En un momento marcado por la erosión de nuestra atención, la dictadura del algoritmo y el avance de una inteligencia artificial que redefine el trabajo y el poder, el politólogo Alán Barroso nos propone mirar de frente aquello que algunos prefieren no ver.

Civilización o barbarie (Ediciones B, 2026) recorre los grandes desafíos de nuestro siglo: la desinformación que alimenta los extremismos, un capitalismo que convierte el tiempo en mercancía, la crisis climática que ya desborda los mapas y la secesión silenciosa de las élites que pueden permitirse vivir al margen de las reglas.

El autor no se limita a señalar los síntomas; también desmonta los relatos que presentan el deterioro como algo inevitable y muestra cómo, en ese ambiente de desorientación, ganan terreno quienes buscan debilitar lo que nos mantiene unidos. La barbarie, advierte Barroso, se abre paso cuando dejamos de pensar colectivamente.

Este libro, del que infoLibre adelanta un fragmento coincidiendo con su llegada a las librerías este mismo jueves 9 de abril, es una invitación a recuperar la imaginación política y a defender las instituciones que hacen posible la vida en común. Porque renunciar a pensar el futuro también es una forma de perderlo.

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Empecemos por el final: la barbarie está ganando. No la barbarie de las hordas salvajes y el caos que imaginaban nuestros antepasados. La nuestra es más sofisticada: viste traje de marca, cotiza en bolsa y tiene cuenta en Islas Caimán. La nuestra destruye el planeta con hojas de cálculo, mata con algoritmos y celebra la miseria ajena con champán francés.

En Silicon Valley diseñan aplicaciones para que no tengas que mirar a los ojos al repartidor que te trae la cena. En Davos discuten el futuro de la humanidad sin ningún humano que gane menos de seis cifras. En las salas de juntas se aplaude cuando sube la acción después de despedir a miles de empleados. Esta es la nueva barbarie: eficiente, optimizada y con excelente marketing.

Durante siglos, «civilización o barbarie» fue el mantra favorito del colonialismo. Era la coartada perfecta: nosotros (o nuestras élites, mejor dicho) teníamos catedrales, códigos civiles y cubiertos de plata; los otros tenían recursos naturales y la mala suerte de vivir encima de ellos. El argumento servía igual para bendecir la conquista de América que para justificar el reparto de África en Berlín. Para «pacificar» Argelia o para «democratizar» Irak. Siempre la misma estafa con distinto envoltorio.

La diferencia es que hoy ya no pueden mantener la farsa.

Antes podían disfrazar la barbarie de misión civilizadora; el saqueo, de progreso; el genocidio, de educación. Tenían el monopolio del relato. Pero ahora, con el planeta en llamas, con la desigualdad en máximos históricos, con la democracia convertida en parodia, ya no cuela. La máscara se ha caído. Ya no pueden pretender que la concentración obscena de poder es meritocracia. Ya no pueden fingir que la extracción infinita es crecimiento. Ya no pueden hablar de orden mientras siembran el caos, de estabilidad mientras todo se desmorona, de futuro mientras devoran el presente.

Y, precisamente porque la máscara se ha caído, podemos recuperar estos términos y usarlos con honestidad por primera vez.

Rosa Luxemburgo habló de «socialismo o barbarie» cuando el capitalismo industrial devoraba Europa. Para ella, la disyuntiva era clara: o superábamos el capitalismo o caeríamos en la destrucción mutua. Era una cuestión de sistemas económicos, de lucha de clases, de revolución contra reforma.

Un siglo después, la disyuntiva es a la vez más modesta y desesperada. Ya no estamos debatiendo entre sistemas económicos alternativos. No estamos eligiendo entre revolución o reforma. Estamos en algo mucho más básico: defender los últimos restos de vida civilizada —la posibilidad misma de lo común, de lo público, de lo compartido— frente a una barbarie que avanza sin siquiera necesitar una ideología clara.

Ya no es «socialismo o barbarie». Es algo más elemental: civilización o barbarie. Mantener espacios donde la lógica del beneficio no lo devore todo. Preservar instituciones que todavía funcionen para las personas y no contra ellas. Defender la idea misma de que podemos decidir colectivamente sobre nuestro destino. Son mínimos de supervivencia, no máximos revolucionarios.

El tiempo se agota. Los científicos nos dan una década para cambiar el rumbo del cambio climático. Los economistas (los honestos) advierten de que la próxima crisis hará parecer un juego de niños a la del 2008. Los sociólogos documentan cómo se deshilachan los lazos que nos mantienen juntos. Los fascistas afilan sus cuchillos.

Este libro no es un manual de supervivencia individual. Para eso ya existen miles de gurús vendiéndote cursos para hacerte millonario si eres pobre o refugios nucleares en Nueva Zelanda si eres rico. Este libro trata sobre la única salida real: la colectiva. Porque la civilización no es un lugar al que llegar, sino algo que construimos juntos o no construimos en absoluto.

La pregunta no es si queremos civilización o barbarie. La pregunta es si tendremos el coraje de admitir en cuál estamos viviendo ya, y si tendremos la fuerza para construir la alternativa antes de que sea demasiado tarde.

Y un spoiler: es más tarde de lo que crees.

El Rubicón es un río escasamente profundo del nordeste de Italia. Aparentemente es sencillo de cruzar. Un simple  paseo de orilla a orilla. Sin embargo, a lo largo de los siglos ha prevalecido la frase «cruzar el Rubicón» para referirnos a un momento decisivo, un paso audaz e irreversible hacia lo desconocido. La expresión se remonta a cuando el Rubicón era un río que ejercía de frontera natural entre Roma y la Galia Cisalpina. Cruzarlo le supuso a Julio César desafiar a Roma y dar un paso hacia lo desconocido. Antes de hacerlo, César contempló las aguas tranquilas del Rubicón, que más que una frontera física se había convertido en una frontera mental, y pronunció las famosísimas palabras que retumbarían en la eternidad de la historia: «Alea iacta est» (la suerte está echada).

Hoy en día, las fronteras siguen estando en nuestras cabezas. Pero cruzamos una media de cinco Rubicones a la semana. Quemamos etapas con una rapidez pasmosa. Esta velocidad vertiginosa de cambio y toma de decisiones plantea una pregunta inquietante: ¿estamos reflexionando de verdad sobre las consecuencias de nuestras acciones o simplemente reaccionando a un mundo que cambia más rápido de lo que podemos procesar? La frecuencia con la que nos enfrentamos a decisiones trascendentales puede estar erosionando nuestra capacidad para distinguir entre lo verdaderamente importante y lo meramente urgente.

Una vez que César cruzó el Rubicón, no solo cambió su propio destino, sino el de toda Roma. La guerra civil que siguió a ese paso transformó la República en un imperio bajo su liderazgo. Esas decisiones, impulsadas por ambiciones y visiones, dieron forma a siglos de historia europea y mundial.

En la actualidad, estamos parados en las orillas de nuestro propio Rubicón metafórico. Vivimos en una era de avances tecnológicos sin precedentes, desafíos medioambientales, cambios sociopolíticos y una interconexión global que determinará el futuro de la humanidad. Las decisiones que tomemos en las próximas décadas no solo definirán nuestro legado, sino también el mundo que dejaremos a las generaciones futuras.

Tomemos como ejemplo la inteligencia artificial. Estamos en un punto donde esta tecnología tiene el potencial de revolucionarlo todo, desde la medicina hasta la economía. Pero ¿cómo la moldeamos? ¿Dejamos que siga su curso sin restricciones o establecemos límites éticos? Al decidir, estamos cruzando nuestro Rubicón tecnológico.

El cambio climático es otro Rubicón ambiental. Con cada tonelada de CO2 que emitimos, nos acercamos a un punto de no retorno. Las decisiones que tomemos ahora, ya sea para mitigar su impacto o adaptarnos a sus consecuencias, determinarán el futuro de nuestro planeta.

Políticamente, vemos naciones en encrucijadas, lidiando con cuestiones de identidad, soberanía y los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Las decisiones de los líderes y sus votantes sobre estos asuntos en este preciso momento están redefiniendo el mapa geopolítico del mundo, un Rubicón más que debemos reconocer y afrontar.

Al igual que César, no podemos prever todas las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, sabemos que las elecciones hechas en situaciones críticas pueden transformar la trayectoria de la historia. Mientras continuamos nuestro viaje a través de este libro que recién empiezas a leer, debemos reflexionar sobre las encrucijadas a las que nos enfrentamos y cómo nuestras decisiones determinarán el futuro. Porque, como César, una vez que crucemos, no habrá vuelta atrás.

De todas las colinas donde morir políticamente, Alberto Núñez Feijóo ha elegido la más absurda. Su defensa numantina de Carlos Mazón tras la tragedia de Valencia no solo es un error estratégico: es un acta de defunción política autoinfligida. Con una torpeza sin precedentes, el líder del PP ha decidido unir su destino político al del presidente valenciano cuando hasta las voces más conservadoras del panorama mediático andan pidiendo su dimisión.

"Mazón ha estado ahí desde el primer momento", declaró Feijóo en una entrevista en Antena 3, mientras España entera sabe que el presidente valenciano pasó cuatro horas en el reservado de un restaurante junto a una amiga periodista mientras la tragedia se desataba fuera. Es difícil imaginar una mentira más evidente y más fácil de desmontar. Pero Feijóo la pronunció, demostrando que está dispuesto a sacrificar su credibilidad por defender lo indefendible.

Lo más llamativo es el aislamiento en el que ha quedado el líder popular. Cuando hasta Federico Jiménez Losantos clama que “tiene que dimitir Mazón, hay más de 200 muertos", cuando Carlos Alsina cuestiona su gestión, cuando Ana Rosa Quintana afirma que "tenía que haber dimitido ayer", y cuando Carlos Herrera se suma a las críticas, uno se pregunta en qué realidad paralela vive Feijóo para seguir defendiéndolo. La soledad es total y la irresponsabilidad es absoluta.

La desesperada defensa de Feijóo sólo puede entenderse desde el pánico: el miedo a que la caída de Mazón termine de dinamitar su ya precario liderazgo. Un liderazgo que, seamos sinceros, hace tiempo que es más formal que real, más aparente que efectivo. Desde su llegada a Madrid, Feijóo ha sido poco más que un títere en manos de José María Aznar y una figura decorativa ante el verdadero poder de Isabel Díaz Ayuso en el partido. Con cada decisión importante, con cada crisis, hemos visto cómo el supuesto líder moderado acababa plegándose a los designios del expresidente y los caprichos de la presidenta madrileña.

