En estos tiempos de posibles presidentes corruptos y mociones de censura, echo de menos a Pablo Iglesias, echo de menos esos días en los que en política por la mañana querías café y por la tarde ron. Lo hemos llamado siempre patear el tablero, pero la mayor parte de las veces lo que había debajo, además de muy buenos spin doctors, era una apuesta por estrategias políticas más arriesgadas ante las situaciones más complicadas. Iglesias siempre entendió esto avant la lettre en España, y por eso Podemos no nació para ganar dentro del marco izquierda-derecha, o el del bipartidismo, sino que se convirtió en una operación política para patear ese tablero donde hasta ahora todos sabían jugar y proponer uno nuevo en el que las piezas pudieran desplazarse con reglas completamente diferentes. Si se confirma lo de Zapatero, ¿a qué va a jugar la izquierda? ¿Sabremos volver a patear el tablero?  

Hoy es difícil creer que podamos construir un ajedrez alternativo, estamos más bien en etapa parchís. Y por ello siempre viene bien una revisión al más puro spinoziano de nuestras potencias. No hay entre los nuestros un nuevo Pedro Sánchez a su izquierda, tampoco parece que Zapatero vaya a ser Lula. ¿Qué nos queda? En ajedrez el peón es la pieza con más restricciones del tablero, la menos valiosa que avanza, nunca retrocede, captura en diagonal pero no se mueve en diagonal, y solo lo hace de uno en uno, siendo así la pieza que más limitada está por la dirección que le impone el tablero. Sin embargo, si un peón llega a la última fila, la del adversario, se corona y puede convertirse en cualquier pieza, haciendo que esa pieza que antes solo podía hacer una cosa sea ahora la que puede hacerlo todo. Tengo la sensación de que aunque hemos conseguido cruzar el tablero entero jugando con las piezas que tenían menos valor, ahora que hemos llegado al otro extremo y que podemos decidir qué pieza queremos ser, no tenemos ni idea. ¿Qué sucedería si el truco final no era una ruptura de las reglas sino la coronación, la posibilidad de elegir cómo jugar la siguiente pantalla? Y claro, hay que ser tonto para no querer ser la reina.

Pero no nos despistemos aún con eso. Lo que hoy sigue habiendo debajo del tablero del PSOE en el que jugamos, además de no tan buenos spin doctors como en la época de Pablo, es exactamente lo que ese marco que Podemos trajo a la política quería dejar al descubierto: una estructura de acceso al Estado que el viejo marco llamaba gestión y el nuevo llamaba corrupción. Nadie ha olvidado de dónde venimos y para qué estamos en política (creo), pero sin duda el problema de la izquierda ahora es que lleva dos años intentando ganar dentro del marco que el PSOE controla mejor que nadie, que no es otro que el de la gestión, el de la estabilidad, el del mal menor, el del “si nos vamos viene la derecha”. Ese es el tablero, y en él el PSOE siempre tiene ventaja porque es quien lo fabricó. Mientras tanto la reducción de jornada no sale, la regulación del alquiler tampoco, y la gente que vive al día en este país no sabe en qué punto está la tramitación de nada ni le importa. El marco de la estabilidad no ha producido estabilidad para quienes la necesitaban y las mayorías parlamentarias menguantes aseguran que la posibilidad de cambio es cada vez menos posible. Por ello tan importante es que pensemos en qué debemos hacer si lo que se confirma el 2 de junio en la Audiencia Nacional hace que este gobierno no sea sostenible, como qué pieza vamos a querer ser si se acaba la posibilidad de competir virtuosamente, se supone, por ver cuántos euros de más que el PSOE en no sé qué medida estamos dispuestos a apostar.

Es importante explicar que cuando se dice que si se confirma lo de Zapatero no estamos esperando una sentencia sino que estamos hablando de política. Las sentencias llegan en este país cuando y como menos importan, cuando el daño político está hecho, cuando quienes las reciben llevan años gobernando con ellas en el cajón, o cuando quien más justicia y reparación necesitaba simplemente ya no está. Lo que el 2 de junio puede confirmar es algo más sencillo y más grave: que el juez Calama, tras escuchar al expresidente, mantiene los indicios y no archiva, esto es, que el auto de 85 páginas que lo sitúa como núcleo decisor de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias tiene base suficiente para seguir adelante, que la carta enviada por Plus Ultra al vicepresidente del Santander con la fórmula “por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero” era exactamente lo que parece, o que el mensaje interno entre directivos “pues ahora es meterle chola al Zapa” describe una relación funcional, no una esperanza. Con eso basta para que las izquierdas políticas nos pongamos a trabajar en impugnar todo aquello que sostenga la posibilidad de seguir confundiendo el miedo al lobo o la gestión estable con corrupción.

Por eso este no es un momento constituyente. No estamos aún ante la oportunidad de fundar algo nuevo ni de imaginar una arquitectura política para el próximo ciclo largo. Eso vendrá después, si viene. Lo que tenemos ahora ante nosotros es un momento destituyente, cuyas declinaciones van desde la retirada del apoyo al PSOE, pasando por nombrar incómodamente lo que hay (tiene narices que nos rompa el corazón el señor del 135), hasta forzar el fin de algo que ya no se sostiene. Los momentos destituyentes tienen su propia gramática, sustraen, desalojan, retiran legitimidad sin necesidad de proclamar nada, y confundirlos con momentos constituyentes es el error que convierte la urgencia en parálisis política.

Es por todo ello que las izquierdas se enfrentan hoy a una disyuntiva que no admite gradualismos cómodos ni prudencias ni silencios ambiguos. O forzamos el escenario o el PSOE lo coloca como mejor le venga. Y que nadie olvide que el PSOE lleva tres legislaturas siendo muy bueno en exactamente eso, en decidir cuándo explota cada crisis, en qué términos, con qué relato, con qué ganadores y qué víctimas. Las tentaciones son múltiples, y se extienden desde la posibilidad de construir una bicefalia tensionando desde los partidos mientras se gestiona desde los ministerios hasta la posibilidad de coser un proyecto provincia a provincia, pero todas ellas tropiezan con una pregunta que nadie puede responder aún: ¿quién es la cara? En los partidos no existe hoy ese perfil, salvo que se acepte a Irene Montero o a Gabriel Rufián, que es la opción que más daño puede hacer al PSOE y también la que más fácilmente se convierte en argumento de inestabilidad territorial. Rufián lo sabe, por eso amenaza con liderar sin liderar todavía. Montero lo sabe, por eso aún no se corona como reina, si es que eso es a lo que Podemos aspira ahora.

En mi opinión ninguno de los dos sobra. Quizás en este momento destituyente lo que corresponde es la política del mapa, la que supere la etapa del comunicado conjunto con la foto en una sala de Madrid y acepte la posibilidad de que para desbancar y destituir de una vez por todas a los que hasta ahora han marcado el juego, hace falta estar dispuestos precisamente a ser otra cosa. ¿No es acaso mucho más potente frente al PSOE presentar un frente de las periferias, que no necesita resolver el problema de la cara precisamente porque su lógica es confederal y no la de una lista con una cabeza visible que borre las diferencias, sino la de un acuerdo de acción común sobre lo que es destituyente: retirar el apoyo, forzar el ciclo electoral, llegar a él con un relato compartido sobre la corrupción como sistema, no como accidente? BNG, Bildu, ERC, Podemos, Sumar, IU, Comunes, Compromís, Chunta, Adelante Andalucía y los que hagan falta son la geografía de una izquierda que funciona cuando actúa articulada y que se destruye cuando compite por el mismo milímetro de espacio simbólico, y sobre todo pueden abrir la posibilidad de articular más allá de lo territorial. Porque puestos a revisar nuestras potencias, conviene no olvidar que periferia no es solo un concepto cartográfico, sino también el lugar desde el que hablan quienes el poder central lleva décadas administrando sin representar, es decir, las mujeres, las personas racializadas, los cuerpos y las identidades que el Estado gestiona pero no escucha, quienes pagan el alquiler que este gobierno no ha sido capaz de regular. La política del mapa no es ni puede ser ya un mapa de provincias. El frente de las periferias para destituir al PSOE tiene que ser una suma que produzca multitud y mestizaje absoluto, hasta rozar lo irracional. La idea es un frente de los diferentes contra los de siempre.

La única pregunta que queda es quién se mueve primero, esta vez para salirse de la foto. Porque si la izquierda que debería plantearlo no lo hace, lo hará Sánchez con el timing y el relato que más daño hagan a la posibilidad de una candidatura a su izquierda, y cuando eso ocurra ya no habrá decisión que tomar. El 2 de junio es mucho más que una fecha judicial, es la fecha en que la izquierda tendrá que decidir si todavía sabe mover ficha.

Empiezo por lo incómodo. Creo que si todas las izquierdas fueran juntas y hubieran hecho ese proceso de otro modo, el resultado de las elecciones en Andalucía el próximo día 17 de mayo sería otro. Deseo con todo mi corazón además que ese camino, el de la reconstrucción del proyecto de izquierdas en nuestro país, sea al que se dirijan todos nuestros esfuerzos. Es con este ánimo que escribo este artículo, para darte argumentos para votar Por Andalucía, a ti que, como yo, ya empiezas a estar francamente hasta el moño.

Claro, ya nadie recuerda lo que es ir a votar con ilusión. Tampoco me quiero imaginar lo que tiene que ser hacer un mitin en esta campaña con las encuestas que estamos conociendo estos días, en las que, y en el mejor de los casos, lo que está en juego es un triste escaño que puede evitar que el PP gobierne en solitario (por cierto, llamemos a ese gobierno de la muerte por su nombre; Bonilla en el norte son unas patatas fritas estupendas, el resto, neoliberalismo del de toda la vida). Habrá incluso alguna sede izquierdosa orgullosa de no sé qué negociación o decisión política que les ha blindado el puesto 87 por Huelva. De agradecer es que siga habiendo quien, aun así, trabaja para el reino (mención especial a José Manuel Jurado, que encarna como nadie el auténtico y noble significado de que nuestro país debe ser la prioridad). Dicho esto, quiero dar argumentos para ir a votar, porque en ello consiste hacer campaña electoral, y a nadie se le escapa que lo que pase en esa cuarta parte de nuestra España que es Andalucía será una antesala del ciclo que está por terminar de abrirse. Con claridad lo digo, si votase este próximo domingo lo haría por la Sanidad, por la Vivienda; votaría Por Andalucía. Creo que lo decimos demasiado poco las gentes de izquierdas mientras que, sin embargo, las circunstancias nos urgen más que nunca a hacerlo, que de diagnósticos sin propuestas están las urnas de las derechas llenas.

Lo primero que me gustaría decir es que Adelante Andalucía tiene un muy buen candidato (y no, no me estoy equivocando con las preposiciones, que hay que tener mala follá) que hizo buen debate la semana pasada en RTVE y que la propuesta de su organización en estas elecciones encaja con frescura con la necesidad, por un lado histórica y por otro, coyuntural, de reivindicar más autonomía política para un pueblo que siempre ha visto subordinados sus intereses a los del resto del Estado. Es tan buen candidato y tan importante y compartida su reivindicación que no consigo encontrar ningún motivo para que este espacio político no comparta su camino con el resto de fuerzas de izquierdas, como IU y Podemos, como han hecho en otras ocasiones. Le escuchaba estos días en una entrevista afirmar que quizás una de sus grandes diferencias con el espacio de izquierdas que conforman Podemos, IU y el resto de partidos tiene que ver con que se niegan a tener una relación amable con el PSOE, que van a decir las cosas como toca decirlas. La verdad que me vais a permitir que me ría, después de haber metido la pata en innumerables ocasiones precisamente por decirle al PSOE cosas como hay que decírselas, estando en el propio Gobierno. Pero el debate político, por mucho que nos hayamos empeñado en ello estos años, no es una cuestión de tono, queridos compañeros anticapitalistas. Lo que yo le pido a un partido de izquierdas es primero que diga lo que hace falta decir, pero además y sobre todo, ahora que ya sabemos que se puede, que lo haga. Y aquí está la clave.

Una izquierda que haga lo que dice que va a hacer es hoy una rara avis, una cosa excepcional, casi random, absolutamente inusual; y si no, que se lo digan al PSOE. Y este argumento no es cualquier cosa. De la política hoy no esperamos casi nada, es terrible que hayamos llegado a estas circunstancias. Hemos votado con rabia, con miedo, con esperanza de cambio, con hambre y con ganas, pero nada de eso opera hoy. Si queda hoy una emoción a la que apelar tiene que ver con la calma, con el deseo de certeza y seguridad. Y haríamos bien en no despreciar ese anhelo de certidumbre que la gente tiene y que tan bien la extrema derecha sabe leer.

Parece que el fin del mundo puede suceder. Ya nadie puede prometer que no habrá guerras, pandemias, extraterrestres; ya nadie piensa que gobernar será sencillo. ¿Entonces por qué ir a votar? ¿Cuál es el pacto? Llamémosle garantía social, seguridad ciudadana, certeza, república, socialismo. Lo que pueden asegurar el grupo de personas que lidera Antonio Maíllo en estas elecciones andaluzas es que aquello con lo que se han comprometido en esta campaña es aquello que van a hacer una vez lleguen al Gobierno, suceda lo que suceda. Y esa certeza, ese compromiso ético inquebrantable con la mayoría es el único espacio político que lo puede afirmar con claridad. Por supuesto, nada esperamos de quien ni se atreve a poner por escrito cuál es su plan de Gobierno, pero claro, quién se atrevería a firmar un programa que propusiera dejar a la gente morir de cáncer o esperando una ayuda a la dependencia. Tampoco nada esperamos de aquellos que con una mano dicen derecho a la vivienda y con otra fondo de inversión, pero qué decirle al pueblo andaluz que no sepa de la mediocridad del socialismo que pasó de liderar el cambio de un país nuevo a retozarse en casos de corrupción, candidatos impuestos desde fuera y promesas que no valen nada, nada, nada.

Por Andalucía es hoy esa rara avis. Con sus mítines simultáneos de ministros y lideresas desperdigados y enfadados, su absoluta impronunciabilidad oral por causas que nada y todo tienen que ver con lo preposicional, siendo en Madrid a la vez martillo y sostén de la esperanza del progresismo mundial (ya no sé si decirlo o no con ironía), con el cansancio acumulado de quién sabe que tiene que rehacer lo construido la última década al mismo tiempo que se presenta a unas elecciones sin poder acumular ni un gramo de ilusión. Con todo ello, yo votaría Por Andalucía. Primero porque en política hace falta hacer las cosas además de decirlas y eso implica costes y contradicciones, tales como asumir la complejidad de gobernar con otros partidos. Conviene recordar que cuando IU gobernó Andalucía evitó miles de desahucios, gobernando sin corrupción en una comunidad que llevaba décadas acostumbrada a otra cosa, defendiendo los servicios públicos desde dentro de una coalición difícil, que es exactamente donde la aritmética política andaluza permitiría una alternativa al gobierno del PP. Que a esta experiencia se pueda añadir lo logrado en el Gobierno del Estado por Podemos o Sumar es sin duda la mejor de las cartas de presentación.

Y hablando de aritmética, esta semana van a usarse retorcidamente los números y conviene tenerlos claros. La encuesta de 40dB. de estos días da al PP 56 escaños. La mayoría absoluta está en 55. Moreno va a gobernar solo gracias a un escaño de margen que la izquierda le está regalando yendo dividida, porque Por Andalucía y Adelante se quedan cada una a medias de escaño en provincias donde juntas podrían haber llegado. Por supuesto sonarán los cantos de sirena para seducir a ese voto progresista que no quiere tirar su voto a la basura: que votes al PSOE, que es lo útil, que así se concentra el voto progresista. Es terrible, pero el PSOE está en 28 escaños con toda la movilización que ha pedido, colocando a la vicepresidenta del Gobierno y con el presidente de nuevo en las portadas de medio mundo. La realidad electoral es tozuda, y en muchas provincias ese voto ya no va a mover ningún diputado porque el PSOE ya tiene los suyos contados. El voto útil al PSOE lleva semanas siendo útil para el PSOE y para nadie más. El voto Por Andalucía, en cambio, trabaja en los restos, que es donde Moreno tiene su colchón, y es donde se decide esa mayoría. Dice Maíllo estos días que no está todo el pescado vendido. Y está la cosa jodida, pero yo lo tengo claro, y si pudiera, votaba Por Andalucía.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Tendemos a hacernos la pregunta equivocada cuando una nueva tecnología reorganiza el poder. Sucedió cuando Gutenberg democratizó con la imprenta la palabra escrita que la Iglesia de entonces, no tan diferente a la de ahora, respondió con el Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos vigente hasta 1966 y que con el tiempo, solo podemos leer como un indicador del miedo que mueve a ciertos actores con poder cuando lo que está en juego es el monopolio sobre el conocimiento. La imprenta en sí misma nunca fue el problema, sino más bien la posibilidad de que cualquiera con dinero pudiera divulgar y leer ideas que resultaran incómodas. Hoy nos parecería absurda la propuesta de prohibir la lectura o la escritura pero, sin embargo, y con la misma contundencia, nadie parece sorprenderse cuando el resorte inquisitorio medieval nos propone de nuevo la prohibición frente a las infinitas posibilidades de las tecnologías. ¿Puede ser la IA algo que ayude a que la humanidad viva mejor? Humanamente, ¿es inteligente querer que la inteligencia no humana se extienda?

La cuestión está siendo respondida en dos direcciones no necesariamente opuestas aunque una venga de la derecha y otra de la izquierda. Por un lado, nos encontramos con aquellos que proponen explotar el uso la inteligencia artificial desde arriba, que no son otros que los mismos Estados que contratan a Palantir para construir plataformas de deportación masiva; y por otro, la de aquellos que prefieren mantenerse al margen del desarrollo de la inteligencia no humana bajo la lógica de que cualquier participación podría legitimar la lógica bélica o cualquier otro uso pernicioso que se está haciendo ya de la IA. Sobre el miedo creciente a esta tecnología y los motivos legítimos para ello, Marta Peirano en El País o Álvaro Soler y José Manuel Bobadilla en El Salto escribían recientemente centrándose en el catastrófico idilio entre el neofascismo y el capitalismo turbulento, cuya máxima expresión probablemente sea en el uso de Palantir para las guerras de nuestro tiempo. Pero, ¿podemos escapar a la idea de que IA es la herramienta tecnológica que realiza el macabro y ciberpunk planteamiento de que el siguiente lugar de colonización no es un país sino el propio género humano? Aunque el diagnóstico es correcto (el idilio está ya muy avanzado y da mucho miedo), la conclusión que se desprende—que la inteligencia artificial es el problema— no lo es, por más que resulte tentadora.

Hay un ejemplo histórico más que pertinente que no resulta cómodo pero sí preciso para analizar lo que ya hasta el propio Tolkien, creador de las palantir (unas piedras con las que el malo de El señor de los anillos controla todo) predijo. El problema, como sucedía con las piedras de la Tierra Media, no es la tecnología, sino en manos de quién está. IG Farben, el conglomerado químico que financió al partido nazi y fabricó el Zyklon B, estaba integrado por empresas que hoy producen medicamentos oncológicos y fertilizantes que alimentan a centenares de millones de personas. Esas empresas no atravesaron ninguna transformación química entre el Tercer Reich y la posguerra, pero sin duda lo que sí se transformó fue el entramado de regulaciones, presiones sindicales y marcos democráticos imperfectos pero existentes, que determinaron para qué se usaba esa capacidad industrial y a quién se le exigían cuentas cuando salía mal. La tecnología no se volvió ética por sí sola sino que las condiciones de su uso se volvieron, parcialmente, más disputables y por tanto, más democráticas. Dicho de otro modo, no se trata tanto de discutir qué tecnología, sino qué democracia. 

