El beneficio económico es el objetivo principal de cualquier empresa, incluidas la industria musical y cinematográfica. La publicidad y el marketing ayudan a vender productos y servicios con cualquier tipo de estrategia. A veces, para conseguir el beneficio buscado, se utilizan tácticas prometiendo un contenido LGTBI del que después no hay ni rastro. Es lo que se denomina fenómeno queerbaiting.

“La palabra queerbait proviene del anglosajón, donde bait se traduce como cebo”, explica Isabel Vega López, experta en género y estudios LGTBI. Añade que esto consiste “en una serie, película o cualquier tipo de medio cultural donde se da a entender, o está fuertemente implícito, que un personaje es LGTBI o que existe una tensión romántica o sexual entre dos o más personajes, pero que nunca se llega a desarrollar o a confirmar que efectivamente esos personajes son LGTBI”. Esto se puede encontrar en muchas películas o series, o hasta en videoclips musicales. “Es de alguna forma apropiarse de la comunidad LGTBI para vender un producto o una idea con un beneficio personal, sin buscar un beneficio colectivo”, aclara Laura Delgado Fernández, experta en industria musical.

El caso que más señalan algunos espectadores es el de la serie Sherlock (2010-2017) de la productora BBC Wales. Los personajes de Sherlock Holmes y John Watson desarrollan una amistad a lo largo de las cuatros temporadas que muestra una clara tensión emocional y sexual entre ellos, sin nunca confirmarlo. 

Este mecanismo no es inocente ni casual. Según explica Isabel Vega, esto se produce “principalmente para atraer a espectadores LGTBI que de manera general buscan representación en diferentes formas de medios debido a la falta de esta a lo largo de las décadas”. Sin embargo, la “no confirmación” de que estos personajes sean realmente queers se explica en que “a la vez se hace para no perder al público más convencional que podría dejar de tener interés si hubiese alguna representación del colectivo”.

En el caso de la industria musical es más difícil identificar el queerbaiting, pero eso no significa que no esté presente. “En general, creo que los casos que hemos podido ver, como Madonna o Dua Lipa, dejan claro la mirada que hace la industria de todo ello”, indica Laura Delgado. Hace pocos días, Madonna subió al escenario con la cantante Tokischa, concluyendo su actuación conjunta con un beso, un acto que la artista lleva haciendo desde 2003. Tanto aquel momento, con Britney Spears y con Christina Aguilera, como ahora, ha generado todo tipo de reacciones: desde aquellos que lo alaban, hasta aquellos que lo tachan de queerbaiting.

Pese a que Madonna ha sido considerada un icono LGTBI durante décadas, muchos seguidores han visto con malos ojos que se haya besado con una mujer durante un evento del Orgullo. “No es representación, sino sexualización, cosificación y banalización de las relaciones sáficas”, protesta un usuario en Twitter. Las personas LGTBI reclaman iconos que sean parte del colectivo. Otro denuncia que “la hipersexualización que esto supone a las mujeres queer es solo para ganar dinero arcoíris”. Laura Delgado explica estas reacciones: “Al ser visto como una idea de negocio", el público LGTBI lo percibe como "un disfraz", cuando la realidad es que "hay muchas vidas detrás de lo que otros entienden como una moda”, asegura.

El otro ejemplo que indica la musicóloga, es el de Dua Lipa, refiriéndose a dos de sus videoclips en colaboración con dos mujeres: Miley Cyrus y Angèle. En ambos vídeos, los personajes presentan química y tensión sexual que muchos llegan a creer que al final podría resolverse. Sin embargo, una vez más, no es el caso. “No sé hasta qué punto es parte de la estrategia que quieren seguir las discográficas o sus managers, o hasta qué punto son ellas mismas las que quieren hacerlo con libertad”, opina Laura Delgado. “Pero al final del día, todos somos conscientes de quien lo hace por moda y quien realmente está involucrado o quiere ser parte de ayudar o visibilizar'', continúa.

Otras veces, la confirmación de que son personajes queer llega, pero tarde. Explica Isabel Vega que esto en otras ocasiones se produce “una vez terminada la serie o la película”. Señala que uno de los ejemplos más claros es el del personaje de Albus Dumbledore. La escritora de la saga de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling, destapó la homosexualidad del director de Hogwarts en distintas entrevistas. “Independientemente de la confirmación en películas posteriores a la saga principal, y de lo que cada persona como individuo crea acerca del personaje, está claro que el hecho de declarar la disidencia de un personaje fuera del contenido que llega al público general no es una buena forma de representación o de lanzar un mensaje de diversidad”, opina Vega.

Las personas LGTBI intentan encontrar ejemplos queer, aunque nunca se llegue a confirmar que lo sean, por la falta de representación. Es algo que ocurre con algunos personajes animados, como los de la compañía Disney. Dos ejemplos claros son los personajes Shang Li, de Mulán, y Elsa, de Frozen, a los que el público considera representativos de la bisexualidad y el lesbianismo, respectivamente. Es por esta “no confirmación” de su sexualidad que en el live-action de Mulán Disney decidió eliminar directamente al personaje de Shang Li. La compañía quería evitar que no se estrenase en China, un mercado importante para Disney y donde este tipo de personajes suelen ser restringidos. Del mismo modo, nunca se llegó a confirmar si Elsa era lesbiana, a pesar de incluir en la segunda entrega de la película distintas escenas, con bastante química, junto a otro personaje femenino, por las demandas del público.

Todos los años, el mes de Orgullo empieza de la misma manera: los logos de las empresas se tiñen de arcoíris y las buenas intenciones inundan las redes sociales. El 28 de este mes es el Día del Orgullo, una fecha de la que es fácil aprovecharse para cambiar la estrategia de marketing de las marcas aplicando, consciente o inconscientemente, el conocido como pinkwashing (que podría traducirse como blanqueamiento rosa). “Las empresas, un día al año o una semana al año", se preocupan "por vender más y por quedar bien con el consumidor, pero realmente" no se "involucran en la causa”, explica Neus Soler, profesora en economía de la UOC y experta en marketing.

Esta es la estrategia que utilizan ciertas empresas para beneficiarse de lo que parece ser la gallina de los huevos de oro una vez al año. El pinkwashing hace alusión al “postureo” de las multinacionales sin involucrarse en el movimiento LGTBI+ en estas fechas. “Venden sus productos, marcas y espectáculos como LGTBI friendly, pero apenas cuentan con personas LGTBI”, asegura a infoLibre Lourdes Gómez, la responsable de Incidencia y relaciones institucionales del colectivo Kifkif.

