Las relatoras y relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y son independientes de las Naciones Unidas, ya que no cobran ningún salario por su trabajo. De forma anual emiten informes temáticos y específicos sobre la situación de estos derechos en el mundo, pero en muchos casos no se traducen en sanciones concretas que generen cambios. 

En la actualidad hay 60 expertos y expertas, divididos en 46 que tratan temas específicos (como el relator especial para las detenciones arbitrarias) y 14 que se centran en la situación específica de los derechos humanos en un país concreto, como es el caso de Francesca Albanese, relatora para los territorios palestinos ocupados. 

Su actividad se centra fundamentalmente en estudiar derechos específicos y producir informes y comunicaciones sobre la información recogida. “Se encienden alertas sobre graves violaciones, se hacen comunicados públicos, se llama la atención de la comunidad internacional…”, explica Gina Romero a infoLibre, relatora de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. 

Para realizar estos estudios se realizan “solicitudes de información a gobiernos y otros actores, entrevistas con personas clave y reuniones con grupos amplios y plurales”, señala la experta. Normalmente se presentan dos por año, uno en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y otro en la asamblea de Nueva York. 

Una vez que se producen los informes lo ideal es que “sean conocidos por un grupo amplio de actores”, para que puedan realizar reformas, ajustar normativas o hacer otros cambios que incidan directamente de manera “regional, nacional o internacional”, según Romero. 

Un ejemplo de estos informes fue el de Francesca Albanese, que presentó hace dos meses ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe ‘Anatomía de un genocidio’, en el que afirma que Israel comete al menos tres actos genocidas contra el pueblo palestino. 

Entre estos hechos se encuentran causar graves daños físicos o mentales a miembros de un grupo, infligir condiciones de vida destinadas a su destrucción e imponer medidas que impidan los nacimientos. “El delito de los delitos” dijo en una conferencia posterior a la que asistió infoLibre.

A pesar del informe tan negativo que presentó Albanese, la situación no ha cambiado mucho ni en la región ni a nivel internacional. Los estados de la Naciones Unidas no han anunciado medidas concretas como romper relaciones comerciales con Israel o implementar algún tipo de embargo.

El caso de la Cañada Real en Madrid es otro ejemplo similar en el que no hubo grandes cambios. Olivier de Schutter, relator de la ONU para la extrema pobreza, pidió a España que tomase las medidas necesarias para mejorar la situación de los residentes, que llevan cientos de días sin luz. A pesar de esto la situación no ha cambiado, a día de hoy se superan las 1.340 jornadas consecutivas sin luz.

Hace un mes, varios relatores de la ONU también pidieron a España que tomase medidas contra las leyes de Concordia de PP y Vox y tampoco hubo una respuesta o cambio concreto para revertirlas. 

Estas situaciones se producen fundamentalmente porque “los informes que emiten los relatores no son jurídicamente vinculantes, son recomendaciones”, explica la experta en Derecho Internacional Florabel Quispe. Es por eso que la implementación de los cambios que solicitan los relatores “depende de la voluntad política de los Estados y de otras partes interesadas”, ya que no tienen autoridad para imponer sus medidas.

El aporte fundamental que realizan los informes de los relatores es entonces “la repercusión que pueda tener en la sociedad”, explica Quispe. Esto llegaría a través de la visibilización y concienciación que harían los relatores con su trabajo, atrayendo a la comunidad internacional, los medios de comunicación y al público general. 

Según la experta esto contribuye a su vez a generar presión para que los gobiernos tomen medidas, a que los investigadores e investigadores analicen los hechos y a que las ONGs usen los informes para empujar a los gobiernos a tomar medidas. Además de esto, también podría servir como forma de presión diplomática y como base de algunos foros internacionales. 

Gina Romero explica que a nivel gubernamental existe la “posibilidad de llamar la atención para que se solucionen o se avancen reformas”, pero que “hay países a los que no les importa, que no responden”, debido precisamente a que no existe un carácter vinculante de aplicar los cambios solicitados. La experta considera al igual que Quispe que puede ayudar a presionar de una manera distinta, mediante una serie de decisiones diferentes a una sanción directa y que “simbólica o fácticamente, si pueden generar un cambio”. Mediante el informe de Francesca Albanese cita por ejemplo “las discusiones sobre la admisión de Palestina como Estado miembro (de la ONU), y el reconocimiento del país por parte de otros Estados”, que si bien no son sanciones directas, son decisiones que sí que generan cambios en política internacional.

La presión y el conocimiento que pueden generar los informes de la ONU, no son sus únicas características. A mayores pueden “constituir una guía para reformas legislativas, ofrecer soluciones prácticas y normativas para mejorar la situación”, explica Florabel Quispe. “Son una fortaleza para una mejor garantía y protección de los derechos humanos”.

El comité que coordina a los relatores especiales de la ONU denunció a mediados de mayo los ataques que sufren los distintos expertos y expertas a raíz de sus investigaciones. Entre estos se encuentran insultos, ataques de funcionarios estatales y de miembros de la sociedad civil y campañas despectivas, dificultando así en gran medida su trabajo.

La directiva señaló que los agravios se llevaban a cabo durante reuniones de las Naciones Unidas e incluso cuando los distintos relatores se encontraban de visita oficial en algún país para estudiar la situación de los derechos humanos. 

La ONU citó como ejemplo a los expertos que abordaron la situación de los territorios palestinos ocupados por Israel. Estos relatores afrontaron ataques y acusaciones sin fundamento, con cuestiones sobre su parcialidad, integridad y motivaciones. Otro de los casos citados fue el de los relatores con mandatos sobre cuestiones de género y mujeres, que sufrieron también estas agresiones.

Las amenazas a familiares fueron algo recurrente a lo que tuvieron que hacer frente las distintas relatoras y relatores, buscando intimidar sus acciones, siendo sometidos a una gran presión para no denunciar los hechos.

El sindicato de Comisiones Obreras organiza este miércoles unas jornadas sobre los peligros de la desinformación con ponentes del mundo del periodismo y de la propia organización sindical. Las distintas mesas redondas se celebrarán a lo largo de la mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, en la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico, en la Calle Longares, en Madrid.

La maquinaria de la desinformación es el lema bajo el que se desarrollará la jornada, en la que se analizará el estado actual del periodismo, golpeado por el impacto de las redes sociales y la facilidad para esparcir bulos a través de la red.

La presentación y apertura del acto corren a cargo de Cristina García, jefa de prensa de CCOO, y Unai Sordo, secretario general del sindicato, que serán los encargados de dar paso a la primera conferencia, que se celebra bajo el título El capitalismo de vigilancia como motor de la desinformación, a las 10.15 horas.

En ella estarán la escritora y periodista Marta Peirano, y Marc Rius, de The European Center for Digital Action (ECDA). La siguiente charla, Desprotegidos: plataformas digitales y auge de la extrema derecha, será a las 10.50 horas, correrá a cargo de la codirectora de la ECDA, Mar García, y Iago Moreno, colaborador del mismo organismo.