La inteligencia artificial (o la inteligencia no humana, como la denominan ya autoras como Jeanette Winterson) se encuentra hoy en un momento anterior a ese punto de inflexión, y hay alguien que lo ha formulado con una claridad incómoda precisamente porque es correcta aunque se haga desde el lado incorrecto de la historia. Alex Karp, consejero delegado de Palantir, escribe en el punto cinco de su Manifiesto que la cuestión no es si se construirán armas de inteligencia artificial, sino quién las construirá y con qué propósito. ¿Por qué no es éste el argumento que está articulando la izquierda y sí la industria de defensa? ¿Hemos abandonado toda posibilidad de disputar el uso de las herramientas tecnológicas para el bien común? Que lo esté usando Palantir para justificar, por ejemplo, Maven Smart System, el sistema letal casi automático capaz de emplearse tanto para bombardear Irán como para secuestrar presidentes, dice menos sobre la validez del razonamiento que sobre la velocidad con la que se ha abandonado el terreno a quienes tienen los contratos. Y contratos con Palantir parece que tenemos todas. También España, queridas. 

Heidegger advertía que el peligro de la técnica moderna no reside en ningún artefacto concreto, sino en la estructura que nos hace percibir el mundo entero como recurso disponible para ser optimizado, calculado, gestionado. Palantir resulta inquietante precisamente porque encarna esa lógica con una coherencia casi perfecta. Toda persona, toda frontera, toda decisión, todo cuerpo reducido a dato procesable al servicio de quien dispone del capital para costear la infraestructura. Disputar esa lógica exige algo más que regular los medios mientras los fines permanecen intocables, exige, como tan bien relata Ekaitz Cancela en Utopías Digitales, imaginar y construir la capacidad de decidir colectivamente para qué sirve la IA que ya tenemos y las que estamos por crear, con qué salvaguardas y bajo qué formas de rendición de cuentas. ¿O es que no somos capaces de imaginar que la tecnología que es tan poderosa para la muerte pueda servir con la misma potencia para la vida?

Lo que el Estado tiene en su mano, o mejor dicho, lo que nos jugamos toda la humanidad al respecto del futuro de la IA resulta bastante más concreto que regular abstracciones, probablemente más efectivo que la supuesta prohibición del uso de la tecnología y, desde luego, igual de trascendente que las terribles consecuencias de su uso para la Guerra. Una infraestructura pública de inteligencia artificial, financiada con fondos públicos, auditada por instituciones independientes, con canales para la participación ciudadana, incluso con posibilidad de que su propiedad fuera ciudadana, haría por el acceso democrático al conocimiento algo análogo a lo que hicieron en su momento las bibliotecas públicas o la televisión estatal cuando todavía se entendía que distribuir cultura era una función política, no un nicho de mercado. Bajo esta mirada, la de hackear la tecnología para un uso democrático, las tareas relevantes dejarían de ser retirar los dispositivos porque los niños se distraen o prohibir los algoritmos porque nos manipulan —que lo hacen—, sino si la ciudadanía del futuro va a entender la capa técnica sobre la que descansa su vida pública o va a relacionarse con ella como los usuarios medievales se relacionaban con el latín, sabiendo que existe algo poderoso ahí, sin acceso a lo que dice. Enseñar a programar no sería una concesión al mercado tecnológico, sino que sería la diferencia entre producir consumidores de sistemas opacos o educar personas capaces de entender quién los diseñó, para qué y a quién beneficia que no lo sepan. Prohibir la tecnología o condenar como malignos todos sus usos son posiciones útiles a quienes se benefician de que una buena parte de la ciudadanía no tenga ni idea de lo que se hace con sus datos. Un futuro imaginable para la humanidad no pasa por la desaparición de la tecnología, sino por la democratización de la misma. 

Por ello, democratizar la inteligencia artificial implica lo que siempre ha implicado democratizar una tecnología con consecuencias estructurales: acceso público a infraestructuras, modelos auditables, instituciones cuya investigación no dependa de contratos de defensa para financiarse, y ciudadanía con las herramientas conceptuales y las condiciones materiales para entender y decidir qué se hace en su nombre con sus datos. Y sobre todo, lo más relevante, podría implicar que los sistemas que hoy sirven para identificar personas migrantes en situación irregular puedan servir, bajo otras condiciones políticas, para detectar discriminación algorítmica en el acceso a la vivienda o para modelar políticas climáticas con la misma sofisticación con la que ahora se modelan objetivos militares. ¿Te imaginas una IA que sirva para luchar contra la escasez de agua, el cáncer o el problema en el acceso a la vivienda? ¿Sería posible una IA contra la corrupción?

La pregunta es, en definitiva, la misma que la humanidad ha tenido que responder con cada tecnología que ha reorganizado el poder, desde la imprenta hasta la fisión nuclear. Quién decide cómo se usa, quién puede acceder a ella y quién asume las consecuencias cuando falla. Hasta ahora, la respuesta ha sido consistentemente la misma, por lo que cambiar la respuesta exige disputar, con la misma seriedad y los mismos recursos, las condiciones bajo las que opera, no retirarse del debate y llamar a eso posición ética. Para luchar contra Palantir hay que hacer lo que Aragorn hizo con la palantir, lejos de destruirla o ignorarla, usarla para que el amo vea lo que nosotros queremos que vea. 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Andalucía acaba de enseñarnos en tiempo real a qué se parece la unidad de las izquierdas cuando lo único que la sostiene es el acuerdo registrado. Un acuerdo, todo sea dicho, firmado en el último momento, con los propios firmantes compitiendo en comunicados siete minutos después, hablando de generosidad y responsabilidad, que es el lenguaje de quien ha cedido a regañadientes. Ya escribí aquí que la fragmentación de la izquierda es el mayor activo de sus adversarios. Lo sostengo. Añado ahora lo que aquel artículo dejaba pendiente, con una preocupación honesta por lo que se nos viene por delante. Saber que divididos es más fácil un peor resultado resuelve el problema de la papeleta, pero deja intacta la pregunta más difícil. ¿A quién hay que ir a buscar, dónde está, y qué mínimo exigible tiene que reconocer para volver a ser votante de un frente de izquierdas? Mi apuesta en este artículo tiene que ver con una reorientación del feminismo que permita articular posiciones que hasta ahora pueden parecer encontradas.

Rufián invocó en Barcelona el Frente Popular de 1936 como inspiración. La referencia histórica merece algo más que nostalgia, ya que los frentes populares antifascistas que funcionaron fueron lecturas compartidas de por qué la gente estaba como estaba y quién era responsable de ello, algo políticamente bien distinto a una coalición de partidos que se toleran mutuamente mientras el verdadero objetivo que esconden es poder recuperar su espacio propio. Esa lectura compartida es exactamente lo que sigue sin producirse. Y hay al menos tres versiones distintas de esa lectura dependiendo de a quién le preguntes, ninguna sencilla, porque las tres pasan por el feminismo de maneras que no siempre resulta cómodo articular juntas.

El primer mínimo exigible para la unidad de las izquierdas tiene que ver con movilizar lo que ya está. Vox lidera la intención de voto en la franja de 18 a 44 años y marca un 25% entre los menores de 24. Ese dato se repite como una letanía de derrota, pero oculta algo que las encuestas recogen con bastante claridad si una se molesta en leerlas con más cuidado. Lo que muestra la otra cara de la moneda es que las mujeres jóvenes destacan como el grupo demográfico políticamente más interesante, ya que se escoran cada vez más hacia la izquierda. Desde 2014, la distancia ideológica entre hombres y mujeres jóvenes ha crecido, sobre todo por el giro a la derecha de los hombres. La izquierda ya tiene a las mujeres jóvenes políticamente, pero lo que le falta es la capacidad de movilizarlas, ya que son el grupo que más se identifica con posiciones progresistas y en proporción el que menos las vota.

El mínimo exigible aquí tiene que ver con hablarles de sus vidas, que es distinto a pedirles que adopten una identidad para pasar el control de acceso de no se sabe muy bien a qué cielo. La tradición del feminismo materialista, la de la crítica al trabajo doméstico no remunerado y la economía del cuidado, lleva décadas argumentando que la opresión de las mujeres funciona como pieza estructural sin la cual la economía tal como la conocemos dejaría de funcionar. La precariedad laboral específica de las mujeres jóvenes suma a la precariedad general la brecha salarial y la carga del cuidado, que ya empieza a recaer sobre ellas antes incluso de tener hijos. Todo esto es lo que permite de forma sencilla que si eres mujer la violencia que sufras sea más estructural, cotidiana y salvaje. Un feminismo que recupere la estructura es necesario, porque sin estructura las identidades que reivindica parecen caprichos, y la derecha lleva años tratando de que lo parezcan. Un frente que separe la igualdad de esa realidad concreta tendrá serios problemas para movilizar a quienes llevan tiempo esperando que alguien les hable en lugar de pedirles que voten para defender las vidas de otros.

El segundo mínimo exigible tiene que ver con nombrar al enemigo correcto. Me atrevo a decir aquí que los hombres jóvenes que han migrado a Vox o que directamente no votan son el sector sobre el que más se ha escrito y peor se ha pensado, siendo que no es, como antes explicaba, el que más debe preocupar demoscópicamente. Lo que sin duda podemos identificar con claridad es una crisis de representación entre hombres jóvenes de izquierda. Aunque muchas son las causas reconocibles de esta crisis —más igualdad económica entre géneros, nuevas formas de desigualdad de clase, nuevas economías, nuevas fronteras, nuevas identidades—, son demasiadas las veces que esta crisis se ha equiparado con la percepción del feminismo institucional como un ataque directo a su estatus o una criminalización de su identidad. Ese diagnóstico hay que tomárselo en serio, pero tomárselo en serio significa entender que hay una operación política en curso cuya rentabilidad depende de que los hombres jóvenes precarios crean que sus problemas los ha causado el feminismo y no el mercado de la vivienda, la temporalidad laboral o la destrucción sistemática de los servicios públicos. Los jóvenes perciben que el Estado ya no les protege de los riesgos globales —guerra, clima, crisis, precariedad—, por lo que optan por la seguridad del discurso de soberanía y fronteras. Vox les ofrece un enemigo manejable —las feministas, los migrantes, la ideología de género— con la ventaja adicional de que ese enemigo nunca podrá desmentirles porque no es el responsable de nada de lo que les pasa.

El feminismo materialista sirve también aquí, aunque nadie lo llame así en un mitin (desgraciadamente en mi opinión, claro; las redes han conseguido que los discursos políticos sean cada vez más reelsiables y menos complejos). Cuando Federici explica que el trabajo reproductivo es el trabajo que hace posible todo el trabajo remunerado, está diciendo algo que un hombre joven que vive con su madre porque no puede pagar un alquiler puede entender sin necesidad de formación ni querencia feminista ninguna: hay una economía construida sobre trabajo que no se paga, que eso beneficia al mismo sistema que tampoco le paga bien a él, y que la disputa real transcurre entre quienes producen valor y quienes lo extraen. Un hombre joven que no puede pagar el alquiler tiene exactamente el mismo adversario que una mujer joven que cobra menos que él en el mismo puesto. El feminismo no le ha quitado nada. El mercado, en cambio, les ha quitado a los dos la posibilidad de imaginarse el futuro.

El tercer mínimo tiene que ver con no dar por hecha la lealtad de quien más ha perdido. Las mujeres del baby boom, aquellas que tienen entre 45 y 65 años, que crecieron en la Transición, que pelearon por el divorcio y por el aborto y por la ley de violencia de género, para quienes el feminismo fue durante décadas una herramienta de supervivencia antes que una identidad política, son el sostén electoral más sólido que tiene la izquierda en este momento y el que con más comodidad se da por descontado. En el voto femenino, el PSOE sube hasta el 32% mientras que Vox apenas alcanza el 17%. Ese es el suelo. Y ese suelo está en el PSOE, no a su izquierda, lo cual debería producir cierta incomodidad en quienes diseñan el frente desde la comodidad de asumir que estas mujeres no tienen adónde ir.

El mínimo exigible aquí tiene otra textura, que recubre la posibilidad de no perder por exceso de autocomplacencia lo que ya se tiene. Estas mujeres son el resultado de décadas de políticas feministas de Estado que les cambiaron la vida de manera concreta y medible, y lo que esperan de un frente amplio tiene bastante poco que ver con los debates sobre siglas o liderazgos, sino con demostrar que el feminismo como política pública —las casas de acogida, cerrar la brecha salarial, hacer de la corresponsabilidad un servicio público que funcione como la sanidad o la educación, que nuestros derechos, como sucedió con el divorcio o el aborto, se reconozcan también en la justicia— sigue siendo el eje y no el adorno del programa. El feminismo que ellas reconocen se mide en presupuestos y en leyes. El feminismo al que apunta esta generación y que permitió que existiera un Feministerio es un feminismo que sirve para la transformación de un Estado, no solo para ponerle un lazo morado al balcón de turno.

¿Puede un frente trasladar mínimos distintos a estos tres sectores sin romperse en el intento? La respuesta depende de si es capaz de construirlos desde el mismo núcleo, porque lo que une a las mujeres jóvenes que ya están en la izquierda, a los hombres jóvenes que se han ido a Vox por razones que tienen poco que ver con el antifeminismo aunque lo parezcan, y a las mujeres de cuarenta y cinco años que sostienen al PSOE con su voto, no es una identidad compartida ni un relato común de la historia sino un mismo adversario. Un modelo económico que hace imposible la vida independiente, que expulsa a los jóvenes del mercado de la vivienda, que precariza el empleo, desmantela los servicios públicos y después canaliza la rabia resultante hacia las mujeres, los migrantes y los débiles en lugar de hacia quienes han tomado las decisiones que han producido todo ese daño. Vox ha llegado donde ha llegado porque ese modelo necesita una cortina de humo, y ellos se han ofrecido a serla con mucho entusiasmo.

El feminismo materialista —el que nos permite preguntarnos quién accede o hace qué trabajos, quién los cobra y quién acumula el beneficio— tiene el instrumental para explicar por qué el mismo sistema que precariza a los hombres jóvenes también da palizas a las mujeres trans, mata a otras en sus casas, premia los cuerpos normativos y los expulsa del mercado laboral en cuanto tienen hijos y convierte el cuidado en trabajo invisible que sostiene todo lo demás. Planteaba en el anterior texto que cuando comunistas, fuerzas nacionalistas, izquierdas sociales y feminismos han concurrido de la mano, ha existido una España alternativa a la reacción ultra. Lo que añado ahora es que para que esa concurrencia produzca algo más que una papeleta compartida y un comunicado de responsabilidad firmado en Viernes Santo, hace falta saber a quién se le habla, con qué argumento y desde qué diagnóstico de por qué la vida de la gente es como es.

Los mínimos exigibles son pues tres: movilizar a quien ya está pero no vota, hablarle del enemigo correcto a quien se ha ido a buscarlo donde no está, y ganarse de nuevo la confianza de quien más tiene que perder. El frente que entienda eso puede construir algo que dure más que la campaña. El que elija entre esos sectores según quién le resulte más cómodo ya ha tomado una decisión, aunque todavía no lo sepa.

Lo demás son siglas.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Soy gorda. Estoy casada con una mujer y queremos ser madres. Quiero ser madre, quiero gestar y parir a una criatura. Acudimos a la Sanidad Pública para ello. Tengo sobrepeso y un trastorno de conducta alimentaria por el que estuve ingresada durante un tiempo largo después de ser Secretaria de Estado de Igualdad, después de haber recibido una violencia política muy concreta y muy sostenida que tenía como objetivo principal mi cuerpo, y casi no lo cuento. El primer médico que nos atendió en el centro de salud dijo que era mejor que él no fuera mi médico, que era demasiado todo (¿demasiado yo? ¿Demasiado grande, demasiado lesbiana? ¿Demasiada Pam?)  Y qué hago, pensé, ¿me mato? Ya estuve ahí. Y soy lesbiana y quiero ser madre pero soy gorda y cuando llegué a la consulta del hospital en la que sí me quisieron atender para iniciar el proceso de fertilidad lo primero que me plantearon fue que sin bajar de peso no podría acceder a ese derecho. Me propusieron que adelgazara, que corrigiera el cuerpo antes de que el cuerpo pudiera hacer lo que había ido a pedir que le ayudaran a hacer. Dije que era mi derecho, blabla, bulimia, blaba, ansiedad. Me plantearon que ahora había unas inyecciones muy buenas con las que no me costaría tanto hacerlo, corregir mi cuerpo, y así poder ser madre, con ese mismo cuerpo gordo-delgado-gordo-bulímico-insultado-gordo y, quizás sí, delgado, parturiento y amamantador. Todo un cuerpo para ser madre, fantaseo con humor sobre la idea de decirle a une future hije: cariño, no te comas la galleta, anda. Y aun así quería ser madre. Sentí con tanta intensidad la rabia, el deseo y la ajeneidad por mi propio cuerpo que me pregunté –y es la pregunta que articula todo lo que viene después– qué ha cambiado en los últimos años para llegar a esta situación, qué lógica hace que una institución pública le diga a una mujer con un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado y sin ningún problema de fertilidad que la solución a su deseo de ser madre pasa por un fármaco para adelgazar, qué clase de sistema produce esa respuesta y la normaliza hasta el punto de que nadie en esa consulta pareció encontrarla problemática, casi ni yo misma. 

No es que ahora haya más gordofobia que antes, de hecho ésta lleva décadas operando sobre los cuerpos de las mujeres con una precisión que el lenguaje de la violencia estética no termina de capturar. Llamar violencia estética a lo que le ocurre a los cuerpos gordos es describir el síntoma y perder la causa, es quedarse en la superficie de un sistema que no opera principalmente sobre el deseo o sobre la belleza sino sobre la producción, sobre qué cuerpos pueden entrar en el circuito económico y social y reproductivo y cuáles quedan fuera, no por razones de gusto sino por razones de estructura.  El giro al que estamos asistiendo pasa por comprender que la gordofobia no consiste en que los cuerpos gordos gusten menos, sino que es un dispositivo cultural y social pero también tecnológico y económico que ordena el mundo, de tal modo que lo gordo vale menos, los cuerpos gordos valen menos ya que producen menos, acceden a menos, y el sistema ha encontrado formas cada vez más sofisticadas de administrar esa devaluación sin tener que declararla, en el mejor de los casos, como la opción saludable y, desde luego, nunca como política. 

