Emily huyó de las extorsiones y amenazas de violencia que le llegaban a la casa donde vivía con sus dos hijos menores en Colombia. Pidió asilo en 2023 y logró encontrar un trabajo con contrato y alojamiento en Barcelona. No obstante, la reforma del Reglamento de Extranjería del Ministerio de Inclusión que entró en vigor este martes la podría penalizar y obligarla a tener que sobrevivir dos años en la irregularidad.

A Emily le denegaron la solicitud de asilo y recurrió, creyendo que la situación vivida en su país de origen era merecedora de protección internacional. A lo largo de este tiempo tuvo un contrato de trabajo que duró hasta febrero. Pero ahora ya nadie la contrata pese a contar con años de experiencia laboral. “He hecho diez entrevistas y las empresas me dicen que sus abogados recomendaron no emplearme porque tengo un primer rechazo en el asilo”, explica.

La parte que más le atemoriza es verse empujada a la irregularidad. Si la resolución firme de su solicitud acaba siendo denegada, no podrá usar los años vividos en el país para demostrar su arraigo. Un tiempo que antes de la reforma sí que computaba. Eso significa que para volver a tener permisos de trabajo y residencia tendrá que poner su contador a cero y pasar los dos años que marca la ley en situación irregular.

“Si tienes un contrato de trabajo, lo tendrás que dejar; si tienes un contrato de alquiler, lo tendrás que dejar, y también muchos bancos pondrán trabas para abrir una cuenta”, enumera Jordi Campabadal, coordinador del área jurídica de la Fundación Bayt al-Thaqafa, como algunas de las consecuencias que ya afectan a quienes se les deniega el asilo.

La ambiciosa reforma del Ministerio de Inclusión ha ampliado las modalidades de arraigo, ha flexibilizado parte de la burocracia y ha facilitado la contratación laboral en origen. Pero por contra, desde su aplicación este martes, está perjudicando a quienes huyen de sus países buscando refugio. Una situación que podría afectar aproximadamente a 150.000 personas en España, estima la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Para subsanar esta brecha, el Gobierno propuso el martes pasado reactivar la Proposición de Ley para la regularización de personas migrantes, una propuesta basada en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Regularización Ya. Pero los efectos aún tardarán en aplicarse porque hay que llegar a un acuerdo con los socios de investidura, lo que también definirá quién se beneficiará de la ley.

A día de hoy, tanto la Fundación Bayt al-Thaqafa, especializada en acogida y protección internacional en Cataluña, como CEAR, ya han notado que esta reforma ha desincentivado las peticiones de asilo y los recursos por rechazo. “Nos consta que nacionalidades colombianas, peruanas o marroquís ahora piensan mucho si solicitar el asilo o no”, expone Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica de CEAR. “Porque, si no se pide ya, empieza a correr el plazo de su permanencia en España y, si se pide y se deniega, su contador vuelve a cero”.

Las solicitudes de Colombia y Perú han caído drásticamente si se comparan los primeros meses del año 2024 y 2025, según datos del Ministerio de Inclusión. El año pasado, hasta mayo se presentaron 19.371 peticiones de colombianos y 4.964 de peruanos. Por contra, en los primeros cuatro meses de este año 6.762 colombianos y 1.755 peruanos han pedido protección internacional.

“Necesitamos el asilo, pero si hubiéramos sabido lo que pasaría no lo hubiéramos pedido”. Luciana (nombre ficticio), su pareja y su familia con dos hijos menores también huyeron de Colombia por las amenazas y extorsiones que recibieron. “Yo era maestra y mi pareja, jefe de obra en la construcción, teníamos una vida tranquila hasta que apareció un grupo paramilitar”, relata Luciana. “El detonante para irnos fue cuando hicieron estallar una granada en casa de un vecino”, zanja la madre. Pidieron asilo hace nueve meses y aún esperan resolución. 

“Cuando uno tiene hijos se propone que no vean lo que uno ha visto”, explica también Mariana (nombre ficticio), solicitante hondureña con dos hijas a cargo. “Nosotros hemos tenido que enterrar a algunos de nuestros amigos”, manifiesta Mariana, en su caso afectada por la violencia de las maras. Tras más de seis meses esperando, aún no sabe si le aceptarán la protección internacional.

El Ministerio incluyó en la reforma una disposición transitoria que rebajaba de dos años a seis meses el tiempo que algunos solicitantes debían pasar en irregularidad antes de poder demostrar su arraigo. Pero sólo se pudieron acoger a esta rebaja quienes con un primer caso de asilo denegado, desistieron del recurso interpuesto. En la práctica, ha puesto entre la espada y la pared a quienes aún no tenían el proceso resuelto antes del 20 de mayo.

“El problema ha afectado sobre todo a quienes no han recibido una respuesta firme sobre su asilo antes de este martes”, apunta Elena Muñoz, “porque debían decidir antes de esa fecha si desistían de la solicitud”. Ni Luciana, ni Mariana ni Emily quisieron desistir. 

“Dudé mucho”, expone Emily, que lleva más de tres años viviendo en Barcelona. “Pero tengo dos hijos a cargo, soy madre soltera y no me podía permitir estar un tiempo en la irregularidad, necesitaba encontrar trabajo”. Emily se queja de que esta reforma probablemente también tendrá un impacto diferencial por género. “Hay más mujeres que aceptan trabajos peor pagados o con más horas de jornada laboral porque tienen hijos o familias que deben sostener”, apunta. “Conozco personas que han trabajado de internas en atención domiciliaria como yo y que han sufrido acoso sexual en sus trabajos y no han denunciado por el temor de estar en situación irregular”.

Vicky Columba, portavoz de la ILP Regularización Ya, denuncia también que la irregularidad administrativa en mujeres y trans “impide denunciar la violencia machista por temor a una orden de expulsión”. Y añade que “en trabajos como el del hogar, impide la fiscalización laboral, lo que hace más difícil denunciar situaciones de vulneración de derechos”.

Nuria Moya, responsable del área de Salud Mental de Bayt al-Thaqafa y miembro de la Red Acoge, puntualiza que a los seis meses de la disposición habría que añadir “el tiempo que luego tardan en resolver, con lo que en la práctica, quien haya desestimado el asilo acabará pasando más de un año en situación irregular”. 

“Han incluido una disposición que genera incertidumbre, porque hay un factor que no depende de ellos, sino de la agilidad de la Administración en los trámites burocráticos”, admite Elena Muñoz, de CEAR. “Hay muchas realidades, hay personas que pueden estar menos de seis meses y otras que pueden estar tres años.”

Según datos de Eurostat, a 2024 España tenía pendiente de resolver 263.985 solicitudes de protección internacional, lo que incrementó en casi un 30% los expedientes apilados en las oficinas de extranjería respecto al año 2023. El promedio mensual de solicitudes resueltas fue de 8.020, lo que indica que para resolver todas las que hay pendientes, se necesitarían casi 33 meses –sin que entraran más solicitudes, algo que no es realista–.

Esta situación motivó este lunes un paro de dos horas de CCOO delante de todas las oficinas de extranjería “ante el colapso del sistema”. Para intentar paliar la situación, el Gobierno ha anunciado, junto a la reforma, que prevé incorporar 750 trabajadores en las 25 Oficinas de Extranjería. En Cataluña, por ejemplo, supone incrementar entre un 30% y un 40% los recursos, ha afirmado Carlos Prieto, el Delegado del Gobierno.

Jordi Campabadal, de Bayt al-Thaqafa, cree que el cambio en el Reglamento tiene su raíz en esta saturación en las oficinas. Uno de los objetivos de la reforma es “despejar la vía del asilo”, explicó esta semana la ministra Elma Saiz. La idea de fondo sugiere distinguir la migración por lazos familiares de la de personas que huyen porque su vida está en peligro. “Existe el argumento de que hay quien usa mal el asilo”, asegura Campabadal. “El argumento considera que hay quien sabía que no le iban a dar el asilo, pero lo pedía igualmente porque podía computar los años de espera de su resolución para luego pedir el arraigo”.

No obstante, la alta denegación de solicitudes de asilo, que en 2024 aumentaron al 43% de las totales, sumada a la gran cantidad de solicitudes pendientes, ha provocado una situación que puede acabar por enviar a la irregularidad a muchas familias.

Para paliar esta brecha, el Gobierno ha rescatado la regularización de migrantes como solución. El borrador de la propuesta de ley ya está en la mesa de los partidos políticos, y quieren que afecte a todo aquel que estaba en España de forma irregular antes del 31 de diciembre de 2024. Una fecha que tendrá que acordarse con los socios de investidura.

Los promotores de la ILP Regularización Ya piden regularizar a quienes estuvieran antes del 20 de mayo de 2025, según su portavoz, Vicky Columba. “Esto también afecta a los empresarios que han tenido que despedir a gente o no pueden aceptar solicitantes de asilo”, considera la portavoz. Columba considera que un factor que podría haber hecho activar la regularización es el efecto que podía tener en las vacantes laborales la cifra estimada de 150.000 solicitantes abocados a la irregularidad.

Meses o años viviendo en literas de habitaciones de hostal, en algunos casos sin derecho a cocina o hasta con cucarachas. Estas son algunas de las situaciones que han relatado algunas familias desahuciadas tras solicitar una vivienda de emergencia social en Barcelona y que critican los sindicatos de vivienda de la ciudad. Un modelo que el Síndic de Greuges de la ciudad también ha pedido mejorar.

Ante la falta de pisos a precio accesible disponibles, pensiones y hostales se han convertido en destinos frecuentes como Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU), que ofrece la Mesa de Emergencia Social de la ciudad. 

El plan de contratación pública del ayuntamiento prevé destinar 164,5 millones en cuatro años para estos alojamientos (ATU) en Barcelona y en el Área Metropolitana. Una parte del monto la gestiona un operador turístico, BDC Travel, que realiza el contacto con los hostales en la ciudad y distribuye a las familias en función de las plazas vacías. El tiempo en el que se quedan las familias en las pensiones debería ser temporal, pero se está cronificando. 

Cada año se ha agrandado la lista de espera para acceder a pisos de la Mesa de Emergencia. En los últimos diez años se ha multiplicado por 80 la lista de familias con derecho a un piso social. Si en el primer trimestre de 2016 la lista tenía una media de ocho expedientes en espera, en el primer trimestre de 2025 la media ya es de 700 familias que esperan poder acceder a una vivienda. 

Desde 2014 los precios de alquiler han subido un 70% en Barcelona, según datos de la Agencia Catalana de Vivienda, y un 60% en la venta, una situación que ha agravado la carencia de pisos de emergencia social en la ciudad. Ante esta situación, han proliferado las derivaciones a pensiones y hostales.

“Yo podría pagar un piso a precio social, pero no lo encuentro”, se queja S. P., que vive desde hace ocho meses en el hostal BeSound del Raval junto con su pareja y sus dos hijos menores de cinco años y nueve meses. La familia tiene escolarizado a su hijo en el mismo barrio y afirma que en el Raval solo encuentran alquileres de temporada con precios inasumibles. La familia se queja de que en el tiempo que llevan viviendo han fumigado cuatro veces el hostal pero las cucarachas no desaparecen. “Las primeras cuatro noches dormí en la calle”, afirma S. P.

Otra de las mujeres que vive en el hostal del Raval y que también quiere guardar el anonimato, I., vive con su familia y una menor a cargo. Antes estuvieron casi dos años en otro hostal temporal. Se quejó a Servicios Sociales en reiteradas ocasiones por no disponer de cocina y también por la aparición de cucarachas. Luego la cambiaron a la pensión del Raval en la que lleva pocos meses.

El propietario del hostal admite que “se han hecho actuaciones” para acabar con los insectos, pero que ello es un problema general del barrio y también “responsabilidad de los usuarios” que “no dejan entrar a limpiar en las habitaciones”. Según la propiedad, este mismo problema pasa en otros hostales y “no hay que exagerar ni ponerse tan fino”. El propietario informa que las normas del hostal impiden que las familias coman en las habitaciones, pero admite que no acaba siendo una norma practicable porque las familias viven allí durante mucho tiempo.

I., la madre de la otra familia que vive en el mismo hostal, se queja de que “no hay armarios, y de tener toda la ropa en el suelo en bolsas”. La mujer critica que la habitación no está adaptada para una familia con hijos porque “no hay casi espacio”. 

S.P. informó a infoLibre también de que el hostal se quedó sin luz y entraron a robar. Le quitaron algunas de sus pertenencias y rompieron otras. “Dicen que las cámaras de videovigilancia no funcionan”, se lamenta. También afirma tener asma producida por el polvo que hay en el hostal.

En esta residencia viven una cincuentena de personas que proceden de servicios sociales. La propiedad informa que gestiona otros dos hostales que ofrecen el mismo servicio, que lleva años alojando a personas en situación de emergencia y que se “trata perfectamente a la gente”.

No obstante, al día siguiente de que S.P informó a infoLibre de los hechos, recibió una llamada en la que le avisaron que tendrían que realojar a su familia. “Me llamó la trabajadora social y me contó que desde la pensión le dicen que me quejo mucho y creo problemas”, explica S.P. “No quiero irme a otro barrio”, afirma la usuaria.

El Ayuntamiento de Barcelona no ha confirmado aún si el hostal ha recibido algún tipo de inspección.

El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, avanzó este jueves su informe de 2024 y situó los alojamientos temporales de urgencia como una de las diez prioridades de mejora que tiene la ciudad. 

El síndic recoge en el informe el déficit en la calidad del servicio, tanto por las deficiencias en las instalaciones, como porque a veces se separa el núcleo familiar en dos alojamientos o se envía a la familia fuera del barrio donde tiene arraigo y redes sociales. Bondia asegura que han recibido quejas de estos hostales tanto de usuarios, como de trabajadores de los alojamientos, como de trabajadores de servicios sociales. Una treintena, según apuntan desde la sindicatura.

No obstante, el Síndic asegura que “hay una infradenuncia” por la situación de vulnerabilidad de estas familias y por el miedo a perder el recurso asistencial. Es el caso que ahora tiene atemorizada a S.P.

El mismo ayuntamiento admitió que había recibido al menos 70 quejas al año, que había realizado 52 inspecciones a los hostales que han recibido más críticas, que ha dejado de colaborar con cuatro y expedientado a siete, según informó El Periódico.

La sindicatura local insta a crear una institución municipal o metropolitana que gestione este servicio y sus recursos, en parte, para acabar con la situación de que un operador turístico sea quien ahora gestiona los hostales de personas en situación de emergencia. Además, la creación de un instituto propio permitiría implicar más al departamento de vivienda y al de economía. Bondia considera que ahora el peso recae sobre todo en servicios sociales y falta implicación de las otras áreas. 

Además el Síndic considera que el sistema actual tiene un costo muy elevado para la ciudad y se podría reducir con actuaciones preventivas en los desahucios. “Tener a una familia de cuatro personas en un hostal puede suponer un coste de 4.000 euros cuando pueden haberlas desahuciado por no pagar un alquiler de 800”, considera el síndic.

El Sindicato de vivienda de Gracia critica el último protocolo que aprobó el ayuntamiento de Barcelona a mediados de 2024 sobre Alojamientos Temporales de Urgencia, que limitaba a seis meses la estancia. Judit Martínez, portavoz del sindicato, considera que “genera incertidumbre y afecta a la salud, también de los menores” en casos como el de Ana María, que pronto cumplirá los seis meses en un hostal de Gracia. 

“Es muy estresante”, admite Ana Maria. “Pregunto a servicios sociales si el 22 de abril que se cumplen los seis meses podré continuar allí y no me lo confirman”. El sindicato admite que no saben qué va a pasar a partir de ahora con el nuevo protocolo en marcha. “Nos lo vamos a encontrar”, concluye Martínez. El consistorio afirmó que más del 65% de los casos superan el tiempo establecido, según informó Betevé.

El caso de Ana María es la imagen de lo difícil que es salir del círculo de la precariedad. Desde 2019 ha encadenado tres etapas en las que ha tenido que pedir alojamiento de urgencia en hostales. La usuaria tiene un copago con el ayuntamiento y abona 300 euros al mes para vivir con su hijo de 13 años en una pensión sin derecho a cocina. “En mi caso he compartido hostal con turistas y ellos podían acceder a cocinar, pero nosotros no”, relata Ana María. El sindicato estima que el coste mensual para el ayuntamiento en la plaza de Ana María es de 3.000 euros al mes. 

El sindicato pide que los alojamientos temporales de urgencia se deriven a pisos. Las transferencias monetarias a los usuarios, que es la alternativa que les planteó el ayuntamiento, consideran que “no es una solución”. El sindicato plantea que muchas familias que son migrantes se encuentran con otro muro añadido al del precio para acceder a la vivienda, que son los “sesgos clasistas y racistas”. “A veces no les falta dinero, sino que no les alquilan un piso por ser migrantes”, considera Martínez.

El 30º Congreso de ERC ha concluido este domingo con todas las ponencias aprobadas –política, estatutaria y estratégica– con cerca de un 90% de votos favorables. La dirección de Oriol Junqueras y Elisenda Alamany ha salido, de este modo, claramente reforzada del congreso que la formación ha celebrado en Martorell con unos 1.500 militantes inscritos. 

La hoja de ruta del partido queda encauzada a partir de ahora con la intención de conseguir “una mayoría sólida y estable en favor de la independencia para 2031” y se marca realizar un referéndum sin fijar una fecha concreta. No obstante, en la diagnosis de la ponencia política y estratégica, el partido acepta que “hay que partir del principio de realidad” y que el apoyo al independentismo ha sufrido un retroceso electoral. 

El partido considera que, “en términos electorales, el procés finaliza en 2021” y ahora apuesta para “usar palancas de fuerza” mediante el “fortalecimiento de las instituciones catalanas” y el “fortalecimiento nacional” con la lengua como elemento cohesionador. Junqueras ha sacado pecho de los acuerdos competenciales logrados con el PSOE en trenes y financiación. Por otro lado, también ha afirmado que Cataluña enfrenta un reto demográfico importante por la baja natalidad, y de forma velada se ha distanciado de Junts para reivindicar la necesidad de la inmigración, afirmando que “lo que nos hace catalanes no es el lugar del que hemos nacido sino el compromiso con la sociedad, la cultura y la lengua”.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, añadía también que ERC no se propone “ni pasar página y volver al autonomismo, ni decir que estamos aún en el 2017”, en referencias veladas al PSC y a Junts. La dirigente ha criticado los retrasos constantes que sufre Rodalies y ha asegurado que “un país no puede avanzar con pies de fango”, para continuar concluyendo “queremos todas las estructuras de construcción nacional a nuestro servicio”.

El partido también ha rechazado una enmienda de la corriente interna Àgora Republicana, liderada por el exdirigente de ERC, Joan Tardà, que proponía definir a Esquerra Republicana como un partido “que agrupa a independentistas y a soberanistas”. De este modo, el partido rechaza abrirse al soberanismo no independentista. También se ha rechazado otra enmienda de la misma corriente que proponía la estrategia de “avanzar con el resto de fuerzas políticas independentistas de izquierda, soberanistas, federalistas y progresistas”. 

Las ponencias de Tardà eran de las pocas enmiendas vivas con fuerte carga política, ya que la dirección del partido logró pactar las enmiendas de Nova Esquerra Nacional, la corriente interna que se batió en duelo para liderar el partido con Oriol Junqueras. Àgora Republicana aparcó el intento de modificar los estatutos y trasladó la voluntad de incluir al soberanismo no independentista dentro del partido en la ponencia estratégica, pero finalmente la propuesta fue rechazada con el 56% de los votos en contra y el 35% a favor. 

El partido de Junqueras señala el camino hacia el centenario de su partido, en 2031, como el momento para lograr el derecho a la autodeterminación, pero mientras esto no sucede, “insta a superar la política de los brazos caídos”.