Tras una pausa para el café, continuará el ciclo de conferencias, estas más centradas en el periodismo y los roles y retos que tienen los medios de comunicación para confrontar la desinformación. La primera será a las 11.35 horas y contará con la participación de Sara Plaza, periodista de El Salto y Julián Macías, director de Pandemia digital.

La última charla, Impacto y retos de los medios de comunicación ante la desinformación será a las 13.05 horas y en ella intervendrán Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, Magda Bandera, directora de La Marea, Virgina Alonso, directora de Público e Ignacio Escolar, director de ElDiario.es. El acto se clausurará a las 14.15 horas de la mano de Empar Pablo Martínez, secretaria de comunicación de CCOO.

Justo cuando se cumple un año, Amnistía Internacional acaba de presentar un análisis de los principales efectos adversos que ha habido en materia de derechos humanos en España desde las últimas elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, en las que el mapa se tiñó de azul, tras la victoria del PP en la mayor parte de los territorios. Donde más se ven afectados los ciudadanos y ciudadanas es en la sanidad pública, especialmente en atención primaria, y en materia del derecho a la verdad, justicia y reparación, con las derogaciones de las leyes de memoria o las iniciativas para sustituirlas por las llamadas Leyes de Concordia.

El pasado febrero se derogó en Aragón la ley de Memoria Democrática con los votos de PP y VOX, que gobiernan en coalición desde el año pasado, y desde entonces han ido surgiendo más iniciativas para anular esta misma ley en Baleares, Cantabria o Extremadura. En la Comunidad Valenciana y Castilla y León ha habido otras propuestas ligadas a la sustitución de estas leyes por las llamadas leyes de Concordia. 

Todas estas iniciativas tienen sus particularidades pero también cuentan con elementos muy parecidos. Entre ellos, Amnistía Internacional denuncia la invisibilización que hacen de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, sin reconocer la responsabilidad del régimen franquista. La organización también critica la supresión de los censos de las víctimas, lugares y rutas de memoria democrática, centros de investigación y actuaciones en el ámbito educativo, así como la eliminación de subvenciones a las asociaciones que impulsaron las exhumaciones y la negación de las necesidades específicas de las víctimas de crímenes de derecho internacional. 

Amnistía Internacional señala además los cambios significativos que se introducen en los procesos de búsqueda, identificación y exhumación, que no siguen lo promulgado en la Ley de Memoria Democrática estatal, que recoge la responsabilidad directa del Estado y sus obligaciones. En Castilla y León se habla de la creación de la Comisión de Exhumaciones, que ya no contaría con la participación de organizaciones civiles o académicas y que además, pretende prohibir la difusión pública de documentos que puedan revelar la identidad de las personas involucradas. Lo que incluye también a las víctimas y a sus familiares.

Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, explica que las víctimas y familiares de estas graves violaciones de derechos humanos se enfrentan a la impunidad con la que quedaron los crímenes. Según el experto estas propuestas “constituyen un retroceso en la tarea aún pendiente del Estado de abordar su pasado como una cuestión de derechos humanos, y no como una cuestión ideológica y partidista”, algo que ya señaló Fabián Salvioli, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justica, y reparación.

Algunos expertos de las Naciones Unidas ya enviaron hace casi un mes un informe al Gobierno manifestando sus preocupaciones por los retrocesos que suponen estas normativas en el ámbito de la memoria histórica.

Según los últimos datos del barómetro sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad y analizado por Amnistía Internacional, un 78,6% de las personas que necesitaron atención primaria durante 2023 tuvieron que esperar más de dos días para ser atendidas en su centro de salud. Una situación que contrasta con lo recomendado por el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que recomienda que la cita sea atendida entre las primeras 24 y 48 horas desde que se solicita. 

En once comunidades autónomas el acceso a la atención primaria empeoró en comparación al 2022. Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha , Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja son las regiones en las que la situación se deterioró más. Hay siete comunidades cuyo acceso a la atención primaria está por debajo de la media estatal y tan sólo cinco tuvieron un balance positivo, País Vasco, Región de Murcia, Extremadura , Castilla y León y Canarias.

“El gasto público entre 2009 y 2021 solo se incrementó un 5%, frente al 27% que subió el gasto sanitario privado”, señala Jon Sicilia, responsable de relaciones institucionales autonómicas de Amnistía Internacional. Según la organización la atención primaria no recuperó el nivel previo a las medidas aplicadas por la crisis del 2008, “incluso con los fondos extraordinarios por la pandemia”, señala Sicilia.

Esta falta de financiación pública sumada a la falta de personal sanitario “repercute directamente en el tiempo de espera para obtener cita en la atención primaria”, es por eso que desde la organización señalan que es necesario un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad para incrementar el gasto y mejorar así el acceso a la atención primaria.

La organización ha hecho una serie de reclamaciones con el fin de mejorar la situación y revertir estos retrocesos, tanto a las distintas comunidades autónomas como a nivel estatal. 

Solicitan al Gobierno central cumplir con su obligación de preservar la memoria histórica y colectiva sobre las vulneraciones de derechos humanos, como las cometidas durante el franquismo y la Guerra Civil y una estrategia de refuerzo del sistema sanitario, entre otras cosas. 

Entre las peticiones a las comunidades autónomas destacaron la necesidad de aumento en la inversión sanitaria, con especial énfasis en la atención primaria y que adopten procesos que permitir recordar y transmitir “la información sobre las violaciones de derechos humanos sufridas”.

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Los últimos sondeos publicados por The New York Times en abril sitúan como favorito a Donald Trump para vencer, por un estrecho margen, a Joe Biden en las próximas elecciones presidenciales. En el caso hipotético de que el magnate se hiciese de nuevo con la Casa Blanca, cabría esperar cambios que afectasen a todo Occidente, especialmente en la guerra de Ucrania, la OTAN y en la Unión Europea. 

En el terreno de la invasión rusa de Ucrania, EEUU estuvo apoyando a Zelensky casi desde que comenzó el conflicto. Sin embargo, recientemente se pudo observar cómo el Partido Republicano bloqueó un paquete de ayudas dirigido a Ucrania que, tras duras negociaciones, acabaría aceptando. Estas reticencias cada vez más fuertes estarían alineadas con la política de una hipotética nueva Administración dirigida por Trump. Según expertos como Jürgen Haberleithner, doctor en Ciencia Política y docente de política exterior de Estados Unidos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Trump ya no favorecería tanto a Ucrania. “Podemos estar más o menos seguros de que ya no va a meter tanto dinero en el armamento”, pero aún así buscaría alguna forma de que se produjese alguna desescalada, ya que no hay que olvidar que “el verdadero rival de EEUU no es Rusia, sino China”. 

Algunos medios estadounidenses como The Washington Post han sacado informaciones de fuentes cercanas a Trump que confirman que el expresidente tendría un plan para acabar con la guerra de Ucrania en “24 horas”. Este plan pasaría por que Zelenski permita a Rusia quedarse con Crimea, Donetsk y quizá otro territorio, al tiempo que la OTAN se compromete a bloquear una posible entrada de Ucrania. 