Durante mucho tiempo se prometió que en el capitalismo todo se volvería inestable, que las formas sólidas se disolverían en el aire, que ninguna jerarquía sería permanente, y era una promesa que funcionaba también como advertencia: nada dura, nada resiste, todo puede cambiar. Hay algo, sin embargo, que no se ha vuelto líquido por más que los cantos de sirena del body positive nos pudieran haber confundido, y que, al contrario, se ha estrechado, que se ha vuelto más rígido y más exigente a medida que todo lo demás prometía flexibilizarse. El cuerpo. Y no todos los cuerpos, solo aquellos que pueden permitirse existir, al menos aparentemente, sin ser corregidos, es decir, empequeñecidos. Todo está empequeñeciendo a nuestro alrededor. La delgadez ya no organiza únicamente el deseo, sino que condiciona la existencia misma, y en ese desplazamiento —de ideal a condición de posibilidad— está todo el problema, porque lo que antes era una aspiración ahora se ha convertido en un umbral, en una línea que determina qué cuerpos pueden circular sin fricción en los mundos digitales que hoy habitamos y nos enriquecen y empobrecen; y a consecuencia de ello, cuáles son creíbles,  empleables, visibles y, por tanto, cuáles pueden producir valor. El giro de la delgadez ha hecho que hoy lo humano ya casi equivalga a lo delgado. 

El neoliberalismo produjo un desplazamiento que todavía estamos procesando, que tiene que ver con la fusión entre la persona trabajadora y su fuerza de trabajo, es decir, entre la persona y el producto que ofrece, de manera que el sujeto ya no tiene capital humano sino que es el sujeto mismo el capital humano, y su cuerpo, su imagen, su presencia, su manera de ocupar el espacio, muy particularmente el espacio digital, son parte del activo que pone en circulación cada vez que entra en el mercado, lo cual convierte todo lo que le ocurra al cuerpo en algo constitutivo del valor que produce, no en algo accesorio o privado o separable de su rendimiento económico.

La delgadez es, entonces, capital, pero no en el sentido en que solemos pensarlo, no como un atributo que suma puntos dentro de un sistema que ya te ha aceptado, sino como una condición que habilita la entrada al circuito, un umbral que hay que cruzar antes de que cualquier otra cualidad cuente o no. Durante décadas funcionó como capital erótico —ser deseable— y como capital social —ser aceptable—, pero hoy ha mutado y se ha vuelto económico, algorítmico y técnico, de manera que el cuerpo delgado no solo gusta más sino que rinde más, que se integra mejor en los flujos de producción contemporáneos, que ya no pasan por la fábrica sino por la visibilidad y la atención, y en los que lo que se extrae ya no es fuerza de trabajo sino forma, presencia y legibilidad. Como el Face ID de tu teléfono, si no eres delgada, el nuevo mercado de valores ni te reconoce la cara. 

Ya no solo vivimos en una economía de cuerpos alienados sino en una economía de cuerpos producidos. La fábrica disciplinaba el cuerpo para hacerlo útil, hoy el mercado lo interviene para hacerlo legible, para que pueda literalmente entrar en el circuito no como trabajador sino como producto, como unidad que se ajusta, que se optimiza, que se corrige cuando se desvía del estándar. En este contexto, la aparición de fármacos como el Ozempic no ha liberado a nadie del ideal de la delgadez sino que lo ha convertido en una tecnología de producción corporal, en una técnica que administra lo que antes se exigía, y conviene detenerse aquí porque lo que ha ocurrido es estructuralmente distinto a lo que ocurrió con la cultura de la dieta o el ejercicio, que, por más violentos que fueran, seguían operando sobre la voluntad, sobre la disciplina, la constancia, la renuncia, y eran en ese sentido tecnologías morales disfrazadas de tecnologías corporales, mientras que el fármaco liquida esa ficción porque no pide voluntad sino prescripción y capacidad de pago, y el cuerpo correcto ya no se construye sino que se compra. El privilegio de la delgadez es el nuevo privilegio de clase. 

Esto tiene una consecuencia que apenas estamos empezando a ver, que tiene relación con un desplazamiento del estigma de lo gordo. Si antes la gordura podía leerse como fracaso moral, como falta de disciplina o de voluntad o de cuidado, ahora se lee cada vez más como fracaso económico, como no haber podido, no haber tenido acceso, no haber llegado a tiempo, de manera que la estigmatización no desaparece sino que muta y ya no te señala como débil sino como pobre, y en una sociedad que lleva décadas confundiendo ambas cosas, el efecto práctico es exactamente el mismo. A esto se añade que la delgadez farmacológica produce una nueva opacidad, porque el cuerpo intervenido borra sus huellas —no hay cicatriz, no hay operación visible, no hay dieta reconocible—, la transformación es química y silenciosa y atribuible a cualquier causa, y lo que permanece es solo el resultado: el cuerpo correcto, presentado como siempre como algo natural, como algo que simplemente se tiene o no se tiene, nunca como algo que se ha comprado.

Y ahí aparece una forma de desigualdad que el sistema se niega a reconocer como tal, porque no todos los cuerpos tienen el mismo acceso a esa intervención, no todos pueden producirse de la manera adecuada en el tiempo correcto y sin dejar rastro, y el capital corporal funciona en este sentido como cualquier otro capital, es decir, cuanto más se aproxima un cuerpo al estándar más valor genera, cuanto más se aleja más se devalúa, no simbólicamente sino materialmente, en oportunidades, en salario, en credibilidad, en acceso a derechos, de manera que más gordo no es una descripción física sino una posición en una jerarquía económica, y esa posición no refleja lo que el cuerpo produce sino lo que el sistema está dispuesto a reconocer como producción válida.

En esto consiste exactamente el privilegio de la delgadez, en no tener que demostrar que tu cuerpo es funcional, no tener que cruzar ese umbral antes de que cualquier otra cosa que hagas o digas o produzcas pueda ser tomada en serio. Y en una realidad mediada por algoritmos esta lógica se intensifica de forma dramática y exponencial, porque los cuerpos no solo son vistos sino que para producir ese valor son también filtrados, clasificados, ordenados, y los que encajan, circulan, mientras los que no, quedan fuera del campo de visión, de manera que, y por decirlo de forma explícita e instagrameable,  el alcance orgánico de una publicación con un cuerpo no normativo es sistemáticamente menor. Y no es que las plataformas censuren sino que simplemente no amplifican ni muestran, lo que equivale a no existir en una economía de la atención a la imagen. Es decir, que si eres gorda, ganar dinero en una economía que algoritmiza la delgadez y cancela su contrario va a resultar inevitablemente más difícil. Lo que, por cierto, te hará más pobre y por tanto aún más gorda. La delgadez es la nueva bitcoin. 

Si el algoritmo es indispensable para comprender este giro, la lectura de género es el otro núcleo fundamental de este análisis, ya que es sobre los cuerpos feminizados donde esta lógica se vuelve más exigente y más precisa y más violenta. El cuerpo feminizado no enfrenta el mismo umbral de capital corporal que el cuerpo masculino sino uno más estrecho y vigilado, con menos margen de error. Un hombre con un cuerpo no normativo puede compensarlo con autoridad o con dinero o con posición, pensemos en Trump como paradigma de todo ello y cómo irónicamente ha sido el primer gobernante que, siendo gordo, ha pretendido prohibir la entrada a un país a las personas gordas. Sin embargo, los estudios sobre percepción de liderazgo documentan que el exceso de peso es penalizado de forma significativamente más severa en mujeres que en hombres en contextos de evaluación profesional, y la gordura masculina puede leerse como descuido o incluso como poder según el contexto, pero la gordura femenina casi nunca se lee como poder, sino más bien como una señal de que algo en ese cuerpo no funciona como debería. A esto se añade la temporalidad específica del cuerpo feminizado, que no solo tiene que ser correcto sino que tiene que serlo en el momento adecuado, porque la maternidad, la menopausia, el envejecimiento son procesos que el mercado lee como deterioro del capital corporal, y en ese contexto el Ozempic llega no como herramienta de salud pública sino como solución de mantenimiento para cuerpos que el tiempo va apartando del estándar, de manera que la intervención farmacológica se convierte en una forma de pagar la deuda de envejecer en un cuerpo que se sigue leyendo como femenino. Y hay una capa más, que tiene que ver con que las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans enfrentan umbrales adicionales que se superponen y se multiplican, porque el capital corporal no opera en una sola dimensión sino que es interseccional en su estructura aunque el mercado lo presente como universal, y el estándar que habilita no tiene el mismo coste para todos los cuerpos que se alejan de él.

Quizás el engaño más cutre en todo esto es que el privilegio de la delgadez aparecerá en tu pantalla en cualquier declinación posible del podemos ser quienes queramos ser. Lo que esconde toda esa semántica de la autoliberación es que solo es válida a veces, que solo algunos cuerpos pueden permitirse no optimizarse, y la pregunta entonces no es qué cuerpos son más bellos, ni siquiera qué cuerpos son más sanos, sino qué cuerpos pueden existir sin ser producidos, qué significaría un cuerpo que no funcione como capital, un cuerpo que come sin calcular y ocupa espacio sin pedir permiso y envejece sin corregirse y existe sin justificarse, un cuerpo que no tenga que ajustarse para circular ni reducirse para ser leído ni intervenirse para ser aceptado, un cuerpo que hemos aprendido a llamar inútil para el mercado y que por eso mismo, quizá, es el único desde el que puede empezar algo distinto, no producir mejores cuerpos sino hacerlos ingobernables. Las preguntas endemoniadas que nos quedan son: ¿Cuánto pesaría ese cuerpo que al neoliberalismo ya no le resulta rentable? ¿Se puede ser libre hoy teniendo un cuerpo? 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

La primera vez que recibí una amenaza de muerte me dio vergüenza. Supongo que no ayudó que el policía nacional que se sentaba en mi despacho para decidir si necesitaba escolta o no se quedase en absoluto silencio mientras me daba un ataque de ansiedad. Era Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, a la izquierda no le iba del todo mal y la ofensiva contra el feminismo aún no gobernaba el mundo. Después de aquel mensaje, y tantos otros a tantas otras mujeres, vinieron muchos otros más y el antifeminismo ha terminado comenzando guerras que amenazan directamente al futuro de la humanidad. La situación es tan grave que ya no solo llega con contar que sufrimos amenazas de muerte, sino que urge preguntarnos en qué momento a la sociedad de nuestro país esto le empezó a dar igual. 

Aquel mensaje no tuvo que ver con un argumento, ni con una crítica política. No respondía tampoco a las leyes que aprobamos o la forma que teníamos de ocupar el espacio público. Aquellos mensajes fueron advertencias, balizas que se iluminaron en rojo para señalar que algo no terminaba de ir del todo bien. Entonces aún podía pensarse que ese tipo de violencia pertenecía a los márgenes, a los extremos ruidosos de internet o a la furia de unos pocos. Hubo incluso quien sostuvo en animadas charlas y tertulias madrileñas que aquellos mensajes tenían que ver con el comportamiento que las feministas teníamos. El antifeminismo existía, pero no gobernaba el mundo. Hoy esa certeza es más difícil de sostener.

Esta semana, España ha vuelto a enfrentarse a una secuencia de noticias que algunos preferirán leer por separado pero que juntas no ofrecen lugar a la interpretación. Después de conocer nuevos casos de agresiones sexuales por parte de políticos y policías, después de que dos hombres fueran detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra; seguido todo ello de las denuncias públicas de amenazas y hostigamiento hechas por Irene Montero, Rita Maestre, Tesh Sidi, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla; después de todo ello, conocíamos un nuevo asesinato machista en Barbastro y días antes, tres mujeres asesinadas en Miranda de Ebro por un agresor reincidente, que vienen a sumarse a un histórico de feminicidios que amenazan con hacer del 2026 un año históricamente violento. Y después, después de todo ello y como cifra de todo lo anterior, el juicio celebrado contra Cristina Fallarás por publicar el testimonio anónimo de una mujer que relataba una agresión sexual. Después de la violencia, la violencia por contar la violencia. 

Cada uno de estos episodios y todos los otros que no caben en un texto como este tienen su contexto y sus dolores, y con todas y cada una de las mujeres que sufren ese miedo y ese dolor me quiero solidarizar. Hacer política o periodismo, ser madres, amigas, hijas, novias; vivir nuestras vidas como nos dé la puñetera gana y  ser amenazadas o asesinadas por ello no puede ser lo normal. Sin embargo, todas estas historias juntas dibujan algo que ya no puede explicarse como una simple coincidencia o un sumatorio de casos. Negar la existencia de violencia estructural contra las mujeres, presentar el feminismo como una amenaza ideológica y convertir a mujeres feministas que denuncian lo anterior en objetivos de hostilidad pública no son fenómenos separados. Forman parte de la misma ofensiva antifeminista. Una ofensiva que no surge de la nada ni de individuos aislados sino que tiene actores reconocibles y que es urgente y ético señalar. Para ello va este breve relatorio de los hechos. 

La ofensiva que ha reaccionado a los avances de nuestros derechos y que legitima la violencia contra las mujeres tiene partidos y liderazgos de la nueva derecha que han descubierto que el antifeminismo es una bandera electoral rentable. Tiene un ecosistema mediático que ha tratado el rechazo al feminismo como una opinión más dentro del pluralismo democrático. Tiene plataformas y algoritmos que amplifican el odio porque el odio genera atención. Y, por mucho que duela, tiene también las ambivalencias de sectores progresistas, incluido el Gobierno de coalición que, por cálculo o fatiga, empezaron a tratar el feminismo como un tema incómodo. Cuando estos cuatro actores coinciden, el resultado es un cambio de clima político y cultural que facilita enormemente que la impunidad y por tanto la inseguridad que ésta provoca no dejen de crecer.

Durante años el feminismo consiguió algo que parecía impensable e irreversible: transformar la violencia contra las mujeres en una evidencia política. No en un asunto doméstico ni en una cuestión privada o pasional, sino en un problema estructural que exigía políticas públicas y nuevos liderazgos y formas de relacionarnos. Ese ciclo tuvo un momento de especial intensidad en la última década. Las movilizaciones feministas masivas, el movimiento #MeToo, las huelgas del 8 de marzo, los cambios legislativos y, en España, la creación del Ministerio de Igualdad como culminación institucional de décadas de lucha.

Fue sin duda el momento de mayor consolidación del feminismo en el espacio público y así lo decían todas las encuestas, desde aquellas que medían la violencia que se ejerce contra las mujeres o los factores económicos que sirven de caldo de cultivo para las mismas, hasta las que medían las percepciones sociales en torno a la idea de que la igualdad de género era inseparable del progreso. Pero como ha ocurrido antes con otras transformaciones profundas del poder, este avance también produjo su reacción y hoy esa ofensiva ya no se limita a titulares provocadores o a mensajes virales. La ofensiva antifeminista que antes ponía mensajes en redes insultándonos, hoy gobierna países, gana elecciones, marca agendas políticas y desplaza el debate público y amenaza con arsenales nucleares. El antifeminismo ha dejado de ser un reflejo marginal para convertirse en un proyecto político global. La cosa emepezó con tuits y hoy va de torpedos. 

Y conviene señalar que lo más peligroso de este cambio ha sido el silencio con el que se ha dado, esa inversión siniestra de la causalidad que parece terminar haciendo culpables a las mujeres incluso de la propia violencia que sufren: "¡Algo habréis hecho!" Mientras se repetía que el feminismo había ido demasiado lejos por pedir cosas como poder abortar o no ser violadas, el machismo se fue convirtiendo en el aliado ideológico perfecto para aquellos que no salían bien parados con ese cambio de bando de la vergüenza. Pero, y aquí está la clave del asunto, ese machismo ideológico que ahora gobierna el mundo no nos echó a golpes, sino que lo hizo convenciendo a nuestros aliados de que si nosotras estábamos ahí, para ellos era peor. El triunfo del machismo ha sido por tanto camuflarse de sentido común. Y ahora que lo ocupan todo, amenazar, insultar, empujar, pegar, violar y asesinar vuelve a hacerse sin ningún pudor. Por eso, no solo tenemos que preguntarnos por las amenazas de muerte que sufrimos, sino en qué momento esto nos empezó a parecer lo normal. Porque es ahí, y no antes, en el preciso instante en el que la violencia, y no el feminismo, fue demasiado lejos. 

El juicio contra Cristina Fallarás es paradigmático precisamente por todo esto. La periodista publicó el testimonio anónimo de una mujer que relataba una agresión sexual, como lleva haciendo años, sirviendo de canal y altavoz para aquellas que no pueden tomar la palabra. Aunque era un testimonio anónimo, un hombre tremendamente ofendido por la posibilidad de ser señalado de forma anónima como agresor ha iniciado una demanda reclamando una indemnización millonaria por vulneración del honor. Sí, sí, has leído bien. No el honor de la mujer agredida, no el honor de la periodista que lo cuenta, sino el honor del hombre que agrede. Fallarás lo explicaba ayer con claridad al salir del juzgado. No es un juicio contra ella, sino contra el movimiento testimonial de mujeres, contra la posibilidad misma de que las mujeres contemos lo que nos ha ocurrido. Es un juicio contra nuestra palabra, contra la posibilidad de contar y relatar lo que somos. ¿Qué nos queda si nos quitan eso?

Y aquí está la clave. Y para que no queden dudas. Ni la mujer de Barbastro o las de Miranda de Ebro fueron asesinadas por culpa de un debate político ni de un proceso judicial. Pero sí fueron matadas en una sociedad donde el feminismo vuelve a ser cuestionado como si fuera un exceso, y en la que sin embargo contar los excesos del patriarcado se paga con la violencia o la amenaza de la misma. Cuando una sociedad empieza a discutir sobre el derecho de las mujeres a nombrar la violencia que sufren, es precisamente una señal de que la violencia ha encontrado otra sibilina y cómoda forma de aparecer: nuestro silencio. Por ello, cuando demasiadas mujeres pueden responder a la pregunta “¿cuándo fue tu primera amenaza de muerte?”, el problema ya no es solo la violencia, sino el régimen político que la tolera.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Cuando el estrecho de Ormuz se convierte en una amenaza y el precio del crudo de nuevo empieza a subir, la geopolítica deja de ser un mapa lejano y se convierte en algo muy concreto para toda la ciudadanía española que ve cómo su día a día puede volver a tambalearse por los precios de la luz o la gasolina, la inflación que estos puedan generar y el consecuente malestar social. Es en ese preciso momento cuando el debate geoestratégico vuelve a tener un componente material insoslayable. ¿A qué intereses responden realmente estos ataques de Trump? ¿Quién controla qué? ¿Quién decide qué margen tiene un país cuando las tensiones globales escalan? En un contexto internacional donde la postura de Pedro Sánchez es una excepción, ¿merece la pena explorar caminos que profundicen en esta vía? ¿Qué van a hacer las derechas patrióticas ante semejante ejercicio de soberanía nacional?

En estos tiempos de guerras de inteligencia, que España pueda pedir contención ante el nuevo escenario de tensión provocado por Estados Unidos en Oriente Próximo es mucho más que una distancia discursiva con nuestros colegas europeos. Sin embargo, apelar al derecho internacional mientras al otro lado de nuestras fronteras se está pidiendo más desarrollo de armamento nuclear es, a todas luces, insuficiente. Si no hay ninguna acción más allá de la disputa bruselense y tuitera por el relato, prevalecerá intacta la estructura de poder que ha permitido estos ataques y que nos inserta automáticamente en la lógica estratégica de Estados Unidos. Aquí aparece casi de forma lógica la ochentera pregunta que casi nadie formula en voz alta: ¿Qué ocurriría, en la práctica, si España decidiera abandonar la OTAN en un escenario de escalada bélica? ¿Perderíamos inmediatamente el paraguas de defensa colectiva? Sí. ¿Tendríamos que redefinir nuestra doctrina militar, nuestros acuerdos de inteligencia, nuestras bases estratégicas? Sin duda. ¿Se tensionarían las relaciones con socios europeos que permanecieran dentro? Probablemente. ¿Habría presión financiera y diplomática? Seguramente. Pero es necesario discutir también sobre las otras consecuencias menos mencionadas. 

