Desde la llegada de Donald Trump al poder, España ha acumulado una cadena de advertencias de la Casa Blanca. Aranceles del 100% al incluirla erróneamente entre los países del bloque BRICS, presiones ante la negativa de Madrid a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, insinuaciones de expulsión de la OTAN, declaraciones recurrentes a favor de castigos por mantenerse refractaria al dictado del presidente americano, amenazas de duplicar aranceles y ruptura total del comercio bilateral por la negativa española a ceder las bases de Rota y Morón para los ataques sobre Irán. Ninguna se tradujo en medida ejecutiva alguna. En cada ocasión, la prensa dio la voz de alarma. Comprender la dinámica no requiere esperar la próxima amenaza, sino dejar de aplicar el marco equivocado a todas las anteriores.

Los periodistas occidentales tienden a analizar a líderes políticos bajo el prisma de la racionalidad, aplicando un arsenal interpretativo pensado para actores que aspiran a la coherencia. Un dirigente queda expuesto cuando lo prometido no se cumple, cuando contradice constantemente lo que ha dicho o cuando la brecha entre sus palabras y su gestión se torna indefendible. Este esquema solo opera con quien ha construido su autoridad sobre la verosimilitud. La guerra contra Irán aportó evidencia suficiente. Las justificaciones mutaron del cambio de régimen a la amenaza nuclear, de la estabilidad a la victoria en semanas, pero el régimen que iba a colapsar demostró capacidad de resiliencia. Sucesivos ultimátum, con promesas de desatar los infiernos y aniquilar una civilización, expiraron con fecha y hora. Los titulares aguardaron el derrumbe político de Trump. No llegó.

En 1961, el historiador Daniel J. Boorstin describió en su ya clásico The Image el fenómeno del "pseudo-evento", como situación fabricada para ser cubierta por los medios de comunicación, pero no como expresión de la vívida realidad, sino como sustituto funcional. Su efecto se agota en el mismo instante de la declaración. En ese mismo trabajo, Boorstin definió la celebridad moderna como aquello que es conocido por tan solo ser conocido, al margen de cualquier acto verificable. Cuando Trump afirmó que había pacificado siete guerras, sin evidencia alguna que lo respaldase, ejecutó un pseudo-evento de manual que generó cobertura, instaló un relato y cumplió su cometido antes de que ninguna verificación seria llegara a producirse. Las advertencias a España obedecen a la misma lógica. La ejecución de las intimidaciones nunca ha sido el propósito.

El crítico cultural Neal Gabler demostró en Life: The Movie que el entretenimiento no se limitó a colonizar la cultura, sino que conquistó el conjunto de la vida pública americana. El fenómeno era de fondo. La intensidad había desplazado al rigor como valor dominante de la comunicación política. Trump representa la culminación de ese proceso. Sus declaraciones no existen como compromisos medibles, sino como sensaciones provocadas en el acto de pronunciarlas. Anunciar el infierno sobre Irán y no desatarlo no le cuesta credibilidad porque su autoridad nunca reposó sobre ella. "Vamos a cortar todo el comercio con España" no apunta primordialmente a La Moncloa. Es una señal simultánea para la base MAGA, los aliados europeos vacilantes y los adversarios geopolíticos que descifran el mismo mensaje con expectativas distintas.

Señalar el patrón comunicativo estadounidense no equivale a desactivar el problema. No todas las consecuencias requieren una medida ejecutiva para producirse. La presión narrativa sostenida sobre el gasto en defensa logró que aliados europeos comprometieran inversiones militares inéditas en décadas sin que ningún movimiento real se tradujera en sanción o expulsión. La incertidumbre arancelaria generó volatilidad en sectores exportadores antes de que cualquier tarifa entrara en vigor. Lo que conviene distinguir es el ruido del impacto. Cuando la prensa trata cada pronunciamiento como preludio de una medida inminente, amplifica el espectáculo sin coste alguno para quien lo protagoniza. Washington obtiene el efecto político sin asumir la carga de materializarlo. La alarma se convierte en el instrumento de una coerción que no precisa concretarse para funcionar.