Este plan formaría más bien “parte de su retórica, de su forma de hablar…" pero alguna acción sí que tomaría, explica Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos en el Instituto Elcano. “A Donald Trump una guerra fuera de su país es algo que no le interesa nunca, ni quiere hacer. Coincide con lo que hizo en la primera Administración: no estar metido en ninguna contienda”. Además, “no es la única persona del mundo que piensa que quizá los ucranianos deberían de sentarse a negociar”, explica la experta. 

Vicente Palacio, director de política exterior de la Fundación Alternativas, concluye que hay muchas probabilidades de que Trump hiciese las gestiones necesarias para “ordenar la retirada del apoyo incondicional a Ucrania, tal y como lleva anunciando repetidamente durante estos meses”. El experto considera que Trump "intentaría aparecer como el pacificador, el que pone final a una guerra a partir de unas premisas que son la aceptación de una ocupación de un territorio y unas nuevas bases negociadoras". En este sentido su vuelta "supondría un auténtico terremoto para el orden internacional y un giro muy importante".

Sobre la OTAN, García Encina considera que donde más daño podría hacer es en la “credibilidad de la institución”, debido a que podría “reducir el dinero que envía a la organización, no comprometerse…”, algo que, al venir del país con más peso de la institución, podría mermar bastante la imagen internacional. 

Haberleithner destaca la idea de que EEUU ya no quiere tener esa función de Estado protector de los países miembros de la OTAN, “ya no quiere ser el único líder en esta alianza”. Una dirección que ya no vendría exclusivamente de Trump, sino que sería “una tendencia desde todos los bandos políticos en Estados Unidos”.

Alguno países miembros de la OTAN, quizás adelantándose a los acontecimientos, dejan entrever la posibilidad de aumentar el presupuesto en el gasto en defensa o incluso recuperar el servicio militar obligatorio. Algo que podría producirse no solo a raíz de la guerra de Ucrania sino también por las últimas declaraciones de Trump, en las que aseguró que dejaría que Rusia atacase a los países que no gasten un 2% de su PIB en defensa.

Palacio considera que “hay que tomar con distancia estas amenazas” de no cumplir con sus compromisos. La OTAN “no deja de ser un esquema de dependencia tecnológica de Europa en relación a EEUU y es algo que incluso a Trump y al país en su conjunto le sigue interesando”, explica. “Necesita a los aliados si no quiere verse arrastrado o involucrado por crisis u otras guerras”, afirma García Encina. Es por eso que a pesar del golpe de credibilidad que pueda sufrir la OTAN con la vuelta de Trump, en ningún caso la experta considera que vaya a pasar nada dramático. 

Un regreso del magnate también podría traer cambios en las relaciones de EEUU con la Unión Europea. De entrada, hay que recordar que Trump es un destacado bilateralista, no multilateralista. Con lo cual, un sistema como el de la UE con tantos países y líderes dentro y sin un único interlocutor al que dirigirse, ya podría causar algún encontronazo. La llegada de Trump podría causar además un elemento divisivo, “ya que dividiría a aquellos gobiernos más cercanos a Trump y los que no”, explica Palacio. El experto explica que las relaciones se podrían deteriorar porque “su visión del mundo y de la arquitectura internacional es muy diferente a la de Europa, nosotros tenemos una visión multilateral”, derivada del elevado número de países de la UE que toman decisiones de manera conjunta.

En el ámbito europeo podría haber muchas diferencias en lo que a política exterior se refiere. Por ejemplo, en el conflicto palestino-israelí, “EEUU hace una defensa incondicional de Israel” o en el ya citada guerra de Ucrania, donde Europa sí apuesta por una ayuda decidida a los ucranianos. Además, según Palacio, “sería más duro todavía con China”.

Sobre este asunto, Jürgen Haberleithner considera que la UE podría contemplar en el mediano o corto plazo “una política exterior más independiente de Estados Unidos". Eso es lo que Trump provocaría a su juicio, "que la Unión Europea distinga bien entre sus intereses y los de EEUU, que no son los mismos". Sobre las relaciones de Washington con Israel, especialmente en lo relacionado con la invasión de la Franja de Gaza desde los ataques terroristas de Hamás, no habría un cambio sustancial. EEUU ha sido desde siempre uno de los grandes aliados –casi de forma incondicional– de Tel Aviv gobierne quien gobierne, y lo seguirá siendo. 

La ofensiva israelí iniciada tras los ataques de Hamás se ha centrado en la parte gazatí, pero según ONG que trabajan sobre el campo como Médicos Sin Fronteras (MSF), la situación de Cisjordania está empeorando cada vez más, con más violencia y dificultades para acceder a los servicios básicos.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en los meses posteriores a octubre de 2023 han muerto en Cisjordania 479 palestinos, entre ellos 116 niños. Del total, 472 personas habrían sido asesinadas (de forma comprobada) por las autoridades israelíes, mientras que del resto no se tiene una constancia clara.

Las restricciones aumentan al mismo tiempo que la violencia, con más bloqueos, puestos de control e incursiones del ejército. Según afirman desde MSF, los palestinos con necesidades médicas urgentes tienen grandes “dificultades para llegar a los hospitales, ya que las ambulancias a menudo sufren retrasos o son detenidas”. Muchas veces "están bloqueadas en los puestos de control, incluso en casos de emergencia médica y cuando tenemos la sirena encendida”.

Algo que ocurre incluso en casos de emergencia, teniendo que esperar hasta dos horas para continuar.

El otro medio para llegar serían los coches, pero aunque los hay, el ejército los confisca, según testimonios de palestinos en Cisjordania. Esta situación solo les deja la opción de ir caminando durante horas o utilizar otras alternativas como los burros.

Aunque consigan solventar el problema del transporte hasta el hospital, los palestinos siguen sin tener garantizada su seguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, desde octubre de 2023 hasta el pasado abril, las autoridades israelíes fueron responsables de 12 muertos y 95 heridos. Tulkarem fue la región más afectada, donde la asistencia sanitaria registró 92 incidentes de algún tipo (denegación de acceso, detenciones uso de fuerza o búsqueda por parte de militares).

Allí un paramédico voluntario recibió un disparo en la pierna mientras estaba de servicio, hace menos de un mes. En otro incidente registrado por Médicos Sin Fronteras, un trabajador suyo tuvo que hacer una reanimación cardiopulmonar a un joven de 16 años “tras recibir un disparo en la cabeza”, sin éxito. El padre del asesinado también era médico y recibió la noticia “mientras trabajaba en una ambulancia”, relatan desde la organización.

La gravedad de la violencia en Masafter Yatta, un distrito de Hebrón, ha hecho que muchos palestinos “sientan demasiado miedo como para salir de sus casas”, según Médicos de Sin Fronteras. “La mayor parte del tiempo está prohibido asomarse a la ventana”, cuenta un paciente a MSF. Explica como un día se asomó y después de que un colono lo viese y avisase a un soldado “asaltaron mi casa y destruyeron todo lo que había en ella”.

Cisjordania es una región situada entre Israel y Jordania, en la que viven 2,9 millones de palestinos repartidos en 11 distritos y 630.000 colonos en 150 asentamientos según la ONU. La misma organización calcula además que el 61% del territorio está prohibido “para uso palestino”. 

Una situación anómala que se ha alargado durante décadas, en concreto desde 1947, cuando se estableció el plan de Naciones Unidas –que nunca llegó a cumplirse– para la partición de Palestina en dos, un estado judío y otro palestino. Cisjordania, caería en el lado del Estado Palestino que planteó la ONU a finales de la década de los 40. 

Tras la Guerra de los Seis Días de 1967 Israel llevaría ocupando, a los ojos de las Naciones Unidas y de parte de la comunidad internacional, un gran porcentaje de Cisjordania, de ahí que se hable de los “colonos” israelíes. 

A lo largo del tiempo, “Israel, como potencia ocupante, ha creado muros, colonias, asentamientos...”, explica Najib Abu-Warda, experto en Oriente Medio, y también “estableció un muro enorme de aislamiento y de división entre las aldeas Palestinas”. Un muro que se prevé que alcance los 712km de largo y que según las Naciones Unidas alcanza ya el 65% de su construcción.  De lo ya construido, un 80% pasa por territorio de Cisjordania. 

A raíz de este muro, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva en la que afirmó que “ese muro es ilegal”, debido a que “la potencia ocupante desde el punto de vista del derecho internacional no puede alterar ni modificar la geografía ni la demografia de las zonas ocupadas”, explica Abu-Warda. Por ello la corte abogó por desmanterarlo, pero todavía sigue en pie. 

Este jueves la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha presentado su último informe en relación a los delitos del odio cometidos contra el colectivo con motivo del Día contra la LGTBIfobia. Según la investigación sólo en el apartado de agresiones físicas o sexuales –quedarían a mayores la discriminación y el acoso– se habrían denunciado cerca de 57.000 casos a la policía de un total de 350.000 desde el año 2019.

Uno de los grandes problemas que arroja este informe es el gran déficit de detección de los casos. El secretario de la organización, Ignacio Paredero, explica que se encuentran ante un gran problema de infradetección: “existe un elevado número de casos de LGTBIfobia que se denuncian, pero que no se registran como tal”. 

Algo demostrado al revisar las cifras de los organismos oficiales. Por ejemplo, a pesar de las más de 50.000 denuncias por agresión citadas, el Ministerio del Interior solo recogió un 0,57% de estas. “Estamos ante un verdadero iceberg del odio”, dice Paradero. Del total, más del 40% fueron agresiones sexuales con intimidación y casi un 30% agresiones físicas graves.

La discriminación es el mayor delito que se comete, la investigación cita que el 22,9% del colectivo LGTBI+ la habría sufrido a lo largo del último año, unas 800.000 personas, siendo los más habituales el no reconocimiento de derechos y el trato desigual en el ámbito laboral. 

En materia de acoso, nos encontramos una cifra similar a la discriminación, un 20,3% durante el último año, lo cual se traduciría en unas 700.000 personas afectadas sobre el total –3.500.000 personas según el CIS pertenecen a este colectivo–. En este caso, se enfocaba especialmente en los insultos, trato degradante y rechazo. 

Lo más llamativo es cuando se analiza de cerca la frecuencia con la que se cometen estos delitos. En los últimos cinco años, más de la mitad de las víctimas de agresión, acoso y discriminación, la sufrieron entre tres y cinco veces. El colectivo transexual es el que más la sufre, seguido por las mujeres lesbianas.

Otro gran problema que arroja el informe de la Federación Estatal LGTBI+ es la infradenuncia. Se calcula que un 83,5% no denuncia los actos de odio a la policía. En la mayoría de casos –33%–, esto se produce porque las víctimas no consideraron que fuese a servir de algo. Entre otros motivos se encontraron también la falta de pruebas –21,70%– o por miedo a una respuesta homófoba de la propia policía en un 17,70% de los casos.

En este sentido, Uge Sangil, presidenta de la FELGTBI+ urgió a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto con unidades específicas que atiendan “la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género”.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva regulación que incluye los requisitos que deben cumplir las personas para ser consideradas influencers o "usuarios de especial relevancia" en Internet. Tienen como base los beneficios económicos generados y la audiencia total que pueda llegar a tener en las plataformas digitales.

El criterio económico sigue la idea de la cantidad de dinero total que se genere a raíz de la actividad en Internet, más concretamente con la creación de contenido en "plataformas de intercambio de vídeo". Estas personas deberán de tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros para cumplir con este requisito.

Sobre el apartado de la audiencia, el usuario deberá de tener en una única plataforma más de un millón de seguidores o conseguir la suma de dos millones de pesonas en el global de su actividad en distintas plataformas, por ejemplo llegar a esa cifra entre las personas que lo sigan en Instagram, Twitter y Tik Tok.

Además de tener esta audiencia fija, para ser considerado influencer los usuarios también deberán subir contenido a sus cuentas con cierta frecuencia. Será necesario que a lo largo de todo un año hayan subido o compartido en sus plataformas un total de 24 vídeos o más.

Los usuarios que cumplan con todos estos requisitos a ojos del Estado pasarán a ser considerados influencers o "usuarios de especial relevancia", por lo que deberán de inscribirse en el plazo de dos meses en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales, cumpliendo así con la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022.

Una vez que aparecen inscritos en el registro, los influencers deberán de cumplir con una normativa concreta "en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual", según el reglamento. Deberán de identificar de manera clara las ocasiones en las que hagan publicidad, un asunto que ha traído revuelo en los últimos meses, ya que a muchos de estos usuarios se les acusaba de publicidad encubierta en las redes sociales o en no señalar claramente cuando era publicidad, añadiendo solo la palabra "publi" en alguna parte del texto o en letra pequeña dentro de sus vídeos.

En cuanto a la publicidad de tabaco, medicamentes o alcohol también tendrán la obligación de no hacerla, tal y como cumplen el resto de los agentes audiovisuales homologados.

El mundo de la cultura española ha denunciado este viernes cómo desde hace tiempo la sociedad sufre una política de la crispación en función de los intereses partidistas de algunos grupos que "confunden la oposición con la degradación institucional y el debate político con el insulto y el escándalo perpetuo", señalan en un manifiesto.

Precisamente debido a este motivo, y con el objetivo de defender la cultura de la democracia "decisiva para la vida económica, laboral y humana de una comunidad", numerosas personalidades del mundo de las letras, la música, el arte o el cine han convocado un acto para este domingo 28 de abril a las 12 de la mañana en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid (calle Lope de Vega, 40). El acceso será libre hasta completar el aforo.

El acto, que en un principio estaba programado para que se celebrase en el Círculo de las Bellas Artes, se vio desbordado por la previsión del público asistente. El evento contará también con el apoyo de los sindicatos de CCOO y UGT y no tendrá ni siglas ni banderas, buscando simplemente que sea una expresión de la sensibilidad democrática de la cultura de nuestro país.

"El ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del Gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular", declaran en otro manifiesto cerca de 3.000 periodistas de todo el país. Miguel Mora, Pilar del Río, Rosa María Artal, Maruja Torres, Xosé Manuel Pereiro, Javier Valenzuela, Silvia Intxaurrondo, Manuel Rivas, Cristina Fallarás o el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña se han sumado a este texto que, al igual que el del mundo de la cultura, busca defender la democracia y el resultado que arrojaron las urnas en la última convocatoria electoral.

El manifiesto denuncia las distintas campañas de "bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición" como las principales causas del deterioro democrático que se vive hoy día en España. "No al golpismo judicial y mediático. No a la máquina del fango", sentencian los firmantes.

Todos estos movimientos del mundo cultural y periodístico se producen tras la publicación por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su Carta a la ciudadanía en la que se planteaba la dimisión de su puesto a raíz de la demanda del sindicato ultra Manos Limpias, admitida por un juez, contra su mujer, Begoña Gómez.

"La cultura del odio, el impudor y la mentira ponen en peligro la convivencia democrática. Los que intentamos identificar la palabra cultura con la educación, el conocimiento y la conciencia, no podemos olvidar que existen formas de sentimiento irracionales que desplazan las opiniones hacia la desinformación, el bulo y las palabras crispadas. Este uso de la cultura del odio degrada la convivencia y rompe los mejores deseos sociales de la libertad y el funcionamiento institucional. El fanatismo invade así las calles y provoca que las instituciones y los poderes del Estado pierdan las razones de su legitimidad, asumiendo una muy peligrosa deriva partidista.

Sufrimos desde hace tiempo una interesada política de la crispación por sectores políticos que no aceptan los resultados electorales. Sectores que se niegan a estar fuera del gobierno y que, debido a su rabia, asumen poco apoco unos comportamientos que los dejan también fuera de los usos democráticos. Confunden la oposición con la degradación institucional y el debate político con el insulto y el escándalo perpetuo. La estrategia elegida por los que caen en las prácticas corruptas es contagiar la idea de que todos somos iguales, generando sospechas sin fundamento sobre las vidas públicas y privadas. Un estruendo que se pone en marcha para ocultar discusiones y diferencias sobre la sanidad, la educación, la fiscalidad y las relaciones laborales acaba por dañar la convivencia democrática y el prestigio de las instituciones que la sostienen. Se daña el imprescindible prestigio de la información veraz, la justicia independiente y la soberanía política. Dándole la vuelta al sentido de la democracia, la cultura del odio sirve para presentar como peligros contra la libertad la defensa de una información no manipulada, una justicia independiente y un Gobierno legítimo surgido de las urnas.

Por eso conviene pensar la democracia y defender una cultura de la verdad, el respeto y la convivencia. La defensa de la cultura democrática es decisiva para la vida económica, laboral y humana de una comunidad. Por eso convocamos a una meditación pública sobre el humanismo y la política el próximo 28 de abril, en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, a las 12 de la mañana. Ciudadanos y ciudadanas de distinto signo político comparten esta preocupación. Basta ya. No todo vale. No podemos ser indiferentes a la degradación democrática".

"El ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del Gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos. 

La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política, mediática, empresarial y judicial, atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria, y deja inerme al Estado de Derecho.

Las y los periodistas abajo firmantes invitamos a la sociedad civil a sumarse a este manifiesto y a movilizarse en las redes sociales y en las calles contra este atropello antidemocrático.  

Los gobiernos se eligen y se cambian en las urnas y en el Parlamento. 

No al golpismo judicial y mediático. No a la máquina del fango".

Varios de los pesos pesados de los gobiernos de Felipe González han firmado un manifiesto bajo el título Un momento inquietante en el que han denunciado la "estrategia de máxima crispación" llevada a cabo por la derecha y la extrema derecha contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el manifiesto, que se ha publicado en el diario El País, figuran firmas como la del expresidente del Parlamento Europeo y exministro de Transportes Enrique Barón, el exministro de Educación José María Maravall, el exministro de Justicia Fernando Ledesma, la diputada en la Asamblea de Madrid Carmen Martínez Ten, el exministro de Industria Juan Manuel Eguiagaray y la exdiputada Carmen Romero, entre muchos otros nombres.

"Vivimos un momento político inquietante. Resulta imposible encontrar razones que justifiquen la estrategia de máxima crispación llevada a cabo por la simbiosis política de la derecha y la extrema derecha.

La crispación se ha producido cuando ha ocupado el poder un gobierno progresista. La extrema derecha no tuvo reparos en intentar subvertir el gobierno de Felipe González, sobre todo tras su inesperada victoria en 1993. Como señaló uno de los implicados, "no había manera de vencer a González con otras armas... Era necesario llegar hasta el final", llegando al punto de intentar meter a Felipe González en la cárcel, intento que frenó el Tribunal Supremo en 1996.

La estrategia se emprendió de nuevo contra José Luis Rodríguez Zapatero. Tras poner fin al terrorismo de ETA, fue acusado de "traicionar a los muertos". También de conducir a la división irreversible de España y a la derogación definitiva de la Constitución.

Con Pedro Sánchez el país ha vivido una tensión exacerbada por la conjunción del PP y de Vox, junto con aliados extraparlamentarios. "Perro Xanxe", "que te vote Txapote" y pronostican que el pueblo español acabará colgándole por los pies.No tiene empacho en intentar enfrentar el poder judicial al poder legislativo. Olvidan que, en las democracias, el poder judicial es "la boca de la ley" y que la soberanía popular se expresa en el parlamento, a quien le corresponde legislar.

Los ataques a Pedro Sánchez han superado cualquier límite. En estos años, España ha superado una grave crisis sanitaria, ha desempeñado un relevante papel entre las democracias occidentales en un escenario internacional convulso. El Gobierno ha llevado a cabo una política económica con resultados muy positivos. Ha aprobado el establecimiento de un salario mínimo vital y ha aprobado reformas sociales relevantes que han mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos.

Por todo ello, queremos denunciar la extraordinaria virulencia de la política del PP y Vox y defender la gestión de Pedro Sánchez".

“Ni terrorismo ni genocidio”. Esa es la máxima que el colectivo Parar la Guerra, conformado entre otros por personalidades de la cultura como Rigoberta Bandini, C. Tangana, Elvira Lindo o Wyoming, defienden a capa y espada. 

La organización cuenta con el respaldo de un total 612 profesionales destacados, 147 organizaciones y 12.145 firmas de 34 países, unidos con un mismo fin: parar la invasión de Gaza. Por eso, han convocado una concentración este sábado a las 12.00 del 27 de abril en la Plaza Juan Goytisolo (Museo Reina Sofía). 

Desde Parar la Guerra, explican que aunque las acciones de Hamás merecen su “condena más enérgica” en ningún caso pueden justificar el “genocidio que practica el Estado de Israel contra el pueblo palestino”, como las matanzas de civiles, bombardeos indiscriminados y la muerte de miles de palestinos, siendo la mitad de ellos niños.

“Israel está cometiendo crímenes de guerra”, dicen en su manifiesto, ante el cual no pueden “permanecer impasibles”. Es por eso que se unen al movimiento mundial de repulsa a la guerra, “nuestro lugar está con la justa causa del pueblo palestino”, que busca su reconocimiento como estado.

Para conseguirlo, el colectivo hace dos exigencias fundamentales. La primera es a Israel, para que cese de inmediato los bombardeos y en cumplimiento con el derecho humanitario habilite un corredor humanitario. La segunda es a Hamás, para que libere a los rehenes de forma incondicional y cese su actividad terrorista. 

Además de esto también proponen incrementar la presión internacional para imponer un alto el fuego, la mediación de la ONU, un acuerdo de paz basado en resoluciones de las Naciones Unidas y en España implementar la proposición que se aprobó en el Congreso hace 10 años, reconociendo el derecho a la existencia de los dos estados.

Amnistía Internacional ha publicado este miércoles su informe anual del estado en el que se encuentran los derechos humanos en el mundo, desglosado por países. España forma parte de los Estados que aparecen en el estudio y uno de los principales problemas señalados es la falta de una investigación exhaustiva en relación a la respuesta violenta de las autoridades españolas a los intentos de los migrantes de cruzar a Melilla en junio de 2022.

Cerca de 1.700 personas habían intentado entrar a Melilla de forma irregular en aquel momento y, como respuesta a esta situación, las autoridades acabarían causando al menos 37 muertos y centenares de expulsados de forma ilegal, según Amnistía Internacional. A raíz de estos hechos el mes siguiente el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades pertinentes a investigar los hechos de forma exhaustiva e independiente, pero la Fiscalía acabaría archivando el caso, al concluir que se actuó conforme a la legislación española vigente. 

En este ámbito el informe también menciona que la comisaría de derechos humanos del Consejo de Europa señaló las dificultades que había en España para acceder a un procedimiento ágil y efectivo de asilo. Causando así que muchas personas que solicitan el asilo debían de esperar alrededor de seis meses para ser atendidas, tiempo en el que muchas veces ya corrían el riesgo de ser expulsadas del país.

El estado del derecho a la privacidad también se vería afectado según el estudio de Amnistía, al haberse cerrado provisionalmente las investigaciones en relación al uso del programa espía Pegasus contra las 65 periodistas, políticos y otras personalidades del ámbito catalán que fueron investigados con este software, sin aclararse quién los espió. Una investigación que sin embargo, en el caso del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el ministro de Interior y el de Agricultura –que también fueron espiados con este programa–, si se ha reabierto recientemente gracias a unas informaciones que llegaron de Francia.

En cuanto al derecho a la salud, también se vería afectado en el pasado año. Según los últimos datos publicados en 2023 y que corresponden a 2021, el gasto en sanidad pública habría disminuido. La Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa también señalaba que la escasez de personal en los centros de salud pública seguía siendo grave, motivo por el cual pedía mayores fondos para la atención primaria.

En el ámbito sanitario los de Amnistía Internacional también hablaron de las personas mayores. La causa por la que aparecían es la falta de una investigación sobre las muertes y violaciones de derechos humanos que el colectivo de la tercera edad sufrió durante la pandemia por covid-19, con la excepción de algunas fiscalías provinciales.

En el informe también se habla de los derechos de expresión, asociación y reunión, que se verían afectados negativamente. En este sentido se habla específicamente de la Ley de Seguridad Pública, la cual se estaría usando de forma indebida para limitar la libertad de expresión de manifestantes y periodistas.

Otro caso que se cita aquí es el de los agentes de policía de incógnito que se infiltraron en algunos movimientos sociales, llegando incluso a establecer relaciones íntimas y sexuales para recopilar información. Desde el ministerio del Interior la respuesta fue que las operaciones eran de inteligencia y habían sido autorizadas por el Gobierno, pero estaban clasificadas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, una ley que desde Amnistía consideran que debe de modificarse "reformarla sería un buen punto de partida para demostrar un compromiso real con los derechos humanos", explican.

En materia de violencia de género los resultados de España también siguen siendo negativos, con 58 muertes de mujeres a manos de sus exparejas y 13 víctimas más de otros hombres con los que no mantenían relación. La descriminación también continuaría al alza, con 2.040 casos de delitos de odio, siendo casi la mitad de ellos por racismo y xenofobia. 

El Medio Ambiente saludable, que fue declarado derecho humano en 2022 por la ONU también sería negativo en España, debido a los episodios de olas de calor y sequías sufridas en España durante el 2023. En este sentido el Instituto de Salud Carlos III calculó que 6.799 de los  fallecimientos registrados entre enero y septiembre del pasado año eran atribuibles al calor. 

El año 2023 dejó entrever también algunos avances en materia de derechos humanos. El derecho a la vivienda es uno de los que se puede extraer una nota positiva del informe de Amnistía Internacional. El Parlamento aprobó el pasado mayo la Ley por el Derecho a la Vivienda, que limitaba el precio del alquiler, ampliaba los plazos de suspensión de desahucios y protegía la vivienda social. A pesar de esto la ley tendría puntos que mejorar, ya que no se incluían sanciones para garantizar el control de los precios, no se prohibía el desahucio en casos de sinhogarismo ni había líneas claras para aumentar el parque de vivienda. 

De los derechos reproductivos también se puede extraer una lectura positiva del informe, más concretamente en la materia del aborto, a raíz de la ley aprobada en febrero de 2023, que permitía a quienes habían cumplido los 16 años acceder a la interrupción del embarazo sin consentimiento parental. 

Sobre los derechos LGTBI también se puede hacer una extracción positiva del informe, debido a la entrada en vigor de la Ley Trans, que garantiza el acceso de los trans a los servicios sanitarios y traía también el reconocimiento legal de la identidad de género basado en la autodeterminación. A pesar de esto es posible que haya retrasos en este derecho en algunas comunidades, como en el caso de Madrid, donde se prohibió el reconocimiento de la identidad de género en base a la autodeterminación.

Otro aspecto destacado y que constituyó un hito fue el caso de Julio Pacheco, que declaró en Madrid como denunciante dando detalles de las torturas que sufrió en 1975, durante el franquismo. Esta se convertía, pues, en la primera víctima que declaraba como denunciante ante la justicia española como víctima de torturas durante la dictadura franquista.

Esta semana se cumple el primer aniversario del tercer conflicto civil de Sudán, una de las peores guerras que ha sufrido África desde hace décadas. El primer año de esta contienda deja más de 14.000 muertos y millones de desplazados en la región. Por si fuese poco, el Estado también sufre un bloqueo humanitario por parte de las fuerzas enfrentadas, en un país en el que 25 millones de personas necesitan de esta ayuda.

Sudán es un país que está ubicado al sur de Egipto y que, al igual que otros países del continente, sufrió en su momento una colonización por parte de Reino Unido. Esta se terminó en 1956, con la independencia del país, pero le siguieron numerosos conflictos civiles. 

El fenómeno colonizador influyó mucho en esos enfrentamientos y es que mientras los de Londres dirigían Sudán, favorecieron a los grupos árabe-musulmanes, dejando de lado al resto de pueblos étnicos locales. Tras la independencia, los grupos tradicionalmente favorecidos fueron los que subieron al poder en Jartum, la capital, mientras que el resto se vieron apartados. Esto fue el caldo de cultivo que acabaría ocasionando las dos guerras civiles sudanesas, que terminaron dando más autonomía al sur y más tarde la independencia, surgiendo así Sudán del Sur. 

Las tensiones todavía siguieron y acabarían por causar un golpe de Estado fallido en 2023 que acabó ocasionando la guerra entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dando lugar al sangriento conflicto que se vive hoy en día. 

La coordinadora general de Médicos Sin Fronteras (MSF), Jean Stowell, afirma que “la población sudanesa está sufriendo enormemente debido a los intensos combates” entre los que se incluirían bombardeos y operaciones terrestres en zonas residenciales (tanto urbanas como aldeas). 

Según la Organización Internacional de las Migraciones, organismo dependiente de la ONU, más de ocho millones de personas han tenido que escapar de sus casas, habiendo sido desplazadas de sus hogares en numerosas ocasiones. Los que no se marchan están condenados a un futuro extremadamente hostil y violento. Los miembros de Médicos Sin Fronteras explican cómo atienden de forma constante a mujeres, hombres y niños heridos por metralla, explosiones y balas. Desde el pasado abril, cuando estalló el conflicto, esta ONG ya ha atendido casi 23.000 casos de lesiones traumáticas y cerca de 5.000 operaciones.

Khartouma, una mujer originaria de Sudán, tuvo que salir de su casa hacia Chad para sobrevivir. “Cuando los enfrentamientos armados y los bombardeos se acercaron a mi pueblo, no tuve más remedio que marcharme. Huimos con un grupo de personas, pero algunas no llegaron”, explica. 

Durante su huida tuvieron que escapar a emboscadas y ataques, pero Khartouma cuenta la suerte que tuvo “sólo se llevaron nuestras pertenencias y no nuestras vidas.”. Lo que más le preocupa son los pequeños “La vida es muy dura aquí. Pero lo que más me preocupa son los niños. No puedo mantenerlos, ni siquiera encontrar zapatos”.

La vida de los sudaneses se ha vuelto muy dura a raíz del conflicto, Stowell explica cómo todos los días les llegan “pacientes que mueren por heridas relacionadas con la violencia, niños que perecen por desnutrición y falta de vacunas, mujeres con complicaciones tras partos inseguros” o numerosos caso de violencia sexual. En los seis primeros meses del conflicto cerca de 150 mujeres de las atendidas por MSF, denunciaron haber sufrido violaciones, siendo un 50% de ellas, violadas por varios agresores, que en un 90% de los casos portaban armas.

La limpieza étnica también es una cuestión extremadamente preocupante en la contienda, con unos 100 poblados abrasados por el fuego. Algo que también certificó MSF, en un episodio del pasado junio, cuando atendió de una tandada a 1.500 sudaneses con heridas de guerra.

Otro gran problema que agrava la crisis del país son los servicios sanitarios. Desde Médicos sin Fronteras explican que la asistencia médica se ve colapsada, afirmando que “sólo entre el 20% y el 30% de los centros de salud siguen funcionando en Sudán”. 

Esta situación se debe en parte a que el gobierno sudanés niega de forma sistemática los permisos que piden para que el personal y los suministros puedan cruzar el frente y llegar a los heridos. Los médicos que trabajan en Jartum reiteran que el mayor reto que enfrentan es la escasez de medicinas “nos hemos quedado sin material quirúrgico y estamos a punto de interrumpir todo el trabajo”.

En las zonas controladas por la oposición al gobierno, la dinámica es similar. Allí las instalaciones sanitarias son saqueadas con regularidad con la que se roban vehículos de los trabajadores médicos. 

Ozan Agbar, director de Operaciones de Emergencia de MSF en Sudán, explica cómo “la situación en Sudán ya era muy frágil antes de la guerra y ahora se ha vuelto catastrófica”. También habla de los peligros que conlleva mandar ayuda en la región, ya que en ocasiones los voluntarios de las organizaciones no regresan.

En un país que está sufriendo una de las peores crisis de desplazados del mundo, con varios millones de personas fuera de sus hogares y con la necesidad urgente de ayuda humanitaria de casi la mitad de su población, la respuesta está siendo sin duda, insuficiente. 

Khadija Mohammad Abakkar es uno de esos desplazados, que relata las tremendas dificultades de vivir sin ayuda humanitaria “durante los combates, en el campo no había acceso a atención sanitaria ni a alimentos”, situación que lo obligó a tener que vender todas sus pertenencias para poder comer.

A raíz de la dramática situación que vive Sudán, se celebró este lunes una conferencia internacional en París para recabar apoyos. Se esperaba recaudar unos 4.000 millones de dólares pero finalmente sólo se logró la mitad. En este sentido, organizaciones que trabajan sobre el terreno como Médicos Sin Fronteras, señalaron que el acuerdo se quedaba “muy corto”

Si no se quiere condenar por completo a la población sudanesa, es necesaria una mayor implicación de los organismo internacionales. Hay que aportar más recursos para que la asistencia humanitaria sea suficiente y Sudán pueda cerrar pronto este terrible capítulo de su historia y continuar en paz.

La definición de genocidio incluye el conjunto de actos que se llevan a cabo con la finalidad de destruir completa o parcialmente a una población por distintos motivos que pueden ir desde la etnia hasta la religión. "El delito de los delitos", por su complejidad, explicaba este miércoles Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados de Palestina, en un acto que se siguió de forma simultánea en más de 40 universidades de toda España través de zoom.

Albanese explicó como en el caso de Israel el genocidio es una "cuestión ostentosa" y que se conoce por ser de los pocos "retransmitido por sus víctimas" en tiempo real. "Casi 33.000 palestinos muertos, siendo casi 14.000 de ellos niños, más de 70.000 heridos... es toda una sociedad la que es blanco de ataque", sentenció la relatora. En el caso de Gaza, la relatora explica como ya se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del delito de genocidio, que en parte se justifica por la "deshumanización del pueblo palestino". Algo que la relatora ya adelantó en su informe de la ONU Anatomía de un genocidio, a finales de este marzo.

La trabajadora de Naciones Unidas menciona en concreto que Israel comete, por lo menos, tres actos que se pueden considerar como genocidas, entre los que se encuentran "las matanzas de miembros de un grupo, la causa de daños mentales y físicos de forma deliberada a un grupo y la imposición de condiciones de vida destinadas a la destrucción parcial o total del grupo". Durante el acto también habló de lo condicionados que están los nacimientos, debido a que entre los suministros que el ejército israelí no deja entrar a la Franja de Gaza se encuentran las incubadoras.

Para encubrir todo esto, la relatora expresó que el gobierno israelí utiliza la terminología del Derecho Internacional Humanitario (legislación que procura limitar los efectos de las guerras y proteger a los no combatientes) para camuflar lo que está pasando. El gobierno de Netanyahu también habla constantemente de "daños colaterales" cuando hay bajas civiles, ascendiendo estas ya a más de 30.000, o de la legítima defensa, sin respetar el principio de proporcionalidad.

Francesca Albanese concluyó su intervención explicando que la Corte Internacional de Justicia ya reconoció hace casi tres meses el peligro real de que se cometiese un genocidio, por lo que Israel debía de tomar todas las medidas posibles para prevenirlo, algo que todavía no ha hecho. Por ende, seguía la relatora, los Estados deben de tomar cartas en el asunto de una vez por todas y empezar con un embargo a Israel, en cumplimiento con el derecho internacional.

El evento que se celebró en el conjunto del país de forma simultánea, fue organizado por la Red Universitaria por Palestina, una organización de ámbito estatal universitaria que busca crear un movimiento de apoyo a Palestina desde la academia y por extensión, a la sociedad civil.

La conferencia fue moderada por Ignasi Bernat, miembro de la plataforma y, tras la intervención de Albanese, las universidades se fueron desconectando de la sesión de zoom para desde cada uno de los distintos campus, empezar un debate sobre la causa Palestina y posibles medidas a llevar a cabo desde el ámbito académico para ayudar a mejorar la situación.

Han pasado ya sesenta días desde el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel, tras la demanda de Sudáfrica por actos genocidas en Gaza. El dictamen de la Corte incluía una serie de medidas que Israel debía de llevar a cabo para prevenir el genocidio y para permitir entrar ayuda humanitaria. Van a hacer ya dos meses desde aquella resolución que, según expertos como Ignacio Álvarez-Ossorio, Ruth Ferrero o Najib Abu-Warda, no se ha cumplido. Es más, este mismo jueves, dictó nuevas medidas provisionales contra Tel-Aviv en las que exigía que garantice la llegada de alimentos a la Franja e instaba a "garantizar con efecto inmediato que sus Fuerzas Armadas no cometan actos que puedan constituir una violación de los derechos de los palestinos".

Sudáfrica explicaba en su demanda de finales de 2023 que Israel estaba violando sus obligaciones en relación a la Convención del Genocidio que firmó en 1949, afirmando que “los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida”, al ir acompañados de la intención de “destruir a los palestinos de Gaza”. Un tratado que, por otra parte “se creó para evitar genocidios como el nazi”, según Najib Abu-Warda, experto en Relaciones Internacionales y Oriente Medio y doctor por la Universidad Complutense de Madrid.

Los demandantes también acusaron en su denuncia la falta de iniciativa de Israel para prevenir el genocidio en Gaza y de castigar la incitación pública a cometerlo, algo que también incumple la convención. Los sudafricanos ejemplificaron esto con varias declaraciones de cargos políticos israelíes, como las del Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en las que justificaba el asedio de Gaza “sin electricidad, sin comida, sin agua, sin combustible. Todo está cerrado. (…) Estamos luchando contra animales humanos y actuamos acorde a esto”. 

La Corte Internacional de Justicia aceptó la demanda y emitió su veredicto hace dos meses. Consideraba en su escrito el peligro real de genocidio en la Franja de Gaza, por lo que pedía a Israel que tomase todas las medidas posibles para evitar cualquier acto comprendido como tal. Pautas que, según Ruth Ferrero, experta en Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Complutense, no ha respetado. 

Ferrero señala que no se han cumplido “las medidas necesarias para impedir cualquier acto que pudiera considerarse como genocidio como matar miembros de un grupo, provocar destrucción…”. 

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático en Estudios Árabes e islámicos y experto en Oriente Medio, explica incluso cómo “el ritmo de las matanzas en la Franja de Gaza no ha dejado de crecer” desde aquel dictamen. Añade además que “la situación a nivel humanitario es catastrófica, por la intensificación de bombardeos y por el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria”. 

Abu-Warda concuerda con el resto de expertos en la necesidad de “garantizar la seguridad de la población civil, facilitar las ayudas necesarias y fundamentales… Israel no ha cumplido ninguna de las recomendaciones que demandó la CIJ”. 

Sobre la instigación a cometer actos genocidas, Ferrero explica que “tampoco ha prevenido ni ha castigado los comentarios públicos que pudieran incitar a la comisión de ese delito”, algo que también pidió la Corte. 

Otra de las medidas que pedía la CIJ era la entrada de ayuda humanitaria, una pauta más que habría ignorado Israel. “Tampoco ha facilitado la garantía del acceso humanitario al territorio de Gaza”, señala Ferrero. 

Álvarez-Ossorio explica cómo “desde febrero entra [la ayuda humanitaria] a cuenta gotas. A veces cuatro camiones, otras seis… cuando antes de la ofensiva entraban 500 al día”. Lo que provoca que “los casos de malnutrición hayan aumentado de manera considerable”. El experto señala que “hay casi 30 personas que han muerto de hambre” en este período y que la situación es terrible “sobre todo en el norte, donde no entra nada de comida desde hace cinco meses”.

La situación de hambruna es algo ya a tener en cuenta en Gaza. El último informe de la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC en inglés) realizado en el territorio señala cómo este desgarrador fenómeno “es inminente”. 

Israel en ningún momento ha cumplido con las directrices de la CIJ. Una vez que la Corte acepta una demanda, interpreta las leyes internacionales y emite los dictámenes que considera adecuados, la respuesta no es inminente, porque tal y como explica Abu-Warda, “no cuenta con mecanismos reales de ejecución”. 

“Realmente ¿quién obliga a Israel a cumplir esa sentencia? Desde el punto de vista efectivo, nadie”, explica el experto. Señala entonces que el asunto debería “llevarse al Consejo de Seguridad de la ONU”, pero tampoco se muestra muy optimista puesto que “el veto de EEUU bloquea cualquier medida que tenga como finalidad obligar a Israel por la fuerza a cumplir una sentencia”. Precisamente esta semana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución en la que insta a Israel a un alto el fuego inmediato, pero por ahora, no ha causado ningún efecto en Gaza.

En este escenario quedaría esperar a una respuesta de la comunidad internacional por no acatar la decisión del tribunal. Ferrero explica que el incumplimiento por parte de Israel “tiene que ser impugnado” por la comunidad internacional, “en este caso frente al Consejo de Seguridad de la ONU y por parte bilateral”. En este escenario destacó la reciente posición de Irlanda, que ya ha anunciado su intención de unirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel.

La experta comenta que “se tiene que poner fin a todo apoyo militar, financiero y político hacia Israel y acabar con todo tipo de transferencias de armas o de compra de estas”. Algo que ha pedido este martes la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, durante la presentación del informe Anatomía de un genocidio, donde además concluyó que Israel estaba cometiendo actos genocidas.

Según ella, los Estados que incumplan con esa obligación que marca el derecho internacional “pueden ser acusados de complicidad con los crímenes que está cometiendo Israel en el territorio de Gaza”.

A pesar de esto, lo cierto es que los Estados no están cumpliendo con el derecho internacional. Se vive una dualidad de realidades dependiendo de los intereses de cada país. Hay estados que piden cumplir el derecho internacional por la invasión rusa en Ucrania pero no, por ejemplo, por la posición de Israel de ignorar las decisiones del CIJ.

Ferrero explica que, por un lado, “ hay que hacer cumplir el derecho internacional porque no se puede invadir un país” y, por otro lado, “no se está haciendo absolutamente nada para evitar el incumplimiento del derecho internacional”. Una contradicción que, en palabras de la experta, “no debería de ser bien entendida por la ciudadanía”.