Si España plantease un escenario de redimensión de nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica, ¿forzaría eso a Europa a acelerar una defensa autónoma real? ¿Nos permitiría esa redimensión diversificar alianzas, negociar de manera distinta con potencias como China o reforzar vínculos económicos y políticos con América Latina y el eje UE–Mercosur como parte de una estrategia de interdependencia más amplia? ¿Cambiaría la capacidad de negociación energética si el país dejara claro que su inserción estratégica no es incondicional? Salir de la OTAN sin duda tendría costes, pero permanecer también los tiene. Y la diferencia es que estos últimos los hemos naturalizado como inevitables. Por poner solo una derivada de este escenario en el que los matices son infinitos, con el derecho internacional en una mano y la defensa de una hoja de ruta para la soberanía estratégica en la otra, como mínimo, ya no es sostenible defender que Donald Trump es ahora un mejor aliado que Xi Jinping. 

Mientras se sigue posponiendo el debate sobre el nuevo orden mundial o más bien éste se da sin que nos atrevamos del todo a participar del mismo, en el plano más inmediato la soberanía se juega en algo mucho más pedestre como son las facturas, pero que sin embargo está estrechamente relacionado con ese orden mundial cambiante como ya vimos con la subida de los precios de la energía derivada de la Guerra en Ucrania de la que ya fuimos capaces de ser los líderes de una excepción ibérica para la gestión de los precios. Una excepción que seguiría teniendo efectos en la ciudadanía si no fuera porque, la semana pasada, las derechas tumbaban un Real Decreto-ley que incluía medidas como la prórroga del bono social y otros mecanismos de protección energética para hogares vulnerables. Es importante señalar la gravedad de bloquear herramientas destinadas a amortiguar el impacto sobre la población en un contexto de volatilidad internacional y riesgo de encarecimiento del crudo que va mucho más allá de la aritmética parlamentaria; se trata de una decisión que aumenta la exposición social a la crisis.

Por ello es igual de importante insistir que aquí la contradicción es particularmente difícil de esquivar. Para esas derechas que constantemente presumen de defensa de la nación o de supuesta soberanía frente a injerencias externas, debería tener costes políticos caros cuando su patriotismo excluye la posibilidad de reforzar la autonomía energética interna o los instrumentos que protegen a la ciudadanía. ¿Qué es más patriótico: sostener un bono energético que reduce la vulnerabilidad de millones de hogares o reafirmar sin fisuras la fidelidad a una arquitectura militar diseñada en otro contexto histórico? ¿Qué fortalece más a un país? ¿Repetir la foto de las Azores como símbolo de alineamiento o reducir su dependencia estructural del petróleo del Golfo y de decisiones estratégicas tomadas en Washington?

Es por todo esto que el grado de apoyo a Trump no puede ser un detalle únicamente retórico. Estados Unidos vive una polarización profunda y una deriva autoritaria que ha colocado en el centro político a una corriente abiertamente nacionalista, hostil al multilateralismo y dispuesta a utilizar alianzas como instrumentos transaccionales. Muchos describen ya este escenario político como abiertamente fascista. Si esa posibilidad amplía su poder como estamos observando impasibles en las últimas semanas, ¿qué margen real tendría Europa para disentir en un escenario de guerra? ¿Sería capaz España de sostener una posición como la que retóricamente hemos mantenido estos días si la arquitectura de seguridad de la que formamos parte presupone disciplina especialmente para los casos de escalada bélica?

Teniendo todo esto presente, preguntarse por la salida de la OTAN debe ser mucho más que una consigna, y quizás pueda comenzar a ser un horizonte regulador que permita examinar el grado real de soberanía que tiene nuestro país. ¿Podría España asumir sola su defensa? ¿Qué otros países podrían sumarse a esta posición? ¿Qué nuevas alianzas podríamos dibujar en ese escenario? ¿Puede integrarse este debate en un esquema europeo distinto? ¿Qué implicaría para nuestras exportaciones, para nuestras inversiones, para nuestra capacidad de influir en el Mediterráneo? ¿Nos aislaría o nos obligaría a negociar desde otro lugar? ¿Qué ofrece más seguridad a la ciudadanía de nuestro país? ¿Las operaciones de Trump para controlar el mercado del petróleo que se saltan el derecho internacional o una redimensión de la multilateralidad para nuestra política exterior?

Tal vez la conclusión más probable en este debate sea que no es posible abandonar mañana la Alianza. Pero lo verdaderamente revelador es que la pregunta resulte casi impronunciable mientras se acepta como natural una dependencia que condiciona tanto la política exterior como la energética. No sirve de nada que la patria sea nuestro eslogan si no se traduce en un compromiso con la seguridad ciudadana y la capacidad de decidir en su beneficio bajo presión. Por ello, en un momento de reconfiguración global, quizá la verdadera excepción no sea condenar una guerra concreta, sino atreverse a discutir la arquitectura que nos ata a sus consecuencias. Es por eso que, de nuevo, nuestro país puede estar ante una oportunidad de hacer valer su posición. La excepción española no puede ir únicamente de proclamar firmeza, sino también de reducir vulnerabilidades, aunque eso nos obligue a revisar lealtades heredadas.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Escribo este artículo por la urgencia de los tiempos para insistir en una vieja idea que es más necesaria que nunca. La unidad de la izquierda no es únicamente un problema de matices ideológicos sino de mecánica electoral. Las encuestas lo repiten, la calle muestra fatiga y la experiencia histórica, reciente y pasada, lo confirma una y otra vez. Cuando la izquierda compite dividida, la reacción suma más. Ante la era de lo ultra, la alianza que hace falta ahora no es sentimental ni doctrinal, sino que es coyuntural, instrumental y electoral. Una alianza que debe ser diseñada para albergar después toda la pluralidad parlamentaria que se quiera —si hay escaños que lo permitan.

La izquierda española tiene la peligrosa habilidad de convertir errores tácticos en virtudes morales, habiendo desarrollado un gusto no muy exquisito en ocultar estos errores en las distintas semánticas partidistas. Si la división resta escaños, se llama coherencia. Si dispersa el voto, se llama pluralidad. Si bloquea mayorías posibles, se llama dignidad. Es innegable que llevamos más de una década ensayando variaciones de la misma fórmula con distinto envoltorio. Plataformas nuevas, coaliciones tensas, marcas de urgencia, rupturas justificadas como renovación, acuerdos electorales registrados a las 23.58. Aunque pueda haber en el debate motivos políticos para todo ello, los resultados de los últimos comicios no necesitan de una interpretación sofisticada para saber que de cara a los próximos procesos electorales toca hacer algo diferente. Solo hay que dejar Madrid y la vida de partido para corroborar el desgaste que ha producido este proceso en votantes que se retiran en silencio de una mayoría progresista que además de haber sido mucho más sólida, fue, sin duda, mucho más ilusionante. Mientras tanto, la derecha ultra no necesita resolver su debate interno en público, le basta con sumar los votos necesarios. Y por si alguien dudaba de ello, el guardiolismo extremeño se ha entregado a Vox, si es que quedaba alguna duda de que al PP de Feijóo y Ayuso les vale todo con tal de tocar poder; hasta premiar a Trump si hace falta. El contexto ha cambiado. Actuar como si no lo hubiera hecho empieza a tener más matices psicológicos que de lectura política. Las series demoscópicas —incluido el CIS— llevan tiempo marcando tendencias persistentes. Por un lado, la derecha radical mantiene un suelo estable, mientras que por otro, el voto progresista fragmentado se traduce en peor en representación; crece la abstención entre electores de izquierda que declaran cansancio del conflicto interno permanente. No es un dato aislado o una cocina particular de esta u otra encuesta, sino que desgraciadamente es un patrón comprobable en cada cita electoral. Las posibilidades de que el país que conocemos desaparezca son cada vez mayores en un mundo en el que, con nuestros malmenorismos socialistas varios, seguimos siendo la excepción progresista.

¿Cómo es posible ante este escenario que la discusión política siga planteándose como si fuera un problema de identidad ideológica y/o pasados de agravios y no de mecánica de agregación? ¿Cómo se hace justificable para cualquier demócrata a la izquierda del PSOE negar este argumento? Conviene decirlo sin rodeos, no existe un escenario verosímil en el que varias candidaturas compitiendo en el mismo o similar espacio ideológico frenen a un bloque reaccionario que comparece agregado. Las simulaciones provinciales lo muestran una y otra vez, la penalización por fragmentación es estructural.

Pero seamos claras también en lo siguiente. La confusión más costosa sigue siendo la equiparación de las alianzas electorales a las alianzas políticas a largo plazo. Presentarse juntos no obliga a votar juntos cada ley o a crear un nuevo partido que pretenda borrar de legitimidad todo lo anterior. Ni compartir papeleta borra programas, ni sumar candidaturas disuelve trayectorias políticas. Lo único que logra una concurrencia amplia es evitar que la división regale representación al bloque contrario. Después, en el Parlamento y en general en el tablero político, cada cual puede mantener su posición. Esta hoja de ruta electoral, que podría consistir en una gran coalición de coaliciones, es posible jurídica y políticamente, no es una invención reciente y se trata de práctica democrática conocida. Los frentes electorales amplios han surgido cuando el riesgo de retroceso era tangible y la dispersión resultaba letal. No nacieron de la afinidad total, sino de la lectura colectiva de un peligro más grande que los matices que nos separan. La propia experiencia republicana española mostró que los frentes electorales amplios no nacen del acuerdo completo, sino del reconocimiento del riesgo común. Y para esa hoja de ruta el primer paso consiste en asegurar la fuerza suficiente. 

En este sentido, es evidente también que este frente hoy no puede limitarse a partidos estatales de izquierda. Tiene que incluir a fuerzas nacionalistas y regionalistas progresistas como parte de la arquitectura, no como concesión táctica. El mapa territorial también decide gobiernos. Ignorarlo no es una cuestión de firmeza, ni siquiera puede ser ya una mala lectura, sino más bien olvidar qué camino nos trajo aquí. Si ha sido posible un Gobierno de coalición así como su reedición es porque aunque los votos fueron al mismo saco, la coalición que se presentó en Galicia no fue la misma que en Euskadi o Andalucía.

Tampoco bastan las siglas. Sin contar con la movilización social organizada, la suma electoral se queda hueca. No basta con el trabajo de los partidos, si en algo tenían razón todos aquellos que han insistido en procesos de participación y escucha es en la intuición de que aquí nadie sobra. No basta con un par de actos en los que parezca que se escucha. La fuerza política que tienen actores sociales como el Sindicato de Inquilinos, el movimiento feminista que prepara el 8M, las redes por los servicios públicos o el tejido cívico que ha sostenido conflictos reales estos años deben estar presentes en esta gran coalición. No como acompañamiento decorativo de campaña, sino como base activa que puede orientar también la fuerza de esa gran coalición en sentidos que quizás no sean los más interesante a priori para los partidos.

En los últimos días varias voces del espacio progresista han apuntado en esta dirección. Se ha advertido que competir separados equivale a facilitar la victoria de las derechas, pidiendo para ello poner objetivos por delante de siglas y construir un frente democrático que desborde el perímetro estrictamente partidario. Se habla de la necesidad de que la izquierda se ponga en pie, de que algo hay que hacer o nos coméran por los pies, de dar un paso hacia delante. Todos estos actores pueden estar diciendo lo mismo si coincidimos en que la única manera de ponerse en pie y hacer algo diferente en política representativa es con escaños. No hay posición erguida sin representación suficiente. Claro que para ello hará falta rebajar el deporte del descarte personal. En un frente amplio operativo no sobra nadie que aporte voto, estructura o capacidad de convocatoria. Hay liderazgos con arraigo territorial real y liderazgos con alcance mediático amplio. Prescindir de cualquiera de esas capas debilita el conjunto. La política necesita capilaridad y necesita escala, no porque unos liderazgos funcionen mejor que otros, cosa que por supuesto sucede, sino porque el electorado progresista, y más al que se puede dirigir esa gran coalición, no es uniforme. Hay quien vota por enfado, quien vota por sentirse seguro, quien vota desde su identidad territorial, quien vota desde el feminismo, quien vota por justicia material básica, quien lo hace porque le cae uno mejor que otro. La arquitectura electoral común, un frente amplio de coaliciones de izquierdas, no borra esas motivaciones, las coordina y las multiplica.

Tampoco podemos dejarnos seducir por los atajos. Cada ciclo reaparece la esperanza del liderazgo salvador como el mejor de los trampantojos. El carisma moviliza tan rápido como se agota. Lo que resiste a las inevitables y necesarias diferencias o a los malos escenarios políticos son los procedimientos y métodos democráticos. Si hay dudas de cómo ordenar una lista, primarias. Si hay necesidad de clarificar nombres, porcentajes económicos, posibilidades de representación parlamentaria, acuerden, queridos compañeros; y si sigue habiendo dudas, pues que decida la gente. Fuera de los entornos militantes el mensaje es más que directo, la gente está harta y necesita menos épica personal, más diseño operativo. Coordínense para lo esencial y a currar, que nos jugamos la democracia. ¿O es que alguien en los partidos se está jugando otra cuestión?

Me gustaría poder decir lo contrario, pero mi (provinciana) sensación es que lo que reina en la calle es puro cansancio. Por eso ante la posibilidad de elecciones, mucha gente de izquierdas no pide ya unanimidad ideológica sino una eficacia mínima ante la magnitud de lo que se nos puede venir encima, y si esto no es posible que nos ahorren el bochorno. Porque esta vez no se trata de ilusión colectiva ni de identidad política, se trata de correlación de fuerzas y de cómo se convierten nuestros votos en poder real para parar la reacción ultra, de cómo se protege un marco de derechos cuando hay fuerzas dispuestas a recortarlo.

Cuando comunistas, fuerzas nacionalistas, izquierdas sociales y feminismos han concurrido de la mano, ha existido una España alternativa a la reacción ultra. Cuando han competido entre sí, ha gobernado la derecha dura o ha marcado la agenda.La fragmentación no es una prueba de autenticidad cuando entrega ventaja al adversario sino que es su mayor activo. La pregunta, desgraciadamente, no es ya cuándo fue la última vez que votaste con ilusión, sino si podemos volver a votar sin miedo. Y sí se puede, pero aquí no sobra nadie. 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Este domingo, en un mitin, una concejala del PP llamó “hijo de puta” al presidente del Gobierno. El presidente respondió con una amplia sonrisa diciendo: "Bueno bueno, os diré una cosa: ya sabemos que quienes insultan son aquellos que no tienen argumentos." La gente aplaudió enfervorecida, coreando: "¡Fuera!, ¡Fuera!", "¡No estás solo!, ¡No estás solo". No hubo murmullo incómodo o gestos ante el exceso, más bien al contrario, un aplauso ensordecedor coronó el entusiasmo. He estado antes en muchas situaciones como esa, en las que de un lado se aplaude al que insulta y en el otro al insultado. Lo relevante deja de ser la grosería sino más bien la capacidad que esta tiene con su efecto polarizante de acallar todo lo demás. ¿Qué puede hacer la política ante estas situaciones? ¿Nos debe preocupar que sean cada vez más frecuentes?

Podríamos fingir horror educado, llevarnos la mano al pecho y preguntar en qué momento se perdió la cortesía parlamentaria. Pero no estamos en un drama de época. El español nunca fue un idioma de porcelana. Del insulto nuestra lengua ha hecho hasta poesía, no sé si da para enorgullecerse, pero es innegable que el castellano, incluso el parlamentario, tiene calle. Hasta el humor más absurdo lleva años recordándonos que decir barbaridades forma parte del repertorio expresivo, ya lo decían los irrepetibles muchachos de La Hora Chanante: hijo de puta hay que decirlo más. No pasa nada por admitirlo o al menos reconocer que el acting victoriano por una palabra fea no es lo que mejor le sienta al buen gobierno que el día a día del español medio requiere. Con esto, lo que quiero decir es que quizás debemos dejar de discutir sobre la relevancia de la palabra y comenzar a observar con detenimiento a aquello que ésta está sustituyendo. ¿Qué no hay cuando hay insultos?

Volvamos al último caso, el del presidente. Tras el insulto y su posterior debate en todas las tertulias y redes, no vino nada. Como sucedió con todos los anteriores, ningún insulto sirvió para ver nacer una nueva idea, explicación o marco de discusión. Solo activó como una red de arrastre las balizas de la pertenencia. Si algo es el insulto en política hoy es señal de tribu, un gesto de identificación rápida que recuerda a quien lo usa que estamos aquí, somos estos o aquellos y odiamos a estos otros. Tan simple como efectivo, desgraciadamente a veces lo es tanto para insultador como insultado. De ahí que una no sepa ya si los insultos son en legítimo cabreo o defensa o en un desesperado intento de que subiendo el volumen el otro lo suba más.

La situación es tal que podemos decir que el exabrupto se ha convertido en herramienta de ahorro. Ahorra tiempo, datos, matices, responsabilidad, puro márketing político. Permite no entrar en terrenos donde hay que saber de lo que se habla. Sale rentable porque ocupa espacio y desplaza preguntas incómodas. Mientras discutimos modales y tonos, desaparecen los temas difíciles como migración, vivienda o desigualdad. No se puede no mencionar en este sentido que, cuando el ambiente es insultante, hablar de lo importante requiere frases largas, mientras que el insulto cabe en un titular. De hecho es probablemente lo único que aparezca en un titular. Y esto no es una casualidad. El ruido hoy tiene rendimiento político, mueve más que la precisión, la compasión o la eficiencia. Circula mejor que el análisis. Genera cohesión instantánea. Y además protege: quien insulta fija el terreno y obliga al resto a reaccionar.

Ahora bien, conviene no confundirse de plano. Una cosa es no escandalizarse como un clérigo decimonónico y otra negar que el insulto institucional tiene efectos. No es lo mismo el desahogo privado o cómico que la degradación lanzada desde un cargo público, con micrófono y masa delante. Ahí ya no hablamos de estilo, sino que hablamos de señalización, y de cómo opera un mecanismo que, repetido suficientes veces, va estrechando el perímetro de legitimidad de la persona contra la que se ejerce. Dicho mecanismo no es otro que el de la violencia política, que rara vez empieza con golpes, sino con rebajas de trato, de lenguaje o reconocimiento. Se normaliza el desprecio y después sorprende la hostilidad. El proceso es lento y casi siempre se presenta como espontáneo y se maquilla de moralina cuando la cosa se sube demasiado de tono. No es ni una cosa ni la otra, y esto es lo verdaderamente insultante. En Europa llevan tiempo tomándose esto en serio, aunque aquí nos guste pensar que son exageraciones burocráticas. Hay líneas de trabajo contra la incitación al odio político, protocolos frente a campañas de degradación pública y marcos contra la desinformación agresiva dirigida a deslegitimar instituciones. No por amor a la corrección verbal, sino por experiencia histórica. Cuando la deshumanización se convierte en rutina, el daño llega después por otras vías. Quizá habría que empezar a pensar también en instrumentos propios para nuestro país, como observatorios de violencia política, tipificación de agravantes en el Código Penal para los delitos relacionados cuando la degradación es sistemática y viene de cargo público, unidades fiscales especializadas en delitos de odio político y acoso institucional. Pero siempre teniendo presente que no se trata de vigilar tacos sueltos sino de detectar patrones de una violencia que puede terminar siendo estructural en el ejercicio de la política; y en definitiva, para invertir una lógica cultural introduciendo coste donde hoy hay premio.

El verdadero problema con el clima político actual es que no tiene una respuesta fácil. No se corrige la brutalización compitiendo en brutalidad. Tampoco bajando el tono hasta desaparecer. No funciona ninguna de las dos cosas, no se polariza con lo ultra diciendo algo aún más fuerte en otro sentido ideológico, ni se desactiva esa pulsión bajando el volumen. Que no, que gritar más no desactiva a los ultras, pero susurrarles tampoco. La única palanca que históricamente ha funcionado no es otra que subir el nivel, y plantear frente a las lógicas simplonas, otras complejas que obliguen a pensar mejor, más fino y con más distinciones. ¿En qué momento hemos llegado a considerar el matiz o el pensamiento crítico como una debilidad cuando éstas deberían ser más bien las tecnologías para la democracia?

Los grises, las diferencias internas, las categorías bien trazadas son lo contrario de la lógica fascista, que vive de simplificar el mundo hasta que quepa en un puño, donde todo es bloque, enemigo, traición o pureza. Pensar con precisión rompe ese hechizo. Obliga a separar, a comparar, a justificar y por supuesto también a rectificar. Y claro, aquí también toca autocrítica. Parte del campo que presume de sensatez lleva años respondiendo al ruido con pedagogía blanda y tono conciliador. Buenas intenciones pero plagadas de resultados discretos, pues a nadie se le escapa ya que la extrema derecha no ha dejado de crecer. Repetir la misma estrategia esperando otro desenlace no es virtud cívica sino pura negación de un problema de magnitudes ya inmanejables. Tan burdo es el que solo sabe insultar como inútil el que solo sabe templar. Hace falta otra cosa, que reivindique la dureza argumental sin degradación, abrazando el conflicto político con contenido. Inteligencia con dientes. No necesitamos una política limpia de palabras sucias. Necesitamos una política llena de debates sustantivos. Porque cuando la conversación pública se llena de tacos suele ser señal de que se ha vaciado de ideas. Y ese vacío, a diferencia del insulto, sí es peligroso.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Pongo este título al artículo con la esperanza de que alguien lo lea. Estoy segura de que si se llamara Derechos de las mujeres migrantes, su lectura sería bien distinta. Y es que cada vez que una denuncia por violencia sexual afecta a una figura pública, el debate se precipita, en el mejor de los casos, siempre hacia el mismo lugar. Si las preguntas no son por la credibilidad de los hechos, entonces rápidamente la sociedad se preguntará: ¿qué hacemos con su obra?, ¿con su legado?, ¿con lo que significó para una generación, para un país, para una idea de cultura o de política? La pregunta aparece con una rapidez reveladora, como si lo urgente ante la violencia sexual fuera salvar algo —una discografía, una trayectoria, una biografía—, salvar a los agresores de sus propias agresiones, antes incluso de saber qué necesitan las mujeres que han sufrido las agresiones sexuales que se han denunciado, es decir, antes que salvar a las agredidas de ser revictimizadas de nuevo.

Ese orden no es casual. Es un sesgo profundamente patriarcal. Porque sitúa el patrimonio simbólico por encima del daño, y convierte a las víctimas en una variable secundaria dentro de una discusión que se presenta como cultural o histórica, pero que en realidad es una disputa por el poder, y de algún modo también, una forma de violencia simbólica de la que tristemente participa una buena parte de la sociedad, revictimizando así a tantas mujeres.

La socióloga Gisèle Sapiro lo formula con claridad en ¿Se puede separar la obra del autor? La separación automática entre obra y autor no es una posición neutral, sino una decisión política que suele beneficiar a quienes ya ocupan posiciones de prestigio. La obra de un artista o la carrera de un político no flotan en el vacío. Circulan en instituciones, medios de comunicación, reciben premios, son enseñadas, celebradas y protegidas. Y todo eso ocurre mientras otras voces —habitualmente femeninas, precarizadas, subordinadas, especialmente aquellas voces victimizadas desde esa posición de poder— quedan fuera del relato.

El caso de Julio Iglesias, investigado tras graves denuncias que él niega, vuelve a poner esta tensión en primer plano. No porque obligue a una respuesta inmediata sobre su música (que por muy internacional que sea, la verdad sea dicha, para esta que escribe musicalmente no vale nada), sino porque evidencia hasta qué punto el resorte social sigue siendo el mismo. Antes que preguntarnos por las condiciones de reparación, por la protección de las denunciantes o por los mecanismos que hicieron posible el abuso, el debate se centra en si podremos seguir escuchando determinadas canciones o mantener los honores sin sentir incomodidad. Como si esta incomodidad individual por no poder escuchar una canción o seguir valorando las películas de algún que otro actor fuera el verdadero problema, llegando casi a disociar por completo ese malestar del problema estructural.

Les sonará aquello de no politizar el dolor de las víctimas tanto como la reivindicación de la libertad de expresión o la defensa de la presunción de inocencia. No son más que otras refinadas versiones del mismo sesgo. Nunca escucharemos a esos que disfrutan de ir ahora a un concierto de Plácido Domingo una defensa férrea de los Derechos Humanos. Esta lógica no se limita al ámbito cultural, sino que se vuelve aún más perversa en el terreno de lo político o judicial, al ser los lugares donde el propio poder se dirime. Cuando se revisan trayectorias o liderazgos, no digamos ya sentencias, ya sea en figuras contemporáneas como Íñigo Errejón o en referentes históricos como Adolfo Suárez, la pregunta recurrente es qué hacemos con su acción política, con su legado democrático, con su lugar en la historia. Rara vez se empieza por otra cuestión más incómoda pero a la que remite la mirada feminista. ¿Qué silencios les sostuvieron en ese poder y quién pagó el precio de esa construcción?

Pensar desde la reparación exige invertir ese orden. No se trata de borrar obras ni de reescribir la historia a golpe de consignas, sino de modificar nuestra relación con ellas. La reparación no consiste en decidir si seguimos admirando, sino en cambiar las condiciones simbólicas que permitieron que determinadas violencias fueran normalizadas, minimizadas o directamente invisibles. A veces eso implicará contextualizar críticamente; otras, retirar honores; otras, abrir espacios de reconocimiento y escucha. Lo que nunca implica es seguir como si nada hubiera pasado.

Aquí es donde la Ley de libertad sexual marca un punto de inflexión. No porque sea una ley perfecta ni porque resuelva por sí sola la violencia estructural, sino porque propuso por ley desplazar el centro de este sistema. Frente a décadas de enfoque punitivo limitado y de sospecha permanente sobre las mujeres, introduce un marco integral que entiende la violencia sexual como una vulneración de derechos y no como un malentendido moral.

La ley permite y obliga a algo que durante mucho tiempo fue impensable, tan sencillo como poner a las víctimas en el centro de nuestro relato, sea este judicial, social, policial o comunicativo. Reconoce la violencia sexual más allá de la agresión física, sitúa el consentimiento como eje, garantiza atención psicológica, jurídica y social sin exigir denuncia previa, establece medidas para evitar la revictimización y contempla formas de reparación que no se reducen a la condena penal. Reparar no es solo castigar a los agresores sino que implica reconocer el daño, restituir derechos y transformar los contextos de poder que lo hicieron posible, especialmente en ámbitos jerárquicos como el laboral, el político o el cultural, para que estas violencias no vuelvan a suceder.

Ante estos cambios y denuncias, aparece un argumento recurrente. Tanto no deben funcionar las políticas contra la violencia sexual porque cada vez hay más casos, más denuncias, más relatos. Como si el objetivo fuera reducir la visibilidad del problema y no acabar con la impunidad. Pero lo que demuestran estos años no es un aumento de la violencia, sino un cambio radical en su reconocimiento, una revelación de mucha violencia que ha sido silenciada. Lo que ha cambiado no es el número de agresiones y agredidas, sino el concepto mismo de lo que una agresión sexual es y las condiciones que las mujeres tienen para ahora poder contar lo que han sufrido.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que que tu jefe te pidiera que le tocaras se consideraba normal. Hubo un tiempo en el que que un político te besara sin consentimiento se interpretaba como cercanía, como carisma, como un exceso simpático. Hubo un tiempo en el que tocarnos sin nuestro consentimiento era lo normal. Ese tiempo existió y se sostuvo sobre una pedagogía del silencio. Que hoy esas conductas se denuncien no es una prueba del fracaso de la ley ni del feminismo, sino su victoria más clara.

Por eso resulta tan revelador que la pregunta inicial siga siendo qué hacemos con la obra y no qué necesitan las mujeres. Porque mientras sigamos midiendo estos casos en términos de pérdida simbólica —qué música dejamos de escuchar, qué figuras se caen del pedestal— seguiremos protegiendo el corazón del problema. Ni el feminismo ni la ley de libertad sexual nos dicen qué debemos admirar, pero sí establecen un límite político y ético para que ningún talento, ningún liderazgo, ninguna historia justifique la impunidad. Tal vez la pregunta no sea si podemos separar la obra del autor, sino si estamos dispuestos a reordenar nuestras prioridades. Y aceptar que una democracia no se define solo por su capacidad de producir cultura o relatos heroicos, sino por su voluntad de hacerse cargo del daño que durante demasiado tiempo decidió no ver, a pesar de que demasiadas veces, estaba a simple vista.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Esta mañana de Reyes el mundo no se ha detenido. Ha habido guerra, bombardeos, hambre, desplazamientos forzados y mercados financieros funcionando con normalidad. Ha habido titulares sobre Venezuela, sobre Oriente Medio, sobre Ucrania, sobre China, sobre las tierras raras y el petróleo. Todo ha seguido su curso, también para muchos niños y niñas, cuyo día ha empezado con regalos, con una casa caliente y con roscón. No por arte de magia, sino porque alguien, casi siempre una mujer, se encargó de que así fuera. Y es precisamente teniendo presente que amanecemos con roscón y tambores de guerra cuando se hace necesario decir sin ironía ni ternura impostada que la mañana de Reyes no es un paréntesis frente a la política internacional, es una escena política que la geopolítica dominante se permite ignorar. No porque sea irrelevante, sino porque no encaja en sus criterios de poder. El trabajo de cuidado que sostienen las mujeres es también el que sostiene el orden económico actual, que es también un orden de guerra. Dicho de otro modo, si las mujeres parásemos, las guerras también podrían parar. Por ello, hacer lecturas feministas de lo que sucede hoy es una de las herramientas más poderosas para la paz y por tanto para la posibilidad, cada vez más pequeña, de que el mundo pueda ser aún mañana mejor que hoy. 

Para detener este avance del antifeminismo, urge señalar esa parte más incómoda e invisible del relato triunfal del capitalismo, que es también invisible para cierta izquierda. El sistema no se sostiene solo con mercados, Estados y ejércitos, sino con una enorme cantidad de trabajo invisible que garantiza la reproducción de la vida (incluyamos en vida desde curar las heridas de la guerra para que haya soldados, hasta producir las navidades para que haya cenas, decoraciones y regalos). Nancy Fraser llama a ese conjunto de tareas los talleres ocultos del capital. Un trabajo oculto y no reconocido, hecho por mujeres, sin el que no habría fuerza de trabajo, ni estabilidad social, ni crecimiento económico posible.

No hace falta irnos al otro lado del mundo para comprender esto. La mañana de Reyes de hoy pertenece exactamente a ese mundo oculto. Lejos de ser una amable postal, es logística, previsión, cansancio y responsabilidad. Es un trabajo material orientado a que la vida continúe. Y, sin embargo, no aparece en ningún análisis sobre el orden mundial, como si la infancia o la vejez fueran categorías privadas, domésticas, ajenas a la política dura.

La geopolítica contemporánea se sigue definiendo a pesar de estos talleres por lo que poderes políticos y económicos consideran relevante: fronteras, recursos estratégicos, corredores comerciales, capacidad militar. En ese marco, los niños, las mujeres, las personas migrantes, dependientes o enfermas no cuentan como sujetos políticos y aparecen, en el mejor de los casos, como una variable presupuestaria o un problema de sostenibilidad. No forman parte del cálculo central. Su bienestar no organiza decisiones, solo aparece después —si aparece— como daño colateral o como retórica humanitaria. Es imprescindible señalar que esto no es un descuido o un cálculo ajustado, sino un diseño necesario.

Cuando se habla de seguridad internacional no se pregunta cuántos niños pasan frío, sino cuántos misiles balísticos tiene un Estado. Cuando se habla de estabilidad no se mide si las personas mayores viven acompañadas o solas, sino si los mercados reaccionan con tranquilidad. Cuando se habla de orden mundial no se discute quién garantiza cuidados, sino quién controla territorios. La pregunta incómoda reside justo aquí: ¿cómo sería la geopolítica si lo que le sucede a la gente no fuera un daño colateral, sino el centro del análisis? ¿Qué jerarquía internacional emergería si el criterio de poder fuera garantizar que ningún niño se acueste con hambre? ¿Qué alianzas serían prioritarias si el indicador de estabilidad fuera que despertarse en una casa caliente con comida hoy fuera algo básico y estuviera garantizado para toda la población?

Estas preguntas suelen despacharse como ingenuas. Pero lejos de ser naíf son profundamente radicales, porque cuestionan la arquitectura misma del poder global. La geopolítica, tal y como la conocemos, necesita convertir a quienes no producen ni combaten en sujetos políticamente irrelevantes. No porque no importen, sino porque importarían demasiado, lo suficiente como para hacer cambiar la deriva de un mundo casi sin esperanza ya. Aquí aparece una tensión que ya no podemos seguir esquivando. No basta con que el feminismo hable solo de cuidados, ni basta con que la izquierda hable solo de geopolítica. Lo que exige este momento es algo más complejo de elaborar, pero necesario. Necesitamos que el feminismo ordene la geopolítica. Que frente a la acumulación de poder, las condiciones materiales de la vida sean el principio organizador de la política internacional.

En Esto no es una guerra, Isa Serra e Irene Zugasti señalan que el actual clima de rearme y militarización no es solo una respuesta a conflictos externos, sino una reacción interna frente a las transformaciones feministas. El régimen de guerra necesita desactivar cualquier política que coloque la vida, y especialmente las vidas dependientes, en el centro. Desde ahí, Serra y Zugasti cuestionan la noción hegemónica de seguridad. Porque una seguridad que no garantiza la vida no es seguridad sino dominación armada. Replantear la geopolítica desde ahí no significa suavizarla, sino despojarla de su ficción más persistente que no es otra que la vieja idea de que el poder puede sostenerse ignorando sistemáticamente a quienes más dependen de la comunidad.

Aquí la figura de las madres —no como identidad biológica, sino como posición estructural, como las currantas de esos talleres ocultos del capital— se vuelve políticamente reveladora. Las madres, y quienes cuidan como ellas, organizan el mundo desde una lógica que la geopolítica desprecia. Frente a la lógica de la guerra está, pues, la de la continuidad, la interdependencia y la vulnerabilidad. Son las madres las que garantizan que existan condiciones mínimamente dignas de vida para todas las personas, mientras el orden internacional actúa como si eso fuera secundario.

Decimos a menudo, con tono de broma, que los Reyes Magos son los padres. El feminismo corrigió hace tiempo este cuento, señalando que sin madres no habría Reyes Magos (ni Navidad, ni cuidados, ni vida.) Quizá haya llegado el momento de asumir la consecuencia política de esa afirmación. Si quienes sostienen la vida no cuentan como poder, el problema no es su falta de autoridad, sino nuestra definición de poder. Mientras tanto, conviene agradecer (sin sentimentalismos, pero con todos los sentimientos) a quienes han hecho posible que, pese a todo, esta mañana hubiera regalos y desayuno. No porque mantengan la ilusión, sino porque sostienen lo que la geopolítica deja fuera del foco.Y quizá empezar a preguntarnos por qué seguimos llamando realismo político a un orden mundial que solo funciona ignorando todo lo que nos importa en la vida. 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

El debate público que acompañó a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual nunca fue realmente un debate jurídico. Tampoco fue una discusión moral sobre el deseo ni un intento de regular las prácticas sexuales. Fue, desde el inicio, una disputa política sobre qué se considera violencia sexual y, sobre todo, sobre quién tiene el poder para ejercerla sin consecuencias. Como sucede con el sexo, el debate sobre lo que es o no un delito contra la libertad sexual, es un debate sobre poder. El ruido, las bromas y el alarmismo sirvieron para ocultar lo esencial. La ley no venía a determinar cómo se debe o no tener sexo, sino a cuestionar una forma histórica de impunidad.

Durante meses, el foco se desplazó deliberadamente hacia aspectos técnicos —penas, horquillas, revisiones de condena— como si el núcleo del conflicto o del redactado de la norma fuera estrictamente penal. Pero lo que estaba en juego era algo más profundo que no era otra cuestión que la redefinición de la violencia sexual como una cuestión estructural de poder, y no como una desviación individual, un malentendido o un exceso puntual. Nombrar esas violencias en toda su amplitud y ámbitos suponía alterar un equilibrio tácito que había beneficiado durante décadas a quienes ocupaban posiciones de autoridad política, cultural y simbólica. Hay que decirlo bien claro. La ley solo sí es sí no hablaba de sexo sino que hablaba de poder, siendo también una explicación de cómo quien ejerce el poder se mantiene en él ejerciendo violencia sexual contra quien le sostiene. 

No es casual que una parte significativa de la oposición a la ley procediera de hombres con poder público como políticos, escritores, directores, figuras centrales del espacio mediático. No reaccionaban ante una mala técnica legislativa —que puede y debe discutirse, aunque nunca está de más recordar que fueron muchos de esos hombres, como los juristas del presidente, los que la redactaron—, sino ante la pérdida de un terreno históricamente ambiguo, ese espacio gris donde determinadas conductas eran toleradas, justificadas o directamente invisibilizadas. Cuando se redefine la violencia sexual, se redefine también cómo se puede ejercer poder. Tras la cancelación política de todas las mujeres que lideraron este proceso de reconceptualización de la violencia sexual, hoy este debate vuelve como un boomerang contra quien empujó esa cancelación. Quisieron evitar por todos los medios que el consentimiento fuera una herramienta definida legalmente para garantizar la libertad de las mujeres y, sin embargo, hoy mujeres de todas las ideologías usan esa herramienta para denunciar las agresiones sexuales por parte de compañeros de partido que en público insistían en los errores del Ministerio de Igualdad. 

En este contexto, la irrupción de un MeToo político en España no es una anomalía ni una reedición cultural acrítica, sino una consecuencia lógica. Los relatos que han ido emergiendo en los últimos tiempos, desde testimonios vinculados a figuras históricas de la Transición hasta denuncias públicas que afectan a distintos partidos de todas las ideologías, no constituyen una suma de comportamientos individuales desordenados. Dibujan un patrón reconocible de relaciones atravesadas por jerarquías, dependencia, capital simbólico y una profunda asimetría sexual.

La mención de figuras históricas como Adolfo Suárez en relatos sobre comportamientos sexuales impropios no pretende reescribir la historia ni someterla a juicios morales retrospectivos. Sirve, más bien, para entender hasta qué punto determinadas conductas fueron normalizadas en un contexto político y social donde el poder masculino no encontraba límites claros. No se trata de equiparar épocas ni de ignorar los cambios sociales, sino de asumir que la impunidad también tiene historia y sobre todo merece reparación. 

Lo mismo ocurre con los casos más recientes que afectan a cargos públicos en activo o retirados. El problema no es solo lo que hicieron, que corresponde investigar y valorar, sino el orden social y político que lo hizo posible. Organizaciones políticas jerárquicas, culturas internas tolerantes con el abuso y una tendencia persistente a proteger al poder antes que a las mujeres que lo señalan. La incomodidad que genera el MeToo en la política no responde a un exceso de puritanismo, sino a la amenaza que supone una redistribución del poder.

Por eso el rechazo a la Ley de Libertad Sexual fue tan visceral. Porque no hablaba de consentimiento como un contrato privado entre iguales, sino como una condición política que exige simetría real. Porque no convertía el deseo en delito, sino la imposición. Y porque señalaba algo que durante demasiado tiempo se dio por hecho: que no todo lo posible es legítimo, y que no todo lo legítimo para algunos lo es para todas. No iba de sexo, iba de poder. 

Es por todo ello que ley fue presentada interesadamente como una reforma penal, cuando en realidad su apuesta más ambiciosa fue la construcción de una arquitectura preventiva e institucional que limitara la impunidad allí donde históricamente ha sido más resistente. No se dirigía solo a los juzgados, sino a los espacios donde el poder se organiza y se reproduce, como administraciones, empresas, medios de comunicación y, de forma explícita, partidos políticos y organizaciones sociales. Frente a la idea de que la violencia sexual es un problema privado o excepcional, la ley introducía por primera vez la obligación de protocolos, formación y mecanismos de detección en ámbitos donde la jerarquía y la dependencia generan condiciones propicias para el abuso. De hecho, para el caso de los partidos políticos, la ley reconoce algo que durante años fue un tabú y es que estos son también espacios laborales, de militancia y de socialización atravesados por relaciones de poder desiguales, y que por tanto requieren medidas específicas de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales. No se trata de criminalizar organizaciones, sino de asumir que ninguna estructura de poder es neutral y que la ausencia de reglas claras ha funcionado, durante demasiado tiempo, como una forma de protección informal para quienes ocupaban posiciones de autoridad.

Nada de esto habría sido posible sin la acción persistente del movimiento feminista y sin el trabajo de quienes han asumido el coste de hacer visible lo que el poder prefería mantener en silencio. Las periodistas que investigan, los medios que publican y las mujeres que deciden hablar —a menudo sin garantías, con enorme desgaste personal, económico y profesional— no actúan movidas por una pulsión moral, sino por una exigencia democrática elemental. Las leyes no crean los testimonios, pero los hacen audibles. Y los testimonios, cuando se sostienen colectivamente, fuerzan a las instituciones a dejar de mirar hacia otro lado. A todas ellas no podemos dejar de agradecerles su tarea. 

Y es con este agradecimiento en el centro que se hace necesario señalar que quienes hoy denuncian un supuesto clima de linchamiento son precisamente quienes han guardado silencio durante décadas ante una cultura de la impunidad ampliamente conocida. El escándalo no fue que la ley prohibiera algo nuevo, sino que nombrara algo viejo. La incomodidad actual no procede de un exceso de denuncia, sino de la pérdida del monopolio sobre el relato y sobre las reglas del juego. En ese sentido, la Ley de Libertad Sexual ha operado también como un boomerang político para el propio Pedro Sánchez. Aquello que en su momento fue presentado como un debate que había ido demasiado lejos, como una discusión sobre si determinadas formas de comportamiento masculino, normalizadas durante décadas, podían ser consideradas o no violencia regresa hoy transformado en un problema político de primer orden. No por la ley en sí, sino porque el marco que esta ayudó a abrir permite leer de otro modo los casos que han ido surgiendo en su entorno político y orgánico. Lo que entonces se quiso cerrar como exceso aparece ahora como diagnóstico de sentido común. Ya no se trata de una exageración feminista, sino de una pregunta incómoda sobre poder, consentimiento e impunidad que ya no puede volver a formularse en abstracto.

El MeToo político no exige cancelaciones automáticas ni juicios sumarios. Exige algo más sencillo y, a la vez, más incómodo. Exige asumir que el poder, también el poder progresista, debe someterse a límites. La restauración de todo lo que el debate sobre la  ley de Libertad Sexual canceló es una de las condiciones de posibilidad de este proceso. Porque un proyecto político que no es capaz de revisar cómo se ejerce el poder sexual en su interior, es decir, de garantizar la libertad de las mujeres, difícilmente puede llamarse progresista.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

En las últimas semanas, algunos casos de violencia sexual y machismo vinculados al PSOE han reactivado un debate sobre coherencia y responsabilidad política. Pero conviene evitar un error frecuente. Una crítica feminista no puede consistir en señalar a las feministas del PSOE como responsables ni en atribuirles las conductas individuales de los hombres de su partido. Eso sería confundir el análisis estructural con un uso punitivo de las categorías políticas. El feminismo ha insistido siempre en que la crítica es una forma de cuidado: un modo de mantener vivas las exigencias de justicia, incluso (y especialmente) frente a quienes se reivindican aliados para la transición feminista que este país aún tiene pendiente.

Por eso, una crítica feminista rigurosa no se dirige contra las mujeres socialistas, sino hacia las decisiones políticas, institucionales y estratégicas del partido. Las discrepancias son legítimas y necesarias dentro de un movimiento que nunca ha sido homogéneo ni lo será. No existe tal cosa como un feminismo oficial que invalide al resto; existe un campo de debate democrático donde el disenso es síntoma de democracia, no de traición.

Sin embargo, el problema actual del PSOE con el feminismo no proviene de tener machistas en sus filas —todas las organizaciones los tienen, a mí me lo van a decir—, sino de una pérdida sostenida de ambición política en materia de igualdad. La erosión es más larga y más profunda.

En primer lugar, pesa y llama poderosamente la atención la demora deliberada en materias que el propio PSOE presenta como banderas históricas propias, como la llamada abolición de la prostitución (posición que no comparto). A la vez, programas esenciales impulsados desde el Ministerio de Igualdad como el Plan Corresponsables, las pulseras telemáticas para agresores, los itinerarios de inserción para mujeres en prostitución o la imprescindible implementación de leyes ya en vigor como la ley de libertad sexual, la ley trans o la reforma de la ley del aborto han sufrido discontinuidad, falta de impulso o vaciamiento. Prometer igualdad y desatender los mecanismos que la garantizan es una forma silenciosa de retroceso.

La falta de una agenda feminista coherente se evidencia también en gestos políticos de escaso realismo, como la reciente propuesta de introducir el derecho al aborto en la Constitución, una iniciativa que tuvo más de titular que de horizonte legislativo real. El feminismo no necesita promesas performativas, sino políticas públicas estables y dotadas.

Pero la situación actual no se explica únicamente con el abandono de la agenda del anterior Ministerio o con el desastre de la gestión en casos internos de violencia sexual. Es crucial señalar que el punto de inflexión se dio cuando el PSOE decidió que, para competir por el voto femenino con el Ministerio de Igualdad, la estrategia era cuestionar la Ley de Libertad Sexual, sumándose a la estrategia de las derechas, insinuando que el feminismo había ido con la aprobación de una reforma basada en el consentimiento demasiado lejos y atribuyendo a errores legislativos lo que entonces no quiso reconocer como interpretaciones judiciales restrictivas –interpretaciones que ahora sí denuncia en otros ámbitos, como el reciente caso del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado–. Aquella estrategia dejó una cicatriz imborrable. Convertir el feminismo en arma arrojadiza debilitó la confianza en un partido que históricamente había sido central en la institucionalización de la igualdad. Y lo que es peor, arrastró a sus actuales socios de Gobierno a una estrategia similar en la que, sin entrar en detalles, el feminismo se volvió a convertir en un aspecto accesorio para la izquierda.

Este deterioro no ocurre en el vacío. Que la derecha crezca no puede paralizar la capacidad crítica de la izquierda ni obligarla a cerrar filas sin reflexión, como si señalar errores propios fuese debilitar al conjunto. Muy al contrario, precisamente porque la izquierda no atraviesa su mejor momento, debe preguntarse qué hace mal, qué políticas no ha sabido sostener y qué discursos ha descuidado.

Una encuesta reciente publicada por 40dB. mostraba que las mujeres se están alejando del voto progresista y desplazándose hacia la abstención. Cuando quienes deberían sentirse representadas por una agenda feminista dejan de hacerlo, la pregunta no puede dirigirse contra ellas, sino contra quienes han gestionado y cuestionado esa agenda. El descontento no es espontáneo; es político. Y desgraciadamente los mensajes contra las políticas de igualdad han venido también de las primeras filas socialistas durante quizás ya demasiado tiempo.

Por eso la crítica feminista al PSOE y a sus socios de Gobierno debe ser un acto de responsabilidad. Porque el vínculo histórico entre socialismo, izquierda e igualdad no se sostiene solo con memoria, se sostiene con políticas. Y en los últimos años, el PSOE ha ido renunciando, de forma paulatina y táctica, a ese liderazgo que un día ejerció con convicción. La relación rota con el feminismo no es fruto de un caso concreto, de un malentendido ni de una campaña ajena, sino que es consecuencia de decisiones políticas concretas, de silencios estratégicos y de una incapacidad creciente para articular una visión sólida de igualdad en un tiempo que exige claridad y valentía.

Si el PSOE quiere recuperar ese lugar, no le bastará con invocar un legado. Tendrá que volver a construir uno. Y la misma tarea sigue pendiente para las izquierdas. Si queremos tener esperanza en unos comicios electorales que parece que son cada vez más cercanos, las mujeres tienen que salir a votar. Fueron ellas las que llevaron a Sánchez a la Moncloa y, o la estrategia cambia radicalmente, o serán las que lo van a sacar. Y para ello no hay lavado de cara morado que valga, hace falta articular un feminismo que vuelva a interpelar a la mayoría, tan crudo como hegemónico.

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Ángela Rodríguez Pam es exsecretaria de Estado de Igualdad.

La violencia machista se ha instalado en el debate público español como un fenómeno que conviene gestionar, pero ya no como un orden social que transformar. Se hace imprescindible volver a comprender. En un país que presume de consenso en la materia, la raíz ideológica del problema se ha ido diluyendo en categorías neutras que lo despolitizan y sustituyen estructura por contingencia, opacando el marco mismo desde el que podríamos comprender su persistencia. Pero el machismo no es un desajuste emocional, ni una tragedia privada, ni tampoco un asunto que se resuelva únicamente con más penas de cárcel o mejores medidas policiales: es una estructura que orienta afectos, legitimidades y jerarquías. Es cuando dejamos de nombrarla como tal cuando avanza sin resistencia.

Hay conceptos que no desaparecen, se vuelven opacos y cambian su significado con su uso. Machismo, como patriarcado, violencia o incluso feminismo corren hoy ese riesgo en España. Esto no sucede porque hayan dejado de emplearse, sino porque han sido absorbidos por un discurso institucional que los nombra sin pensar su raíz. Se habla de violencia en el ámbito de la pareja, de problemas de convivencia, de conflictos relacionales, como si el daño que produce el patriarcado fuese una cuestión psicológica y no la manifestación visible de un sistema de poder con incalculables consecuencias. El consenso político ha producido un vocabulario higiénico que gestiona la violencia sin interrogar su estructura, y esa operación es peligrosa porque transforma un orden ideológico en un asunto técnico. Llega a ser de tan profundo calado que en aras al consenso se llega incluso a pedir que no se politice la lucha contra la violencia machista. Es decir, se pide no hacer justamente aquello que de hacerse podría realmente marcar la diferencia. ¿Cómo luchar contra el machismo, cómo cambiar el orden social patriarcal, sin asumir que éste es una cuestión íntimamente relacionada con el poder?

La filosofía feminista contemporánea resulta aquí indispensable. Sara Ahmed ha mostrado que las estructuras sociales funcionan como orientaciones: inclinaciones que no obligan, pero que predisponen, que canalizan movimientos y expectativas. El patriarcado es, en este sentido, una geografía afectiva. No se limita a distribuir roles, sino que configura lo interpretable y lo imaginable: quién puede enfadarse y quién debe justificar su ira, quién es leído como razonable y quién como exagerada. No hablamos de actos aislados, sino de una arquitectura de inteligibilidad.

Pero esa arquitectura, cuando no se nombra, se vuelve paisaje. Judith Butler lo advirtió hace décadas: los marcos que utilizamos para describir la realidad no son neutrales; producen aquello que vemos y borran aquello que no encaja en su gramática. Cuando hablamos de lacra, por ejemplo, transformamos la estructura patriarcal en una suerte de patología indeterminada, una desgracia social sin responsables ni genealogía. Cuando hablamos de violencia en el ámbito familiar, devolvemos la dominación al espacio privado y disolvemos la asimetría entre quienes ejercen poder y quienes lo padecen. Estas expresiones —tan frecuentes en discursos mediáticos e institucionales a ambos lados del arco parlamentario— parecen inocuas, pero no lo son: operan como dispositivos conceptuales que desplazan el problema fuera de la ideología para situarlo en la intimidad. Y un problema íntimo no exige transformación estructural, solo gestión emocional.

Susan Faludi describió este fenómeno como backlash: una reacción que emerge precisamente cuando el feminismo logra avances significativos como los que en los últimos años se han dado gracias a los movimientos feministas y sus diferentes manifestaciones, incluso las institucionales. Es importante tener presente que, en España, ese backlash no siempre se manifiesta como confrontación explícita; a menudo adopta la forma más sofisticada de todas: la moderación semántica. La sustitución del patriarcado por la convivencia, de la desigualdad por la dificultad relacional o el discurso sobre la meritocracia, de la dominación por el conflicto sentimental. Es una operación que permite al sistema mantenerse indemne bajo la apariencia de consenso.

Mientras tanto, la cultura popular, quizá sin proponérselo, comienza a exponer con mayor claridad lo que la política neutraliza. La perla, de Rosalía, puede parecer un relato emocional, pero en realidad nombra un patrón. En ella, cuando se habla de red flag no es un gesto anecdótico; es el reconocimiento de un repertorio colectivo. La figura del terrorista emocional no es la patologización de una pareja concreta, sino la actualización de una forma de poder que se aprende, se hereda y se legitima culturalmente. En la canción, el protagonista reduce su propia violencia a un relato pobre, excusatorio, casi infantil. Y esa reducción es significativa ya que muestra cómo ciertas narrativas masculinas, al minimizar su responsabilidad, participan sin saberlo en la reproducción de la estructura. Lo que la política llama lacra o problemas en el ámbito familiar, la cultura pop lo lee —con más precisión filosófica que muchos documentos oficiales— como síntoma.

España ha avanzado normativamente en materia de igualdad, pero desgraciadamente la existencia de leyes no garantiza la existencia de un lenguaje capaz de sostenerlas y que posibilite las transformaciones profundas necesarias. Pensar el machismo como ideología no es una elección retórica, sino una necesidad analítica. Sin ese marco, la violencia se fragmenta en episodios inconexos que no permiten ver el patrón. Y donde no hay patrón, no puede haber transformación. La desideologización, en este sentido, es la forma contemporánea de continuidad, es decir, un modo amable de preservar el orden patriarcal que sigue permitiendo esa violencia.

Nombrar las perlas no significa buscar metáforas compensatorias, sino recuperar la posibilidad de identificar, en la superficie cotidiana, el destello de la estructura. Cada gesto que se repite, cada explicación que se reduce, cada terminología que sustituye poder por patología, es una señal. Y una democracia madura no debería temer nombrarlas. Sin lenguaje estructural, el patriarcado se vuelve administrable. Con él, vuelve a hacerse visible.

El desafío no es volver más enfático el debate público, sino hacerlo más honesto. El machismo no es un ruido sentimental: es una forma histórica de organización de la vida social. Cuando lo tratamos como si fuera un accidente de la intimidad o una tarea de las administraciones públicas, como el cuidado de parques y jardines, lo reforzamos. Cuando lo nombramos como ideología, abrimos la posibilidad de interrumpirlo. Y en esa diferencia está, no solo el terreno de la política, sino la posibilidad de articular propuestas feministas institucionales que de verdad sirvan para transformar la sociedad y hacer que las mujeres, de una vez por todas, seamos libres. 

El nuevo disco de Rosalía ha reavivado un debate que, más que musical, define el clima cultural y filosófico de nuestro tiempo. Su regreso (no está de más recordar que toda su obra ha estado plagada ya de referencias religiosas) a una estética cargada de misticismo y símbolos sagrados ha generado opiniones contrapuestas. Para algunos, representa una vuelta al dogma y al imaginario católico más tradicional. Para otros, es un gesto artístico que se inscribe en lo que varios pensadores han descrito como un giro espiritual. Para muchos otros, incluso para los fans, hay una gran operación de márketing en todo ello que nubla cualquier precisión conceptual En cualquier caso y en todos ellos, la realidad es que lo espiritual ha vuelto. Y la pregunta en este mundo, para algunos plano, en el que Nietzsche ha muerto, Rosalía quiere ser monja y la extrema derecha pisa fuerte es inexcusable: ¿Es lo religioso o espiritual siempre conservador?

Vivimos un momento en que lo religioso, lo ritual y lo inexplicable (no confundir con lo falso) parecen resurgir en una sociedad que había hecho de la razón y la ciencia su único horizonte. Pero cuando ese retorno se asoma, enseguida aparece el juicio automático: “es conservador”. Sin embargo, quizás lo religioso no sea necesariamente una forma de nostalgia ni de reacción, sino una manera distinta de mirar lo que la modernidad dejó en los márgenes: la emoción, el asombro, lo que no puede medirse pero sostiene la vida. Aquello que también se ha asociado siempre a las mujeres y que en la cosmología de la validez que sostiene el poder, siempre ha sido la luz que menos brillaba.

Pero vayamos por partes. Pensemos primero en una definición posible de lo conservador. Michael Oakeshott escribió que el conservadurismo no es una ideología, sino una disposición. Consiste en preferir lo conocido a lo incierto y en desconfiar de los cambios que puedan alterar el equilibrio de lo común. Bajo esa mirada, lo religioso podría parecer conservador, porque apela a lo eterno, a lo que no cambia. Sin embargo, la historia muestra otra cara. El cristianismo primitivo, el feminismo islámico o el misticismo de Teresa de Ávila no son gestos de conservación, sino de ruptura. Nacieron como movimientos espirituales que desafiaban la autoridad, que ponían en el centro la experiencia interior y la igualdad de las almas.

Dicho esto, en un contexto de genocidio y pederastia en la Iglesia, la posibilidad de contemplar lo religioso o espiritual como no reaccionario parece por lo menos contradictoria. Sin embargo, es imposible obviar que la secularización no destruyó la religión, sino que la transformó, más allá de las propias instituciones religiosas, en un lenguaje para aquello que no puede ser medido. Ya no vivimos en un mundo donde la fe es el marco único de sentido, sino en uno donde cada persona elige su relación con lo trascendente. Diego Garrocho rescataba recientemente en el periódico El País la noción de giro espiritual, antes acuñada por José María Mardones. Ambos señalan cómo este giro no es una vuelta a la religión institucional, sino una recuperación de la experiencia de lo sagrado en un mundo desencantado que nos obliga a la búsqueda de sentidos trascendentes. Del mismo modo hablan Byung-Chul Han, de una búsqueda desesperada de formas de sentido, comunidad y de silencio frente al ruido de la productividad; o Julia Kiristeva, con una nueva mística laica que no necesita a Dios, pero que reconoce el valor simbólico del alma y del deseo. La cuestión puede resumirse en el inagotable deseo de creer en algo ante la horrible realidad que nos ha tocado vivir. En ningún modo ético o ideológico debería ser este deseo cancelable. ¿Qué es entonces lo que chirría en este giro espiritual?

Por un lado, parece evidente que el recelo hacia lo religioso está ligado a la desconfianza hacia todo lo que no puede demostrarse. Vivimos rodeados de algoritmos que lo miden todo, y hemos aprendido a creer solo en lo verificable. Lo emocional, lo intuitivo o lo simbólico quedan en el terreno de lo menor, como si fueran residuos premodernos. Y sin embargo, es innegable que existen sabidurías y formas de estar en el mundo que no tienen explicación inmediata. Es más, casi podríamos decir que necesitamos como descanso anticapitalista pensar que no todo puede tener una explicación inmediata.

No se trata de oponer ciencia y fe, sino de aceptar que existen formas de conocimiento que no caben en un algoritmo y que quizás justamente eso que queda fuera es lo humano. Y por supuesto, esa reivindicación del misterio o de, lo que es lo mismo, de la experiencia subjetiva, tiene también una dimensión política. El feminismo lleva tiempo señalando que la razón moderna ha sido construida sobre una exclusión de lo emocional, lo afectivo y lo corporal. Autoras como Donna Haraway, Silvia Federici o Sara Ahmed han mostrado que lo que se presenta como racional suele coincidir con lo masculino y lo dominante. Revalorizar la emoción, lo espiritual o lo simbólico no implica renunciar a la crítica, sino ampliar la idea de conocimiento y abrirla a lo sensible.

Quizá no estamos asistiendo a un regreso de Dios, sino a algo distinto que el sociólogo francés Michel Maffesoli ha descrito con ironía como la muerte de Nietzsche. Si en el siglo XIX Nietzsche anunció la muerte de Dios para señalar el fin de las certezas, hoy, dice Maffesoli, lo que muere es ese propio nihilismo que nos dejó sin alma. Tras décadas de descreimiento, de cinismo posmoderno y de culto al individuo, el ser humano vuelve a buscar sentido. Pero ya no lo hace en los templos, sino en los rituales cotidianos, en el arte, en los afectos, en el cuerpo, en los vínculos. Es una espiritualidad sin mandato, sin culpa y sin jerarquías, una especie de fe de un presente agotado que necesita creer.

Quizás con todo esto se pueda concluir que Rosalía no está predicando, sino que, como tantos y tantas artistas que con su obra han querido buscar otro sentido en el mundo, está utilizando un lenguaje. Y esa diferencia es fundamental. Una obra de arte puede servirse del vocabulario religioso sin convertirse en liturgia. En realidad, es ahí donde reside la fuerza del arte, en esa capacidad de hablar desde un código sin quedar atrapado en él. La historia del arte está llena de ejemplos. El cine de Terrence Malick o la música de Sufjan Stevens, donde lo trascendente es una atmósfera; el anhelo de belleza de Paolo Sorrentino, que funciona como una plegaria; la obra de Sharin Neshat, donde la fe musulmana es un acto de resistencia y libertad; o incluso los poemas de Federico García Lorca, en los que de una forma tan patria de la que seguramente también Rosalía es heredera, lo espiritual y lo corporal se unen de un modo laico.

Son innumerables las semánticas que el arte produce desde el lenguaje de lo religioso que sirven para poder pensar lo común de una forma emancipadora. Todas ellas nos deben obligar a revisar un prejuicio muy occidental que nos hace afirmar que la religión es por definición opresiva. El arte demuestra lo contrario. Lo sagrado puede ser feminista, disidente, reapropiado, reinventado. Jugar con el lenguaje de lo conservador puede ayudar a abrir preguntas donde hasta ahora solo había continuidad. Por ello, el giro espiritual que se observa hoy no es una regresión, sino una respuesta. Es la tentativa de reconstruir sentido en un mundo saturado de información y vacío de trascendencia.

Hay riesgos, por supuesto, no todo es jauja en esta nueva mirada de lo espiritual. Lo religioso puede vaciarse y convertirse en decoración, en simple moda o en mercancía. También puede ser utilizado como refugio reaccionario, como justificación moral frente al cambio. Pero entre el dogma y el simulacro hay un terreno fértil que la creación artística habita con libertad y que puede resultar útil para un mundo que parece vivir agotado y absolutamente seco de espíritu y valores. Lo religioso entendido como experiencia, y no como doctrina, tiene la capacidad de interpelar el presente. No busca imponer una verdad, sino abrir una pregunta. Cuando la ciencia y la efectividad del mundo neoliberal que habitamos se convierten en la única fuente de sentido, el arte y la espiritualidad recuerdan que la existencia humana también se alimenta de símbolos, de vínculos, de comunidad, de gestos sin utilidad inmediata.

Rosalía ha puesto en escena esa búsqueda. Su uso de lo sagrado no impone una fe, sino que invoca una experiencia. Nos recuerda que hay una parte de la vida que no se explica con datos y que lo inexplicable también forma parte de lo humano. Esa dimensión no pertenece solo a las religiones ni a los conservadores. Pertenece a cualquiera que sienta que, más allá de lo medible, todavía hay misterio. Y quizá ahí esté la clave. Lo religioso, en su sentido más amplio, no conserva, sino que conecta. No se trata de volver atrás, sino de recuperar la capacidad de asombro. Creer, aunque sea por un instante, que el mundo todavía guarda algo sagrado.

En su nuevo trabajo, Rosalía aparece como un cuerpo entre el éxtasis y la penitencia. El gesto, la luz y el ritmo componen una escena que parece sacada de una pintura barroca, donde el amor se confunde con la fe y la entrega con la herida. Hay algo en Berghain que ya no pertenece al terreno del pop, o más bien convierte al pop en una especie de liturgia, si es que esta no es su constante aspiración. Hay algo en Lux que define lo pop, una oración donde lo femenino vuelve a ser altar, sacrificio y ofrenda, navegando con comodidad en la contradicción de serlo todo a la vez. 

La artista ha convertido su obra en un símbolo de algo más grande que ella. Vuelve la Rosalía de El mal querer, que esta vez ama hasta desangrarse, que se ofrece como cuerpo místico y animal herido, que pide perdón y al mismo tiempo exige ser adorada. Es un gesto que remite a siglos de iconografía católica, desde la representación de Santa Teresa de Bernini, las vírgenes del dolor, las mártires del cine de Pasolini o tu abuela planchando en la cocina. El de Lux es el imaginario del amor romántico, ese viejo guion donde el deseo femenino se escribe como sufrimiento, redención y entrega total. Rosalía se convierte en Santa Teresa, con el corazón atravesado por el dardo de un ángel, abrasada por el gran amor de Dios, una mártir contemporánea para tiempos sin dioses. Y sin duda, va a ser adorada. 

Y como sucede sobre cualquier adoración, conviene hacer exégesis. Y es que no puede pasar inadvertido el encaje perfecto de la imaginería religiosa con la estética trad wife que en el videoclip de la nueva canción de la cantante aparece reflejada en el vestido blanco, en la cocina de fondo y en la candidez forzada de una mujer devota y rota que se ocupa de las tareas del hogar mientras llora a un amado. Es la misma simbología que hoy inunda TikTok o Instagram: jóvenes que celebran el retorno al hogar, la obediencia como virtud y el amor al otro como misión espiritual. El neoliberalismo ha sabido vestir de libertad el mandato más antiguo: la idea de que una mujer plena es aquella que ama, cuida y renuncia. Rosalía juega —o se debate— con ese imaginario. No sabemos si lo reproduce o lo subvierte, o si en esa ambigüedad radica su potencia.

Lo que está claro es que su gesto no es inocente. Lux es una apuesta clara por la idea de que el amor romántico es una religión de la cual Rosalía, como todas las mujeres, es una mártir. A la luz de este credo, la pregunta por la intención de la obra de Rosalía se convierte en una pregunta colectiva  que arrastra a una generación de mujeres atravesadas por las contradicciones placenteras del patriarcado disfrazado de feminidad reapropiada. ¿Es Rosalía la santa que ironiza sobre el sacrificio femenino o la devota que lo reencanta con luz y oro? ¿Funciona esta puesta en escena como una crítica o como repetición del mito de la feminidad? La frontera es difusa, y ahí habita la tensión más contemporánea de la feminidad: la posibilidad de reapropiarse de los símbolos que nos oprimieron o el riesgo de reactivarlos bajo una nueva forma de fascinación.

En tiempos en que las trad wives convierten la sumisión en estética y las derechas coronan a mujeres para demostrar que el patriarcado ya no existe, la figura de Rosalía funciona como un espejo. No es Meloni ni Ayuso; no predica la obediencia, pero tampoco la niega del todo. Su giro espiritual parece preguntar: ¿qué significa ser libre si el lenguaje del amor para las mujeres sigue siendo el de la herida? Es inevitable leer Lux como una continuación de sus álbumes anteriores, pero también como una alegoría del proceso que muchas mujeres vivimos: del sometimiento de El mal querer al empoderamiento despechado de Motomami, hasta esta conciencia ambivalente que ya no busca vencer sino comprender, una nueva identidad hecha con jirones y pensamientos intrusivos de todo lo anterior. Pasamos de rogar ser nombradas y declararnos en guerra con la idea de ser el bizcochito de nadie a afirmar que en todo ese dolor, en todo ese ser unas intensas, reside también una forma de estar en el mundo verdaderamente poderosa. Ahora Rosalía sabe quién es, asume (y asumimos con ella) ser tan irresistibles y vulnerables como un terrón de azúcar que se funde con el calor.  Rosalía con Lux se hace mayor y enseña orgullosa las contradicciones políticas y estéticas de su carrera, que son también, en definitiva, las del feminismo: ¿Existe la posibilidad de que esa nueva mística de la feminidad se convierta en un nuevo sentido o identidad  para las mujeres que se repiensan por primera vez viviendo de forma consciente en un mundo que ha nombrado ya la violencia que las mujeres sufrimos? ¿Cómo son las mujeres después de ser heridas? ¿Cómo es la identidad de una mujer vulnerable pero poderosa?

Quizá la respuesta esté en aceptar que no hay retorno a la ingenuidad. Las mujeres contemporáneas —como las que canta Rosalía— habitan un territorio posterior a la herida: saben que el amor hiere, que la libertad cansa, que el cuerpo recuerda. Pero también saben que la herida no es sólo un daño, sino un lenguaje, un modo de estar en el mundo. Lo femenino, tras el desvelamiento del patriarcado, ya no puede sostenerse en la sumisión ni en la pureza; debe sostenerse en la conciencia, que no es otra cosa que una suerte de trascendencia de lo que somos, una nueva mística de la feminidad. Es en este sentido que Rosalía aparece como un animal herido que canta a su propio cautiverio, que tras intentar que el corazón sea arreglado por un hombre, concluye que la única reparación posible reside en esa soledad de las mujeres con ellas mismas, que encuentran en su herida una identidad nueva, tal y como Despentes habla de la violación o Gilligan del cuidado que duele. Hay fuerza en esa vulnerabilidad, una belleza que reivindica la emoción en un mundo cínico, hay muchísimo poder en ese mundo con hombres que hieren. Pero también hay un peligro: que el dolor femenino vuelva a ser el espectáculo central del deseo. Que la herida se transforme en marca, en símbolo rentable, en estética de la nostalgia. El cristianismo, el romanticismo y el capitalismo siempre han sabido hacer negocio con el sufrimiento de las mujeres.

Y, sin embargo, algo brilla en esa oscuridad. Porque lo que Rosalía muestra es la imposibilidad de resolver el conflicto entre amor y libertad, entre deseo y dominio. La suya es una alegoría del malestar contemporáneo: mujeres que ya no creen en el amor como destino, pero que siguen buscando su luz. Mujeres que saben que la devoción es peligrosa, pero que aún necesitan creer. Mujeres que entienden que el poder las usa como símbolo, y aun así se atreven vulnerables y poderosas a representarse, a cantar, a arder.

Quizá Lux no sea una rendición ni una victoria, sino un espejo roto de nuestra época: la puesta en escena de un mito que se resiste a morir. En ella, la feminidad no es ni sagrada ni profana: es crítica, ambigua, doliente. Y en esa ambigüedad se juega algo más grande que una estética: la posibilidad de reapropiarse de lo que nos hizo daño. Rosalía, con su gesto entre el rezo y la rebelión, encarna esa pregunta: ¿puede una mujer hacer suyo el lenguaje de dios y del amor sin volver a arrodillarse? Y esa justamente podría ser la promesa de la nueva mística de la feminidad. No volver a lo sagrado, sino reinventar el sentido del presente, desde la conciencia de haber sido heridas, pero sin ser únicamente esa herida. Mística sin dios, creer en algo pero sin obediencia. ¿Feminismo?

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

La propuesta de reforma consiste en la modificación del artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para incorporar en el mismo la salud sexual y reproductiva y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una propuesta que se aleja de otras que con anterioridad desde la izquierda y el feminismo habían planteado la inclusión del derecho al aborto dentro de la sección de derechos fundamentales que en su primer título blinda la Carta Magna. 

Esta es una diferencia crucial, puesto que el artículo 43 forma parte de los principios rectores de la política social y económica, que orientan la acción pública, sin embargo, no son derechos fundamentales ni directamente exigibles ante los tribunales. En la práctica, con la reforma del artículo 43, el aborto se reconocería como una prestación sanitaria que los poderes públicos deben promover, pero no como un derecho constitucional pleno, tal y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), que define los principios rectores como mandatos de actuación dirigidos al legislador y no como derechos subjetivos exigibles.

En este sentido, el contraste con la reforma francesa es elocuente. En marzo de 2024, el Parlamento francés aprobó una reforma que modificó el artículo 34 de su Constitución para afirmar que “la ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”. Con esta redacción, Francia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar constitucionalmente el derecho al aborto, y lo hizo en el marco de los derechos y libertades fundamentales.

El aborto no es, por tanto, únicamente una prestación del sistema nacional de salud —como señalaría la futura reforma del artículo 43 de la Constitución—, sino una libertad garantizada, un derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Colocar este derecho en un escalón inferior a otros derechos no solo es un asunto de relevancia política, sino también jurídica, ya que no podría recurrirse en amparo ante el Tribunal Constitucional alegando su vulneración. Las mujeres solo podrían reclamar ante los tribunales ordinarios, dentro del marco de la ley que desarrolle este derecho, como la Ley Orgánica 2/2010.  

La decisión socialista sin embargo está profundamente marcada por la permanente correlación de debilidades en la que el Ejecutivo puede gobernar. Por un lado, el procedimiento elegido para la reforma sería el ordinario y no el agravado, evitando así la disolución de las Cortes, pero también eliminando la posibilidad de que el derecho al aborto sea garantizado como un derecho fundamental, como ya se ha explicado.

Por otro lado, esta reforma necesitaría de 210 votos en el Congreso para ser aprobada. Incluso si todos los partidos que hoy sostienen al Gobierno votasen a favor, seguirían siendo necesarios 26 votos de la derecha para que la reforma saliera adelante con la mayoría de tres quintos exigida en la Carta Magna. Cabe pensar que, o bien el PSOE cuenta con el voto de algunas diputadas populares que puedan defender este derecho, o bien que su propuesta, más que un movimiento legislativo viable, parece una operación simbólica, una forma de reafirmar perfil feminista ante la opinión pública en un contexto de recrudecimiento de la reacción machista y de cuestionamiento de la credibilidad feminista socialista, tras las revelaciones del caso Ábalos-Koldo y sus conversaciones sobre prostitución.

La última reforma de la ley del aborto en el año 2023 incluyó muchos aspectos necesarios para que el blindaje de este derecho fuera efectivo. Hubo entonces un debate en el seno del Gobierno de coalición sobre cómo blindar este derecho como una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Si bien el Ministerio de Igualdad de Irene Montero apostaba por un modelo que garantizase que en todos los hospitales públicos fuera obligatorio que se prestase este derecho, la parte socialista del Ejecutivo apostó por una redacción más laxa de esta obligatoriedad, que ha permitido en la práctica a las derechas desde los Gobiernos de las comunidades autónomas desarrollar políticas que no protejan los derechos de las mujeres, profundizando en las desigualdades que a día de hoy se siguen dando entre autonomías en la garantía de este derecho.

No es que el PSOE no apoye el derecho al aborto, sino que tiene dificultades, como le sucede en otros ámbitos, para defender que tenga que desarrollarse con carácter universal en la sanidad pública. Esta reforma constitucional, aunque es un empuje al polo democrático y feminista que cree en las libertades de las mujeres, no tiene el calado suficiente para cambiar el día a día de las mujeres si no se acompaña de una apuesta clara por otras medidas entre las que es imprescindible una defensa de la sanidad pública. No podemos olvidar que si la mayoría de abortos se realizan en la sanidad privada es porque tenemos una ley que lo permite. 

En primer lugar, convendría reflexionar sobre la necesidad de acompañar un proceso de reforma constitucional feminista con aquellas mujeres feministas que apuestan por ello desde diferentes ámbitos, como el académico o el activista. Ya tuvimos unos padres de la Constitución, sería realmente relevante en términos políticos es que esta fuera la reforma de las nietas. Y este es un aspecto relevante no solo por lo simbólico o performativo que pueda conllevar la presencia de mujeres en cualquier proceso político sobre el que deban tener agencia, sino porque la reforma de la Constitución de un país es algo suficientemente serio como para que se implique a toda la ciudadanía en su conjunto. Aunque no sea obligatorio en este caso por el tipo de reforma propuesta por el Ejecutivo, quizás sí convendría un referéndum y desde luego sería imprescindible una comisión de trabajo en el Congreso que contase con las feministas. 

En segundo lugar, hay toda una serie de medidas que son tan importantes como el blindaje constitucional que ya se pueden poner en marcha con la actual ley y que este Ejecutivo tiene que priorizar desde ya. Entre ellas: crear un alto comisionado o agencia estatal que coordine la política de salud sexual y reproductiva, poner en marcha el registro nacional de objetores para planificar recursos humanos y evitar bloqueos estructurales, condicionar la financiación sanitaria a las comunidades autónomas al cumplimiento de estos mínimos legales; y quizás, la más importante, para de raíz poder cambiar las cosas: garantizar educación sexual integral en todas las etapas educativas como herramienta de prevención y de ciudadanía.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

¿Es suficiente la socialdemocracia para que todos y todas vivamos mejor? En España los datos económicos son positivos y alientan el optimismo: crecimiento del PIB por encima de la media europea, récord de afiliación a la Seguridad Social o inflación contenida son algunos de los grandes titulares. Sin embargo, cuando se pregunta a la ciudadanía, la mayoría responde que su vida no ha mejorado, tal y como revelaba una encuesta reciente de Funcas que señalaba que solo un 22% de los y las españolas cree que su situación económica personal ha mejorado respecto a antes de la pandemia; un 34% opina que ha empeorado; o, lo que es peor, el 76% afirma que sus hijos vivirán peor.