En la ponencia política, el partido considera que hay que “preparar al país” para ejercer “soberanía plena” y eso implica asumir nuevas infraestructuras. Ponen por ejemplo lograr una nueva Hacienda Catalana, la gestión de Rodalies, la empresa pública catalana de energía (l’Energètica), una Agencia de los Datos para la IA catalana, una nueva administración Pública Territorial, un modelo catalán de Función Pública, un poder judicial propio, dotar a Cataluña de un marco catalán de relaciones laborales y una agencia de protección social. Finalmente, en la ponencia estratégica, el partido también señala que “la independencia es la mejor herramienta para garantizar una Cataluña justa, próspera y más democrática”.

Durante el congreso, el líder de ERC ha agradecido la presencia de personalidades de la sociedad catalana como Antoni Cañete, presidente de las pequeñas y medianas empresas (Pimec), y de los secretarios generales de CCOO y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros. Junqueras también ha lanzado un mensaje a Jordi Turull, presente entre el público. “Cuando otras fuerzas políticas aumentan las cuotas de poder en nuestro país, nosotros lo celebramos”, afirmaba Junqueras sobre el pacto entre Junts y el PSOE en la delegación de competencias sobre migración.

El líder de ERC también se dirigió a otros representantes políticos presentes en el congreso: PSC, Comuns, Sumar, Podemos, EH Bildu, PNB o BNG. Junqueras remarcó que la causa de ERC es la de la “justicia social y la libertad de las naciones”, y ha pedido ayuda a esas formaciones para construir “la alianza de la esperanza” con esas dos causas “indestructibles” para hacer frente a “la internacional del odio y el miedo”. 

En la tarde del sábado, el director general de ERC, Lluís Salvadó, hizo una valoración “moderadamente positiva” del estado de los pactos alcanzados con el PSOE y el PSC. Afirmó que “son proyectos que transformarán el techo económico y competencial” del Gobierno de Cataluña y que “no es un trabajo de un día sino de años”, como el sistema de financiación y el traspaso de Rodalies.

El también coordinador de la comisión de seguimiento de los pactos informó que el partido tiene 218 acuerdos que dan gobernabilidad a 442 instituciones en el ámbito local, además de los otros dos grandes pactos con Sánchez en 2023 y con Illa en 2024. Salvadó, concluyó que para continuar en la “buena dirección”, su partido tendrá que usar su “fuerza, coordinación, y presión” para que “estos pactos vayan avanzando”.

Un elemento distintivo con el anterior congreso de ERC de diciembre es que no se han visto encontronazos entre las corrientes internas que pugnaron por liderar el partido. El miércoles pasado, Junqueras llegó a un acuerdo con Nova Esquerra Nacional, la corriente liderada por Xavier Godàs, y que contaba con el apoyo de Marta Rovira y Pere Aragonès, para retirar las enmiendas que proponían limitar los mandatos a 12 años en la presidencia del partido y que también impedían que Junqueras se pudiera presentar como candidato a la Generalitat.

Nova Esquerra Nacional las retiró bajo el compromiso de la dirección de celebrar un debate específico sobre este tema a lo largo del mandato y para evitar que un tema tan trascendente quedara “manchado por debates personales”. Junqueras cumplirá 14 años al frente de ERC, pero solo ha podido ser candidato efectivo a la Generalitat en una ocasión, en 2012, cuando dobló los resultados del partido. Además, ahora aún se encuentra inhabilitado a la espera de que se le aplique la Ley de Amnistía.

Por otro lado, la única enmienda que presentó Foc Nou, la otra corriente de ERC que compitió con Junqueras, también se pactó con el líder independentista. La enmienda incluyó en la ponencia política que el catalán debe ser la “única lengua oficial” dentro de los “Països Catalans”.

Finalmente, la ponencia estatutaria también determinó que ERC formalizará las corrientes internas del partido a través de un reglamento que deberá estar encima de la mesa del Consejo Nacional en los próximos seis meses. Los requisitos para constituirse como una corriente interna exigirán aglutinar un 3% de la militancia proveniente de diversos territorios.

Las protestas de esta semana en el municipio de Salt (Girona) han acaparado el foco mediático en Cataluña. El desalojo del imán Kalilou Diawara y de toda su familia de un piso de un gran tenedor abrió la chispa de la indignación en las calles, pese a que tanto el propio líder religioso como el ayuntamiento se apresuraron a desvincular las protestas del desalojo y a hacer un llamado a la calma. 

Partidos de extrema derecha han usado las protestas para atizar la islamofobia, mientras que entidades sociales y el ayuntamiento ubican los hechos en un problema de vivienda que es transversal a muchas ciudades pequeñas y grandes de Cataluña. Por este motivo, este sábado una plataforma de una veintena de entidades sociales liderada por el Sindicato de Vivienda de Salt ha llevado a cabo una manifestación en el municipio. Anna Mas, portavoz del Sindicato, ha puntualizado que “el problema de la vivienda afecta más a las personas que menos recursos tienen”, y ha criticado que “no hay oferta de alquiler en la ciudad”. En la lectura del manifiesto de este sábado, han pedido “frenar la violencia policial en forma de desahucios”.

Según Mossos d'Esquadra y el Ayuntamiento de Salt, los altercados se circunscribieron a la noche del lunes y del martes. Un centenar de encapuchados lanzaron objetos a la policía y generaron disturbios en la plaza del ayuntamiento. El viernes 7 de marzo se produjo el desalojo de la familia y fuentes del ayuntamiento afirman que les garantizaron “un par de días” en un hostal. Una vez finalizados, la familia del imán, ocho hijos y su mujer, se encontraron en la calle sin poder acceder a alternativa habitacional porque, según fuentes municipales, contaba con ingresos. El imán intentó entrar en la casa de la que le habían desalojado con las mismas llaves, pero para entonces la propiedad había instalado una alarma, que se activó y avisó a los Mossos d’Esquadra. 

La hija mayor del imán, Henda, afirma que los agentes policiales le “empujaron y le hicieron daño”, pero que en ningún caso su padre promovió las protestas que sucedieron esa misma noche. Según Mossos d’Esquadra, el imán “sufrió un ataque de ansiedad” y “fue llevado en ambulancia”. El cuerpo policial añade que como el religioso “es una persona conocida en la comunidad”, eso pudo incitar la protesta.

El mismo Kalilou Diawara, el imán de Salt, difundió un comunicado por Whatsapp a la comunidad islámica en la que afirmaba que “el caso nos ha removido a todos”, pero que “hay que llevar las cosas con paciencia e inteligencia”, y apelaba a “los jóvenes” a “concentrarse de manera pacífica y sin altercados”. El mensaje “alivió” la situación, cree Mohamed El Amrani, presidente de la asociación municipal Azahara, impulsada por “hijos de la inmigración”. Pero El Amrani añade que el foco mediático de los altercados del primer día pusieron a Salt como “un plató de televisión” que “retroalimentó” la protesta. “Hubo una parte de inercia y otra de indignación”, explica.

Fuentes de la policía catalana afirman que las protestas se saldaron con siete detenidos de entre 16 y 33 años. La hija mayor del imán, Henda, añadía este miércoles que “su padre pidió que pararan y no lo hicieron”, y que “ni ella, ni su familia, ni sus hermanos tienen nada que ver” con los hechos.

En un municipio de 30.000 habitantes, el último plan local de vivienda de Salt registró 1.800 pisos vacíos en manos de grandes tenedores. Anna Mas, portavoz del Sindicato de Vivienda de Salt, puntualiza que estos datos son de 2019, y “teme que la cifra podría haber aumentado”. Esta situación ha motivado que este sábado 300 personas se hayan manifestado en la ciudad bajo el lema Basta de desahucios y más alquileres asequibles, según cálculos municipales.

Pese a las políticas de vivienda del ayuntamiento, la situación en el municipio es delicada. Las plataformas que este sábado se manifestaban pedían “poner fin” a “un reglamento restrictivo” de acceso al parque público de vivienda, que tiene unas reservas para casos de vulnerabilidad del 15% y con un máximo del 20%. También piden “archivar las causas” de las personas detenidas esta semana “por defender el derecho a la vivienda”.

Fuentes locales aseguran que desde que Jordi Viñals (ERC) entró a gobernar la ciudad en 2015, el ayuntamiento ha comprado 205 pisos para ponerlos a alquiler social y ha frenado 160 desahucios gracias a la oficina local de vivienda. El porcentaje de vivienda pública en la ciudad es del 10%, uno de los más altos de Cataluña. Pero aún así 668 personas están a la espera de un piso de protección oficial y su alcalde ubica a los grandes tenedores que retienen pisos vacíos para especular como “un problema de país”. Fuentes del ayuntamiento aseguran que “se está negociando” con la Sareb y con grandes tenedores para poder recibir “la cesión” de estos pisos a través de la oficina local de vivienda “para hacerlos llegar a quien los necesita”. 

El presidente de la asociación Azahara, Mohamed El Amrani, apunta que la chispa de la indignación podría haberse dado también porque los jóvenes hijos de migrantes en Salt “heredan las condiciones de desigualdad de sus padres” y añade que se les percibe “como que nunca dejan de ser migrantes”. El Amrani explica que Salt es un municipio con grandes desigualdades, que se deben en parte a la vivienda, pero también a la segregación escolar. El municipio es de las localidades con más segregación escolar de Cataluña.

El Amrani considera que situaciones como la de la vivienda afectan más a estos jóvenes hijos de migrantes, y que eso también afecta al “ascensor social” y a sus perspectivas de futuro. El presidente de la asociación recuerda que años atrás este ascensor social era visto “como un mecanismo de inclusión”, y cree que ahora no está funcionando en Cataluña. 

Pese a ello, valora que el municipio goza de un tejido asociativo “muy fuerte”. Recuerda que cada año se celebra un iftar comunitario para romper el ayuno del ramadán que reúne a “400 personas de distintas religiones” y que se celebrará el próximo fin de semana. Cuando se le pregunta por su opinión sobre las declaraciones islamófobas de Vox y Aliança Catalana de la última semana, su respuesta es “que las ignora”, porque “le gusta defender la convivencia desde otro ángulo que no sea el cuerpo a cuerpo”.

Este sábado se celebraba el Día internacional de contra la islamofobia. Algo que no ha sido ningún freno para que tanto Vox como Aliança Catalana usaran las protestas de Salt para alimentar el discurso xenófobo y islamófobo. Sílvia Orriols publicaba el miércoles un tuit con un vídeo de las protestas afirmando “si importas tercer mundo, tienes tercer mundo”. Ignacio Garriga, de Vox, se desplazó hasta el municipio gironés para afirmar que “las autoridades islámicas están intentando doblegar la ley española en Salt”.

Con un 37% de la población de origen extranjero, las administraciones políticas de Salt llevan años trabajando con las distintas comunidades para evitar situaciones de tensión. El mismo ayuntamiento afirma que esta semana se ha hecho también este trabajo “con colectivos concretos” para “mantener la tranquilidad”.

El Amrani afirma que en Salt conviven más de 90 nacionalidades y en el día a día del municipio se vive “calma social”. Critica que los dos partidos de extrema derecha se han “aprovechado de esta situación” para “generar odio y noticias falsas”. Considera que “hay un modelo sólido de convivencia”, pero lo que genera crispación “son las desigualdades”, como las apuntadas anteriormente en vivienda y segregación escolar.

La semana negra que ha vivido Rodalies es el colofón de un mes lleno de retrasos, afectaciones e incidencias que han llevado al límite a los usuarios de los trenes de Cercanías en Cataluña. La enervación ha propiciado que distintas plataformas en defensa por un servicio digno de ferrocarriles hayan convocado movilizaciones en Cataluña para el 22 de marzo. Las plataformas de usuarios critican “la falta de accesibilidad y eficiencia de los servicios que impiden llegar a tiempo al trabajo, a citas médicas y a la universidad”, y han convocado una rueda de prensa para mañana miércoles en la que detallarán todas las acciones.

Ahora la Universidad Rovira i Virgili (URV) investiga si estos retrasos están teniendo un impacto psicológico en los pasajeros. Seis investigadores del Departamento de Psicología estudiarán “por primera vez desde el punto de vista científico, las consecuencias psicológicas del caos ferroviario en Catalunya”, detallan desde la misma universidad. Los resultados se verán en junio y ahora buscan usuarios voluntarios para participar mediante un cuestionario en línea.

El Govern de Salvador Illa es consciente que la mejora del servicio de Cercanías catalán es urgente. Pero también es consciente que las soluciones no serán rápidas y puede llevar años hasta que se noten. Por eso, el gobierno catalán desplegó en enero un plan de choque de 77 millones para impactar en lo que es posible mejorar en el corto plazo, la comunicación con la ciudadanía. Entre otras medidas, Rodalies puso en marcha un chat de whatsapp para informar sobre el estado del servicio. Un chat que registra en el último mes, como mínimo, una setentena de comunicaciones sobre incidencias o afectaciones. 

Este viernes se produjo la gota que colmó el vaso cuando una incidencia en el suministro eléctrico produjo retrasos en tres líneas de Cercanías y cuatro de regionales. El presidente de la Generalitat salió al paso a excusarse. Pese a ello, deberá rendir cuentas ante el Parlament porque Comuns, ERC y la CUP han pedido su comparecencia en un pleno monográfico. La indignación por un servicio impuntual y lleno de incidencias es de años y ahora podría estar generando secuelas psicológicas. 

Una de las claves que motivó el estudio de la URV fue “poder cuantificar” la vinculación entre la ansiedad de las personas usuarias y las incidencias en Rodalies, explica Ana Gómez, portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies. El estudio surge de una reunión entre la plataforma y psicólogo Sergi Martín-Arbós, que lidera la investigación. En la reunión, el psicólogo identifica que las experiencias de las personas usuarias relatadas por Dignitat a les Vies “encaja muy bien” con “un hecho conocido en psicología que es el impacto del estrés crónico o de larga duración en la salud de las personas”. De ahí surge la hipótesis del estudio, que es que las personas expuestas a la actual situación de Rodalies presentarán más indicadores de malestar psicológico que las que no viven esta situación. 

La hipótesis parece sencilla y todo el mundo que conozca la situación vivida en los trenes catalanes podría encontrarla razonable, pero entraña también una explicación. La portavoz de la plataforma, Ana Gómez, relata que algunas usuarias se habían planteado denunciar su situación de estrés y ansiedad, pero los abogados contactados les informaron que probablemente la denuncia tendría poco recorrido porque faltaban estudios científicos que pudieran cuantificar y corroborar esa vinculación. Este trabajo académico en curso podría ayudar ahí.

Una de las usuarias que denuncian el efecto en la salud mental que tiene el servicio de Rodalies es Lorena, miembro también de Dignitat a les Vies. La usuaria ha sufrido en los últimos cinco meses las obras del corredor mediterráneo entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders que dejaron sin servicio de trenes ese tramo y que han generado un gran número de incidentes y retrasos. Lorena denuncia que llegó a tardar siete horas en llegar de Barcelona Reus, un trayecto que debería hacer a diario. Pero también relata que los problemas no se circunscriben a estos cinco meses, sino que vienen de lejos. “No hay información o nadie sabe dártela y siempre acaba siendo una gincana”. “Esta situación, día tras día, te amarga el carácter”, reivindica Lorena. “A veces he llegado a casa y no he podido cenar con mi familia, media vida la pasas en el tren”. “Luego llego al fin de semana trinchada y sólo quiero descansar, pero tengo una familia e hijos que también esperan cosas de mí”. 

“Las personas con hijos o personas a cargo podrían verse especialmente afectados” por esta situación, considera el psicólogo que lidera la investigación, Sergi Martín-Arbós. Los indicadores que toma el estudio es si hay una prevalencia de síntomas depresivos, ansiosos, somáticos, de hostilidad o problemas del sueño en las personas usuarias de Rodalies.

Lorena explica que hay gente que ha reservado habitaciones por días para no tener que volver en tren, o que toman ansiolíticos antes de cogerlo, algo que también afirma la portavoz de Dignitat a les Vies, Ana Gómez. 

Lorena critica que el elevado precio de la vivienda “la echó” de Barcelona, y ahora considera que el mal servicio en los trenes “la echa” también de su trabajo en la capital catalana. Logró que en su trabajo le permitieran teletrabajar, pero para ella el contacto directo con las personas en el trabajo es importante y considera que esta situación la aísla “y se han roto relaciones”. Ahora buscar trabajo en la zona del Baix Camp está siendo otra gincana, porque hay pocas oportunidades laborales. “¿Alguien me pagará el psicólogo?, se pregunta la usuaria.

“Es importante poner sobre la mesa datos que reflejen cómo las personas están viviendo esta situación”, considera Arbós. “Supone un reconocimiento del sufrimiento psicológico que experimentan las personas usuarias y orientar intervenciones políticas y técnicas”, continúa el psicólogo, “ya que tomar medicación o requerir bajas laborales supone una atención social o médica”. 

Si bien es cierto que algunas de las incidencias del último mes también fueron provocadas por robos de cobre o por actos vandálicos, una gran mayoría de ellas tienen orígen en la infraestructura. El ‘Plan de Rodalies 2020-2030’ del Ministerio de Transportes ya advertía que la infraestructura era “uno de los ámbitos más susceptibles de mejora” y que “había reducido su fiabilidad” en los últimos años.

A las obras del corredor mediterráneo se le han añadido las décadas de desinversión en Cercanías para priorizar la alta velocidad, y eso significa peores señalizaciones, mayores problemas en las instalaciones eléctricas, desgaste de los raíles en las vías o hasta en las piedras, una responsabilidad que se acostumbra atribuir a Renfe pero que es de ADIF.

Por ello, el primer punto de las diez medidas urgentes que el pasado domingo pactaron la consejería de Territorio, el Ministerio de Transportes, Renfe y Adif fue intensificar la inspección de las infraestructuras de ADIF.

La plataforma Dignitat a les Vies considera que “las medidas son buenas”, pero “no solucionan el problema”, conscientes de que la situación no se revertirá en el corto plazo. La plataforma denuncia que “se tienen los trenes más viejos de todo el Estado” y que “las estaciones están hechas polvo”. De hecho, la mala visibilización en la estación del Clot de Barcelona ha propiciado que una mujer de 77 años cayera hoy a las vías del tren por culpa de un apagón eléctrico.

La falta de información ha sido otro de los focos de crítica en los últimos días y otro de los puntos pactados entre la consejera Sílvia Panque y Renfe. De hecho, la falta de información ha propiciado el surgimiento de canales autogestionados que suplen esa carencia. Algunos ejemplos son el usuario de X Retards Rodalies o el canal de Telegram Afectats/des Rodalies, un canal de Telegram que reúne a más de 2000 personas. 

Una de las administradoras del canal, Núria, explica que la gente se apunta “porque los usuarios comparten información en tiempo real”. Algo que echan en falta muchos usuarios, como Gina, que reside en Reus y viaja frecuentemente a Barcelona a visitar a sus familiares. “En muchas ocasiones me he encontrado en un tren con una incidencia y sin la información sobre qué alternativas podría tener para llegar a Barcelona”. La usuaria añade que además de los problemas psicológicos, los usuarios se gastan un dinero extra por culpa de las incidencias. “En una urgencia tuve que coger un taxi de Reus a Móra d’Ebre que me costó 65 euros”, recuerda la usuaria. “Hay un malestar psicológico pero también uno económico”, zanja la usuaria.

“Junts apuesta por ganar los discursos de odio en las urnas”. Este fue el titular que la formación de Carles Puigdemont comunicó a los medios el martes para explicar su “no” a la moción de censura de Sílvia Orriols en Ripoll, que permitirá a la líder de extrema derecha continuar gobernando en la ciudad. Eso significa que da por perdida la batalla inmediata de la alcaldía de Ripoll y su estrategia se dirige a frenar el auge de la formación de Orriols en las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

El partido tenía un pacto avanzado junto a PSC y ERC que les permitía formar un gobierno alternativo, pero en la última semana se echaron atrás. Durante la rueda de prensa del martes el portavoz municipal del partido, Ferran Raigon, aseguró que “en Ripoll no hay cordón sanitario”, y que su formación se abre a votar a favor de todas las mociones “que sean buenas para el pueblo”.