El nombre que se le ha dado a esta estrategia de marketing nace en los años 90, cuando varias empresas escogieron el color rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, para vender más sus productos en el mes de mayo. Así pues, la organización Breast Cancer Action, acuñó el término pinkwashing para denunciar a las empresas que afirmaban apoyar a las mujeres con cáncer de mama, pero, en realidad, solamente querían conseguir mayores beneficios económicos a través de incorporar a su publicidad una causa benéfica. 

Con el tiempo, el colectivo LGTBI acabó utilizando también el término pinkwashing para referirse a la instrumentalización de sus derechos por parte de compañías o políticos. Pero, ¿realmente funciona esta estrategia? “A no ser que se haga una campaña específica por el Orgullo, no se puede probar que las ventas hayan aumentado”, indica Neus Soler. Aunque el beneficio económico es difícil de probar, las empresas en ocasiones aprovechan el Orgullo para encarecer sus productos con una bandera arcoíris y conseguir, eso sí, prestigio. Nivea es un claro ejemplo de pinkwashing. En 2019, la agencia de publicidad FCB propuso a la marca hacer una campaña en la que dos hombres se dieran la mano. Pero un alto directivo de la compañía se opuso rotundamente, aclarando que “no hacen cosas para gays”. Tres años después, Nivea ha sacado a la venta su distintiva lata de crema azul con una bandera LGTBI. Pero no solo eso, sino que la ha puesto a la venta hasta un euro más cara que la lata clásica azul. “Es un ejemplo claro de pinkwashing, sacan provecho del Orgullo sin involucrarse en la causa, es todo postureo”, afirma Neus Soler.

Pese a que los casos de pinkwashing son continuos, no hay forma de pararlos. “La responsabilidad no tiene que ver tanto con el marketing sino con la vulneración de derechos”, explica Lourdes Gómez. Añade que la responsabilidad que hay que “señalar y atajar” es la de aquellas empresas que “promocionan un producto o servicio utilizando simbología del colectivo LGTBI, como sus banderas, pero mantienen a su vez conductas homófobas”. Como es el caso de la marca de lencería Victoria’s Secret, que sufrió un boicot en redes sociales tras las declaraciones tránsfobas de su exdirector de marketing, Ed Razek. “¿Deberíamos contar con modelos transexuales en el desfile? No, no creo. ¿Por qué no? Porque el desfile es una fantasía. Es un divertimento muy especial de 42 minutos. Eso es lo que es. Es algo único en el mundo y ninguna otra firma podría competir con él, ni siquiera los competidores que nos critican. Si nos critican es porque somos los líderes”, explicó en una entrevista para Vogue en 2018 cuando se le cuestionó la diversidad de sus shows. 

Razek pidió disculpas públicamente y después renunció a su puesto en la empresa. Tras el boicot en redes sociales por sus declaraciones, Victoria’s Secret cambió el rumbo de su directiva y empezó a incluir modelos trans en sus campañas y en 2021 hizo una donación de 1,1 millones de dólares a organizaciones LGTBI. La sociedad ha demostrado que pedir responsabilidad y “señalar y atajar” puede funcionar. “La única responsabilidad que se les puede pedir es la social, la que hacen los consumidores, pero nada a nivel regulador o legislativo”, indica Neus Soler. Desde Kif kif, añaden que “cada vez existe más conciencia social gracias a la denuncia y visibilización de estas prácticas por parte de la comunidad LGTBI”. 

No solo las empresas practican el pinkwashing, sino que los países también se suman a la instrumentalización de los derechos del colectivo. Israel se presenta ante el mundo, y el turismo, como un destino gay-friendly. Pero la realidad dista mucho de esto. Israel, con el uso de esta estrategia y otras de lavado de cara, intenta desviar la atención mundial de su régimen opresivo de ocupación, colonización y apartheid contra los palestinos. “Hay personas LGTBI que viajan a Israel porque dicen ser LGBTIfriendly, sabiendo que matan a personas palestinas”, explica Isabel Vega López.

Ocurre lo mismo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ ​(FIFA) y Catar. Este año, se celebra en el país el Mundial de fútbol y las reacciones, tanto por parte de las organizaciones y personas del colectivo, no tardaron en llegar. Mientras que la FIFA se ha sumado a la celebración del Orgullo, en Catar la homosexualidad es ilegal. Además, las personas LGTBI no pueden adoptar ni unirse al servicio militar ni tampoco cambiar legalmente su sexo. La Federación, a pesar de abanderarse como LGTBI friendly y enviar mensajes de apoyo al colectivo, ha ignorado estos detalles.

“En el Mundial se invierten millones de euros, por lo que su principal preocupación es el beneficio económico, realmente no piensan en los derechos LGTBI”, explica Isabel Vega. A raíz de la celebración del mundial, según explica el diario Daily Mail, el propio país ha pedido que las personas homosexuales no hagan demostraciones de afecto públicas y que “no se vistan gay”.

Estos ejemplos conducen a demostrar que “el pinkwashing tiene como principal modelo y objetivo al hombre cis, blanco, gay y de clase media o alta, es decir, a la hegemonía dentro de la opresión”, explica Vega López. Señala que las empresas no tienen en cuenta la lucha interseccional cuando demuestran un “apoyo superficial” al colectivo. Vueling, por ejemplo, colaboró con sus aviones para la deportación de inmigrantes a Ruanda. Pocos días después, la compañía tuiteaba sobre el mes del Orgullo y su apoyo al colectivo. Las organizaciones LGTBI denunciaron esto como pinkwashing ya que la empresa olvidó que dentro de los deportados podría haber personas pertenecientes al colectivo.

Las redes sociales han demostrado en los últimos años que, pase lo que pase en la calle, cualquier debate se multiplica en el plano virtual. Así lo ha puesto de relieve la campaña de #StopTheHate organizada por la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI) de cara al Orgullo 2022. Este experimento social –con resultados sorprendentes–, realizado junto a la agencia MatchPoint para la idea creativa y Lazo para la ejecución, ha sido lanzado para sensibilizar sobre el odio que sigue existiendo en la población hacia las personas del colectivo.

Tras empapelar las calles de Madrid con pancartas con mensajes LGTBI, como por ejemplo “La heterosexualidad no es normal, solo común”, o “Soy gay, lesbiana, bisexual, trans, persona”, “Orgullosamente trans” y “Hay mil tipos de familia, esta es la nuestra”, la federación se sorprendió porque los carteles no fuesen vandalizados.

