La ocupación armada de la verdad

Estados Unidos no ha tomado Venezuela por las armas. La ha rendido mediante el secuestro y el soborno. Ha comprado a las petroleras y al régimen, pero no ha necesitado una ocupación. No ha desfilado a paso de oca por Caracas, como los nazis por París, para someter al país al nuevo orden, simplemente ha cambiado la agenda de sus gobernantes, una vez los ha convertido en subalternos. El país que el trumpismo ha decidido tomar por las armas y someter a un régimen de ocupación armada tampoco es Groenlandia, al menos de momento: las huestes, armadas hasta los dientes, de Donald Trump están ocupando los Estados Unidos de América. Y para ello, están tratando de militarizar la verdad. 

El asesinato de Renee Nicole Good traduce a la ciudadanía democrática el vértigo de ver desaparecer la solidez de lo real bajo nuestros pies. Cuando el poder miente contra lo que todos vemos, contra los hechos patentes, sin siquiera tratar de ocultarlos o falsearlos con recursos de IA, significa que se ha abierto la grieta ética más grave de nuestra época. El regreso a un régimen preilustrado en el que coronas y sotanas monopolizaban la verdad. Las comparecencias de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, del vicepresidente, JD Vance, de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kristine Leavitt, y del propio Donald Trump  no se vinculan a la vieja propaganda, ni siquiera a la posverdad entendida como una manipulación interesada de datos. Constatan algo muchísimo más grave, un salto de categoría: la ocupación violenta de la evidencia. No es un fenómeno anecdótico ni exclusivamente estadounidense. Hace muy pocas semanas, la sala segunda del Tribunal Supremo español ejecutó una ocupación judicial de la evidencia igual de espuria. Se trata de que la realidad, lo patente, no sea un suelo común sobre el que edificar la organización de las sociedades modernas, sino un territorio en disputa en que la autoridad —política, judicial o militar— ejerza una soberanía vertical e indiscutible, so pena de muerte o cárcel. Ese es el mensaje de los Manuel Marchena al mundo contemporáneo. Pretenden ejercer soberanía no sobre la interpretación de la realidad, sino sobre la realidad misma en toda su crudeza. El nuevo fascismo pretende dictar realidad contra la propia realidad. 

El trumpismo, y a su lado todo el iliberalismo ante el que ha sucumbido el antiguo conservadurismo occidental sin excepción, nos dice que las imágenes ya no funcionan como prueba sino como campo de batalla y que en esa refriega ellos tienen el poder, los fusiles, las puñetas y las cruces. Durante siglos, la modernidad se sostuvo sobre la convención básica de que podíamos discrepar sobre las interpretaciones, pero no sobre lo que está ante nuestros ojos. Podíamos discutir si un hecho era justo o injusto, legal o ilegal, prudente o imprudente, pero no discutíamos si había ocurrido. Eso era la verdad patente, lo que no necesita ser creído porque se ve. El vídeo, la fotografía, el documento, el testigo múltiple… no eran “versiones”, eran el firme adoquinado que sostenía nuestros pies de sociedades que habían superado la etapa en la que los seres imaginarios —en realidad, sus diáconos— decretaban lo existente. Lo que está pasando ahora en Estados Unidos, en Gaza, en los tribunales y en las redes es que ese suelo ha desaparecido. Incluso en la ciencia y en la medicina: la cuenta de muertos que está causando la ignorancia ufana de los antivacunas, ahora empoderados por el secretario de salud de Estados Unidos, el pomposo e ignorante Robert F. Kennedy Junior, hace palidecer la de los totalitarismos del siglo XX.

No se trata de que la gente mienta, siempre se ha mentido, se trata de que ahora se miente contra la evidencia palmaria con un objetivo político de sumisión y, por tanto, de regreso a un mundo antiguo, supersticioso y sombrío. Convertir la realidad en un territorio en disputa, como una colina estratégica, es un triunfo final de los que pretenden acabar con la democracia. Porque la realidad, lo que no puede ser negado ni contradicho, es el único baluarte de quien no dispone de otra empalizada. Es el poder de los que no tienen armas, crucifijos ni posición. Es el poder de los ciudadanos. 