El principal riesgo no reside en que Trump cumpla sus amenazas. Está en que la cobertura que aguarda la hecatombe definitiva que nunca llega acabe normalizando un sistema de presión sin rendición de cuentas. Cada ciclo de coacciones y bravatas que se cierra sin consecuencias refuerza al actor que lo protagoniza. Para España, la secuencia de advertencias en unos pocos meses no es un listado de reprimendas y humillaciones diplomáticas. Es toda una guía de uso del método de comunicación ultra. Ninguna fue concebida para cumplirse, pero todas produjeron efecto. Comprender a Trump exige asumir que sus palabras no describen necesariamente lo que hará, sino que actúan en el momento mismo en que se emiten. Los medios que sigan tratándolas como compromisos pendientes de ejecución serán, sin quererlo, una pieza del engranaje.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

Lamine Yamal nació en Esplugues de Llobregat, de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, es negro y profesa el islam. Apenas cumplida la mayoría de edad, acumula los récords de precocidad del fútbol europeo y es el referente más visible de la selección española. Durante el amistoso España-Egipto en Cornellá, miles de aficionados en una zona reservada a grupos con invitación corearon consignas islamófobas. Visiblemente molesto en el campo, el jugador respondió en Instagram: "Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable". Lo que el episodio revela no es una anécdota ni un hecho aislado. Es la exteriorización de la denominada inclusión condicional. El delantero puede representar a España mientras haga goles, pero su fe es inadmisible en cuanto trasciende en público.

¿Habrían resonado los mismos cánticos si el rival hubiera sido Alemania, Brasil o Japón? El alarido "musulmán el que no bote" presupone un adversario percibido como religiosamente otro y ante Egipto, país árabe y africano cuya mayoría profesa esa misma fe, la frontera identitaria se activa con una especificidad que no operaría frente a otro equipo. El partido no engendró la islamofobia, pero sí proporcionó un objetivo reconocible y la cobertura de un espacio de masas donde la Real Federación Española de Fútbol no activó el protocolo antirracismo pese a la magnitud de lo ocurrido. Que de ese mismo círculo también emanaran consignas contra el presidente del Gobierno no es baladí. Es la prueba de que el islamófobo y el antisanchista comparten un mismo proyecto de construcción del enemigo.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia constata una persistente alza de casos en el conjunto del Estado. En Cataluña, las denuncias por odio islamófobo pasaron de 22 en 2022 a 72 en el pasado ejercicio, un incremento del 220%. El informe INFRA-D de Accem documenta que la población magrebí concentra el 36% de los incidentes de discriminación racial, aunque el fenómeno afecta también a otras comunidades islámicas, desde la argelina hasta la pakistaní. En España residen alrededor de un millón de marroquíes, que son blanco recurrente del odio antiislámico. Para ellos, lo sobrevenido en Cornellá no es novedoso. El poso de intolerancia llega ahora a los recintos deportivos y halla en la desinhibición colectiva un amplificador que hace aflorar la hostilidad que en otros contextos subsiste latente.

Lo ocurrido arroja luz sobre el proyecto político de la ultraderecha. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, no condenó los hechos. Al contrario, bajo su blindaje racial arremetió contra supuestas secuelas de la inmigración, desde el aumento de las violaciones hasta la presencia yihadista en Europa, aserciones que los datos no sustentan. No se acredita relación causal entre el fenómeno migratorio y la delincuencia, pero tal narrativa funciona como marco de sentido para establecer una separación entre quienes pertenecen a la tribu y quienes sobran. El PP, que ha condenado lo sucedido, defiende no obstante una "inmigración culturalmente próxima", que excluye implícitamente a colectivos de religiones no cristianas, y acaba de votar favorablemente en las Cortes Valencianas una proposición que vincula inmigración y criminalidad. Feijóo ha vinculado además el proceso de regularización en curso con el riesgo terrorista derivado del conflicto en Oriente Medio.