Lo que sucedió demostró que ahora el debate ya no está presente en las calles, sino en las redes sociales. Solo en Twitter se encontraron más de ocho mil comentarios sobre la campaña. Los mensajes recibidos, muchos de odio, fueron peores que una vandalización de carteles, afirma la federación. Algunos de los tuits en respuesta a la campaña van desde "Lo único normal es la heterosexualidad. Lo demás son desviaciones que son personales y solo buscan el placer", pasando por "Ya empiezan estos psicópatas!!! No somos normales dice la BASURA progre", hasta mensajes como el siguiente:

Las reacciones a los carteles también son un recordatorio de que el discurso del odio está aumentando de forma “alarmante” en los últimos tiempos, según FELGTBI. Las redes sociales han ayudado a que esto se acentúe debido a que el “anonimato” de los mensajes da una sensación de impunidad a los usuarios. Ocurre a pesar de los esfuerzos para combatir el discurso de odio por parte de las instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, según los datos y análisis del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE), de marzo y abril de 2022, “el número de contenidos de discurso de odio identificados y comunicados a las plataformas Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok durante este periodo ha sido de 494, lo que supone un aumento del 27,0% con respecto al boletín bimensual anterior".

De estos, 129 contenidos fueron eliminados por las propias plataformas sociales, al ser notificados como “usuario normal”, por lo que la tasa de eliminación se ha situado en un 26,1%, lo que supone un incremento de 8,9 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.

Por plataformas, de las 494 comunicaciones realizadas, 203 corresponden a Instagram (41,1%), que es la red social con un mayor número de reportes, seguida de Twitter con 118 comunicaciones (23,9%) y YouTube, con 60 (12,1%). Asimismo, a TikTok se han remitido otras 58 comunicaciones (11,7%) y 55 a Facebook (11,1%).

#FreeHerFace (libera su cara) es el nuevo movimiento en redes sociales de los periodistas afganos tras la imposición de los talibanes a que las presentadoras de los informativos se cubran la cara en televisión. Hace unas semanas, los talibanes obligaron, por primera vez en años, a las mujeres a cubrirse la cara y “recomendaron” el uso del burka. Esto incluye a todas las mujeres sin excepciones.

La orden fue aprobada el 7 de mayo por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. Parte directamente del principal líder talibán, Hebatulá Ajundzada, responsable de vigilar dentro del régimen el estricto cumplimiento de la sharía o ley islámica. Dicha orden incluía castigos para las mujeres que no se cubran el rostro cuando estén fuera de casa. El mismo ministerio ordenó el 21 de mayo que todas las presentadoras de televisión debían cubrirse la cara, y que se trataba de una definitiva y que "no había espacio para la discusión”.

Desde entonces, se ha podido ver en las emisiones de las cadenas televisivas afganas a las mujeres con el velo que cubre la mitad de la cara denominado niqab. En solidaridad con ellas, el movimiento #FreeHerFace tiene a periodistas afganos (hombres) y a todo el mundo publicando selfies con sus caras cubiertas. 

“Cada día que pasa, la historia, los límites, la opresión de hace 20 años han vuelto para las mujeres y desafortunadamente no tenemos ningún tipo de apoyo”. Son palabras de la periodista afgana Basera Jan Tolo en conversación con infoLibre. “Lo que llamamos 'libertad de expresión, derechos humanos y de la mujer' ya no existe para esta gente. A quien hable por ellos, se le borra de la escena” añade. 

La situación para los periodistas, en especial las mujeres, cada día va empeorando a niveles “inimaginables”. “La situación para los periodistas en Afganistán es muy mala, peor de lo que se puede ver. Los periodistas no pueden decir ni una palabra en protesta, todos los días son oprimidos. Pueden presionarnos de la manera que quieran”. 

Denuncia que las mujeres pronto dejarán de formar parte de la sociedad o ese podría ser el objetivo de los talibanes. “Primero empiezan con el niqab, mañana te dirán que lleves el burka y dirán que la voz de las mujeres está prohibida”, manifiesta Jan Tolo. “Dirán que no deberían ser periodistas y finalmente, llegará el día en el que ninguna mujer podrá salir de casa” , subraya.

"Por desgracia, reivindican el islam, y lo que más me molesta es que lo presentan como una religión de terror y opresión para los demás", añade Jan Tolo. Los talibanes se "empeñan" en que se trata de mandamientos religiosos. Sin embargo la periodista indica que "en todos mis programas aportamos conciencia religiosa. Hablamos de estos debates con todas las pruebas que se tomaron del Corán, porque en la época de nuestro profeta las mujeres también comerciaban de forma normal sin cubrirse".

“Antes teníamos libertad para estudiar y para ser periodistas. Aunque es verdad que yo como mujer tuve que luchar mucho para serlo por la cultura afgana”, explica Khadija Amin, periodista refugiada en España. “Ahora mismo, los problemas de las periodistas crecen día a día. No pueden trabajar libremente como antes de la llegada de los talibanes”, añade. “Ahora no les dejan cubrir ruedas de prensa, muchas son asesinadas, detenidas y maltratadas por ellos”, manifiesta. Sin embargo, a pesar de todas estas amenazas, las afganas siguen trabajando, pero muchas periodistas no escriben su nombre en los reportajes para evitar que las identifiquen. “Esto es un gran dolor para la comunidad periodística”, apunta.

Los periodistas, tanto mujeres como hombres, se enfrentan a interminables obstáculos y amenazas a su propia seguridad a la hora de cubrir eventos en Oriente Medio, incluyendo la guerra de Siria, los conflictos de los sunitas y los chiitas entre los países del Golfo e Irán, la Primera Árabe, el conflicto Palestina-Israel, entre muchos otros. Para las mujeres, estos peligros se acentúan por ser lo que son, mujeres. 

Las periodistas afganas son un recordatorio de que en países con una libertad de prensa casi nula existen muchas mujeres que ejercen la profesión luchando además por ese derecho fundamental, la libertad de expresión. En el caso de las afganas, esta libertad es arrebatada por un grupo identificado, los talibanes. Sin embargo, el actor de opresión puede ser no solo el gobierno de turno, como es el caso de Yeganeh Rezaian, sino también los usuarios de las redes sociales, como ha vivido Ghada Oueiss. 

