Venezuela, el sueño petrolero de Donald Trump puede convertirse en una pesadilla
En cuestión de días, el sueño de Donald Trump parecía hacerse realidad: hacerse con el petróleo venezolano. El miércoles 7 de enero, Estados Unidos interceptó dos buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma que transportaba petróleo venezolano. En el Atlántico, el Bella 1, recientemente rebautizado como Marinera y con bandera rusa, y en el Caribe el M/T Sophia, un buque aún cargado de petróleo crudo.
Tras advertir, el sábado 3 de enero, que las empresas estadounidenses iban a volver a Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro y “extraer del suelo” una “cantidad colosal de riquezas”, Donald Trump anunció el martes 6 que las autoridades venezolanas “interinas” iban a “entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo bajo sanción y de alta calidad”. “Ese petróleo se venderá a precio de mercado y el dinero será controlado por mí, presidente de Estados Unidos”.
“El petróleo se transportará en buques cisterna y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos”, añadió Trump.
El secretario de Energía, Chris Wright, encargado de “poner en marcha este plan de inmediato”, confirmó al día siguiente ese proyecto de “comercializar el petróleo crudo procedente de Venezuela”: “Primero, ese petróleo será acumulado y almacenado y, luego, de forma indefinida, venderemos la producción que sale de Venezuela en el mercado”.
“Las autoridades interinas han aceptado liberar este petróleo hacia Estados Unidos, por lo que llegará muy pronto a nuestro país”, precisó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Por parte venezolana, solo la empresa nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha confirmado que está “en conversaciones” con el Gobierno de Estados Unidos para “la venta de volúmenes de petróleo”, sin precisar en qué proporciones, pero habla de “una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.
Donald Trump recibirá en la Casa Blanca el viernes 9 de enero a los representantes de las compañías petroleras Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips. Sin embargo, aunque la entrega o la incautación de determinadas reservas petroleras venezolanas no parece complicada, no ocurre lo mismo con la reanudación de la explotación por parte de las compañías occidentales, dado el estado crítico de las instalaciones.
Fugas y mareas negras
“Es posible reconstruir la industria petrolera venezolana, no hay duda”, explica a Mediapart Luis Pacheco, exdirector de PDVSA y experto del Instituto Baker. “Pero se necesitarán enormes inversiones. Algunos estudios hablan de una inversión de 100.000 millones de dólares en diez años para alcanzar una producción similar a la de hace veinte años”, es decir, unos 3,4 millones de barriles al día, frente a los 850.000-900.000 actuales.
Según los cálculos de la consultora noruega Rystad Energy, se necesitarían 183.000 millones de dólares para volver a alcanzar ese nivel de producción, y más de 53.000 millones solo para mantener el ritmo actual.
Bajo el mandato de Nicolás Maduro, la producción de petróleo en Venezuela se ha desplomado
“El petróleo venezolano se considera ‘sucio’ no por ideología, sino por razones físicas y de infraestructura”, explicó a la CNN Guy Prince, responsable de investigación sobre suministro energético en el centro de estudios independiente Carbon Tracker. Según Luis Pacheco, Venezuela es un yacimiento petrolífero abandonado, a pesar de que posee las reservas más importantes del mundo, estimadas en 300.000 millones de barriles.
En este país cofundador en 1960 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los últimos diez años han estado marcados por incidentes continuos, fugas y mareas negras provocadas por la obsolescencia de las instalaciones. Los daños medioambientales causados por la industria petrolera han sido casi diarios.
En noviembre, un incendio devastó los almacenes de dióxido de azufre del complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui. En octubre, un vertido de petróleo afectó a la costa de Punta Cardón, tras el desbordamiento de las piscinas de residuos del complejo de refinerías de Paraguaná. En las proximidades de este complejo se registraron 72 vertidos de petróleo entre 2020 y 2025.
El ministerio de Medio Ambiente ha sido desmantelado. No existe ninguna estructura que regule estas actividades que degradan el medio ambiente
Cerca de la refinería de El Palito, en el Estado de Carabobo, una marea negra de 225 km2 afectó a la costa del Parque Nacional Morrocoy en agosto de 2024. Esa refinería ya había vertido 25.000 barriles a lo largo de 260 km de costa en 2020. En abril de 2023, el lago de Maracaibo se vio afectado por un vertido estimado en más de 1.000 barriles al día.
