El final de ETA

La marcha del sector crítico de Covite escenifica la fractura entre las víctimas

La marcha del sector crítico de Covite escenifica la fractura entre las víctimas

Ibon Uría

Tras varias jornadas de desencuentros, acusaciones de politización y reproches, el sector crítico del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), encabezado por Jorge Mota, ha dado el portazo definitivo. Un total de 94 socios han presentado este lunes su baja voluntaria y, previsiblemente, más se sumarán en los próximos días. Mota ha asegurado que, en total, los disidentes de la dirección de Consuelo Ordóñez podrían ser hasta 200.

¿Por qué se van y qué haran ahora? En una intervención en ETB este lunes, Mota se ha referido a "discrepancias muy importantes con el actual equipo coordinador" y ha ahondado: "Se negaron a llegar a un acuerdo con un número importante de personas". Hay algo más: "Entendemos que Covite se estaba politizando" y que "debe ser apolítico". "No concebimos que Ordóñez solicite el voto para un determinado partido político".

A ese partido político para el que Consuelo Ordóñez pidió el voto en las autonómicas de 2012, UPyD, también está vinculada otra de las directivas de Covite, Maite Pagazaurtundua. Invitada por Rosa Díez, Pagazaurtundua tuvo un papel destacado en la apertura del segundo congreso de la formación magenta y, a finales de 2013, sonó incluso como candidata a las europeas. Finalmente, tras un proceso de primeras, repetirá como cabeza de lista Francisco Sosa Wagner.

Claro que hay más elementos para el desencuentro entre los que se van y los que se quedan. Ya a principios de 2013 se hizo público el desacuerdo. Mota encabezó una lista alternativa a la de Ordóñez para presidir Covite y perdió. Su propuesta defendía que el colectivo se centrara en atender "las necesidades materiales y psicológicas de las víctimas" y estrechara lazos con la Federación de Víctimas del Terrorismo (FVT) y la AVT de Ángeles Pedraza.

En los próximos días, ha anunciado Mota, las 94 víctimas escindidas de Covite se integrarán en otra asociación "ya en marcha". "Entendemos que aquella a la que nos vamos a ir lucha por las víctimas sin perder su espíritu. Covite lo había perdido", ha sentenciado. En esa "pérdida del espíritu" ha enmarcado la entrada de personas que, a su juicio, "no tenían la condición de víctima del terrorismo de acuerdo a la Ley 29/2011".

Activismo, no politización

Por su parte, Covite defiende que no existe politización en la organización. "Nuestra junta directiva es plural: hay afiliados del PP, UPyD y Vox", aseguran fuentes del colectivo. A lo que no van a renunciar, añaden, es al "activismo", a dejar de recriminar al PP su política "errónea" en materia antiterrorista o al Gobierno Vasco un plan de paz que "blanquea la historia de ETA". "Vamos a seguir defendiendo la dignidad, la memoria y la justicia para las víctimas", aseguran.

¿Dónde sitúan entonces el origen del disenso? "En 2012 el equipo coordinador eliminó todas las actividades lúdicas para las víctimas y se destinaron todos los fondos, que son escasos, a proyectos como el mapa del terror". Esas actividades, señalan, eran viajes culturales, reuniones... "Se destinó el dinero a cuestiones como el asesoramiento legal, la asistencia psicológica...", añaden, tras precisar que los socios de Covite no pagan cuota y que la presidenta no cobra.

Sobre la última polémica, la de acoger a víctimas que no cumplen los "requisitos" para ser catalogadas como tales, retan: "Si creen que no cumplimos nuestros estatutos, que vayan a los juzgados", algo que, según relatan Covite, ya sucedió. Mota denunció presuntas irregularidades en los juzgados de San Sebastián y acabo desistiendo: "No tenía argumentos jurídicos y, además –añaden– entre quienes se van con Mota, hay 30 que tampoco las cumplen", sentencian.

Finalmente, el colectivo señala que cuenta ya con 670 miembros, frente a los 400 con los que cerró 2012. "Queremos ser el dique moral que sostenga la sociedad vasca", afirman. El pasado fin de semana Ordóñez fue reelegida al frente de la organización. Esta vez no hubo lista alternativa, Mota aprovechó la ocasión para anunciar su marcha, y el resto es ya conocido. "Nos ha costado entrar en la polémica, pero llegamos a ver un futuro incierto para el colectivo", reconocen.