La periodista iraní Yeganeh Rezaian trabajaba para Bloomberg News y The National antes de ser encarcelada en Teherán junto a su marido, Jason Rezaian. Fue silenciada y acosada por su Gobierno y los internautas próximos al régimen por contar historias que reflejan la realidad de la sociedad iraní desde Estados Unidos. Desde 2009 hasta 2014, trabajó para medios de comunicación con audiencias extranjeras, primero para Press TV, el servicio de medios de comunicación en inglés administrado por el Gobierno de la República Islámica.

Cuando la pareja fue arrestada no se sabía cuál era el motivo debido a la opacidad del régimen iraní. Esto significa que podía haber muchas razones, desde la intención del líder supremo, Alí Jamenei, de ganar influencia sobre las negociaciones nucleares con Estados Unidos, hasta realizar intercambios entre prisioneros iraníes.

"Durante mi tiempo como reportera, hubo momentos en los que me di cuenta de que, debido a mi trabajo, mi identidad como miembro de la sociedad, y de hecho mi vida, podría verse amenazada debido a mi género", explica la periodista en una entrevista para Harvard Kennedy School, Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy. "Irán en ese momento tenía a unas cinco docenas de periodistas tras las rejas. Entre ellos había diez mujeres, incluyéndome a mí, lo que convirtió a Irán en el principal carcelero mundial de mujeres periodistas ese año", añade.

Rezaian estuvo detenida durante 72 horas, 69 en régimen de aislamiento. Tras la libertad bajo fianza, su libertad estaba condicionada y ni siquiera podía trabajar como periodista. "Me privaron de libertad de expresión", manifiesta. "Detrás de este castigo, aunque nunca se dijo como tal, estaba que mis captores eran conscientes de mi poder como periodista." 

Bajo la presión israelí, viviendo una colonización y un apartheid, según Aministía Internacional, es difícil que los periodistas palestinos se mantengan en silencio ante las presiones que sufren. Detenida múltiples veces, la primera vez a sus 18 años el 6 de julio de 2011, Bushra al-Tawil ha vivido en primera persona la persecución a la libertad de prensa durante el conflicto Palestina-Israel durante años.

La periodista documentaba las constantes violaciones a los prisioneros palestinos, organizaba distintos eventos para concienciar sobre los derechos de estos, para apoyarles a ellos y a sus familias. Por defender estos derechos y denunciar las detenciones constantes, ella misma fue arrestada por las fuerzas de seguridad de Israel y encarcelada no sólo una vez, sino cinco. 

Reporteros sin Fronteras ha registrado más de 140 violaciones israelíes de derechos contra periodistas palestinos desde que comenzaron las protestas en marzo de 2018 conocidas como la Marcha del Retorno. Además, según el Club de Prisioneros Palestinos, actualmente hay 17 periodistas encarcelados, incluida Bushra al-Tawil. El Sindicato de Periodistas Palestinos reportó en 2020 que, desde el estallido de la Intifada de Al-Aqsa en el año 2000, Israel había ejecutado a más de 46 periodistas.

“Me atacan desde tres ángulos: soy una mujer, soy periodista y soy cristiana”. Son las palabras de la periodista libanesa Ghada Oueiss denunciando el acoso que sufre por redes sociales. En esta entrevista con Committee to Protect Journalists (CPJ) cuenta cómo de un día a otro se dio cuenta que había muchos trolls criticándola, hasta el punto de hacerse pasar por ella. “Estas cuentas tenían una foto de perfil del el príncipe heredero​ de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman (MBS), o de su padre o de la bandera de Arabia Saudí”, explica la periodista. “Se puede ver que eso no es una coincidencia, es algo organizado”. 

En diciembre de 2021, la periodista denunció en la Corte de Florida a MBS y al príncipe de Abu Dhabi bin Zayed. Incluyendo también a otros participantes en el hack-and-leak (método de desinformación con datos robados) hacia ella, como DarkMatter, empresa de ciberseguridad con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y algunos titulares de cuentas de redes sociales estadounidenses. Las sospechas de la periodista se asocian también al malware Pegasus de NSO Group (con sede en Israel) en su iPhone. A pesar de que Pegasus asegure que sólo comercializa productos solo a agencias gubernamentales con fines de aplicación de la ley, CPJ ha señalado cómo investigadores han documentado su uso avanzado para espiar a periodistas.

Temiendo por su vida, Oueiss cuenta en esta entrevista que hasta se había cuestionado dejar el periodismo. “Intenté poner una cara valiente, pero estaba aterrada”, explica. “Cada vez que iba al trabajo me decía a mí misma: ‘Aparece en pantalla y demuéstrales que están equivocados”.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo 12 de junio:

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado 11 de junio.

La inteligencia artificial (IA) está involucrada en nuestras vidas más de lo que pensamos y tiene una influencia decisoria sobre ellas. "Actualmente la IA está en todo, no hay sector en el que no esté, desde la búsqueda de trabajos hasta la vigilancia en espacios públicos", explica Oyidiya Oji, experta en análisis de datos, a infoLibre. Analizar quién crea estas herramientas y cómo funcionan nos puede llevar a comprender las problemáticas que surgen en la sociedad a raíz de su uso.

Partiendo de que a la IA se le ha dotado de cualidades humanas se puede decir que el racismo también ha llegado a las máquinas y ahora tienen poder sobre las minorías. "La tecnología está creada por personas y todas las ideas de la misma se vierten en ella, al final son herramientas que vuelven a reproducir prejuicios que ya existen en la sociedad", analiza Oji.

A mediados de la década anterior, varias activistas antirracistas estadounidenses denunciaron que la inteligencia artificial se estaba utilizando con fines racistas. En 2016 ProPublica alertaba en su página web cómo el algoritmo de los ordenadores de las cárceles estadounidenses evaluaban el riesgo de las personas a que volviesen a delinquir basándose en su perfil racial. En el caso que nos cuenta este artículo, la chica negra fue calificada como “alto riesgo” en comparación con su amigo blanco –a quien habían detenido a la vez, acusados ambos por el mismo delito –quien fue calificado como “bajo riesgo”. En Arizona, Colorado, Delaware, Kentucky, Luisiana, Oklahoma, Virginia, Washington y Wisconsin, los resultados de estas evaluaciones se entregan a los jueces durante el proceso penal.

"Las personas que crean la tecnología son personas blancas de clase media/alta, es decir, un perfil bastante equidistante", explica Oyidiya Oji. "Esas personas, consciente o inconscientemente, tienen unos prejuicios sobre otras comunidades, sobre qué está bien y qué está mal". Aclara que no conocen la sociedad como tal porque se relacionan con personas que se parecen a sí mismas y acaban reproduciendo el racismo o la discriminación por sexo y género, entre otros sesgos.