Cuando Vance, Trump, Netanyahu o Putin miran una grabación y dicen “no es lo que veis”, no están defendiendo una interpretación, está bombardeando la noción misma de la prueba. Que se permitan hacerlo en un mundo transparente, digital y vigilado por cámaras en el que cada hecho ha sido filmado y difundido supone la derrota en la batalla por la verdad. Porque durante más de un siglo, la imagen tuvo una función civilizatoria, no decía una verdad última, solo una verdad funcional, escueta, que cerraba el paso a la mentira. No impedía manipular, pero hacía costoso hacerlo. Un político podía negar, pero sabía que había un límite en el plano secuencia, en la fotografía o en el archivo. Ese límite producía una realidad compartida que era el suelo fértil sobre el que construir convivencia, un sustrato frágil pero poderoso que sustentaba un contrato de la comunidad. 

El Estado ya no se limita a imponer normas, impone mentiras, decide qué ha pasado y qué no, incluso cuando lo ocurrido está grabado, documentado o presenciado por miles de personas

La IA permite fabricar imágenes falsas pero el poder político ha aprendido que ni siquiera necesita hacerlo. Basta con negar la realidad de lo evidente y difundir una verdad a todas luces falsa. El paso dado por la administración Trump (o aquí, por el Tribunal Supremo en sentencia firme) es aterrador porque no nos arroja a una era de verdades fabricadas sino a una era de verdades inoperantes. La ética política moderna se construyó sobre el principio sencillo de que el poder puede mentir, pero no puede mentir sin coste cuando hay pruebas. Ese coste, reputacional, judicial o electoral, era inequívoco. 

Ahora el poder ha descubierto que una parte del público prefiere la mentira que confirma su identidad a la verdad que la amenaza, y ese paso compulsa la debacle ética en que la verdad patente deja de ser un árbitro y se convierte en una bandera bajo la que resistir. El vídeo del asesinato de la joven Renee Good ya no es un hecho sino un emblema y el poder lo mira como quien contempla un estandarte enemigo que debe ser rendido, en un nuevo marco de atavismos tribales. Sostiene que no estamos viendo lo que estamos viendo y resquebraja la realidad para ofrecer una bandera a su tribu premoderna de fauces salivantes. 

Desde este pequeño nido de ametralladoras del oficio, llevamos meses insistiendo en que el periodismo actual no afronta un problema de calidad en la oferta —que es más variada, abundante y, en términos generales, más solvente que en ningún momento anterior— sino un problema de demanda, un mercado donde una parte de la sociedad ya no pide al periodismo saber qué ha pasado sino solo que le dé la razón. Un sector de la clientela busca avíos de identidad, un mundo real o inventado que le confirme que está en el lado de los buenos, que el adversario es monstruoso y que contra él vale cualquier medida extrema.

El periodismo no se ejerce para defender una ideología sino para establecer el suelo común de los hechos, porque cuando la mentira manda, el mundo se vuelve inhabitable. Una sociedad puede sobrevivir a gobiernos injustos, a leyes malas e incluso a guerras, pero no sobrevive a que no exista un mundo en común, no puede sobrevivir a la impugnación de los hechos ciertos. Si no podemos acordar qué ha pasado, entonces no podemos discutir qué debe pasar. Porque lo hará por nosotros el cacique, en el nuevo reino de la fuerza, de la tribu, del macho y de sus balas… Entramos en la selva inmisericorde de la violencia y dejamos atrás el imperio de la ley.

Por eso el caso de Renee Good —más allá del crimen de Estado y la tragedia familiar— importa tanto. No porque haya habido una muerte sino porque ha habido una muerte con imágenes que el poder ha impugnado sin tomarse siquiera la molestia de borrarlas. Esa dejadez, esa obscenidad, es el síntoma que anuncia el abismo. El periodismo y la sociedad no son ya otra cosa que un testigo y cuando el testigo calla o es amordazado, el crimen se vuelve sistema. 

Defender los hechos se vuelve una forma de resistencia cívica frente a la ocupación de la verdad por la fuerza, porque cuando el poder se apropia de lo que es real, no solo gobierna, coloniza la mente colectiva y hace inhabitable la democracia

Durante años hablamos de fake news, de bulos y de posverdad como si estuviéramos ante una patología del ecosistema digital, lleno de ruido, ignorancia, polarización y burbujas informativas, pero esa explicación era cómoda y superficial. La posverdad no fue un accidente tecnológico sino una fase política que sirvió para erosionar el consenso epistemológico mínimo que hacía posible la democracia liberal: la idea de que, aunque discrepemos en valores e intereses, compartimos un suelo común de hechos. Cuando ese suelo se resquebraja, cuando deja de existir una realidad compartida, el terreno queda listo para que un proyecto iliberal pueda ganar elecciones sin necesidad de convencer, pues le basta con desorientar, con poner en pie de igualdad lo patente con la ficción paranoica y sentimental que da cobijo a las identidades frágiles.

Una vez en el poder, sin embargo, el iliberalismo ya no puede limitarse a sembrar duda porque gobernar exige control. Y para controlar una sociedad no basta con dominar las leyes o las instituciones, hay que dominar la definición misma de lo real. Ahí se produce el salto cualitativo de nuestra época, cuando la mentira deja de ser una táctica de campaña y se convierte en un instrumento de soberanía. El Estado ya no se limita a imponer normas, impone mentiras, decide qué ha pasado y qué no, incluso cuando lo ocurrido está grabado, documentado o presenciado por miles de personas.

En ese momento la verdad deja de ser un espacio de discusión y se convierte en un territorio bajo ocupación. Cuando un poder, sea la Casa Blanca o el Tribunal Supremo, miente abiertamente contra un vídeo, un documento o un testimonio múltiple, no está ofreciendo una interpretación alternativa, está desplegando fuerza institucional —autoridad, inmunidad, aparato mediático y aparato coercitivo— para conquistar el significado de lo ocurrido. Ya no se trata de convencer a la sociedad, sino de someterla. Hemos entrado en una nueva fase en la que la realidad no es algo que se investiga, sino algo que se administra desde el poder.

Ese mecanismo replica con exactitud la lógica clásica de toda ocupación colonial. Primero se declara que la población no entiende lo que ve, que está confundida, manipulada o engañada por fuerzas hostiles; luego se impone una versión oficial que sabe qué ha ocurrido, y finalmente se criminaliza a quien la contradice. Solo que ahora el territorio no es una ciudad ni un país, sino la evidencia misma. Fotografías, vídeos, audios, datos y testimonios quedan sometidos a una administración política del sentido.

Durante más de un siglo, la imagen funcionó como un límite a la mentira, pero hoy el poder ha aprendido que puede decir “no creas lo que ves” y una parte de la ciudadanía lo aceptará sin conflicto. Ahí se cruza una inquietante frontera totalitaria, cuando se obliga a la sociedad a dudar de sus propios ojos, la percepción deja de ser soberana y pasa a estar subordinada a la autoridad. La realidad ya no precede al poder, sino que este la produce.

En ese paisaje, el periodismo tiene que dejar de ser un simple narrador y se convierte en un custodio de lo obvio. La tarea del periodista ya no es solo interpretar el mundo, sino sostener que el mundo existe, que algo ocurrió y se grabó, y que dar fe no es opinión. Defender los hechos se vuelve una forma de resistencia cívica frente a la ocupación de la verdad por la fuerza, porque cuando el poder se apropia de lo que es real, no solo gobierna, coloniza la mente colectiva y hace inhabitable la democracia.

Alberto Núñez Feijóo confesó sus mentiras ante la jueza de Catarroja y después las reiteró como si nada ante la prensa. Y ahí sigue. La tarea del periodismo digno es que, después de doscientos muertos, no siga ahí. Como la del estadounidense es reponer el buen nombre de Renee Good y condenar al trumpismo, armado, acomplejado y asesino, al basurero pedófilo, machirulo y supersticioso del que emergió. Será eso o el fin de todo lo que es bueno, bello y decente.