Segundo día de movilizaciones en Francia contra las políticas de austeridad de Emmanuel Macron, después de que 200.000 personas respondieran a la llamada del movimiento Bloquons tout! el pasado 10 de septiembre. Esta vez las protestas han sido convocadas por los principales sindicatos, que han llamado a huelgas y han organizado manifestaciones en ciudades de toda Francia. Más de un millón de personas, según la Confederación General del Trabajo (350.000 según el Gobierno) han participado, a pesar de la derrota del ex primer ministro François Bayrou y de su proyecto de presupuesto, que pretendía imponer 44.000 millones de euros de recortes sociales y fue rechazado en la Asamblea Nacional la semana pasada. “El nuevo primer ministro [Sébastien Lecornu, nombrado por Macron] va en la misma línea, Macron no quiere cambiar de política”, denuncia Jeanne, trabajadora informática en huelga que ha participado en la marcha sindical de París, expresando un sentir general entre los manifestantes.

En la capital, la jornada se ha vivido entre la rabia y la resignación ante las políticas del presidente y sus sucesivos primeros ministros, en medio de una crisis política inédita en la Quinta República: el presidente gobierna sin mayoría parlamentaria y con una popularidad bajo mínimos, mientras las perspectivas electorales de la ultraderecha y la izquierda mejoran. La huelga se ha dejado sentir con fuerza en el metro, con líneas enteras cerradas, y en los trenes de cercanías, que circulan con menor frecuencia de lo habitual en París y sus alrededores. El parón laboral también ha tenido un fuerte impacto en la educación (45% de huelguistas), con centros cerrados en todo el país.

Es el caso del instituto Turgot, al lado de la céntrica plaza de la República. La entrada está bloqueada por una montaña de cubos de basura, sobre la que cantan y gritan consignas decenas de estudiantes. “Hemos bloqueado las tres puertas a las 7 de la mañana y hemos conseguido anular las clases”, explica satisfecha Rose, que tiene claras sus razones: “El anterior primer ministro quería hacer un presupuesto que atacaba a los institutos, los hospitales, las pensiones, el paro… es inadmisible”. Aunque Lecornu ha retirado la propuesta de eliminar dos días festivos, todavía pretende aprobar un presupuesto de recortes, lo que explica que los sindicatos hayan mantenido la jornada de protestas.

La influencia del movimiento Bloquons tout! –surgido espontáneamente en Internet– se ha dejado sentir en la jornada sindical de hoy. La policía ha registrado más de 500 intentos de bloqueos de carreteras en toda Francia y a media mañana se ha celebrado frente a la Estación del Norte de París una asamblea convocada por trabajadores ferroviarios, a la que se han unido centenares activistas de Bloquons tout! Trabajadores hospitalarios, activistas queer y por Palestina se han turnado en el micrófono, entre los aplausos y ante una imponente presencia policial, pidiendo la unidad de las diversas luchas sociales. “Si estamos aquí es porque queremos elementos de radicalidad del día 10”, explica Émile, sindicalista de Sud Rail. “Si queremos ganar necesitamos una huelga indefinida”, reclama, crítico con la decisión de las direcciones sindicales de convocar una sola jornada de huelga. Henri, profesor y militante de la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), coincide mientras recorre el bulevar que une la plaza de la Bastilla y la de la República: “un solo día no va a servir para mucho, hay que seguir luchando”.

Todos tienen fresco el recuerdo del movimiento contra la reforma de las pensiones de 2023, cuando tuvieron lugar las manifestaciones más grandes de la historia de Francia, con cerca de 3 millones de personas en la calle en un solo día, y 14 jornadas de huelga repartidas a lo largo de seis meses. El movimiento solo consiguió parar algunos elementos menores de la reforma. “Llevo haciendo huelgas desde 2016 y nunca hemos ganado”, recuerda Émile, “la gente o se radicaliza y está aquí pidiendo una huelga más dura, o se desmoraliza. Por eso parte de la población está a la espera”.

Esta resignación es visible en las calles del este de París, lejos de la manifestación. Es difícil encontrar alguien que apoye al Gobierno –las encuestas muestran un rechazo superior al 70% del presupuesto de austeridad y una mayoría a favor de la dimisión de Macron, algo inédito en Francia–, pero tampoco hay mucho entusiasmo por la movilización sindical. Nelson, trabajador de la construcción, apoya el movimiento, pero dice no poder hacer huelga, una situación frecuente en el sector privado. Por su parte, Marielle, propietaria de una pescadería, dice ser “neutral” sobre las razones de la protesta y afirma que “no podría permitirse financieramente” hacer huelga.

Las calles adyacentes a la plaza de la Nation, donde ha terminado la manifestación sindical, están repletas de cientos de policías antidisturbios. El ministro del Interior, el conservador Bruno Retaillau, ha desplegado 80.000 agentes, una cifra récord. “Ha habido mucha represión preventiva esta mañana”, denuncia Anaëlle, militante de Bloquons tout! que participa en una marcha espontánea en las horas previas a la manifestación sindical, “en muchos institutos ha habido bloqueos pero la policía los ha levantado inmediatamente”. Decenas de personas han sido detenidas en toda Francia a lo largo del día y la policía ha lanzado gases lacrimógenos y ha cargado contra los manifestantes en París y otras ciudades, como ya sucedió el 10 de septiembre, jornada que se saldó con más de 500 detenidos. La Liga de Derechos del Hombre ha denunciado una “ola de represión violenta de la población por las fuerzas del orden” desde las protestas de 2023.

“La única solución es que Macron se vaya, pero no se va a ir, así que la situación está bloqueada”, dice Jeanne con una sonrisa triste, intentando hacerse oír entre los gritos de los manifestantes. Los sindicatos pueden apuntarse una victoria con la movilización de hoy, pero la crisis política francesa está lejos de resolverse.

Hans Zollner (Ratisbona, Alemania, 1966) es un sacerdote y teólogo, director del Instituto de Antropología  de la Universidad Gregoriana de Roma. Es uno de los mayores expertos de la Iglesia católica en prevención de los abusos sexuales, uno de los temas más candentes que se encontrará el recién elegido papa León XIV. 

Hablamos con él de las medidas que tomó Francisco frente esta lacra, del historial de Robert Prevost con relación a los casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos y de qué se espera del nuevo pontífice para hacerles frente. Aunque alaba los cambios introducidos por Jorge Bergoglio, Zollner se muestra crítico respecto a su aplicación y espera del nuevo papa “una respuesta más coherente” y un “compromiso a largo plazo” para erradicar los abusos.

¿Qué actitud ha tenido León XIV respecto a los casos de abusos sexuales a lo largo de su carrera?

En 2012, en nuestra primera conferencia internacional sobre Protección en la Universidad Gregoriana, él fue uno de los delegados. Eso muestra que ya en ese momento quería aprender y comprometerse con este tema. En 2020, fui invitado por la conferencia episcopal peruana en Lima, de la que él era vicepresidente. Les hablé sobre la necesidad de trabajar en el tema y le encontré muy abierto a eso, cuando todavía había mucha resistencia entre los obispos mayores.

Prevost ha sido acusado de encubrir abusos durante su tiempo como obispo en Perú. ¿Son sólidas estas acusaciones o fueron maniobras para impedir su elección como papa?

No he visto ningún documento que pruebe lo que se ha alegado. Víctimas muy prominentes de abuso en Perú, por ejemplo, el periodista Pedro Salinas, han hablado a favor de Prevost. Vinculan las acusaciones contra Prevost con el Sodalicio, la organización de ultraderecha que fue suprimida por el Papa Francisco [por encubrir abusos]. También porque Prevost, como prefecto del Dicasterio de obispos [órgano vaticano que nombra los obispos], había sido consultado sobre esto. Hasta donde yo sé, él hizo lo que debía hacerse.

¿Qué medidas tomó el papa Francisco para prevenir y sancionar los abusos sexuales durante su pontificado? ¿Fueron suficientes?

La medida más importante fue que empezó desde el principio a escuchar a las víctimas. He presenciado cómo las escuchaba y fue un modelo para toda la Iglesia: no solo oía el daño causado, sino que realmente escuchaba con el corazón.

En segundo lugar, el papa Francisco dio visibilidad y sostenibilidad a la estructura de protección cuando estableció la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Esto no puede ser borrado, continuará porque ha sido integrado en la estructura del liderazgo de la Iglesia.

En tercer lugar, el papa abrió la posibilidad de hablar sobre los elementos institucionales y administrativos que permiten el abuso y la negligencia. Esto ha sido una piedra angular de nuestro trabajo, que no se centra únicamente en un solo caso de abuso, encubrimiento o negligencia, sino que busca una imagen más amplia de dónde estamos como Iglesia en su conjunto.

¿Qué ha implicado esta perspectiva más estructural?

Ya no nos centramos únicamente en el abuso infantil, también hay personas adultas vulnerables que necesitan protección. Además, no solo nos fijamos en los abusos sexuales, sino también en el abuso emocional, espiritual y de poder.

Luego, con una nueva ley, Francisco dio los primeros pasos para desarrollar un modelo de rendición de cuentas entre los obispos. Ya no es solo responsabilidad del Vaticano, sino también de los líderes religiosos en general; ellos son corresponsables de la negligencia si un obispo o un provincial no hace lo que debe hacer ante las acusaciones.

Usted fue miembro fundador de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. ¿Cómo ha funcionado este organismo?

Estuve involucrado en la fundación, fui miembro y renuncié nueve años después. La Comisión trajo un tipo diferente de conciencia dentro de la Iglesia, pero hay grandes cuestiones que me llevaron a renunciar: falta de claridad en el alcance de su tarea, de transparencia y de rendición de cuentas dentro de la Comisión.

Ha viajado a 75 países intentando implementar normas contra el abuso sexual. ¿Están haciendo las diócesis lo necesario para combatir el abuso?

En todos los países hay obispos, líderes eclesiales y fieles que son conscientes de la necesidad de escuchar a las víctimas e implementar medidas de protección, lo cual es alentador. Pero también, en cada país e Iglesia local, hay líderes y fieles que piensan que hemos hablado demasiado de esto y debemos guardar silencio.

En España, las asociaciones de víctimas han denunciado la inacción de la Conferencia Episcopal respecto a los abusos sexuales. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Es muy similar. Hay obispos, como el arzobispo de Madrid, que están muy comprometidos, ha establecido un servicio de escucha a las víctimas. Pero también hay personas que piensan que no deberíamos hablar de esto.

¿Qué espera que haga el nuevo papa en relación con los abusos?

Espero que, como estadounidense y persona que ha sido misionero en Perú, sepa sobre la gravedad de los abusos y la necesidad de trabajar en una cultura constante de protección. Es necesario promover una respuesta más coherente de parte de la Iglesia. Tenemos normas y regulaciones suficientes para abordar los casos, pero deben aplicarse de manera constante. Espero un compromiso a largo plazo.

¿Sabemos si los abusos sexuales son más o menos frecuentes en la Iglesia católica que en otras instituciones?

No tenemos investigaciones científicas que prueben que son menos o más frecuentes. Lo que sabemos es que entre el 90% y el 95% de los abusos ocurre en el contexto familiar, no en instituciones, que incluyen religiones, escuelas y asociaciones deportivas. 

En Alemania hemos establecido los números sobre la prevalencia del abuso sexual en la Iglesia católica y en la Iglesia luterana. Es un caso interesante, porque hay un número muy similar de luteranos y católicos en el país. Hay prácticamente la misma prevalencia entre pastores luteranos varones casados y sacerdotes católicos varones célibes. No hay explicaciones rápidas sobre de dónde viene el abuso.

El papa Francisco abrió por primera vez la discusión sobre el celibato obligatorio para los sacerdotes. ¿Cree que eliminar o relajar el celibato obligatorio reduciría los casos de abusos sexuales?