La ola reaccionaria que recorre Europa plantó su semilla en el parlamento de Cataluña un poco más tarde que en otros. Pero sin haber aprendido aún cómo afrontar la irrupción de la extrema derecha en las instituciones. La politóloga Bonnie Meguid teorizó hace años las tres principales estrategias de combate hacia los partidos de nicho, que se han planteado habitualmente como lucha hacia las formaciones ultra: ignorarlos y perimetrar cordones sanitarios; confrontar sus políticas; o acomodarlas y plantear alternativas desde una posición más central o mayoritaria.

El problema para formaciones de derechas como Junts o el PP está cuando los partidos de extrema derecha ya no son partidos de nicho, sino que tienen opciones de lograr mayorías y hasta gobernar. Desde entonces la estrategia no está clara. El cordón sanitario ya no es una opción. “El PP no lo usó nunca porque pactaron con Vox en gobiernos autonómicos”, considera el analista político y profesor de la Universidad de Girona Mario Ríos, y “a Junts ahora ya no le sirve”. 

Mirar de reojo a las formaciones de extrema derecha para no enfadar a sus votantes ha arrastrado a PP y Junts en constantes ocasiones a posturas dubitativas. Es lo que le ha sucedido en este caso a Junts en Ripoll, lo que le pasa al PP en su relación con Vox y el problema de las derechas en Europa: la duda entre confrontar o asimilar a las políticas de las formaciones ultra. Alemania este domingo se examina de ello. 

A principios de legislatura, PSC, Junts, Comuns y la CUP firmaron un Pacto contra la extrema derecha en el Parlament. Fue la reedición de un acuerdo que los mismos partidos firmaron en 2021 cuando Vox entró por primera vez al parlamento catalán en la legislatura pasada. Los partidos acordaron “no normalizar ni legitimar la acción política de la extrema derecha”. Un compromiso que “impide aceptar por acción u omisión los votos de la extrema derecha para formar una mayoría de gobierno” y que busca “evitar que prosperen sus iniciativas”. La Comisión Ciudadana de seguimiento del Pacto emitía un comunicado este jueves en el que denunciaban que Junts “incumple” y “se autoexcluye” del pacto. Algo que nunca le pasó en la legislatura pasada cuando solamente había Vox como formación ultra en el Parlament. El cordón sanitario a la extrema derecha se ha empezado a romper en Cataluña.

“Las derechas están encontrando problemas para formar parte de algunos consensos democráticos nacionales o de estado”. Eso es lo que cree Ríos. Pone por ejemplo el caso del PP, que no asistió al primer acto de conmemoración a los 50 años de la muerte de Franco. El programa de actos, llamado España en libertad, “intenta ubicar la llegada de la democracia como un gran hito en el país”, y pretendía “emular actos conmemorativos de otros países que transicionaron de regímenes autoritarios a sistemas democráticos”, explica el analista político.

Pese a ello, Feijóo le criticó a Sánchez querer “desenterrar cien veces a Franco”, y añadió “¡qué pereza!”. Para Mario Ríos que el PP se haya autoexcluido de la conmemoración está condicionado por la extrema derecha. Por un lado, por la fuga de votos que el PP tiene hacia Vox, y por otra, por las exigencias que la formación de Abascal ha impuesto al PP para aprobar los presupuestos en las comunidades autónomas donde gobiernan. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, exige al PP que “rompa con el PSOE” en políticas de memoria histórica y violencia machista, y pide no aceptar la reubicación de los menores migrantes atrapados en Canarias, otro pacto estatal que tiene al PP dubitativo y por el cual ha ido dando bandazos de una posición a otra. 

La derecha duda, y la extrema derecha avanza. La transferencia de voto entre PP y VOX ha pasado de ser del 6% en julio al 10%, según Mario Ríos con base a datos de 40dB. El analista cree que estos números se deben a tres factores: la polémica migratoria en torno a las Canarias, el efecto de la victoria de Trump y el impacto político de la dana.

En datos absolutos la cifra se hace más grave. El PP pierde cerca de 500.000 votantes netos hacia Vox, según la reestimación del analista político y electoral Alejandro Solís con base a los últimos datos del CIS. Otra cifra llamativa es el número de indecisos que tendría el PP, más de un millón de votantes, mientras que VOX solo tiene ahora 200.000 indecisos. El politólogo apunta a que por el tiempo en que se hicieron las encuestas, todo indicaría que al PP le afectaron “las decisiones erráticas” de Feijóo sobre los Reales Decretos ómnibus que afectaban a las pensiones y a la gratuidad del transporte público.

Solís admite que no hay una fórmula clara para frenar a la extrema derecha, si diferenciarse o mimetizarse, “lo que está claro es que el hecho de no tener una estrategia clara está siendo perjudicial para ellos”, asegura. 

Lo mismo le está pasando a Junts, cree Ríos que considera que el cambio de postura a última hora en su apoyo a un gobierno alternativo a Orriols para no apoyar la moción de censura “fue una equivocación”. “Emiten mensajes contradictorios a sus votantes”, y asegura que este es el problema principal de toda la derecha europea, que no sabe si “asimilar” o “confrontar” a la extrema derecha.

El politólogo afirma que el partido de Puigdemont tuvo la oportunidad de lanzar el mensaje de que Aliança Catalana debía estar excluida de los consensos catalanistas antes de que obtuviera la alcaldía de Ripoll en 2023, “pero no lo hicieron”. “Podrían haber tenido su momento Merkel”, considera el politólogo, “pero una vez has dejado crecer la serpiente, se hace grande”. “Ahora los cordones sanitarios no les sirven”, continúa, porque “un 50% de los votantes de Junts ya tienen como segunda opción preferida a la formación de Orriols”, según datos del barómetro del Centro de Estudios de Opinión. En cifras absolutas, los estudios postelectorales estiman que una cuarta parte del voto de Aliança Catalana en 2024 proviene de Junts. Es decir, unos 30.000 votos de los 119.000 que obtuvo en las últimas elecciones catalanas.

El profesor de Ciencia Política de la UOC, Andreu Paneque, matiza la utilidad del cordón sanitario cuando la extrema derecha ya está en el poder. Para él, el cordón impide que “las ideas homófobas y xenófobas no estén en la institución, dónde es más fácil que lleguen al público”. El debate sobre si aplicarlo en Ripoll añade la complejidad de que Orriols cuenta con representación institucional también en el Parlament de Catalunya. El dilema local se ha elevado a escala autonómica. Junts cree que la moción a Orriols hubiera agrandado la fuerza de Aliança Catalana de cara a las elecciones de 2027.

Junts tenía ya un acuerdo programático hecho con el PSC y ERC para formar un gobierno alternativo, afirma Joaquim Colomer, regidor del partido municipalista Som-hi Ripoll. El regidor afirma que el lunes el partido de Puigdemont pospuso una reunión a la que estaba invitado para cerrar los últimos flecos y cuando ya todos tenían el documento programático. Al día siguiente, el secretario general de Junts, Jordi Turull, llegaba a la ciudad para explicar que el grupo municipal y la dirección del partido habían decidido hacer un giro de 180 grados y no dar apoyo a la moción de censura.

La explicación que daban en su comunicado es que la alianza que se había trazado entre PSC, ERC y Junts “aumentaría el victimismo y la confrontación social” de Orriols, cosa que le beneficiaría en las siguientes elecciones de 2027. La mejor opción era construir una oposición “fuerte” y buscar “un gran apoyo popular”. El otro motivo que entra en ecuación es la encuesta que realizó Junts a Ripoll para conocer el grado de aceptación de sus votantes a la moción de censura, que habría constatado la mala percepción de los encuestados ante la acción, como destapó Nació Digital.

Andreu Paneque, cree que Junts hace este movimiento pensando en el 2027. “Ponerse en el gobierno con el PSC es ponerse con el partido que aplicó el 155, y esto genera toda la contradicción posible en Junts”, que debe pelear, como segundo partido más votado en Ripoll, para  mejorar los resultados y superar al independentismo de extrema derecha de Orriols. Los votantes de Aliança Catalana son los que peor puntúan en Cataluña a Pedro Sánchez (3,3) y a Illa (4,2) después de los de VOX, según el Centro de Estudios de Opinión.

El analista Ríos amplía la zona geográfica del problema para Junts y apunta que el partido de Puigdemont se ha quedado con poco poder municipal respecto a las anteriores elecciones. Además una parte importante está concentrada en zonas en las que compite con Aliança Catalana. Junts no tiene la alcaldía en ninguna de las cuatro capitales de provincia. La tiene en capitales de comarca como Olot y Vic, o en pueblos del interior de Girona y Lleida, pero ven como Aliança Catalana le pisa los talones.

Ríos vaticina un escenario para 2027 en el que Junts quizás logre mantenerse como primera fuerza, pero en la que puede necesitar los votos de Orriols para gobernar en los municipios.

“Esto ya pasó con Le Pen en Francia”, explica Xavier Torrens, autor del libro que indaga los orígenes de Orriols, Salvar Catalunya. La gestació del nacionalpopulisme català.  “Empezó ganando en los pequeños y medianos municipios de Francia y ahora está rompiendo los muros de la plaza que le cuesta más, que es París”, considera el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Pese a ello, cree que a Orriols le costará mucho entrar en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, dónde el voto de extrema derecha lo recoge VOX, lo que plantea una situación interesante por la división de la extrema derecha en dos partidos.

Una voz importante del entorno de Junts, como es la del expresidente Artur Mas, se abrió un par de semanas atrás a que Junts “hablara” con Aliança Catalana, sin tejer “estrategias conjuntas”. El secretario general de Junts, Jordi Turull, respondía que “los consejos son bienvenidos, pero las relaciones con otras fuerzas las decide Junts”. Lo que ya pasa en Ripoll y avanzó su portavoz municipal, que Junts Ripoll se abre a pactar las mociones “que sean buenas para su pueblo”, podría llegar a pasar en otros municipios en función del escenario electoral futuro. El problema de escala puede cambiar y el más importante por cercanía se encuentra en la aritmética electoral que resulte de las elecciones en 2027 en el Parlament de Catalunya.

La especulación urbanística en el centro de las grandes ciudades impacta a todas las generaciones, y en esta ocasión los más mayores están siendo los más afectados. Veinticuatro personas que vivían en la Residencia Tàber de Barcelona están siendo expulsadas de un edificio de la calle Gran Via 625. El motivo es el mismo que el de tantos otros bloques del Eixample. Esta vez, un fondo de inversión francés, Activalia Invest, ha comprado el edificio de la residencia y ahora planea transformarla en pisos de alquiler de temporada. El andamio que ahora luce el edificio incluye un gran rótulo en el que se puede leer Liquidación por traslado no deja lugar a dudas. Si no hay cambios de última hora, el edificio quedará vacío antes de finales de mes.

Juan lleva tres años viviendo en la Residencia Tàber. Asegura, indignado, que la dirección aún no ha notificado personalmente a los residentes que tendrán que irse. “Nos enteramos por la asistenta social”, relata, y añade que “después se informó a los familiares de que se reubicará a quienes están con una plaza concertada [con la Generalitat], y que quienes tuvieran plaza privada se tendrían que buscar la vida”.

Esta situación ha indignado a familiares y a las entidades Marea de Residències y Coordinadora 5+1, que este miércoles convocaron una concentración en contra de este desahucio, que afecta a personas de hasta 95 años. “No puede ser que los fondos de inversión se lo estén cargando todo. Se están cargando la vida de las personas”, denuncia María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1.

El caso es que una cincuentena de geriátricos podrían estar en riesgo de sufrir la misma situación en el Eixample porque los contratos de alquiler de los inmuebles que ocupan caducarán próximamente, explica Jaume Artigas, de la Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), que ha realizado una investigación sobre los movimiento especulativos en el mercado inmobiliario del centro de la ciudad. Cinco de ellos, con nombre y apellidos, son propiedad de un gran tenedor que los obligará a marcharse. El caso más inmediato es el de la Residencia Tàber.

“La gestión de la dirección ha sido fatal”, concluye Juan, que vive en la residencia. “Ya sabían en diciembre que el fondo de inversión había comprado el edificio, pero han esperado hasta última hora y luego han dicho: todos fuera”, relata. Además, tres de los residentes que serán desahuciados acababan de ingresar hace apenas un mes, pese a que la residencia ya conocía entonces que el bloque lo había adquirido el fondo de inversión. Toni tiene a su madre ingresada en la residencia y considera que “ha habido mala leche”, porque el día 14 de enero los residentes de plaza privada ingresaron en la residencia y luego el 7 de febrero recibieron el correo de que se cerraba la residencia el 28 del mismo mes. María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1, denuncia que “la residencia ha engañado a los familiares” y que “la sensación es de que han querido cobrar hasta el último minuto”. Hasta el momento, la dirección no ha querido contactar con infoLibre para responder a unas peguntas.

La mayoría de plazas de la Residencia Tàber son concertadas con la Generalitat, que paga una parte del coste. Desde la Consejería de Derechos Sociales e Inclusión, de quien dependen estas plazas, explican a infoLibre que “están trabajando” para ampliar el concierto de plazas en otras residencias de la ciudad y que se darán a conocer a los familiares “una vez se haya aprobado internamente”. Toni explica que “aún no sabe” a qué residencia se reubicará su madre, y se muestra inquieto porque tampoco sabe “quién se hará cargo de los traslados”, si las familias o la dirección de la residencia.

Más difícil lo tienen los tres mayores que ingresaron en la residencia con plaza privada, que con tan solo un mes de plazo deben encontrar otro destino al que ir porque la Generalitat no les asegura una nueva plaza. “Si estás en un contrato de alquiler, la ley dice que el propietario te tiene que avisar con cuatro meses de antelación, aquí nos han avisado con tres semanas”, se queja Toni. “Además, esa misma semana llamaron a la doctora y la echaron”, de modo que lamenta que, desde entonces, ni su madre con alzheimer ni los otros 23 residentes tienen médico.

“Para muchas personas mayores ingresar a una residencia ya es un trauma. Si los vuelves a sacar de lo que era su casa y les rompes la rutina, eso puede generar una bajada en su salud psíquica y física”, considera María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1. “Hay personas mayores que se han hecho amigos o amigas, y si los envían a residencias separadas muchos no entenderán el porqué. Se encuentran descolocados”, explica Elisa Díaz, de la fundación Som Fundació, que acompaña y da apoyo a residentes con discapacidad intelectual. La trabajadora espetó contra la especulación de los fondos de inversión, que “nos está echando a todos de Barcelona”. “Nos iremos todos a vivir al pueblo y dejaremos la ciudad para los extranjeros”, zanja enfadada.

Las entidades convocantes de la concentración pidieron a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona “intervenir” en el mercado de la vivienda para poner coto a la especulación salvaje. “La propiedad quiere vender porque si convierten estas casas en pisos de temporada ganarán el doble, y eso que la Generalitat está financiando las plazas concertadas”, explica Ana Ramírez, de Marea Residències. “Hay un problema de vivienda. Hay mucha gente que se va a quedar en la calle, no solamente en las residencias sino también personas mayores que viven en sus casas o jubilados que no van a poder acceder a un contrato de alquiler”, denuncia María José Carcelén. “Lo que no puede ser es que se traslade a personas mayores como muebles de repente, porque eso tiene un precio en su salud”, zanja la portavoz.

El caso de la Residencia Tàber llegó a la comisión de derechos sociales del Ayuntamiento el martes de esta semana. El consistorio aprobó, a petición de Barcelona en Comú, la mediación del ayuntamiento con la nueva propiedad y también elaborar un informe sobre la situación en la que se encuentran las residencias en el Eixample de Barcelona para poder identificar casos similares. De momento ya hay identificadas cinco residencias en el barrio del Eixample Dret, que estarían afectando a unas 100 plazas y también al centro de día Club d’Avis Les Saleses.

La Residencia Rosa Franch es otro geriátrico que deberá dejar el edificio por culpa de un fondo de inversión. Su gerente, Oriol Agulló, explica que, a diferencia de la Residencia Tàber, en su caso “han hecho los deberes con antelación y tienen una solución que ya han explicado a las partes afectadas”. El edificio de la calle Consell de Cent 403 es propiedad de Optimum RE Spain y fue uno de los once bloques del centro de Barcelona que adquirió la somici entre 2015 y 2016 para “su explotación en régimen de alquiler”. El fondo ya avisó de que no les renovaría el contrato de alquiler cuando se extinguiera este 2025. 

De hecho, la residencia forma parte de la fundación sin ánimo de lucro Les Saleses, que gestiona tres residencias. Las otras dos son Ricard Julià y Ramón Sala, ubicadas en el mismo barrio y en edificios propiedad de grandes tenedores que tampoco renovarán el contrato a la fundación. Pese a ello, el gerente de Les Saleses remarca que llevan mucho tiempo trabajando para encontrar una solución que mantenga las 56 plazas de los tres geriátricos y a todo el equipo de trabajadores.

El distrito del Eixample acoge 81 residencias con 2.906 plazas de las 13.390 que hay en Barcelona, según el Consorcio de Servicios Sociales. El mismo consorcio ha registrado 12.361 peticiones de acceso en lista de espera a plazas públicas, pero puntualiza que no corresponden al total de personas físicas porque una persona puede constar en 3 centros.

No obstante, el tiempo de espera para acceder a una plaza pública evidencia que la oferta en Cataluña sigue siendo insuficiente. Más de la mitad de las residencias tardan más de un año en ofrecer una plaza pública. 

La Consejería de Servicios Sociales e Inclusión tiene en el horizonte el reto de mantener las plazas y a la vez la calidad de las instalaciones. El decreto 69/2020 obligará a las residencias a establecer unos criterios arquitectónicos de calidad, como por ejemplo no tener a más de dos residentes por habitación, cosa que incumplen algunas de las residencias. La patronal de las pequeñas y medianas residencias, UPIMIR, advirtió meses atrás de que aplicar este decreto podría cerrar 12.000 plazas. Una de ellas podría haber sido la plaza de Juan, uno de los internos en la Residencia Tàber que cerrará a finales de este mes, porque él vivía en la misma habitación junto a dos otros internos más.

El Gobierno de Salvador Illa quiere girar como un calcetín el bajo ritmo de producción de vivienda social que ha tenido Cataluña en los últimos diez años. Una tendencia que no es particular de la comunidad autónoma sino que también es la que ha habido en todo el Estado. Para ello, el presidente catalán anunció días atrás que uno de sus objetivos de legislatura es crear 50.000 viviendas públicas en cinco años. Un reto mayúsculo teniendo en cuenta que en los últimos diez años Cataluña ha construido sólo 13.320. El plan de Illa empieza a andar, y este martes el gobierno catalán aprueba la primera convocatoria de reserva de solares públicos para la construcción de vivienda pública.

Para agilizar la construcción en masa de vivienda pública el Gobierno catalán quiere hacer la vida más fácil a los promotores. Ha creado por primera vez un registro autonómico de los solares públicos disponibles de los ayuntamientos y también simplificará los trámites administrativos para iniciar las construcciones. El primer concurso de solares se aprobará en el Consejo Ejecutivo de este martes y habrá otro concurso a lo largo de 2025.

Illa tiene el apoyo de Pedro Sánchez, que acompañó el pasado jueves al presidente catalán en una visita a una nueva promoción de pisos de protección oficial en Sant Boi. La realidad es que entre 2015 y 2023 el número de viviendas protegidas construidas en toda España no llega a 100.000, según el Banco de España. Los economistas de la cátedra UPF-APCE consideran que estos bajos números se deben a que el Real Decreto de 233 de 2013 acabó con los subsidios que recibían los promotores al pedir préstamos para construir vivienda. La cátedra de la Universitat Pompeu Fabra y la Asociación de Promotores de Catalunya aseguran que esa financiación fue “la columna vertebral” de las ayudas a la construcción de vivienda social en los últimos 30 años. Una afirmación que plasman en el informe La vivienda protegida a Cataluña: un descorazonador viaje de 20 años, presentado recientemente en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña.

