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Los papeles de Bárcenas

El juez de la caja B ordena investigar 600 millones en obras adjudicadas por el Gobierno de Aznar

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, en una imagen de archivo.
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al mando de la investigación sobre la presunta contabilidad opaca del PP, ha dictado este viernes un auto ordenando a la Policía que indague en los más de una veintena de contratos que fueron firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre los años 2002 y 2004. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.

La resolución, a la que ha tenido acceso infoLibre, el magistrado, que sustituye a José de la Mata en el Juzgado Central de Instrucción número 5 hasta que se nombre un nuevo titular en las próximas semanas, responde a la petición que le hizo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que apreciaba que "indiciariamente pudiera haber relación entre esas adjudicaciones y las donaciones realizadas al Partido Popular". La orden cuenta con el visto bueno tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Abogacía del Estado.

Con esta diligencia, Pedraz trata de dilucidar el contexto en que se adjudicaron esas obras y determinar si fueron o no otorgadas a dedo, para lo que pide una gran cantidad de documentación. Así, autoriza a los investigadores para que soliciten a "la Secretaría General Técnica o su equivalente" de los departamentos concernidos para que faciliten en relación con las licitaciones señaladas "el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación conformado por las actuaciones previas, orden de inicio, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y anexos, contenido de las ofertas presentadas por todos los licitadores y acreditación de su entrada en el registro del órgano público, informe técnico de valoración de las ofertas presentadas y justificación de las puntuaciones otorgadas". También requiere las "actas de las mesas de contratación, resolución de la adjudicación, contrato, ejecución, modificados en su caso, certificaciones, acta de recepción, liquidación y recursos interpuestos en su caso por algún licitador.

El informe presentado al juzgado por la UDEF, y así lo refleja el juez en su auto, hacía referencia a cinco ministerios –Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente– así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP).

Los contratos más cuantiosos fueron los que adjudicó Adif, uno de ellos por valor de más de 188 millones de euros en 2003; el Ministerio de Fomento, en concreto proyectos de autovías y carreteras entre 2002 y 2004, por valor de entre 26 millones y casi 70 millones; Aena, para una plataforma en el aeropuerto de Barajas, por 32,8 millones; el Ministerio de Defensa, para un nuevo acuartelamiento para la Brigada Paracaidista por 30,6 millones; o el Ministerio de Educación para la rehabilitación y construcción de la nueva sede del Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública del Estado, por valor de casi 13 millones.

Según la UDEF, el origen para solicitar estas nuevas diligencias en el marco de la causa que investiga la presunta caja B del PP está en el contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral de la conocida como Época I del caso Gürtel por el empresario Alfonso García Pozuelo y el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa. Una vez más, se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativo y su aplicación en concepto de gastos del PP, cuya llevanza realizaban el extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente y extesorero Luis Bárcenas, "corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública".

El empresario García Pozuelo, propietario de la sociedad Constructora Hispánica, señaló en su declaración judicial que el destino del dinero entregado a Correa eran organismos centrales, mientras que el líder de la Gürtel definió su posición de intermediación para gestionar las demandas de las empresas hacia Luis Bárcenas, que en caso de éxito generaba el pago de una comisión que se encargaba de repartir entre los partícipes y la propia formación política.

Comisión de entre el 2% y el 3%

La UDEF cita a colación la sentencia de la Época I de Gürtel, en cuyos 'Fundamentos de Derecho' se explica que "Francisco Correa reconoció su labor de intermediación a favor de Alfonso García Pozuelo en obras de diferente tipo, como carreteras, autopistas, obras del AVE o medio ambiente que le pasaba a Luis Bárcenas y que éste gestionaba con el correspondiente ministerio y si se conseguía la adjudicación el empresario entregaba un 2 o 3% que repartía y entregaba al anterior".

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Los investigadores también recuerdan que en la declaración efectuada por el propio Bárcenas, éste reconoció que García Pozuelo entregó cantidades de dinero a Álvaro Lapuerta como tesorero nacional del PP en ocasiones en su presencia y que esos fondos se anotaban en una contabilidad extraoficial que llevaban ambos a efectos de control interno. "Alfonso García Pozuelo fue condenado por delito de cohecho continuado", recuerda el informe, que además pone el foco en que el constructor tenía una posición que le vinculaba al PP como donante de fondos. De hecho, señala que entre 1998 y 2006 se registraron en la cuenta analítica del partido hasta nueve entradas (ingresos) con un montante de más de 258.000 euros por importe que oscilaban entre los 12.020 y los 60.000 euros.

Coincidiendo con esto, en el periodo comprendido entre 2002 y 2009 la entidad Constructora Hispánica obtuvo del conjunto de las administraciones públicas cuando eran gobernadas por el PP adjudicaciones de obras, ya sea concurriendo "en solitario o asociada a otra entidad", explica la UDEF. Por todo ello, los investigadores ven posible "establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas –de donaciones al PP– y las adjudicaciones de carácter subjetivo, objetivo y temporal".

De la misma opinión es Pedraz, quien al igual que De la Mata considera que "existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones desplegadas para entablar los contactos y las relaciones establecidas", a lo que añade que "en ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación".

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