Por otro lado, la denuncia llega hasta la incrustación de palabras, un algoritmo popular que se usa para procesar y analizar grandes cantidades de datos en lenguaje natural y que caracteriza los nombres europeos y estadounidenses como agradables y los afroamericanos como desagradables. De este mismo modo, las búsquedas de Google imágenes demuestran desde hace años los datos sesgados que rigen los resultados, en los que cuesta encontrar una “familia feliz” que no sea blanca o “niños jugando” que sean negros. Al parecer, para Google, las familias felices y los niños jugando no pueden ser otra cosa más que blancos. 

La gestión de las fronteras es otro ámbito en el que se ha notado el auge de la inteligencia artificial. Los gobiernos y los defensores de la tecnología señalan el potencial de la IA para ayudar a protegerlas de manera más eficiente y, en algunos casos, “más segura”. En 2018 el Aeropuerto Internacional de Dubái empezó a utilizar un “túnel inteligente” que escanea el rostro y el iris de los viajeros, permitiendo su identificación en cuestión de segundos sin tener que presentar documentos de identidad. Este tipo de sistemas ha generado preocupación, sobre todo en lo que respecta a la privacidad de las personas.

La Unión Europea lleva trabajando desde hace años en la creación de una “frontera inteligente” en los límites del espacio Schengen, centrándose en la frontera sur. Esto ha despertado una inquietud y desconfianza entre aquellos que no aceptan la idea de que ciertos algoritmos dicten si algunos individuos pueden suponer un riesgo para la sociedad europea. Organizaciones de derechos humanos como Red Acoge, Oxfam Intermón, Rights International, RegularizaciónYa, entre otras más de 40, y expertos en el impacto social de la inteligencia artificial, lanzaron un manifiesto alertando de los potenciales riesgos de este plan. Advierten de la amenaza que supone el uso de estas tecnologías a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que cruzan la frontera hispano-marroquí. Por otra parte, otras entidades han sido creadas con el fin de denunciar y profundizar sobre el tema, como es por ejemplo el caso de AlgoRace. 

La explicación de por qué se quiere implementar este sistema se puede resumir en el reforzamiento del Convenio de Dublín. A través de este documento se establece que "una persona que entra a Europa buscando asilo o refugio tiene que pedirlo en el primer país que pise". “Es decir, si tú entras por la frontera de Ceuta, quieres ir a Francia porque tienes a tu mujer y a tu hija allí, no puedes ir porque has pisado España y tienes que iniciar todo el procedimiento de asilo en España y quedarte como exiliado en España”, explica Youssef M. Ouled, periodista e integrante de la organización AlgoRace. ”Con esta recogida de datos biométricos lo que se va a hacer es reforzar ese convenio, porque se van a recoger estos datos de todas las personas migrantes que cruzan por ahí y van a colocar a todos en el sur de Europa”, añade.

Aclara que estas personas que cruzan la frontera se encuentran en una situación de vulnerabilidad máxima y que sus datos biométricos sean registrados complica aún más su realidad y viola su privacidad como personas. Además, a estas personas no se les pide permiso para recoger estos datos, ese permiso que los ciudadanos europeos deciden voluntariamente si ceder o no. El problema de esto recae no sólo en la supresión de la privacidad de ciertas personas, sino también en que esto se produce en un marco contra la inmigración "ilegal" y la lucha contra el terrorismo. En ese contexto se podrían producir situaciones de abuso y discriminación.

Uno de los grandes problemas que surgen a raíz de la IA y de su utilización en la economía, medicina, educación, fronteras, entre otros, es, según M. Ouled, la opacidad. “Hay una falta de transparencia tan grande que apenas sabemos en España qué sistemas de inteligencia artificial se aplican”. Además, señala que “muchos de estos sistemas son implementados por nuestro propio gobierno y por lo tanto los pagamos con nuestros propios impuestos y no sabemos cuál es el resultado de estos sistemas”.

Es por esto por lo que CIVIO denunció en 2018 que el Gobierno se negaba a explicar cómo funciona la aplicación para conceder o no el bono social energético. David Cabo, director de la Fundación Ciudadana CIVIO, explica a infoLibre cómo se dieron cuenta de que en el BOE se cambiaba el sistema de ayudas del abono social eléctrico. "En este proceso vimos cómo había cosas en la ley que no están demasiado claras", apunta.

Bosco es una aplicación que utilizan las empresas energéticas para decidir quiénes pueden acceder a la ayuda a la energía de sus casas.  Esta herramienta aplica una normativa en base a unos criterios traduciendo un algoritmo, "y cuando meten los datos de la persona a la que quiere pedir el bono, te dice si tiene o no tiene derecho”, explica M. Ouled. A pesar de que CIVIO llegase a los tribunales, “el Gobierno se ha negado a dar esa información porque considera que dar esa información es un peligro para el interés público”, señala Cabo.

El equipo de CIVIO ha continuado su "batalla" por la solicitud de información. "En 2019 recibimos información y vimos que había fallos, los cuales el ministerio corrigió", profundiza Cabo, "si había fallos en el proceso de convertir la ley en una especificación técnica, no se puede saber si se ha cometido también en la siguiente fase que es convertir esa especificación técnica en un programa que se ejecuta". No obstante, actualmente todo este proceso sigue abierto.

”Si viviéramos en una sociedad donde no hubiese ningún tipo de desigualdad, pues diríamos genial, no pasa nada, porque estos sistemas facilitan la vida, ahorran recursos, etcétera, pero no es así”, señala M. Ouled. No obstante “vivimos en una sociedad que es racista, que es machista, que es clasista. Por lo tanto, quienes programan este tipo de algoritmos son personas que forman parte de esa sociedad, que tienen esos sesgos”, añade. 

Desde diferentes organizaciones de la sociedad se enviaron una serie de propuestas a consulta pública el 29 de abril para la elaboración de una Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. Abierta hace más de un mes por el Ministerio de Igualdad, busca garantizar la transparencia y publicación técnica de los algoritmos, incorporación sistemática de observadores de derechos humanos en las fronteras de la UE, entre otras.

Dichas organizaciones –que son AlgoRace, Algorights y Lafede.cat – reclaman un papel activo en la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. El último fin de semana de mayo organizaron la primera edición de las jornadas Democracia, Algoritmos y Resistencias. El objetivo principal se encontraba en abordar los contextos que impone la proliferación de la IA desde la perspectiva de los derechos humanos. Demandan una acción conjunta para evitar las desigualdades y piden la creación de estándares y criterios de evaluación algorítmica para asegurar un buen uso de la IA.