La estrategia de defender a Mazón está resultando, por tanto, doblemente contraproducente. No solo está defendiendo a quien todos —incluso los suyos— consideran indefendible, sino que está confirmando lo que ya era un secreto a voces en la derecha española: que Feijóo no tiene la autoridad ni el peso político para tomar decisiones propias al margen de sus líderes autonómicos. Al intentar salvar a Mazón, no está logrando más que acelerar su propia caída y demostrar que el PP sigue siendo un partido donde las decisiones importantes las toman otros, mientras su presidente nacional se limita a ejecutarlas, por desastrosas que estas sean.

En su desesperación por desviar la atención del desastre valenciano, Feijóo ha llegado incluso a enfrentarse a su propia familia política europea. En una huida hacia adelante que roza lo esperpéntico, ahora exige la retirada de Teresa Ribera como candidata a la Comisión Europea, desafiando el criterio de la propia Ursula Von der Leyen, presidenta del PP europeo. Es tal su obsesión por no hablar de Mazón que está dispuesto a hacer descarrilar acuerdos europeos cruciales, aun sabiendo —como él mismo ha tenido que admitir— que ni siquiera tiene capacidad de veto sobre el nombramiento. El espectáculo resulta desolador: mientras repite obsesivamente los nombres de Sánchez y sus ministros, se niega a pronunciar el del verdadero responsable, Carlos Mazón.

Y mientras Mazón intenta salvar su cuello sacrificando a dos consejeras como chivos expiatorios, la pregunta ya no es si Mazón debe dimitir —algo que parece inevitable—, sino cuánto daño hará su caída a un Feijóo que ha decidido atarse al mástil de un barco que se hunde. El supuesto líder moderado del PP ha demostrado que, cuando llega la hora de la verdad, es incapaz de estar a la altura de las circunstancias. Y eso, en política, se paga caro.

Este episodio puede marcar un punto de inflexión en la política española. No sólo por la gravedad de la tragedia valenciana y la negligente gestión de Mazón, sino porque está revelando las costuras de un liderazgo que nunca fue tan sólido como se pretendía. Feijóo, que llegó como salvador del PP tras la crisis de Pablo Casado, puede acabar necesitando él mismo un salvador. Y esta vez, puede que ya no lo haya.

Las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso afirmando que "ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca" en pleno 2024 no son solo un despropósito histórico, sino un insulto a la inteligencia de los españoles y, sobre todo, una falta de respeto a las víctimas del terrorismo que tanto dicen defender aunque después tan poco les importa instrumentalizar.

Más de una década después del cese definitivo de la actividad armada de ETA, la presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en resucitar fantasmas del pasado con fines puramente partidistas. Pero en esto no está sola. Esta obsesión anacrónica de la derecha por mantener vivo el fantasma de ETA no solo demuestra una preocupante falta de ideas y propuestas para el presente, sino que además trivializa el sufrimiento de quienes realmente padecieron la violencia terrorista. Pero les trae sin cuidado. De la misma forma que cuando Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez y presidenta de Covite, les pedía que dejasen de utilizar el nombre del asesino de su hermano para hacer eslóganes políticos como el "Que te vote Txapote", no le hicieron ni caso. Más bien la atacaron acusándola de estar “al servicio de Sánchez”. La propia Consuelo lo expresó con lástima diciendo tras las campañas en su contra del entorno de la izquierda abertzale: “¿quién me iba a decir que iba a sufrir campañas más despiadadas todavía de PP y VOX?"

El colmo del cinismo llega cuando el propio Partido Popular, tan dado a agitar el espantajo de ETA, finalmente acaba votando a favor de una ley que podría beneficiar a antiguos miembros de la banda terrorista sin siquiera haberse molestado en leerla detenidamente. ¿Dónde queda entonces su supuesta preocupación por las víctimas? Pues en la boca, en los gritos y los eslóganes, poco más que eso.

Lo verdaderamente dramático de esta situación es que tenemos una oposición que pasa sus días vociferando que España se acaba, obsesionada con Begoña Gómez y repitiendo mantras sobre Venezuela, pero que no encuentra a nadie entre sus 137 diputados para dedicarse a leer detenidamente las leyes que votan a favor. Nos encontramos ante una paradoja política: una oposición española que ni es oposición, porque no ejerce como tal, ni parece española, pues sus argumentos parecen provenir de otro planeta. Es como si el Partido Popular hubiera aterrizado de Marte, trayendo consigo una visión distorsionada de la realidad española y una incapacidad alarmante para abordar los problemas reales del país. Sus discursos suenan a ciencia ficción política, tan alejados de la cotidianidad y las preocupaciones de los ciudadanos que bien podrían estar hablando de la España de una dimensión paralela.

Por desgracia, Ayuso no se equivocaba del todo al decir que ETA está más fuerte que nunca, pero solo en las menciones desesperadas de quienes, como su partido, la necesitan constantemente para tapar sus propias vergüenzas. Es más fuerte que nunca en los discursos de quienes no tienen nada más que ofrecer a los ciudadanos. Es más fuerte que nunca en la retórica vacía de quienes prefieren vivir en el pasado que enfrentarse a los problemas reales del presente. Pero poco más que eso.

Ironías de la vida. A quien realmente se le iba a acabar la fiesta era al mismísimo Alvise Pérez. Y casi antes de haberla empezado. El eurodiputado que prometía barrer la corrupción y devolver la decadencia se encuentra ahora en el centro de un escándalo que haría sonrojar hasta al más cínico de los políticos tradicionales. La meteórica carrera de este autoproclamado outsider parece haber chocado contra el muro de la realidad, dejando tras de sí un reguero de promesas incumplidas en apenas cuatro meses y de preguntas incómodas que por el momento evita responder.

Según las últimas informaciones publicadas por eldiario.es, Alvise habría recibido 100.000 euros en metálico del Madeira Invest Club (MIC), un chiringuito financiero que prometía rentabilidades estratosféricas y que ha acabado cerrando sus puertas dejando a cientos de inversores con un palmo de narices. Pero lo verdaderamente escandaloso no es solo el origen del dinero, sino cómo se gestionó en la oscuridad mientras Alvise hacía una campaña hablando de transparencia y lucha contra la corrupción.

"Todo ok! 100.000 gracias, Luis", escribió Alvise a su benefactor tras recibir el efectivo, según los mensajes filtrados a la Fiscalía. Este agradecimiento no era por una simple donación, sino por cumplir con una petición específica del propio Alvise: dinero en metálico para esquivar el control del Tribunal de Cuentas. La lucha contra la corrupción, al parecer, tiene sus límites cuando se trata del propio bolsillo.

Pero aquí es donde la historia da un giro digno de las mejores novelas. Porque toda esta información –audios, capturas de pantalla, fotos– ha sido filtrada por el mismo "amigo" que le había entregado esos 100.000 euros. Al parecer, cuando vio que el chiringuito se le venía abajo, decidió cantar la traviata antes de que le cayera el marrón encima. Un clásico de libro: cuando las cosas se ponen feas, sálvese quien pueda.

Pero la guinda del pastel, lo que eleva este escándalo de lo meramente vergonzoso a lo potencialmente catastrófico, es la conversación filtrada en la que Alvise promete legislar a favor de los intereses financieros de su benefactor si llegaba al poder. Pero no hablamos de un poder hipotético: Alvise se jactaba de que las encuestas le situaban "cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal". Es decir, no solo estamos ante un caso de "dinero por favores" en su expresión más cruda, sino ante la posibilidad real de que estas prácticas corruptas pudieran influir en la formación del próximo gobierno. Recordemos que Feijóo no gobierna hoy porque solo contó con el apoyo de Vox. Si a esa suma le añadiésemos los potenciales escaños de SALF en unas futuras elecciones generales, el panorama se vuelve verdaderamente alarmante.

Imaginen por un momento un gobierno en el que las leyes se aprueben al dictado de especuladores y chiringuitos financieros. Un escenario en el que la política económica de España se decida no en función del interés general, sino de los caprichos de quienes hayan "invertido" en la campaña correcta. No es ciencia ficción: es el futuro que Alvise Pérez estaba planeando para todos nosotros.

Esta historia debería servir como una llamada de atención para todos aquellos que se dejaron seducir por los cantos de sirena de SALF. Detrás de la retórica populista y los eslóganes pegadizos, lo que encontramos es el más rancio oportunismo político. Un tipo dispuesto a vender los intereses de los ciudadanos al mejor postor, antes incluso de poner un pie en el hemiciclo.

A Alvise Pérez se le ha acabado la fiesta, y de qué manera. Ahora le toca enfrentarse a la justicia y explicar de dónde salió ese dinero y cómo pensaba usarlo. Mientras tanto, quizás sea momento de que ciertos líderes de la derecha española se replanteen sus alianzas. Porque si para llegar al poder están dispuestos a pactar con quienes prometen corrupción a sus financiadores, tal vez el problema no sea solo Alvise Pérez. Tal vez el problema sea mucho, mucho más profundo.

En el circo mediático español, donde el ruido suele imponerse al talento, el estreno de La Revuelta de David Broncano en TVE ha sido como un soplo de aire fresco en medio de una tormenta de arena. Y vaya si ha sido una tormenta, con los agoreros de siempre vaticinando el apocalipsis televisivo y el fin de la democracia a partir del comienzo de un nuevo programa de entretenimiento en RTVE. Pero, ¿qué ha pasado realmente? Pues que el talento, la frescura y el buen hacer se han impuesto a la demagogia barata y al alarmismo prefabricado al que nos tienen acostumbrados.

Hace unos meses, cuando se anunció el fichaje de Broncano por TVE, parecía que se avecinaba el fin del mundo. "¡Es un despilfarro!", gritaban unos. "¡Es propaganda sanchista!", vociferaban otros. Incluso el mismísimo jefe de la oposición Alberto Núñez Feijóo sacó la calculadora para decirnos que con el dinero del programa se podría curar el cáncer, acabar con el hambre en el mundo y seguramente terraformar Marte. Pero resulta que no, que lo que se ha hecho es contratar a un presentador de talento para hacer un programa de entretenimiento que, además… ¡funciona!