El salto de escala en la construcción de vivienda pública que plantea ahora el Gobierno catalán abre la pregunta de si será posible crear 10.000 viviendas de protección oficial (VPO) al año cuando en los últimos diez años se han construido 1.300 anuales. La exdirectora del instituto catalán de suelo (INCASÒL), Maria Sisternas, puntualiza que parte de estas 10.000 viviendas también “se pueden comprar, rehabilitar y movilizar del parque vacío”. 

Entre 2013 y 2023 la promoción de vivienda de protección oficial en Cataluña la ha encabezado el sector privado, con un 41% de las viviendas totales, seguido de promotores públicos (29%) y cooperativas y promotores sin ánimo de lucro (25%).

Los economistas de la cátedra UPF-APCE valoran que “por primera vez” en diez años Illa hable de “recursos presupuestarios” concretos para la construcción. El presidente catalán prevé destinar 4.400 millones de euros en cuatro años a políticas de vivienda. No obstante, creen que “costará” hacer el cambio de escala en la producción de vivienda social. Según Miquel Morell y Agustí Jover, dos de los economistas redactores del informe, esta década de baja producción de vivienda protegida no ha permitido consolidar “una estructura de producción” con “gente especializada”. En esto coincide Mireia Sisternas, exdirectora del INCASÒL, aunque puntualiza a infoLibre que la movilización del parque vacío permitiría aumentar un volumen nada desdeñable. Se estima que la SAREB tiene unos 15.000 pisos vacíos en Cataluña. 

El problema principal de la vivienda social en Cataluña se encuentra principalmente en la zona metropolitana de Barcelona. El informe de la cátedra UPF-APCE estima que el 80% de los solicitantes de vivienda de protección oficial residen en el territorio que concentra el 25% de estas viviendas, y la demanda también es más alta allí dónde menos suelo hay.

No obstante, Maria Sisternas, exdirectora del instituto público, apunta que los ayuntamientos en Cataluña han ido recibiendo cesiones gratuitas de un 10% del suelo de las transformaciones urbanísticas para construir vivienda social, lo que ha producido una bolsa interesante que Illa ahora ha empezado a movilizar. Además, añade que la Generalitat tiene en Cataluña “grandes reservas de suelo” gestionadas por el INCASÒL. 

La exdirectora y actual miembro de la Fundación Hàbitat3 cree que sería “una buena noticia” que el mismo instituto público participara de la creación de estas 50.000 viviendas, ya que “se creó para ello”. Antes de la crisis inmobiliaria de 2008 el instituto catalán de suelo producía entre 1.500 y 2.000 pisos anuales. Pero durante el período comprendido entre 2012 y 2022 no construyó ningún piso de protección oficial, ni de venta ni de alquiler, pese a disponer de los recursos económicos de las fianzas que se depositan en el instituto.

Otra fórmula de la que dispone el gobierno catalán para ampliar el parque público es la compra de vivienda. El censo de Población y Viviendas 2021 del INE estima que en la provincia de Barcelona había 213.464 viviendas vacías, y más de 75.000 dentro del municipio de Barcelona. Una situación similar a la de Madrid, con más de 97.000 viviendas vacías en la capital y más de 180.000 en la comunidad autónoma. Con la fórmula del tanteo y retracto el gobierno de la Generalitat ha comprado este febrero 743 pisos al fondo de inversión Divarian en los que vivían familias vulnerables y también el ayuntamiento de Barcelona ha comprado la Casa Orsola.

Ha sido el caso de la Casa Orsola el que ha elevado el debate sobre otra política para ampliar el parque de vivienda de protección oficial en zonas tensionadas. El ayuntamiento aprobó una medida que obligaba a reservar el 30% de las viviendas de obra nueva o de gran rehabilitación a uso social. Jaime Palomera, del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) considera que el problema que tiene la ciudad condal es que los nuevos pisos que se hacen “no son para los vecinos” porque su coste, de media, ronda los 700.000 euros. Afirma que “lo que se necesita básicamente ahora son viviendas de protección oficial” que estén fuera del precio de mercado.

El problema de escasez de vivienda de protección oficial es extensible a todo el Estado. España está por debajo de la zona euro en número de viviendas sociales por cada 100 habitantes, según detalla el último boletín especial del Observatorio de Vivienda y Suelo publicado por el Ministerio. Ahora mismo hay 1,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes mientras que la media europea se encuentra en 3,2.

Según los economistas de la cátedra UPF-APCE, España cambió de rumbo en la financiación pública a la construcción de vivienda social en 2021 y 2022, con la llegada de los fondos Next Generation. Al año siguiente, Sánchez se comprometió a crear 184.000 viviendas en alquiler social o asequible. No obstante, Miquel Morell, uno de los economistas del informe considera que “a las necesidades habitacionales del futuro hay que sumarle la de los últimos diez años en las que ha habido un déficit de inversión”.

El informe del Ministerio de Vivienda apela también a la recesión económica como uno de los hechos que afectaron a la construcción de vivienda en general a partir de 2012 y que impactaron en la producción de vivienda social. 

Este 2025 el presidente Sánchez también quiso anunciar un cambio de rumbo en la política de vivienda social a nivel estatal. A mediados de enero presentó doce medidas para ello, entre las que hay la creación de una nueva empresa pública de vivienda que incorporará 30.000 pisos provenientes de la SAREB durante el primer semestre, un programa de ayudas y exenciones del IRPF a propietarios que alquilen a precios asequibles y otro paquete de 20.000 millones de euros en ayudas al alquiler, compra y rehabilitación que recogerá el Plan Estatal de Vivienda 2026.

La Casa Orsola se ha erigido como símbolo de lucha ante la especulación urbanística que sufre el centro de Barcelona. La historia del inquilino Josep Torrent contra el fondo Lioness Inversiones apela a un sentimiento universal en Barcelona. Por ello ha logrado un respaldo popular tan grande que ha frenado en dos ocasiones el desahucio y ahora la propiedad ha vendido el bloque entero al Ayuntamiento de Barcelona mediante la entidad Habitat3. La capacidad de organización del Sindicato de Inquilinas ha sido clave, pero lo que ha decantado la balanza han sido las miles de personas que han salido a la calle ante la finca y han logrado que se mediatizara el caso. Se podría decir que es la historia de Josep contra Goliat si no fuera porque en Barcelona hay decenas de miles de ‘Joseps’, y precisamente en ello reside la fuerza del movimiento por la vivienda.

Concretamente, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) ha cuantificado recientemente que hay como mínimo 8.716 pisos que están inmersos en un proceso especulativo similar al de la Casa Orsola entre 2016 y 2024. La FAVB ha localizado estos pisos que forman parte de 400 edificios especulativos de gran rehabilitación y 200 de nueva planta. “Son cifras provisionales, quizás serán más”, explica Jaume Artigues, miembro de la Comisión de Vivienda de la FAVB. La Federación avanzó algunas de las conclusiones del informe ‘SOS habitatge: anàlisi de la situació a l’habitatge a Barcelona des del moviment veïnal’, que se presentará en las próximas semanas.

Estos más de 8.500 pisos forman parte de edificios de propiedad vertical en los que ha habido o está habiendo un proceso de especulación y de expulsión de sus vecinos. La FAVB denuncia que “se compran fincas enteras a marchas forzadas”. La cifra cuantificada responde a edificios recién comprados, en fase de cancelar los contratos de alquiler y vaciar el edificio, en fase de rehabilitar o hacerlo de nuevo y en fase de ponerlo en el mercado. La recolección de datos se ha hecho gracias a la colaboración con distintas asociaciones vecinales, la consulta de expedientes de obra, de portales inmobiliarios y de un trabajo específicamente realizado en el distrito del Eixample.

La asociación de vecinos de Nova Esquerra de l’Eixample, barrio al que pertenece la Casa Orsola, ubicó recientemente en el mapa 44 edificios de propiedad vertical en rehabilitación para hacer nuevas promociones. Si ampliamos un poco la lupa, solamente en el distrito del Eixample, la FAVB cuantifica cerca de 200 edificios que se encuentran en una situación similar a la de la Casa Orsola.

El resultado de todo este proceso es el encarecimiento del precio final de la vivienda en el mercado de venta o de alquiler. Jaume Artigues (FAVB) explica que muchas de estas viviendas se dirigen al mercado internacional. “Los pobres no pueden pagar una piscina”, critica Artigues, y se da un proceso que “expulsa a los vecinos al barrio de al lado”.

La diferencia de precio de venta entre un bloque convencional y otro que haya sido comprado por inversión no sólo afecta al centro de la ciudad. La Federación de Vecinos ha cuantificado que en barrios periféricos como Nou Barris puede ser del 90% o del 70% en Sant Andreu. Aunque el comisionado de vivienda de la FAVB también considera que gran parte de este mercado acaba yendo hacia el alquiler de temporada o de habitaciones.

Las vecinas del bloque del C/ Llançà 20, a apenas 500 metros de distancia de la Casa Orsola, son otras de las afectadas por el proceso gentrificador que denuncian las federaciones de vecinos. El conocido como ‘bloque papallona’ (por el elemento de decoración que corona el edificio) también sintetiza el gran problema que tienen vecinos y vecinas cuando un fondo de inversión compra su bloque entero. En su caso, un fondo holandés compró esta finca modernista en julio de 2024 y meses después sus inquilinos recibieron una misiva para echar a quienes estuvieran en prórroga de contrato vía burofax. El objetivo final: echarlos a todos para reformar el bloque, compartimentar los pisos y hacer alquiler de habitaciones. 

La empresa matriz tiene otras fincas en Barcelona, explica Anna Olesti, vecina del bloque y miembro del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya. “Trocear los pisos y alquilarlos por habitaciones les permite poner precios desorbitados y ganar mucho más que alquilando el piso entero”, explica. Para su bloque crearon la sociedad limitada NAD Llansa, pero Anna habla de que hay un NAD Balmes, un NAD Urgell y otro bloque en Gracia, entre otros. Los pisos se publicitan bajo la empresa ‘Enter Coliving’, que ahora ofrece en Idealista más de 350 habitaciones en alquiler en Barcelona a un público objetivo internacional. “Son como hoteles encubiertos, bloques de pisos en los que sólo viven turistas y extranjeros”, concluye Anna.

La historia de la gentrificación se repite en otros bloques de Gracia propiedad de Palau Manfredi, propietario de otro en el Eixample, en Mallorca 243. Esta vez el objetivo de los pisos era reformarlos y venderlos. Esta esta ocasión fue el Sindicato de Inquilinas junto al Sindicato de Vivienda de Gracia quienes organizaron hasta ocho bloques ubicados en distintas calles del barrio de Gracia para negociar con la propiedad de forma conjunta. El objetivo era también frenar los desahucios previstos, renovar los contratos de alquiler y hacer las reparaciones pertinentes en los edificios en mal estado. Un día antes de la manifestación masiva de noviembre sobre vivienda, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona se comprometió, a propuesta de Barcelona en Comú, a comprar los ocho bloques y también el de Mallorca 243 mediante el método de tanteo y retracto. “La clave fue trabajar de forma conjunta y sindicada en los ocho bloques”, explica Gerard Mena, portavoz del Sindicato de Inquilinas, “porque así les hacemos más daño”. Ahora el sindicato exige “cumplir con el compromiso de hacer efectiva la compra de los bloques”.

La mancha de aceite se hace grande y se extiende también a zonas no son tan céntricas, como el caso de Meridiana 374, en el barrio de Sant Andreu. En esta ocasión, Cartañá Assessors subió el precio del alquiler de 1.000€ a 1.900€ en tan solo dos años, relata Carla, una vecina que vivía en el bloque. La propietaria echó a gran parte de los inquilinos tras extinguirse el contrato y los transformó en temporales, lo que le permitía sortear la limitación de precios de ley de vivienda.

Las dos medidas que el Sindicato de Inquilinas cree que permitirían frenar esta situación y que su portavoz, Enric Aragonès, reivindicaba el pasado lunes ante la Casa Orsola, son regular el alquiler de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos y blindar la reserva del 30% de vivienda de protección oficial para nuevos edificios o reformas integrales de edificios.

“Los partidos responsables de que se apruebe la ley que regule el alquiler de temporada pueden ver, con el caso de la Casa Orsola, lo urgente y necesaria que es esta ley”, apelaba Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Catalunya. El otro mensaje era para el Ayuntamiento de Barcelona, a quien acusaba de intentar “desmantelar la reserva del 30% de vivienda protegida”. Para Aragonès, esta medida “evita que sucedan otros casos como el de la Casa Orsola” porque ello incentiva hacer operaciones especulativas en bloques enteros.

Es conocido que el consistorio de Collboni se opone a mantener como está ahora la reserva del 30% de vivienda protegida para nueva construcción o rehabilitación integral porque alega que ello está frenando la construcción de nueva vivienda y limitando la oferta. “El 30% de cero, es cero”, decía Jaume Collboni la semana pasada en el pleno municipal. El alcalde se acoge a las cifras del servicio de licencias del Ayuntamiento de Barcelona según las cuales en seis años sólo se habrían logrado 26 unidades terminadas o en obras para vivienda de protección oficial y habría 80 licencias más concedidas.

No obstante Jaime Palomera, del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) considera “falso que se haya frenado la promoción de vivienda”. El Colegio de Arquitectos de Catalunya registró en 2024 casi 2000 viviendas de nueva creación. Palomera acusa precisamente al ayuntamiento de uno de los motivos por los que la reserva del 30% no ha generado más vivienda protegida en la ciudad. “El ayuntamiento no inspecciona nada y ha habido un fraude enorme por parte de los fondos de inversión”. Palomera y el comisionado de vivienda de la FAVB coinciden en que los fondos de inversión han encontrado fórmulas para saltarse la restricción del 30%. Los fondos piden permisos de obra menor en vez de pedir permisos de rehabilitación integral que sí exige a reservar el 30% de vivienda para protección oficial. 

La otra explicación que da Palomera a los escasos pisos de protección oficial que habrían entrado gracias a la reserva del 30% es que los primeros años la medida tuvo una moratoria que permitió esquivar la norma “a más de 7.000 pisos”, de modo que la medida lleva vigente sólo desde 2021, y no seis años como apuntaba Collboni. Por otro lado, Palomera advierte que el impacto de reformar la medida del 30% y eliminar la obligación para las grandes rehabilitaciones lo que generaría sería “cargarse el dique de contención frente a la especulación basada en la compra de bloques”. 

Jaume Artigues, comisario de vivienda de la FAVB también alerta de que reformar el 30% aumentaría la segregación de la población por barrios, ya que la reforma permitirá enviar las viviendas de protección oficial a barrios más periféricos de la ciudad. Con todo, Palomera concluye que deshacer la medida provocaría un “efecto llamada a la especulación y un proceso peor de expulsión y demolición del tejido vecinal de la ciudad”.

Los más de veinte diferentes y múltiples colectivos en defensa por la vivienda en Catalunya tienen este fin de semana una fecha clave en el calendario. Llevan años organizando el II Congreso de Vivienda de Catalunya que tiene por principal objetivo “crear una organización conjunta y confederal que aglutine los diferentes colectivos”. Marta Espriu portavoz del II Congreso de Vivienda y militante de la PAH Sant Feliu detalla que la finalidad es construir una “estructura formal” que establezca “unas estrategias conjuntas a corto y largo plazo en todo el movimiento por la vivienda”. 

En el Congreso participarán los distintos sindicatos de vivienda existentes, las distintas PAHs, asociaciones de vecinos y otras redes y nodos implicados en el movimiento por la vivienda.

El objetivo es crear una organización confederal similar a la que tiene un sindicato laboral, con el objetivo de mejorar la comunicación y estrategia entre colectivos. Espriu plantea que así puedan “crear un programa político conjunto” y “organizarse por secciones o propietarios”, lo que permite ganar fuerza cuando se abre un conflicto en sitios diferentes contra un mismo propietario a la vez.

La irrupción de la extrema derecha catalana se explica en Ripoll. Allí es donde Sílvia Orriols logró su primer altavoz político ganando la alcaldía en 2023 y gracias a ello Aliança Catalana consiguió ganar otra de sus batallas, entrar en el Parlament de Cataluña. Ahora, también desde Ripoll, ha lanzado un pulso a toda la oposición. O sale reforzada ella o sale un gobierno alternativo entre formaciones ideológicamente alejadas y que deberán hacer equilibrios para entenderse y no caer en la debilidad.

Sílvia Orriols decidió examinarse en una cuestión de confianza este jueves tras no lograr suficientes apoyos parlamentarios para sacar adelante sus presupuestos municipales. Orriols perdió la cuestión de confianza, y ahora les toca a Junts, ERC, PSC, CUP y a Som-hi Ripoll entenderse para acordar un gobierno de concentración en el plazo de 30 días. Si lo logran deberán encontrar puntos de unión en lo que Orriols consideraba el jueves “un pacto antinatura”. Si no lo logran, los presupuestos de Aliança Catalana saldrían aprobados y su imagen reforzada.

No obstante, a diferencia de lo que pasó en los pactos posteriores a las últimas elecciones municipales, ahora parece que Junts podría apoyar un gobierno de concentración. Muy descontenta está la portavoz del partido, Maria Soldevila, con los 18 meses de gobierno de Aliança Catalana. Considera que “ahora Ripoll está en boca de todos por la polarización que fomenta (Orriols)”, a quien critica gobernar “a fuerza de tuit” y sin llegar a acuerdos con la oposición.

Los tres votos de Junts son claves. Lo demostró Manoli Vega, la anterior portavoz de Junts. Ella no se puso de acuerdo en 2023 con los demás partidos de la oposición y luego dimitió cuando Orriols logró la vara de alcaldesa. La líder de Aliança Catalana dejó un recado el pasado jueves para Junts. “Nosotros divisamos en los resultados (electorales de mayo) una reválida y una aprobación de la gestión municipal y vosotros hicisteis otra lectura y divisasteis un peligro”, recalcando su presencia en el Parlament de Catalunya. El partido de Puigdemont rechaza plantear “cordones sanitarios” pero estaría dispuesto a formar un gobierno de concentración.

El hecho de que haya sido la misma Orriols quien haya planteado la cuestión de confianza es leído por el analista político de la UOC Andreu Paneque como un movimiento de la formación pensando a futuro. “Orriols ha usado la política local como plataforma para entrar en la política catalana. Como ahora ya tiene un altavoz en el Parlament, se permite presentar una cuestión de confianza y arriesgarse a perder la alcaldía”. Las elecciones catalanas le sirven a Aliança Catalana de termómetro para conocer su apoyo en las calles. El partido pasó del 30% de los votos en las municipales a obtener un 33% en las catalanas.

Para Andreu Paneque, esos resultados son justamente los que le impiden al partido de Puigdemont hablar de “cordón sanitario”. El politólogo cree que “Junts intenta no enfadar a los votantes de Aliança Catalana” porque el trasvase de votos más claro está entre ambos partidos. La formación de Puigdemont se dejó un 25% de los votos en las últimas municipales, una cifra parecida a la del crecimiento del partido de Orriols. “Junts intenta ganar varios frentes a la vez, uno es el que tiene con ERC, lo vemos con la dureza que tienen hacia el PSOE en Madrid, y otro es con Aliança Catalana”, considera Paneque.

El analista también ve reverberaciones del impulso de Aliança Catalana en Vox. Paneque considera una señal de ello que Ignacio Garriga, su líder en Catalunya y secretario general del partido, hiciera la semana pasada en TV3 una entrevista íntegramente en catalán, algo que no había ocurrido antes. 

ERC cuenta con tres de los nueve concejales necesarios para construir un gobierno alternativo, y fuentes del partido han afirmado haber “iniciado un proceso de conversaciones” para llegar a un acuerdo. “Las relaciones entre la oposición son buenas, pero debemos ver cuáles son las condiciones de cada uno”, explicó su portavoz Chantal Pérez tras la cuestión de confianza. 