Piden además que se reviertan los sesgos de discriminación, segregación y exclusión que a menudo los mismos algoritmos perpetúan, y que garanticen una administración de los datos en clave de justicia social. También persiguen el objetivo de compartir experiencias, crear puentes entre agentes y alinear estrategias de intervención.

En 2019 Joy Adowaa Buolamwini, una científica informática, fundadora de la Liga de la Justicia Algorítmica, contaba en la revista Time cómo descubrió en 2015 que un software de análisis facial no podía detectar su rostro a no ser que se pusiese una máscara blanca. Desde entonces decidió compartir su experiencia sobre el sesgo en la inteligencia artificial que puede conllevar a la discriminación y la exclusión. 

Su investigación llegó a conclusiones como que aparte de existir un sesgo racial, también existía uno de género en aquellos sistemas de inteligencia artificial vendidos por gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft o IBM. Buolamwini comprobó que estos servicios a la hora de adivinar el sexo de un rostro, todas las empresas adivinaban mejor los rostros masculinos que los femeninos. Indica en el artículo que las empresas que evaluó “tenían tasas de error de no más del 1% para los hombres de piel más clara. Para las mujeres de piel más oscura, los errores se dispararon al 35%. Los sistemas de IA de empresas líderes no han logrado clasificar correctamente los rostros de Oprah Winfrey, Michelle Obama y Serena Williams”.

Además de este problema universal, en España se podría decir que la IA no favorece a las mujeres respecto a la violencia de género. En julio de 2007 se puso en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) que se utiliza en todo el Estado excepto en Cataluña y en Euskadi. Uno de los problemas fundamentales que tiene es que “nunca se le ha hecho una auditoría total de todos los datos que tiene almacenados y los resultados que ha dado y nunca se ha hecho una auditoría pública”, explica M.Ouled. “Entonces no sabemos tampoco si discrimina o si genera problemas para las mujeres”, añade.

Los objetivos de este sistema van desde la integración de toda la información de interés que se crea necesaria, hasta la predicción de riesgo y después, “atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional”. Hasta este punto todo es coherente y parece favorable para las mujeres denunciantes. Sin embargo, M. Ouled apunta que otro dilema respecto a este tema recae en que en el momento en el que las mujeres están denunciando se les hace un cuestionario predeterminado y lo van rellenando los propios agentes. En base a las respuestas, se consigue una calificación no apreciado, bajo, medio, alto o extremo riesgo. “No sabemos los detalles de cómo funciona o porque asigna un riesgo u otro. Esto es totalmente opaco”, apunta. “No hay ninguna auditoría pública, se ha pedido esta información al Ministerio del Interior, que se ha negado a dar esa información para hacer una auditoría interna”. 

Las preguntas realizadas a las víctimas son muy rígidas, el sistema no comprende ni el contexto, sino cuestiones muy concretas, infravalorando la violencia psicológica que ha podido sufrir esa persona. “Se le hace una pregunta a la víctima, sí o no, o responder de una forma muy esquematizada”, señala M. Ouled. Una organización sin ánimo de lucro que trabaja para proteger a las personas en procesos tecnológicos, Eticas Foundation, realizó una auditoría externa en marzo de este año según la cual se comprobó que “en función de los recursos policiales que haya en determinada comisaría y en determinado lugar, se va a asignar un nivel de riesgo a la víctima”. De nuevo, hay un intermediario entre la herramienta tecnológica y la víctima que puede producir ese sesgo. Por ejemplo, Éticas Foundation señala que “no se puede conocer si VioGén tiende a estimar un riesgo demasiado alto o demasiado bajo en ciertos tipos de casos, como podría ser cuando las denunciantes pertenecen a un particular grupo social”. Además, uno de los resultados que da esta auditoría externa es que el 45% de los casos acaban siendo considerados como riesgo no apreciado.

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España se sitúa en el puesto número 32 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que elabora Reporteros Sin Fronteras (RSF) y que ha presentado este martes, lo que supone una caída de tres posiciones respecto al año pasado. A juicio de RSF, "unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión" hacen caer a España en la clasificación, pese a la mejora de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos. Para la organización, la polarización mediática y el deterioro económico del sector contrarrestan la mejora del clima informativo.

Al igual que la polarización, destaca la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor. Como por ejemplo, la denuncia presentada por un supuesto delito de revelación de secretos contra infoLibre por el ahora ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Los hechos se remontan al 7 de junio de 2021, cuando este diario publicó una información titulada El presidente de Murcia medió en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea: “La van a programar para el día 20”. En el texto se reproducían dos imágenes en las que se podía ver al presidente regional hacer gestiones por whatsapp con el secretario general de Salud, Andrés Torrente, y transmitir datos sobre la operación de un paciente al número dos del PP a nivel nacional. Ese paciente era un familiar de García Egea. El entonces número dos del PP exclamaba un agradecido "cojonudo" al recibir la información.

RFS cita también los casos de elDiario.es, denunciado por Cristina Cifuentes tras destapar el caso máster, y de El Confidencial , denunciado por Iberdrola tras su cobertura de las investigaciones sobre las presuntas relaciones entre el grupo eléctrico y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Del mismo modo, se destaca los casos de periodistas que denuncian a agentes de la policía, o son ellos denunciados por estos, en el marco de manifestaciones ciudadanas, y que se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece generalmente (caso de Albert Garcia, El País, absuelto, y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio, tras denunciar agresiones de los agentes).

"La Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa –difícil en democracias consolidadas– como enredar a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos", concluye Reporteros Sin Fronteras.

RSF recuerda en su informe la actual tramitación en el Congreso de la posible derogación de los llamados delitos de expresión –como las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos o la apología del terrorismo; o del artículo de la ley mordaza que penalizaba la captación de imágenes por la prensa y que ha sido declarado inconstitucional por el TC. Para la organización "no es un año en el que el contexto político haya afectado seriamente a la libertad de prensa, pese a la falta de transparencia mostrada por los gobiernos central y autonómicos con la información pública sobre la pandemia, y pese al clima de animadversión a la prensa generado esencialmente por la ultraderecha". Y añade que "lo que penaliza a la posición española es el contexto económico de los medios, tanto en lo que respecta a la excesiva concentración del mercado, como a las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y le grave precarización de los profesionales".

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa subraya como problema global y generalizado una doble polarización: la mediática “amplificada por el caos informativo”, y la generada por los propios Estados. Desde RSF se ha realizado una evaluación de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el mundo con un énfasis en la actual guerra de Ucrania. La “nueva era de la polarización” desencadena una desinformación a gran escala que va cada vez en aumento a medida que los recursos económicos van disminuyendo.