Y ahora, ¿qué dicen los profetas del desastre? Porque resulta que La Revuelta no sólo no ha sido el fracaso anunciado, sino que en su segundo día ha logrado superar en audiencia a El Hormiguero, su competidor directo que lleva 20 años siendo el rey indiscutible del prime time nocturno. ¿Dónde están ahora los que decían que sería un programa minoritario? ¿Y los que aseguraban que nadie lo vería porque estaba "plegado a la Moncloa"?

Lo cierto es que Broncano ha demostrado lo que ya sabíamos: que es un comunicador nato, capaz de conectar con el público (sobre todo joven). Su humor absurdo, su frescura y su capacidad para improvisar han sido las claves de su éxito tanto en La Resistencia como ahora en La Revuelta. Y lo ha hecho, además, sin cambiar un ápice su estilo. 

Pero más allá del éxito de audiencia, lo que La Revuelta ha puesto de manifiesto es la necesidad que tenía la televisión pública de renovarse, de apostar por nuevos formatos y nuevas caras. Durante demasiado tiempo, TVE ha sido vista como una cadena anquilosada, incapaz de competir con las privadas en el terreno del entretenimiento. Con este fichaje, ha demostrado que puede y debe ser un referente en todos los ámbitos.

Y sí, el programa cuesta dinero. Como todos los programas de televisión, por cierto. Pero es una inversión en talento, en entretenimiento de calidad y en una televisión pública que pueda competir de tú a tú con las cadenas privadas. Porque esa es la verdadera razón de ser de una televisión pública: ofrecer contenidos de calidad que puedan ser disfrutados por todos los ciudadanos. También por los jóvenes.

A los que siguen empeñados en ver conspiraciones donde solo hay entretenimiento, a los que prefieren el ruido al talento, a los que creen que la televisión pública debe ser aburrida para ser seria, solo les queda una opción: cambiar de canal. El resto seguiremos disfrutando de un programa que ha demostrado que se puede hacer televisión inteligente, divertida y exitosa sin necesidad de caer en la demagogia o en el sensacionalismo.

Al final, La Revuelta de Broncano no solo ha revolucionado el prime time, sino que ha dado una lección a todos aquellos que se apresuran a criticar antes de dar una oportunidad. Ha demostrado que el talento, cuando se le da espacio, casi siempre triunfa. Y eso, en estos tiempos de ruido y furia, es una noticia que merece ser celebrada. Y que no se preocupen los amantes de El Hormiguero, la televisión es grande y hay espacio para todos. Que den por seguro que volverán a tener muchas buenas noches (aunque tal vez ya no todas).

El mismo día en que el papa Francisco advierte en su audiencia general de que “trabajar sistemáticamente para repeler a los migrantes es un pecado grave”, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se suma a uno de sus más infames discursos antiimigración. Ya insinuó que la inmigración generaba delincuencia, impidió el reparto de los menores migrantes de Ceuta y Canarias y ahora remata diciendo que “es irresponsable alentar un efecto llamada” y que “Sánchez promociona España como destino”.

Como con casi todo en Feijóo, no es una idea original. Si hacemos memoria podemos recordar a Acebes en 2006 acusando a Zapatero de convertir a España en el “imán” de la inmigración ilegal del mundo. Aunque sí es llamativo que un partido que se autoubica dentro de la democracia cristiana sea tan habitual encontrarlo defendiendo posiciones totalmente opuestas a la doctrina social de la iglesia. Y todavía más en el mismo día en el que el papa de Roma se posiciona con contundencia sobre esta realidad.

El origen de estas declaraciones está en la desesperación política de un líder que ve cómo se le escapa el poder entre los dedos. Feijóo, incapaz de articular un proyecto político propio que ilusione a los españoles, recurre al viejo truco de agitar el miedo al "otro", al extranjero, al diferente. Es una estrategia tan vieja como peligrosa, que ha llevado a algunas de las páginas más oscuras de la historia del mundo.

Pero vayamos a los hechos. ¿Qué ha hecho realmente Sánchez en su gira africana? Lejos de "promocionar España como destino" como le hemos escuchado a Feijóo, el presidente ha firmado acuerdos con Mauritania y Gambia para articular mecanismos de entrada legal de inmigración circular. Es decir, está trabajando en soluciones reales para un problema complejo, buscando vías para una migración ordenada y segura que beneficie tanto a los países de origen como a España. Y sobre todo que no contribuya a generar más muertes en una ruta que solo en los primeros meses de 2024 ya se ha cobrado la vida de más de 4.000 seres humanos. Es decir, algo parecido a lo que hacía el propio Feijóo cuando en 2017 declaraba, tras un acuerdo con Cabo Verde: "demostramos que las fronteras dividen y a nosotros nos gustan los puentes", porque "no nos gusta dividir". Sorprende ver cómo Feijóo ha pasado de ser un defensor de los puentes a convertirse en una copia barata de Vox y Alvise, dejando en evidencia que su actual postura tiene más que ver con el oportunismo político que con una visión coherente sobre la migración.

Mientras tanto, ¿qué ofrece su partido a España? El portavoz Miguel Tellado, escaso de ideas, llegó al extremo de sugerir el uso de las fuerzas armadas contra cayucos llenos de personas desesperadas. Copiando ridículamente la propuesta a Abascal. Propuesta que hasta el propio Jefe de la Armada ya desmontó en 2020 cuando lo propuso Vox diciendo que “si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral... es rescatarlos. Y eso es lo que se haría”. En esta infame competición de declaraciones xenófobas también participó el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, cuando vio a un grupo de jóvenes hablando en otro idioma (que de una manera cateta calificó de “marroquí” ignorando el idioma que se habla en Marruecos) y rápidamente saltó a Twitter con conclusiones racistas. Y Feijóo, el supuesto moderado, mientras tanto guardaba un silencio cómplice ante estas barbaridades. Hasta ahora, que se ha sumado a ellas por la puerta grande.

Pero lo más preocupante de todo es el daño que este tipo de discurso hace a la cohesión social. Al señalar a los migrantes como un problema, Feijóo no solo les hace un flaco favor a ellos, sino a toda la sociedad española. Siembra las semillas de la división, el miedo y la desconfianza, justo cuando más necesitamos unidad y solidaridad. Es hora de que el debate sobre migración en España madure. Necesitamos políticas basadas en hechos, no en miedos. Necesitamos soluciones humanas y pragmáticas, no eslóganes vacíos. Y, sobre todo, necesitamos líderes que entiendan la complejidad del fenómeno migratorio y estén dispuestos a abordarla con seriedad y compromiso. Supongo que es demasiado pedir para Feijóo, que por ignorar ignora hasta al papa de Roma.

En los últimos días hemos conocido la existencia de un preacuerdo entre el PSC y ERC para lograr la presidencia de Salvador Illa que plantea, entre otras medidas, un "concierto económico solidario" para Cataluña. Esta propuesta, que implicaría que la comunidad autónoma recaudará el 100% de los impuestos, ha generado un revuelo considerable en la derecha, como no podía ser de otra manera, pero también en una importante parte de la izquierda que ve con desconfianza este preacuerdo por insolidario. Sin embargo, más allá del ruido, lo fundamental es preguntarse: ¿es realmente viable esta propuesta en el actual contexto político? 

La respuesta, a pesar de lo que algunos quieran hacernos creer, es un bastante probable no. Y no se trata de una cuestión de voluntad política, sino de pura aritmética parlamentaria y de la compleja realidad territorial española.

En primer lugar, hay que señalar lo obvio: cualquier modificación de la Ley de Financiación Autonómica requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esto significa que se necesitan, como mínimo, 176 votos a favor. Y aquí es donde empiezan los problemas para los defensores de este "concierto económico" catalán.

El bloque progresista que sustenta al gobierno de Pedro Sánchez se encuentra, de entrada, con la habitual y nada novedosa oposición frontal de la derecha y la ultraderecha a cualquier concesión que pueda interpretarse como un privilegio para Cataluña. No sorprende. Pero lo realmente significativo es que incluso dentro de las filas de la izquierda y de los partidos nacionalistas y regionalistas, la propuesta ha sido recibida también con un notable escepticismo.

Compromís, por boca de su portavoz Àgueda Micó, ya ha advertido que sus dos diputados no apoyarán la reforma si no se aborda también la "infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Jorge Pueyo, el único diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, ha sido aún más tajante, amenazando con votar en contra si Aragón no se ve "generosamente compensado". Y el silencio del BNG gallego es, cuando menos, llamativo.

Estas reacciones no son casuales ni caprichosas. Responden a una realidad innegable: España es un país diverso, con profundas desigualdades territoriales y con un sistema de financiación autonómica que lleva años necesitando una urgente reforma integral. En este contexto, pretender dar un trato singular a Cataluña sin abordar las demandas del resto de territorios es, simplemente, una torpeza política.

Así pues, en una hipotética votación, y siendo optimistas, los defensores de esta propuesta se quedarían en torno a los 172-173 diputados, lejos de la mayoría absoluta necesaria. Y esto, asumiendo que todos los diputados del PSOE votaran a favor, algo que tampoco está garantizado dadas las reticencias que existen en algunas federaciones del partido.

Entonces, ¿qué sentido tiene este preacuerdo? La respuesta hay que buscarla en la compleja situación política catalana. ERC se encuentra en una encrucijada: por un lado, necesita mostrar a su electorado que sigue defendiendo las aspiraciones independentistas y, por otro, es consciente de que la vía unilateral está agotada y que es necesario explorar nuevos caminos de negociación con el Estado.

En este contexto, el preacuerdo con el PSC sobre un hipotético concierto económico sirve a ERC como narrativa para justificar ante su militancia más intransigente su apoyo a la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Es, en cierto modo, un intento de emanciparse del control que Carles Puigdemont y Junts siguen ejerciendo sobre el movimiento independentista en general y sobre ERC en particular. Pero ahí se queda, en lo narrativo.

En definitiva, el "concierto económico" para Cataluña, tal y como se ha planteado, no es más que un espejismo a corto plazo, un relato construido para una negociación política concreta. Pero con una torpeza fundamental que, al mismo tiempo que amarra una investidura para Salvador Illa, reparte argumentos en una derecha abonada en el sempiterno discurso de “España se rompe” y enfada a un independentismo que perderá cualquier tipo de confianza en el Gobierno cuando la realidad de la aritmética parlamentaria, tozuda como siempre, se imponga tarde o temprano.

De repente, la idea de saber quién mueve los hilos detrás de los titulares y cómo se reparte el jugoso pastel de la publicidad institucional ha desatado una tormenta de nerviosismo en ciertos sectores. Uno no puede evitar preguntarse: ¿qué secretos temen que salgan a la luz? ¿Por qué tanto pánico ante la perspectiva de un poco de claridad en un ámbito que moldea nuestra percepción de la realidad día tras día?

El plan de regeneración democrática presentado por el Gobierno de Sánchez, basado en normativas europeas, ha desatado una tormenta política y mediática bastante desproporcionada. Sobre todo teniendo en cuenta lo epidérmico que es. De repente, medidas de sentido común como la transparencia en la propiedad de los medios y en el gasto público en publicidad institucional se han convertido en el preludio del apocalipsis democrático, si hemos de creer a Feijóo y compañía. Muchos nos preguntamos ¿por qué tanto nerviosismo?.

¿Quién iba a pensar que conocer quién es el dueño de un medio de comunicación o cuánto dinero público recibe en calidad de publicidad institucional sería el nuevo caballo de Troya de la dictadura socialcomunista? Pero ahí tenemos a Feijóo, Ayuso y a Abascal enarbolando el estandarte de la libertad de prensa como si Sánchez hubiera propuesto resucitar una suerte de inquisición bolchevique para los periodistas díscolos. 

Lo gracioso del asunto es que estas medidas, ahora pintadas por la derecha como el apocalipsis de la democracia, fueron aprobadas en la UE con el beneplácito del mismísimo PP europeo. Es como si existieran dos PP diferentes: uno sensato que opera en Europa y otro alarmista que se activa al cruzar los Pirineos y pisar suelo español. Esta esquizofrenia política nos deja perplejos a todos. ¿Acaso lo que es bueno en Europa se vuelve veneno al cruzar la frontera? Tal vez deberíamos instalar detectores de coherencia en los aeropuertos, porque parece que algunas ideas razonables sufren una mutación inexplicable al aterrizar en Barajas. O quizás es que el PP ha perfeccionado el arte de la política cuántica, existiendo en dos estados contradictorios al mismo tiempo según el lado de la frontera en el que se encuentre.

Mientras la oposición grita "¡censura!" a los cuatro vientos, uno no puede evitar preguntarse: ¿No será que lo que realmente les molesta es que se destape el pastel de la financiación mediática? Porque, seamos sinceros, cuando un (pseudo)medio depende más del favor gubernamental del gobierno autonómico de turno que del interés de sus lectores, estamos más cerca del Pravda soviético que del necesario cuarto poder para cualquier democracia. Aunque qué le vamos a contar a los que frente a informaciones veraces ofrecen respuestas como “os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”, como hizo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

Y mientras la derecha se rasga las vestiduras, el resto del país observa perplejo viendo cómo se puede armar tanto revuelo por algo que, en cualquier democracia sana, debería ser de cajón. Y que de hecho en Europa ya lo es. ¿Transparencia? ¡Qué escándalo! ¿Saber que la publicidad institucional se reparte con criterios de audiencia claros? ¡Herejía!

En fin, que en un país donde hemos normalizado que un juez admita a trámite querellas basadas en recortes de prensa y bulos desmentidos, parece que pedir un poco de claridad en el ecosistema mediático es demasiado pedir. Quizás sea hora de que la oposición, en lugar de montar el circo de tres pistas cada vez que el Gobierno propone algo, se ponga a trabajar en alternativas constructivas. Pero claro, eso requeriría ideas, y ya sabemos que es mucho más fácil agitar el fantasma de la censura aunque lo único que se censure sea el secretismo conveniente y el reparto a discreción de fondos públicos entre simpatizantes.

En el fondo, lo que está en juego aquí no es la libertad de prensa, sino la libertad de algunos para seguir moviendo los hilos desde la oscuridad. Y eso, señores de la derecha, no es democracia. Es manipulación con careta de respetabilidad. Así que, mientras perpetúan su pantomima de opresión imaginaria, el resto podemos celebrar que, por una vez, un Gobierno se atreva a encender la luz en el cuarto oscuro de nuestro ecosistema mediático, aunque a algunos les moleste en los ojos.

En el vasto desierto en el que durante los últimos meses se ha convertido la política española para Feijóo, el presidente popular parece haber avistado un oasis judicial. Mientras el horizonte económico del país se dibuja con trazos bastante más firmes de lo que Feijóo anhelaba, con récords de empleo y un paro en mínimos históricos, la oposición ha decidido fiarlo todo a seguir hablando de Begoña Gómez. Una vez más.

Es como si hubieran decidido que ganar elecciones es demasiado mainstream y que lo verdaderamente sofisticado es intentar derrocar gobiernos a golpe de querella. ¿Para qué molestarse en elaborar propuestas económicas cuando puedes lanzar acusaciones a diestro y siniestro? ¿Quién necesita un programa político cuando tienes un juez dispuesto a admitir denuncias basadas en recortes de prensa más endebles que un castillo de naipes en un huracán?

El PP parece haber encontrado en ella su particular piedra filosofal, capaz de convertir las más nimias conjeturas tendenciosas en oro puro para sus titulares. Es fascinante ver cómo han puesto todas sus fichas en esta particular ruleta judicial, como si el destino del país dependiera de las cartas de recomendación que haya podido firmar la “primera dama” o de las veces que un pseudomedio haya confundido a Begoña Gómez con una hostelera de Cantabria que se llama igual y le impute sus particulares subvenciones cántabras. El espectáculo ha alcanzado tales cotas de absurdez que uno casi espera ver a Manos Limpias presentando una denuncia porque Begoña Gómez utilizó un bolígrafo del Gobierno para hacer la lista de la compra. ¿Malversación de material de oficina? ¡Que rueden cabezas!

Mientras tanto, en el mundo real (ese lugar extraño donde los números importan), la economía española sigue dando alegrías (o disgustos para quienes lo fiaban todo al descalabro económico del país). En junio, el número de afiliados a la Seguridad Social rozó los 21,4 millones, una cifra sin precedentes. El paro se redujo en otras 46.783 personas, situándose en niveles previos a la crisis de 2008. Pero, aparentemente, para la oposición estos datos son mera anécdota frente al potencial mediático de una investigación judicial.

Además, es curioso cómo cambian las tornas. Esta misma semana Feijóo declaraba con solemnidad: "Si mi mujer estuviera sentada en el banquillo, habría presentado mi dimisión". Palabras que realmente resuenan con cierta ironía, considerando que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, su mayor activo electoral en Madrid (y peor enemigo interno en el PP), no solo está sentado en el banquillo, sino que ha admitido dos delitos de fraude fiscal, aceptando una pena de 8 meses de cárcel y una multa de casi medio millón de euros. ¿Hasta dónde aplican sus declaraciones, señor Feijóo? ¿Se quedan fuera de las fronteras del PP madrileño o tal vez es una llamada de atención a una líder autonómica a la que pretende aleccionar?

El PP parece haber olvidado que las elecciones se ganan en las urnas, no en los juzgados. Su estrategia de fiar todo a una investigación prospectiva llevada a cabo por el juez Peinado es, cuanto menos, arriesgada. Ya pudieron comprobarlo en las recientes elecciones europeas, donde el interesado anuncio de la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez en los últimos días de campaña apenas les reportó una victoria pírrica de dos escaños. Es como si no hubieran aprendido la lección. La estrategia de gritar "¡España se rompe!" cada dos días con la ley de amnistía no les funcionó, y ahora parecen empeñados en repetir la jugada con el caso Begoña Gómez. ¿No será que simplemente están disparando con pólvora mojada?

En este contexto, uno no puede evitar preguntarse: ¿Qué pasaría si la oposición dedicara la misma energía que invierte en querellas y denuncias a elaborar propuestas constructivas para el país? ¿Y si en lugar de buscar atajos judiciales se centraran en convencer a los votantes con ideas y soluciones? Quién sabe si algún día conoceremos la respuesta.

Lo achaco todo a la desesperación. Una decepción electoral el 23J, sumada a una frustración por no rentabilizar la crítica a la amnistía y ahora a una campaña para unas elecciones europeas que plantearon como un plebiscito que no pinta nada bien. Por eso ahora lo fían todo a Begoña Gómez. Igual que anteriormente lo fiaron todo al “Que te vote Txapote”, a “derogar el sanchismo” y a hablar del Falcon. Pero se les acaban las ideas y cada vez necesitan más ayuda. Y allí donde al PP le surge una necesidad, a un juez se le ocurre una querella. En este caso una querella presentada por el pseudosindicato Manos Limpias de escasas siete páginas basada en unos menguantes 8 recortes de prensa entre los que se incluía uno de los bulos más cutres y ridículos de esta década. El que confundía a la mujer del presidente del Gobierno con una hostelera de Cantabria con el mismo nombre. Pero al juez le dio igual. De la misma forma que le trajo sin cuidado que el Tribunal Supremo dijese que no se pueden aceptar querellas a trámite basadas únicamente en recortes de prensa. Este juez, orgulloso padre de una concejala del PP de Ayuso, no le teme a nada. Supongo que tiene que ver con que a sus 70 años le trae sin cuidado que lo inhabiliten o pierda el poco prestigio que le quede tras haber montado todo este circo. Todo sea por luchar contra la supuesta dictadura socialcomunista, pensará. 

Quien pueda hacer que haga, dijo Aznar. Lo que supongo que debió haber añadido es que lo hiciesen sin que se notase tantísimo. Tanto que hasta la propia Guardia Civil en su informe de la UCO tiene que perder tiempo y tinta confirmando que el bulo de Begoña Gómez y la subvención es, efectivamente, un bulo, y que el resto de acusaciones tampoco se sostienen sobre pruebas constatables.

Pero esto no va de justicia. Va de ayudar a un partido en apuros y con una larga resaca que arrastran desde el 23J y cuyos máximos responsables somos todos nosotros. Los ciudadanos españoles, me refiero. Que con nuestro capricho de votar a quien queramos en los procesos electorales decidimos hace escasos meses que Feijóo y su potencial vicepresidente Abascal no accediesen a la Moncloa. Y de aquel trauma democrático, estos fangos. Los hemos visto manifestarse en Ferraz, cortar calles con Esperanza Aguirre a la cabeza, utilizar un gobierno autonómico para amenazar a periodistas (“os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”), traer a Javier Milei a España para que nos gritase lo “hijos de puta” que somos los zurdos y hasta ir a ver a Netanyahu para felicitarle tan solo un día después de que cometiese un crimen de guerra bombardeando un campo de refugiados. Y después de esta sobreproducción de tristes esfuerzos por revertir el capricho democrático de los españoles y tras pedir, apenas unos meses después de haber ido a votar, que se convoquen elecciones de nuevo; no les quedaba otra que el frente judicial. No bastaba con un CGPJ secuestrado desde hace más de cinco años por el PP. Hacía falta un juez que tuviese la valentía de ir todavía más allá. Dicho y hecho. Me apena, pero no me sorprende. Una lástima para ellos que el resultado de las urnas se mantenga invariable a pesar de su sobreactuación.

En la calle se hace política. Mucha política. Manifestaciones, concentraciones, aplausos, ánimos, críticas y abucheos. En una misma calle, como Ferraz, podemos ver desde movilizaciones de la extrema derecha negando la legitimidad de la Constitución del 78 hasta a abnegados militantes socialistas implorando a su líder que no les abandone en lo peor del camino. La calle no tiene signo político. La calle es un espacio que todos aspiran a conquistar. No importa quién gobierne. Se hizo un 15M contra un gobierno de Zapatero repitiendo que no éramos mercancía en manos de políticos y banqueros, se llenaron las calles contra la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en dos huelgas generales y en Cataluña corear “els carrers serán sempre nostres” se convirtió en lo más habitual mientras se llenaban de reivindicaciones independentistas.

Pero quedan lejos todas esas movilizaciones desde este remoto 2024. Fue en 2018 cuando cambió el ánimo político en España y se traspasaron los papeles. El gobierno del PP de Rajoy abandonaba el poder tras una moción de censura y la derecha empezaba a verse relegada al ámbito de la calle. No por deseo, sino por ausencia de alternativa. No tardaron en caer bajo el hechizo tan legítimo de querer cambiar las cosas a través de la movilización popular. Solo que la falta de práctica se nota. Llevaban sin salir a la calle desde la manifestaciones contra el aborto y el matrimonio igualitario que le hicieron a Zapatero. Y cuando tocó volver a verse con los adoquines y las plazas no les sentó demasiado bien. Fue en 2019 en la madrileña plaza de Colón en la que nació la tristemente célebre “foto de Colón” donde aparecían Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. Años después solo sobrevive políticamente el último (y a duras penas tras haber perdido 19 escaños y 700.000 votos en las últimas elecciones) y los otros dos son pasto de la historia. De esa manera se inauguró una especie de 15M facha bastante mal avenido pero muy resistente al tiempo cuya principal obsesión era retratar al gobierno de España como ilegítimo, felón y traidor. Da cierta tristeza pasar de un importante “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” a un triste “Gobierno ilegítimo”. Pero así fue.

Con la pandemia las movilizaciones de la derecha no perdieron fuelle. Se multiplicaron y radicalizaron. En esa perversa concepción de la libertad que tiene la derecha asociada a poder hacer lo que a uno le dé la real gana mientras su dinero se lo permita vimos amplias concentraciones en los barrios más pudientes. Cayetanos con palos de golf en la mano golpearon mobiliario público creyéndose más que nadie al grito de “libertad” (para contagiar, claro).

Y así llegamos al 23 de julio de 2024. Parecía que la derecha volvería a casa después de una larga travesía por el desierto de la calle al que se sumaron fácilmente pero en el que se les reconocía verdaderamente incómodos. Recuperarían el poder que consideran que les pertenece por derecho de cuna y podría cesar esta hipermovilización histérica que no les había llevado a ningún lado. Sin embargo se quedaron a las puertas de Moncloa con la boca abierta y las esperanzas rotas. E incluso antes de que se produjese el intento fallido de investidura de Feijóo el PP ya estaba llamando a manifestarse a sus votantes en la calle de nuevo. Esta vez contra una ley de amnistía que todavía no estaba ni planteada y contra una investidura de Sánchez que ni siquiera estaba programada. Manifestaciones preventivas. Poco después vino la farsa de Ferraz en la que vimos a Esperanza Aguirre liderando cortes de carretera, a Abascal asediar una sede del PSOE y a toda la derecha española repetir eslóganes que ya sonaban a viejo. Gobierno ilegítimo, traidor, felón... Todo lo que se ensayó como una tragedia finalmente acabó como una farsa con una protesta el mismo día de fin de año comiendo las uvas en Ferraz mientras colgaban un muñeco de cartón del presidente del Gobierno contra el que se desgañitaban a valientes puñetazos patrióticos. Tanto esfuerzo para nada.

Sin embargo, como las ideas no abundan en la sede de Génova 13 y tras unos malos resultados en las elecciones en Euskadi y un mal pronóstico para las elecciones catalanas, se les ha ocurrido una gran idea: convocar una nueva manifestación en mayo con la intención de llegar preparados para las elecciones europeas de junio. Es legítimo, otra cosa es que les funcione esta vez. Pero sobre todo es humillante si lo comparamos con la reacción que están teniendo simultáneamente frente a la dignidad de los estudiantes que han salido a las calles y han empezado a acampar en las universidades protestando contra el genocidio contra el pueblo palestino. “Yo tengo la sensación de que van en contra de Israel y a favor de Hamás", ha dicho Borja Sémper. En fin. Perdieron las elecciones y parece que van camino también de perder la calle junto a la vergüenza.

El 13 de marzo apareció Ayuso en rueda de prensa tras un Consejo de Gobierno y dijo: “Es falso que sea él [su novio] quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude. Y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe 600.000 euros a pagar por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos”. Ya por aquel entonces este asunto sonaba mal. Ahora sabemos que todavía era peor. Resulta que un mes antes de estas declaraciones con las que la presidenta inauguró la defensa pública de este “particular”, el propio novio de Ayuso había reconocido íntegramente su fraude fiscal de 350.000 euros. Y no solo eso, sino que además había propuesto aceptar una pena de ocho meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio. Es decir, Ayuso sí mintió, su novio sí había cometido fraude fiscal y los 600.000 euros “por intereses” que le debían era una gran manipulación. Y lo curioso es que quien se encargó de deshacer esas mentiras había sido su propio novio un mes antes de que fuesen pronunciadas.

Ayuso ligó de manera imprudente su futuro político al futuro tributario de su pareja. Y no le ha salido nada bien. Por el camino tan solo tuvo que mentir, negar que hubiese delito, denunciar una supuesta conspiración de fiscales socialistas, amenazar a periodistas con que los iban a “triturar” a través de su jefe de gabinete, inventarse que estaba siendo acosada por periodistas encapuchados… Y todo esto cuando, por escrito, su propio novio ya había reconocido los delitos que lo iniciaron todo. Como siempre digo, tener un novio sinvergüenza no tiene por qué ser tu culpa. Hasta una presidenta del PP puede tener mala suerte en sus relaciones. Pero salir a defender públicamente a un defraudador confeso negando hechos que han sido reconocidos por el propio investigado, poner a todo un gobierno de una Comunidad Autónoma al servicio de esta ridícula huida hacia delante y finalmente ser descubierta en la mentira más bochornosa y ridícula de los últimos meses, sí. Eso sí es tu culpa.

¿Y qué pueden hacer para solucionar esto? Nada. Ayuso eligió su batalla y la perdió de una manera estrepitosamente ridícula siendo desmentida por su propio novio. Sin embargo, los mediocres siempre tienen en su arsenal defensivo una buena raqueta con la que devolver el golpe. “¿El problema es el novio de Ayuso? Pues hablemos de la mujer del presidente para intentar igualar la partida”. Y en un abrir y cerrar de ojos encontramos una endeble acusación contra Begoña Gómez, a quien se le atribuye haber maniobrado para propiciar el rescate de AirEuropa (a pesar de que habría sido rescatado de todas formas puesto que todas las aerolíneas lo fueron durante la pandemia y evidentemente no por mediación de Begoña, sino de un virus llamado Covid-19).

De hecho el PP ya exploró esta vía de una manera un tanto ridícula. Los conservadores anunciaron con bombo y platillo que habían interpuesto una denuncia contra Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflictos de Intereses pidiendo entre 5 y 10 años de inhabilitación para el presidente por haber participado en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el rescate a AirEuropa. Sánchez iba a caer. Aunque la euforia les duró poco, puesto que a los pocos días ese mismo organismo respondió con un informe en el que concluían que Sánchez no tenía que abstenerse en la decisión del Gobierno sobre el rescate de AirEuropa ya que "la mujer del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en dichas entidades". ¿Cuál fue la creativa respuesta del PP? Que la Oficina de Conflictos de Intereses es socialista, por supuesto. Como un mal estudiante cuya excusa para todo es que “el profe me tiene manía”, desde el Partido Popular añaden “y además es socialista”.

Y como esa vía fracasó estrepitosamente entonces entró en juego Manos Limpias (cuyo historial está lleno de acusaciones bastante sucias que no suelen llegar a nada). Este pseudosindicato presentó una acusación y, finalmente, un juez madrileño ha abierto diligencias previas y ha admitido una denuncia en la que, literalmente, las únicas pruebas que se adjuntan son ocho recortes de digitales de derechas. Incluso se llega a adjuntar una noticia sobre una supuesta subvención que recibió Begoña Gómez que se acabó demostrando que correspondía a otra mujer con el nombre de Begoña Gómez que regentaba un restaurante en Cantabria. El disparate es mayúsculo y el intento de tapar las mentiras de la presidenta madrileña con más mentiras sobre la mujer del presidente de España es evidente, pero este intento flagrante de manipulación sólo ilustra la desesperación de sus impulsores.

Y tras esto, el presidente plantea un órdago que solo puede defender el mismo que se atrevió a convocar elecciones tras los malos resultados del 28M: “no todo vale, estoy dispuesto a irme” para movilizar y alertar a una sociedad democrática que debe estar alerta frente a esta formas perversas de hacer política. El desgaste humano es real, pero frente a eso debe haber una resistencia estratégica. No podemos permitirnos como país que ganen las fake news, el lawfare y quienes llevan años haciendo lo imposible para que no gobierne la izquierda. Toca resistir.

En un país en el que la boda del alcalde de Madrid se retransmite en directo por una televisión pública el problema es que se fiche al famoso presentador David Broncano para hacer un programa en RTVE. “¡Lo hacen para acabar con Pablo Motos!”, dicen algunos tertulianos iracundos desde el propio programa del conocido presentador. “¡Se podría gastar ese dinero en sanidad!”, exclaman otros profesionales de la demagogia en profundos análisis de 280 caracteres en Twitter. Y al final es lo de siempre: un alarmismo prefabricado que encaja a la perfección con las obsesiones políticas de quienes lo enuncian. El problema es que si el fichaje de Broncano por parte de la televisión pública se hace durante un gobierno de izquierdas, para algunos el programa será una prolongación en vídeo del mismísimo manifiesto comunista para adoctrinar a las inocentes mentes jóvenes de nuestro país. Todo esto sin que haya empezado el programa y todavía falten meses para el comienzo de ese nuevo espacio de entretenimiento.

