JUSTICIA
Llega a juicio el 'caso Pujol' con la duda de si el expresident será exculpado por su salud
El juicio por el origen de la fortuna oculta de los Pujol en Andorra llega este lunes a juicio, después de que existieran dudas sobre si el expresident sería exculpado por su "deterioro cognitivo", informa EFE. La Audiencia Nacional ha decidido finalmente juzgar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio tras ratificar los forenses en una vista previa, aunque entienden que su deterioro cognitivo le impide defenderse, por lo que los magistrados han anunciado que podrían revisar esta decisión en cualquier momento del juicio.
El tribunal ha convocado a primera hora a Jordi Pujol, que presidió la Generalitat ininterrumpidamente entre 1980 y 2003, para examinarlo personalmente, aunque por videoconferencia, y determinar si le archiva la causa por demencia sobrevenida, como solicitaba su defensa a partir de los informes de los forenses, encargados por la Audiencia Nacional. Esto sucede apenas dos días después de recibir el alta de la clínica de Barcelona donde ha permanecido ingresado casi una semana por una neumonía.
El juicio arrancará con las cuestiones previas, en las que las defensas tienen previsto blandir su artillería para tratar de forzar la nulidad del caso, con la Operación Cataluña y los plazos de prescripción sobre la mesa.
De acuerdo con el guion inicial, las cuestiones previas se alargarán durante dos días, a lo que seguirán las primeras declaraciones de testigos: entre el martes y el jueves está previsto que declaren 11 personas, entre ellos una hija de Jordi Pujol Ferrusola y Joan Anton Sánchez Carreté, quien fuera asesor fiscal de la familia.
Declararán 254 testigos hasta el mes de mayo
Hasta el próximo mes de mayo, el juicio se prolongará durante 41 sesiones por las que desfilarán 254 testigos. Los acusados no declararán hasta la fase final del proceso, probablemente el próximo mes de abril.
Además de Jordi Pujol y sus siete hijos –la esposa del expresident Marta Ferrusola, murió el año pasado–, el banquillo de la Audiencia Nacional aguarda a otros 11 acusados, la mayoría empresarios a quienes la Fiscalía acusa de haber pagado las comisiones con las que la familia engordó su patrimonio en Andorra o de colaborar con las operaciones de blanqueo de los fondos.
La Fiscalía pide para los Pujol penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel –nueve para el expresident–, a los que acusa, según los casos, de delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración en la ejecución.
Para la acusación pública, los Pujol conformaron una asociación ilícita, con el expresident y su esposa en la cúspide, para repartirse con empresarios afines a CDC los beneficios obtenidos en las adjudicaciones de contratos públicos de administraciones controladas por CDC.
El primogénito de la familia, según las tesis de la Fiscalía, sería el encargado de recabar esas comisiones, gestionar el patrimonio y blanquearlo con operaciones en el extranjero para después distribuirlo entre la madre y los hermanos, que en 2000 se cobraron cada uno 126 millones de las antiguas pesetas (757.300 euros).
Regularización de fondos al amparo de la amnistía fiscal
Los forenses concluyen que Pujol no tiene "capacidad procesal" de defenderse en el juicio
Ver más
La mayoría de los hermanos regularizaron sus fondos gracias a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012. No están acusados de fraude fiscal por el tiempo transcurrido desde los ejercicios en que mantuvieron oculto el dinero en bancos andorranos, por lo que el delito ya está prescrito.
No es el caso de Jordi y Josep Pujol Ferrusola: tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado les acusan de delitos de fraude fiscal, que alcanzarían los 7,7 millones para el primogénito.
Durante la investigación se halló también una cuenta de Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol asumía ser el titular de 307 millones de las antiguas pesetas (1,8 millones de euros) ingresadas en 2000, un fraude que Hacienda cifró en 885.651 euros pero que consideró prescrito.