Durante el último año el periodismo ha sido testigo de “dos apagones informativos en directo”: cuando los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán y cuando el Kremlin comenzó su invasión en Ucrania, –suceso al que no se podía denominar “guerra” porque Rusia lo negaba–. En este contexto la información ha sido la primera en sufrir los estragos de la censura, de la persecución de periodistas y de la libertad de prensa. 

Las evoluciones dispares de la situación de la libertad de prensa en el mundo reflejan tendencias destacables: primero, el regreso de los "asesinatos de periodistas en suelo de la UE", en referencia a Giorgios Karaivaz y Peter R. De Vries, asesinados en 2021 en Grecia y Países Bajos, respectivamente, "al más puro estilo mafioso". Noruega, Dinamarca y Suecia son los tres países que encabezan el ranking de libertad de prensa debido a su ecosistema económico y por su facilitación de la información pública. “Siguen siendo un modelo en el que la libertad de expresión se realiza en todo su esplendor”, apunta RSF. Por detrás, con una situación buena, figuran Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal y Costa Rica.

Por el lado contrario aparecen 42 países en situación difícil, como por ejemplo Argelia que este año ha encarecido su situación posicionándose al nivel de Marruecos. Los consiguientes son México, Nigeria, Líbano, Bolivia, entre otros. 

Cierran la lista un total de 28 países en situación muy grave destacando Bielorrusia, Rusia, Arabia Saudí, Irán, Palestina, Corea del Norte, la región del Sahel –donde fueron asesinados dos periodistas españoles, David Beriáin y Roberto Fraile, hace poco más de un año–, Cuba, Siria, Vietnam, Birmania, Eritrea, Nicaragua, Bangladesh y Egipto.

En la Unión Europa, se da la circunstancia, además, de que "los periodistas han sido asimilados erróneamente a las autoridades y han tenido que hacer frente a una hostilidad virulenta por parte de manifestantes contrarios a las medidas de lucha contra el coronavirus", con un "elevado número de agresiones físicas" en Alemania, Francia, Italia y Países Bajos.

“Bajan las muertes, suben los encarcelamientos”, señala la ONG en referencia a que los asesinatos de los periodistas han disminuido en el último año. “Esto debería de alegrarnos” apunta “pero que hayan disminuido las muertes significa que han aumentado las prisiones”. 

Nicaragua registra la mayor caída en la región de América Latina donde RSF alerta que “los periodistas desarrollan su labor informativa en un entorno cada vez más deteriorado y tóxico”. Esta tendencia está "alimentada por una retórica contra los medios y una generalización de los discursos estigmatizantes por parte de la clase política, especialmente en Brasil, Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, lo que "fragiliza la profesión y alienta procesos judiciales abusivos, campañas de difamación e intimidaciones, especialmente contra las mujeres".

Así, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, ha manifestado que "redactora jefe de Russia Today, Margarita Simonian, reveló la base de su pensamiento en un programa de la cadena Russia One, cuando afirmó: "Ninguna gran nación puede existir sin controlar la información". "El despliegue de un armamento mediático en los países autoritarios aniquila el derecho a la información de sus ciudadanos y explica, a la vez, el aumento de unas tensiones en el plano internacional que pueden llevar a las peores guerras", ha argumentado.

La ONG ha señalado que "en las sociedades democráticas, el desarrollo de medios de opinión al estilo de Fox News y la generalización de los circuitos de desinformación, impulsada por las redes sociales, están provocando un aumento de las fracturas sociales". "En el plano internacional, la asimetría que existe entre, por una parte, sociedades abiertas y regímenes despóticos que controlan sus medios y sus plataformas, mientras libran guerras de propaganda, debilita a las democracias", ha explicado, antes de subrayar que "en ambos niveles, esta doble polarización es un factor de intensificación de las tensiones".

RSF ha puesto como ejemplo la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ha dicho que "se preparó mediante una guerra de propaganda", al tiempo que ha apuntado que China "ha utilizado su arsenal legislativo para confinar a su población y aislarla del resto del mundo, especialmente a la de Hong Kong".

La cobertura de la invasión rusa ha sido fácil por ser accesible y cercana, dando una oportunidad a muchos periodistas freelance a presentarse en Ucrania para hacer cobertura del conflicto. No obstante RSF señala la precariedad de estos periodistas que van sin recursos cuando “cubrir una guerra cuesta mucho dinero”. Se hace una denuncia desde la organización a los medios que no otorgan recursos necesarios para la elaboración de un buen trabajo.

La precariedad y la falta de recursos conlleva a una cobertura de los sucesos que “les dejan contar”, es decir, “obtener permisos y llegar hasta un punto ha sido fácil” señala. Sin embargo lo difícil es llegar más allá de lo que ellos te quieren permitir ver, al final lo que se retransmite y sobre lo que se informa es lo que ellos te dejan ver y contar. Pocos son los periodistas que han llegado más allá. 

Asimismo, Rusia ha puesto un velo a su información, persiguiendo, encarcelando y etiquetando a sus periodistas para un mayor control. Los medios rusos y los comunicadores están obligados a utilizar en cada publicación, artículo y tuit la etiqueta de agente extranjero. La situación desde el comienzo de la guerra ha empeorado. 

La Administración de Joe Biden ha solicitado este jueves al Congreso de Estados Unidos financiación adicional para Ucrania por valor de 33.000 millones de dólares (más de 31.300 millones de euros), que se destinarían a asistencia en materia de seguridad, económica y humanitaria. "Es crítico que esta financiación se apruebe y sea lo más rápido posible", ha indicado Biden en una comparecencia en la que ha insistido en que Washington "está ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa".

El presidente estadounidense ha reiterado que no tiene previsto enviar efectivos a Ucrania y ha insistido en que Washington "no está atacando a Rusia". "Rusia es el agresor (...) sin peros (...) y el mundo debe hacer que rinda cuentas", ha afirmado. De los 33.000 millones de dólares, 20.400 irían destinados a proporcionar a Kiev ayuda militar y en materia de seguridad, mientras que 8.500 irían a parar al Gobierno ucraniano y 3.000 millones serían para asistencia humanitaria adicional.

Los miembros del Congreso consideran que es necesario que Ucrania reciba más financiación estadounidense, pero no está claro cómo de rápido se aprobaría este paquete de ayuda adicional, según ha informado la cadena de televisión CNN.