El año pasado se editó en español la obra de referencia de Francisco Bethencourt, Racismos, donde repasa las evoluciones del fenómeno desde la Edad Media hasta el siglo XX. El historiador portugués, profesor en el King's College, demuestra que el racismo no es un fenómeno natural sino una construcción política que combina prejuicio étnico o religioso con acción discriminatoria que responde a proyectos de dominación. Su tesis apunta que la racialización de las minorías desvía la tensión social hacia grupos vulnerables en lugar de abordar las causas estructurales de la desigualdad, movilizando a las clases populares contra el distinto antes que contra quienes concentran recursos y poder. Es la misma estrategia empleada en los años veinte y treinta contra judíos, comunidades gitanas y otros grupos humanos en los imperios coloniales, y que hoy opera a través de renovadas plataformas.

El mecanismo de activación de la animadversión no es espontáneo y no puede entenderse sin el aparato ideológico que lo sustenta. Las consignas en el estadio partieron de un grupo organizado en una zona estratégica de la grada y se propagaron a miles de espectadores. Según la psicología social, en espacios de alta intensidad emocional una parte significativa de la multitud secunda comportamientos iniciados con suficiente energía por conformidad antes que por convicción, cuando el anonimato disuelve cualquier responsabilidad individual. Vox participará el próximo 30 de mayo en Oporto en una cumbre para evitar "el suicidio étnico de la Europa blanca" por la presencia de comunidades musulmanas. La diputada ultra Rocío de Meer resume la posición del partido en tres palabras: "remigración o desaparición". El terreno está deliberadamente abonado. El estadio solo cosechó los frutos.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

Cuando Elon Musk apareció en el escenario de la toma de posesión de Donald Trump ejecutando el gesto que algunos comentaristas bautizaron como saludo romano, muchos prefirieron leer el momento como el exceso teatral de un millonario sin autocontrol. El filósofo franco-americano Norman Ajari no comparte esa indulgencia. En su reciente ensayo Technofascisme. Le nouveau rêve de la suprématie blanche, publicado a comienzos de este año, Ajari desarrolla un argumento incómodo: lo que estamos presenciando no es la extravagancia de individuos con demasiado poder, sino la emergencia de una nueva forma de gobernanza política con base ideológica identificable, infraestructura material concreta y vocación decididamente transnacional. El tecnofascismo, sostiene, no es una metáfora ni un insulto de combate ni una hipérbole militante. Es una categoría analítica con un contenido preciso.

La diferencia con el fascismo histórico no es de grado, sino de estructura. El del siglo XX precisaba partido de masas y Estado nacional como instrumentos de conquista del poder. El tecnofascismo del nuevo milenio prescinde de ambos. Su base organizativa es la empresa y el CEO sustituye al líder político clásico como figura de autoridad absoluta, con mando total sobre trabajadores y amplios recursos sin control externo. No necesita ganar elecciones ni gobernar un territorio. Aspira al dominio de sistemas y flujos sobre los que descansa la vida social, y es precisamente su escala global lo que lo hace más adaptable que cualquier organización partidaria. Mientras que el Rassemblement National (RN), la Alternative für Deutschland (AfD) o Vox compiten dentro de las reglas democráticas, aunque busquen erosionarlas desde dentro, las plataformas tecnológicas operan en una dimensión donde las fronteras estatales resultan intrascendentes.

La genealogía de este movimiento no es tan reciente como podría aparentar. Ya en 1995, Peter Thiel y David Sacks publicaron The Diversity Myth, un texto que cuestionaba frontalmente el multiculturalismo en las universidades americanas y preparaba el terreno para el surgimiento de un elitismo explícitamente favorable a las clases dominantes de ascendencia europea. Ese mismo año circulaba The Bell Curve, de Charles Murray y Richard Herrnstein, ensayo pseudocientífico que postulaba diferencias genéticas de inteligencia entre poblaciones según su origen racial. Los dos textos conforman la matriz ideológica y racial del supremacismo tecnológico occidental. En 2011, Thiel fue más lejos y publicó The End of the Future, sosteniendo que solo los hombres blancos podían sacar a la humanidad del estado salvaje de naturaleza. No es casualidad que tanto él como Musk crecieran en la Sudáfrica del apartheid.

La manifestación más concreta de esta cosmovisión se llama Palantir. La empresa de vigilancia fundada por Thiel presenta sus productos y servicios como herramientas pretendidamente neutras de apoyo a la toma de decisiones. El consejero delegado, Alex Karp, empleó un término más explícito y perturbador, señalando que los programas informáticos de la compañía sirven para modelar kill chains o cadenas que facilitan la ejecución letal de objetivos. Palantir equipa a las fuerzas israelíes desplegadas en Gaza e Irán, al ICE, milicia urbana de Trump, y a la policía fronteriza federal de Estados Unidos, a los servicios de inteligencia interior de Francia y a numerosas corporaciones del CAC40. Se trata del único fabricante de software que toma partido —y cobra— en guerras, deportaciones masivas y operaciones de espionaje interior al mismo tiempo, en continentes distintos, sin someterse a ningún control democrático.

Sería un error cómodo clasificar el tecnofascismo como un fenómeno eminentemente americano a observar desde la distancia. Sin embargo, la penetración en Europa es ya profunda y activa. Las fuerzas armadas de la OTAN integran esos sistemas en el dispositivo militar aliado y la inteligencia interior de varios gobiernos europeos depende de ellos. Cuando Musk interviene públicamente en apoyo de la AfD alemana, de Marine Le Pen o de formaciones ultraderechistas en el Reino Unido y también en el Estado español, no está dando rienda suelta a los caprichos de un multimillonario aburrido, sino ejecutando con plena coherencia una estrategia de penetración hegemónica que utiliza X como vector de difusión de un ideario donde el Occidente blanco ostenta, en palabras de Ajari, el "monopolio natural sobre el futuro". El conglomerado empresarial-tecnológico y la plataforma digital son dos caras de una misma ofensiva.

Frente a la escala de la amenaza, Ajari recupera el concepto de "intercommunalism", desarrollado por Huey P. Newton y los Panteras Negras en los años sesenta y setenta del pasado siglo. La propuesta es la solidaridad activa y transnacional entre comunidades oprimidas como respuesta política adecuada frente a poderes que no reconocen fronteras ni límites. El Estado-nación ya no es el marco suficiente para articular una resistencia efectiva. La pregunta que el trabajo deja abierta —y a la que los movimientos democráticos europeos todavía no han respondido— es si existe una capacidad real de construir esas cooperaciones transfronterizas antes de que el ente-empresa complete el proceso de sustitución de la forma-Estado. Designar y llamar a lo que ocurre con precisión es el primer paso. El tecnofascismo tiene nombre, tiene historia, tiene estrategia y tiene recursos e infraestructura. Ya nadie puede alegar que no lo vio venir.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La hipótesis dominante en los análisis sobre las consecuencias del ataque del 28 de febrero es que eliminar el liderazgo de Teherán desactivará automáticamente la red de actores armados que Irán ha construido durante décadas en el Líbano, Yemen, Irak y los territorios palestinos. Es una hipótesis tranquilizadora para Occidente y, por eso mismo, conviene examinarla con cierto escepticismo. La experiencia acumulada en los conflictos del siglo XXI apunta en otra dirección: los grupos insurgentes con anclaje ideológico propio y financiación descentralizada no se disuelven cuando desaparece su principal patrocinador; se reorganizan, desarrollan agendas autónomas y se vuelven más impredecibles, porque ya no responden a ninguna cadena de mando con incentivos para contener la escalada. Un eje sin cabeza no es un eje derrotado, sino uno que eventualmente puede convulsionar.