Cada informe científico o informes realizados por bufetes de abogados indican que el celibato no es la raíz del comportamiento abusivo. La gente tiene un prejuicio sobre esto, pero, científicamente hablando, no está probado.

Más bien, necesitamos hablar sobre el estilo de vida de los sacerdotes, lo cual puede llevar a un comportamiento abusivo, pero esto no significa que el celibato sea la causa raíz. Como vemos con sacerdotes ortodoxos, pastores luteranos o rabinos que están casados, eliminar el celibato no acabaría con los abusos.

El partido fundado y liderado por Sílvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll, entró por primera vez en el Parlament catalán tras las elecciones de 2024, con dos escaños y algo menos del 4% de los votos. Desde entonces, la visibilidad mediática de Aliança Catalana (AC) se ha multiplicado y las últimas encuestas muestran un claro crecimiento. Según el sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, el ‘CIS’ catalán) del pasado mes de marzo, la formación ultraderechista podría multiplicar por cinco sus resultados, llegando a los 8-10 escaños, con el 6,2% de los votos. La duda es cuánto puede crecer la nueva ultraderecha independentista.

Oriol Bartomeus es director del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) y profesor asociado en la Universidad Autònoma de Barcelona. Considera que el crecimiento de AC responde a dos factores fundamentales: “un cambio de época, un repliegue identitario que comporta un incremento de los discursos xenófobos y, en el caso específico catalán, el fin del procés deja huérfano parte del voto [independentista], que se vehicula hacia nuevas problemáticas. Lo que motiva al electorado de AC es la oposición a la inmigración”.

“AC nace de la frustración del procés”, coincide Joan Serra, que investigó en profundidad el mundo de Aliança Catalana durante su etapa como redactor en jefe del diario Nació. Serra también subraya la influencia del “crecimiento de los populistas de extrema derecha en Europa y Estados Unidos. Aliança celebró la victoria de Trump”, recuerda.

El 62% de los votantes de AC defienden que Cataluña sea un Estado independiente y el partido de Sílvia Orriols apoya un “ultranacionalismo etnicista”, en palabras de Serra. Sin embargo, considera que la principal motivación de sus votantes es “el odio al inmigrante, especialmente a los de confesión musulmana”. Aliança Catalana ha conectado el rechazo a la inmigración con el odio a ‘Castilla’. “Orriols tenía una web, Els intransigents, con un discurso xenófobo contra los castellanos. Hace un cambio de chip de los castellanos a los inmigrantes”, relata Xavier Rius Sants, autor de Aliança Catalana: els nostres ultres (Icaria). 

Otros temas, como la economía, son secundarios para Orriols y sus electores. “Se presentaron al Parlamento sin un programa electoral, solo tenían un guion. Tienen aportaciones poco trabajadas sobre reindustrialización, su programa económico es difuso pero no les supondrá un problema en las elecciones municipales de 2027; estarán en debates locales”, prevé Serra.

Saber más sobre el electorado de AC da pistas sobre sus posibilidades de crecimiento. “Es claramente un voto masculino, de personas nacidas en Cataluña, sobre todo mayores, situadas en el centro o centroderecha”, explica Bartomeus, “su electorado está muy situado en capitales de comarca y pueblos medianos del territorio histórico de Convergència i Unió, del conservadurismo nacionalista”. “Están haciendo dos congresos comarcales cada fin de semana”, revela Rius Sants, “se centrarán en los municipios de la Cataluña interior donde tuvieron buenos resultados”.

La subida de los ultras se alimenta en gran medida del electorado de Junts, que según la última encuesta del CEO bajaría de los 35 escaños obtenidos en 2024 a una horquilla de 27 a 29. Hasta 1 de cada 10 votantes de Junts se decantaría por Aliança Catalana, una cifra que ha crecido en los últimos meses. La respuesta del partido de Carles Puigdemont ha sido “frenar el pacto de gobierno que estaba hecho en Ripoll [para arrebatar la alcaldía a Orriols], pedir la delegación de las competencias de inmigración y vender como victoria política la limitación de migrantes no acompañados en Cataluña”, explica Serra. 

Todos los expertos consultados dudan del éxito de la estrategia. “Mientras se mantenga el tema de la inmigración, AC ganará terreno. Quien lo mantiene en agenda es Junts, parece un suicidio inexplicable”, alerta Bartomeus, “lo hemos visto en otros países: la derecha y hasta la socialdemocracia han hecho de la inmigración un tema”. “Que Junts diga que hay demasiados inmigrantes, que colapsan la sanidad… es un discurso peligroso, legitima la ultraderecha”, coincide Sants Rius.

¿Hasta dónde puede llegar el crecimiento de AC? “Hay partidos de extrema derecha que suben como la espuma y hay un momento de inflexión: o dan el salto o comienzan las divisiones internas; esto se verá en las municipales de 2027”, explica Serra. “Estamos en un momento de rearticulación del sistema de partidos post-procés, no sabemos qué margen de crecimiento tiene AC”, precisa Bartomeus.

Es difícil saber cuánto crecerá, pero quienes mejor conocen el partido de Sílvia Orriols están convencidos de que ultraderecha independentista ha venido a la política catalana para quedarse.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado un ambicioso plan para “democratizar” el coche eléctrico. Con una inversión de 1.400 millones de euros en cinco años, el Govern quiere “triplicar el ritmo de penetración del vehículo eléctrico”, para llegar al objetivo europeo de un 40% de automóviles de batería en 2030. El plan incluye multiplicar la infraestructura de carga en todo el territorio, bonificaciones fiscales y ayudas para la compra de vehículos, incluidos 440 millones en préstamos a pymes y autónomos para adquirir coches o furgonetas eléctricas. Además, la Generalitat quiere atraer inversión extranjera para reforzar la industria automovilística catalana.

El plan ha recibido valoraciones diferentes desde los ámbitos sindical y ecologista, divididos sobre cómo descarbonizar el sector del transporte, responsable de casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Cristina Torres, responsable de Transiciones Justas de Comisiones Obreras (CCOO) de Cataluña, celebra el anuncio de Illa: “Son medidas importantes, en un escenario geopolítico muy complejo” por los aranceles anunciados por Donald Trump a las exportaciones europeas. “Es importante que los gobiernos den mensajes claros, este cambio de modelo productivo requiere seguridad”. La sombra de la pérdida de empleos, que ya se está produciendo en países europeos como Alemania, planea sobre la industria automovilística catalana. Para evitarlo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió en una reciente visita a la planta de ensamblaje de baterías de Seat en Martorell atractivos fiscales para “que el coche eléctrico sea de utilización masiva” y superar el estancamiento de la producción.

Sin embargo, no todos los sindicatos ven con buenos ojos el plan del Govern socialista. José Domínguez, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el comité de empresa de la fábrica de Seat, denuncia que “se está socializando la inversión. Las empresas quieren que la inversión para infraestructura y para instalar la tecnología eléctrica sea a base de subvenciones”. Además, Domínguez denuncia que “desde que empezó el coche eléctrico, la patronal dice que necesita menos horas de trabajo. Nosotros lo cuestionamos. Los coches eléctricos tienen ruedas, tapicería, pintura, absolutamente igual”, argumenta.

También muestran recelos, por razones ambientales, organizaciones como Ecologistas en Acción: “Es inviable sustituir la actual flota de vehículos de combustión por coches eléctricos. En la fabricación del coche eléctrico se consumen grandes cantidades de agua, materiales y energía”, explica Laia Serra, que recuerda que, aunque los vehículos eléctricos no produzcan emisiones directamente, “la industria que extrae estos materiales funciona con combustibles fósiles”. El Banco Mundial ha estimado que, para el año 2050, crecerá drásticamente la demanda de minerales como el litio (965%), el cobalto (585%) o el níquel (209%), empujados por la fabricación masiva de baterías para vehículos.

La ONG Medicus Mundi Mediterrània ha analizado en un informe las consecuencias socioambientales de este incremento de la demanda: “Muchos de estos minerales son importades de fuera de la Unión Europea, presentan riesgos en su suministro y se extraen de zonas en conflicto”, señala el documento. Por ejemplo, la República Democrática del Congo concentra el 68% de la extracción mundial de cobalto, una actividad que alimenta el conflicto armado interno que sufre el país. El informe de la ONG advierte además de que “no hay suficientes reservas de algunos minerales críticos para hacer la transición”, teniendo en cuenta el rápido crecimiento de las energías renovables –que también demandan gran cantidad de minerales– y los planes de expansión del vehículo eléctrico. En 2024, por primera vez se superaron los 10 millones de ventas a escala mundial.

La alternativa de Ecologistas en Acción al plan de la Generalitat es “reducir el vehículo privado y desarrollar el transporte público, también en el medio rural. El dinero público tiene que servir para mejorar la movilidad colectiva”, defiende Serra. En el informe Empleo y transición ecosocial, la ONG ecologista propone reducir la jornada laboral en el sector de la automoción, reorientar parte de la industria hacia la fabricación de vehículos compartidos y reconvertir empleos “en otras ramas de actividad sostenible”.

Un horizonte alejado de los planes del Govern catalán y del ejecutivo de Pedro Sánchez, que apuestan por el coche eléctrico para mantener este sector industrial estratégico: Sánchez quiere que en nuestro país se fabriquen cinco millones de vehículos de batería antes de 2030, una cifra difícil de alcanzar al ritmo actual: en 2024, más del 94% de los vehículos nuevos vendidos en España todavía eran de combustión.

Más de un año después de su elección como presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei mantiene un apoyo popular mayoritario, a pesar de su violento programa de recortes sociales. El antropólogo y sociólogo argentino Pablo Semán ha coordinado El ascenso de Milei: claves para entender la derecha libertaria argentina (Ed. Siglo XXI), que analiza un fenómeno político aún poco entendido en España. Conversamos con él sobre el primer año de gobierno de Milei y las razones por las que sigue teniendo el apoyo de buena parte de la sociedad argentina, un análisis que también arroja luz sobre la extrema derecha europea.

¿Cómo describiría la situación económica de Argentina un año después de la llegada de Javier Milei al poder?

Milei hizo un ajuste del gasto público, que provocó dos fenómenos que se contrabalancean. Primero, aumentaron los gastos de los hogares por subidas de tarifas, problemas de empleo y porque la política cambiaria encareció el consumo. Por otro lado, ese ajuste ha reducido muy rápidamente la aceleración de la tasa de inflación (de porcentajes cercanos al 6 por ciento mensual al 2 por ciento), aunque los precios no bajaron. Eso cambió las perspectivas de los consumidores. Para una gran mayoría —incluida mucha gente que no votó a Milei— la situación se ha vuelto más soportable, aun teniendo que reducir su consumo.

En Europa el relato simplifica y da la imagen de que la catástrofe económica empezó con Milei, cuando en realidad había empezado mucho antes. Los argumentos de Milei sobre el origen de la catástrofe económica le ganaron plausibilidad para la población, independientemente de que yo no lo comparta. Argentina vivió antes de Milei once años de estancamiento y de inflación, muchas veces negada por el gobierno con mediciones sospechosas.

Creo que hay un sufrimiento social enorme, pero tiene dos traducciones. Una es: “vieron, Milei tenía razón, es este el camino, vale la pena el sacrificio” y la otra traducción es un sentimiento de debilidad, de impotencia política.

En el libro critica eslóganes del kirchnerismo como “la patria es el otro”. ¿Qué responsabilidad tiene el peronismo kirchnerista en el ascenso de Milei?