Enric Pérez, portavoz del PSC en la ciudad, también afirma a infoLibre que las relaciones entre la oposición son buenas y confía en lograr un acuerdo. “En este tiempo Orriols nos lo han hecho pasar mal, facilitaremos que no haya gobierno de extrema derecha en Ripoll”, asegura Pérez. También la CUP y la formación de independientes de Ripoll quieren echar a Orriols de la ciudad. “Su forma de pensar y la nuestra distan mucho”, le decía el jueves el independiente Joquim Colomer a la líder de extrema derecha. 

El portavoz de la CUP, Dani Vilaseca, añade que “Orriols quiere vender un acuerdo de la oposición como un ataque a su persona o un cordón sanitario, pero la realidad es que en todo este tiempo no ha llegado a acuerdos con nadie y tiene un gobierno en minoría”.

“Esa minoría es la que le genera incomodidad a Orriols”, remarca Paneque. Según el analista político, la líder ya tiene la estrategia hecha y se asemeja a la de las extremas derechas internacionales. Al finalizar el pleno, la líder de Aliança Catalana afirmó que si finalmente se construye una alternativa, esta sería “ilegítima”, y “antidemocrática”. “A Orriols le podría interesar ir dos años a la oposición y buscar aumentar su mayoría en las próximas municipales lanzando una estrategia de difamación”, considera Paneque.

La voluntad entre los partidos de llegar a acuerdos está encima de la mesa, y Paneque también cree que si construyen una alternativa, “tienen la posibilidad de demostrar las flaquezas que ha tenido el gobierno en minoría de Orriols”. Por ejemplo, el portavoz del PSC remarca que es imprescindible tener presupuestos en los que haya “una financiación complementaria” para que la ciudad no pierda un fondo de 2,4 millones del Next Generation. Algo complejo si no se llegan a acuerdos con partidos de la oposición, una de las cuestiones que critican la mayoría de grupos parlamentarios hacia la política de Orriols.

El concejal del PSC también cree que puede ser más fácil lograr un acuerdo ahora que tras las elecciones municipales, porque se puede poner más distancia a los encontronazos que ocurren durante la campaña electoral y porque ha habido también cambios en la portavocía de algunos partidos. “Este gobierno ha creado una situación tan enrarecida y extraña que la experiencia nos hace pensar que es necesario afrontar un cambio” apunta Pérez. “Aliança Catalana tiene una política de, o estás conmigo o estás contra mí, muy poco democrática. Debemos devolver la normalidad a Ripoll, con relaciones fluidas, diálogos y acuerdos, empezando por el ayuntamiento”.

Ahora, el trabajo está en encontrar el mínimo común denominador entre los programas de los partidos. El contador ha empezado a correr y tienen treinta días para presentar una moción de censura con un candidato.

Cataluña ha firmado un acuerdo de colaboración con la OCDE para mejorar el rendimiento de sus alumnos en competencias básicas y revertir los malos resultados de los últimos informes PISA. Es una de las comunidades autónomas que más retrocede en todas las tres competencias evaluadas desde 2012. En el último examen del 2022 los alumnos catalanes sacaron entre 30 y 40 puntos menos respecto al examen de 2015 en matemáticas, ciencia y comprensión lectora, lo que en términos evaluativos se considera como retroceder un curso académico.

Estos resultados han empujado al gobierno de la Generalitat a buscar fórmulas para salir del suspenso en PISA, como el acuerdo al que ha llegado Salvador Illa con Andreas Schleicher, responsable de Educación de la OCDE. El convenio durará cuatro años y tendrá en 2025 una primera fase de diagnóstico y asesoramiento. Los resultados de la colaboración no se notarán hasta dentro de dos exámenes, ya que los alumnos se examinarán del próximo PISA esta primavera y el convenio se implementará a lo largo de 2026.

Hay un cierto consenso positivo entre los expertos consultados sobre el acuerdo con la OCDE. “Permite poner el foco en el problema”, dice el jefe de proyectos de la Fundació Bofill, Miquel Àngel Alegre. “Si todos nos unimos y remamos hacia el mismo sentido, suma”, opina Laura Morera, doctora en Didáctica de Matemáticas (UAB) y miembro de la organización educativa Innovamat. No obstante, entre costuras se abre algo de recelo ante la posibilidad de que el convenio deje en un cajón los análisis de las entidades locales, que llevan años estudiando la situación. 

“Quiero pensar que el convenio con la OCDE abrirá también una conversación para recoger los puntos de vista de quien trabaja en las aulas”, considera Laura Morera. “Es necesaria mucha cooperación entre quienes toman decisiones a nivel global y quienes las toman a nivel micro”. Más crítico fue el exadjunto al Síndic de Greuges de infancia y experto en educación, Jaume Funes, que considera que “hay suficiente reflexión educativa e innovación para pensar qué hacemos con la escuela catalana sin la OCDE”. Fuentes de la OCDE explican que el acuerdo de cooperación se centrará en estudiar “estrategias que hayan sido eficaces a nivel internacional y puedan ser relevantes para Cataluña”.

infoLibre ha recogido cuáles son las propuestas de la Fundació Bofill, Associacions de Famílies Federades de Catalunya (aFFaC), Comisiones Obreras y de otros expertos. Los consultados consideran que Cataluña debe mejorar en desigualdad económica, segregación escolar, financiación o el uso de la tecnología en las aulas. Además, también consideran que la inmersión lingüística no tiene correlación con los malos resultados en el PISA.

La desigualdad se agrava en las escuelas catalanas. Es la conclusión a la que llega el reciente anuario de la Fundació Bofill sobre el estado de la educación en Cataluña. La fundación recoge que el pasado PISA ha incrementado sobre todo las desigualdades entre el alumnado con estatus socioeconómico alto y bajo en las tres materias estudiadas. El de estatus socioeconómico inferior ha retrocedido entre 15 y 16 puntos más respecto del alumnado con mejor estatus socioeconómico. 

Para Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos de la Fundació Bofill el PISA “no es el único indicador de que se está agrandando la desigualdad en las aulas catalanas”, también lo son los niveles de abandono escolar o quien llega a la universidad. El anuario recoge que el 20% de los jóvenes pobres abandonan los estudios, una cifra diez veces mayor que los jóvenes con más poder adquisitivo. Por otro lado, los jóvenes de orígen extranjero abandonan tres veces más los estudios que los de nacionalidad española.

Cataluña tiene aproximadamente un 25% de sus alumnos de primaria y secundaria (235.000) con necesidades educativas por dificultades socioeconómicas. Para atender a esta situación hay 1800 profesionales de atención educativa, lo que para el jefe de proyectos de la Fundació Bofill “es una insuficiencia muy clara de recursos”. 

Según Alegre, lo más complicado es reducir la segregación en centros escolares por renta.  “Sabemos que debe incrementarse el número de profesionales, estará bien si la OCDE lo dice, pero ya lo sabemos ahora”, remacha. Además de más recursos y profesorado, otra medida que plantea es que las escuelas de alta complejidad tengan cuotas máximas de alumnos extranjeros para favorecer la heterogeneidad en los centros.

De hecho, una revisión más extensa al informe PISA demuestra que Cataluña no sólo suspende en matemáticas, ciencia y comprensión lectora, es también la comunidad autónoma que peor nota del estado saca cuando se pregunta al alumnado por su “sentido de pertenencia a la escuela”, es decir, cuando se pregunta a alumnos si “hacen amigos fácilmente”, “se sienten integrados”, “marginados” o “solos”.

Esta semana el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha informado que uno de cada tres niños vive en España en riesgo de pobreza y exclusión social. Una situación que en Cataluña afecta a la educación. Por eso la Fundació Bofill explica en su anuario de 2024 que los resultados no sólo se solucionan con políticas educativas, sino que también necesitan “políticas sociales y de salud”.

Funes, exadjunto al Síndic de Greuges de infancia en Cataluña y experto en educación, plantea que “reducir las horas de la jornada laboral sin reducir salario” puede ser también una herramienta para que las familias puedan implicarse más en la educación de sus hijos e hijas. “El alumnado con familiares que no asisten a reuniones con el profesorado y no se implican en su educación tienen menos probabilidades de éxito educativo”, coincide Lidón Gasull, de aFFaC. Precisamente, una de las primeras recomendaciones del responsable de Educación de la OCDE para Cataluña hechas esta semana ha sido incentivar “más participación de las familias” en el sistema educativo.

La primera explicación dada por la consejería de Educación del anterior gobierno de Aragonès sobre los resultados del PISA fue responsabilizar a la población migrante de los resultados. No obstante, tanto la Fundació Bofill como CCOO y aFFaC consideran que el problema está en los niveles de segregación escolar. Algo que la actual consejería de Educación ya tiene en sus manos poder corregir sin necesidad de esperar a las conclusiones de la OCDE.

La radiografía de la segregación demuestra que Cataluña tiene 410 centros de alta complejidad, los mismos que hace ocho años. Si bien es cierto que el Parlament aprobó un Pacto Contra la Segregación Escolar en 2021, la directora de la asociación de familias (aFFaC), Lidón Gasull, considera que “no está funcionando el reparto de alumnos vulnerables”. El plan daba más recursos a las escuelas privada y concertada para acoger a estos alumnos, pero un informe del Síndic de Greuges de Cataluña de 2024 concluye que “las medidas del Pacto no logran revertir la situación de ‘guetización’ que sufren muchos centros de elevada complejidad” debido al “rechazo por parte de las familias a escolarizar a sus hijos o hijas con una alta elevación de alumnado vulnerable”.

Teresa Esparbé, responsable de Educación de CCOO en Cataluña, considera que mientras no se logra reducir la segregación a largo plazo, hay que hacer “un plan de choque” en estas escuelas para “dotar de más ayudas para materiales y becas en ocio educativo”, ya que muchas familias no pueden pagarlo. Según Esparbé, no hacer ocio educativo supone para algunos jóvenes “hacer un año académico menos”.

Otra de las explicaciones de la desigualdad cronificada en los centros escolares catalanes y de la segregación está en la financiación. Cataluña aún no ha recuperado el nivel de 2009 en inversión por estudiante no universitario (5.465€), y también está por debajo de la inversión media del estado (5.882€), según datos de la Fundació Bofill. Pero además, es de las comunidades autónomas que menos ha evolucionado en inversión en políticas sociales desde 2009 en cuantías absolutas (sanidad, educación y servicios sociales): según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales es la penúltima tras Castilla y La Mancha.

Pese a las cifras, Cataluña ha llegado recientemente a tener la misma ratio de profesores por alumno que en 2009, antes de los recortes. No obstante, Alegre añade que ahora hay un “alumnado mucho más complejo”. 

Un 27% de los alumnos se encuentra en riesgo de pobreza y además es también una de las comunidades autónomas del estado con una mayor tasa de alumno migrante (24%). Por ello plantea un cambio en la forma de financiar los centros educativos. La Fundació Bofill cree que un sistema que podría reducir la segregación y la desigualdad en las escuelas sería financiar en función de la complejidad del alumnado y de las necesidades de la realidad social de los centros, y no en función del número de alumnos que tienen, como pasa ahora.

Tras los resultados PISA, la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) publicó un informe en el que criticaba que en el 99,4% de los centros educativos la lengua vehicular fuera el catalán, algo que impacta de forma negativa en los resultados de la población castellanohablante.

No obstante, cuando se analizan los resultados del alumnado en función de su lengua materna descontando el ISEC, (índice Social, Económico y Cultural) las diferencias se anulan, explica Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos de la Fundació Bofill. Este descuento se hace porque “los estudiantes cuyos padres tienen niveles más altos de educación, trabajos prestigiosos y más remunerados se benefician de privilegios económicos, sociales y culturales”, como explica mismo informe PISA.

El mismo informe de la AEB informe consideraba que las aulas de acogida “deberían focalizar los objetivos en facilitar la integración del alumnado en las aulas, pero sólo se persigue que los alumnos dominen el catalán”. Algo que critica Funes. El experto en educación considera que “el catalán no puede ser una lengua académica sino que debe ser una lengua de vida, porque sino se quedará en una lengua dominada”.

Estudios recientes demuestran que cada vez el uso en las calles ha ido reduciéndose, y ahora su uso no llega al 50% en ninguna franja de edad según el Centro de Estudios de Opinión catalán. De hecho, es en el rango de edad menor, de 16 a 24 años, cuando se ve más acentuada este caso. Un 57% de hombres y un 53% de mujeres en Cataluña entre 16 y 24 años usan el castellano como primera lengua.

El gobierno catalán ha invertido cerca de 200 millones de euros en digitalizar las aulas entre 2020 y 2023 con fondos provenientes de Next Generation. El Plan de Educación Digital de Cataluña ha suscitado algunas críticas debido a que la tecnología no ha llegado acompañada de un plan para sacarle un beneficio pedagógico real. La evidencia de ello es que desde hace dos años se ha creado el colectivo ‘Coordinadors Digitals en Lluita’, que agrupa a profesionales de centros de Cataluña que reclaman un aumento en las horas asignadas a la coordinación digital y cobrar las formaciones que han hecho y no se han pagado. De hecho otra de las recomendaciones del responsable de Educación de la OCDE esta semana ha sido reducir el tiempo de las pantallas en las aulas. 

No obstante, Laura Morera, doctora en Didáctica de las Matemáticas, considera que si no hay un abuso de pantallas, la tecnología puede ser positiva para mejorar los resultados en matemáticas o ciencias. Realizar ejercicios en ordenadores permite al profesorado monitorizar de forma inmediata la curva de aprendizaje del alumnado y tener una atención más personalizada, sin tener que esperar a monitorizar a través de exámenes, y pudiendo asesorar o ofrecer ayuda con más agilidad.

La doctora de la UAB considera que los últimos resultados en PISA demostraron que el alumnado catalán es bueno en memorizar, pero debe mejorar en relacionar conexiones entre ideas y razonar. “Es importante aumentar el nivel de razonamiento, porque memorizar ya lo hacen las máquinas”, concluye Morera.

La última Junta de Seguridad entre el gobierno de la Generalitat de Cataluña y el gobierno estatal levantó una larga polvareda entre el PSC y las formaciones que deben apoyar sus presupuestos. El teléfono del 112 ha estado en uno de los dos focos de la polémica catalana de estas semanas junto al traspaso de competencias en seguridad a los Mossos en puertos y aeropuertos. Dos semanas más tarde, esa polvareda parece que se está disipando, pero continúa habiendo un conflicto en el teléfono de emergencias catalán. Hace más de un año que los trabajadores de atención telefónica del 112 se alzaron en huelga y a diferencia de la riña política, el conflicto laboral no parece que vaya a resolverse con prontitud. El comité de empresa denuncia que esta situación está afectando a la calidad del servicio de emergencias. 

El teléfono 112 tiene unos 300 trabajadores externalizados entre dos sedes a la empresa Serveo, propiedad del fondo de inversión Portobello Capital. Sus trabajadores denuncian que en un servicio esencial como es el de las emergencias ellos hace años que están bajo un convenio laboral de telemarketing. De hecho, la misma situación está sucediendo en muchas comunidades autónomas. En Andalucía los trabajadores del 112 también están en huelga para pedir la integración de su servicio en la Agencia de Seguridad y Emergencias andaluza. En trece de las diecisiete comunidades el convenio laboral del 112 está externalizado y en el caso de Andalucía, como en el de Cataluña, el convenio de sus trabajadores es el mismo que el de un ‘call center’. 

En agosto de 2023, los trabajadores de la sede de Reus (Tarragona) se alzaron en huelga. Luego la secundó la sección de Zona Franca (Barcelona) y aún dura a día de hoy, en la que prestan servicios mínimos del 85%. El servicio mínimo es tan elevado porque aunque trabajan para una empresa privada, las llamadas a emergencias es un servicio esencial, relata uno de sus trabajadores que quiere mantener el anonimato. “Pedimos estar integrados en el servicio público porque ahora tenemos lo malo de ser un servicio esencial y lo malo de estar en una empresa privada”, se queja el trabajador.

Martí Vallvé, delegado de la CGT en el comité de empresa del 112 de Reus, asegura que la precariedad laboral en la que se encuentran los trabajadores “tiene una repercusión en la ciudadanía”. El sindicato lleva más de un año denunciando, entre otras cosas, que sus trabajadores tienen una sobrecarga horaria que ha derivado en el pasado en problemas de salud mental y bajas laborales. 

Pero Vallvé también denuncia que se incumple la ratio de coordinadores por cada gestor telefónico del 112 y que ha habido franjas horarias sin gestores con conocimiento de francés, dos de las obligaciones que la empresa Serveo contrajo con la Generalitat en su contratación.

Entre febrero de 2022 y marzo de 2023 la empresa tuvo cada mes una o más infracciones por incumplimiento del servicio pactado. Fueron sancionadas casi con casi 70.000€ por “incumplimiento en el nivel de objetivo de servicio”, “demoras en el servicio de traducción de idiomas”, “no cobertura mínima de alemán” o “incumplimiento en la calidad de la comunicación y operativa de la llamada”. 

Martí Vallvé afirma que “las mismas infracciones siguen existiendo ahora”. Serveo no ha respondido a la consulta de infoLibre sobre esta cuestión, y fuentes del CAT112 explican que las penalizaciones relativas a incidencias puntuales en la prestación del servicio se liquidan mensualmente.

El delegado sindical afirma que las condiciones laborales en el teléfono de emergencias genera picos de trabajo con “más tiempo de espera” del que debería haber y también que se generen “llamadas perdidas”. Es decir, considera que tiene un efecto en la atención a la ciudadanía. Vallvé asegura que durante la semana pasada el servicio llegó a tener colas de espera de entre un minuto y cuarenta segundos cuando la obligación por contrato es atender el 95% de las llamadas en un tiempo por debajo de los 10 segundos. Otro trabajador consultado por infoLibre también confirmó que la semana pasada hubo colas de espera. 

El convenio de contact center estipula un salario base de 16.900€ al año para los gestores telefónicos. “Es un salario base bajo”, se queja Vallvé. Sobre esta base hay complementos salariales de nocturnidad o por idiomas, pero se cobran proporcionalmente a la jornada laboral, y según el delegado sindical de la CGT, la mayoría de la plantilla está a tiempo parcial.

De hecho, Vallvé asegura que “es inviable” trabajar 39 horas a la semana, como marca el convenio. “La gente coge una depresión”, afirma Vallvé, al tener que gestionar de forma prolongada situaciones de emergencia con las exigencias de tiempo que marca el trabajo, lo que genera estrés. 

“Hay gente que se ha suicidado durante la llamada, relata uno de los trabajadores del 112. “Otra gente te habla chillando o te insulta por la situación que sufre, otra que te cuenta que le están robando”, continúa el trabajador, “y a la vez debes mantener la calma y pensar en hacer las preguntas correctas de protocolo porque todos pasamos una evaluación que lo exige”.

El sistema de calidad que tienen los gestores telefónicos del 112 se basa en una evaluación mensual de rendimiento. Cada mes se evalúan tres llamadas de cada trabajador en las que se puntúa cuestiones como la empatía, la profesionalidad en el trato, las correctas preguntas durante la llamada o la correcta localización de la ubicación de la emergencia y el tiempo que se tarda en enviar el informe a los servicios de emergencias. “A veces la persona detrás del teléfono no entiende por qué haces las preguntas protocolarias pero te pueden sancionar en la evaluación si no las haces, y otras veces en la evaluación te dicen que no las hagas”, explica el trabajador del 112, que también considera que critica cierta arbitrariedad en la evaluación. “A veces da la sensación de que siempre lo haces mal”, se queja.

Las ratios de horarios, los salarios bajos y el estrés del trabajo llevó a que un 15% de la plantilla cogiera la baja laboral a mediados de año, muchas por situaciones de salud mental.

