Querida ciudadanía española,

Treinta años después del histórico Plan de Acción de El Cairo, el derecho al aborto vuelve de cuando en cuando al debate de actualidad. Ahora, escuchamos al otro lado que España se plantea blindarlo en su Constitución, como consecuencia del falso debate recurrente sobre un derecho básico para las mujeres. 

Pero este debate no ocurre en el vacío. En los últimos años hemos visto cómo en distintos países —desde Estados Unidos hasta Polonia o El Salvador— se desmantelan protecciones que ha costado décadas conquistar. Detrás hay una ofensiva internacional bien organizada que busca recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. 

En muchos países, decidir interrumpir un embarazo sigue siendo motivo de cárcel o de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se practican unos 25 millones de abortos en condiciones inseguras, responsables de entre 22.000 y 39.000 muertes maternas evitables. No por abortar, sino por no poder hacerlo con garantías y seguridad. 

En Bolivia cada día comprobamos lo que ocurre cuando el derecho al aborto no existe o está restringido a unos pocos supuestos. Les escribimos no para hablar de teoría, sino de vidas concretas: las de miles de mujeres, niñas y adolescentes que ven negada su autonomía, su salud y su futuro.

Aquí, el aborto solo es legal en casos de violación o cuando la salud y la vida de la mujer está en riesgo. En la práctica, sin embargo, incluso esas excepciones son casi imposibles de ejercer. Los prejuicios, el miedo y la desinformación pesan más que la ley. Cada año se practican miles de abortos inseguros, y el resultado es devastador: mujeres encarceladas, hospitalizadas o muertas por no poder acceder a un servicio seguro.

Según datos oficiales, el 50,5 % de los embarazos en Bolivia son no intencionales, y más de 32.000 adolescentes se convierten en madres cada año. Detrás de muchas de esas cifras hay violencia sexual, matrimonios forzados y una profunda ausencia de educación afectivo-sexual. No se trata solo de estadísticas: se trata de oportunidades perdidas, de infancias interrumpidas, de sueños cancelados antes de comenzar.

Por eso, que ahora España se plantee blindarlo en la Constitución no es un gesto menor. Significa reconocer que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo forma parte esencial de la libertad, la igualdad y la dignidad humana.

Por eso miramos con atención y esperanza. Blindar el aborto no es solo un avance para las mujeres españolas. Es también una señal para el mundo: una manera de decir que los derechos conquistados no son reversibles, que la igualdad y la dignidad no dependen del gobierno de turno.

España ha sido ejemplo de avances en igualdad y de compromiso con una política exterior feminista. Pero si de verdad quiere ser coherente con esa visión, necesita defender este derecho también fuera de sus fronteras. Porque lo que se defiende dentro inspira fuera, y lo que se protege en el Norte tiene eco en el Sur.

Cuando una mujer española pueda decidir libremente sobre su cuerpo, sin miedo ni culpa, supondrá también un paso adelante para que una mujer boliviana pueda hacerlo algún día en una sociedad que apoya el acceso al aborto libre y seguro. Cuando se blinda un derecho en un país, se fortalece en todos.

Legalizar el aborto salva vidas. Las protege del vaivén político. Significa confiar en las mujeres y reconocer su capacidad para tomar sus propias decisiones. 

Desde Bolivia, enviamos nuestro apoyo y solidaridad para que sigan avanzando. Que no den por sentados los derechos que aquí todavía estamos luchando por conquistar. Que escriban en su Constitución lo que tantas queremos poder escribir en la nuestra: que nuestros cuerpos no son campo de batalla, sino territorio de decisión.

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Magali Chávez es directora Alianza-ActionAid en Bolivia.