El elemento central del proceso que lleva a Milei al poder es anterior al kirchnerismo, es una crisis de la economía, donde fue decreciendo la legitimidad de la intervención estatal. En el contexto de esta crisis, el kirchnerismo se montó sobre sus éxitos iniciales y pretendió perpetuarse en el poder, lo cual derivó en una mala gestión de la relación del Estado con la sociedad: estuvieron más atentos a declamar la presencia del Estado que a concretarla en cuestiones clave de la experiencia social: una es el valor de la moneda, otra es la seguridad.

Otra es el planteo constante de formas de antagonismo muy excluyentes, con un cálculo político siempre errado, de manera que ellos creían que ganaban los conflictos que siempre perdían. El conflicto del campo es un ejemplo paradigmático, porque se sobrepolitizó y se sobreideologizó a partir de un cálculo político errado. No era conveniente polarizar. El cálculo político que subyacía es que eran mayoría y [en realidad] eran minoría. Que ganase Cristina Fernández en 2011 fue un hecho totalmente extraordinario, perdieron casi todas las demás elecciones.

¿Cómo valora la respuesta de la izquierda política y los movimientos sociales al gobierno de Milei?

Los movimientos sociales están bastante inhibidos en sus posibilidades de acción, porque el gobierno actual les quitó recursos que manejaban directamente y porque Milei desencadena una serie de procesos judiciales y represivos contra los movimientos. Y también porque se desprestigiaron en los últimos 9 años: consolidaron un patrón de acción que era políticamente muy exigente y económicamente contribuía poco [a sus militantes]. La gente empezó a ganar a partir de ocupaciones informales más que lo que podían ofrecerle los movimientos sociales. El impacto económico de la protección de los movimientos sociales fue disminuyendo mientras iban aumentando las exigencias de los movimientos con sus bases. Había una exigencia política partidista. Y un proceso que exigía mucha actividad política, necesitaba mucho tiempo. Ir a manifestaciones, justificar las ausencias… estar pendiente de las órdenes de los jefes políticos territoriales. Tengo datos de gente que estaba inscrita en la lógica de esos movimientos sociales y votó a Milei.

Una parte de la población está muy perjudicada y siente que vive peor, pero esa parte no tiene ni dirigentes ni argumentos para enfrentar los argumentos de Milei. Hay una oposición social que tiene que ver con un sufrimiento que no puede ser articulado política ni simbólicamente, porque los dirigentes que lo podrían haber hecho no se ocuparon de renovar el repertorio de interpretación, ni por deshacerse de las manchas que llevan, ante la mayoría que les votó en contra y ante la minoría que les sostuvo, más por miedo que por amor.

Milei ha conseguido agrupar voto mucho más allá de las fronteras sociológicas tradicionales de la derecha. En su libro explica los mecanismos de adhesión a la derecha libertaria. ¿Cuáles diría que son los principales grupos que componen la coalición electoral que apoya a Milei?

Hay un sector juvenil muy importante, que no vivió ninguna de las cosas buenas del kirchnerismo y vivió todas las malas. Es un contingente importante de voto, con predominio masculino, pero con una considerable cantidad de mujeres. Una de las peores cosas que ha hecho el kirchnerismo después de la elección es inventar una narrativa falsa sobre su derrota electoral diciendo, por ejemplo, que los jóvenes que votaron a Milei eran varones incels.

El voto a Milei fue muy transversal, porque se consumó en medio de un mensaje de “cambio o continuidad”. Eso le permitió obtener un voto muy transversal desde el punto de vista socio-ocupacional: más del 45% de los trabajadores del Estado votaron a Milei y no son sectores que votaran en una proporción tan alta programas neoliberales. Después, profesionales de las clases medias urbanas, de las grandes ciudades, también votaron por Milei. Antes tenían un voto más plural, no tan inclinado a la derecha.

Milei le sacó votos a la alianza del peronismo y a Cambiemos (centroderecha). Se supone que Milei ganó con el 30% y el centroderecha le aportó el 24%, cuando en realidad el centroderecha se había corrido al extremo. Para sus votantes, lo importante era que fuera radical, era igual si era Milei o [Patricia] Bulrich [candidata de centroderecha en las elecciones de 2023]. Por eso Milei sabe que no va a perder los votos del centroderecha.

¿Hasta qué punto la ultraderecha libertaria argentina es un fenómeno nacional o una manifestación local del giro reaccionario global?

Hay articulaciones globales que inciden sobre los procesos nacionales, pero las diferencias entre los procesos nacionales hasta ahora muestran que la densidad de los procesos nacionales está subestimada. Los gobiernos de Bolsonaro, Bukele y Milei son muy diferentes entre sí y muy diferentes del de Meloni.

Para nosotros Milei no es solamente el reflejo de lo global, no es copia de nada, sino más bien un vector autónomo que empezó a influir en lo global. Es un icono muy poderoso para la rebelión anti-Estado, le sirve de ejemplo a la ultraderecha de que la radicalidad paga. Los diques a la ultraderecha están más rotos que nunca y Milei fue parte del proceso de ruptura de los diques

No me cabe duda de que hay una articulación internacional donde se benefician recíprocamente de sus éxitos, hay agenciamientos económicos, organizativos y políticos en común. Ahora, pensar que lo que pasó en Argentina es un diseño de la internacional reaccionaria es como decir que Lula es producto del Foro Social Mundial de São Paulo. Hay una narrativa de cuento de terror fantástico que inhibe la acción política y el juicio crítico.

En Europa se está hablando mucho del papel de las redes sociales en el crecimiento de la ultraderecha, a raíz de los recientes movimientos políticos de Elon Musk. ¿Cómo de importantes han sido las redes sociales en la batalla cultural de la derecha libertaria argentina?

Para mí son importantes en general, porque diseñan la agenda, inciden sobre militantes políticos, crean modelos de orientación… Pero también hay una sobreestimación de las redes porque una parte del progresismo, que pertenece a las clases medias y se conecta al mundo mediante pantallas, creen que los demás son otakus como ellos mismos. Hay un diagnóstico político que absolutiza el poder de las redes. En Argentina las redes sociales no inventaron la inflación y uno de los principales motivos de voto contra [el candidato peronista] Massa y de apoyo a Milei es la cuestión de la inflación.

Hace 10 años, el progresismo decía que las redes sociales eran las redes de la libertad y las responsables de las primaveras árabes. Hay una gran responsabilidad de los dirigentes progresistas de hacer análisis menos coyunturales. En esta coyuntura las redes sociales tal vez son más determinantes que hace 5 años, pero también creo que la credibilidad de Twitter ha disminuido.

¿Cómo podría la izquierda argentina articular una oposición efectiva a Milei?

La oposición debería recomponerse en términos de interpretaciones, de proyectos de futuro —que nunca formulan—, en repertorios de acciones y de promover dirigentes legítimos. No con eje en la izquierda, porque es minoritaria y poco significativa. Todo es una tarea de mediano y largo plazo, no para las próximas elecciones. La oposición social no tiene voces, ni ideas ni repertorios legítimos.

¿Cómo cree que puede evolucionar el mandato de Milei? ¿Conseguirá mantener un apoyo social mayoritario y aplicar su programa reformas?

Buena parte de la estabilidad económica que logró Milei depende de una coyuntura internacional muy volátil. Y también depende de que la oposición sea persistente en el error. El mejor aliado de Milei en este momento es la oposición, con esta oposición no necesita aliarse con [el expresidente Mauricio] Macri.

La coyuntura económica le podrá ayudar en la siguiente elección parlamentaria de 2025, pero después de eso no lo tengo claro. Mucha gente del gobierno le teme a lo que llaman cisnes negros: cataclismos periódicos muy frecuentes (precios internacionales de la energía, a su vez asociados a la confrontación entre bloques, las finanzas internacionales…).  

“Medio siglo basta y sobra para confundir a un pueblo con su exilio”, escribe Laura Casielles en su nuevo libro, Arena en los ojos (Libros del KO, 2024), en relación con el pueblo saharaui. La periodista y poeta asturiana recupera en su última obra la memoria de la colonización española en el norte de África, tan poco conocida como necesaria para entender el actual conflicto en el Sáhara Occidental. Mientras Marruecos ocupa la mayoría del territorio, miles de saharauis sobreviven desde hace 50 años en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia), “los más antiguos del mundo”, recuerda Casielles en conversación con infoLibre.

La posición del reino alauí se ha visto debilitada por la reciente sentencia europea que declara ilegales los acuerdos con Marruecos para pescar en aguas del Sahara Occidental, por vulnerar los derechos del pueblo saharaui, ya que el territorio no forma parte de Marruecos según el Derecho Internacional. “No es una cuestión de opiniones”, recuerda Casielles, “hay resoluciones repetidas de la ONU y el Tribunal de la Haya que dicen que el Sahara occidental debe tener un referéndum de autodeterminación, está mandatado desde 1971”.

La sentencia contrasta con la postura de Francia y España, que han aceptado el plan de autonomía de Mohamed VI. “La autonomía, en realidad, es reconocer que el Sáhara es de Marruecos y en el mejor de los casos se le concede un poco de autogobierno a esas provincias”, aclara Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y autor de diversos libros sobre el Sáhara Occidental y Palestina, que considera que la decisión judicial es “una bofetada” al gobierno marroquí.

“España, de acuerdo con la ley, es la potencia administradora del territorio porque no se llegó a descolonizar”, explica Casielles. “Mientras no se lleve a cabo [la descolonización], España es la potencia a quien se le pueden pedir cuentas por las violaciones de derechos humanos que se cometen todos los días en el Sáhara ocupado por Marruecos y porque no se está cumpliendo el mandato legal”. Amnistía Internacional ha denunciado el encarcelamiento de periodistas saharauis, “represión de la disidencia y el derecho de reunión pacífica, tortura y malos tratos” por parte de las autoridades marroquíes en la zona ocupada del Sáhara Occidental.

“Una proporción enorme de la población son colonos que se han instalado allí, han ocupado las casas y las tierras de las personas que tuvieron que irse al éxodo a partir de 1975 con la llegada de la Marcha Verde”, explica Casielles. “Esta población ocupa los lugares de decisión y recibe los beneficios de la explotación del territorio. Si entendemos lo que pasa en Palestina, tenemos que entender lo que pasa en el Sáhara”, argumenta.

En su libro, Casielles explica cómo el descubrimiento de fosfatos –un valioso recurso mineral utilizado para fabricar fertilizantes– en los años 40 reactivó el interés por el Sáhara Occidental de la dictadura franquista, que intensificó la explotación económica de la entonces colonia. En la actual ocupación marroquí, la motivación económica se entremezcla con las razones políticas. “Las provincias del sur de Marruecos no llegan al 5% del PIB. El factor económico es importante porque permite relaciones clientelares entre el Estado y ciertas élites, permite que los militares puedan participar en la explotación de los recursos naturales, pero creo que no es la razón fundamental”, defiende Barreñada. Casielles coincide: “El Sáhara es lo que queda del anhelo de expansión territorial de Marruecos, que incluía parte de Argelia y Mauritania, se ha convertido en simbólico para el Estado marroquí”.

Por su parte, Raquel García Ojeda, profesora de la Universidad de Granada y co-coordinadora del libro Sahara: 40 años después (Catarata, 2016) destaca el potencial económico del territorio para la potencia ocupante: “Marruecos está llevando a cabo unas políticas de energías renovables que se traducen en inversiones fortísimas. Las granjas eólicas y la generación de energía solar tienen un potencial tremendo, hay empresas europeas que se están moviendo”, señala.