El Hezbollah libanés es el caso más estudiado y el más revelador quizás. Se trata de una organización fragilizada en su dimensión política —por la crisis económica libanesa, las pérdidas electorales de octubre de 2021 y la responsabilidad pública por la explosión del puerto de Beirut— y en plena expansión en el plano militar, con un arsenal estimado en 130.000 misiles de alcance variable, 2.000 drones y una fuerza movilizable de 100.000 combatientes según llegó a declarar Nasrallah, abatido por Israel el 27 de septiembre de 2024. La Guerra de los doce días de junio de 2025 decapitó a su cúpula dirigente, pero la estructura organizativa sobrevive a los líderes. Las milicias construidas sobre décadas de lealtades comunitarias, redes financieras propias y capacidad de armamento autónoma no desaparecen con un bombardeo. Sin la coordinación anterior, es plausible que sigan latentes y en estado de recomposición.

Los hutíes de Yemen representan otro vector de riesgo que análisis simplistas sobre el denominado "eje de la resistencia" suelen malinterpretar. No son una filial iraní que obedece instrucciones de Teherán. Son un movimiento con raíces ideológicas propias, que se inscriben en el zaydismo chiíta yemení, que ha construido su legitimidad interna sobre la resistencia a la intervención saudí y a los bombardeos occidentales. Las campañas militares estadounidenses de 2024 y 2025 contra sus posiciones no los detuvieron. Si acaso, reforzaron su narrativa de obstinación frente a la amenaza exterior. Sin coordinación con Teherán, actuarán según sus propios cálculos estratégicos, que incluyen perfectamente interrumpir el tráfico marítimo en el mar Rojo o atacar infraestructuras petroleras del Golfo. Su imprevisibilidad no disminuye con la caída del poder en Teherán. Al contrario, aumenta.

Las milicias proiraníes en Irak completan este ecosistema de amenazas. La estrategia de Irán en Mesopotamia construyó, aprovechando el vacío dejado por la invasión estadounidense de 2003, un "Estado profundo" miliciano articulado en redes paramilitares de seguridad, densas redes clientelares que penetran las instituciones, economías de la violencia que regulan los intercambios locales y mecanismos de vigilancia de la población. Este entramado opera con plena autonomía respecto a Bagdad, sin depender de instrucciones directas de Teherán. Con la muerte o huida del liderazgo visible iraní, estas facciones no recibirán la orden de disolverse. Tomarán sus propias decisiones, compitiendo entre sí por recursos, territorios y legitimidad en un país que lleva años sin resolver sus tensiones internas.

Más allá de Oriente Próximo existe una dimensión del riesgo que los análisis raramente mencionan: las capacidades de acción encubierta que Irán ha desarrollado en Europa y América del Norte durante décadas. Las agencias de inteligencia alemana, francesa y escandinava han documentado en informes públicos la presencia de redes vinculadas a la Fuerza Quds en territorio europeo, utilizadas tanto para la vigilancia de disidentes en el exilio como para operaciones de intimidación y, potencialmente, de represalia en situaciones de tensión extrema. Lo que garantiza la contención de esas capacidades no es la buena voluntad. Es la existencia de un mando central en Teherán con incentivos propios para calibrar la respuesta y evitar una escalada que pondría al régimen ante reacciones aún más devastadoras. Sin ese mando, ese cálculo desaparece con él.

Al asesinato del general Soleimani en enero de 2020, Teherán respondió con misiles contra bases estadounidenses en la región. Era una réplica calculada para mostrar músculo sin provocar una guerra total, evitando bajas americanas que hubieran desencadenado una escalada abierta. Esa contención fue posible porque existía un mando central consciente de lo que estaba en juego. Washington apostó el 28 de febrero por liquidar ese mando, confiando en que así eliminaba también la amenaza. Cuatro décadas de conflictos en Oriente Próximo enseñan lo contrario. Los vacíos de poder no producen paz, engendran caos. Un caos que dispone de misiles, drones y células incluso en territorio europeo. A la hidra derrotada por Hércules le crecían dos cabezas por cada una que se le cortaba. El eje de la resistencia, dislocado pero no abatido, podría operar bajo una lógica similar. Más fragmentado, más difuso y más difícil de neutralizar.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

Por primera vez en décadas hay más autocracias que democracias en el mundo. El Instituto V-Dem lo certifica en su informe de 2025: 91 regímenes autocráticos frente a 88 democracias, con el 72% de la población mundial bajo formas de gobierno no democráticas. El Democracy Index de The Economist registra en 2024 su mínimo histórico (5,17 sobre 10), y el Pew Research Center revela que el 31% de los ciudadanos en 24 países apoya formas de gobierno autoritarias. Los españoles no somos ajenos a esta deriva: según la encuesta de 40dB para El País en noviembre de 2025, uno de cada cuatro jóvenes en edad de votar preferiría un régimen autoritario bajo determinadas circunstancias. La democracia no solo retrocede en los márgenes alejados del mapa; también cede terreno en casa.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta más cómoda —y también la más equivocada— consiste en atribuirlo todo a la ignorancia, la posverdad o la manipulación exterior. Un reciente estudio del Parlamento Europeo, firmado por Richard Youngs (Carnegie Europe) y Elene Panchulidze (European Partnership for Democracy), ofrece un dictamen aún más incómodo: la autocracia dispone de un arsenal ideológico coherente, con dos milenios de tradición intelectual, que la democracia liberal no se toma en serio. Los autores identifican cinco narrativas antidemocráticas recurrentes, y la primera postula un gobierno de expertos, bajo el supuesto de que el ciudadano corriente sería demasiado ignorante o volátil para gobernar bien, argumento que va de Platón —quien proponía filósofos-reyes— a Jason Brennan, que en Against Democracy reclama una "epistocracia", gobierno reservado a quienes acrediten conocimiento político suficiente.

Una segunda narrativa sostiene que la democracia destruye el bien común porque no agrega voluntades sino intereses egoístas de grupos particulares (sindicatos, minorías, lobbies). La tercera justifica "gobiernos fuertes" ante las crisis —sanitarias, económicas, de seguridad—, apoyándose en Carl Schmitt, para quien "el soberano es quien decide sobre el estado de excepción", y renovándose con Curtis Yarvin, que propone sustituir el sufragio por un CEO soberano. La cuarta rechaza el secularismo progresista, sosteniendo que el liberalismo habría impuesto una visión del mundo hostil a la tradición, la familia y la identidad cultural, tesis que va de Pío IX a Dugin, cuya Cuarta Teoría Política reclama un orden civilizatorio alternativo al "imperialismo liberal universal". La quinta, y más poderosa electoralmente, es la del orden y la seguridad: la democracia, un sistema blando incapaz de proteger al ciudadano. Cinco narrativas, un mismo objetivo: presentar la democracia como lujo ineficiente.

Lo más perturbador, sin embargo, es que la oleada autocrática no responde a una demanda ciudadana genuinamente antidemocrática, sino a un proyecto político deliberado que la construye desde arriba. Como demuestran Larry Bartels en Democracy Erodes from the Top y Levitsky y Ziblatt en How Democracies Die, líderes como Orbán en Hungría, Meloni en Italia o Milei en Argentina no conquistan el poder asaltando las instituciones sino erosionándolas paso a paso: desacreditan jueces, colonizan medios, manipulan identidades y exageran amenazas. La demanda autoritaria no precede al líder; en buena medida, la construye él. Y las redes de coordinación entre estos actores —la internacional iliberal que conecta CPAC con Vox, al trumpismo con partidos de ultraderecha en el Parlamento Europeo— no son accidentales ni espontáneas, sino expresión de una lógica de expansión transnacional perfectamente articulada.

Ante todo esto, la Unión Europea lleva décadas desplegando un arsenal de apoyo a la democracia —misiones de observación electoral, sanciones del régimen global de derechos humanos, financiación a la sociedad civil en terceros países, diálogos con más de sesenta gobiernos—, pero estas políticas son reactivas, tecnocráticas y gobierno-a-gobierno, diseñadas para exportar el modelo liberal a otros con la suposición tácita de que en nuestra propia casa no necesitaba atención. La UE trató durante décadas la democracia como un bien de exportación, no como un proyecto político que requiriese mantenimiento y argumentación constante en el frente interior, y el resultado es que sus resoluciones condenan sistemáticamente los abusos autocráticos sin impugnar las ideas que los sustentan. Europa administra los procedimientos del autogobierno, pero ha descuidado su ontología.

Las recomendaciones del informe Youngs-Panchulidze apuntan en la dirección correcta —financiación más flexible en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, coordinación multilateral reforzada para llenar el vacío del repliegue trumpista e iniciativas específicas para disputar los factores identitarios que nutren el atractivo autocrático—, aunque hace falta algo más profundo. La UE debe comprender que el principal peligro no proviene solo de Moscú, Pekín o la Casa Blanca, sino también de quienes, desde dentro del sistema, normalizan la gramática del despotismo y banalizan sus consecuencias. Ceder ante ellos —cooptarlos, incorporar sus marcos sin crítica— no es pragmatismo, sino capitulación intelectual. Para ganar esta guerra, Europa necesita argumentar por qué la libertad, el pluralismo y la rendición de cuentas valen más que cualquier promesa de orden fuerte. Quienes en el PP deciden pactar con Vox para gobernar a cualquier precio deberían saber que todos acabaremos pagando el coste democrático.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 no responde a preocupaciones democráticas ni humanitarias, pese a que ciertos sectores intentaron presentarla bajo ese prisma. Washington esgrimió una única justificación: narcotráfico. Donald Trump acusó formalmente a Maduro de liderar el Cártel de los Soles, una organización criminal que supuestamente facilitaba el tránsito de cocaína colombiana hacia territorio estadounidense. Esta narrativa oculta motivaciones geopolíticas más profundas relacionadas con el control de recursos críticos en el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos y China. El petróleo venezolano, aunque relevante con sus 303.000 millones de barriles de reservas probadas, constituye un objetivo secundario frente al verdadero tesoro: el Arco Minero del Orinoco, valorado en dos trillones de dólares y que concentra minerales de tierras raras esenciales para la industria bélica y tecnológica. La intervención representa la primera gran acción armada del siglo XXI motivada explícitamente por recursos geoeconómicos determinantes para la hegemonía tecnológica.

El arco minero venezolano alberga riquezas que trascienden el valor económico para adentrarse en el ámbito de la seguridad nacional de las grandes potencias globales. Venezuela posee entre 7.000 y 8.000 toneladas de oro, depósitos significativos de coltán, conocido como oro azul e indispensable para fabricar condensadores electrolíticos presentes en dispositivos electrónicos, y, sobre todo, tierras raras que incluyen lantano, cerio, neodimio, disprosio y terbio. Hasta un total de 17 elementos químicos resultan vitales para producir imanes permanentes usados en motores eléctricos, turbinas eólicas, sistemas de guía militar, radares, pantallas LED y baterías de alta capacidad. Estos componentes resultan esenciales para el armamento más avanzado: aviones de combate F-35, submarinos nucleares, sistemas láser, satélites y misiles Tomahawk requieren estos materiales para funcionar adecuadamente. Su control determina la capacidad de cualquier potencia para mantener su industria de defensa y liderazgo tecnológico en sectores clave.

