destapara que atesora una fortuna en Suiza. Y que éste ha puesto en tela de juicio los cobros de los dirigentes del partido y la legalidad de las cuentas de la formación de los últimos años.

En el segundo de los bloques, el de la regulación de cargo público de la Administración General del Estado, entre otras medidas, se apuesta por la "fiscalización del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses, una vez abandonen su puesto, para detectar las situaciones de enriquecimiento injustificado".

Respecto a la "respuesta penal contra la corrupción", el Gobierno propone un nuevo régimen de sanción penal para los partidos políticos. "Se crearán nuevos delitos relacionados con la financiación de partidos, recogiendo por primera vez de forma explícita el delito de financiación ilegal de partidos políticos", reza el texto que pasó por el Consejo de Ministros.

Las medidas del PSOE

En este contexto, el PSOE llevará el próximo martes al Pleno del Congreso su segunda 'receta' contra la corrupción. Después de que hace dos semanas abogaran por que la Audiencia Nacional asumiera la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción que afecten a cargos públicos, los socialistas sugieren ahora reducir a la mitad los plazos para que el Tribunal de Cuentas emita sus informes sobre la cuentas de los partidos políticos y permitir que pueda acceder a datos de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social, según informa Europa Press.

Los socialistas creen que se ha "incumplido sistemáticamente en el seno de alguna formación" la normativa relativa a las donaciones de sociedades y personas jurídicas a los partidos políticos, tanto en materia de las cuantías máximas autorizadas como sobre la procedencia de empresas que presten servicios u obras a la Administración.

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