“Esos vertidos son voluntarios”, afirma Cristina Fiol, bióloga y consultora medioambiental, en un informe dedicado a la contaminación por hidrocarburos. “No saben qué hacer con la acumulación de crudo que se produce, porque los pozos no se pueden detener ni reiniciar fácilmente. Y aunque la producción es baja, se almacena, se acumula y ese exceso de producción acaba vertiéndose porque los petroleros se desbordan, porque el almacenamiento es obsoleto o porque acaban vertiéndolo voluntariamente al mar”.
Las ONG han señalado que PDVSA dejó de informar sobre estos incidentes en su informe anual de 2016. “El ministerio de Medio Ambiente ha sido desmantelado”, denuncia también Cristina Fiol. “No hay ninguna estructura que regule esas actividades que degradan el medio ambiente, no hay nadie que les imponga multas, que detenga su actividad como hacía antes el ministerio de Medio Ambiente”.
El estado de las instalaciones y la contaminación del lago de Maracaibo, lugar histórico de la explotación petrolera venezolana, que ya se vio afectado por una catástrofe petrolera en 1922, preocupan a los investigadores del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Desde principios de la década de 2020, “la mayor masa de agua de Sudamérica se ha convertido en una cloaca petrolera”, afirma Erick Camargo, miembro del observatorio. “Se construyó una compleja red de tuberías en el lecho del lago, que ahí sigue. Esas tuberías, afectadas por la corrosión natural, problemas de presión u otros incidentes, vierten petróleo, gas y derivados de hidrocarburos en el agua, provocando un ciclo constante de contaminación”.
Según el observatorio, solo en el lago de Maracaibo habría más de mil instalaciones en “total abandono”.
Una contaminación atmosférica excesiva
La contaminación atmosférica provocada por la explotación petrolera también es motivo de preocupación. Según el estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las instalaciones petroleras y gasísticas venezolanas fueron responsables, en 2025, del 45% de las emisiones de metano de América Latina. “La intensidad de las emisiones de metano en las operaciones de petróleo y gas en Venezuela es seis veces superior a la media mundial, y su intensidad de quema es diez veces superior a la media mundial”, señala la agencia.
La práctica, muy extendida en Venezuela, de quemar el gas natural que llega a superficie durante la extracción de petróleo crudo emite metano, carbono negro y compuestos orgánicos volátiles. Por lo tanto, la contaminación climática producida por un barril de petróleo venezolano sería más del doble de la media mundial.
Además, la extracción de petróleo pesado de los yacimientos del cinturón del Orinoco, que se extiende a lo largo de una zona de 700 km de largo y 60 km de ancho a lo largo del río Orinoco, requiere la inyección de vapor en los yacimientos y el uso de un proceso de craqueo térmico, el flexicoking, para convertir el petróleo pesado en hidrocarburos ligeros.
El grupo francés TotalEnergies utilizó este argumento cuando, en julio de 2021, vendió sus últimos activos en Venezuela, su participación en Petrocedeño SA, que transforma el petróleo extrapesado del cinturón del Orinoco en crudo ligero. “La estrategia de TotalEnergies consiste en concentrar sus nuevas inversiones petroleras en proyectos con bajas emisiones de carbono, lo que no se corresponde con los proyectos de desarrollo de petróleos extrapesados del cinturón del Orinoco”, declaró Arnaud Breuillac, director general de exploración y producción.
Un embrollo institucional y jurídico
Evidentemente, estos temas medioambientales no figuran en la agenda de las conversaciones que Donald Trump tiene previsto mantener con las compañías petroleras. Pero al deterioro de las instalaciones y a las inversiones que hay que realizar se suma el embrollo institucional de Venezuela. Bajo el impacto de las sanciones estadounidenses y occidentales que siguieron a las elecciones presidenciales de mayo de 2018, el país ha modificado profundamente la gestión de sus ingresos petroleros.
“No se dan las condiciones para que las empresas realicen las inversiones necesarias”, opina Luis Pacheco. “Habría que eliminar una serie de obstáculos legales para que puedan operar, contratar, vender y ejercer todas las actividades asociadas. Eso supone cambiar las leyes sobre hidrocarburos, modificar el régimen fiscal y los mecanismos de canon petroleros”.
La presencia de las empresas estadounidenses se vio cuestionada en 2007 por el anuncio de Hugo Chávez de nacionalizar los proyectos del cinturón del Orinoco y obligar a las empresas a participar en “empresas conjuntas” propiedad de PDVSA. Los grupos ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron. ConocoPhillips inició un procedimiento de arbitraje internacional, que Venezuela perdió, por lo que debe 12.000 millones de dólares al grupo petrolero, que se ha convertido en el segundo acreedor del país después de China.