El Ayuntamiento de Mariúpol ha advertido este jueves de que alrededor de 100.000 residentes "están en peligro de muerte", mencionando los bombardeos y las "intolerables" e "insalubres" condiciones de vida. "Cólera, disentería, escherichia coli", ha enumerado el alcalde de la ciudad portuaria, Vadim Boichenko, en un mensaje publicado en Telegram, donde ha señalado que las temperaturas ya alcanzan los 20 grados en la ciudad, por lo que "pronto podrían estallar epidemias poderosas y mortales".

El Ayuntamiento de Mariúpol ha puesto el foco en la falta de suministro de agua y saneamiento centralizados, la descomposición de "miles" de cadáveres bajo los escombros y una escasez "catastrófica" de agua potable y alimentos. "Los ocupantes no pueden proporcionar alimentos, agua y medicinas a la población existente. O simplemente no les interesa", ha continuado el regidor de la ciudad, que también han censurado que las fuerzas rusas "bloquean todos los intentos de evacuación".

"La gente morirá", ha avisado, lamentando que las condiciones de vida en la Mariúpol "en ruinas" son "medievales". En este sentido, ha reiterado la necesidad de una evacuación "inmediata y completa" de los civiles. Un equipo de Naciones Unidas viajará a la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el este del país, para "preparar" una posible evacuación de civiles desde Mariúpol.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha elevado a 2.829 el balance provisional de civiles muertos en Ucrania como consecuencia de la ofensiva militar de Rusia, entre ellos 205 niños, si bien asume que la cifra real sería "considerablemente mayor".

La ONU ha podido constatar, además, 3.180 heridos, incluidos 303 menores de edad, según un recuento que sitúa a la mayor parte de las víctimas en territorios controlados por las fuerzas leales al Gobierno de Ucrania. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos echa en falta más información de algunas zonas donde sigue habiendo "intensos" combates e incluye en este grupo el área de Mariúpol, situada en el sureste de Ucrania y escenario de un intenso asedio por parte de las fuerzas rusas.

Las autoridades locales estiman que sólo en Mariúpol hay miles de muertos más y también temen que haya cientos de fallecidos sin registrar en zonas bajo control militar ruso, tal como quedó de manifiesto en áreas cercanas a Kiev que durante semanas fueron inaccesibles.

El Kremlin ha alertado este jueves nuevamente de las posibles consecuencias que podrían traer consigo las "provocaciones" de los países occidentales cuando alientan "abiertamente" a Ucrania a atacar objetivos militares en territorio ruso con armamento de la OTAN. "Occidente está pidiendo abiertamente a Kiev que ataque a Rusia, incluso con armas recibidas de los países de la OTAN", ha protestado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, haciendo mención a las recientes declaraciones en ese sentido del viceministro británico de Defensa, James Heappey.

Zajarova cree que estas declaraciones de los socios de Ucrania "evidencian" que "el régimen" del presidente, Volodimir Zelenski, "no es independiente" y que "depende completamente" de "agentes externos" para tomar sus decisiones, como demuestra, ha dicho, que Kiev haya bombardeado ya regiones fronterizas. En ese sentido, Zajarova ha alertado tanto a Kiev como al resto de "capitales occidentales" de que deberían "tomarse en serio" las advertencias del Ministerio de Defensa ruso "de que más provocaciones para atacar objetivos rusos conducirán a una dura respuesta" por parte de las tropas del Kremlin.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha defendido este jueves desde Ucrania que "la guerra es algo absurdo en el siglo XXI" y ha aprovechado sus visitas a Bucha y Borodianka para reclamar a las autoridades de Rusia que colaboren con las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI).

"Aquí, se siente lo importante que haya una investigación y una rendición de cuentas", ha dicho Guterres junto a una fosa común en Bucha, según la radiotelevisión pública británica BBC. El jefe de la ONU ha dado su "completo apoyo" a las pesquisas abiertas por la Fiscalía del TPI para esclarecer la posible comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. Quiere que Rusia "acepte cooperar" con estas investigaciones. No obstante, ha llamado a "no olvidar" que "el peor de los crímenes es la guerra en sí misma".

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves 28 de abril, marcado de nuevo por la guerra en Ucrania, por el caso Pegasus y por la aprobación del plan anticrisis del Gobierno:

El artista de manga, Motoo Abiko, que representa a Japón y es conocido como Fujiko Fujio A, murió en su casa en la ciudad de Kawasaki la mañana del jueves, según informa TBS News y NHK.

Fujiko A. Fujio nació en 1934 en la ciudad de Himi, en la prefectura de Toyama -en la costa oriental del centro de Japón-, y desde su juventud aspiraba en convertirse en dibujante de manga (mangaka). Era mejor conocido por trabajar junto a su difunto amigo de la infancia, Fujiko F. Fujio (nombre real Hiroshi Fujimoto) y por formar juntos el dúo de manga Fujiko Fujio (que luego se disolvió). Crearon entonces uno de los títulos de manga más populares de todos los tiempos, Doraemon, que se lanzó en 1970 y duró hasta 1996. Doraemon se convirtió en un icono global, amado por niños de todo el mundo. La popularidad de Doraemon siguió disparándose a través de las numerosas películas animadas y adaptaciones de series a lo largo de los años.

Aunque comenzaron a trabajar juntos, ambos empezaron a lanzar también sus trabajos individuales que ganaron reconocimiento en todo el mundo, como son otros títulos exitosos Ninja Hattori-Kun, Kaibutsu-Kun y The Laughing Salesman, mangas que también recibieron adaptaciones de anime. El impacto que ha dejado Fujiko A. Fujio en la cultura japonesa no tiene rival y su legado, sin duda, será recordado para siempre. La combinación con el Fujimoto se disolvió en 1987 y, después de eso, continuó presentando su trabajo como "Fujiko Fujio A".

La sorprendente muerte del mangaka ha dejado atónitos y desolados a una comunidad para quien las obras del artista sostienen un gran significado.

El cocreador fue hallado muerto en su vivienda en Tama Ward, ciudad de Kawasaki. Según la policía, quienes acudieron a su casa alrededor de las 8:40 de la mañana tras recibieron una llamada que informaba que alguien se había caído en la residencia del artista. La policía está investigando los detalles de la muerte, pero según un examen superficial, Fujiko no sufrió ninguna lesión o herida sospechosa.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes 29 de marzo, marcado de nuevo por la guerra en Ucrania y por sus consecuencias en España, a las que el Gobierno pretende hacer frente con un plan que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros: