Este es el eco que se repite hoy como un martillo pilón en la mente de muchas de nosotras como un viejo o un cercano recuerdo, como un aviso. No todas hemos estado en un despacho o residencia oficial, ni hemos vestido un uniforme ni rozado las altas instancias de poder, pero hemos sentido el peso de ese poder disfrazado de muchas formas. No necesariamente fue un alto cargo ni un alto rango, pero sí alguien que ejercía poder no solo sobre nuestro trabajo, también sobre nuestra estabilidad, nuestro prestigio o nuestro futuro.

“Calla” no siempre se pronuncia en voz alta. A veces es una situación, una sonrisa, un comentario en privado, un roce o un susurro. A veces es una advertencia sutil para que no compliquemos las cosas. Y vaya si se pueden complicar, digámoselo a Nevenka, o a la exconcejala de Móstoles, o a la comandante Cantera. Todas perdieron sus trabajos, sus funciones y se sometieron a un largo calvario de estigmas e infundios.

Con independencia del necesario esclarecimiento de todas las circunstancias que rebelan los asuntos particulares, el problema es colectivo y se llama machismo, que convierte el poder jerárquico en un instrumento de intimidación, sometimiento y abuso a las mujeres. Soy tu DAO, tu marido, tu jefe, soy quien decide tu destino, tu bienestar, tu carrera y eso contamina y pervierte cualquier relación. El mandato de callar es disciplinador y nos apela a todas. Es la relación histórica entre el poder y el género, y en esa relación perdemos nosotras, que hemos heredado la experiencia del coste y el desamparo de no callar, de negarnos y de denunciar.

El enfoque por tanto es estructural y global. No basta con cambiar leyes, es necesario un compromiso colectivo que confronte los patrones organizativos que reproducen desigualdad en el acceso, el ejercicio y el control del poder. El eje del consentimiento deja de cobrar sentido cuando opera el prevalimiento, el aprovechamiento de una situación de superioridad que hace imposible tomar decisiones en libertad, que puede obligarte a consentir y callar porque no tenemos la suficiente cobertura. No queremos ser valientes, queremos amparo.

Sin embargo, las estructuras sí se protegen. Lo hacen las familias, las instituciones, los partidos, y el sentido de esa protección es siempre el mismo y cubren el centro del poder, que sigue siendo masculino, y relegan la sumisión sexual a una cuestión individual, de consentimiento, nadie sabe ni ve ni conoce nunca nada, pero cuando se visibiliza lo niegan y lo esconden. Cuando la preservación de los derechos de las mujeres choca contra el interés reputacional o electoral los principios decaen.

También opera el sesgo cultural en estructura profunda. Todas las bases sociales están históricamente masculinizadas y se tiende a dudar de los testimonios de las denunciantes, a minimizar el daño, a hacer una lectura personal del conflicto, y especialmente a enterrarlo rápidamente con el paso del tiempo. Irrumpen con fuerza en la conversación pública, se utilizan como arma arrojadiza entre contrarios, generan indignación, activan declaraciones solemnes y se archivan en la memoria pública como casos aislados. La dinámica de funcionamiento permanece intacta.

Así las instituciones evitan que el foco se traslade a sus protocolos, su funcionamiento interno o su sistema de ascensos. El aislamiento narrativo impide hablar del patrón y traslada todo el debate al ámbito judicial (que debiera ser la última instancia) bajo la premisa imprescindible de la presunción de inocencia que a menudo no es más que una excusa. El dilatado y tortuoso calendario judicial actúa como amortiguador político y la memoria colectiva se acomoda.

Mientras, el tiempo no funciona igual para ambas partes. La institución permanece y la persona se desgasta. Esta asimetría facilita los enterramientos, porque su acumulación es aterradora y la invisibilidad pesa y recomienda el silencio. El olvido es así una forma de impunidad. Pasado el escándalo, ellos se acomodan y todas aprendemos.

La democracia no se mide por la capacidad de resistir al escándalo, sino por la voluntad de reforma tras de él. El tiempo tiene que servirnos no para olvidar sino para transformar, para reivindicar, para colocar el feminismo en el frontispicio de las políticas públicas y de los comportamientos personales. Mientras no lo hagamos no estaremos desmontando el machismo institucional, solo habremos aprendido a gestionarlo mejor y a seguir permitiendo que nuestros DAOS nos manden callar.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

La izquierda no pierde solo cuando la derecha gana. Pierde, sobre todo, cuando deja de reconocerse a sí misma como un sujeto colectivo. Cuando el “nosotros” se diluye en siglas, agravios cruzados y cuentas pendientes, lo que se resiente no es una marca electoral: es la posibilidad misma de transformar la realidad. Los resultados de las pasadas elecciones tanto en Aragón como en Extremadura, por referirnos a la historia recientísima del país, así lo certifican.

En estos días han vuelto los llamamientos a la unidad, singularmente han obtenido eco los protagonizados por Gabriel Rufián. Mensajes, actos, gestos que interpelan a la construcción de ese espacio progresista amplio sumando una izquierda a la izquierda del PSOE, capaz de impulsar y hacer posibles avances que hoy damos por sentados tanto en términos de bienestar social, protección de la clase trabajadora, como de respeto a la diversidad territorial que conforma la realidad que somos: la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la ampliación de derechos laborales, el escudo social frente a las crisis, el feminismo institucional, la agenda climática. Nada de eso cayó del cielo. Todo fue fruto de mayorías construidas con dificultad, negociación y una idea compartida de país.

Sin embargo, algo se ha roto y la izquierda se desmorona. No en la sociedad (donde sigue existiendo una mayoría social que quiere servicios públicos fuertes, derechos laborales, vivienda accesible y una democracia que cuide) sino en la política. La fragmentación del espacio progresista, la competencia permanente, los hiperliderazgos abrumadores, los odios viscerales, la falta de autocrítica y la incapacidad de gestionar las diferencias han convertido la diversidad en debilidad. Conviene decirlo con claridad: la pluralidad y la diversidad no es el problema. Lo es la incapacidad de convertirla en proyecto común.

La derecha lo ha entendido bien. Cuando ha tenido que hacerlo, ha sabido subordinar intereses partidistas a un objetivo mayor: gobernar. Incluso cuando ese objetivo implicaba normalizar a la extrema derecha o asumir su marco cultural rayano en el fascismo. En el campo progresista, en cambio, demasiadas veces se ha confundido la legítima diferencia con la descalificación permanente, el debate con el combate y la identidad con el repliegue.

Apelar al “nosotros” no significa negar los desacuerdos ni borrar trayectorias. Significa algo mucho más exigente: reconocer que hay un suelo compartido de derechos, valores y prioridades que está por encima de las siglas y de las vocaciones personales. Significa entender que el adversario no está dentro, sino enfrente. Y que cuando el espacio progresista se rompe, quien gana no es una organización concreta, sino un proyecto reaccionario que no tiene complejos en recortar derechos ni libertades. Todo esto es lo que está en juego mientras los egos presiden las decisiones.

La experiencia reciente debería servirnos de advertencia. Allí donde la izquierda se presenta fragmentada, la traducción electoral es clara: menos escaños, menos capacidad de influencia, menos políticas públicas transformadoras, más desilusión y desánimo del electorado. No es una cuestión de aritmética fría, sino de representación política real. De cumplir la finalidad transformadora o encastillarse en la irrelevancia. No obstante, también sería un error pensar que la unidad es solo una operación electoral de última hora. La unidad que sirve es la que se construye con contenido, con un horizonte reconocible para la ciudadanía. Hay que recuperar la fuerza de los valores y la razón, reconectar con las necesidades colectivas. Escuchar.

El proyecto común existe porque persiste la precariedad, debilitamiento de los servicios públicos, machismo transversal, enormes dificultades de acceso a la vivienda, un sistema fiscal injusto, instituciones coaptadas por la reacción, o la amenaza de regresión democrática en definitiva. Lo que falta es voluntad política para priorizarlo, o la falta de coincidencia en el camino para hacerlo posible. La política en serio es una conversación con la sociedad y el diálogo con el aliado. También exige generosidad para reconocer errores propios, para no convertir cada desacuerdo en una ruptura irreversible. Para entender que las personas que hoy se sienten huérfanas de representación progresista no esperan ajustes de cuentas, sino respuestas.

Yo no sé si Gabriel Rufián es la solución. Probablemente ninguna por sí misma lo sea, pero el mensaje que ha lanzado puede ser parte de ella. Apelar al conjunto de las fuerzas políticas progresistas y a la ciudadanía es un paso relevante, especialmente porque ha puesto en el debate lo que muchas llevamos tiempo pensando y reclamando. La voz de Rufián ha expresado un deseo y una necesidad colectiva que es frenar la deriva autoritaria y reaccionaria con más derechos. Para ello, el Gobierno debe profundizar en las políticas valientes y necesarias, sí, no cabe regalar los tiempos de gobernanza, pero también la izquierda, representada en el Ejecutivo o no, tiene que responsabilizarse para construir ese “nosotros” para que no sean los de siempre quienes decidan por todos.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Hay votaciones que no son una más en la aritmética parlamentaria y que deberían trascender a la contienda partidista. Hay días en que el Congreso no decide solo sobre un texto legal sino sobre el modelo de país que se quiere sostener. Este martes era uno de esos días y el Congreso de los Diputados ha dejado caer un real decreto ley que contenía medidas esenciales para millones de personas. Este martes las derechas parlamentarias han contribuido a deteriorar un poco más el Estado social que proclama nuestra Constitución, que exige garantizar la suficiencia de las pensiones, de la Seguridad Social y el derecho a la vivienda y suministros básicos.

No estamos ante una discrepancia técnica ni ante un debate legítimo sobre la calidad normativa, sobre todo porque quienes ahora lo critican calificándolo de ómnibus han utilizado este tipo de reales decretos de manera reiterada a lo largo del tiempo mezclando normas heterogéneas y sin conexión material suficiente y afectando así a la seguridad jurídica como ya declaró el Tribunal Constitucional. Muy al contrario, estamos ante medidas que compartían el mismo eje material sin abordar reformas estructurales ajenas a su mismo fin, como la protección del poder adquisitivo de las pensiones, mantenimiento del escudo social, asistencia a hogares vulnerables o garantía de rentas básicas: había unidad de finalidad. Calificarlo como decreto ómnibus no es pues un argumento jurídico, es una coartada política.

Las consecuencias para el Gobierno se leen en términos de derrota, como si se tratase de un pulso entre partidos por repartirse alguna cuota de poder, o como si su debilidad parlamentaria supusiese una sorpresa para nadie digna de ser reafirmada cada vez que sea posible sin analizar las consecuencias del supuesto revés. Es mucho más grave. Afecta a millones de personas que se quedan sin tener garantizada su estabilidad económica. Pensionistas que ven en el BOE más que un texto legal, trabajadoras, inquilinas, víctimas de la dana que reciben esos noes de sus señorías como portazos.

Votar en contra hoy y prometer mañana es una de las expresiones más claras de filibusterismo político. Las pensiones no esperan la próxima iniciativa legislativa, se devengan mes a mes al igual que se abonan las rentas o los recibos. No se pueden suspender derechos hasta que haya un acuerdo electoralmente cómodo, esto es irresponsabilidad parlamentaria con efectos inmediatos. El gesto político frente a la protección social produce daños tangibles.

Las discrepancias parlamentarias son más que necesarias, pero han de alimentarse del debate de propuestas, no de la mera escenificación. Más allá de la grandilocuencia y de la esgrima política deberían contarnos cuál es su posición concreta sobre las normas específicas en cuestión. Si, como hicieron en el pasado, pretenden frenar la revalorización del bienestar social, si apuestan por la austeridad y los recortes es momento de que lo digan sin esconderse. Que despejen la inquietud natural que hoy se cierne sobre la ciudadanía y que confirmen la política del bloqueo como alternativa.

En democracia, las mayorías sociales existen incluso cuando su realidad no se refleja de forma exacta en la aritmética parlamentaria, se renueva permanentemente en el proceso de escucha al devenir social, de atención a las necesidades que se crean y que se transforman y que precisan de respuesta suficiente y responsable, no basta con escudarse tras el escaño y el cálculo numérico. Los sindicatos, las inquilinas y los consumidores han hablado y la mayoría de bloqueo los ha obviado, esa es la realidad.

Hay margen para corregir el rumbo, claro que sí, y espero que se haga. Se presentarán las normas por separado y tendrán que buscar otras excusas. Dudo mucho que asuman el coste electoral de oponerse a millones de pensionistas, no tendrán más remedio que aceptar la revalorización de las pensiones, aunque les pese. Lo que no quieren es proteger a los inquilinos frente a los fondos buitres, a las familias frente a los oligopolios suministradores de servicios básicos. No quieren la intervención pública cuando el mercado nos expulsa.

Entre tanto recordémosles que decir “sí, pero no así” es lo mismo que decir "no", porque, mientras se espera al siguiente texto o a la próxima negociación, los derechos dejan de estar vigentes y se transforman en promesas de las que la experiencia nos dice tenemos que desconfiar. En cualquier caso, nos han dado el día. Tomemos nota.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

He manifestado reiteradamente mi compromiso con la justicia. Es mi profesión y, más aún, es mi vocación. Cuando hablo de justicia no me refiero a una abstracción solemne, sino a aquella que me enseñaron desde el primer día: la que es proporcional y equilibrada, la que analiza el caso concreto sin perder de vista que su finalidad última es la convivencia, la reinserción, la paz social. La justicia que no se deja intimidar por el poder, que no se usa como arma arrojadiza, que protege a los débiles frente a los fuertes. Esa justicia que, cuando funciona, es un pilar noble del Estado democrático, y cuando no lo hace, se convierte en una grieta peligrosa para todos.

Ese compromiso me ha llevado durante años a analizar sentencias, autos y actuaciones judiciales, y a rebatirlas cuando he creído que se apartaban de esos principios esenciales. No es una postura cómoda. De hecho, en España sigue siendo inconveniente cuestionar determinadas decisiones judiciales, como si la crítica fundada fuese un ataque al Estado de derecho en lugar de uno de sus mecanismos de control más saludables. Pero si queremos instituciones sólidas, necesitamos una ciudadanía que no tema señalar sus fallos.

En los últimos meses, esa incomodidad se ha vuelto casi un imperativo. La resolución contra el fiscal general del Estado es un ejemplo paradigmático. Primero, porque conocimos el fallo antes que la fundamentación jurídica, porque además se filtró en ámbitos privados (y remunerados) el sentido de la misma, una actuación ya de por sí impropia de un tribunal que representa la cúspide de la jurisdicción penal. Segundo, porque la causa nació bajo una instrucción polémica y duramente contestada desde distintos sectores, incluso conservadores. Y tercero, porque el propio fiscal general ha denunciado que no tuvo claro (desde fuera tampoco lo tuvimos) de qué se le acusaba durante buena parte del proceso. ¿Qué puede pensar un ciudadano de a pie si quien dirige la Fiscalía del Estado asegura haber sido juzgado con indefensión?

No es un caso aislado. La instrucción del juez Peinado ha generado una preocupación institucional evidente. Las decisiones adoptadas, el ritmo del procedimiento y la lectura política más que evidente de sus autos dibujan un escenario en el que, más que la certeza jurídica, lo que parece imponerse es un relato. Y cuando los procesos penales se convierten en relato, la justicia deja de ser justicia para transformarse en un instrumento al servicio de la batalla política.

Miremos a Extremadura: la investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno, con filtraciones milimétricas y una estrategia que parece más orientada a erosionar que a esclarecer, ha vuelto a poner sobre la mesa interrogantes sobre cómo se manejan ciertas causas cuando afectan a personas vinculadas al poder político. La justicia debe ser independiente, sí; pero también debe parecerlo. Y en demasiadas ocasiones la apariencia se nos está desmoronando entre las manos.

El caso Pujol es quizá el ejemplo más crudo de la justicia que llega tarde: trece años tarde. Trece años para iniciar un juicio que, cuando concluya, difícilmente podrá cumplir su función reparadora o rehabilitadora. ¿Qué confianza puede generar un sistema que tardó más de una década en sentar en el banquillo a quien durante años tuvo un enorme poder político y económico en Cataluña? Una justicia que se demora pierde eficacia, pero sobre todo pierde legitimidad.

Y ahora, el caso Ábalos. Con independencia de la figura política del exministro (que puede generar enorme rechazo), la petición fiscal de 24 años de prisión resulta sorprendente por su desproporción. Lo digo tras haber analizado otras tantas peticiones en procedimientos por corrupción en España. La gravedad de los hechos investigados no justifica una pena que, si se compara con otros casos de corrupción —muchos de ellos con estructuras de criminalidad amplias y con daños al interés público más cuantiosos—, se percibe como llamativamente elevada, casi como una excusa para consecuentemente acordar una prisión provisional que debe ser siempre la última opción.

Quisiera ser muy clara: no defiendo a Ábalos, ni a Pujol, ni al fiscal general, ni al hermano de Sánchez, ni a Begoña Gómez. No los conozco a ninguno. No escribo por simpatía personal, ni tampoco por conciencia ideológica, aunque por supuesto la tenga. Y desde luego no por afinidad con personajes que, en algunos casos, me producen más sombras que luces.

Lo hago por la fe en la justicia. Porque creo en la justicia que me enseñaron: prudente, proporcionada, independiente, entregada a la ley y no al ruido político. Lo hago porque creo que el Estado de derecho se sostiene en la separación de poderes, no en el uso simbólico de los procesos judiciales para enviar mensajes políticos. Y lo hago porque me preocupa profundamente ver cómo determinadas resoluciones parecen pensadas para subvertir, o como mínimo condicionar, decisiones adoptadas por la soberanía popular.

En democracia, cada poder tiene su función. El Legislativo aprueba leyes, el Ejecutivo gobierna, la judicatura juzga y hace ejecutar lo juzgado. Cuando uno de esos poderes decide extenderse más allá de sus límites, cuando confunde su competencia con su influencia, el sistema entero se resiente. Y cuando ese poder es el judicial, su exceso tiene un efecto especialmente corrosivo: mina la confianza ciudadana.

Esa confianza es hoy, en buena parte, lo que está en juego. Podemos disentir políticamente, podemos criticar gobiernos y oposiciones, podemos debatir modelos fiscales o políticas sociales. Pero no podemos permitirnos una justicia que parezca orientada a intervenir en la arena política. Es incompatible con un Estado democrático.

La justicia que me enseñaron no era infalible, pero sí honesta, serena, proporcionada y respetuosa con los límites constitucionales. Esa justicia es la que quiero defender. La que llevan a cabo decenas de profesionales por todo el país. No por ellos, insisto. No por los nombres propios. Sino por lo que todos nos jugamos: la credibilidad democrática de España y la vigencia real del Estado de derecho.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Durante meses, miles de mujeres en Andalucía no fueron avisadas de anomalías detectadas en sus pruebas médicas de cribado de cáncer de mama, que hubieran exigido otras actuaciones de contraste para comprobar la naturaleza de la alerta descubierta, para saber en definitiva si tenían la enfermedad o no. No fue un error: fue una cadena de negligencias, de falta de control y de abandono político. Y cuando las víctimas reclamaron explicaciones, la entonces consejera de Salud les dijo que “veían la copa medio vacía”.

Soy enferma de cáncer de mama, tres veces seguidas he tenido nuevos tumores primarios. Sé lo que significa una llamada a tiempo, una cita que no se retrasa, una alerta que se emite, una mirada preocupada o una sonrisa en la cara de tus sanitarios. Sé también lo que implican el silencio, la espera o los retrasos. Conozco lo que pesa cada segundo de incertidumbre y cómo la vida se te derrumba en un instante. 

Por eso, cuando supe que en Andalucía muchas mujeres (la ¿última? cifra oficial asciende a 2.317) no fueron avisadas de resultados sospechosos en sus pruebas, sentí algo más que indignación: sentí un escalofrío, una horrible angustia. Esta vez no se trata de cifras ni de protocolos, sino de vidas que pudieron salvarse, de tratamientos que pudieron aplicarse a tiempo, de incertidumbre que no debería asolar ahora a miles de mujeres si alguien hubiera cumplido con su deber.

La Junta de Andalucía ha reconocido que el sistema informático que gestiona las alertas en los cribados de cáncer de mama falló. Durante meses, los resultados anómalos no llegaron a todas las pacientes. Muchas no recibieron aviso alguno y seguramente es ahora cuando su reloj se ha parado por el miedo. Otras lo supieron tarde, demasiado tarde. Pese a la gravedad de los hechos, ni la consejera de Salud ‘dimitida’, ni el consejero que le ha tomado el relevo, ni el presidente Moreno Bonilla se han puesto a plena disposición de las mujeres afectadas. La explicación oficial se refugia en un “error técnico”. Pero un error técnico no puede explicar la falta de vigilancia, la ausencia de protocolos de emergencia, el rigor médico ni el silencio posterior.

Una cosa es un fallo y otra muy distinta es un abandono, una manera de gestionar un peligro catastrófico para muchas de nosotras. Un sistema público de salud debe estar preparado para detectar, corregir y notificar cualquier anomalía en un proceso tan rápido como que puede significar la diferencia entre vivir o morir. Y cuando no lo hace, la negligencia deja de ser individual para convertirse en institucional, y cuando se extiende en el tiempo demuestra un modo de operar que atenta directamente contra la salud.

No se trata solo del cáncer de mama, aunque este haya sido el detonante. Por escandaloso que resulte hasta escribirlo, no sabemos aún si ha ocurrido con otros programas de detección, pero el patrón es claro: la prevención, que debería ser la joya del sistema –y es la clave de bóveda de una buena salud pública–, es hoy su punto más débil. En Andalucía, la atención primaria arrastra carencias estructurales. Las plantillas están bajo mínimos, las citas se demoran semanas y los cribados (que requieren seguimiento y coordinación) parecen ser únicamente políticas de maquillaje y de tranquilización paternalista bajo la apariencia de que la enfermedad está controlada, evitando no solo la asunción de tan grave problema médico sino también la puesta en marcha inmediata de las formas de atajarlo que bien se conocen.

Frente a este desastre, el Gobierno andaluz presume de récords de inversión, aunque las cifras dicen otra cosa. Andalucía destina menos presupuesto sanitario por habitante que la media nacional, y buena parte de los recursos adicionales se derivan hacia conciertos con la sanidad privada. Las listas de espera superan el millón de personas. En diagnóstico precoz, los tiempos se han alargado hasta el doble en algunas provincias. Y los hospitales comarcales (los que más cerca están de las mujeres rurales) son los más afectados por la falta de personal especializado. Su modelo ideológico de empuje de los ciudadanos hacia la actividad privada está provocando este vacío injustificable de protección.

Y cuando las víctimas de esta cadena de errores alzan la voz, la ya exconsejera de Salud responde que “ven la copa medio vacía”. Medio vacía, como si se tratara de un problema de actitud, de falta de optimismo, y no de una gestión que pone en riesgo la vida de miles de mujeres. Esa frase retrata mejor que ningún informe el nivel de desconexión entre el poder y la realidad: mientras unas esperan una llamada que no llega, otros en el Gobierno se permiten ironizar sobre su sufrimiento.

Hoy sabemos que el cáncer de mama tiene una tasa de curación altísima cuando se detecta pronto. Esa es la clave: el tiempo. Cada semana cuenta, cada revisión salva. Por eso duele tanto pensar que un silencio administrativo cruel haya puesto en riesgo a tantas mujeres. Y duele más ver que quienes tienen el poder de evitarlo prefieren atrincherarse antes que pedir perdón o asumir responsabilidades.

Por desgracia no estamos ante un caso aislado. Es la consecuencia directa de una política sanitaria que lleva años desmantelando los pilares de lo público. Se recortan plantillas, se externalizan servicios, se infrafinancia la prevención y se finge sorpresa cuando el sistema falla. Pero el sistema no falla, lo hacen quienes lo dirigen. Lo hacen quienes han decidido que la salud puede gestionarse con la lógica del beneficio y no con la del cuidado. Que nadie nos diga que esto es “politizar la enfermedad”. Lo político está ya ahí: en el presupuesto, en la gestión y en el silencio de los responsables.

A quienes hoy viven con miedo, esperando una llamada que no llega, quiero decirles que no están solas, y que tienen y tenemos derecho a exigir explicaciones. A reclamar que se revisen todos los protocolos, que se refuerce la atención primaria, que se garantice un sistema de alertas doble (humano y tecnológico) para que ningún fallo vuelva a costar una vida. Porque la confianza en la sanidad pública no se decreta, se gana con transparencia, con recursos y con responsabilidad.

El cáncer enseña muchas cosas, casi todas hablan de sufrimiento y no voy a romantizarlo. No depende de nosotras tenerlo o no, ni curarlo o no, por más que “luchemos” como la épica colectiva demanda. La vida depende de la atención médica, sí, pero también de la atención política y social. Cuando se pierde esa mirada, el sistema deja de ser humano. Por eso cuando una consejera dice que las víctimas “ven la copa medio vacía”, no está hablando de su actitud: está describiendo su propia gestión. Porque no es la copa la que está medio vacía, es su gestión que afecta a nuestras vidas.

Es habitual escuchar el relato oficial que ensalza las supuestas bondades del emprendimiento, del trabajo autónomo como expresión de lo mejor de cada casa. Sin embargo, más de 3,4 millones de personas autónomas que trabajan cada día en nuestro país saben que esa historia épica de éxito sobre individuos hechos a sí mismos, que empezaron en un garaje hasta alcanzar el éxito, no se corresponde con la realidad. Lo mismo ocurre con el mantra del “sé tu propio jefe”, que oculta las aristas y no muestra la precariedad que reflejan las cifras.

Basta recordar que el 57% del colectivo obtiene ingresos que oscilan en el entorno del salario mínimo o menos; que la pensión media de jubilación de un autónomo alcanza un 40% menos que la del régimen general, y es hasta un 55% inferior en el caso de las mujeres autónomas respecto a los hombres asalariados; o que, en esta radiografía, la edad desempeña un papel fundamental en la configuración del trabajo autónomo. El grupo más numeroso se concentra entre los 46 y los 55 años (31,7%), seguido por el de 56 a 65 años (24%), lo cual confirma que el trabajo autónomo sigue funcionando como una especie de ‘refugio’ para quienes atraviesan una etapa de vulnerabilidad, en un contexto en el que las empresas continúan priorizando a las personas jóvenes y desprotegiendo a las mayores. Por ello, es imprescindible reformar nuestro sistema de cotización a la Seguridad Social para poner fin a la incomprensible situación de desprotección que arrastramos desde hace décadas y al desequilibrio entre lo que cotizan quienes pueden hacerlo con holgura y quienes no llegan.

Por estas circunstancias las organizaciones de autónomos firmamos un acuerdo en 2022 que se transformó en ley y que pretendía ir acercando las cotizaciones a los ingresos reales y aumentar la protección en tantos aspectos en que aún hoy no nos alcanza. Lo hicimos señalando una senda de nueve años, demasiado larga para alguna de nosotras, pero en aras de transformar el sistema y de producir un evidente cambio cultural accedimos a tal reforma.

Este año que se anuncia es el indicado para hacer una primera revisión. Lo razonable sería avanzar hacia un sistema basado en la capacidad económica de cada cotizante y traducido en cuotas justas. Sin embargo, los planes actuales proponen un esquema de tramos de ingresos que mantiene una elevada barrera de entrada para las y los autónomos más precarios. En la práctica, se sigue castigando a quienes menos ganan y beneficiando a quienes más ingresan. Con la propuesta actual, una persona autónoma que gana menos de 670 euros pagará un 30% de sus ingresos, mientras que otra que gana 6.000 euros o más abonará solo el 8,8%. Las rentas más altas ni siquiera actualizan sus cuotas conforme al IPC. No podemos seguir avanzando en esa dirección. El horizonte debe fijarse en un sistema de cotización por ingresos reales que, al menos de forma transitoria, reduzca las cuotas de los tramos bajos, mantenga las de los tramos medios y aumente las de los más altos. Se llama progresividad, se llama solidaridad y se llama política útil.

Es ineludible además abordar la protección social. Esta cuestión es clave para reducir la precariedad del colectivo. Urge reformar el cese de actividad y facilitar su acceso: hoy se rechazan más del 60% de las solicitudes porque se exige acreditar una disminución significativa de ingresos, pérdidas y deudas. Estas condiciones carecen de sentido para un colectivo formado mayoritariamente por personas físicas sin trabajadores asalariados y menos aun tratándose de prestaciones contributivas, que son rentas sustitutivas por un periodo determinado hasta retomar la actividad. A las y los asalariados no se les exige estar en la ruina para cobrar el paro, ¿por qué sí a las y los autónomos? ¿Por qué aún no se ha implantado el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuando sí existe para las y los asalariados? En aras de que cada palo sujete su vela, recordemos que los subsidios dependen del ministerio de Trabajo, extremadamente rápido para exigir a otros departamentos, y ciego y sordo a las demandas de los trabajadores por cuenta propia.

El Gobierno tiene ante sí una oportunidad histórica para que más de 3,4 millones de trabajadoras y trabajadores autónomos en España dejen de situarse en los márgenes del Estado del bienestar. Es posible cambiar el rumbo de los planteamientos iniciales y atender el hartazgo de un colectivo que ya no representa una realidad periférica, sino estructural, en el mundo del trabajo. Porque hay demasiadas cosas que no son como nos contaron. Porque queremos cuotas justas y más derechos y no vamos a ceder en el esfuerzo.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Israel ha tratado de presentarse ante el mundo como una democracia avanzada, la única de su región, como un faro de libertad en Oriente Medio. Esta narrativa ha sido abrazada íntegramente y durante mucho tiempo por la propia Unión Europea, hasta el punto de mantener acuerdos económicos, científicos y tecnológicos privilegiados con dicho Estado amparándose en que el mismo posee un parlamento y celebra elecciones. Sin embargo, una democracia legítima solo se sostiene si hace honor a dos pilares esenciales: igualdad universal ante la ley y pleno respeto a los derechos humanos.

La igualdad como condición de ciudadanía determina que no basta con tener urnas, partidos políticos o aprobar constituciones. Sin igualdad jurídica, sin un marco de derechos y deberes compartidos, esas instituciones se vacían de contenido y se convierten en un decorado. Se rompe el contrato social y aparece una democracia mutilada. En el caso de Israel y dentro de sus fronteras, la ciudadanía palestina –que representa en torno al 20%– denuncia discriminación estructural en el acceso a la vivienda, servicios y recursos. La ley de Estado Nación de 2018 institucionaliza una identidad étnico religiosa privilegiada, consagrando el hebreo como idioma preeminente y relegando el árabe, así como instaurando desigualdades legales constatables que abren brechas profundas en la igualdad netamente formal entre los ciudadanos, muy lejos de la real y efectiva a que cualquier democracia debe aspirar. Más allá de eso, en los territorios ocupados (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este), miles de personas viven bajo control israelí sin capacidad de voto ni representación política. Su movilidad, servicios esenciales y hasta el agua dependen de decisiones en las que ni mínimamente pueden intervenir, sino que están al albur de una administración militar arbitraria y represiva que les sitúa en una suerte de apartheid. En todo caso y bajo una muy generosa concepción de los cánones políticos internacionales estaríamos ante la democracia de unos pocos frente al resto.

Por otro lado, las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos más básicos de la población civil palestina ubican a Israel en la periferia de cualquier sistema democrático. En Gaza el bloqueo de ayuda humanitaria prolongado, que va desde la alimentación a los medicamentos, genera un sufrimiento colectivo y una situación de hambruna que ha acabado ya con la vida de 367 personas, de las que 131 son niños, y hay mas de un millón más en emergencia alimentaria. La limpieza étnica lenta emprendida por el Estado de Israel ha llevado a efecto bombardeos en zonas densamente pobladas, demolición de viviendas, ataques a hospitales y tiroteos (que más parecen ejecuciones) en los puntos donde se recibe la escasa ayuda que entra. La propia prensa y los representantes de organismos internacionales son hostigados, perseguidos y asesinados, incumpliendo sistemáticamente el derecho internacional y los derechos humanos universales. Este contexto aleja cualquier posibilidad de considerar a Israel como un sistema democrático y exige un compromiso ético colectivo para poner freno al exterminio de un pueblo entero.

Este lunes, el presidente del Gobierno de España ha dado un paso más al frente adoptando nueve medidas que merecen una valoración positiva rotunda, aunque nos sepan a poco. Especialmente importante es el embargo de armas, que probablemente genere tensiones con Estados Unidos, pero que puede ser un aliciente clave para impulsar una posición común en Europa. En cualquier caso, llamar a las cosas por su nombre, hablar de genocidio y proponer políticas tangibles no tranquiliza nuestras conciencias, pero señala un camino que la sociedad civil y la clase política españolas y europeas debemos seguir: justicia, coherencia internacional y solidaridad con las víctimas. Después de este paso deberán venir otros más contundentes y más comprometidos, pero al menos hoy podemos decir que estamos en el lado correcto de la historia y que muchas y muchos no nos rendimos.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Los menores migrantes llegan a España huyendo de la guerra, la pobreza, la persecución, el hambre. Muchos de ellos acaban ahogados en los brazos de sus padres, otros los pierden en el mar ante sus ojos, otros acaban naciendo aquí después de que sus madres arriesgaran la vida para salvarlos. Todos lo hacen con un miedo terrible que solo el afecto y el tiempo lograrán aplacar.

Mientras, las comunidades autónomas gobernadas por la derecha  junto con Castilla-La Mancha (si es que puede considerarse que su gobierno no es de derechas) ni siquiera miran en esta ocasión hacia otro lado como es su costumbre, sino que les señalan con el dedo acusador y se oponen de manera consciente y coordinada a acogerlos poniendo trabas, cerrando centros de atención y judicializando la medida legislativa, aunque sean bien conscientes de la obligatoriedad de cumplirla. Esta negativa rebela una doble irresponsabilidad y la asunción expresa del relato racista de Vox, que se traslada a la práctica con la misma eficacia que se produciría si estuvieran formando parte de los gobiernos que se oponen. 

Por un lado, la irresponsabilidad es humanitaria en la medida en que hablamos de niños y adolescentes en contextos de extrema vulnerabilidad y que nuestras leyes y los principios más básicos de respeto a los derechos humanos exigen. En el fondo lo que late en esta posición es la utilización deliberada del sufrimiento ajeno para reforzar un discurso identitario que conecta con el racismo mas despreciable. Nunca hubo problemas con los niños y adultos ucranianos que vinieron por decenas de miles, al contrario, a la ya tradicional pulsera con banderita se unió la de Ucrania para demostrar cómo los blancos nos cuidamos entre nosotros mismos (salvo que sean muy pobres, claro). 

Por otra parte, esta actitud erosiona la cohesión y la solidaridad territoriales y dinamita la esencia del Estado autonómico: la corresponsabilidad. No se puede (o no se debería) reclamar más financiación o exigir apoyo en otros ámbitos (incendios, danas u otras catástrofes o repartos de fondos europeos) y al mismo tiempo cerrar la puerta a una obligación tan básica como la protección de la infancia. El Estado compuesto y el compromiso común no es un valor optativo dependiente de las posiciones políticas, es un mandato constitucional evidente e intransferible.

La condicionalidad financiera que se alega no es más que un burdo pretexto, no solo porque el Gobierno puso a disposición recursos que no fueron aceptados cuando el acogimiento era voluntario, sino que además hablamos de que precisamente son estas administraciones las que renuncian al propio ingreso de impuestos a los que más tienen (patrimonio, sucesiones o donaciones cuya pérdida alcanza los seis mil millones de euros anuales). Solamente la Comunidad de Madrid deja de ingresar cada año más de mil millones de euros por estos conceptos. La doble moral es evidente y encaja en la falta de lealtad acreditada con los boicots a las conferencias de presidentes y presidentas donde bien podrían tratarse estos asuntos.

Al mismo tiempo los discursos racistas se extienden como la pólvora y contribuyen a legitimar una violencia institucional contra los menores que debería resultar insoportable para cualquiera. Ya no nos asustamos por las afirmaciones de Abascal llamando a hundir el barco humanitario Open Arms, y calificando a estos niños y niñas de parásitos, sino que las legitimamos tratándoles como tales mediante estas actuaciones y por tanto abriendo la puerta a otro tipo de violencias, a la segregación y a la perturbación de la convivencia.

Si aún queda algo de coherencia ética en los responsables políticos de las comunidades que se revuelven ante la acogida humanitaria, si algo les diferencia de Vox, deberían rectificar, retomar el rumbo democrático y el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas. La lucha contra el racismo y la xenofobia ha de ser una cuestión de país para garantizar una sociedad justa para todos, pero la infancia no puede esperar a que los partidos y las administraciones resuelvan sus mezquinas batallas. Rectifiquen.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Cuando Montesquieu definió la división de poderes como eje de la democracia señalando el equilibrio entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no se refirió a la influencia decisiva que han tenido siempre los poderes económicos en todas las estructuras del Estado y la enorme amenaza que suponen para la democracia como garante de las mayorías y respeto a las minorías, y para la supervivencia de un Estado social y de derecho.

Tenemos experiencias ciertas en las que estas elites han llegado a derrocar gobiernos democráticos, muchas en América Latina y una muy próxima en Portugal hace pocos años, pero su intervención habitualmente es más sutil y más discreta, aunque igualmente efectiva, el resumen sería: si los controlamos se pueden quedar, si no, el que pueda hacer que haga.

Algunas de esas formas de hacer se han normalizado en nuestro país hasta formar parte del paisaje institucional con total impunidad, como son las puertas giratorias de las que se han nutrido absolutamente todos los gobiernos de la democracia, encabezados a su máximo nivel por los ex presidentes González y Aznar, y seguidos por docenas de ex ministros, secretarios de Estado o altos cargos. Un día están decidiendo cuestiones trascendentales para determinadas empresas, y al poco están sentados en los consejos de administración de las mismas. Así es como pasa bajo radar un vínculo directísimo entre actuación política e interés económico.

De forma también habitual e igualmente efectiva funcionan los casos de corrupción con vínculos empresariales, a veces sistémicos como sucedió con el Partido Popular y las tramas Gürtel o Lezo, que sirvieron para financiar directamente al partido y a algunos de sus miembros, y en otras de menor dimensión como el presunto caso Cerdán y Ábalos. Mordidas a cambio de contratos, o por toda España o en un ministerio concreto, pero siempre dinero. A esto se suman la posición que ostentan sobre determinados medios de comunicación que pueden influir en la opinión publica de manera determinante, y las redes informales de poder que de manera invisible operan a través de relaciones personales, familiares o sociales. De ahí esos apellidos que se repiten tanto a través de generaciones y que saltan de lo público a lo privado y vuelta a empezar.

Pero las formas de intervención más duras de todas, las más peligrosas e implacables, son las que suponen la captura del Estado controlando directamente sus instituciones, y orientando la política pública exclusivamente hacia sus intereses, como con poco margen de duda parece haber sucedido en la trama encabezada por el exministro Montoro en el ministerio de Hacienda del que fue titular. Con palmario desprecio del interés general del país que le tocaba representar, decantó presuntamente su actividad de gobierno hacia los intereses privados que al final eran también suyos. La frontera entre lo público y lo privado difuminada totalmente, pervertida.

En teoría, la democracia es el gobierno del pueblo, pero cuando los intereses de las grandes elites económicas penetran de una forma tan decisiva se produce una distorsión tan profunda del sistema que se vuelve irreconocible. El poder del ciudadano común pierde su capacidad en favor de quienes ostentan su dominio sin pasar por las urnas. Y esto se produce muy especialmente en este caso, cuando se utiliza el mayor mecanismo que existe para distribuir la riqueza que es la política fiscal para blindar el poder de los de arriba, además en beneficio propio. Ya sabíamos que hay quienes representan a los grandes, pero no que encima cobraban ilegalmente por ello. No sé si a esto es a lo que llaman liberalismo, pero da miedo y vergüenza.

Ante esta crisis de soberanía, La respuesta no puede ser el individualismo y el cinismo que promulga la ultraderecha que alimenta el giro antipolítico y destruye lo común. Los poderes democráticos tienen que comprometerse con la transparencia, y la ciudadanía actuar de forma crítica y activa desde la certeza de que la política no es el problema, el problema es el secuestro de la política.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Desgraciadamente para la salud democrática de este país, hemos conocido este lunes el auto de procesamiento al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque pocas dudas había de que este salto de la investigación a la acusación se iba a producir más temprano que tarde en función de tiempos que tienen que ver más con el análisis de la situación política que de la misma técnica procedimental.

El auto trae causa de una presunta revelación de un correo electrónico enviado por el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso admitiendo fraude fiscal “ciertamente” cometido por su representado. El juez del Supremo Ángel Hurtado considera que García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid facilitaron ese correo a los medios vulnerando el deber de secreto de una información que afectaba a datos personales de un ciudadano que por su parte había hecho circular el bulo de que la solicitud de pacto se había producido a la inversa, es decir, por parte de la fiscalía al Sr González Amador.

Desde este momento inicial, y pese al sinsentido de que se siente en el banquillo no a quien cometió y confesó por boca de su representado un delito fiscal de casi cuatrocientos mil euros, sino a la institución que conoció tal delito y lo persiguió en cumplimiento de su obligación, podríamos entender el inicio de diligencias de investigación, lo que sucede es que cuesta mucho concluir desde el principio de las mismas, y más aún tras meses de diligencias con todos los instrumentos públicos al respecto, que se haya producido tal revelación.

La acusación que se inicia contra el fiscal general no se apoya en pruebas directas. No ha habido ni registros, ni un solo testigo, ni documentos que lo vinculen inequívocamente con dicha supuesta filtración. Lo más cercano es lo que se señalan como indicios (el envío de correos entre fiscales que nada aclaran, declaraciones ambiguas, y la supresión de datos del móvil del Sr. García Ortiz), pero ninguno de esos elementos ni por separado ni en conjunto justifican en derecho el paso al procesamiento formal de una de las más altas autoridades del Estado.

Lo más inquietante a mi juicio es la tesis que esboza el auto y que anuncia que la filtración obedeció a instrucciones de presidencia del Gobierno para ganar el relato. Es esta una afirmación que carece de sustento probatorio y que es de extrema gravedad institucional. Ni una llamada, ni un correo ni una orden escrita, solo una interpretación del contexto y el testimonio de actores políticos, algunos ni siquiera implicados directamente, elevando una conjetura política a categoría de hecho penal, desnaturalizando así la figura del juez instructor, que pasa de garante imparcial del proceso a actor interpretativo.

Estamos ante una interpretación perversa de la carga de la prueba que, como sabemos, recae sobre quien sustenta la acusación. Las intenciones presuntas no pueden constituir evidencia de culpabilidad, no son las pruebas claras que exige nuestro código penal para dar paso al acto del juicio y que sean valoradas por el juzgador. Muy al contrario, el auto omite pruebas exculpatorias clave como los testimonios periodísticos que aseguraron, con obligación de decir verdad, haber tenido acceso al correo filtrado antes de la intervención del fiscal general. Ignorar activamente estas versiones debilita aún más la fundamentación jurídica del auto y apunta un sesgo preocupante.

Cuesta asumirlo como demócrata y jurista, pero el auto, además de endeblez probatoria, trasciende de sus propios límites y se convierte en un arma política. En lugar de despejar dudas las multiplica, y en vez de garantizar derechos los amenaza. En casi cincuenta páginas no hay ni un solo elemento que nos permita sostener un ataque evidente a las instituciones, tanto a la que representa el autor del mismo como a la que representa el procesado. Instrumentalizar el derecho penal para erosionar la legitimidad de quienes debieran garantizar la ley pone en entredicho todo el sistema de justicia y la propia división de poderes, porque aquí a quien se persigue de verdad es a un gobierno legítimamente elegido y desde el primer momento impugnado por distintos actores que acudieron a la apelación de que “quien pueda hacer que haga”.

Es urgencia para todos y todas que el derecho penal vuelva a ser la última ratio, objetivo, ciego a intereses políticos, deductivo y no el primer instrumento para dirimir batallas ideológicas. La apariencia de pruebas no puede sustituir a la verdad contrastada porque de lo contrario toda decisión, declaración o acto de cualquiera de nosotras puede ser criminalizada si resulta políticamente incómoda. No se trata de defender a una persona concreta, ni siquiera a una institución –el problema es sistémico en cuanto afecta al propio funcionamiento de la arquitectura institucional–, sino que cuestiona la neutralidad judicial, y debilita la ya vapuleada confianza ciudadana en el marco constitucional.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Gaza sangra ante los ojos del mundo. Lo hace en silencio, sin que las bombas se detengan, sin que los líderes globales levanten la voz más allá de los comunicados estériles. Gaza sangra, y con ella sangran los valores democráticos que decimos defender, y se volatizan todas las declaraciones en pro de los derechos humanos que han sedimentado los pilares de nuestra civilización. Con decenas de miles de muertos a la espalda, estamos legitimando la violencia como forma de expresión política.

Si atendemos a nuestro propio país, parece que hemos necesitado un concurso musical para despertar aún lentamente. Hace apenas unos días resultaba difícil hablar de genocidio sin que alguien te acusara de exagerada o antisionista, o te replicara con el injustificable ataque terrorista que sufrió Israel y que todos y todas condenamos, intentando confundir los argumentos. No se trata de elegir bando entre Hamás o Israel como pretenden hacernos creer, es un debate absurdo, un intento pobre de taparse las vergüenzas de la propia cobardía. Se trata de elegir bando entre el derecho y la barbarie, entre el respeto a la vida o la normalización de la muerte y el dolor ajenos. La ocupación despiadada no puede seguir siendo el elefante en la habitación que nadie quiere nombrar. No hay paz posible sin justicia, y no hay atisbo de justicia mientras un pueblo entero viva sin derechos, sin libertad de movimiento, sin acceso a agua, comida, salud o educación, sin todos los elementos que otorgan dignidad a la vida.

Los que creemos en los derechos humanos, no como eslóganes ni declaraciones vacuas, sino como principios universales e irrenunciables, no podemos callar ni un minuto más ante lo que está ocurriendo. No hay excusas. No hay contexto que justifique el castigo colectivo a una población de más de dos millones de personas atrapadas en una franja de tierra donde no hay refugio ni salida, donde la pólvora y la hambruna actúan a dúo como armas mortíferas. No es la primera vez que los líderes israelíes actúan contra el pueblo palestino, son ya décadas de colonización sangrienta, pero es esta la más salvaje y desnortada de todas. No van a parar si de forma común y colectiva no les hacemos sentir las consecuencias de su indignidad.

Cada ataque sobre un hospital, cada niño rescatado de los escombros, cada mujer que da a luz entre bombardeos y sin atención médica, es una derrota para quienes decimos que la vida humana es sagrada. Gaza no es un campo de batalla: es una cárcel de exterminio que recuerda a los peores tiempos de la humanidad donde la población civil es rehén de la geopolítica, del extremismo y de la hipocresía de quienes permiten que esto continúe y les dan la espalda.

Es imposible parar de pensar en las mujeres palestinas. Las que dan a luz sin anestesia en clínicas sin recursos. Las que no pueden enterrar a sus muertos, las que cuidan solas a sus hijos bajo drones que atacan desde el cielo. La guerra tiene rostro de mujer cuando arrasa lo poco que queda en pie en sus vidas: su autonomía, su salud, su esperanza y la de sus hijos e hijas. La guerra convierte el cuerpo femenino en centro de batalla. Más allá de las más de nueve mil mujeres asesinadas están las que han perdido a sus familias enteras y sufren violencias sexuales que no se cuentan, pero existen. Es el patrón habitual de maltrato estructural que en las guerras se acentúa: Palestina, Siria, Sudán, Sudáfrica, Ucrania. Siempre víctimas de una misma batalla contra las más vulnerables.

Por eso duele tanto asistir a la tibieza de la comunidad internacional y la Unión Europea hasta el momento, ver cómo parte de la izquierda europea se ha dejado paralizar por el miedo a ser malinterpretada, y la derecha se ha alineado en el desinterés. Defender los derechos del pueblo palestino no es justificar a Hamás, es exigir que el derecho internacional se cumpla siempre, no solo cuando conviene. Es afirmar que la vida de una niña gazatí vale lo mismo que la de una niña israelí o ucrania o rusa o española. Ni más, ni menos.

Callar ahora nos convierte en cómplices. No llamar a esta masacre genocidio es esconderse tras la ausencia de palabras o los rigores técnicos. Los estándares más básicos de protección a los pueblos han sido obviados por todos desde hace meses. Las personas no pueden vivir eternamente bajo ocupación ni bajo el fuego y la hambruna. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar, y quienes creemos en la política como herramienta de transformación, debemos alzar la voz con claridad y sin ambigüedades.

Hay instrumentos colectivos para parar esta barbarie, y deben ser decididos y proporcionales. La inteligencia, el comercio, la diplomacia y la política en su conjunto deben actuar porque es su razón de ser como abrazo de relación entre los pueblos; hasta las religiones deben alzarse porque no hay dios alguno ni cultura posible tras la que parapetarse.

Ya no se puede aspirar a justicia para este pueblo, son varias las generaciones que se han visto cercenadas, y tanto sufrimiento no tiene arreglo, pero al menos no permitamos el exterminio. La solidaridad y la compasión lo exigen. Si no lo hacemos no seremos mejores que quienes desatan el horror y tendremos las manos eternamente manchadas de la sangre de Gaza.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

El pasado 28 de abril se produjo un apagón de la energía eléctrica en nuestro país que ya todos conocemos, aunque aún no sepamos las causas. Puede que tardemos un tiempo en saber con exactitud el origen técnico o las razones humanas que estuvieron en la raíz de la crisis que nos dejó a oscuras unas horas, y las responsabilidades de carácter económico y político que de ellas se derivan en función de los evidentes daños causados. Sin embargo, a las pocas horas empezaron las declaraciones cargadas de cifras dibujando un drama colectivo que no deja de causar sonrojo. Cifras expuestas a modo de subasta en una lonja de pescado donde cada cual se aventuraba a lanzar al viento un cálculo de gastos ocasionados, aumentando en algunos miles de millones lo que hubiera dicho el anterior emisor.

Parece que la legitimidad de las cifras aportadas se basara en la muy científica formula de: y un huevo duro, más. Singularmente con relación a las perdidas en el trabajo autónomo, el espectáculo ha sido dantesco: unos valoraron el perjuicio en 1.300 millones, otros en 1.600, hay quien llegó a los 4.000, y todos ellos recurrieron con simpleza a un dato tan complejo como el PIB. ¿Cómo es posible que los autónomos —un colectivo que representa cerca del 15% del PIB— concentren más del 80% de las pérdidas estimadas por el apagón, o hasta el 100% de las mismas? ¿Qué modelo matemático permite esa alquimia?

Como representante del colectivo en un país que funciona gracias al trabajo autónomo, sé perfectamente que el corte eléctrico ha tenido consecuencias: comercios cerrados, alimentos echados a perder, citas médicas y talleres cancelados, repartidores parados, trabajadores digitales desconectados. Pero inflar cifras no nos hace más visibles, nos hace menos creíbles.

Atribuir a los autónomos unas pérdidas de 1.300 millones de euros en un solo día —en realidad, en unas pocas horas de apagón parcial— implica aceptar que una sola jornada del trabajo autónomo genera un tercio del PIB diario nacional. Y eso, con toda la simpatía y el reconocimiento del mundo por la épica de nuestro colectivo, simplemente no es cierto.

Tampoco fue un apagón uniforme. Cataluña y Andalucía recuperaron el servicio en menos de una hora, y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla ni siquiera lo sufrieron. Otras regiones estuvieron más tiempo sin suministro, pero ni siquiera en los peores casos se llegó al colapso. Y lo que no se facturó esa mañana, en muchos casos se reprogramó para la tarde o el día siguiente. Es lo que hacemos los autónomos siempre: cuando la vida se interrumpe, hay que remangarse y atender las necesidades.

Pensemos en los taxistas, por ejemplo, atendiendo sin cobrar las carreras a aquellos que no pudieran desplazarse mientras las VTC incrementaban desconsideradamente los precios –Cabify en Barcelona aumentó sus tarifas hasta un 300%–, iluminándonos sobre las diferencias en la respuesta de los distintos servicios de transporte ante situaciones de crisis.

¿Significa eso que no debemos alzar la voz? En absoluto. Pero nuestro grito debe ir acompañado de argumentos sólidos, datos contrastables y demandas realistas. No podemos construir política pública sobre titulares inflamables, a menos que nuestro objetivo sea generar alarma y contribuir al populismo colectivo.

Lo verdaderamente relevante de este apagón no es cuánto costó en euros, sino lo que evidenció: que el sistema eléctrico tiene fallos estructurales, que los planes de contingencia aún no están pensados para el autónomo y que el Estado no puede seguir tratándonos como una nota al pie de la economía, que necesitamos red. Porque mientras el discurso económico dominante mide la producción por horas de funcionamiento industrial, la vida por cuenta propia se mide en imprevistos superados.

No todo son sombras. Este incidente podría haber sido mucho peor. El suministro se restableció en unas horas en casi todo el país. No colapsaron los hospitales. España demostró que tiene infraestructuras capaces, técnicos formados y redes de respuesta más fuertes de lo que a veces creemos, por más que no nos resignemos y busquemos responsabilidades y formas de corrección. Y el colectivo de autónomos, una vez más, demostró que ni la oscuridad nos para.

Quizá esta sea la enseñanza de fondo: que no necesitamos inflar las cifras para reclamar lo que nos corresponde, y que la próxima vez que venga un apagón —eléctrico o económico— nos encuentre con un sistema que reconozca nuestra labor, respalde nuestras pérdidas y no nos obligue a exagerar para que nos escuchen. Quizás se evidencie así que quien pone su vida, su tranquilidad, su riesgo al servicio de lo común debe ser considerado también un trabajador con todos los derechos, toda la protección y todo el reconocimiento que merece desde lo público. Ojalá así sea.

La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no solo admite, sino que reclama críticas jurídicas, políticas y sociales, porque desde luego el derecho no es pura técnica, sino expresión de la valoración social sobre determinados comportamientos. Por tanto, cualquiera de nosotras y nosotros podemos analizar, criticar y expresar –como es mi caso– la profunda disconformidad con su contenido. También podemos salir a las calles o a los medios de comunicación o a la conversación pública, como ocurrió con la sentencia de La manada, para expresarnos como colectivo feminista y reclamar perspectiva de género en las resoluciones judiciales.

De esta capacidad valorativa y crítica, y de esta determinación para posicionarnos frente a lo que fue la sacrosanta indemnidad judicial, participa también la vicepresidenta primera del Gobierno, y así lo ha hecho en unas declaraciones públicas que han desatado la ira del machismo en todas sus expresiones. Tan contentos ellos con una resolución que pone en tela de juicio el valor de las declaraciones de las víctimas, se lanzan sin pudor al ataque primero de la Sra. Montero, pero acto seguido de los avances feministas que han impulsado tanto legislaciones avanzadas en pro de las mujeres que son víctimas de las violencias sexuales como de la intervención de la perspectiva de género en los análisis judiciales. Es muy burda la maniobra de intento de reversión, y además preocupante por cuanto ha sido acogida por opinadores de izquierda y derecha recordándonos aquello de que a sus amigos de cuarenta años les asusta el feminismo que va demasiado lejos.

Lo que ha ido demasiado lejos y demasiado tiempo ha sido una visión machista y patriarcal de los comportamientos sociales, especialmente de las violencias y las agresiones sufridas por mujeres que han tenido que soportar análisis sobre el largo de sus faldas o la apertura de sus piernas. Lo que va demasiado lejos es no entender que los delitos sexuales, por su propia naturaleza íntima, exigen una modificación de la carga de la prueba, que no son incompatibles con la presunción de inocencia, pero combaten la impunidad y la indemnidad de tantos agresores a lo largo de los siglos.

Honestamente creo que no debemos permitir un paso atrás de estas características. En lo jurídico porque hay consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que la declaración de la víctima puede ser prueba suficiente incluso cuando no haya otra prueba disponible, porque al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada, lo que exige un análisis subjetivo de la motivación de la víctima, y objetivo de los elementos contextuales que puedan llevar a la convicción común de que los hechos se han producido conforme a la denuncia efectuada según criterios lógicos y racionales. Pero también es relevante en lo social por cuanto arrebata a las mujeres agredidas la confianza en que sus declaraciones van a ser consideradas bajo la perspectiva del dolor que suponen y del trauma que generan, y no bajo parámetros de exigencias probatorias que pueden resultar verdaderamente imposibles.

Esta sentencia (que ciertamente no es firme y será recurrida) y la ola de reacciones machistas encantadas con su contenido, lo que verdaderamente esconde es la expresión pública de la reacción frente al avance de las mujeres en la protección de nuestra propia indemnidad. Se trata de que no denunciemos, de que nos aguantemos, de quitar valor al principio del consentimiento que es básico en la construcción del respeto a las mujeres también en la conformación de las relaciones interpersonales. El varapalo no es solo a la víctima o a quienes nos expresemos públicamente criticando la resolución, sino un aviso a todas y a todos de que los logros feministas están lejos de consolidarse. Por eso es tan importante que no nos silencien ni nos entierren en argumentarios jurídicos, porque lo que está en juego es nuestra libertad y nuestra seguridad. Seguimos.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Regreso de la 69 conferencia anual de ONU Mujeres con un sabor agridulce. Son ya varios ejercicios en los que participo de esta reunión periódica y confieso que cuesta cada vez más asimilar los procesos de internacionalización de las políticas de igualdad que no solamente no acaban de ser asumidas por estados y gobiernos, sino que sufren un evidente retroceso incluso en los países más avanzados en este sentido, con la amenaza cierta de provocar una involución.

Hace nada menos que 30 años que en Beijing se aprobó el plan de acción más avanzado y ambicioso de la historia de la humanidad, que se centraba en 12 formas de acción sobre los elementos más preocupantes en términos de desigualdad de las mujeres y las niñas, y que abarcaban desde la educación al empleo o la participación política, pero sobre todo focalizan sus objetivos en actuaciones concretas y relevantes, no tanto en declaraciones simbólicas tan propias de los organismos internacionales.

En el análisis del cumplimiento efectivo de aquel plan de acción que hemos llevado a cabo en la presente edición, no faltan las luces en forma de implementación de leyes contra las violencias ejercidas sobre las mujeres, 1.583 leyes en 193 países, en las que por cierto España es referente tras la aprobación de la conocida como ley del solo sí es sí. Sin embargo, el machismo incluso en su expresión más agresiva y violenta no ha remitido. Se calcula que 736 millones de mujeres han sufrido alguna forma de violencia física o sexual.  Casi una de cada tres han sido víctimas en un determinado momento de su vida. La mayoría de ellas por parte de su pareja o expareja. 140 mujeres y niñas fueron asesinadas cada día del año por parte de su propia familia. 

Los factores contextuales operan en forma de mayor riesgo, dónde y cuándo se nace no es neutro: así las crisis económicas o climáticas, la religión, las guerras o la pobreza actúan como aceleradores de una situación a la que no escapa ningún país del mundo. 230 millones de niñas han sufrido mutilación genital, incrementándose anualmente, y resultando casi universal en países en los que 9 de cada 10 mujeres y niñas sufren la mutilación genital.

La reacción personal de las mujeres y las niñas frente a estas violencias sigue siendo la red familiar o de amistad, y muy escasamente a las instituciones públicas, lo que indica la falta de credibilidad y confianza en las respuestas que lo público ofrece, de tal manera que menos del 10 por ciento presentan denuncia ante la policía o instituciones sociales, y las consecuencias de dichas denuncias siguen resultando insuficientes, por cuanto las políticas de prevención efectiva de los comportamientos machistas son escasas, y tampoco están dotadas económicamente para intervenir realmente y para atender las necesidades de las mujeres víctimas a fin de que se vean protegidas y acompañadas. La monitorización y revisión de las políticas que se apliquen, la participación diversa en el desarrollo de las normas y el enfoque integral en la víctima siguen siendo asignaturas pendientes, junto con la más que evidente semiimpunidad de los agresores.

Son con este muchos los encuentros globales posteriores a Beijing en los que la ONU y los países miembros han concentrado sus esfuerzos en el análisis y búsqueda de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sin que el avance más allá de la conversación publica llegue a ser suficiente, de hecho los propios términos expresados en la declaración acordada en esta 69 conferencia afirman que ni un solo país en el mundo ha conseguido alcanzar el objetivo de igualdad entre seres humanos mujeres y hombres.

Los avances son lentos y dispares, e identifican barreras estructurales que por tanto exigen un esfuerzo en las bases de conformación sociales. La feminización de la pobreza, las numerosas zonas de conflictos bélicos donde se multiplican las muertes y las violencias, y el avance de ideologías de extrema derecha que abanderan el negacionismo se ubican en la causa de una inercia que hasta hoy ha resultado imposible de revertir.

Es más, los desarrollos en términos tecnológicos y comunicativos han traído nuevas amenazas en forma de violencias digitales, especialmente en las redes sociales, con el objetivo de humillar, intimidar y apartar del espacio público a las mujeres actuando no solo sobre ellas mismas, sino sobre sus entornos personales o familiares universalizando así los mecanismos de agresión y facilitando la cultura sexista.

Ante esta situación es difícil no entristecerse. Los trabajos y encuentros sobre el eje de ONU Mujeres especialmente, de la sociedad civil feminista organizada, es siempre un soplo de energía y sororidad. Trae momentos de emoción. Alienta ver a mujeres de todo el mundo bajo la misma bandera y con un propósito único e irrenunciable: la igualdad de género. Pero desalienta en mayor medida la escasa eficacia de los aún insuficientes esfuerzos públicos nacionales e internacionales en este sentido. No sé a qué se espera para que la agenda política incluya en su prioridad máxima la desigualdad y el ejercicio del poder de la mitad de la sociedad sobre la otra media. No habrá democracia ni libertad plenas sin igualdad, y los estados y los gobiernos serán fallidos en tanto no la obtengan.

Es este además un momento especialmente crítico. Las posiciones ideológicas que sustentan el machismo han cobrado mayor vigor y se han hecho más efectivas alcanzando la hegemonía en gobiernos muy influyentes en el mundo, hasta el punto de cuestionar y perseguir los objetivos feministas y su carácter emancipador de las personas y los pueblos. 

Los movimientos ultraderechistas se han quitado la careta y han pasado de impugnar la libertad de decidir de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo y la diversidad sexual a oponerse a cualquier política de igualdad de género desde las aulas al ámbito de participación pública o el familiar. Lo preocupante no es su mera existencia, sino su capacidad expansiva, los recursos de todo orden de que disponen y el contagio de sectores conservadores que hasta hace poco se comprometían con los derechos humanos y ahora sienten la tentación de negarlos. Cuando creíamos ir avanzando en la conquista de objetivos vemos con pavor cómo lejos de su consolidación están en riesgo, cómo las declaraciones tienen solo el poder de la palabra, necesaria pero no transformadora, cómo el feminismo sigue siendo fundamental y casi exclusivamente cosa de mujeres.

Volveremos el año próximo, cargadas de ilusión y de propuestas, con la urgencia de combatir la ola machista y la decisión de no permitir más retrocesos, pero no podremos conseguirlo solas, no alcanzaremos los objetivos hasta que este sea un proyecto humanamente compartido por todas y todos.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Pues justo cuando estábamos a punto de ponernos a celebrar la enésima subida consecutiva del salario mínimo interprofesional, llega la coalición de gobierno a aguar la fiesta con el anuncio medio velado, y nada explicado, de que a partir de ahora y como medida novedosa los perceptores de dicho salario no estarán exentos de tributar por IRPF. Cierto es que no podemos tomarlo del todo en serio, porque en esta confusa relación de amor romántico entre ambas partes del ejecutivo no es la primera vez que se escenifica un tira y afloja dirigido a sedimentar el ala centrista de unos y la firmeza izquierdista de otras. 

No obstante, no está mal aprovechar la circunstancia para reflexionar, aunque sea mínimamente y por estas letras que se afirman no expertas, sobre el significado de la fiscalidad, el compromiso social que suponen y las consecuencias de manosearlo con un cierto desprecio a la inteligencia colectiva.

Empecemos por entender que en una democracia social como la nuestra se afirma constitucionalmente, el Estado está obligado a desarrollar una tarea permanente de carácter prestacional con el objetivo de proveer a los ciudadanos de sus necesidades básicas con independencia de los recursos propios de que dispongan, o mejor dicho, especialmente a los que no disponen de recursos suficientes. La sociedad como comunidad asume la tarea de cuidar y promover la igualdad de oportunidades y de derechos y velar por la dignidad de cada uno. Esta tarea programática ha de financiarse naturalmente con las cuentas del Estado, que se nutren entre otras fuentes de los impuestos que han de ser, como también dice la Constitución, progresivos.

Las políticas de salarios mínimos se encuentran en el núcleo mismo de las intervenciones sociales, se dirigen de manera directa y efectiva a las personas que menos ingresos tienen para corregir la desviación que ni el “mercado de trabajo” ni la actuación de los convenios han alcanzado, a aquellas capas poblacionales que no tienen capacidad de participar en esos procesos o su participación no ha obtenido resultados como consecuencia de la imposición patronal. Es pues un ejercicio básico de reequilibrio y redistribución al que los gobiernos comprometidos con la Constitución no pueden renunciar. Este ejecutivo lo ha llevado a efecto con profusión para corregir la ausencia de intervención de otros anteriores hasta el punto de incrementarlo en un 61%, y no cabe cuestionar su carácter social por más que reiteradamente lo haya hecho con una cierta opereta estilo Pimpinela. 

Por eso no deja de sorprender que ahora se embarren en un debate que alimenta las críticas hipócritas de quienes en el fondo no creen en la solidaridad y sí en la supremacía de clases, los de la meritocracia y “el Estado nos roba”, de aquellos que ni se preocuparon ni lo harán de fortalecer los pilares básicos del Estado del bienestar ni mucho menos de buscar un sistema fiscal justo, progresivo y coherente donde contribuyan más quienes más puedan hacerlo, porque de eso se trata.

Claro que hay que contribuir, todos y todas, y ya lo hacemos permanentemente, aunque no paguemos IRPF, porque ya lo hacemos con el IVA, impuestos indirectos y locales entre otros, y estos no suelen ser en absoluto progresivos. Con respecto al IRPF en concreto, es obvio que hay que poner un límite a partir del cual aplicarlo, pero este habrá de ubicarse al salario mínimo cuando alcance el 60% del salario medio como mandatan la Carta Social Europea y las convenciones internacionales al respecto, porque ese umbral es el que el consenso internacional determina que otorga la dignidad mínima suficiente para las personas que viven del trabajo. En tanto en cuanto no lleguemos a ese escenario, aún lejano, modificar la norma para que sus perceptores tributen por este impuesto es una medida política poco distributiva y reaccionaria, especialmente en un contexto en que la brecha de contribución entre las grandes fortunas y la mayoría social deja en tanta desventaja a esta última.

De verdad creo que no es populista afirmar que la progresividad fiscal en este país merece un giro de timón, pero no en el anunciado. Tenemos que levantar el velo de los enormes beneficios empresariales de las grandes empresas y capitales en un momento económico en que nuestro país es el motor de Europa, y hacer pedagogía fiscal, sí, pero para estos estratos privilegiados, que los trabajadores por cuenta ajena o propia sabemos bien lo que es contribuir, y así lo hacemos desde el inicio de los tiempos.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

A mi juicio, cuesta mucho entender la situación político-social de nuestro país en estos momentos si no se tienen en consideración los tres elementos que titulan este artículo extraído en parte de una antigua película de tintes dramáticos, por cierto.

Por un lado, los datos económicos que pueden ser calificados de manera objetiva como extraordinarios. No ha habido ni un solo momento en nuestra historia democrática en que España fuera el país que más crece en el mundo: La Eurozona lo sitúa en un +0,8% en 2024. España tiene una previsión de crecimiento del 3,0%. Finalmente ha sido un 3,2%. Francia un 1,1%, Italia un 0,7% y Alemania un -0,1%; llevamos tres años liderando el crecimiento del PIB a nivel europeo; de hecho, del PIB total de la UE España aporta 0,31 puntos, frente a Francia con un 0,21, Italia con un 0,1 o Alemania con un -0,03; España ha reducido el déficit del 10,1% en la pandemia al 3,6% en el último año. Ha disminuido en 2/3 en menos de 5 años. Francia está en el 5,50%. Italia en el 7,2%; en términos de empleo, la tasa de ocupación es la más alta de la serie histórica, el 67,5%. Nunca ha habido tanta gente trabajando en España; la tasa de desempleo cae por debajo del 11%, en concreto el 10,6%. La más baja en 16 años, estamos a niveles del segundo trimestre de 2008; el salario mínimo ha crecido un 54% y las pensiones se incrementan por ley en función del aumento del IPC por mandato legislativo, y solo en los dos últimos años han crecido las no contributivas en más de un 12%.

Este cúmulo de datos refleja una situación económica que en lo macro y en lo micro deja perplejos a propios y extraños (véase a la mismísima OCDE rectificando periódicamente la previsión de crecimiento de nuestro país siempre al alza, así como las reiteradas loas de la prensa económica mundial), y describen un escenario soñado como resultado de gestión de cualquier gobierno (recordemos el sueño inalcanzado de Rajoy de lograr los 20 millones de personas trabajando), pero no parecen estar calando como un éxito de la mayoría social a la que se deben, o al menos eso pretenden hacernos creer.

Aun en la era de las desinformaciones, las mentiras y los bulos, no deja de ser asombrosa la sensación de cierta inestabilidad económica y de falta de expectativas que describen sin reparo tantas cabeceras de comunicación y repite hasta la extenuación una oposición política a la derecha que no para de mirar el dedo cuando el país encara la luna. Cuesta mucho asistir al despropósito democrático de que, en días y semanas de intensas negociaciones relativas a las pensiones, a las ayudas al transporte, a los desahucios o a la reconstrucción de Valencia tras la Dana, resulte que el Partido Popular, mayoritario en el congreso, no sea capaz de poner sobre la mesa alguna propuesta alternativa alineada con sus objetivos, que deberían ser la defensa de lo común. ¿Quieren subir las pensiones o no? ¿Están en contra de abaratar el transporte público? ¿Quieren desahuciar a las personas vulnerables? Resulta relativamente simple resolver estas incógnitas, especialmente porque tenemos la experiencia de sus años de gobierno previos que no solo exhibían datos infinitamente peores a los del actual, sino que describían una intención política e ideológica claramente dirigida a la representación de las elites económicas y sociales.

Y claro, para culminar este escenario de tintes cinematográficos, no nos faltan las cintas de vídeos filtradas sin pudor en las que aparecen juicios, declaraciones, demandas, querellas, interrogatorios indignos propios de épocas pasadas, volcados de móviles y excarcelación de presos comunes con el objetivo de distraernos en una especie de sombras chinescas que alejen el debate de los datos económicos y sociales y de sus consecuencias, y especialmente de la necesidad de exigir que la riqueza que reflejan se reparta y sostenga el bienestar que nos merecemos.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Para sorpresa de nadie, apenas unos días con posterioridad a las declaraciones efectuadas en la instrucción del juicio por unas presuntas agresiones efectuadas por Iñigo Errejón, ya disponemos de ellas televisadas en su integridad y reproducidas sin pudor alguno. Precisamente ahora que ha escandalizado tanto la supuesta filtración de la confesión por un ciudadano de un delito fiscal y la búsqueda de un pacto, no parece llamar tanto la atención la inmediata puesta a disposición con todo lujo de detalles de las declaraciones de dos personas que afecta a algo tan íntimo como una relación sexual y tan desgarrador en el caso de la denunciante como es la presunta perpetración de una agresión de este tipo. Pues no, los comentarios, las tertulias, las conversaciones públicas se dirigen a mostrar el convencimiento o no de cada cual al respecto de la veracidad o no de las afirmaciones efectuadas por las partes, sin más rigor que cortes televisados.

Ilustrativo es también el tono de las declaraciones que adquieren tintes de interrogatorio. Cuesta verse a una misma o a uno mismo explicando cosas tan delicadas sin sentirse agredido o cuestionado. No debe ser fácil la posición de los instructores, fiscales ni incluso de los abogados que representen a uno u otra, pero me niego a pensar que no hay otras formas de abordar situaciones complejas, que se producen en la intimidad, que tienen repercusión pública y que son puramente contradictorias. Tiene que ser posible alentar a las víctimas a denunciar y garantizar la presunción de inocencia de los denunciados, aunque el circo mediático al que asistimos mucho me temo que puede tener el efecto perverso de desincentivar a muchas mujeres que se han visto o se verán violentadas, abusadas o agredidas, ante la posibilidad de sufrir situaciones que revictimizan y estigmatizan.

No voy a pronunciarme sobre el futuro de este proceso, ni me corresponde ni tengo la integridad de la causa, pero sí creo que es importante tomarlo como muestra de los tantos fallos que tiene nuestro sistema judicial en estos asuntos y la imperiosa necesidad de corregirlos. A nadie cuando denuncia un robo se le cuestiona, aunque ha de aportar una declaración creíble y las pruebas pertinentes, aquí sí. No se debe infantilizar, ni exigir la violencia expresa en determinadas actuaciones de agresión sexual que ya la ley afortunadamente retiró de su textualidad, tampoco las preguntas a la persona investigada deben adquirir el tono de colegueo de la barra de un bar, y todos, absolutamente todos los intervinientes en la sala han de guardar el respeto debido y el silencio necesario. Lo que se declare en un juzgado a puerta cerrada ha de permanecer custodiado si buscamos seriamente la veracidad y la justicia.

Respeto y silencio: nada de eso ha sucedido. Ni por parte de los implicados ni de los operadores jurídicos. Hoy asistimos a un circo mediático que a mí personalmente me sonroja, pero que como sociedad debería preocuparnos en mayor medida. Los avances que lentamente se han dado a partir de la injustamente denostada ley del solo sí es sí, del trabajo del movimiento feminista, de los esfuerzos de asesores, abogadas, policías, juezas, etc. se van al traste con el devenir de un asunto privado que se convierte en público, publicado y vergonzante en perjuicio de las víctimas.

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María José Landaburu Carracedo es doctora en Derecho y experta en derecho laboral.

Este segundo mandato que ya se inicia de Trump suena a pesadilla. A pocos días de reeditar su presidencia ya empiezan a sonar los tambores de guerra en su significado más literal. Así se siente desde Groenlandia a México pasando por Alemania, Canadá o Panamá. La evidente potencia estrictamente militar que ha supuesto Estados Unidos para el mundo ahora abre una nueva vía de ataque e intervención en los distintos países que le facilitan las tecnologías de la información y la comunicación y que permiten el control y la manipulación de las decisiones internas. Lo que significaron en el siglo pasado los golpes de Estado financiados, los bloqueos económicos o directamente las invasiones ahora lo hacen los algoritmos y los bulos replicados por nuestros hermanos, amigos y cuñados. Solo hay que apreciar cómo la mano derecha de Trump es el propietario de la red social más relevante del mundo y ya ha demostrado su falta de escrúpulos a la hora de utilizarla para fines políticos propios.

No hace falta irse muy lejos para apreciar la situación de la que hablo. En nuestro país en los últimos años estamos asistiendo a una manipulación informativa de la realidad para atacar al Gobierno de la nación, a los rivales políticos y a cualquiera que no se someta a la mentira sin rechistar. El modus operandi es sencillo, quizás demasiado. Basta con filtrar bulos que en ausencia de verificación se propagan como si fuera una bomba de racimo que estalla en la concepción de la realidad por parte de la ciudadanía y bloquean la posibilidad de un debate político mínimamente riguroso. Parecería que todas tenemos capacidad de juicio y contraste, pero es muy difícil resistirse a la lluvia fina de un algoritmo que repite machaconamente, que te alcanza y te influye para comprar, para pensar, para votar, hasta el punto de hacer real una disociación entre lo que le pasa a uno y lo que la “desinformación” dice que le pasa. De ahí que, según las encuestas reiteradas y diversas, la población en general aprueba las políticas sociales del Gobierno, especialmente en el ámbito laboral y en la gestión de las catástrofes, expresa su buena situación económica, pero luego afirma que a los demás les va mal. Es el juego de los espejos que distorsionan la realidad del otro y su propia posición en el mundo.

Ya no hay ocultación ni pudor para difundir una mentira. Trump y Musk, Ayuso y MAR, Milei y ¿su perro?; no se trata ni de lunáticos ni de personajes ridículos (por más que algunos lo sean) coyunturales y pasajeros, sino que representan un exponente claro de una posición ideológica que constituye el camino marcado por la internacional ultraderechista, que narcisismo, prepotencia y muchos millones por delante aspira a limitar o suprimir los derechos sociales individuales y colectivos desde una concepción meramente utilitarista del ser humano, siempre a disposición del capital y el beneficio. El verdadero problema no es solamente que tengan los recursos económicos y el poder político para llevarlo a efecto, sino que además cuentan con las herramientas para controlar la información, el mensaje y por tanto la percepción social de la realidad. 

Ellos han entendido antes y mejor que nadie las claves de la comunicación política en un tiempo en que el conflicto fundamental es el tecnológico, y frente a esta ola articulada, meditada, reflexionada y precisa, no se aprecia, o al menos yo no la encuentro una alternativa real que sea capaz de desmontar las verdaderas intenciones de los bulos del club de los CEOs y poner de manifiesto el riesgo colectivo que sufrimos, sino que además tenga capacidad para plantear un proyecto colectivo de futuro atractivo, que dé respuesta a los retos que tenemos por delante desde unas coordenadas de defensa de los derechos humanos, redistribución de la riqueza y bienestar social y medioambiental.

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María José Landaburu Carracedo es doctora en Derecho y experta en derecho laboral.

Podría parecer un chiste de aquellos tan comunes en los años setenta y ochenta donde aparecían perfiles muy diversos en un escenario puramente exótico como un avión, un globo aerostático o un submarino con el fin de poner en valor atributos tan orgullosamente patrios como la picaresca, el regate corto o la chulería que acaban triunfando frente al rigor o la lógica. Podría parecer también la escena de una película de Berlanga radiografiando la esencia de una sociedad burguesa y caduca dando sus últimos estertores. Podría parecerlo, pero lamentablemente no lo es, se trata más bien del titular de una noticia periodística de cualquiera de los últimos días donde para sorpresa de propios y extraños son estos referentes más propios de otras épocas quienes marcan la política patria.

Empezamos por un juez que junta el clasismo con el machismo y, por cierto, con la ignorancia para pronunciarse políticamente sobre las normas que ha de aplicar jurídicamente. Que se manifiesta saltándose la separación de poderes, el respeto debido al legislativo, a la mayoría social trabajadora y a las mujeres, para expresarse desde un púlpito de superioridad que obviamente no tiene y no puede ni debe arrogarse. Cuando muchas juristas y feministas hablábamos del patriarcado en la judicatura nos referíamos a esto, y para desgracia de todas no nos equivocábamos. ¿Quién les va a contar a ellos lo que es el consentimiento? No seremos nosotras, ni las violadas ni las agredidas, que ya se sabe que no sabemos distinguir entre el buen sexo y un abuso. Aquí surge su mayor inteligencia para decirnos si aceptamos o no en función del tamaño de la falda o la violencia ejercida, y todo ello nada menos que el 25 de noviembre, con todo el dolor que levanta.

Luego está el militar, que o no se entera de que la vicepresidencia de un gobierno regional es un cargo político, o pretende confundirnos sobre el valor de la política, su importancia y su carácter de representación y gobernanza popular. Pretender revestir de una pátina puramente técnica lo que ha supuesto una clara bomba de humo sobre la responsabilidad del Sr. Mazón en el desastre de la gestión de la dana en Valencia es tomarnos el pelo, y tiene un tufillo autoritario preocupante en la medida en que se pretende lanzar el mensaje de que la acción política no sirve y han de llegar las fuerzas de siempre a salvar al pueblo.

Y luego está la cuestión que envuelve a la presencia de un notario y una notaría en todos los periódicos, y que consiste en que después de una declaración confesa de fraude fiscal, y por tanto de la comisión de un delito, en un ejercicio de carambola judicial inédita para servidora, quienes acaban imputados son el fiscal general del Estado y veremos cuántos más que lo que trataron fue de desmentir un bulo al respecto. Y aquí aparece el notario, que surge cuando, como consecuencia del fuego amigo, y de o mala fe o torpeza evidente del líder del partido socialista de Madrid, va a certificar su muerte política.

En fin, que resulta que se juntan un juez, un militar y un notario y quien pierde es la democracia, con una carcajada final de un rendido público de prebósteres que se recuerdan a sí mismos que siguen mandando, que pueden llegar gobiernos legítimamente elegidos a transformar la sociedad, pero que ya están ellos para inaplicar la ley o ignorar las señales más claras de crisis climáticas, porque los muertos y las víctimas son siempre los y las otras, y porque ya pueden defraudar o lucrarse que serán otros los que caigan.

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María José Landaburu Carracedo es doctora en Derecho y experta en derecho laboral.

Cuesta creerlo, pero sigue siendo así: un hombre humilla, miente, engaña y presuntamente agrede en términos machistas y todas las mujeres de su alrededor resultan sospechosas. Aquellas que compartieron sus vidas, las que fueron o son sus compañeras, amigas o novias quedan bajo el foco del escrutinio publico y tienen que empezar a justificarse, a dar todo tipo de explicaciones y a defenderse de actuaciones o delitos que nunca ellas cometieron, y que en la mayoría de los casos nunca pudieron ni hubieran podido conocer.

Los delitos privados se llaman así por eso, porque se producen en el ámbito de la estricta privacidad y es muy difícil acceder a ellos si no eres una de las dos partes: agresor o víctima. Es imposible conocer qué sucede en el interior de las alcobas, incluso en el interior de las conversaciones o de las relaciones si los componentes de las mismas no lo expresan en público. Recordemos los buenos padres que violaron a sus hijas e hijos, los tíos, aquellos primos que “juegan” más allá de lo tolerable con sus primas o primos pequeños, los profesores, y por tan abrumadoramente común los curas que han abusado de sus alumnos y alumnas. Quién lo podría sospechar, qué padre o madre pudiera ni siquiera pensar remotamente algo así de su cónyuge o de sus familiares estrictos o de aquellos a quienes uno entrega la educación o cuidado de sus menores.

Este asunto ha de servir de algo. Al menos para que reflexionemos y sepamos que los abusadores, los depredadores y agresores no llevan su infame condición escrita en la frente, es más, suelen ser especialmente encantadores, seductores natos que se ganan la confianza de sus víctimas y del entorno. Esos buenos novios, hermanos, vecinos o amigos que sorprenden y escandalizan a la comunidad cuando resultan ser de manera probada agresores o violadores. Los políticos que a derecha o izquierda (sí, dolorosamente izquierda también), se proclaman respetuosos con la diversidad de género los primeros, y feministas los segundos, pero en la interna de sus formaciones menosprecian, utilizan, apartan o directamente vejan a las mujeres. Las estructuras empresariales o sindicales que ni siquiera se atreven a formular una vocación clara en favor de la igualdad. Las empresas que interpretan los planes de igualdad como una exigencia legal que hay que cumplimentar, pero no comprometerse con ella. Las familias que permiten que las madres se echen a la espalda las cargas familiares.

Todo esto es machismo, la forma más antigua y más arraigada de discriminación de la historia de la humanidad en cuanto permite la dominación de la mitad de la sociedad con respecto a la otra. No es nuevo. Es sempiterno, permanente, diario. No es el caso Errejón, es la puñetera realidad por la que todas las mujeres de todo el mundo y en diversidad de condiciones sociales y culturales que nos rodean conocemos bien. Pueden ser solo comentarios despectivos, utilización, manipulación, abusos o explotación. De hecho, su expresión más cruel son los asesinatos machistas de los que tanto sabemos y lloramos en este país. No hay sorpresa, no hay novedad. No conozco ni una sola mujer que no la haya sufrido alguna vez en su vida.

Es hora de parar de escandalizarse y empezar a operar. Es hora de no permitir ni una sola negación más, ni un solo comportamiento ni en el ámbito público ni privado que permita cubrir con el halo de la duda lo que no son más que actos intolerables, cuando no plenamente delictivos. Hace décadas que Nevenka sacrificó su vida política y personal. Hoy Rita Maestre ha tenido que dar la cara y exponerse públicamente por tener una relación que terminó hace más de una década con una persona presuntamente deleznable. Hoy la denunciante tiene que huir por las calles y defenderse en las redes de insultos y reproches. De esto tenemos todos y todas una responsabilidad compartida. Responsables somos por no avanzar lo suficiente, por permitir que las miradas se giren a las víctimas y no al agresor, de aplaudir a quienes pretenden sacar rédito político de comportamientos estrictamente privados.

Todos y todas tenemos algo de culpa. Pero pongamos pie en pared. La responsabilidad de los actos personales es personal, y por ello habrá de responder cada cual, en este caso el señor Errejón. La colectiva pasa por desviar el foco, por revictimizar a las personas que han sido víctimas, por eludir el debate real sobre el machismo y la dominación. Lo estamos haciendo tan mal que las mujeres siguen refugiándose en cuentas anónimas o callan antes que acudir a los juzgados. Hemos fallado tanto que quien está dando explicaciones es Rita Maestre. Vayan estas palabras en su favor, y en el de todas las víctimas directas, indirectas y diarias del machismo.

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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.