Doctrina Parot

No es la única polémica en la que se ha visto envuelta recientemente Covite. El pasado jueves, Consuelo Ordóñez señaló al PP, formación en la que militaba su hermano asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez: "No escucha a las víctimas y las desprecia", dijo. Ese mismo día, la vicepresidenta del colectivo, Maite Pagazaurtundua, acusó a los conservadores de "falta de sensibilidad y habilidad" al organizar el homenaje a Ordóñez.

La respuesta no se hizo esperar. El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábel, defendió también el jueves que el PP tiene "legitimidad" para reinvidicar la figura de Ordóñez porque "le asesinaron por ser del PP". Un día después, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, reclamó "unidad" a las víctimas y subrayó que el "enemigo común" es ETA y no el Gobierno de Rajoy. Ese mismo día, Covite afirmó que la polémica estaba ya "zanjada".

También causó declaraciones encontradas la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por la aplicación de la doctrina Parot. Tras conocer esa decisión, Ángeles Pedraza (AVT) pidió al Gobierno y a los jueces "coraje" para estar a la altura de los sacrificios de las víctimas. Mari Mar Blanco, por su parte, señaló que se trataba de "un día triste".

Francisco José Alcaraz (Voces contra el Terrorismo) fue aún más lejos y prometió convocar manifestaciones si se cumplía el fallo. Las declaraciones de Rajoy, que destacó la "extraordinaria utilidad" de la Parot, no apaciguaron los ánimos: varios colectivos de víctimas criticaron al Ejecutivo al entender que no hizo lo suficiente para evitar el fallo condenatorio.

Otras voces, sin embargo, pidieron acatar la sentencia. "Si Estrasburgo dice que la doctrina Parot no es legal, hay que acatarlo, por muy mal que caiga lo que estoy diciendo", afirmó Roberto Manrique, herido en el atentado de Hipercor. Manrique defendió además que las víctimas no deben ser "un grupo de presión política".

Posibles destinos

Entre los posibles destinos para quienes han abandonado Covite con la promesa de integrarse en otra asociación figuran la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) y el Foro de Ermua, entre otras plataformas.

La AVT agrupa actualmente a unas 6.000 personas, y está presidida por Ángeles Pedraza. La trayectoria de la organización no ha estado exenta de altibajos, pues en 2009 Francisco Alcaraz, que había abandonado la presidencia un año antes, acusó al nuevo presidente –Juan Antonio García Casquero– de adulterar las cuentas. El rifirrafe se saldó con la salida de Alcaraz, que fundó Voces contra el Terrorismo, muy contundente en sus declaraciones, aunque esa división no saldó todos los enfrentamientos.

Por su parte, la creación de la FVT en 2001 respondió a una decisión directa del Gobierno como consecuencia del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo adoptado por PP y PSOE en 2000. Inicialmente fue presidida por Adolfo Suárez –actual presidente de honor– y actualmente ocupa ese cargo Mari Mar Blanco, próxima a las posiciones del PP.

Finalmente, el Foro de Ermua surgió poco después del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Su actual presidenta es Inma Castilla de Cortázar. Su anterior presidente, Mikel Buesa, se unió a UPyD, lo que motivó su salida de la organización.

A nivel estatal, el marco legal de protección a las víctimas del terrorismo es la Ley 29/2011, aprobada durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que introdujo como novedades el reconocimiento como víctimas a hermanos, abuelos y nietos, el establecimiento de la figura del amenazado y una mejora en las indemnizaciones con efectos retroactivos hasta 1960 que, en su conjunto, supondrá un desembolso de 77,5 millones de euros en 2014 y 2015.

Actualmente, las ayudas a las víctimas del terrorismo implican indemnizaciones de 250.000 euros en caso de fallecimiento y de entre 75.000 y 500.000 euros en caso de invalidez. De forma adicional, el Estado destinó en 2013 1,7 millones de euros en subvenciones a asociaciones de víctimas

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