Incluir el aborto en la Constitución, pulsar el 155 y otras vías para responder al desafío de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido pasar a la ofensiva contra los derechos reproductivos de las mujeres. Sin titubeos, sin matices y sin ningún tipo de paliativos. Así lo ha escenificado este jueves en la propia cámara autonómica, donde ha jaleado su intención de no cumplir con la ley, negándose a confeccionar el registro de objetores al aborto que todas las comunidades están obligadas a elaborar. "No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", ha remarcado, para reiterar a renglón seguido que "nunca, nunca" va hacer una "lista negra" de médicos. A quien no esté de acuerdo, un mensaje lacerante: "Váyanse a otro lado a abortar".

Es la última expresión reaccionaria protagonizada por la líder regional, pero no la única. A pesar de las contradicciones internas en sus propias filas y a pesar de que la hemeroteca evidencia la incoherencia en su discurso. Este mismo jueves, el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, se vio obligado a corregir a Díaz Ayuso para recalcar que el PP garantizará el acceso al aborto "conforme a las leyes" y que su posición sobre este derecho es "clara y conocida": "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", señaló en una carta publicada en redes. 

Conviene recordar que los conservadores dejaron a un lado el debate ideológico sobre el aborto en su congreso nacional celebrado a principios del pasado mes de julio. Y también que fue la propia Isabel Díaz Ayuso quien hace tres años defendía el derecho de las menores de dieciséis y diecisiete años a interrumpir su embarazo si así lo elegían, una cuestión que fue campo de batalla de su partido durante años: "No se me ocurriría pensar que una mujer de dieciséis años (...) tenga que seguir con una vida que no quiere", asentía entonces.

Pero además, la presidenta madrileña que se niega ahora a elaborar el registro de objetores al aborto, sí cuenta con uno idéntico para la eutanasia.

"Es mentira cuando dice que se va a señalar, perseguir y estigmatizar, porque no es público. Es un registro que queda para los profesionales y las administraciones", recuerda la diputada socialista Lorena Morales, quien enmarca la ofensiva de la líder regional en una suerte de "cortina para echarle un pulso al Gobierno y erosionar a su compañero Feijóo". Ayuso tiene tres meses para poner en marcha el registro, siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad. Si desobedece, reflexiona la diputada socialista, "tendrá que ir al Constitucional".

El Tribunal Constitucional también ha sido mencionado por el Gobierno. El propio Pedro Sánchez ha apuntado este jueves en redes sociales que su equipo "usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional". En la misma línea se ha expresado la ministra de Sanidad, Mónica García, y su homóloga en Igualdad, Ana Redondo. Fuentes de ambos departamentos han precisado a infoLibre que son varios los ministerios que están estudiando cómo proceder si la Comunidad de Madrid no cumple con la ley.

La responsabilidad institucional, según la ley

Pero ¿qué dice la ley del aborto al respecto? En su artículo vigésimo cuarto, la norma desarrolla la responsabilidad institucional en relación a los derechos sexuales y reproductivos. "Las administraciones públicas se abstendrán de realizar cualquier acto que vulnere los derechos sexuales y reproductivos establecidos en esta ley orgánica y se asegurarán de que autoridades, personal funcionario, agentes e instituciones estatales y autonómicas, así como los demás actores que actúen en nombre de las anteriores, se comporten de acuerdo con esta obligación", determina.

El mismo artículo, en los dos apartados siguientes, también incide en que "las administraciones públicas competentes garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley orgánica" y subraya que "las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, tomarán las medidas integrales y eficaces para prevenir, proteger, investigar, sancionar, erradicar y reparar las vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". 

La respuesta del Estado

¿Y qué sucede cuando es la propia administración la que los vulnera?

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, reconoce que no es sencillo actuar ante un eventual incumplimiento de la ley por parte de una comunidad: "El Estado tiene muy pocas opciones. Puede hacer un requerimiento y llegado el caso podría instar en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución". También destaca que, en caso de que hubiera un "acto jurídico madrileño" en el que se explicite el incumplimiento de la ley, "eso sí se puede anular". Es decir, si la comunidad dicta una instrucción o un acuerdo en el que se materialice dicha pretensión, sí podría ser recurrido directamente ante el Tribunal Constitucional. Pero hasta ahora lo que existe es simplemente un posicionamiento político. Y en ese sentido, añade, la inacción por sí sola es difícil de confrontar.

"Quizá supeditar la entrega de algunos fondos a la conclusión de ese registro", sugiere Urías, si bien "sería un gesto más político que jurídico".

Cinco comunidades todavía no han elaborado un registro de objetores al aborto a pesar de que la ley les obliga

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Coincide la doctora en Derecho Constitucional Ana Valero. "El Gobierno central puede presionar, por ejemplo, con reducir la financiación a la comunidad autónoma madrileña", en una primera fase. Si no cumple, la posibilidad de pulsar el 155 está sobre la mesa, asegura la también profesora. Y en caso de que la presidenta de la comunidad quiera aprobar una normativa específica que contravenga la ley, el Ejecutivo también "podría ir al Constitucional por la vía del conflicto de competencias". Ayuso, zanja la experta, "tiene que hacer lo que dice la ley, porque si no lo hace está vulnerando derechos fundamentales de las mujeres e incumpliendo con los servicios sanitarios que necesariamente debe prestar".

El abogado José Antonio Bosch, especializado en derechos reproductivos, también recuerda la vía de la acción individual: si una mujer sale perjudicada ante esa inacción, "podría iniciar un procedimiento contra la comunidad, a través de una reclamación patrimonial".

La Constitución

Hace dos años, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la ley del aborto, avalándola por completo pese a los recursos interpuestos hace más de una década por los conservadores. Mientras los magistrados deliberaban, en el debate político sobrevolaba la idea de blindar el aborto haciendo uso de una fórmula: su inclusión en la Constitución. Una idea que ha sido ahora recuperada por el Partido Socialista. José Antonio Bosch entiende el potencial impacto de una medida de esas características y reconoce que incluirlo sería "magnífico", pero también recuerda que de poco sirve si después las instituciones no trabajan para materializar el derecho. Pone un ejemplo nítido: "El derecho a la vivienda también está en la Constitución".