Ayuso contabiliza como activo más de 300 millones en pérdidas por las obras fantasma de Aguirre

Hay herencias que tardan décadas en liquidarse. En la Comunidad de Madrid, el legado de la época de las grandes infraestructuras de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre no solo sobrevive en el hormigón abandonado, sino también en las cuentas del Gobierno regional. El último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2024, pone de manifiesto que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso mantiene en su activo 303,02 millones de euros en “obras fantasma” abandonadas que en varios casos no son recuperables, según la propia Administración. 

No se trata de un simple descuadre contable. Según explican fuentes de la Cámara de Cuentas consultadas por infoLibre, el mantenimiento de este valor en los libros responde a una “clara sobrevaloración del activo” motivada por la resistencia política a admitir que esos proyectos son hoy dinero perdido. Al no limpiar la contabilidad, el Ejecutivo de Ayuso evita enviar el mensaje de que cientos de millones de euros de inversión pública terminaron, literalmente, en vía muerta.

212 millones en obras ferroviarias

El grueso de esta "riqueza fantasma" se concentra en proyectos ferroviarios que nunca llegaron a destino o que fueron cerrados prematuramente por falta de usuarios. El máximo exponente de ellos es el ferrocarril de Móstoles a Navalcarnero, una obra iniciada en 2008, bajo el mandato de Aguirre, y abandonada apenas dos años después, que la Comunidad sigue valorando como un activo de 126,2 millones de euros. 

Mientras en la Puerta del Sol se resisten a admitir dicha pérdida en sus libros, la factura real no deja de crecer: el Gobierno regional ya tuvo que abonar 162,5 millones de euros en indemnizaciones a la constructora OHLA en 2022 por la liquidación prematura del contrato. La estrategia actual para mantener viva esta ficción contable pasa por que sea el Ministerio de Transportes quien se haga cargo de dicha infraestructura. El departamento de Óscar Puente licitó el pasado diciembre un estudio de viabilidad para intentar rescatar la obra, en lo que supondría, de facto, un traspaso de la responsabilidad sobre dicha ejecución que la Comunidad lleva años reclamando y que le permite deshacerse de la responsabilidad sin reconocer que la inversión fue un fracaso.

A pocos kilómetros, en San Martín de la Vega, la línea de Cercanías C-3a, que pretendía dar servicio al parque temático Warner, ofrece una estampa de abandono todavía más visual, con la estación dejada a su suerte y vandalizada, y un trazado que la propia Administración descartó oficialmente recuperar en diciembre de 2024 por no ser rentable. Como en el caso del tren Móstoles-Navalcarnero, la Comunidad de Madrid pretende que el Ministerio de Transportes se haga cargo del servicio. 

Aunque este activo figura en el balance con un valor de 59,8 millones de euros, la realidad es que se trata de una infraestructura que llegó a registrar una media de apenas cuatro usuarios por tren antes de su clausura en 2012. La desidia contable con este proyecto convive con nuevos hachazos judiciales: el pasado diciembre, el Tribunal Supremo condenó a la región a pagar 7,5 millones de euros adicionales por la expropiación de unos terrenos al iniciar la construcción de la vía, que lleva 13 años cerrada.

La variante de Torrejón de Ardoz completa este mapa de la herencia ferroviaria no resuelta. Con una obra ejecutada —en este caso bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón— y valorada en sus libros en 26,6 millones de euros (de un contrato total de 69,9 millones), se trata de un túnel inacabado que la Comunidad de Madrid decidió paralizar definitivamente en 2017. La Administración admitió entonces que el proyecto era "inviable" debido a que el entonces Ministerio de Fomento exigía para su explotación una segunda fase que ni siquiera estaba planificada ni contaba con proyecto constructivo. 

Según los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora, la Comunidad tuvo que abonar a la constructora Sacyr una indemnización de 1,91 millones de euros exclusivamente por el desistimiento del contrato, a lo que se suman otras reclamaciones por daños y perjuicios derivados de años de suspensiones y errores en la gestión de permisos y expropiaciones. Pese a este abandono oficial, el Gobierno regional ha mantenido el valor de lo ya construido en su balance utilizando el término contable "inmovilizado": esto le evita reconocer que la infraestructura carece de utilidad.

La M-203: 90 millones en una carretera a ninguna parte

El cuarto "activo fantasma" es la carretera M-203 (recientemente rebautizada como MP-205), que figura en el balance como "inmovilizado terminado" por un valor de 90,3 millones de euros. Esta vía de 12,5 kilómetros, diseñada originalmente en 2005 para unir la A-2 con la R-3 y la M-50, lleva casi dos décadas en un limbo administrativo. Aunque el asfalto está terminado y en perfecto estado, la falta de permisos originales de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Fomento paralizó las obras en 2007, un año antes de su inauguración prevista, convirtiéndola en un escenario habitual para rodajes de cine y carreras ilegales.

El fiasco no solo es logístico, sino financiero: tras un litigio judicial, la Comunidad de Madrid fue obligada a pagar 73,4 millones de euros a la constructora Ferrovial por la resolución del contrato. La Cámara de Cuentas advierte que el activo debe ser “regularizado” (borrado del balance) en caso de que dicha vía continúe abandonada. El Gobierno de Ayuso ha anunciado su “resurrección” dentro del Plan de Carreteras 2025-2032. La maniobra implica una nueva inversión –adicional a la inicial– de casi 60 millones de euros para completar la conexión, una promesa que permite esquivar, un año más, la asunción de este agujero en las cuentas públicas.

El “agujero” del Metro: el IVA que se regala al Estado

Junto a las obras paradas, la fiscalización del ejercicio 2024 pone el foco en un desorden administrativo que arrastra la Comunidad desde que absorbió a la desaparecida empresa autonómica MINTRA en 2011. Al hacerse con ella, adquirió también un derecho de cobro de 121,6 millones de euros que Metro de Madrid le debe ahora a la Comunidad por el arrendamiento de vías desde hace más de una década.

Al ser Metro una empresa propiedad de la Comunidad de Madrid, en las cuentas consolidadas el impacto en el balance neto es nulo (lo que uno debe, el otro lo tiene por cobrar). Sin embargo, mantener esta deuda viva en el papel tiene un perjuicio económico directo: la Comunidad está obligada a facturar ese alquiler ficticio y, por tanto, a ingresar el IVA correspondiente a la Hacienda estatal. Es decir, la Administración madrileña está perdiendo dinero en impuestos pagados al Estado por unos ingresos de Metro que son incobrables y que no van a entrar en las arcas regionales.

Las indemnizaciones

Los “valores fantasma” pendientes de regularizar que la Comunidad de Madrid contabiliza en el activo suman más de 300 millones de euros, pero las indemnizaciones que la Comunidad ha desembolsado a las constructoras o a otras partes perjudicadas por la paralización de las obras ascienden a otros 245,3 millones de euros entre las cuatro obras paralizadas. 

La Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, que en 2021 se comprometió, según la Cámara de Cuentas, a regularizar las tres obras ferroviarias y dejar de contarlas como activo, no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre las razones por las que no lo ha llevado a cabo la regularización ni respecto a los plazos en los que se plantea hacerlo.