Aunque la macroeconomía sonríe, la percepción social empeora y el desarrollo de las promesas socialdemócratas no parece ser suficiente para cerrar esa brecha. ¿Pero es solo una percepción? ¿Sirven los datos macroeconómicos para reflejar la mejora de toda la sociedad? ¿Quién se queda atrás una vez las promesas socialdemócratas se cumplen? ¿Qué alternativa política hay?

Hay que reconocerle a este Gobierno lo suyo. La socialdemocracia está siendo desplegada en un abanico de medidas incuestionables en sus efectos: subida del salario mínimo interprofesional, revalorización de las pensiones conforme al IPC, reforma laboral que redujo la temporalidad, el arranque del ingreso mínimo vital o el diseño de impuestos extraordinarios a banca y energéticas son medidas de inestimable relevancia social (también de marcado sello morado). Pero tan incuestionables son estas medidas como que sus efectos en la redistribución de la riqueza son parciales. La conclusión parece clara y no remite a una lectura de tipo coyuntural sobre las limitaciones del actual Gobierno, sino más bien a los límites estructurales de la socialdemocracia: sus políticas alivian, pero no transforman. 

La primera barrera para entender esta cuestión es la forma en la que los datos macroeconómicos reflejan tan solo una parte de la realidad. Sí, ha habido avances inéditos, pero no han conseguido revertir de manera sustantiva la precariedad de buena parte de la población. La desigualdad persistente se ve reflejada en otros datos que no son los habituales de los titulares económicos, como el precio de la vivienda, los precios de la cesta básica o la depauperización de los servicios públicos, que siguen sin recuperarse de manera definitiva de los recortes que sufrieron durante las políticas de austeridad.

Todo ello afecta de manera asimétrica en la sociedad, moldeando el socavón de desigualdad que sigue existiendo para amplios sectores de la población como jóvenes, mujeres o personas migrantes, que acumulan los peores datos. Podría decirse que el optimismo de los titulares económicos es en sí mismo una narrativa ideológica, una mirada propia de la socialdemocracia que empuja un programa de bienestar con evidentes puntos ciegos. Cuando se dice que las cosas van bien, se habla en realidad de que van bien para unos pocos, para aquellos que ostentan una posición que les permite contar cómo van las cosas en un país. 

Estos puntos ciegos que alimentan la brecha entre cifras y percepción de la vida cotidiana apuntan de forma muy particular a la cuestión de género. Pese a las políticas puestas en marcha que deberían haber impulsado una mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía, la desigualdad de género persiste. 

Las mujeres siguen realizando el 72% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado según el INE, concentrando en consecuencia más empleo parcial, más paro, peores salarios, más precariedad, más pobreza, peor salud mental y, por tanto, peores condiciones de vida en general. Esta brecha de cuidados es uno de los mayores agujeros en la correlación entre macrodatos y bienestar real. 

Muchas políticas redistributivas se centran en salarios, pensiones o fiscalidad, pero ignoran que la organización social de los cuidados es uno de los motores invisibles de la desigualdad. En nuestro país, las mujeres no solo asumen la mayoría del trabajo de cuidado no remunerado, sino que en la medida en que conciliar implica aún hoy en España reducir la jornada laboral o dejar el empleo, siguen siendo ellas las que pagan la factura.

Esto repercute en menor capacidad adquisitiva en el presente y en peores pensiones futuras, pero también se traduce en unas peores condiciones de vida para todas aquellas personas que cuidan o que necesitan ser cuidadas. A su vez, el enorme déficit que España sigue enfrentando de plazas públicas en educación infantil, dependencia y políticas de conciliación reales obliga a muchas familias a recurrir a trabajadoras del hogar, mayoritariamente migrantes, que pese a los esfuerzos realizados por este Gobierno, siguen de forma estructural en condiciones precarias. Mientras la macroeconomía celebra récords de empleo, la economía de los hogares se resiente, y millones de mujeres trabajan dobles o triples jornadas sin que este sea siquiera ya un asunto en la agenda pública. 

La posible sutura de estas brechas no pasa solo por medir el bienestar de la ciudadanía con otros datos que nos permitan tener los cuidados en cuenta; no basta con acompañar, por ejemplo, los presupuestos con un informe de impacto de género. La insuficiencia del actual modelo económico para mejorar las condiciones de vida de las mujeres solo se explica comprendiendo que el hecho de que la organización de los cuidados recaiga de forma informal y precaria sobre las mujeres, es lo que permite hablar de crecimiento en términos macro, pero de malestar en los hogares. El feminismo lo ha señalado con claridad: la desigualdad de género es a día de hoy una de las condiciones de posibilidad del tipo de crecimiento económico que blinda la socialdemocracia pero que sigue dejando a una buena parte de la gente atrás. 

Frente a ello, la economía feminista que pone en valor el trabajo de cuidados puede ser una narrativa alternativa que ayude a explicar por qué el actual modelo resulta insuficiente. La socialdemocracia redistribuye lo que existe, pero no cambia cómo se genera ni quién se apropia de la riqueza. Esto explica también por qué pese al crecimiento, España sigue teniendo una de las mayores tasas de riesgo de pobreza o exclusión social de la UE. La pregunta por tanto no puede ser únicamente si la economía crece, sino quién se beneficia de ese crecimiento.

La experiencia de este Gobierno sirve para comprobar cómo un programa socialdemócrata alivia la economía, pero que sin medidas de transformación estructural profundas como podrían ser una fiscalidad progresiva real, un parque de vivienda público masivo, una drástica reducción de la jornada laboral o la nacionalización de sectores estratégicos (como los trabajos de cuidados), la socialdemocracia se queda corta. El país puede seguir avanzando en cifras, pero mientras millones de personas, especialmente mujeres, sigan atrapadas en salarios insuficientes, alquileres imposibles y cuidados invisibles, la sensación y la realidad serán las contrarias: el progreso que se mide en cifras no se refleja en la vida real. 

La insuficiencia del programa socialdemócrata debe urgir al resto de izquierdas a dibujar con mucha más claridad una alternativa. No puede tratarse el debate con el PSOE únicamente como una cuestión de grado o de competencia virtuosa. Un programa político de Gobierno de izquierdas debería poder ofrecer más que la valentía para desarrollar un programa de Gobierno socialista. Los retos para el curso político para las izquierdas no solo son la ausencia de liderazgos efectivos o las quimeras de coaliciones futuras, sino, y de forma muy urgente, el rediseño de un programa político de transformación feminista de país que pueda ser narrado y llevado a cabo de un modo que sí llegue a toda las personas. 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

En un mundo de guerra y muerte me atrevo a decir que hablar del amor importa más que nunca. Por ello escribo hoy para contar por qué me caso. Lo hago por la que va a ser mi mujer, por su gente, por la mía, por la nuestra; y también por seguridad. Me caso porque no para de subir el odio en las encuestas. Me caso porque me gustaría ser madre y no está claro que pueda serlo si no lo hago. Me caso porque quiero decirle al mundo que lo mío también es familia. Me caso porque cuando voy por la calle de la mano con mi pareja siguen murmurando a nuestro paso. Me caso porque este verano le dieron una paliza a un amigo en mi ciudad por maricón. Me caso porque me parece que el matrimonio es una institución problemática para las mujeres. Me caso y no me importa casarme. Me caso porque puedo y antes no se podía. Me caso por amor. Me caso por política, y me gustaría explicarme porque hay demasiadas cosas normalizadas en torno a la idea de casarse que no son exactamente como siempre habíamos pensado.

Lo normal es un invento. En aceptar esta premisa consiste, fundamentalmente, cualquier crítica a la presunción de heterosexualidad con la que empieza nuestra historia. La mía, la nuestra, es una boda entre dos mujeres. Una unión entre dos personas para las que su identidad sexual no entra dentro de lo que se espera de dos personas que nacieron con genitales femeninos. ¿Qué largo, no? Qué cosa tan complicada para contar que eres mujer que te casas con otra mujer, y punto. Baste para responder a cualquier intento de menospreciar estas explicaciones (y las que nos den la gana) que es difícil no considerar nuestro amor algo profundamente político si tenemos en cuenta que hace tan solo 20 años que podemos hacerlo legalmente en España o que no dejan de crecer las voces que piensan que quizás estaría bien volver a los tiempos en los que no teníamos las personas del mismo sexo este derecho. Igualmente, podría resolverse con estas líneas que la boda debería ser, entonces, una unión de dos mujeres y punto. Que nos compremos dos vestidos, que nos pongamos unos anillos y digamos sí, quiero. Pero les prometo que cada detalle en esta historia de amor nos ha hecho pensar.

La nuestra es una boda queer, le dijimos a nuestras amistades para invitarlas a la fiesta. Ser queer implica aprender a hablar una nueva lengua. ¿La hablamos nosotras? ¿Existe traducción heterosexual posible de lo que significa ser queer? Habrá quien diga: yo no necesito etiquetas. Habrá quien nos diga: me da igual con quién te metas en la cama o a quién quieras. Pero yo me pregunto: ¿va de eso solo ser queer? ¿Es tan nimia la relevancia de este palabrejo como para que el partido del presidente del Gobierno nos prohíba en su programa político?

Aunque literalmente queer significa raro, torcido o extraño, es un concepto que se ha ido creando de forma reapropiada desde el activismo LGTBIQA+ y el pensamiento feminista en las últimas décadas. En mis propias carnes he ido comprobando que ser queer cuando te casas quiere decir que nada de lo que tú quieres hacer encaja con lo que la sociedad espera que hagas cuando te vas a casar. No hay rituales ni ceremonias, ni tradiciones para la unión de dos mujeres, hay que inventarlos. Por no haber, no hay ni figuritas que poner en un pastel. En una elección aparentemente sencilla, como la del vestido de novia —o de novias, en nuestro caso—, se condensa la concreción de unos roles de género que no hemos querido concretar ni asumir nunca antes en nuestra vida. Y sin embargo, la expresión y las características de género siguen siendo aspectos sobre los que opera la discriminación contra nuestro colectivo. Quién te acompaña al altar, qué sustituye al altar, quién oficia una unión de dos mujeres, de qué color son los vestidos, por qué usar un anillo o un ramo y no cualquier otra cosa; en cada detalle de este rito de paso a la sociedad adulta se declina de un modo concreto qué papel podemos jugar las mujeres que nos casamos con otras mujeres en la sociedad. Se decide en una boda de dos mujeres un trocito de lo que todas nosotras podemos hacer con nuestras vidas.

Y es que, de fondo, mucho más allá que cualquier decisión puntual, yace la idea del matrimonio en su aspecto más tradicional. Recordemos, el matrimonio siempre ha tenido una función de tipo casi patrimonial. La mujer pasaba del control del padre al control del marido, y este era el marco adecuado y legítimo legalmente para poder ser madres y cuidar de la descendencia. Es decir, el matrimonio siempre ha significado que las mujeres no somos iguales a los hombres, que tenemos menos derechos y libertades. Esta idea, que la heredamos directamente del derecho romano y de la religión católica, es demasiado poderosa como para ceñirse únicamente a su valor histórico. Pervive en cada mujer que decide ir acompañada de su padre al altar, para recordar que necesitamos una tutela. Sobrevive en cada comentario que de broma recuerda que si no es con boda mediante, tener sexo o hijos es pecado, para recordar que nuestro cometido es la maternidad y nuestra sexualidad no es un asunto del que dispongamos. Se alimenta insaciablemente de las redes sociales, plagadas con la tendencia trad wife, que significa literalmente esposa tradicional, y que reivindica para las mujeres un estilo de vida conservador donde la maternidad en exclusiva, la limpieza del hogar y el clean look son los ideales de vida a seguir. Incluso en lo que tiene que ver con las tendencias de moda para novias, ha vuelto tanto lo regio que es habitual observar en las bodas de influencers cómo han vuelto los matrimonios por la Iglesia, los trajes de novia de estilo victoriano y velos de largo catedral que no dejan ver apenas un centímetro de piel. Mujeres vestidas como auténticas vírgenes, preparadas para seguir subiendo contenido sobre piel perfecta, recetas de cocina, decoración y vacaciones en el norte. El asunto llega a ser demasiado evidente como para explicarlo y, sin embargo, es viral.

Frente a esta epidemia de conservadurismo que reduce la vida a lo útil y eficiente, reivindico el amor queer como vacuna. En tiempos de rendimiento y armamento, hablemos de amor, de amor libre y feminista, de amores raros, torcidos, gordos, complicados, humanos. Me caso porque quiero, me caso sin hombres, me caso a pesar de todo y por hacer rabiar a quien crea que lo nuestro es enfermo. Así que mientras puedas, cásate, porque como dice Benito, mientras una está viva, una debe amar lo más que pueda. 

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Ángela Rodríguez Pam es exsecretaria de Estado de Igualdad.

Comienza el curso político y el Gobierno puede decidir si esta es o no su última temporada. En unos tiempos decisivos, el Ejecutivo se debate sobre presentar o no unos Presupuestos Generales del Estado en los que se juega mucho más que los números. Se juega si este país puede seguir siendo gobernado desde la izquierda o se abre la puerta definitivamente a un escenario donde las derechas tienen el camino allanado a la Moncloa. En las últimas horas, diferentes portavoces del PSOE y Sumar, así como las líneas editoriales de algunos de los principales medios de comunicación del país han querido colocar todo el peso de la aprobación de estos presupuestos en la decisión de sus socios parlamentarios. Sin embargo, y dada la responsabilidad política y constitucional que conlleva para el Ejecutivo el diseño e impulso de las cuentas públicas, cabe defender que la responsabilidad política reside en primera instancia en el propio Gobierno. El dilema político al que no se quiere enfrentar este Gobierno de coalición es claro. En el diseño de los presupuestos el Gobierno se juega mucho más que la aprobación de un trámite contable, está en juego la posibilidad de continuar con la legislatura. No se trata solamente de si hay o no presupuestos, sino de qué presupuestos; o lo que es lo mismo, qué programa de Gobierno sirve para dibujar una alternativa de país a la que plantea la derecha. Qué cuentas sirven para cerrar la posibilidad de un Gobierno con la extrema derecha dentro. No basta con aprobar unos presupuestos, solo si los presupuestos que se aprueban son sociales pueden frenar a Vox. 

Caben frente a este dilema distintas posiciones que conviene aclarar para no caer en caminos infructuosos. La necesidad de claridad política es acuciante en tiempos de guerras, incertidumbre económica, emergencia climática y una creciente desafección política. Parece evidente que se puede gobernar con unas cuentas prorrogadas, tan evidente como que ha pasado ya en numerosas ocasiones. El argumento de Fejióo no parece demasiado fuerte en este sentido. Si bien las cuentas deben ser anuales, las prórrogas presupuestarias han existido antes en España y fueron llevadas a cabo por prácticamente todos los presidentes de la democracia. E incluso aunque de prorrogarse estas cuentas Sánchez se convertiría en el presidente de España que más veces ha prorrogado los presupuestos generales, este es un dato cuya relevancia no reside en lo que establece la ley. Los presupuestos pueden ser prorrogados, la cuestión es si políticamente es lo correcto. Así que cabe preguntarse, ¿Por qué evitar una prórroga presupuestaria?

Algunas voces desde la derecha plantean que de no prorrogarse los presupuestos, deberían convocarse las elecciones. Tampoco esta es una posición que se pueda defender con arreglo a lo que establece la norma, sino que más bien es otro asunto político. Aunque este no es un buen momento para las izquierdas para ir a elecciones, si la prórroga presupuestaria debe ser evitada es debido a la necesidad de clarificar cuál es en este momento el indirizzo político de la Coalición. Puede sorprender a algunos sectores del  Ejecutivo que se insista tanto en esta necesidad de claridad, pero la realidad es que este Gobierno tiene problemas de credibilidad política. De hecho, estos problemas no solo residen en la obstinada campaña judicial y mediática contra muchos de sus miembros, sino que me atrevo a defender que la falta de confianza política de la ciudadanía hacia el Gobierno reside principalmente en la distancia cada vez más grande entre lo que se promete en los discursos y lo que cada ciudadano percibe que ha cambiado en su vida.

Estos son motivos de peso para considerar que el diseño y la aprobación de unas cuentas públicas constituyen una oportunidad para el Gobierno más que un problema que despejar. Sorprende por ello el empeño en señalar a sus socios parlamentarios como los posibles responsables no solo de una prórroga presupuestaria, sino de abrir la puerta a un escenario político en el que el agotamiento de la legislatura conlleve una necesaria convocatoria de elecciones. Y es que aunque la aritmética parlamentaria es insalvable, la política es tozuda. Si a día de hoy no conocemos ni un borrador de presupuestos y ni siquiera se ha remitido a las Cortes Generales el techo de gasto, cuesta creer que la culpa de la futurible prórroga la tengan unos socios parlamentarios que, en su legítima posición política, quieren dialogar sobre cuáles deben ser en su opinión las prioridades políticas del Gobierno para lo que queda de legislatura. Quizás aquí resida una de las claves que pueden permitir al imbatible presidente tener otra temporada más en la Moncloa. Para tener presupuestos no bastará esta vez simplemente con llevar unas cuentas al Congreso. Precisamente porque la posibilidad de una España gobernada por las derechas es real, qué presupuestos se aprueban para evitarlo es uno de los debates políticos más relevantes a los que este Gobierno debe enfrentarse. La pregunta aquí no es qué quieren Podemos, ERC o Junts, sino qué España quieren poner en marcha  el PSOE y Sumar en el tiempo de descuento que les queda. Sería un error político pensar que contra Feijóo y Abascal no son necesarios unos presupuestos que se alejen de lo que la derecha haría si estuviera en la misma situación. No es que hagan falta unos presupuestos para gobernar, es que solamente es posible seguir gobernando si la propuesta de presupuestos es para la mayoría social y en contra de la guerra. Pero no porque cada voto en el Parlamento cuente para que las cuentas salgan y para ello sean necesarias algunas apuestas claras por ejemplo a favor de la vivienda pública y no a favor del incremento en defensa, sino porque la distancia entre lo que el Gobierno promete y lo que el Gobierno hace necesita ser estrechada. Entrar en prórroga presupuestaria será entrar políticamente en el tiempo de prórroga. Lo que se juega el Gobierno por tanto en este inicio de curso es mucho más que la aprobación de las cuentas públicas. Se juega que la pregunta de las próximas elecciones generales sea algo más que la presencia o no de la extrema derecha en el Gobierno. Cabe preguntarse si este es el escenario que busca un PSOE convencido de que su mejor carta electoral es la del voto útil, dispuesto a llevar a una esquina al resto de fuerzas de izquierdas. Veremos cómo se dilucida el debate las próximas semanas.