El Ayuntamiento de Barcelona compra por 9,2 millones la Casa Orsola, símbolo de la crisis del alquiler

El Ayuntamiento de Barcelona y la entidad del Tercer Sector Hàbitat3 han llegado a un acuerdo para comprar por 9,2 millones, a través de una fórmula social colaborativa, la Casa Orsola de la capital catalana, convertida en símbolo de la lucha de los inquilinos contra la especulación en el ámbito de la vivienda, según informa EFE.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que todos los inquilinos actuales de Casa Orsola podrán seguir en sus hogares y que ninguno será desahuciado.

Las dos fincas de la Casa Orsola (el número 137 de la calle Calàbria y el 122 de la calle Consell de Cent) fueron adquiridas en octubre de 2021 por el fondo Lioness Inversiones, que al mes siguiente notificó a los inquilinos que debían abandonar los pisos una vez finalizaran sus contratos.

En una rápida reacción al anuncio de la compra de la casa Orsola, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado en su cuenta de X que celebra la decisión del alcalde Jaume Collboni, como "resultado de las movilizaciones sociales, la mediación, el diálogo y el compromiso político".

Precisamente, Rodríguez expresó el jueves que la paralización del desahucio del profesor de 49 años de Barcelona, Josep Torrent, que podrá seguir viviendo en la Casa Orsola en el que ha sido su piso durante 22 años, es un caso que representa "el mejor ejemplo" de por qué hay que intervenir el mercado.

En una intervención en Soria, la ministra aseguró que este caso "se está siguiendo con mucha atención" desde el Gobierno y ejemplifica la casuística que está provocando el problema de la vivienda en España, que "no se circunscribe a la población mas vulnerable" sino que personas con empleos dignos "encuentran dificultades para conseguir una vivienda a precio de mercado".

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinos, Carme Arcarazo, ha calificado de "victoria" este acuerdo para comprar la Casa Orsola. En declaraciones a TV3, ha señalado que este caso "demuestra que cuando los vecinos hacen ruido y se plantan, se puede ganar". Con todo, se ha mostrado cautelosa hasta conocer los detalles de esa adquisición y las consecuencias para los inquilinos.

Más allá, ha aprovechado para criticar que "el PSC del president de la Generalitat, Salvador Illa, quiere acabar desde hace tiempo con la obligatoria reserva del 30% en la obra nueva" en Barcelona.

27 familias

Las dos fincas de la Casa Orsola (el número 137 de la calle Calàbria y el 122 de la calle Consell de Cent) fueron adquiridas en octubre de 2021 por el fondo Lioness Inversiones, que al mes siguiente notificó a los inquilinos que debían abandonar los pisos una vez finalizaran sus contratos.

La noticia encendió las alarmas entre la comunidad, que acusa a la nueva propiedad de "echar a inquilinos para crear alquileres de temporada por el triple de precio" y que lleva tres años visibilizando su situación junto con el Sindicato de Inquilinos.

"Si en el momento de la compra, en las dos fincas había 27 familias de inquilinos viviendo (entre contratos indefinidos y alquileres de duración habitual), ahora solo hay 18 pisos habitados, cinco de los cuales tenemos procedimientos judiciales abiertos donde se pide nuestro desahucio", aseveró Josep Torrent en una carta emitida el pasado 27 de enero.

La presencia de cientos de vecinos el pasado 31 de enero delante de la Casa Orsola hizo que se pospusiera el desalojo de Josep Torrent previsto para ese día hasta la madrugada del martes 4 de febrero, pero una nueva concentración volvió a aplazarlo al 18 de febrero.

Durante este paréntesis, el alcalde Collboni dio luz verde al síndic de Greuges de Barcelona para actuar como mediador en las negociaciones para "garantizar el derecho a la vivienda a los inquilinos de la Casa Orsola".

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El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciado este viernes que su formación llevará a la Fiscalía la compra por parte del consistorio, al considerar que la adquisición no tiene "ninguna razón de interés público" y es "absolutamente discrecional".

En una rueda de prensa, Sirera ha tildado la operación de "muy sospechosa" y ha señalado que en 2022 el consistorio, entonces liderado por Ada Colau y con Collboni como primer teniente de alcalde, tuvo la oportunidad de comprar el inmueble por seis millones de euros y lo rechazó "porque, según ellos, no era rentable por el coste de rehabilitación".

"Es un peligroso precedente porque incentiva a otras personas, a otros inquilinos, a no cumplir los contratos de alquiler, a mantenerse atrincherados en los pisos y a dejar en una situación de absoluta indefensión a los propietarios", ha denunciado Sirera.