Una guerra invisible y un futuro incierto

Según ACNUR, más de 170.000 saharauis viven en los campamentos de refugiados de Tinduf. “No cejan en la reivindicación de regresar, es algo que el Frente Polisario ha cultivado mucho, ha puesto mucho empeño en que no se afianzaran, que no hubiera la sensación de que era definitivo”, explica Casielles, que conoce bien los campamentos del desierto argelino. Entre la población refugiada “convive esta voluntad de seguir dando la batalla con una inmensa frustración por no poder hacer otra cosa”. La escritora recuerda que numerosos jóvenes se unieron al llamado del Frente Polisario a reanudar el conflicto armado contra Marruecos en 2020, que estaba congelado desde la tregua de 1991. “Marruecos rompió los acuerdos militares y volvieron a la guerra. No se ve en los medios de comunicación pero hay guerra, hay muertos todos los días a 300 kilómetros de las Islas Canarias”, explica Barreñada. 

El dominio del Frente Polisario sigue siendo absoluto en los campamentos. “No quieren que exista ni otro partido o movimiento político, porque les alejaría de su finalidad, que es la celebración de un proceso de autodeterminación”, explica García Ojeda, “es la excusa para mantener el estatuto del Frente Polisario”. La organización es reconocida como representante legal del pueblo saharaui por Naciones Unidas y por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos de pesca. “El Frente Polisario sigue muy anclado en un discurso muy clásico, muy de la reivindicación de la celebración de un referéndum. Cuando ha optado más por la vía legal y el tema de los recursos naturales, ha tenido más apoyo internacional”, argumenta García-Ojeda, refiriéndose al éxito obtenido en la justicia europea.

El futuro del conflicto dependerá en gran medida de las posturas de los principales actores internacionales implicados: Estados Unidos, Francia y España. “Los recientes movimientos de Pedro Sánchez y de Francia no auguran que se vaya a cumplir con esos mandatos del derecho internacional”, lamenta Casielles. “No tenemos que caer en la trampa de la profecía autocumplida”, defiende, “se presenta la opción marroquí como la única realista, como la única pragmática, que plantear la independencia es irreal. Pero siempre hay alternativa, siempre se puede dar la vuelta a esa situación”. Por su parte, García-Ojeda duda que el plan de autonomía de Marruecos sea factible: “implica una fuerte descentralización, pero para que fuera creíble tendría que ser dentro de un Estado democrático. Esa condición no se da, Marruecos es autoritario”, concluye.

Leo y Angie tenían una peluquería enfrente del auditorio del Paiporta, reconvertido en centro de distribución de alimentos y productos básicos. “Llevábamos 8 meses, acabábamos de pagar todo”, explican con resignación, “se inundó totalmente”. La riada del 29 de octubre arrastró todo lo que había en la peluquería excepto una silla, pero están convencidos de volver a abrir lo antes posible. Otros negocios del pueblo bajarán la persiana para siempre.

“No ha quedado absolutamente nada de comercio”, explica José Antonio Redondo, concejal de Economía, Comercio y Ocupación, que cuantifica en unos 400 los locales arrasados por el tsunami de agua y barro. En la primera semana tras la tragedia, el Consorcio de Compensación de Seguros recibió más de 4.600 solicitudes relativas a comercios y almacenes afectados por la dana. El día 6 de noviembre el Consorcio anunció el pago de las primeras indemnizaciones, pero los propietarios de negocios en Paiporta no tienen ninguna previsión de cuándo cobrarán las suyas ni de qué daños quedarán cubiertos exactamente. “Si nos atenemos a casos anteriores como el volcán de la Palma y el terremoto de Lorca, las ayudas llegan cuando llegan”, lamenta el concejal, “intentaremos que las ayudas del gobierno y de la Generalitat sean lo más rápidas posibles y veremos los presupuestos” para ofrecer ayudas propias.

José Antonio es el propietario de una papelería – también anegada – y presidente de la Asociación de Comerciantes de Paiporta. “La mayoría quieren volver a abrir. Si tuviesen otro trabajo no abrirían, pero tienen que abrir”, explica, agobiado entre los trámites para pedir ayudas y la limpieza de la casa de su suegra. Consiguió vaciar de barro su papelería gracias a la ayuda de voluntarios, pero fue solo el principio. “Cuando acabas la fase de limpiar tienes que empezar a ver lo que te hace falta. En mi caso he de cambiar el suelo, porque está destrozado. No he salido del pueblo, este fin de semana quiero acercarme a empezar a ver cosas que tengo que comprar, porque aquí no puedes comprar nada para reponer tu negocio, está todo arrasado”.

José Antonio y el resto de pequeños empresarios de Paiporta están comenzando este largo camino sin saber cuánto apoyo económico recibirán y cuándo. El día 19 de noviembre se abre el plazo para solicitar las ayudas para empresas y autónomos anunciadas por el gobierno estatal, que serán de entre 5.000 y 10.000 euros para compañías con una facturación menor de un millón de euros. “¿Cuánto tiempo tardarán en darnos algo de ayuda? No sabemos nada”, lamenta José Antonio, que advierte también de las dificultades para hacer cualquier trámite en la situación en que se encuentra el pueblo. “El ayuntamiento está saturado, es una zona de guerra”, describe, y mucha gente ha perdido la documentación.

Es el caso de Vicente, de 59 años, propietario de un taller en una calle cercana al barranco del Poyo que se desbordó el 29 de octubre. Como muchos otros, estuvo a punto de morir y casi todo su material de trabajo ha quedado inutilizado. “Maquinaria electrónica, un elevador, un compresor, cuatro cargadores de batería”, enumera, “estoy intentando salvar algo, pero me imagino que cuando quiera ponerlo en funcionamiento va a ser para tirar”. Él es uno de los que se ha resignado a cerrar el negocio. “Tengo ahorrillos para pasar 4 o 6 meses, porque el gasto ahora es mínimo, pero no puedo remontar esto con la edad que tengo”.

En una situación parecida está Palmira, propietaria junto a su hermano de una conocida panadería-pastelería en el centro del pueblo. “Es un negocio familiar heredado de mis abuelos, de mis padres. Yo no puedo rehacer lo que había aquí porque yo no he creado un negocio, lo he heredado. Esto era un obrador artesanal de pastelería, es imposible hacerlo todo nuevo con la edad que tenemos”. Su gestor está solicitando las ayudas, pero “¿qué ayudas tienen que llegar para un negocio como este?”. Mientras explica su situación, se deshace en elogios a las decenas de voluntarios que la han ayudado a limpiar el local. “Esta es vuestra casa”, les dice emocionada a los últimos, llegados desde Santander.

Los casos de Vicente y Palmira contrastan con el de Isa, que trabaja en una de las tres farmacias que ya han conseguido abrir, dos semanas después de la inundación, con las estanterías medio vacías y una infinidad de arreglos pendientes. “Es el primer día que entramos por la puerta, no había cristales. Había un coche dentro”, relata, “estamos vendiendo las cosas que se salvaron, una tercera parte. Hemos conseguido abrir con ayuda de muchísima gente, chavales jóvenes ayudaron a limpiar y farmacéuticos de todos sitios nos han dado mostradores, estanterías, cajoneras”. Entre la clientela, militares, voluntarios y vecinos, todos embarrados.

También está pensando ya en abrir Ali, el dueño de una frutería. Su local, bien abastecido, brilla como un oasis de limpieza y normalidad en medio del mar de barro que sigue siendo el pueblo. “Poco a poco está llegando producto del mercado, por ahora estoy colocando”, explica. La suya podría ser la primera tienda de alimentación en abrir en todo Paiporta.

Leo y Angie, la pareja de la peluquería, tienen tantas ganas de subir la persiana de nuevo que han decidido ofrecer este miércoles cortes gratis, con las paredes todavía manchadas de barro y con material donado por otras peluquerías. “Vemos el futuro oscuro pero tenemos esperanza”, afirma Leo, trabajador en el negocio de la pareja, resumiendo la ambivalencia en que viven estos días los comerciantes de Paiporta. “Si no se reactiva el comercio no se reactivará la población”, afirma el concejal, “la normalidad pasa por que los comercios estén abiertos”.

“Esto es más duro que limpiar. Me ha cogido una paisanina y me ha dicho 'te quiero mucho'”, comenta afectado Samuel, de 22 años, que ha venido unos días a Paiporta con un grupo de amigos de León para ayudar en lo que haga falta. “La gente da gracias por todo, algunos venían casi llorando”. El día anterior estuvieron vaciando de barro un garaje, pala en mano; hoy, están repartiendo a domicilio comida y productos de limpieza a personas que no pueden desplazarse por las calles embarradas. Los voluntarios ya no son tan numerosos y la nueva alerta por la dana de esta semana ha vaciado las calles durante unos días, pero la población sigue agradeciendo su labor.

Desde la tragedia, en Paiporta se ha tejido una sólida red de solidaridad y apoyo mutuo entre vecinos y foráneos para atender las necesidades de la población y acelerar la limpieza de calles, viviendas y locales. El pueblo, todavía cubierto de barro, está repleto de puntos improvisados de recogida y reparto de productos básicos, instalados en locales comerciales arrasados por la riada.

Isa montó uno de los primeros en el local de una perfumería al lado del barranco del Poyo que se desbordó el 29 de octubre. “El segundo día bajé con el perro a las seis de la mañana y me encontré a un policía que llevaba una furgoneta llena de alimentos. Me dijo “¿Tú me ayudarías a repartir todo esto?”. Abrimos y nos pusimos. Me quedé con este local, luego con ese y con ese. Lo saben todos los dueños”. Al lado trabaja un equipo de médicos voluntarios de Valencia. “Cuando libro de una guardia o salgo unas horas, me vengo”, explica una de ellas, que lleva dos semanas en el pueblo, atendiendo sobre todo heridas fruto de las tareas de limpieza, y se ha traído a dos familiares para que le ayuden. “Hemos decidido ir por nuestra cuenta, sin llegar a ser punto sanitario oficial. Cuando éramos más, íbamos por las casas”.

Los voluntarios de León se dirigen a un señor que saca cubos de agua sucia de su casa con gesto serio. No necesita que le lleven nada, pero se para a conversar con ellos. “Me gustaría que me dieran una inyección y dormirme tres meses. Esto se va a hacer más largo que la cuaresma”, lamenta. Los jóvenes intentan animarlo y al final consiguen arrancarle una sonrisa. “Esto es ayuda psicológica”, dice Samuel, “si la gente se quiere desahogar, les voy a escuchar y darles un abrazo si lo necesitan”. Las casas a las que llaman ya tienen alimentos básicos, pero las familias agradecen que les lleven agua, verduras frescas y productos de limpieza, sobre todo las personas mayores. Nadie sabe cuándo volverá a haber tiendas de comida abiertas.

A los puntos organizados espontáneamente por voluntarios se suman los de ONG como World Central Kitchen. “Damos a diario entre 2500 y 3000 raciones de comida caliente”, explica Eva, fisioterapeuta en prácticas que atiende una de las tres carpas instaladas en Paiporta por la organización, “a domicilio hemos dado más de 200”. Critica la falta de coordinación por parte del Ayuntamiento y los distintos cuerpos de emergencias. “No está bien organizado. Nosotros abastecemos a quien nos lo pide. Vienen, piden comida y se les da”. El mismo principio siguen en el Centro Cultural Islámico de Paiporta, reconvertido en punto de reparto de alimentos con el apoyo de la fundación alemana Tuisa Hilft. El presidente del Centro, Kamal, estima que han alimentado el último día a 300 personas. “Voluntarios, soldados que están trabajando… a todos los que vienen”.

Samuel y sus amigos Aitor, Paco y Alfonso están equipados con chubasqueros, guantes y mascarillas para limpiar barro, pero han acabado distribuyendo productos básicos puerta por puerta, siguiendo las instrucciones de una vecina del pueblo de la que no han sabido ni el nombre. Algo parecido le ha pasado a un grupo de compañeros de trabajo llegado de Cádiz, que han hecho de todo en Paiporta: “ayudar a gente de la tercera edad, limpiar, repartir comida… lo que nos han dicho”, explica uno de ellos. Ya no se ven tantos grupos de jóvenes sacando barro de las casas a palada limpia; ahora es la fase de las excavadoras y las karcher. El presidente Pedro Sánchez ha cifrado en 18.200 los efectivos del Ejército, la Policía y la Guardia Civil desplegados en la provincia de Valencia, a los que hay que sumar personal de diversos cuerpos policiales o de emergencias locales o autonómicos, y numerosa maquinaria.

El efecto del despliegue es visible –casi todas las calles ya son transitables–, pero los habitantes de Paiporta siguen dependiendo de la ayuda de vecinos, familiares o voluntarios para limpiar sus viviendas y negocios, y, en muchos casos, para conseguir alimentos y productos de primera necesidad. Una de las médicas venidas de Valencia advierte de los posibles efectos del agotamiento de la solidaridad durante las próximas semanas: “Poco a poco todo se irá disipando. Cada vez habrá menos ayuda y eso afectará negativamente a los vecinos, a nivel de salud mental”. Por ahora, continúa el goteo de voluntarios a Paiporta, más intenso los fines de semana, y el reconocimiento de unos vecinos que no se cansan de dar las gracias.

Un ejemplo de minería sostenible o una amenaza existencial para la ciudad de Cáceres. Así de polarizadas están las posiciones entre Extremadura New Energies, la filial de la multinacional australiana que quiere cavar una mina de litio en Cáceres y la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña. En medio, la Junta, gobernada por el Partido Popular, que tiene que decidir si concede la licencia de explotación necesaria para que empiecen las obras y por ahora ha declarado la mina Proyecto Empresarial de Interés Autonómico.

“Si estuviese a 30 kilómetros no estaríamos aquí”, afirma contundente Isabel Perianes, portavoz de la plataforma que lidera la oposición a la mina, mientras recorre la sierra donde se ubicaría, a solo dos kilómetros de Cáceres. La cercanía al casco urbano de la ciudad, patrimonio de la Humanidad por su conjunto monumental, concentra las críticas de quienes se oponen a la mina, que también alertan sobre la contaminación atmosférica, el gasto de agua y el impacto que la instalación tendría en la Sierra de Valdeflores, una zona de bosque mediterráneo habitada por aves protegidas. “Tendrán que cambiar los filtros para bacterias del hospital, porque cambiará el PH del aire”, señala Perianes como ejemplo. El hospital, la universidad y la prisión están a solo unos cientos de metros del terreno donde se situarían la planta transformadora de mineral y las bocas de los túneles.

Juan Gil es hidrogeólogo y uno de los principales expertos en el Calerizo, un acuífero sobre el que se situarían buena parte de las infraestructuras de la mina. “Han elegido hacer la megaescombrera, la fábrica de procesado de litio y varias balsas de lodos tóxicos sobre las rocas calizas más vulnerables, que se disuelven con el agua de lluvia. Hay un riesgo alto de contaminación”, señala el experto. Si bien el agua del acuífero no se utiliza para el consumo humano, “es una reserva estratégica en caso de que hubiese una sequía prolongada”, advierte. En la misma línea se pronuncia Marco Hoya, vecino de la ciudad: “Cáceres es una ciudad con pocos recursos hídricos y no me parece sensato utilizarlos en una actividad minera”.

El CEO de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, salió al paso de las críticas, destacando los esfuerzos de la empresa para limitar el impacto ambiental. “Toda la maquinaria y la planta van a ser alimentadas por renovables, el agua será procedente de la depuradora de aguas residuales de Cáceres y no vamos a afectar al acuífero”, argumenta, citando la declaración de impacto ambiental entregada a la Junta. Rechaza también la acusación de que construirán un macrovertedero de escombros que se verá desde la ciudad o que habrá balsas con residuos tóxicos: “Las posibilidades de que pase algo como Aznalcóllar son nulas”, afirma.

Fuentes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del gobierno regional evitan pronunciarse por ahora sobre los argumentos de la empresa, a la espera de “una evaluación rigurosa del proyecto”, aunque esperan que “genere empleo y riqueza en la región”. Jiménez promete 1500 empleos directos durante los dos años de construcción (su intención es comenzar en 2025) y 700 durante los 26 años que la mina estaría operativa. Perianes, de la plataforma Salvemos la Montaña, desconfía de estas cifras y alerta de “la pérdida de 150 puestos de trabajo en la zona”, entre empleos agrícolas y turismo. La asociación Hispania Nostra de defensa del patrimonio ha iniciado una recogida de firmas contra el proyecto, por el riesgo de “la emisión de partículas tóxicas derivadas del proceso de tostación con azufre para la obtención del litio, caso del dióxido de azufre que podría provocar lluvia ácida” sobre el conjunto monumental, el principal atractivo turístico de la capital cacereña.

En 2022, la multinacional australiana renunció a su idea inicial de excavar una mina a cielo abierto. Desde entonces, el nuevo proyecto ha vivido una tramitación accidentada. En 2023, el Ayuntamiento presentó a la Junta un informe donde afirmaba la compatibilidad del proyecto con el plan urbanístico de Cáceres, pero se descubrió que el informe original de los técnicos municipales afirmaba lo contrario, que la mina estaba demasiado cerca del casco urbano para ser admisible. Aun así, la Junta dio por bueno el informe remitido por el consistorio y aceleró los trámites mediante la declaración de Proyecto de Interés Autonómico.

La portavoz de Salvemos la Montaña denuncia además la falta de transparencia de la empresa, que les envió un informe “con páginas en negro; han velado [tachado] el 95% de los datos”. La compañía y la Junta lo justifican por el derecho a proteger información empresarial sensible, que podría dar pistas a competidores que pusieran en peligro el proyecto, entre los que el CEO de Extremadura New Energy señala directamente a China.

Jiménez justifica el proyecto por la necesidad de reducir la dependencia de Europa respecto al país asiático en producción y procesado de litio: “en Europa se extrae el 0,5% del litio que consumimos; el 80% de la transformación mundial se hace en China”. El gobierno central, que anunció en 2021 que destinaría fondos públicos a la primera planta de baterías en España, también ha subvencionado con más de 18 millones de euros el proyecto minero de Valdeflores. Es un ejemplo del apoyo estatal a un sector considerado estratégico por la necesidad de materias primas críticas para la transición energética. Sin embargo, el boom de la minería también está atrayendo inversores cuestionables, como desveló una investigación publicada por Infolibre.

A miles de kilómetros de la bolsa australiana donde cotiza la multinacional minera y bajo el vuelo de las aves rapaces que pueblan la Sierra de Valdeflores, Perianes subraya que la plataforma Salvemos la Montaña no se opone a la extracción de litio, pero insiste en que la cercanía a la ciudad hace inviable el proyecto. “Está en la ciudad, delante del hospital, del centro de ancianos, es una zona de uso”, concluye.

Florina lleva 17 años viviendo en Barcelona, los cinco últimos en un asentamiento de barracas junto al viaducto de Vallcarca, en el norte de la ciudad. Allí malviven unas 70 personas, la mayoría rumanos gitanos. El suyo es uno de los 67 campamentos chabolistas que hay en la capital catalana, donde viven, según cifras del Ayuntamiento, algo más de 280 personas, a las que hay que sumar las que malviven ocupando locales: aunque el consistorio ya no da estas cifras, en 2022 eran casi 500 personas. Es “chabolismo bajo techo”, resume José González, miembro de la comisión de movimientos de barrio que apoyan a los habitantes de las barracas de Vallcarca.

El barraquismo es una de las caras más invisibles, junto al sinhogarismo, de la crisis de vivienda que golpea Barcelona, con más fuerza incluso que otras capitales. El precio del alquiler marcó un récord histórico durante el primer trimestre de 2024, llegando a los 1.193 euros de media. La oferta de arrendamiento de larga duración se ha reducido un 75% en 5 años y casi la mitad de las ofertas son de temporada, el hueco que han encontrado los propietarios para esquivar la Ley de Vivienda. Para los habitantes de las barracas de Vallcarca, a los precios inasumible se suma el racismo. “Nadie me quiere alquilar por ser gitana”, lamenta Florina.

“Vivienda social porque no podemos pagar un alquiler normal”, reclama Florina. Aunque apenas está presente en el debate público sobre vivienda, el barraquismo y otras formas de infravivienda como la ocupación de locales comerciales están directamente relacionados con la subida de los alquileres. “En todas las ciudades occidentales, cuando suben los precios de las viviendas más pequeñas y de las habitaciones, se incrementa el número de personas viviendo en la calle o en infraviviendas”, explica Albert Sales, investigador experto en derechos sociales del Institut Metròpoli de Barcelona. “En Barcelona, el paso de gente dispuesta a pagar un precio relativamente elevado por una cama hace que las soluciones precarias estén vetadas para la gente con bajos ingresos, que acaban ocupando espacios al margen del mercado de alquiler”, desarrolla.

En muchos casos, la precariedad habitacional se entremezcla con la exclusión laboral. La mayoría de habitantes de las chabolas de Vallcarca tienen permiso de residencia, porque son ciudadanos europeos, pero se enfrentan al racismo. “Nosotros muchas veces intentamos buscar trabajo”, explica Florina, “no nos dan trabajo porque somos gitanos, no somos de este país. Yo pasé no sé cuántas entrevistas para trabajar de limpiadora y siempre en la entrevista buscan un motivo como que no te entienden, que no soy de aquí”. La mayoría de los habitantes del asentamiento se dedican a la recogida y venta de chatarra para reciclaje, una actividad informal por la que se cobra una media de 460 euros mensuales por una jornada semanal de 56 horas, según un estudio de la Universitat de Barcelona. Se estima que 3.200 personas se dedican a la recogida de chatarra en la capital catalana.

La situación laboral es todavía más difícil para las personas en situación administrativa irregular. “La exclusión laboral en algunos casos es estructural, ya sea por la situación administrativa, ya sea por el racismo social o institucional”, señala Sales, “sin ingresos estables es imposible una solución habitacional estable”.

A las condiciones infrahumanas en que viven las familias del asentamiento de Vallcarca se suma la amenaza del desalojo planeado por el ayuntamiento, que quiere activar una reforma urbanística paralizada desde hace años. Según fuentes municipales, “el objetivo es dejar atrás la situación de provisionalidad en la que el barrio ha estado durante muchos años y acompañar desde Servicios Sociales las situaciones que lo requieran”. El plan urbanístico incluye un nuevo parque y la construcción de vivienda social.

Los habitantes del asentamiento de Vallcarca y los movimientos vecinales que les apoyan desconfían. “Se les ofrece a algunos de ellos —los que tienen niños o animales— pensiones públicas durante dos o tres semanas y las demás personas son dejadas a su libre albedrío”, denuncia José González, del colectivo vecinal Som Barri, haciendo referencia a desalojos recientes de otros asentamientos de chabolas. “Pedimos que hagan un plan para erradicar el barraquismo y ofrecerles una alternativa habitacional y laboral a los habitantes”, reclama González.

De la valla que rodea las chabolas de Vallcarca, situado junto a la principal avenida del barrio y a pocos metros de la elitista Escuela Súnion, cuelga un cartel que resume las demandas de sus habitantes y de muchos otros barraquistas: “Casa y trabajo. Soluciones sociales, no policiales”. 

El 28 de diciembre de 2015, los informativos españoles se llenaron de imágenes de la asamblea nacional de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que en ese momento tenía la llave de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y la utilizaron, exigiendo la retirada de Artur Mas para dar su apoyo a la coalición independentista Junts pel Sí. Fue la época de máxima influencia de la CUP, que también tuvo un papel central en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la huelga general del día 3. Una situación opuesta a la actual: el partido solo tiene 4 diputados en el Parlament y se ha quedado sin representación en el Congreso. Revertir esta debacle ha sido el objetivo del Proceso de Garbí, un año de debates y reflexiones que ha concluido con una Asamblea Nacional de refundación.

El “batacazo” electoral precipitó el inicio del proceso, explica Mireia Vehí, diputada de la CUP en el Congreso durante la última legislatura. Tanto ella como Joan Miró, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra y antiguo dirigente del partido, relacionan la caída electoral con la derrota del procés. “La crisis social [post-2008] y el movimiento independentista favorecían a la CUP”, explica el politólogo, “la CUP ha entrado en crisis pero el resto de partidos independentistas también”. Vehí apunta otro factor: “No estamos acertando en politizar los malestares, la extrema derecha sí”. Finalmente, Miró argumenta que la CUP cometió dos errores después del referéndum y la represión del movimiento independentista: “se alargó demasiado el discurso de la independencia unilateral y, cuando [el partido] tenía capacidad de condicionar presupuestos y gobiernos, se autoexcluyó”.

El Proceso de Garbí —llamado así por un viento suroeste, que viene “desde abajo y la izquierda”— ha buscado “afilar la herramienta” política que quiere ser la CUP, en palabras de uno de sus portavoces, Non Casadevall, que celebra el consenso alcanzado en un partido acostumbrado a las divisiones internas: la ponencia propuesta por el grupo motor del proceso fue aprobada con más del 80 por ciento de los votos en la asamblea nacional celebrada en Sabadell el 21 de septiembre. Uno de los participantes en los debates considera que esta aparente unanimidad oculta inmovilismo: “La ponencia refleja equilibrios, intenta contentar a todas las partes, pero no hay cambios sustanciales”.

Uno de los objetivos era abrir los debates a personas y organizaciones que no formasen parte de la CUP. Miró no cree que se haya conseguido “ampliar el espacio político” pero sí piensa que militantes que habían marchado se han “reenganchado” gracias al proceso. Laure Vega, diputada de la CUP en el Parlament, celebra que se haya “abierto el espacio de debate a cualquiera que no es militante”. Según la organización, han participado en el ‘Garbí’ 1000 personas, de las cuales 400 no eran miembros del partido.

Todas las voces consultadas coinciden en que los resultados más tangibles del debate son los cambios organizativos. “Una dirección política más fuerte y un poco más de verticalidad”, resume Miró, que considera positivas las modificaciones para poder “competir con partidos como ERC”. “Se ha mantenido la limitación de dos mandatos porque forma parte de nuestra identidad”, explica Casadevall, pero se han alargado los mandatos de cargos internos y se ha creado una mesa nacional con más poder de decisión.

Las conclusiones sobre la estrategia política de la CUP han sido menos concretas.  “No hay grandes novedades”, afirma Miró. Uno de los participantes es más duro: “Nadie en el grupo motor es capaz de explicar en qué consiste esta nueva estrategia, más allá de generalidades”. Un sector de la organización defendió extender la experiencia de Girona, donde la CUP consiguió en 2023 la alcaldía al frente de una alianza con otros partidos, pero su enmienda fue rechazada. “La estrategia de Girona es muy válida en Girona pero en otros lugares puede funcionar o no”, justifica Vehí, que defiende la “apertura a alianzas de izquierdas pero con objetivos concretos”. Por su parte, Casadevall lamenta que es “muy complicado” pactar con ERC, Junts o los ‘comunes’, aunque no se cierra a acuerdos. Se llegó a plantear cambiar el nombre del partido y transformar la estrategia comunicativa en profundidad, pero estas propuestas fueron rechazadas.

“Quizá hay gente que siente que no se han hecho los cambios que querían”, reconoce Vega, que destaca la importancia que tiene para la CUP la relación con los movimientos sociales: “Yo creo que la CUP es una expresión de los movimientos en la calle. Eso es bueno pero no puede ser tan dependiente, también tiene que poder ayudar en momentos de frustración política como puede ser ahora”. El pesimismo sobre el momento impregna las respuestas de todas las personas entrevistadas. Miró destaca que “la CUP está muy aislada en el Parlament”, debido a la mayoría formada por PSC, ERC y los ‘comunes’, mientras que Vega advierte de que “hay una abstención y una desafección política muy grande”. “La crisis que está viviendo la CUP la está viviendo toda la izquierda, institucional o no”, concluye Vehí.

Ada Colau ha anunciado que abandona la primera línea de la política, dejando a los comunes huérfanos de un liderazgo que ha definido este espacio político desde su creación, hace una década. El partido que gobernó la Ciudad Condal durante 8 años comienza una etapa incierta, marcada por la búsqueda de nuevas figuras visibles y el eterno dilema de cómo relacionarse con el PSC, que ha conseguido hacerse con el Ayuntamiento y la Generalitat gracias a su apoyo, pero es a la vez su principal rival electoral.

Colau ha tenido “un rol crucial, por su liderazgo, su visibilidad mediática y su trayectoria como alcaldesa durante dos mandatos”, explica Steven Forti, profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y coautor del libro Ada Colau, la ciudad en común (Icaria, 2019), con Giacomo Russo. Coincide con el análisis David Cid, portavoz del grupo parlamentario de Comuns en el Parlament: “Los comunes en Cataluña no se entienden sin Ada. Parar a la derecha en las elecciones estatales, estar en un gobierno progresista, las victorias [en Cataluña en las elecciones generales] en 2015 y 2016 no se explican sin Ada”, afirma.

El gran interrogante es cómo sobrevivirá el espacio político sin una figura que voces fuera y dentro del partido definen como insustituible. Especialmente en un momento de resultados electorales a la baja en Barcelona y Cataluña. Las elecciones al Parlament de este año, que dieron una contundente victoria a Salvador Illa, supusieron para los ‘comunes’ perder todos los diputados fuera de la provincia de Barcelona. “El Partido Socialista se está convirtiendo en el espacio refugio de las clases populares ante un posible giro a la derecha [del gobierno central] y la emergencia de la extrema derecha”, argumenta Cid para explicar los resultados, “en las últimas elecciones hubo una polarización muy fuerte entre Illa y Puigdemont, volver al procés o no. Pero también tenemos retos estructurales, tenemos que construir una organización más sólida”, admite.

La pérdida de la alcaldía el año pasado fue un trauma para Barcelona en Comú, pero Forti recuerda que es la única candidatura municipalista que sobrevive del ciclo iniciado en 2014. Con Colau como candidata, los comunes quedaron en tercera posición en las elecciones municipales de 2023, con el 19,7% de los votos, casi empatados con el PSC de Jaume Collboni, que consiguió la alcaldía gracias al apoyo inesperado del PP y los ‘comunes’. Sin embargo, una reciente encuesta de GESOP para El Periódico de Catalunya coloca en el 17% la intención de voto a Barcelona en Comú, mientras que el PSC sube hasta el 23%. 

Gemma Tarafa, concejala de los comunes e integrante de la Dirección Ejecutiva del partido, resta importancia a los malos augurios demoscópicos: “Queda mucho tiempo para 2027. Haciendo una oposición contundente, con los temas que preocupan a la ciudad, estos resultados se pueden remontar”. Acusa a Collboni de una “deriva decepcionante” y recuerda que es “el primer alcalde que suspende [en el Barómetro municipal] el primer año de mandato”. Las exigencias de Barcelona en Comú al gobierno municipal se centran en el decrecimiento turístico y la regulación de la vivienda, los temas que más protestas han provocado en las calles barcelonesas en los últimos meses.

Para paliar la pérdida de visibilidad por la salida de Colau, Tarafa plantea una estrategia doble: “levantar el perfil de Janet Sanz, la nueva presidenta del grupo municipal, y un trabajo muy coral. Tenemos un equipo de concejales muy potente, con trayectorias complementarias”. La regidora, muy cercana a Colau, subraya que “no estamos en el momento de decidir quién será nuestro candidato o candidata” a las elecciones de 2027. Colau no ha cerrado la puerta a volver, pese a que el Código Ético de la formación impone un límite de mandatos. Forti relativiza la importancia de esta norma: “El Código Ético debería ser sobre todo otras cosas como la transparencia o las puertas giratorias, no podemos resolverlo a que una persona tiene que dejarlo sí o sí tras dos mandatos”. 

Todas las personas consultadas coinciden en que atravesamos un momento complejo para las izquierdas. “Los resultados electorales de los comunes en el último bienio se tienen que contextualizar con los resultados de las izquierdas en el marco español y europeo”, afirma Forti, que señala también “la poquísima presencia de movimientos sociales”. “Todos estos gobiernos [de izquierdas], de los más partidistas como Syriza en Grecia a los más movimentistas como Barcelona en Comú, han surgido y se han reforzado por las movilizaciones que venían de las calles. Hoy no se ven movilizaciones como en 2011 o 2014”.

En Barcelona y en Cataluña, los ‘comunes’ se enfrentan al reto de seguir siendo influyentes en un contexto adverso y sin su principal liderazgo. A su favor tienen una aritmética parlamentaria que les convierte en imprescindibles para la gobernabilidad del Ayuntamiento y la Generalitat. La marcha de Colau “no va a ser fácil para Barcelona en Comú”, pero “no es un partido líder-dependiente sin bases. Existe una estructura en el territorio y una militancia entregada al proyecto”, concluye Steven Forti.

“Estamos otra vez peleando para que pongan un autobús que han quitado. Después de tantos años seguimos luchando para que el transporte llegue a Roquetes”, se queja Amparo Iturriaga, presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio de montaña en el extremo noreste de Barcelona. Aquí los vecinos también secuestraron autobuses como modo de protesta en los años 70, igual que en el barrio de Torre Baró, donde se ambienta la aclamada película El 47, que estos días se puede ver en el cine.

Los movimientos vecinales de la capital catalana han cambiado mucho desde la Transición, pero bajo la postal turística de Barcelona sigue latiendo un rico universo de luchas populares. “Han surgido nuevas formas de organización que a menudo están centradas en temas más específicos”, explica João França, antropólogo experto en movimientos sociales y autor de Habitar la trinchera (Ed. Octaedro), sobre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Iturriaga coincide en que los movimientos cada vez están más especializados. “Los temas generales del barrio, que llevaba la asociación de vecinos, no deben de estar de moda, nos hemos vuelto más individualistas”, señala.

“Los años setenta son el momento de gloria del movimiento vecinal. Tiene una fuerza y una representatividad muy grande que viene de la lucha durante el final de la dictadura”, relata el historiador Marc Andreu, autor de Barrios, vecinos y democracia (Ed. L’Avenç). Después vino la elección de los primeros ayuntamientos democráticos en 1979 y la “cooptación” de parte de esos movimientos por los nuevos consistorios, que “copian las plataformas reivindicativas de los movimientos vecinales” y hasta cierto punto las hacen realidad, al menos en satisfacer necesidades básicas de los barrios periféricos, como asfaltar las calles, construir alcantarillas y servicios como el agua. Se produce entonces “una cierta desmovilización. Una parte de los cuadros forjados en el movimiento vecinal se hacen concejales”, explica Andreu, que destaca el papel de los partidos de izquierdas y sindicatos en el movimiento vecinal de los 70.

La relación con las organizaciones políticas y sindicales ha cambiado mucho en los movimientos barceloneses. “La gente es más reacia al papel que puedan jugar los partidos en los movimientos”, coincide França, que señala razones históricas: “Las organizaciones sienten que hubo una delegación de la lucha en los partidos [en los años 80] y eso debilitó a los movimientos”. “Las banderas nos han separado”, lamenta Iturriaga.

Las asociaciones de vecinos ya no son tan numerosas y en su mayoría están envejecidas, pero el barrio sigue siendo el principal espacio de movilización para muchos vecinos. “Muchos tienen su propio sindicato o asamblea de vivienda. El barrio sigue siendo un ámbito importante, por la proximidad, conocimiento, gente que no se iría a la otra punta de la ciudad para una asamblea, también por motivos económicos”, explica França. En Roquetes, la asociación de vecinos trabaja con otros colectivos en temas relacionados con la calidad de vida en el barrio, desde los recortes de personal en el centro de salud hasta la reparación de los ascensores y escaleras mecánicas –“hay mucha gente mayor en estos barrios y muchas cuestas”, señala Iturriaga.

La película de Marcel Barrena muestra el protagonismo que las familias migradas de otras zonas de España tuvieron en la construcción de barrios como Roquetes. “Los vecinos construyeron el alcantarillado los domingos, el único día que tenían libre”, recuerda Iturriaga. “A la que venía uno y lograba condiciones un poco mejores que en el pueblo de origen, se avisaba y venían por contactos familiares, sin perder las raíces”, relata Marc Andreu. “Una vez aquí la gente se integraba y configuraban esa catalanidad”. El historiador destaca el papel del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y Comisiones Obreras: “al ir de la mano el elemento nacional [catalán] y de clase, se crea un marco en el que [los migrantes] son sujetos activos de la construcción del país”.

Hoy Barcelona tiene un 25% de población de nacionalidad extranjera y eso se refleja en los movimientos sociales. “En el movimiento de vivienda vemos mucha presencia migrante, pero las reivindicaciones antirracistas no están en los discursos como un tema central”, analiza França. Quizá por eso “vemos cada vez más colectivos antirracistas no mixtos. El movimiento de la ILP Regularización Ya, impulsado por los propios colectivos migrantes, ha conseguido llegar al Congreso con 700.000 firmas”, destaca el antropólogo. En la asociación de vecinos de Roquetes, la población de origen extranjero está muy presente como usuaria de programas sociales, pero “les cuesta más participar en espacios de toma de decisión”, reconoce Iturriaga, “están trabajando un montón de horas fuera de casa, tienen niños”.

Tanto França como Iturriaga destacan la importancia de la lucha por la vivienda, uno de los temas que más ha movilizado en Barcelona en los últimos años. Sin embargo, el antropólogo defiende la necesidad de superar las luchas sociales centradas en una cuestión específica: “los procesos de transformación profunda necesitan entender las reivindicaciones de forma amplia”. Preguntada por qué le gustaría para el futuro de la asociación de vecinos de Roquetes, su presidenta lo tiene claro: “Volver a tener esa visión global que se tenía, que peleáramos por todo, no solo por cosas concretas”. 

Salvador Illa, el nuevo president de la Generalitat catalana, ha abierto el curso político con una propuesta que amenaza con ser explosiva: la ampliación del aeropuerto del Prat. Fue el principal titular de su primera entrevista televisada como president, el pasado lunes, después de su investidura el 8 de agosto gracias a los votos del PSC, ERC y los Comunes. Illa manifestó su intención de “desbloquear” el proyecto de ampliación, parado desde 2021 por la falta de acuerdo entre administraciones y por las protestas ciudadanas. La ampliación prevista incrementaría un 33% las emisiones contaminantes del aeropuerto, según un estudio del instituto Barcelona Regional.

El aeropuerto amenaza con convertirse en la gran batalla del nuevo curso político y en una fuente de tensiones entre Illa y sus socios de investidura: los republicanos han situado el alargamiento de la tercera pista – la opción más debatida en los últimos años – como “línea roja”, ya que afectaría al espacio protegido de La Ricarda. Por su parte, los comunes han manifestado su rechazo a cualquier incremento de la capacidad del Prat. Los socialistas catalanes tienen de su parte al ejecutivo de Pedro Sánchez, que en 2021 se vio obligado a renunciar al proyecto por las divisiones en la Generalitat (entonces gobernada por la tormentosa coalición entre ERC y Junts).

Illa ha defendido la obra – para la que el gobierno central ofreció 1.700 millones de euros – como “esencial para Cataluña y la economía catalana” y ha prometido “máximo rigor ambiental”. Sin embargo, es difícil que estas palabras tranquilicen a los colectivos ecologistas, que en septiembre de 2021 sacaron a la calle a 10.000 personas bajo el lema “menos aviones, más vida”. Eva Vilaseca, bióloga y portavoz de la Asamblea Catalana por la Transición Ecosocial (ACTE), considera una “barbaridad” retomar la ampliación, especialmente por las emisiones extra que implicaría. “Tenemos un margen de actuación muy pequeño para no pasarnos de 1,5 grados de incremento de temperatura. El margen es hasta 2030 y esta legislatura es 2024-2028. Perder esta oportunidad es extremadamente preocupante”, afirma.

A los argumentos ambientales se une la preocupación por la masificación turística. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y julio de 2024 Cataluña recibió más de 11 millones de turistas, un 10,5% más que el año pasado, superando las cifras pre-covid. Una presión que afecta especialmente a Barcelona, donde las protestas se han multiplicado este verano. Barcelona Regional calculó que la ampliación del aeropuerto traería a 10 millones de turistas más al año a la capital catalana. “Implicaría una expulsión de los habitantes de nuestras casas, de nuestros espacios, pérdida de pequeño comercio…”, alerta Vilaseca.

Los defensores de la ampliación argumentan que El Prat se está acercando al límite de su capacidad estimada, de 55 millones de pasajeros (el año pasado se superaron los 49 millones). Además, la prolongación de la pista más cercana al mar permitiría el despegue de aviones con destinos transoceánicos, de mayor tamaño. Bet Cauhé, ingeniera aeronáutica e integrante del Consejo Asesor de Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, defiende la necesidad de “encontrar espacio para aviones de largo radio”, pero evoca alternativas como una reorganización del uso de las pistas, que permitiría aumentar este tipo de vuelos sin grandes obras. La contrapartida sería “más ruido en Gavà y Castelldefels, poblaciones donde gobierna el PSC.” Una línea roja para el president Illa.

Alargar la tercera pista es la propuesta de la patronal catalana Foment del Treball, principal defensora de la ampliación, que prevé la creación de “decenas de miles” de puestos de trabajo. Se cumplan o no estas previsiones, la obra supondría un beneficio inmediato para las empresas privadas que constituyen el 49% del capital de AENA. “Cuando se hace una inversión en infraestructura, se permite incrementar la tarifa que está incluida en los billetes de avión”, explica Cauhé. Una probable subida de tasas que beneficiaría a estas empresas y a ENAIRE, el gestor que controla la parte pública de AENA, en manos de los controladores aéreos.

Cristina Torre, secretaria de Acción Sindical y Transiciones Justas de CCOO Catalunya, reconoce que una obra pública generaría mucha ocupación inmediata pero se pregunta qué pasaría en el largo plazo. “Tenemos que garantizar un trabajo digno, estable y de calidad”, demanda, “la política de externalización de AENA está precarizando a los trabajadores del aeropuerto”. El sindicato no tiene una postura clara a favor o en contra de la ampliación, pero Torre insiste en la necesidad de mejorar la conexión ferroviaria del Prat con los demás aeropuertos de Cataluña y reclama “diálogo social” para encontrar una solución.

Ante el argumento del eventual beneficio económico de la ampliación, Eva Vilaseca propone una alternativa: “que el nuevo gobierno haga un plan de reconversión productiva de la economía catalana a 10 años vista, con un fondo de transición ecológica del 10% del PIB. Proponemos que inviertan en infraestructura ferroviaria, que también crearía puestos de trabajo y con sentido de futuro”. La activista confía en que la movilización ciudadana detendrá el proyecto, como sucedió con los Juegos Olímpicos de Invierno planeados por el anterior gobierno de ERC. “Sigo pensando que no se hará. Es una barbaridad como los Juegos Olímpicos de Invierno. No creo que la gente esté aquí”, sentencia Vilaseca.

Cerca de 10.000 millones de euros en impacto económico y más de 100.000 puestos de trabajo. Más de 15 millones de turistas el año pasado en una ciudad de 1,6 millones de habitantes. 800 cruceros, con más de tres millones y medio de viajeros. Son las cifras del turismo en la capital catalana, una bendición económica para algunos, una actividad descontrolada que hay que limitar, para otros. Los últimos son mayoría, si hacemos caso a la última encuesta del ayuntamiento: el 61,5% de las personas encuestadas consideran que la ciudad está llegando al límite de la capacidad de recibir turistas, frente a solo un 36,4% que defiende atraer más. Desde el final de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid-19, las cifras de visitantes volvieron a crecer y 2024 va camino de superar el récord histórico de 2019 (19,3 millones de visitantes).

El turismo es “una economía incompatible con la vida”, afirma Daniel Pardo, miembro de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT). “El impacto más transversal tiene que ver con la vivienda, alcanza ya a una proporción enorme de la población”, destaca. El alcalde Jaume Collboni (PSC) ha anunciado el cierre de los 10.000 pisos turísticos de la ciudad a partir de 2028, una medida que en realidad es obligatoria para el ayuntamiento a raíz de un decreto de la Generalitat. Pardo también denuncia el impacto ambiental del turismo y las condiciones laborales del sector: “Las peores de todos los sectores en Barcelona: gente sin contrato, con menos horas en el contrato de las que hace, peores salarios, gente que cuando llega a trabajar no sabe cuántas horas hará…”, enumera. La reforma laboral ha reducido la tasa de temporalidad, pero casi la mitad de los nuevos contratos en empresas turísticas siguen siendo de duración determinada.

La saturación del espacio público es evidente en el centro de Barcelona y alrededor de puntos de interés como la Sagrada Familia y el Parc Güell, no solo en los meses de verano sino durante buena parte del año. Los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia y Poblenou son los que sufren más densidad turística, según un estudio realizado por la Universitat de Girona para el ayuntamiento de la capital catalana. “Algunos recorridos o líneas de transporte público se vuelven intransitables en ciertos momentos del año”, señala Pardo, que subraya también la “desaparición del comercio de proximidad”. Un ejemplo es el conocido mercado de La Boquería, que para este activista “ya no es un mercado, es un espectáculo, no tiene casi uso vecinal”.

La llegada masiva de visitantes ya es la tercera preocupación de los barceloneses, según el barómetro municipal publicado el pasado martes. Es la primera vez desde 2017 que tantos ciudadanos expresan preocupación por el turismo. Estamos en “una nueva oleada de turistificación a la que se suman los expats y los nómadas digitales”, argumenta Ernest Cañada, investigador e integrante del centro Alba Sud, que señala al contexto pospandemia para explicar el creciente rechazo ciudadano. “Durante la pandemia la población sintió que podía disfrutar la ciudad”.

El descontento ha llegado a las calles. El 7 de julio se celebró en Barcelona una manifestación convocada por más de 140 colectivos sociales bajo el lema “Decrecimiento turístico ya”, inspirada en las masivas movilizaciones en Canarias y Baleares. La protesta de Barcelona, aunque no fue tan masiva como en los archipiélagos, saltó a medios internacionales como la BBC o la CNN porque unos manifestantes mojaron con pistolas de agua a un grupo de turistas.

Como respuesta, Collboni se ha propuesto subir la tasa turística a los cruceristas que pasan menos tiempo en la ciudad y que dejan menos beneficios económicos. Pardo considera que la promesa es una “cortina de humo” y que “el problema es a qué se destina la tasa”. Una investigación de Crític desveló recientemente que buena parte de los recursos recaudados en los últimos años se dedicaron a promoción turística, no a paliar los efectos negativos del turismo. Casi la mitad de la recaudación de la tasa es gestionada por Turismo de Barcelona, un consorcio público-privado donde tienen mayoría empresas del sector.

“Estamos viendo un viraje de los capitales del sector hotelero para adaptarse a un contexto de crisis (climática, energética, tensiones geopolíticas), buscando turistas de más alto poder adquisitivo”, explica Cañada. Un cambio estratégico que en Barcelona se ha reflejado en las recientes palabras de Mateu Hernández, director general de Turismo de Barcelona, que llamó a seleccionar “los mejores visitantes” para conseguir “un turismo de calidad”.

“No hay ricos para todos”, advierte Cañada. “Esto no ocurre solo en Barcelona, también en San Sebastián, Málaga, Mallorca, Venecia… Acercarse a este segmento implica un enorme gasto público para la competencia con otros territorios”: para atraer a visitantes con más poder adquisitivo, las administraciones luchan por hacer sus ciudades más atractivas con macroeventos o infraestructuras. 

Este giro “clasista”, en palabras del investigador, puede generar más descontento. “Sus dinámicas son tan ostentosas que generan una sensación mayor de pérdida de la ciudad”, afirma, refiriéndose al desfile de Louis Vuitton para el que se cerró el parque Güell el pasado mayo, despertando protestas vecinales que acabaron con un detenido. “La percepción de la ciudadanía es que le están pagando la fiesta a los ricos”, concluye, aunque el reciente barómetro municipal muestra por ahora un apoyo mayoritario de la población a la Copa América de Vela, un polémico macroevento deportivo que se celebrará entre agosto y octubre y que fue aprobado por el gobierno de Ada Colau. La ABDT ha anunciado movilizaciones para “incomodar la celebración y evitar que se repita ninguna edición más”.

“Hay que dejar de fomentar la actividad turística”, reclama Daniel Pardo. En una línea similar, Cañada reclama “cerrar el debate sobre la ampliación de infraestructuras” como el Aeropuerto del Prat y “hacer un plan para ir decreciendo progresivamente” el sector turístico, favoreciendo alternativas económicas.

La reducción de la capacidad de alojamiento también está entre las reivindicaciones de los movimientos sociales, mientras Collboni ha afirmado recientemente que la ciudad podría abrir 5.000 plazas hoteleras más. Hasta ahora, la única política de limitación de la capacidad de acogida ha sido el Plan de Alojamientos Turísticos aprobado durante el gobierno de Barcelona en Comú, que detuvo el crecimiento de los pisos turísticos y prohibió abrir nuevas plazas hoteleras en las zonas más tensionadas. “Se quedó corto, pero tuvo su interés”, valora Pardo, que considera que “los comunes llegaron con un discurso muy crítico [en 2015] pero se retiraron de la batalla”. 

La elitización del sector turístico en la pospandemia se ha traducido en un incremento de los precios hoteleros y del transporte aéreo, que excluyen a cada vez más personas de la posibilidad de viajar. Un tercio de los catalanes no pueden permitirse ni una semana de vacaciones al año y el tipo de viajes que se hacen (en Cataluña, España, Europa o el resto del mundo) dependen directamente de la renta, según datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. Por eso, Cañada reivindica la necesidad de políticas de turismo social.

“En España no hemos tenido políticas turísticas para la población local, hemos tenido políticas para las empresas. Si solo hablamos de decrecimiento, el riesgo es acabar con un segmento de población perjudicada enfrentándose entre sí”, advierte. Pone como ejemplo el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, que “desvió los recursos de promoción al turismo social, lo que permitió la recuperación de una infraestructura turística al servicio de los sectores más populares”. Un horizonte que parece lejano en Barcelona, en un verano que promete batir el récord histórico de visitantes. 

¿Una iniciativa individual de un militar descontrolado o un autogolpe ideado por el presidente Luis Arce? Las distintas versiones que circulan en la esfera política boliviana sobre la fracasada intentona golpista del comandante Juan José Zúñiga, que asaltó el palacio de gobierno en La Paz el pasado 26 de junio, muestran la descomposición política del país andino, sumido en una creciente crisis institucional y económica.

“Ha sido un acto desquiciado de un militar con mando de tropa”, explica Fernando Molina, periodista paceño y autor de obras como El racismo en Bolivia (2022). La intentona fue una respuesta a su destitución por parte de Arce, por haber amenazado en televisión al expresidente Evo Morales, con el que paradójicamente el actual mandatario mantiene un enfrentamiento abierto. Coincide José Luis Exeni, analista político y coordinador de proyectos en la Fundación Friedrich Ebert de Bolivia: “Un intento de golpe fallido por un general que creyó que, en contexto de crisis, un discurso populista antipolítico sería suficiente para ganar adhesión de otros militares y políticos”. Se equivocó: nadie le apoyó; incluso los autores del golpe de 2019 encarcelados rechazaron la intentona, aunque Zúñiga les había prometido la libertad en caso de éxito.

No se sostiene la teoría del autogolpe, lanzada por el propio Zúñiga y difundida tanto por la oposición conservadora a Arce como por sus antiguos aliados evistas. “Dicen que fue una argucia [del gobierno] para evitar los bloqueos de camino que estaban en agenda porque no hay dólares ni combustible. Hay una confluencia de la derecha y la izquierda en la desconfianza hacia el gobierno”, señala Molina. Así de grave es la ruptura entre Morales y su sucesor, que fue su ministro de economía durante más de una década. Arce arrasó en las elecciones de 2020 con un 55% de los votos, capitalizando el descontento después de un año de gestión ineficiente y corrupta de la senadora golpista Jeanine Áñez (2019-2020). Pareció una resurrección del ‘proceso de cambio’ liderado por el Movimiento al Socialismo (MAS), que había gobernado el país de manera ininterrumpida desde 2006, cuando Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena de la historia de Bolivia con una propuesta política de ruptura con el neoliberalismo.

El entusiasmo por la victoria electoral de 2020 pronto dio paso a una guerra fratricida entre Arce y su mentor, que no aceptó la intención del nuevo presidente de presentarse a la reelección. A la ruptura del MAS se sumó el fin de la bonanza económica que había disfrutado el país durante más de una década. “La debilidad del ciclo del gas sin que se haya avanzado en el ciclo del litio nos deja un boquete de 5 o más años”, explica Exeni, “el gobierno no tiene muchas fuentes para generar divisas y cubrir la subvención a los hidrocarburos”, uno de los principales gastos fijos del Estado boliviano, clave para mantener la paz social. “La gran fortaleza económica del gobierno es la baja inflación y ya empieza a crecer. En el momento de que sea de dos dígitos les será difícil decir que no estamos en crisis. La sensación de crisis está instalada en el país”, concluye el analista.

Morales, que controla parte del grupo parlamentario del MAS, está aprovechando el contexto de crisis para debilitar más al gobierno de Arce, con la mirada puesta en una improbable candidatura a elecciones presidenciales de 2025, ya que el fundador del MAS ha alcanzado el límite constitucional de mandatos. Molina considera que el intento de golpe a medio plazo “no va a fortalecer a Arce, va a debilitar más su gestión. Ya hemos vivido esto antes, gobiernos débiles a los que los militares se empiezan a insubordinar”.

El MAS está en plena descomposición, pero la derecha tampoco está en buena forma. La oposición está “muy fragmentada, débil, con 17 precandidatos, todos con discurso de unidad pero sin voluntad, base programática ni liderazgo para unirse. No tienen calle ni propuesta atractiva”, sentencia Exeni. A pesar de la crisis institucional, que mantiene bloqueado el parlamento y aplazadas las elecciones judiciales, el analista no cree probable que surja un líder populista inspirado en el salvadoreño Nayib Bukele o Javier Milei. “Los que han aparecido hasta ahora no logran la adhesión o construir un proyecto político atractivo. No creo que pueda surgir eso. Más veo un candidato de oposición de centroderecha que trate de conciliar”. Lo que parece claro es que el próximo gobierno, sea del signo que sea, se verá obligado a realizar impopulares políticas de ajuste.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se incorporará al gobierno municipal de Barcelona si sus bases ratifican este jueves el preacuerdo al que han llegado con el PSC del alcalde Jaume Collboni. Culminaría así un pacto que lleva fraguándose meses, pero que se vio interrumpido por el carrusel electoral de las catalanas anticipadas y las europeas. Solo tres días después de los comicios europeos, ambos partidos han acelerado para repartirse el consistorio municipal de la capital catalana, en una operación que podría tendrá impacto en las negociaciones para la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat.

ERC todavía no ha detallado cuál será su participación en el gobierno, pero sí que han precisado en un comunicado que, si se ratifica el acuerdo, dirigirán las políticas sociales, de promoción de la lengua catalana, promoción económica y turismo, un tema que está produciendo crecientes protestas ante la saturación de visitantes que sufre la ciudad. ERC obtuvo en las municipales de mayo de 2023 solo cinco de los 41 concejales del consistorio barcelonés (la mitad que en la anterior legislatura), frente a los 10 que tiene el PSC de Collboni, por lo que la información publicada hasta ahora sugiere un acuerdo relativamente favorable para los republicanos. Influir directamente en las políticas municipales dará a ERC una visibilidad imposible de obtener como tercer partido de la oposición, Por su parte, el alcalde Collboni consigue más estabilidad, si bien seguirá sin tener la mayoría. 

El preacuerdo PSC-ERC es un golpe indirecto a los comunes de la exalcaldesa Ada Colau (nueve concejales), que hicieron alcalde a Collboni sin acordar la entrada en el gobierno para evitar el retorno a la alcaldía de Xavier Trias, que había ganado las elecciones con la promesa de revertir la obra de gobierno de Colau. Los ‘comunes’ pasaron meses reclamando a Collboni una negociación para formar un tripartito progresista, también con ERC, sin obtener mucho más que evasivas del nuevo alcalde.  La paciencia de los de Colau se acabó en marzo, cuando votaron en contra del proyecto de presupuesto de Collboni al no aceptar este la entrada de los comunes en el ejecutivo municipal a cambio del ‘sí’ a las cuentas. El alcalde se vio obligado a aprobar el presupuesto mediante una moción de confianza, un mecanismo que solo puede volver a utilizar otra vez durante la legislatura. Por lo tanto, en algún momento un futuro gobierno PSC-ERC tendría que mirar a los comunes o al grupo de Xavier Trias para aprobar normativas y presupuestos. 

La presidenta de ERC-Barcelona, Eva Baró, ha insistido en rueda de prensa en la “autonomía local” de su federación, intentando separar el entendimiento en la capital de las negociaciones en el Parlament, donde el socialista Salvador Illa intenta recabar el apoyo de ERC y Comuns-Sumar para ser investido president después de su victoria en las elecciones de hace un mes. 

El anuncio del preacuerdo en el Ayuntamiento llega un día después de la elección de Josep Rull, de Junts, como presidente de la mesa del Parlament con los votos de ERC y la CUP. Un movimiento difícilmente comprensible de ERC, que podría haber reclamado la presidencia de la mesa gracias al apoyo de los ‘comunes’. La elección de Rull produjo una efímera imagen de unidad independentista y permitirá a Junts manejar los tiempos de la investidura, pero su candidato, Carles Puigdemont, no cuenta con una mayoría parlamentaria viable para competir por la presidencia de la Generalitat. Por lo tanto, los escenarios siguen siendo dos: investidura de Illa o repetición electoral.

El previsible apretón de manos entre ERC y PSC en la capital catalana podría contribuir a decantar a las bases de ERC hacia el sí a Illa, al normalizar que dos formaciones en bandos distintos del conflicto nacional gobiernen juntas la segunda administración más importante de Cataluña. Si no fuera suficiente, Illa confía en el argumento electoral para convencer a los republicanos: si se repitiesen las elecciones, ERC se hundiría aún más, según una encuesta de NC Report para La Razón, mientras que los socialistas incrementarían sus apoyos. Por la misma razón, se da por descontado el voto de Comuns-Sumar al líder del PSC. El primer pleno de investidura está previsto el 25 de junio y Salvador Illa sueña con irse de vacaciones como president.