Uno de los gestores telefónicos del 112 considera que falta prevención primaria y secundaria por los riesgos del trabajo. “Cuando ya estoy mal, entonces se actúa”, explica el trabajador. Hay situaciones de riesgo laboral identificadas pero como estamos en un convenio de telemarketing no se tienen en cuenta. “Cuando la gente ya tiene la depresión o el ‘burnout’ entonces se ofrecen 5 sesiones de psicólogo, pero se acaba ahí”.

El sindicato propone rebajar las horas del convenio laboral. “Lo ideal sería bajarlo a 32 horas semanales”, afirma Martí Vallvé. Se da la paradoja de que la misma empresa que se niega a bajar de las 39 a la semana para el servicio del 112 en Cataluña, sí rebajó los contratos a 35 horas semanales en el 112 de Castilla-La Mancha en 2022.

Otro servicio que también está externalizado con un convenio de telemarketing es el valenciano, a la empresa Ilunion. Martí Vallvé cree que el colapso del servicio que sucedió durante la Dana podría pasar en el 112 catalán porque el servicio “no está dimensionado para momentos de pico de llamadas”.

El sindicato afirma que los comités de empresa de distintos 112 a nivel estatal se están organizando para movilizarse conjuntamente en las próximas semanas porque a raíz de la Dana en Valencia se ha evidenciado que en muchas otras comunidades, como en Galicia o el País Basco, el servicio también está “privatizado” y el trabajo “invisibilizado”.

Apenas hace un mes que la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, se reunió con el comité de empresa de la CGT junto con la directora del CAT112, Irene Fornós. El PSC llevaba la internalización del 112 en su programa. Fuentes del CAT112 consultadas por infoLibre aseguran que “se están analizando los estudios para avanzar en la cuestión”. Interior debe coordinarse con la consejería de economía para dimensionar los recursos económicos necesarios para decidir si es viable la internalización o no.

Por el momento, el contrato con la empresa Serveo está prorrogado un año hasta marzo de 2025 y puede prorrogarse un año más, ya que el mismo contrato lo prevé.

Martí Vallvé pide que el proceso de internalización se haga “de la mano con el sindicato y no de espaldas a él”. Ahora mismo hay 35 personas internalizadas que forman parte del CAT112, aunque no son los trabajadores que atienden las llamadas. La directora del teléfono de emergencias catalán, Irene Fornos, cambió los estatutos del CAT112 el pasado julio, con la principal novedad de ello permitirá tener un convenio propio para el servicio. Pero esto de momento sólo afectará a las 35 personas internalizadas. “Nosotros queremos integrarnos en el CAT112”, explica Vallvé, “y no tendría sentido que 35 personas negocien un convenio sin los 300 trabajadores que hacen tareas telefónicas”.

La riña política que estalló la semana pasada dejó fuera a las policías locales de la integración telemática en el 112. Junts, ERC, la CUP y Comuns exigieron al presidente Salvador Illa comparecer en el Parlamento a raíz de los acuerdos en la última Junta de Seguridad. Los partidos pidieron explicaciones sobre la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el teléfono 112 de emergencias catalán, algo que de hecho, ya habían estado negociando los gobiernos de Junts y de ERC desde 2017. Tras los acuerdos de la Junta de Seguridad del 5 de diciembre, Carles Puigdemont llegó a acusar en redes sociales que la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el 112 “descatalanizaba” el servicio.

La integración, a la práctica, significaba que los gestores telefónicos derivarían los servicios a la Guardia Civil y la Policía Nacional por vía telemática en vez de hacerse por vía llamada telefónica. Fuentes del CAT112 aseguran que en todo 2024 sólo se han derivado 181 casos a la Policía Nacional y 57 a la Guardia Civil, mientras que se han producido 989.000 avisos a los Mossos d’Esquadra. Salvador Illa se defendió este miércoles diciendo que “no permitirá que la falta de coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad pongan en riesgo a la ciudadanía de Cataluña”.

Martí Vallvé, delegado sindical de la CGT del 112, lamenta que una “polémica falsa” haya derivado el “foco del problema real” que tiene la ciudadanía, que es que la policía local no se integrara en este proceso telemático, y por lo tanto los trabajadores tendrán que avisar de forma telefónica. Una llamada muy habitual es la que se hace por molestias vecinales, que se deriva a las policías locales, y ahora sólo hay integrada la Guardia Urbana de Barcelona. El delegado sindical considera que no integrarlas “ralentiza” el tiempo en el traspaso de la información.

La comparecencia de Illa en el Parlamento catalán significó también el final de unos primeros meses de oposición plácida del presidente catalán. El cambio de rumbo en la oposición, que exige avances en sus compromisos por los pactos de investidura, coincide también con una nueva etapa con las direcciones de Junts y ERC votadas y renovadas por su militancia. Andreu Paneque, profesor en Ciencia Política de la UOC, considera que la renovación de las nuevas direcciones “reconfigura los posicionamientos de los partidos” y “hay una cierta causalidad” entre este hecho y el cambio de rumbo hacia una oposición más dura. Además, el tema más relevante en la sociedad catalana ya no es la distribución territorial o la independencia “sino que la pelea se da en cuestiones más materiales”, como el avance en el autogobierno.

Oriol Junqueras se ha impuesto por un 52,2% de los votos y volverá a presidir el partido con el apoyo de 3.437 militantes ante Xavier Godàs, que se ha quedado en el 42,2%, es decir 2.777 votos. La segunda vuelta ha certificado la victoria de la candidatura de Militància Decidim, que en la primera vuelta se quedó a las puertas de lograr la victoria definitiva.

La candidatura de Junqueras partía como favorita porque ninguna de las dos candidaturas que se batían en duelo lograron integrar a la tercera que quedó fuera en la primera vuelta, y por lo tanto no lograron recoger el voto de Foc Nou, que obtuvo un 12% del apoyo de los afiliados. De este modo, Oriol Junqueras volverá a presidir el partido tras 13 años en su cabeza, ahora con Elisenda Alemany de número dos y una candidatura que tendrá veinticinco miembros que nunca antes habían estado en la ejecutiva del partido.

Finaliza así el pedregoso camino por el que ha pasado la militancia de ERC para decidir a su nueva cúpula directiva en el Congreso Nacional. Una campaña electoral que volvió a demostrar la división interna que existía en el partido entre el sector junquerista y el de Xavier Godàs, apoyado por Marta Rovira y Pere Aragonès. “Las relaciones han quedado tocadas”, advertía Godás a Junqueras durante el debate electoral de esta semana en la sede del partido.

Pese a ello, la participación ha vuelto a ser histórica y ha superado a la votación de la primera vuelta de hace quince días. De los 8.032 militantes inscritos para participar, un 81,98% ha votado en esta ocasión.

Ahora Oriol Junqueras tiene el reto de unificar un partido que ha sufrido fuertes tensiones internas en los últimos meses, reconectar con la ciudadanía y proponer una hoja de ruta ilusionante que recupere a votantes para su partido, encauzar las relaciones con el partido socialista y, a la larga, definir también quién será el candidato a la presidencia de la Generalitat del partido. 

La recta final de la campaña electoral había elevado el tono entre la candidatura de Godàs y Junqueras. Godàs afirmó durante los debates electorales que la contienda de los últimos meses había afectado a las relaciones personales, pero fue tras el resultado electoral que el líder de la candidatura de Nova Esquerra Nacional denunció este sábado “insultos" y “desautorizaciones” de “militantes que traspasaron el límite del respeto”. El líder de Nova Esquerra Nacional afirmó que será necesario “trabajar codo con codo” para “recoser” el partido, pero también exigió no traspasar más esos límites.

Lo que también dejó claro Godàs es que no participarán de la Comisión de la Verdad que plantea Oriol Junqueras. “No queremos ningún órgano paralelo a los órganos de partido”, afirmó Xavier Godàs. Ambas candidaturas discrepaban en la forma para investigar la estructura B. Junqueras siempre ha afirmado que desconocía ese nivel que se encargaba de una estrategia de comunicación al margen de la oficial y que publicó los carteles de falsa bandera de Ernest Maragall. Pero un informe interno filtrado antes de concluir el proceso de investigación le salpicó. Ahora Junqueras quiere que sea una Comisión de la Verdad, externa a los órganos del partido y liderada por Joan Tardà, quien realice la investigación.

La estructura B ha sido el origen de los reproches y desencuentros entre los junqueristas y los roviristas y ha dividido el partido hasta llegar al punto de convocar el congreso nacional que se ha resuelto con la victoria de Junqueras. El proceso vivido por el partido en los últimos meses deja una formación altamente dividida entre dos grupos apoyados por un 52,2% y otro 42,2% de la militancia. El reto de la dirección ahora será unir estas dos militancias enfrentadas.

“Sólo hay un partido, aseguró Junqueras este sábado tras conocerse el resultado electoral. “El tiempo de las candidaturas se ha acabado” y “la democracia ha decidido”, continuaba. Pero lo cierto es que ahora el líder de ERC tiene que hacer que esas palabras sean creíbles. En el aire está la duda, por ejemplo, de si se renovará alguna portavocía del partido. “Estamos a favor de la continuidad de lo que es bueno y de la renovación de lo que se puede mejorar”, ha afirmado el nuevo presidente.

ERC deriva la presión ahora hacia los compromisos de investidura de Illa y Sánchez. Tanto Godás como Junqueras, y también la tercera candidatura, la de Foc Nou, que no logró pasar a segunda vuelta, consideran que el PSOE debe dar pasos de mayor calado en el cumplimento de los acuerdos, y sitúan dos cuestiones urgentes, cumplir con la condonación en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y con avances claros en la financiación singular.

Junqueras ha sido tajante en este sentido. “No habrá nuevos acuerdos con quien no cumpla los que están establecidos”, afirmó. El presidente considera que con anterioridad el partido ha podido ser más permisivo y eso está en la causa de que una parte de sus votantes hayan “perdido la confianza”, pero “eso ya no pasará” en la “nueva” ERC. Eso significa en la práctica que, si el PSOE no avanza en la condonación de la deuda y en la financiación singular, ERC no apoyará los Presupuestos de Illa ni de Sánchez.

El acuerdo entre ERC y el PSOE de noviembre de 2023 incluyó la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado, unos 15.000 millones de euros. ERC acordó además con el PSC que la futura hacienda catalana podría recaudar los impuestos de la renta de 2026, pero ahora cree que los avances en financiación están yendo más lentos de lo que deberían ser para cumplir el calendario acordado. La Agencia Tributaria Catalana no cuenta, por ejemplo, con los recursos materiales ni con los trabajadores suficientes para llevarlo a cabo.

Otro reto importante para el líder de ERC será recuperar la confianza de los votantes desencantados y mostrarse como un candidato presidenciable. Oriol Junqueras ha afirmado que quiere volver a ser el candidato del partido a presidente de la Generalitat. No obstante, el último Barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) señalaba sólo un 18% de los votantes de ERC le consideraban como el líder preferido para presidir un gobierno catalán. De hecho, un 76% de los simpatizantes de ERC no elegirían a ningún miembro de Esquerra como president. Y si la pregunta se hace a toda la sociedad catalana, el porcentaje de apoyo a Junqueras baja al 3%, frente al 11% que tiene Puigdemont o al 18% de Illa. No obstante, estos datos salieron a la luz cuando Junqueras ya no era presidente del partido y formalmente era sólo un militante. En marzo, cuando el líder aún presidía el partido, era el candidato de ERC con una tasa de conocimiento y de aprobación interna más alta de la formación, lo que indica que podría tener la capacidad para recuperar ese apoyo en un futuro.

A la larga, Junqueras deberá abordar la cuestión de si puede o no ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Ahora mismo aún está inhabilitado hasta 2031, ya que el Tribunal Supremo desestimó su recurso pese a haberse aprobado la ley de amnistía.

El presidente del partido tiene por delante unos años de margen hasta las próximas elecciones catalanas pero, si no logra que la ley de amnistía tenga el efecto deseado, deberá buscar a una figura afín para sustituirle.

“Lo más importante es que la gente está empezando a perder el miedo y a tener una alternativa”. Kika Aguilera es la portavoz de uno de los dos grupos de inquilinas que se han alzado en huelga de alquileres. “Antes pensaba, ‘yo no voy a decir nada, no vaya a ser que vaya a recibir’”. Pero esta semana Aguilera ha sido una de las caras visibles que anunció que una cincuentena de vecinas de Salou (Tarragona) y Sentmenat (Barcelona) iniciarán una huelga de alquileres en Cataluña. Aunque hay más grupos que se podrían adherir en los próximos días.

Aguilera forma parte del grupo de 23 vecinas de Salou (Tarragona), que junto a las 28 de Sentmenat (Barcelona) han emprendido esta contienda contra la filial inmobiliaria de La Caixa, InmoCaixa. En 2017, Kika estaba en paro y su pareja trabajaba de autónoma. Ambos accedieron a alquilar una vivienda de InmoCaixa en régimen de protección oficial. “El gerente de la inmobiliaria me engaño”, explica Kika a infoLibre. “Me dijeron que el contrato era por cinco años más otros cinco y luego con opción de compra. Pero en 2022 me mandaron una carta diciendo que me tenía que ir en 20 días”, cuenta la inquilina. Ante el desahucio inminente y sin la posibilidad de acceder al mercado de vivienda convencional, Kika asegura que la situación le quebró la salud. “Yo enfermé, cogí un cáncer. Pensaba a todas horas que iban a echarme de casa”, relata la inquilina de Salou. “Se está creando una vulnerabilidad residencial que nos afecta a todos. Venimos de generaciones que han salido a la calle y han logrado mucho, y ahora nos toca a nosotros salir”.

La vecina de Salou decidió seguir los pasos del sindicato de inquilinas en 2022. “Yo decidí que no me iba de casa”, cuenta Kika. “En nuestra promoción había un desahucio cada mes. Cada mes salíamos con carteles y cada mes escribía al juzgado para que me diera un mes más de plazo ante el desahucio”, recuerda. 

Kika abonó las mensualidades a la propiedad hasta la fecha del anuncio de la huelga, que las vecinas de Salou iniciaron el 9 de diciembre y durará dos meses. El objetivo de las vecinas de Salou es recuperar el dinero que durante años han abonado para cumplir con 16 cláusulas que estaban en su contrato y que consideran abusivas y fraudulentas. Entre ellas había la obligación, por ejemplo, de ingresar mensualmente los 25€ de IBI, algo que el Supremo consideró que era ilegal en el régimen de protección oficial. “Yo he estado abonando el IBI desde hace 7 años pero hay vecinas que llevan más de diez”, explica Kika.

Las vecinas de Kika mantienen la confianza de que las personas en vulnerabilidad de la promoción de Salou no perderán el régimen de protección oficial porque a partir de 2025 su propiedad pasará a manos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). 

Este es, de hecho, el objetivo que persigue el Sindicato de Inquilinas. Quieren que el Incasòl adquiera las fincas de 29 promociones de la Obra Social La Caixa en las que hay decenas de bloques que pronto perderán este régimen. El sindicato calculó hace un año en un informe que el total de las 38 promociones supera las 2.500 viviendas. 

Kika pertenece a una de las nueve promociones que ya ha adquirido el instituto público, mientras que Marta Carrillo, la portavoz del grupo de Sentmenat, espera que la huelga siente a la mesa a InmoCaixa para negociar su venta al Incasòl. Por otro lado, InmoCaixa aún no ha confirmado a infoLibre si han recibido nuevas ofertas de compra de Incasòl ni ha valorado por el momento la huelga de alquileres.

“Reclamamos la cesión de todas las promociones de La Caixa al Incasol para garantizar el acceso a una vivienda protegida de forma indefinida”, explica Marta Carrillo. Un año atrás, con el asesoramiento del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, un grupo de vecinos de los edificios de Can Vilar i Can Perich en Sentmenat (Barcelona) iniciaron el mismo proceso por el que pasó Kika en 2022. “Cuando se le acabó el contrato a un vecino y le iban a desahuciar nos organizamos”, relata Marta Carrillo a infoLibre.

El domingo los vecinos y vecinas de los dos bloques de Sentmenat se reunirán para acabar de cuantificar las últimas adhesiones a la huelga. Ahora ya son casi treinta vecinas que le dan apoyo, según ha informado Marta Carrillo a infoLibre. En las asambleas previas certificaron que iniciarán la huelga el 1 de marzo de 2025, en el momento que se logre el apoyo de más del 25% de sus vecinos y vecinas. 

Desde ese momento, las mensualidades de las vecinas de Sentmenat no se abonarán a la propiedad sino que una asamblea de cuentas organizada por el propio vecindario retendrá las mensualidades como herramienta de presión a InmoCaixa. “Nosotras mismas haremos los registros de contabilidad. Los inquilinos no dejaremos de pagar el alquiler, pero lo ingresaremos en un fondo mancomunado”, detalla Marta Carrillo, que reitera que lo que exigen a InmoCaixa es “que se siente a negociar” para que el Incasòl pueda comprar las viviendas.

“La Caixa lo que quiere hacer es echarnos a todos”, apunta Carrillo, con el objetivo de vender o alquilar los pisos a precio de mercado. “Pero nosotros seguimos cumpliendo los requisitos de personas en situación de vulnerabilidad o con dificultades económicas y no nos podemos permitir pagar 1000€ al mes por un piso”, exclama la vecina de Sentmenat.

Esta misma semana, el Observatori DESCA publicaba un informe apuntando que la moratoria estatal de desahucios a personas en vulnerabilidad había impedido que 58.000 familias se quedaran en la calle. No obstante la PAH recordó el martes ante el Congreso de los Diputados que esta moratoria decae el 31 de diciembre y exige prorrogarla. El otro problema añadido es la carencia de pisos de protección oficial y la cantidad de pisos que pueden perder esa categoría en los próximos años en Cataluña. 43.077 pisos en régimen de protección oficial podrían pasar al mercado privado hasta 2030 según una investigación de este año realizada por La Directa.

El president Salvador Illa anunció en octubre el compromiso de ampliar 50.000 viviendas de protección oficial durante su mandato. No obstante, el Sindicato de Inquilinas catalán critica que “hemos oído muchos anuncios” pero “poco sobre lo que se piensa a hacer con la vivienda que ya tiene esta protección y que la perderá si no se compra, como en el caso de Sentmenat”, explica su portavoz, Enric Aragonès.

“La huelga de alquileres es un acto de desobediencia colectiva y organizada que requiere de una cierta masa social”, indica el portavoz del Sindicato de inquilinas. Por ese motivo, el mismo miércoles tras anunciar la huelga, el sindicato puso en marcha una brigada ‘puerta a puerta’ para visitar 500 pisos y recoger el apoyo de otros bloques que se quieran sumar a la huelga de alquileres. Aragonès afirma que están trabajando para “normalizar que los inquilinos tengan espacios de asociación, negociación y representación”, como pasa en el ámbito laboral. Por ello “a partir de ahora, incorporamos la huelga de alquileres como herramienta de lucha”, reitera Aragonès, para forzar la negociación colectiva ante un caso que implica a miles de familias como el de InmoCaixa, a semejanza de lo que hacen los sindicatos laborales ante luchas colectivas.

“Llevamos años con falta de mantenimiento de las dos promociones de Can Vilart y Can Perich”, explica Marta Carrillo, que considera que la inmobiliaria también incurre en una dejación de funciones. Los contratos de protección oficial obligaban a los vecinos de Sentmenat a pagar 52€ al mes de un seguro del hogar pero las vecinas se quejan de que están dejando de reparar problemas estructurales. “Tenemos placas solares en la azotea de todo el edificio, pero nunca ha funcionado”, explica Kika Aguilera. “Mandamos una carta a la propiedad para ponerlo en marcha entre los vecinos y nunca nos respondieron”, relata la inquilina de Salou.

Kika denuncia que ante la finalización de su contrato se añadió una situación de mobbing. “Recibíamos una llamada cada semana de diferentes números advirtiendo que nos iban a embargar la nómina o de los elevados gastos judiciales si decidía no irme del piso”, explica Kika.

El estudio del sindicato de inquilinas del año pasado destapó que para las 38 promociones, InmoCaixa habría recibido como mínimo, más de 25 millones de euros en subvenciones públicas, según confirmó la Agencia de Vivienda de Cataluña. 

Enric Aragonès, portavoz del sindicato de inquilinas considera que hasta ahora, “el modelo de vivienda protegido sólo ha garantizado el lucro privado”. Denuncia también que hay viviendas de protección oficial que se están pagando a 1000€ para un piso de 60m2, lo que “no influye a la baja en los precios de mercado ni garantiza el derecho universal a la vivienda” para las personas en situación de vulnerabilidad.

Siete años atrás, la decisión de La Caixa y Banc Sabadell de trasladar su sede social fuera de Cataluña provocó un efecto llamada al que le siguieron como mínimo 4.500 empresas. De momento, CriteriaCaixa ha confirmado a infoLibre que no está sobre la mesa cambiar su sede social, que se encuentra en Palma de Mallorca, y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, descartó el pasado abril el traslado de la del otro banco catalán. No obstante, la experiencia ha demostrado que estos traslados se efectúan sin aviso previo. Es el caso de los laboratorios Ordesa, otra empresa catalana que devolvió la sede social a Cataluña, la información se publicó directamente en el Boletín del Registro Mercantil a finales de octubre y en el caso de cementos Molins, la empresa envió una comunicación aséptica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El retorno de la sede social de la empresa cimentera Molins coincide con el cambio de etapa política, social y económica que demuestran los datos demoscópicos del Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).

Los resultados del último barómetro de otoño arrojan tres conclusiones de un cambio de etapa, según el analista político y profesor de la Universitat de Girona, Mario Ríos. Por un lado, que quienes están a favor del diálogo para defender los intereses de Cataluña son más (85%) que quienes están a favor de una opción de tensión y confrontación (51%). Por otro lado, suben quienes valoran positivamente la situación política en Cataluña. Un porcentaje que se ubica por primera vez en años a niveles previos a octubre de 2017 (21%). Finalmente, el gobierno de Illa cuenta con una aprobación bastante transversal, lo aprueban votantes socialistas, de ERC y de Comuns, y los del PP se quedan a las puertas de aprobarlo.

Ríos considera que “el retorno de la empresa Molins se puede ligar con la normalidad que estamos viendo en los datos demoscópicos” porque la sociedad catalana ha entrado en “una fase de no conflicto, de acuerdo, de negociación y hay más confianza en el nuevo gobierno”. El politólogo considera que los cambios de tendencia de este último barómetro son relevantes porque se producen tres meses después de la investidura de Illa y recogen “el cambio de etapa social” postprocés.

El éxodo empresarial de Cataluña incluyó a grandes nombres como CaixaBank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Colonial o Abertis, entre otros. En ese momento, muchas, como la cimentera Molins alegaron “inseguridad jurídica” para justificar el cambio de su sede social. Pero el éxodo no sólo lo incentivó la inestabilidad política del referéndum y las leyes de desconexión que se promovieron en el parlamento catalán, también fue fruto de la presión de representantes del Estado como desveló en 2018 el Diari Ara. 

El rey Felipe VI se involucró en las presiones a las grandes multinacionales, en las que el periódico catalán también ubica a ministros del gobierno del PP. El hecho que empujó a los dos grandes bancos catalanes, La Caixa y Sabadell, a cambiar su sede social fue la retirada del efectivo por valor de miles de millones que empresas estatales tenían depositados en ambos bancos. Unas cantidades que, aunque no se conocen con exactitud, se apunta que se devolvieron cuando las sedes sociales se reubicaron. 

Fue precisamente el éxodo de estos dos grandes bancos el que empujó a muchas otras grandes empresas a hacer el paso de cambiar también su sede social, un hecho que generó un fuerte impacto político. Ahora el gobierno catalán ha querido capitalizar el retorno de la cimentera Molins para reforzar su gestión económica y política. Salvador Illa aseguró en redes sociales poder “abrir una etapa de avances”. Durante un acto con Foment del Treball aseguró que la noticia de que Molins haya devuelto su sede social a Cataluña es el indicador del “estado de salud” de la economía catalana, y añadió que su gobierno “continúa trabajando para que Cataluña sea de nuevo motor económico de España y de Europa en beneficio de todos”.

Uno de los acuerdos entre Junts y el PSOE para la investidura de Sánchez fue promover el retorno de sedes de empresas a Cataluña. Posteriormente, la formación de Puigdemont concretó la exigencia arrancando a principios de año el compromiso del PSOE de reformar la ley de sociedades de capital. La formación independentista quiere que el domicilio fiscal de las organizaciones se vincule con el territorio dónde ejercen su actividad principal. El partido de Puigdemont habló entonces de “estímulos jurídicos para que vuelvan”. 

La intención es revertir el efecto del Real Decreto de 2017 que Luis De Guindos creó ad hoc para que fuera el consejo de administración de La Caixa y de las demás empresas catalanas. El decreto permitió que fueran los consejos de administración quienes pudieran escoger dónde querían ubicar la sede social de la empresa sin que tuviera validarlo la junta de accionistas, como exigía la ley. Aunque de momento la reforma que acordaron Junts y PSOE aún está por concretar.

Por su parte, la consejera Romero aseguró tras la noticia de Molins en un encuentro con empresarios en el Barcelona Financial Hub que la voluntad del gobierno catalán es “seguir generando las condiciones” para que otras empresas también retornen su sede social como ha hecho la cimentera. Para ello remarcó que la apuesta para promoverlo es generar estabilidad política, seguridad jurídica y buena gestión de los recursos públicos, y recordó estar “dando estabilidad al país y mirando más allá”.

El proyecto del Hard Rock puede tener los días contados si se elimina la rebaja fiscal que beneficiaba a los promotores del macrocasino. La rebaja fiscal al juego que CiU y PSC aprobaron ad hoc en 2014 redujo el tipo impositivo del 55% al 10% para los casinos proyectados. Años de riñas por el macroproyecto que debía ubicarse entre Vila-Seca y Salou (Tarragona) condujeron al adelanto electoral de mayo y a un cambio de gobierno en la Generalitat. Pero ahora puede haber un acuerdo entre ERC, Comuns y el PSC para eliminar esta rebaja fiscal al juego que fue imposible a principios de año.

El Parlament debatirá en el pleno de la semana que viene dos proposiciones de ley de ERC y Comuns para eliminar estos privilegios fiscales para los casinos. Este fue uno de los compromisos que los dos partidos firmaron con el partido socialista para investir a Salvador Illa. Es por ello que el portavoz del grupo socialista, Ferran Pedret, ha avanzado que está “completamente convencido” de que se pondrán de acuerdo entre los tres partidos para consensuar un texto “antes de la votación” del próximo jueves.

El PSC quería vincularlo a la negociación de los presupuestos de la Generalitat pero el proceso interno de ERC para decidir su dirección ha aplazado la negociación. Tanto ERC como Comuns han querido agilizar el trámite parlamentario y la proposición de ley de ambos se propone tramitar por lectura única. Esto permitiría tener aprobada la reforma fiscal antes de que acabe el año, si llegan a un texto de consenso. “El objetivo lo compartimos y se trata de dialogar con los grupos parlamentarios para que la redacción sea triplemente satisfactoria”, afirma el portavoz socialista, Ferran Pedret.

La rebaja fiscal era una de las principales peticiones de los promotores para construir el Hard Rock. Un proyecto de ocio de 117 hectáreas, 1.200 tragaperras, 100 mesas de juego y una inversión millonaria que en parte debía sufragarse con dinero público. La portavoz republicana, Marta Vilalta, ha asegurado que eliminar esta rebaja fiscal “hace posible que no haya Hard Rock”. Algo que también ha afirmado el portavoz de Comuns a infoLibre, David Cid, porque sin los incentivos fiscales “a los inversores ya no les sale a cuenta llevarlo a cabo”.

El portavoz de Comuns remarca la importancia de impedir que la fiscalidad de Cataluña “sea la misma que la de Macao”, el paraíso fiscal asiático, algo que también subraya la propuesta de los republicanos, especificando que tal fiscalidad “no tiene equivalente a ningún otro país de la Unión Europea”. Ambas proposiciones son prácticamente idénticas, aunque fuentes republicanas han querido señalar que la de ERC también impediría las líneas de crédito a clientes.

La plataforma Aturem el Hard Rock cree que la medida “desincentiva la inversión”, según su portavoz Anna Recasens. Pero pide también retirar la licencia que ya se adjudicó a la empresa y un compromiso para retirar el Plan Director Urbanístico (PDU) que estaba preparado para planificar su construcción.

El Tribunal Superior de Justicia ya anuló el primer PDU porque una zona estaba situada demasiado cerca de la petroquímica de Tarragona y podía conllevar riesgo de accidentes. 

La aprobación del segundo PDU que debía permitir su construcción fue el origen de la controversia entre los tres partidos que impidió aprobar los presupuestos de 2024 y precipitó el adelanto electoral en Cataluña. 

“En ese momento no había mayoría en el Parlamento” señalan las fuentes de ERC porque “el PSC no quería ni oír hablar de cambios contra el Hard Rock”. El PSC exigió al gobierno de Aragonès avanzar en la aprobación del Plan Director Urbanístico, algo que se concretó el mismo día que Aragonès y Illa presentaron su pacto para los presupuestos. Pero tal acuerdo no se comunicó ni constaba en el documento del pacto. Sí se hizo ese mismo día una diligencia de gobierno para ordenar la forma de como el Incasòl (Instituto Catalan del Suelo) iba a comprar los terrenos por valor de 120M€. En la diligencia también se establecían las gestiones posteriores a desarrollar con la empresa promotora del Hard Rock, BCN IR 3 SAU. 

Ello provocó la desconfianza de Comuns con el gobierno de Aragonès y la negativa de la formación de Albiach a dar apoyo a los presupuestos de ERC por el pacto que ya tenía Aragonès con el PSC.

Fuentes del partido de ERC explican que ahora, “con el cambio de mayorías en el Parlament el PSC necesita moverse en muchos aspectos”, y por eso el partido republicano logró arrancar esta reforma fiscal al partido socialista durante el acuerdo de investidura. El portavoz de Comuns, David Cid, también remarca que eliminar los beneficios fiscales fue “una condición sine qua non” para apoyar la candidatura de Illa.

La plataforma Aturem el Hard Rock lleva una década explicando por qué el Hard Rock supone un modelo laboral que empobrece a Tarragona y los efectos adversos en la salud de crear un macrocasino. 

Salou es el municipio más turistificado de la Costa Daurada y a su vez con una renta por cápita un 25% inferior al de la media de la comarca. Para Anna Recasens, portavoz de la plataforma, el Hard Rock va en la línea de fomentar “trabajos precarios y temporales” y de “baja cotización laboral” como los que ahora hay en la localidad fruto de la apuesta por el modelo turístico. 

Recasens critica que en algunos municipios del Camp de Tarragona el 50% del PIB proviene de ese sector y eso les hace “muy dependientes” de un sector “muy frágil, como ha evidenciado la pandemia o las sequías que sufrió Cataluña. El Plan Director Urbanístico de 2022, que quedó pendiente de aprobar, preveía que el complejo consumiera más de dos millones y medio de litros de agua al día, lo que provocó duras críticas durante los meses de sequía en Cataluña.

Por otro lado, el anterior consejero de Salud de ERC con Aragonés, Manel Balcells, también había relacionado el proyecto con el fomento de la ludopatía y había asegurado que le gustaría que el proyecto diera marcha atrás. De hecho, la Asociación Catalana de Entidades de Adicciones Sociales alertó a los portavoces de sanidad de los grupos parlamentarios que instalar el macroproyecto podría agravar los problemas de salud mental en un territorio que no tiene servicio de tratamiento para adicciones al juego.

El plebiscito a Junqueras continuará en una segunda vuelta. El carismático líder de ERC ha rozado la victoria en primera vuelta llegando a un 48,3% de los votos, pero no han sido suficientes para superar el 50% que imponía el reglamento. “Estamos muy contentos con el resultado. Es extraordinario”, calificó Oriol Junqueras. El resultado muestra un partido dividido por la mitad entre el sector crítico que pide renovar el ‘junquerismo’ y los partidarios del expresidente, con una participación que ha sido altísima, del 81,53% de la militancia, con 6.533 participantes de los 8.030 inscritos. 

Ahora los militantes deberán decidir en segunda vuelta quien será su presidente y su nueva ejecutiva con las dos candidaturas más votadas, la de Oriol Junqueras, Militancia Decidim y la de Nova Esquerra Nacional de Xavier Godàs. En la segunda vuelta se debatirán los dos sectores que han pugnado hasta ahora por el liderazgo interno abriendo una guerra dentro del partido que ha estallado con la estructura B.

La candidatura de Xavier Godàs, aupada por el sector de Marta Rovira ha obtenido un 35,3% de los votos, 2.308. Finalmente, la candidatura de Helena Solà con Foc Nou se ha quedado en un 12,6% y 824 votos. La segunda vuelta se producirá el 14 de diciembre con un factor importante, ver si la candidatura de Godàs logra recoger el apoyo de Foc Nou en segunda vuelta. En tal caso, ambas candidaturas se batirían en duelo en un empate técnico dentro de la militancia.

La candidata de Foc Nou, Helena Solà, ha expresado que “escucharan a todo el mundo y no rechazarán a nadie” ante posibles incorporaciones de su candidatura en alguna de las dos que han pasado a segunda vuelta. Por otro lado, Alfred Bosch, número dos de la candidatura de Foc Nou, también avanzó que las decisiones que vayan a tomar en el futuro se harán “de forma asamblearia”.

Un 44% de la militancia se opuso a investir a Salvador Illa cuando se preguntó a las bases, lo que refleja un descontento significativo interno con la actual situación que también se ha demostrado con el crecimiento de Foc Nou. Helena Solà ha remarcado que han sido la candidatura “que más ha crecido en porcentaje” en relación a la cifra de los avales pese a no contar con el apoyo de muchas caras visibles del partido.

El reto de Junqueras o Godàs será poder incorporar las exigencias de Foc Nou. La candidatura de Solà pide volver a consultar a la militancia de ERC si avala el acuerdo con Salvador Illa, es decir, si avala el acuerdo para la financiación singular. El resultado final del 14 de diciembre también va a definir si Illa va a poder contar con los apoyos de ERC para aprobar los presupuestos de 2025 y la estabilidad de su gobierno. Helena Solà volvió a recordar que el acuerdo con Illa “nos hipoteca” porque “no es de investidura sino de legislatura” y pidió “volver a situar la independencia en el centro”. 

El reglamento estableció en siete días el plazo máximo para establecer cambios e incorporaciones en las candidaturas de la segunda vuelta. Así, la candidatura de Junqueras y la de Godàs tienen hasta el 7 de diciembre para convencer al sector de Solà de integrarse en alguna de ellas y negociar acuerdos. Se podrían incorporar hasta 30 personas a las candidaturas, siempre y cuando se mantenga el candidato a presidencia y un mínimo del 50% de los componentes anteriores.

Xavier Godàs ha asegurado que a partir de ahora “hablarán cuando sea oportuno con Foc Nou” y Junqueras afirmó también que “siempre han estado abiertos a hablar con todo el mundo”. De hecho se ha refermado en el anuncio que avanzó durante el debate electoral de que se pondría en contacto con ambas candidaturas tras el resultado electoral del 30 de noviembre.

Sea cual sea el resultado del 15 de diciembre lo que queda claro es que quien presida tendrá el reto mayúsculo de recoser un partido que ahora está dividido por la mitad entre los partidarios de Junqueras y quienes quieren una nueva presidencia. 

Xavier Godàs ha afirmado que “no habrá fractura” porque la militancia de ERC entiende que del contexto actual del país y del partido se debe hacer “una lectura política y no centrada en particularidades personales”, pero también ha expresado que “la mitad de la militancia apuesta con firmeza por el cambio” y que “hay que abrir un nuevo ciclo”.

Junqueras también ha negado cualquier posibilidad de ruptura y ante la pregunta de si sería posible gobernar un partido sólo la mitad de los apoyos internos ha respondido que “en una elección democrática es muy dificil que alguien gane por más de un 50%”. Lejos queda el porcentaje de cuando se postuló por primera vez a la presidencia junto a Marta Rovira, logrando alrededor del 90% de los votos en una elección sin rivales y con una participación que casi fue la mitad de la de este fin de semana.

Junqueras remarcó así que los resultados les ponen ante el “reto de continuar hablando con todo el mundo” y valoró la alta participación con “que ERC tiene una militancia viva”.

Este sábado 30 de noviembre la militancia de ERC está convocada a votar su nueva presidencia y cúpula directiva. No ha habido un Congreso Nacional tan complicado para ERC desde el de 2008. Entonces las candidaturas de Joan Puigcercós y del heredero de Josep-Lluís Carod-Rovira, Ernest Benach, se enfrentaron dividiendo el partido hasta el punto de que hubo dos escisiones, la que llevó a crear el partido Reagrupament y la que creó Solidaritat Catalana.

Probablemente por ello los candidatos de las tres listas con suficientes avales para presentarse a presidir el partido aprovecharon el último debate electoral para rebajar el tono. Oriol Junqueras, candidato por la lista Militància Decidim, habló de “recoser el partido”, de “unir” y de que “más importante que lo que pase el 30 de noviembre” es “lo que pase después del 1 de diciembre”.

A estas frases se ancló en la recta final de la campaña electoral Carme Forcadell, sacudiéndose el fantasma de una posible escisión en el programa Cafè d’Idees de RTVE. “Alguna vez ha pasado, pero yo espero que esta vez no”. “Todos dijeron (durante el debate electoral) que querían recoser el partido”. Una escisión supondría otro mazazo para la formación que gobernó en Catalunya hasta mayo tras ser primera fuerza independentista en votos en 2021. Xavier Godàs, candidato de Nova Esquerra Nacional, recordó que el partido ha perdido 500.000 votantes desde 2017 y también 1.500 militantes desde 2019. Algo que según él evidencia la necesidad de un “nuevo ciclo” que encarna la candidatura que lidera y que tiene el apoyo de Marta Rovira, Pere Aragonès y una buena parte de las caras visibles de ERC.

La otra candidatura que logró suficientes avales para presentarse, Foc Nou, la lidera Helena Solà. Recogió el apoyo de 500 militantes y pese a ser la candidatura más pequeña en diferencia, podría ser determinante si hay una segunda vuelta tras el 30 de noviembre.

El Consejo Nacional del partido creó un reglamento a medida para este congreso. En junio estableció que para ganar en primera vuelta una candidatura debe recibir más de un 50% de los votos de toda su militancia, cifrada provisionalmente en 8.173 personas según fuentes de ERC. Así, la candidatura de Oriol Junqueras con Militància Decidim parte como favorita al haber recibido ya el apoyo de un 31% de sus afiliados con 2.577 avales. Le sigue la candidatura de Xavier Godàs con Nova Esquerra Nacional, que acumuló 1.500 avales y ya advirtió que si hay una segunda vuelta quiere seducir a miembros de Foc Nou.

Para modificar las listas el reglamento ha establecido que hasta siete días antes de la segunda vuelta, el 14 de diciembre, se podrían incorporar hasta 30 personas a las candidaturas, siempre y cuando se mantenga el candidato a presidencia y un mínimo del 50% de los componentes anteriores. Posiblemente, la previsión de una segunda vuelta en la que puede haber nuevos pactos sea otro factor del tono moderado del último debate. 

Pese a que quien recibió más azotes fue Junqueras, que se ha alzado como el rival a batir por parte de Nova Esquerra Nacional y Foc Nou, el líder de Militància Decidim aprovechó el escenario para anunciar que si es la candidatura elegida “convocará a las otras candidaturas para reunirse para trabajar en el futuro del país”. 

La conclusión en las filas de ERC es que no se pueden permitir perder a más gente por el camino. La guerra de los últimos meses se ha aireado públicamente a raíz de la estructura B del partido y ha avivado la desafección de la militancia. Por ello en el debate del miércoles los candidatos se centraron más en explicar cuáles son sus propuestas y disensos que en atacarse mutuamente.

Probablemente uno de los factores de más disenso entre la candidatura de Foc Nou y la de Militància Decidim y también con la de Nova Esquerra Nacional es la relación con el Partido Socialista. Helena Solà quiere volver a preguntar a la militancia si avala el pacto de investidura de Salvador Illa porque “nos hipoteca”, y considera que en realidad es un “acuerdo de legislatura”.

La consulta a la militancia sobre si investir a Illa acabó con una votación muy ajustada en la que ganaron los partidarios del acuerdo, pero más de 2.800 militantes se opusieron al pacto. Una bolsa importante de votantes que podría no encontrar suficientes las exigencias de Nova Esquerra Nacional y de Militància Decidim.

Para Nova Esquerra Nacional la relación con el PSOE pasa por la “máxima rigurosidad” con el cumplimiento de los acuerdos. Xavier Godàs amenazó con que se “tambalearán los gobiernos si no cobramos las facturas”, y recordó que “ERC ha hecho muchos actos de responsabilidad”. Por eso, según él, “el común denominador de la militancia de ERC” está en exigir “máxima exigencia” en el acuerdo, de forma que así se demostrará que paso a paso, “se puede arrastrar el país hacia cuotas de soberanía”.

Tanto la Helena Solà como Godàs recordaron en el debate que Junqueras no ha explicado qué votó en la consulta a la militancia de ERC sobre si avalar o no la investidura de Illa, algo que tampoco no desveló en el debate. Junqueras desvió el tema hacia el cumplimiento del acuerdo. Como hizo Godás, Junqueras vaticinó que, si no se cumplen los acuerdos, “dejaremos caer los gobiernos en todas partes”. Y días antes ya había afirmado que no entrarían en un hipotético gobierno con Illa. 

La hoja de ruta independentista

La candidatura más contundente con la hoja de ruta independentista es la de Foc Nou. Para Helena Solà en el momento que el partido “aparcó la independencia” y “comenzó con políticas autonomistas” ERC empezó a perder votos. Para Solà la investidura de Illa supuso “trair” a los militantes, porque “en campaña electoral Illa era un delegado de la Moncloa” y luego el partido “le dio las llaves de la Generalitat”. Para Solà la independencia es clave en su candidatura y aseguró que “no habrá otra investidura en el Congreso si no es a cambio de un referéndum de autodeterminación”.

Para Godàs uno de los puntos centrales que debe tener ERC en esta nueva etapa es “la contribución decisiva al liderazgo del movimiento independentista”, y propone una conferencia de las izquierdas soberanistas para el otoño de 2025 para “sumar alianzas” y “ser más competitivos” de cara a las municipales de 2027.

Finalmente, durante el debate Oriol Junqueras solo concretó que hay que “crear una agenda destinada a los partidos con los que se puede compartir el objetivo independentista”, aunque en su programa electoral hablan de “trabajar para el referéndum inevitable”. 

Otro punto de disenso está en cómo abordar la verdad de la estructura B. Este ha sido el tema más espinoso de los últimos meses dentro del partido, que ha llevado a reproches cruzados entre el sector de Marta Rovira y Oriol Junqueras. El expresidente del partido siempre ha dicho que desconocía la existencia de esa estructura, pero un informe filtrado a RAC1 salpicó al líder. 

El partido aún debe resolver internamente el asunto y para ello Oriol Junqueras plantea una “Comisión de la Verdad” que no gusta a Nova Esquerra Nacional. Xavier Godàs considera que “deben ser los órganos del partido quienes esclarezcan toda la cuestión” y para ello piden celeridad y rigurosidad. “Confiamos en el partido”, zanjaba el líder de Nova Esquerra Nacional. Por otro lado, Helena Solà de Foc Nou considera que hay que desvincular la comisión de garantías y ética de la dirección del partido. 

Uno de los reproches que más recibió Junqueras fue presentarse otra vez tras llevar al frente del partido tanto tiempo. “Parece que te presentes de nuevo y estos trece años no hayan existido, asumiendo cero responsabilidades en la deriva de votos de estos últimos años”, le atacó Helena Solà, exigiendo “regeneración”. A lo que el expresidente del partido respondía que “se siente responsable” de los años en los que tuvo plenas facultades y no estaba en prisión, pero “menos responsable” de la etapa que va desde 2017. Junqueras defiende que su candidatura lleva 25 de 30 miembros que no han estado nunca en la ejecutiva, y eso “es signo de renovación”. 

La candidatura de Xavier Godàs también fue clara en que quiere diferenciar la presidencia del partido de los cargos en el grupo parlamentario de la oposición o en un hipotético gobierno futuro. “El partido será el partido y el gobierno será el gobierno”, un modelo que cree que va a fortalecer internamente. El candidato plantea una reforma estatutaria para que esta formulación sea estructural. A lo que Junqueras respondió que él no puede tener cargos políticos porque está inhabilitado, y eso ya haría separación entre partido y un futurible cargo en un gobierno.

Este 30 de noviembre la militancia decidirá quién de estas tres candidaturas gana la nueva presidencia o si se va a una segunda vuelta. Las diferencias entre unas y otras no son tan abismales, pero el reto es intentar evitar que la batalla desemboque en una mayor desafección o, peor aún, en una escisión.

Las Ramblas de Barcelona encaran su futuro con el reto de luchar contra la gentrificación y el impacto turístico y recuperar el terreno perdido para los vecinos y vecinas. La avenida más conocida de la ciudad ha sido en muchas ocasiones también un reflejo del momento vital de la capital catalana. Por eso bajo sus adoquines no sólo hay la playa, como rezaba el lema de mayo de 1968. Hay los sedimentos de un espacio usado por siglos por la ciudadanía residente en Barcelona.

La sociedad ha tomado allí el espacio público en algunas de las movilizaciones más importantes del último siglo. Desde cuando en 1936 las milicias obreras de la CNT, POUM y PSUC ocuparon gran parte de los principales edificios de la calle, pasando por la primera manifestación LGTBIQ de España, las protestas del 15M o del procés independentista.

No obstante, desde hace años, la arteria más pisada de la ciudad condal no pertenece a los barceloneses y barcelonesas. La calle no es capaz de digerir los 15,6 millones de turistas al año que pasan por la ciudad, una cifra que multiplica por diez su población local. Ahora, el ayuntamiento de Barcelona tiene en marcha las obras para remodelar Las Ramblas, que prevén finalizar en 2027. Por eso si hay algún momento para cambiar el rumbo de ese espacio público y devolver parte de la calle a sus vecinos y vecinas, ese momento es ahora.

El Ayuntamiento de Barcelona lleva dos años de obras, pero unos cuantos más pensando cómo abordar el reordenamiento urbanístico. El anterior consistorio de Ada Colau otorgó a un equipo pluridisciplinar de arquitectas, antropólogos y personas expertas en turismo, entre otros, el encargo de idear la transformación global. Tras ganar el concurso internacional, el equipo de 18 personas de kmZERO desarrolló 53 propuestas en las que la participación ciudadana tenía un eje importante. Las obras se ralentizaron al final del anterior mandato pero el actual Ayuntamiento de Barcelona ha pisado el acelerador y quiere terminar las obras antes de la siguiente convocatoria electoral. A lo largo de los tres años que durarán las obras, el actual consistorio deberá decidir en qué medida se llevan a cabo acciones que acompañen a la construcción de Las Ramblas para frenar el impacto turístico en la calle y si sigue la senda del trabajo iniciado por el equipo kmZERO.

Hasta la fecha las propuestas que se conocen para llevar a cabo la transformación global son las que hizo kmZERO. Medidas que pasaban por la lucha contra la gentrificación y acciones para un turismo sostenible. 

El equipo propuso la movilización de pisos vacíos y la declaración de la zona como ámbito de rehabilitación y conservación. Medidas destinadas a preservar los derechos de inquilinos de larga duración y reducir el riesgo de la descohesión social y una ordenación urbanística singular que preserve el uso de vivienda habitual por encima de otros. También delimitar espacios públicos temporales para usos vecinales y un nuevo plan de usos para La Rambla.

De momento el ayuntamiento ha suspendido el otorgamiento de nuevas licencias comerciales en la calle hasta que el plan de usos esté hecho. Uno de los objetivos es frenar la proliferación de tiendas growshops, de accesorios de móviles y salones de pedicura y manicura para proteger el comercio de proximidad. 

El comisario del Pacto para Ciutat Vella, Iván Pera, afirma que en los próximos días el ayuntamiento presentará el nuevo plan de usos de Les Rambles y de Ciutat Vella junto a una comisión de seguimiento del plan. Iván afirma que lo que aportó kmZERO ha entrado en el debate, pero que es un debate “en el que ahora se está poniendo todo sobre la mesa” con “hoteleros, restauradores, comerciantes o vecinos de asociaciones culturales”. Un plan de usos que será decisivo para “definir qué queremos que pase en Las Ramblas y qué políticas hacemos para incentivar que pase”, remarca Iván Pera.

El consistorio anterior también aprobó un decreto para limitar los grupos turísticos a 20 personas que Collboni mantendrá hasta 2028, fecha para la cual el alcalde se ha comprometido también a no renovar las licencias de pisos turísticos de la ciudad, lo que eliminaría 709 pisos turísticos del distrito Ciutat Vella.

Una de las personas que más tiempo lleva pensando cómo transformar Las Ramblas es Itziar González, exregidora de Ciutat Vella e impulsora de kmZERO. La arquitecta se muestra contenta con el esfuerzo del ayuntamiento para agilizar las obras pero critica que no se esté dando continuidad al proceso participativo Comunidad Rambla, que reunía a 500 personas entre entidades, vecinos y personas vinculadas con la arteria de la ciudad para participar de su proceso de transformación. La arquitecta opina que ahora la interlocución del ayuntamiento con la ciudadanía se limita a la asociación Amics de Les Rambles y pide que se respete el codiseño producido por la Comunidad Rambla.

Precisamente esta semana, la asociación ha presentado el Observatorio Rambla, un organismo que se encargará de aportar datos cuantitativos sobre el perfil de personas que consumen y transitan por Las Ramblas. “Hay datos que son muy interesantes de qué es lo que se vende”, explica Ángel Díaz, vicepresidente de Amics de Les Rambles. El Observatorio permite “conocer qué es lo que prefieren los franceses, qué prefieren los norteamericanos, los italianos o los españoles a la hora de hacer una actividad”, resalta Díaz. “No le puedes estar vendiendo lo mismo a todos”, concluye.

Una de las conclusiones que expuso el observatorio durante su presentación pública fue que en Las Ramblas viven más personas extranjeras que locales. Según los datos que manejan, un 52% de la población es de fuera, la mayor parte de ella europea, asiática y americana.

Para el análisis de las personas que transitan en Las Ramblas la asociación ha puesto en marcha cinco sensores que contabilizan las personas que pasan por la calle y prevén hacer informes periódicos que recojan las actividades económicas que hay en ella y en sus cercanías. Con estos datos en la mano, el reto siguiente para el ayuntamiento será decidir la gestión de los espacios de gran afluencia como Las Ramblas, que concentran 120 millones de transeúntes al año, pero también para otros espacios de Ciutat Vella como el mercado de La Boquería.

Con la segunda fase de las obras empezada de las tres proyectadas, esta semana se han empezado a conocer los espacios de reflexión con los que cuenta el ayuntamiento para transformar Las Ramblas. Collboni tendrá un consejo asesor llamado ‘Rambla i Ciutat’ presidido por el joyero y director del MNAC Joan Oliveras, que presentará entre finales de noviembre y diciembre los veinte nombres que formarán parte del consejo. El órgano “trabajará para hacer propuestas sobre la oferta cultural o comercial” pero también para “la gestión del turismo”, explica Iván Pera, comisario del Pacto para Ciutat Vella. 

El comisario también explicó que algunos de los referentes la transformación actual son los actores con los que han hablado para el desarrollo del plan de usos de Ciutat Vella y Les Rambles y la comisión del seguimiento del plan que será presentada en breve.

Finalmente el recientemente constituido consejo asesor del Pacto por Ciutat Vella también será un órgano consultor relevante para el comisario del Pacto, Iván Pera. El Pacto tiene el encargo de planear una transformación del distrito para la próxima década y contará con un consejo presidido por Beatriu Carbonell, expresidenta de la asociación de comerciantes y vecinos de Santa Catarina. Iván Pera respondió a la queja de 30 entidades que en julio dijeron que el Pacto era una “imposición” a que algunas de ellas ya están integradas en el Pacto y el ayuntamiento tiene reuniones con ellas.

Junts concluye su Congreso Nacional lleno de simbolismos y con el objetivo de “pasar a la ofensiva” para reconstruir una mayoría independentista, como ha afirmado Carles Puigdemont tras ser proclamado presidente del partido. La formación cerró su Congreso Nacional este domingo en el séptimo aniversario de la proclamación de independencia de 2017 y Jordi Turull, su secretario general, reivindicó el “valor y eficacia” de la declaración unilateral de independencia. Turull apeló a “culminar el trabajo iniciado el 1 de octubre” e hizo dos advertencias dirigidas hacia el PSOE y hacia el bloque de investidura de Salvador Illa en Cataluña. El dirigente ha exigido a Sánchez “cumplir con los acuerdos” para defender los intereses de Cataluña. Y ha advertido a Illa que “si quiere dormir a la nación” ellos “la van a despertar”. Resume que ni persiguen el "peix al cove” ni aceptan “migajas de pan” para Cataluña, sino que trabajarán para “la independencia de Cataluña”.

El partido de Puigdemont prevé así mantener el pulso al gobierno de Sánchez a la vez que establecerse como la alternativa al gobierno catalán de Illa. “¿Cómo es que toda la prensa de Madrid dice que Sánchez depende de siete votos y no de catorce?”, preguntaba Turull a los militantes en alusión a los siete escaños que tiene Junts y a los siete de ERC en el Congreso. “Porque nosotros mantenemos la posición”, se autorespondía el secretario general.

Puigdemont quiere preparar el partido como una herramienta para “pensar en la construcción del estado catalán”. Para ello Turull pedía “no tener miedo al combate de las ideas” y daba las gracias al alcalde de Calella por abrir el debate sobre la multirreincidencia. Turull definió a Junts como “el partido al que no le da miedo lo que le digan”.

Por ello considera que cuando hablan de migración “le plantan cara al discurso buenista y al xenófobo” y buscan “una solución catalana y no española” al “reto demográfico” de la migración. El partido considera en su ponencia política que la migración es un ámbito clave para que Cataluña tenga una “mentalidad de estado”. También consideran que “hacen más” por la financiación catalana “que quien gobierna en el Parlament”. Ambos temas serán clave para que el gobierno de Sánchez apruebe los Presupuestos Generales del Estado. Y fuentes de Junts afirman que el traspaso de la gestión de las competencias en migración a Cataluña y el aumento del techo de gasto para las comunidades autónomas son dos de las líneas rojas de la formación de Puigdemont para apoyar las cuentas de Pedro Sánchez.

Puigdemont lanzó también una crítica velada a un sector minoritario del partido que durante el proceso de redacción de las ponencias pidió dejar atrás el 1 de octubre. El líder de Junts explica que la fecha del referendum “marca un hito imborrable para la historia” de Cataluña, y que continuar su camino “es irrenunciable” para asegurar “el futuro, la prosperidad y el bienestar de la nación”.

La militancia avaló este sábado con un 90% de los votos la única candidatura para la dirección del partido, bajo el liderazgo de Carles Puigdemont. La enmienda de una parte de la militancia para votar listas abiertas no llegó al 10% y el director del congreso, Josep Maria Cruset, destacó que ello demuestra que “Junts es un partido ordenado”. Tan ordenado que antes de que la militancia ratificara los nombres de la nueva ejecutiva, ya era de dominio público quien habría en su cúpula.

Puigdemont se entroniza como presidente y consolida una dirección a su medida. Turull repite como secretario general y desplaza del poder a Laura Borrás y a su entorno. Dejan la ejecutiva la exvicepresidenta del partido, Aurora Madaula y el exsecretario del partido, David Torrents, afines a Borrás. Por contra, la líder del Congreso, Míriam Nogueras, se hace fuerte tras ganarse la confianza de Puigdemont y ocupará una de las cuatro vicepresidencias. Otro de los nombres que se fortalecen y gana una vicepresidencia es el de Antoni Castellà de Demòcrates -y exportavoz del Consell de la República que creó Puigdemont-, algo que ha sido posible porque los redactores de la ponencia organizativa suprimieron el requisito que obligaba a haber militado seis meses en Junts para optar a cargos. Un sector del partido que lo quiso enmendar no logró apoyos suficientes.

El portavoz del partido, Josep Rius, y la portavoz en el parlament, Mònica Sales, completan las otras dos vicepresidencias. El puesto de jefe de la oposición en el Parlament aún sigue vacante porque Carles Pugidemont no puede ocupar el escaño, pendiente de que el Constitucional se posicione sobre la ley de amnistía. Así que Mònica Sales, como vicepresidenta y portavoz del partido en la cámara, se repartirá con Albert Batet el rol de confrontar con Illa, uno de los objetivos que se marca Junts tras el congreso. Fuentes del partido explican que esperan que en unos meses Puigdemont pueda volver a Cataluña y esta posición vacante “se pueda reajustar”, pero es algo que está “en manos de la arbitrariedad de los jueces”.

El partido renueva más del 50% de la ejecutiva actual con la voluntad de que “el máximo de ciudadanos de Cataluña se sientan reflejados en la dirección”. Busca así ensachar la transversalidad con la fusión del partido democristiano de Antoni Castellà, al que le acompaña una vocalía para Teresa Vallverdú y la incorporación de vocales más a la izquierda. Se suma un sector representado por Ennatu Domingo, Oriol Izquierdo y Assumpta Cros, de la órbita de Antoni Colomines, uno de los ideólogos que Puigdemont incorporó en la ponencia estratégica pese a no ser militante. Finalmente, mantiene el sector pragmático de Jaume Giró y Victoria Alsina e incorpora en la ejecutiva también al presidente de la ‘Plataforma Proseleccions catalanes’, Xavier Vinyals, “represaliado” por su participación durante el procés, según el partido.

El congreso de Junts también sirvió para que Laura Borrás se despidiera de la presidencia del partido e hiciera balance de sus dos años al frente de la formación. La presidenta invitó al plenario del partido a impedir la “tentación de anular la discrepancia” en esta nueva etapa, y pasó de puntillas por el trabajo de Turull como secretario general durante los dos años en los que se han repartido el poder interno. Para Laura Borrás este congreso pone fin a “la anomalía” de que Carles Puigdemont “sea el presidente de Junts sin serlo” y asegura que “la represión de propios y extraños” no ha cambiado su compromiso con el objetivo independentista. Turull asegura que no se ha sentido aludido cuando Borrás habló “del lado oscuro de la política” y deriva la alusión a ERC. Según él, Borrás “fue víctima” de que se le pidiese abandonar la presidencia del Parlament sin tener una condena firme o de que los republicanos enviaran mariachis a la sede de Junts.

Laura Borrás pone fin así a un ascenso fulgurante en la formación tras aceptar la oferta de Carles Puigdemont de entrar en política tras el 1 de octubre. Pasó por la consejería de Cultura, fue líder del partido en el Congreso y en la Generalitat y finalmente ascendió a la presidencia del partido. Un camino truncado en parte por la condena del Tribunal de Justicia de Cataluña que debe ratificar el Supremo. 

No obstante, la expresidenta anunció durante el congreso que no volverá a su antiguo trabajo de profesora universitaria y continuará trabajando para el proyecto de Junts. Le trasladó a Puigdemont que se pondrá manos a la obra para crear “espacios y herramientas” para que “la independencia deje de avanzar a ciegas”. De esta forma, Borrás confirma sus intenciones de presentarse como candidata para la fundación de Junts, que hereda de la fusión con el partido Demòcrates, y explica también que “recupera la libertad”.