Las sanciones impuestas a las vías normales de comercialización obligaron a PDVSA a buscar mercados negros
“Solo Chevron, Total y Equinor aceptaron los nuevos contratos [establecidos en 2007], al considerar que los precios del petróleo eran lo suficientemente altos como para poder quedarse”, explica Luis Pacheco. “Y Chevron aceptó aportar dinero a PDVSA en las empresas mixtas en las que participaba. Al final de ese periodo, PDVSA le debía 4.000 millones de dólares. Por eso Chevron obtuvo la autorización de la Casa Blanca para permanecer en Venezuela, a pesar de que se habían cancelado todas las licencias.”
Según las estimaciones de Luis Pacheco, Chevron exportó a Estados Unidos 127.000 barriles diarios en noviembre, mientras que se destinaron a China 630.000 y 40.000 a Cuba.
En un reciente informe (“PDVSA, privatización controlada por las familias en el poder y militarización”, diciembre de 2023), la ONG Transparencia Venezuela señala la cadena de corrupción que se ha establecido a raíz de las sanciones de 2019. “La imposición de sanciones a las vías normales de comercialización obligó a PDVSA a buscar mercados negros”, dice Luis Pacheco. “Eso dio la oportunidad a personas vinculadas al régimen de aprovechar esta situación mediante ventas y comisiones de intermediarios”. La ONG ha recopilado 127 casos de presunta corrupción que involucran al grupo petrolero venezolano.
Criptomonedas
Para eludir las sanciones, van introduciendo progresivamente procedimientos excepcionales. En 2018, un decreto estableció un régimen “especial y temporal” para la gestión operativa de la industria petrolera y se suprimieron las licitaciones. En 2020, se firmaron “contratos de servicios productivos” (CSP) con una veintena de empresas extranjeras, seis de las cuales no tenían como objeto social la explotación petrolera, según señaló Transparencia Venezuela. En mayo de 2021, una ley “anti bloqueo” autorizó la transferencia de las actividades de exploración de petróleo y gas a actores privados.
Bajo la nueva denominación de “contratos de participación productiva” (CPP), las licencias petroleras concedidas a finales de 2023 introducen un nuevo funcionamiento: “El inversor firma un contrato de arrendamiento de los activos existentes en la zona designada, elabora un plan de desarrollo y se compromete a realizar las inversiones, cubrir los gastos de explotación, explotar los activos de PDVSA y producir y vender el crudo”, dice Transparencia Venezuela. “En otras palabras, todas las responsabilidades relacionadas con la explotación, el control y las ventas siguen en manos privadas, incluida la gestión del flujo de caja, mientras que el Estado percibe un porcentaje de los ingresos que oscila entre el 40% y el 65%.”
Esta “fragmentación del modelo de comercialización” abre la puerta “a intermediarios sin experiencia en el sector energético, muchos de los cuales estaban registrados en jurisdicciones opacas, como Hong Kong, Panamá, Belice, Emiratos Árabes Unidos o Uganda, solo unas semanas antes de empezar a trabajar con PDVSA”.
Entre estos “socios”, Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, se convirtió en “uno de los principales operadores comerciales en la intermediación del crudo de PDVSA”, comercializando y transportando la producción a puertos de Asia, a través de sociedades offshore. Según la web de investigación Armando.info, a finales de 2024 las entidades propiedad de Giménez debían 1.500 millones de dólares a PDVSA.
Transparencia Venezuela señala los “mecanismos de compensación” y trueque aceptados por la empresa nacional, ya que algunos intermediarios pagaron el petróleo con alimentos, materiales de construcción o camiones.
“A partir de 2021, los pagos distintos del trueque se realizaron cada vez con mayor frecuencia utilizando criptomonedas, y en 2024 y 2025 eso se convirtió en algo prácticamente absoluto: todos los envíos, excepto los que amortizan la deuda con China pero no se traducen en ingresos para Venezuela, se pagan en USDT (Theter), lo que permite realizar transacciones fuera del radar del sistema financiero mundial”, señala la ONG.
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Este sistema, bajo la autoridad de Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, convertida hoy en presidenta interina e interlocutora de las autoridades estadounidenses, fue militarizado en octubre pasado con el nombramiento del exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como presidente de PDVSA.
Traducción de Miguel López