Yo no tengo bolas mágicas de cristal y por eso no sé si Broncano y su equipo harán o no un buen trabajo en Televisión Española. Solo sé que sí hicieron un buen trabajo en Movistar y situaron La Resistencia como un programa de entretenimiento de referencia en España durante los últimos seis años. Un programa en el que, por cierto, la política ha estado del todo ausente. De hecho es que ni siquiera tenían invitados políticos en activo. Es decir, que, comparado con El Hormiguero, donde sí hay una mesa política en la que a diario se atiza con severidad al Gobierno de España, La Resistencia es un programa radicalmente blanco y moderado políticamente.

Y desde aquí me gustaría tranquilizar a Pablo Motos y su entorno. Pueden respirar con tranquilidad. El Hormiguero lleva 20 años siendo líder de audiencia en la televisión generalista. No creo que sea inteligente el pensar que la aparición de Broncano en RTVE equivale a una automática y fatal declaración de guerra entre los dos programas. Quien está seguro de su dominio no tiene miedo de que entren competidores. De hecho lo debería agradecer para así revitalizar un entorno televisivo que lleva un buen tiempo anquilosado. Aunque sí es cierto que es tentador establecer esa rivalidad porque genera un relato bastante jugoso para la derecha y también para el propio programa de las hormigas. “¡El Aparato Sanchista contra un programa libre!”. Lástima que sea un relato que solo pueda persuadir a esos que ya andan convencidos de que en España vivimos en una dictadura porque los españoles votaron distinto a lo que a ellos les habría gustado.

Y finalmente llegan los argumentos del dinero. El acuerdo al que el Consejo de Administración de RTVE ha llegado con La Resistencia supone un contrato de dos temporadas con un presupuesto de 14 millones de euros para cada una, es decir, 28 millones en total. Y ahí empieza la polémica de la comparación tramposa. De hecho la ha inaugurado el propio Alberto Núñez Feijóo en el Congreso diciendo: “Entre el programa que quiere llevar a las noches de TVE, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero”. Un ejercicio maravilloso de demagogia cutre a la que todos podemos jugar. Porque una búsqueda rápida nos permite saber que en España el gasto público que se dedica a festejos taurinos es de 42 millones de euros, que le regalamos 320 millones de euros a la Iglesia con cada campaña de la renta o que en la Comunidad de Madrid las rebajas fiscales a las 20.000 personas más ricas ya superan los 1.000 millones de euros de pérdidas en recaudación de impuestos. ¿Queremos más gasto público en sanidad? Sin ningún problema, saquémoslo de estos tres ejemplos rápidos que acabo de explicar. O mejor incluso, no juguemos a este juego ridículo de hacer competir gastos como si no fuesen todos compatibles. Es más, si queremos jugar a comparar cifras podemos acordarnos del programa de Carlos Herrera que costaba 330.000 euros por emisión (cuando el de Broncano costará unos 88.000 euros) o el de Masterchef que cuesta 650.000 euros por emisión (en el que hace no mucho apareció alegremente el vicepresidente de Vox de Castilla y León como invitado especial, curioso el control de la malvada dictadura sanchista). Otra cosa muy distinta es la crítica completamente comprensible de quienes desde lo público están en contra de este fichaje porque supone la externalización a productoras privadas de un servicio público que podría asumir perfectamente la misma corporación si hubiese esa voluntad.

En fin, esto no se trata de defender con uñas y dientes que el fichaje de Broncano es el revulsivo que necesitaba la televisión pública. Eso no lo sabemos ni lo podremos saber hasta que empiece. Esto se trata de evitar que descendamos por la pendiente de la histeria belicosa del politiquerío cutre en el que estamos instalados para intentar ensuciar el buen nombre de un joven presentador solamente porque cuadra con su agenda política de oposición al Gobierno.

Pere Aragonès no ha conseguido aprobar sus presupuestos y ha anunciado el fin de la legislatura catalana y la convocatoria de elecciones para el 12 de mayo. La montaña rusa electoral no ha hecho más que empezar. Tras haber salido de unas duras elecciones gallegas para la izquierda, de dos semanas cargadas de Koldo y a las puertas de la aprobación de la ley de amnistía, se suma una fecha más al calendario electoral. En los próximos meses habrá elecciones en el País Vasco el 21 de abril, elecciones en Cataluña el 12 de mayo y elecciones europeas el 9 de junio. Un dominó de procesos electorales que, sin duda, van a marcar el comienzo de la legislatura post-amnistía.

Las elecciones gallegas fueron un fracaso en toda regla para los partidos del gobierno. El PSOE fue relegado una vez más a la tercera posición, por detrás del BNG (igual que le pasa en Madrid detrás de Más Madrid o en el País Vasco detrás de Bildu) y Sumar acabó descalabrado antes de haber nacido como proyecto viable en Galicia. La última semana y las zozobras de Feijóo reconociendo la utilidad de los indultos hicieron temblar la moral de la derecha que, por primera vez, vio con miedo un posible cambio en Galicia. Pero no ocurrió. Por decimosegunda vez en la historia, el PP fue el partido más votado y los conservadores retuvieron el poder, como de costumbre. Sin embargo, la victoria fue celebrada como si supusiese un antes y un después en la política española y definiese una opinión generalizada sobre Pedro Sánchez y la ley de amnistía. Parece que ya no hay elecciones generales, autonómicas ni europeas, solo plebiscitos. Esto aplica para los siguientes tres procesos electorales.

Las elecciones en el País Vasco se presentan menos halagüeñas para un PP que viene eufórico de Galicia pero que en las últimas elecciones en Euskadi sacó un irrisorio 6,77% y 60.000 votos. Por eso tal vez en esta autonomía los populares no prefieran hablar de plebiscito. Sin embargo, el PSE tampoco está para repartir alegrías con su tercer puesto por detrás de Bildu, que, sin lugar a dudas, será el actor central de una campaña basada en demostrar si son una fuerza política ya madura que puede dar el sorpasso al PNV y acceder al gobierno o si todavía le queda tiempo a su proceso de normalización institucional. Sea como sea, la llave la tendrán los de Sánchez mientras el PP los mira desde la distancia después de haber basado el resto de sus campañas nacionales en hablar de Bildu y fomentar eslóganes tan desagradables como “que te vote Txapote”.

Cataluña servirá como (único) respiro al Gobierno. Para empezar, Aragonès no quiere batirse con Puigdemont. Todavía no. Y ha utilizado la imposibilidad de sacar sus presupuestos adelante para tener la excusa perfecta para adelantar una cita electoral que en ERC algunos temían que fuese la de la vuelta del líder en torno al que pasó todo. De momento se aplaza esta situación. Es difícil que la amnistía haya superado los largos trámites que le impondrá el PP en el Senado para mayo y por lo tanto es probable que Puigdemont tenga que esperar a las europeas para hacer campaña presencialmente en España. Mientras tanto, Salvador Illa y el PSC tendrán su oportunidad de oro para volver a la Generalitat de la mano de un Tripartit 2.0. Nunca el nombre de Salvador Illa fue tan literal respecto a su papel en los próximos meses para con su propio partido. El músculo sentimental del PSOE depende de un buen resultado del exministro de Sanidad que lama las heridas electorales de los últimos meses del PSOE y que les devuelva el orgullo arrebatado. El mensaje que ansían es muy claro: se hizo la amnistía, en Cataluña ya no se habla de independencia y además ahora gobierna, después de 14 años, de nuevo el PSC.

Y, finalmente, las europeas en junio poniendo la guinda de la montaña rusa electoral. Todavía es pronto para avanzar qué habrá sido de la política española tras la aprobación de la amnistía y tras dos elecciones consecutivas en dos lugares donde el principal partido de la oposición no es precisamente fuerte. Y sobre todo qué es lo que ocurrirá en unas elecciones cuya participación será notoriamente más baja que en las anteriores europeas de 2019 puesto que esta vez no coincide con ninguna otra cita electoral de carácter nacional. Pero sí que hay una certeza: se seguirá hablando de plebiscito. 

Y la amnistía se diluyó en la actualidad como un azucarillo en un vaso de agua caliente. ¿Os disteis cuenta? En una de las semanas clave para la aprobación de la medida de gracia para los independentistas, el debate en torno a la amnistía ha desaparecido por completo y ha sido eclipsado por el caso Koldo. Debe ser que el inminente fin de España y del Estado de derecho pueden esperar siempre y cuando la oposición tenga otro tema más jugoso con el que poder atacar al Gobierno.

El Partido Popular, en los últimos días, aparentemente ha recibido dos buenas noticias seguidas. En primer lugar su victoria en Galicia (que han celebrado como si fuese la mayor revolución electoral del mundo a pesar de que lleve ocurriendo de manera ininterrumpida desde 1981), y en segundo lugar la explosión de un caso de corrupción de un importante exasesor del Gobierno socialista. Y he dicho aparentemente buenas noticias por algo. Porque a pesar de que la primera noticia sea una forma de aplazar la inminente discusión en torno al liderazgo de Feijóo al frente del Partido Popular, la segunda noticia tiene forma de bumerán y, si hablamos de corrupción, el partido de la sede pagada con dinero en B, de las condenas a título lucrativo por corrupción, de no saber quién era M. Rajoy y de echar a Pablo Casado por denunciar las comisiones de Ayuso a su hermano, tiene mucho que perder. Tanto que perdieron un gobierno por una moción de censura victoriosa motivada por lo enfangado que estaba su gobierno por la corrupción.

El PSOE lo sabe. Y también sabe que precisamente por eso no puede ponerse de perfil ante un caso como el de Koldo García. Un tipo que es ejemplo de todo lo que no hay que ser en política: enchufó a varios familiares en el ministerio, tiene condenas por agresión, y todo apunta a que utilizó la pandemia para enriquecerse, igual que Luceño y Medina e igual que el hermano de Ayuso. Por eso, además de fulminar cualquier relación de Koldo y sus colaboradores con el PSOE, también pidieron la dimisión de Ábalos y, al no aceptarla, le han expulsado del grupo parlamentario socialista al cada vez más numeroso grupo mixto. El exministro tiene razón al decir que no está acusado de nada. Pero no la tiene al defender que eso le exime de dimitir. Sobre todo porque sigue sin explicar por qué confió durante tanto tiempo en Koldo García a pesar de los avisos y rumores que ha confirmado que conocía. Y evidentemente hay responsabilidades políticas que deben asumirse más allá de las judiciales.

Mientras tanto, el efecto bumerán no ha hecho más que empezar. El PSOE, además de pedir la dimisión de Ábalos sin estar implicado judicialmente (ojalá se hubiese actuado igual con Esperanza Aguirre, M. Rajoy o la propia Ayuso al haber sido señalados por corrupción) ha dado una vuelta más a la tuerca de la lucha contra la corrupción y ha propuesto la constitución de una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia en el Congreso de los Diputados. Y entonces el PP se ha puesto a sudar frío. Y (poco) sorprendentemente su portavoz Miguel Tellado salió rápidamente a decir que votarían en contra de la creación de la comisión porque solamente quieren “investigar la trama que afecta al PSOE”. De hecho en el Senado, donde tienen mayoría, tan sólo van a constituir una comisión para investigar en exclusiva la corrupción de Koldo. Ninguna más. La lucha contra la corrupción del Partido Popular parece ser selectiva y dependiente de quién sea el investigado. Tiemblan cuando les proponen una comisión abierta para investigar toda la corrupción y hacen control de daños antes de empezar a investigar, temerosos de lo que pueda salir. ¿Quién le tiene miedo una comisión de investigación? Aquel que tiene algo que perder. ¿Quién la puede proponer? Alguien que tiene algo que ganar. El efecto bumerán se acrecienta cada día que pasa.

Las cartas están sobre la mesa. Es siempre bueno que se hable de lucha contra la corrupción en este país. Pero la última vez que esto se convirtió en un tema de debate nacional acabó saliendo adelante una moción de censura contra el gobierno del misterioso M. Rajoy. Si de repente vuelven a hablar de la amnistía y se olvidan de las mascarillas, ya sabréis por qué es. Tendrán, una vez más, mucho más que perder que ganar.

La pregunta no es si Feijóo tendrá problemas dentro del Partido Popular. La pregunta es cuándo los va a tener. Desde el 23J, al líder gallego del PP reconvertido a toda prisa en líder nacional se le está poniendo cara de su antecesor. Sobre Feijóo comienza a sobrevolar la maldición de Pablo Casado. Aznar, Ayuso y las fuerzas mayores de la derecha mediática se han conjurado contra él igual que hicieron con el último líder popular defenestrado. La única posibilidad de salvación para el gallego era la Moncloa. Pero la Moncloa quedó demasiado lejos, las manifestaciones constantes en las calles perdieron fuelle y sus últimas declaraciones sobre la amnistía, los indultos a Puigdemont y las negociaciones con los independentistas han acabado de hacer trizas el escaso valor interno del que todavía gozaba. Entonces reaparece la pregunta: no es si tendrá problemas, es cuándo los va a tener.

Por el momento, Feijóo aguanta. Están inmersos en una importante campaña electoral en Galicia que necesitan ganar sí o sí. De lo contrario se abriría una importante brecha en el relato del PP y comenzaría el fin de su corta luna de miel tras haber arrasado en las elecciones autonómicas de mayo. Galicia puede ser su Vietnam, y lo saben. Por eso los enemigos de Feijóo aguantan. Hay una elegante tregua de partido de la que Pablo Casado no pudo disfrutar en su momento. Pero el 18 de febrero pasará, los gallegos votarán y la tormenta será inaplazable. A partir de ahí puede haber dos escenarios. El primero es que si el PP pierde la Xunta Feijóo estará acabado al instante. Sus enemigos acelerarán todavía más el golpe interno y sus días estarán contados. El segundo escenario es que el PP mantenga la mayoría absoluta en su bastión gallego (algo estadísticamente más probable, aunque desde el 23J nunca se sabe), pero no nos engañemos, no por eso la contestación interna a Feijóo caerá. En una disyuntiva entre susto o muerte, este segundo escenario tan solo es el susto que precede, de todas formas, a la muerte.

El problema fundamental de Feijóo se divide en dos partes. La primera es que se creía dentro de la Moncloa, su equipo celebraba cada día repartiendo ministerios y alertando a la izquierda de lo poco que le quedaba en el gobierno. La caída desde las elevadas alturas donde residían las expectativas fue muy dolorosa, y entre gritos de “Ayuso, Ayuso” a las puertas de Génova y con Esperanza Aguirre al día siguiente diciendo que el PP tenía que cambiar de liderazgo si quería ganar, se gestó el principio del fin. Tras aquello vino la calma sostenida sobre la posibilidad del fracaso de Sánchez para armar la heterogénea alianza (amnistía mediante) que necesitaría para gobernar. Todavía podían tener una oportunidad. Pero hubo investidura, el Gobierno echó a andar y las manifestaciones constantes contra la amnistía empezaron a entrar en barrena. Ahí apareció la segunda parte del problema de Feijóo. Sin cumplir sus expectativas de victoria propia ni tampoco las ilusiones de fracaso ajeno, se vio tan acorralado y confundido que acabó dañándose a sí mismo insinuando que ahora contemplaba indultos condicionados, que difícilmente Puigdemont podría ser considerado terrorista y que se sentaron a negociar con Junts la amnistía y la estudiaron durante 24 horas. Esas declaraciones cayeron como un jarro de agua fría sobre una militancia exaltada tras tanta manifestación y promesa del fin de España de los últimos meses y sobre unos barones populares patidifusos que asistían con auténtico pasmo a cómo su líder se daba un tiro en el pie en la última semana de la campaña de las elecciones gallegas. Hubo silencio y cierre de filas. No podía haber otra cosa en medio de una campaña. Pero si hubo algo más, sin duda es la garantía de que estas declaraciones tendrán consecuencias. Una vez más, la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá.

Qué difícil es gobernar y qué fácil hacer oposición. Tan difícil gobernar que tras meses diciendo que la amnistía era inconstitucional tienes que acabar tragando con ella y tan fácil hacer oposición que solamente tienes que repetir que realmente tú ganaste las elecciones y no gobiernas porque no quieres. La agónica negociación de los reales decretos de hace unas semanas apuntó lo que la fracasada votación sobre la ley de amnistía ha confirmado. Esta legislatura no va a ser sencilla.

Pero antes de hundirnos en la miseria de la premonición, una advertencia: ya se dijo exactamente lo mismo de la anterior legislatura. Cuando el primer gobierno de coalición echó a andar, sus enemigos lo catalogaron de Gobierno Frankenstein puesto que su estabilidad estaba en manos de una multitud de grupos parlamentarios muy diversos y que, sin embargo, acabaron por permitir la aprobación de tres presupuestos generales, una reforma laboral y más de 200 iniciativas legislativas distintas. El Frankenstein aguantó a pesar de los malos augurios. ¿Tendrá la misma capacidad de resiliencia este nuevo gobierno? Personalmente lo dudo, pero también en estos últimos años la realidad nos ha enseñado a ser sensatamente prudentes respecto a los azares del discurrir de la política española y, sobre todo, a no dar por muerto nunca a Sánchez.

La única certeza es que Junts ha votado en contra de la ley de amnistía que ellos mismos habían exigido. A partir de ahí empieza la especulación. Y soy de la firme opinión de que, en este escenario, Junts sólo tiene que perder mientras que el PSOE sólo tiene que esperar. Me explico. Los de Puigdemont vendieron una amnistía para el pueblo, para directores de instituto, alcaldes de pequeños municipios y militantes sacrificados por la causa. Ahora tienen que explicar que cuando más cerca estaban de conseguir el perdón para todos ellos reculan porque temen los titulares que emanan de los jueces cuya principal obsesión era conseguir lo que han conseguido, es decir, sembrar el caos y torpedear la aprobación de la amnistía. ERC ya ha sacado toda la maquinaria a trabajar y Junts se va a dejar unas cuantas plumas en la difícil defensa de su posición. Mientras tanto el PSOE solamente tiene que esperar. Han sido generosos, han cedido y reculado mucho desde sus posiciones iniciales. Tanto que la hemeroteca es su principal enemigo. Pero hacer política es ceder y negociar, asumir posiciones difíciles. Pero también saber dónde parar. Y en este caso el PSOE sabe que debe parar si no quiere que la amnistía fracase, no porque Junts le vote a favor, sino porque el Tribunal Constitucional acabe tumbándola.

Mientras tanto, la oposición está confundida. Todavía no han asumido que el 23 de julio se quedaron de nuevo fuera de la Moncloa y continúan patidifusos mientras organizan sin descanso manifestaciones en las calles reclamando que deberían gobernar ellos (con el pequeño inconveniente de que los españoles no les han votado lo suficiente para ello). Mientras tanto, en Vox se despellejan entre ellos y en el PP Ayuso todavía espera para volver a despellejar al presidente del partido. Y la oposición sale a las calles y pasa su tiempo haciendo sudaderas y tazas con el eslogan de “me gusta la fruta”. ¿Quién hace oposición entonces? Unos jueces que han aplicado la máxima del expresidente Aznar “quien pueda hacer que haga”, y están haciendo todo lo posible desde su tan poco inocente pulcritud de prestigiosos juristas para torpedear a un gobierno que odian con toda su alma. Y lo más inesperado de toda esta estrategia es que Junts, que tampoco han sido nunca los más avispados de la clase, le compren la provocación a los jueces aznaristas y acaben tumbando una ley que necesitan más que nadie.

La legislatura puede aguantar, sea con o sin amnistía, sea con o sin presupuestos. Sánchez ya gobernó en 2019 y 2020 con presupuestos prorrogados. Rajoy lo hizo en 2012, 2017 y 2018. Y si hablamos de Ayuso, que ahora pide la dimisión de Sánchez por haber perdido una votación en el Congreso, estuvo con los presupuestos prorrogados y sin aprobar ni uno solo en 2021, 2022 y 2023. Es evidente que Junts no es un socio fiable, pero también hemos aprendido suficientes cosas estos últimos años como para pensar que por eso esta legislatura ha acabado ya.

La política española es un incesante juego de contrastes. Entre encuestas y resultados, como el 23J; entre aspiraciones y realidad, como con Feijóo quedándose fuera de la Moncloa; y entre fracasos y victorias, como ha ocurrido recientemente con los tres decretos ley del Gobierno que comenzaron la mañana abocados a una estrepitosa derrota y terminaron el día con una inesperada (aunque alarmante) victoria. Sobre los dos primeros contrastes ya se ha hablado bastante. Pero, ¿qué podemos aprender de este tercero? Cuatro lecciones importantes.

La primera es, una vez más, no dar por muerto a Sánchez. La derecha española miraba desde la distancia con enorme placer cómo la primera gran votación del Gobierno estaba a punto de naufragar. Feijóo explicaba que “el PP no arreglaría los problemas internos del desgobierno” y situaba la legislatura como tocada de muerte nada más empezar. Habría sido muy doloroso para el Gobierno perder su primera gran votación y una derrota de esta magnitud habría sido intensamente rentabilizada por la oposición. Sin embargo, no somos nuevos en este juego. Desde que se conformó el Gobierno de coalición por primera vez en 2019 comenzaron a escucharse las advertencias de que un “gobierno Frankenstein” en minoría parlamentaria no duraría mucho. Sin embargo consiguió aprobar tres presupuestos generales, una reforma laboral, una ley de vivienda y más de 200 iniciativas legislativas. Ahora se vuelve a decir lo mismo, pero la primera prueba de fuego ha sido sorteada por el presidente.

La segunda lección es que el Gobierno debe comprender en qué punto está. Y que si ha salvado dos de los tres decretos ha sido de pura chiripa y tensando las costuras de la heterogénea coalición hasta sus límites. Tal vez la era de los decretos ley repletos de medidas distintas deba llegar a su fin y empezar a negociar medida a medida, ley a ley, en el Congreso de los Diputados como le corresponde a un gobierno en minoría cuyos apoyos nunca están garantizados del todo. Nos ahorraríamos sufrimiento, giros de última hora y ganaríamos en estabilidad y pluralidad de las medidas que finalmente se aprueben. Eso no es malo ni es sucumbir al frankenstein, como dicen algunos; es democracia parlamentaria y está bien que así se ejerza.

La tercera lección es que Junts va a hacer sudar al Gobierno. Y eso tiene un doble riesgo. El primero para ellos mismos, puesto que tienen que ser capaces de medir hasta dónde pueden tensar la relación sin romper, porque se están jugando la amnistía. El riesgo latente de destrozar su relación con el Gobierno es que finalmente la amnistía no se acabe aprobando y que Puigdemont no vuelva a poder poner un pie en España. Se suele decir que Sánchez es rehén de Puigdemont, pero el que realmente depende de Sánchez para volver a España es el expresidente catalán. Y el segundo riesgo es para el PSOE. Porque parece que acaban de darse cuenta de que Junts, un partido de derecha nacionalista catalana heredero de Jordi Pujol, no es un buen socio de gobierno. No pueden esperar que la aprobación de medidas tan importantes como las de estos tres decretos pase por la responsabilidad inexistente de Junts.

Y la cuarta lección es que Podemos ha salido a jugar. O más bien, se ha escindido para jugar. Y es que desde que Podemos salió de Sumar para establecerse en el Grupo Mixto su principal obsesión ha sido la de evidenciar su autonomía política respecto a Yolanda Díaz y poner encima de la mesa su músculo parlamentario. Hasta ahora, muchos dudábamos de que se atrevieran a votar junto a Vox y PP para tumbar medidas del Gobierno. Sobre todo teniendo en cuenta que sus socios más cercanos, Bildu y ERC, han votado a favor. Sin embargo a Podemos le ha pesado más la posibilidad de enseñar los dientes y marcar territorio aunque sea a cambio de dejar a 700.000 personas sin una subida en el subsidio de desempleo o a costa de votar junto a la derecha y la extrema derecha contra el Gobierno progresista. La consecuencia de esta decisión fue la guinda del pastel de contrastes de la semana pasada: el único decreto que cayó fue el de Yolanda Díaz y gracias a los votos de Podemos. La disputa hacia la interna de la izquierda marcará gran parte del camino político de este Gobierno a partir de ahora. En los próximos meses veremos hasta dónde el Gobierno ha sido capaz de interiorizar estas lecciones.

Santiago Abascal, ilustre líder de la ultraderecha española, plantó la semilla. Presidente ilegítimo, el peor gobierno de los últimos 80 años (incluido el franquismo, por supuesto)... Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y lideresa a la espera del PP, aderezó el plato principal hablando de cómo “nos han colado una dictadura por la puerta de atrás” y salpimentándolo todo con sus amables insultos transmutados en cestas de fruta que sostiene junto a un sonriente Núñez Feijóo completamente abducido. Poco después Abascal volvió a la carga y, envalentonado durante su visita a Milei, dijo que algún día “los españoles querrían colgar de los pies a Pedro Sánchez”. 

Primero viene lo declarativo, luego comienzan a llegar poco a poco los hechos. Primero llegan en forma de muñeco. Que por mucha figura del rey quemada, figura de Puigdemont apaleada, o figura de Ayuso paseada que haya habido, es absolutamente novedoso ver una figura de un presidente del Gobierno ahorcada y apaleada delante de la propia sede de su partido político en fechas tan señaladas. Tan novedoso como ridículo el final de este movimiento que puso en marcha Abascal con un tuit donde se leía “Vamos a Ferraz” y que fue degenerando rápidamente pasando de “la Constitución destruye la nación" a los “Sánchez y el Borbón la misma mierda son”. Sin embargo nadie podía prever que el ocaso de tan ridículo movimiento iba a llegar en Nochevieja, con las uvas de por medio.

De los últimos de Filipinas a los últimos de Ferraz. Tan solo quedaron 300 exaltados con la poca vergüenza ajena como para ser capaces de pasar un día feliz como el fin de año delante de la sede del partido político que más desprecian en lugar de con sus familiares y amigos. Y frente a esa dura realidad de frenopático que ni ellos mismos seguramente sabrían explicar, se vieron ante la imperativa necesidad de silenciar su vergüenza gritando todavía más fuerte y emprendiendo una carrera hacia el precipicio del ridículo más grotesco. Entonces sacaron su monstruoso muñeco del presidente, lo ataron a una farola y descargaron su ridícula rabia contra el cartón de la efigie presidencial. Parecía un producto defectuoso de un programa desechado de Art Attack con el que, sin embargo, unos cientos de personajes poco avispados desataron su furia patriótica. Apuesto que muchos de ellos acabaron esa noche sintiéndose valientes luchadores contra la imaginaria dictadura que Ayuso les había prometido que existía y contra la que combatían gallardamente pegándose con un monigote de papel en un 31 de diciembre. Ser ultraderechista no es sencillo.

Frente a este dantesco espectáculo decadente caben dos posibilidades. La primera es la denuncia por lo judicial que tal vez puede ser una tentación errada pero entendible (puesto que ha sido la ultraderecha la que cada vez que ha tenido ocasión ha mandado a los tribunales a cualquiera que haya hecho ni una cuarta parte de lo visto en Ferraz). Y la segunda, la más importante y necesaria, es la de repetirnos orgullosos que esa gente, por mucho que nos repugne, están mejor pegándole a un muñeco de cartón en pleno 31 de diciembre mientras la España real pasaba de ellos y los miraba con repelús, que dentro del gobierno de España. Es decir, mejor en Ferraz que en Moncloa. Que sigan muchos más años así.

Comparece Pedro Sánchez tras el último Consejo de Ministros del año para hacer un balance del año saliente y para proponer un paquete de medidas sociales para el 2024. Y mientras el presidente del Gobierno presenta medidas como la prolongación de las rebajas al transporte público, de los impuestos a la banca y energéticas o de la prohibición de desahucios de familias vulnerables, también comparece Isabel Díaz Ayuso tras su último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en respuesta a Sánchez. ¿La principal diferencia entre ambas comparecencias? El tono y el contenido. Dos cosas que suelen contar siempre bastante en política. Pero más allá de eso, sobre todo, la pelea es una vez más entre Sánchez y Ayuso. A Feijóo ni se le espera. Podría estar todavía entretenido con la cesta de fruta que su principal competidora interna le regaló poco inocentemente durante la cena de navidad del PP.

El presidente del Gobierno vino a hacer un balance del año 2023 en dos planos diferentes. Por un lado el político, en el que logró la victoria electoral tras plantear las elecciones como un plebiscito en torno a su figura y la más que probable entrada de la ultraderecha en el gobierno nacional. Y por el otro lado el económico, en el que el crecimiento de España queda bastante por encima de la media de la zona euro y la inflación también está en la cola de Europa mientras el paro mejora a niveles de 2007. Es decir, un balance en tono victorioso y, sobre todo, propositivo, ya que además ha sido acompañado por la prolongación de gran cantidad de medidas sociales (a las que seguramente se le podría pedir más audacia y profundidad).

Frente a eso tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que, lejos del tono victorioso y propositivo del Presidente del Gobierno, nos reconforta con un discurso lleno de alarmismo e insultos sin parangón en la política española. De hecho, lejos de hacer un balance sobre el estado de la comunidad autónoma que gobierna, dedicó la mayor parte de su discurso a criticar al gobierno de España y a colmarlo de calificativos cada cual más disparatado que el anterior. Mientras escuchábamos a Sánchez hablar de mantenimiento de ayudas al transporte escuchábamos a Ayuso decir que el presidente era un “comunista apoyado por independentistas criminales”. Mientras Sánchez hablaba de impuestos a la banca y a las energéticas Ayuso decía que “un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para aniquilar la Constitución”. Y así con todo. 

El contraste es duro. No solo para los ciudadanos madrileños que aspiren a que su presidenta sea algo más que otra tertuliana de extrema derecha obsesionada con el presidente Sánchez, sino también para todo un electorado de derechas que lleva el último año viendo cómo sus líderes solamente hablan de la amnistía, de Bildu, de ETA y de Puigdemont mientras en España se sigue discutiendo sobre subir salarios, reducir la jornada laboral, mejorar el subsidio de desempleo o, en definitiva, de las tan importantes cosas del comer. El contraste es tan duro que no resistió la campaña del 23J y la derecha se quedó sin sumar lo suficiente como para gobernar. Y lejos de haber aprendido nada de su fracaso, lo mantienen y potencian. Me da la sensación de que en la derecha ya no juegan a ganar el gobierno, sino a deslegitimarlo entre los suyos. Un juego que solamente los arrincona y desplaza más de una futura hipotética victoria. La situación para sacar adelante legislación progresista es inmejorable. El Gobierno debe aprovecharla.