La dependencia de Washington respecto a Pekín en el procesamiento de minerales críticos obsesiona a la administración Trump y explica un interés que trasciende consideraciones puramente petrolíferas. El gigante asiático controla el 70% de la extracción mundial de elementos de tierras raras y el 87% de la capacidad global de procesamiento, otorgándole capacidad para ejercer presión mediante restricciones a la exportación. Entre 2020 y 2023, el 70% de las importaciones norteamericanas de estos compuestos provinieron del país asiático según el Servicio Geológico estadounidense. Esta vulnerabilidad se manifestó dramáticamente en abril de 2025 cuando Pekín impuso controles que provocaron una parada temporal de la producción de vehículos eléctricos Ford. Incluso los materiales que Washington extrae en California deben enviarse al país asiático para su separación y procesamiento, una subordinación que el presidente califica de inaceptable. Trump firmó acuerdos con Australia y Malasia e invirtió cientos de millones en el sector, pero las nuevas minas están a años de alcanzar producción significativa.

La rivalidad entre Washington y Pekín trasciende el control mineral para adentrarse en una competición por esferas de influencia que recuerda los momentos más críticos de la Guerra Fría. Asistimos al retorno de una lógica de bloques donde las grandes potencias delimitan zonas de control exclusivo mediante fuerza o coerción económica. Para Estados Unidos, América Latina constituye su patio trasero histórico donde no tolera penetración del gigante asiático bajo ningún concepto. El país comunista había consolidado en Venezuela una presencia multidimensional: principal comprador de petróleo venezolano, inversor en infraestructuras bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta, prestamista ponderado con más de 60.000 millones de dólares en créditos desde 2007, y privilegiado socio tecnológico que instalaba sistemas de vigilancia y operaba en el sector de las telecomunicaciones. Esta implantación en un país que concentra las mayores reservas petroleras del planeta y minerales clave a pocas horas de vuelo de Miami constituía para la Casa Blanca una amenaza existencial a su hegemonía continental.

La Doctrina Monroe, proclamada en 1823 para sentar que el continente americano constituía esfera de influencia exclusiva estadounidense donde no se tolerarían intromisiones de potencias extranjeras, experimenta una formulación brutal bajo Trump. La intervención en Venezuela no responde únicamente al narcotráfico, sino a la determinación de impedir que el gigante asiático consolide presencia geopolítica en el hemisferio occidental. Durante los meses previos a la captura de Maduro, la Casa Blanca ejecutó una campaña que la narrativa del narcotráfico apenas lograba disimular. Entre septiembre de 2025 y diciembre del mismo año, Washington desplegó una flotilla en el Caribe que atacó decenas de embarcaciones acusándolas de transportar drogas. Al menos 115 personas murieron en 35 ataques navales contra barcos, aunque familiares denunciaron que muchos eran pescadores sin vinculación con redes criminales. Esta campaña de terror marítimo tenía por objetivo presionar al régimen venezolano, pero también advertir a Pekín que la Casa Blanca estaba dispuesta a emplear fuerza letal para expulsarla de su zona de control.

La captura de Maduro envía un mensaje inequívoco a gobiernos latinoamericanos que mantengan vínculos económicos significativos con el gigante asiático: la Casa Blanca no tolerará que su esfera de influencia histórica se convierta en escenario de penetración de Pekín. Brasil, principal socio comercial del país comunista en América Latina, observa con temor cómo Washington bombardea capitales continentales cuando considera amenazados sus intereses. México, cuya presidenta Claudia Sheinbaum mantiene pragmática relación con el país asiático, recibe el aviso de que la coerción no se limita a presiones económicas y puede escalar hasta acción armada directa. Argentina, donde Javier Milei condicionó su alejamiento del gigante asiático al rescate financiero norteamericano, ejemplifica el modelo que Trump pretende imponer: gobiernos latinoamericanos subordinados dispuestos a romper vínculos con Pekín a cambio de supervivencia económica. Esta lógica imperial reduce los Estados soberanos a piezas de ajedrez en una competición entre grandes potencias, negando cualquier principio de autodeterminación y soberanía que fundamenta el orden liberal.

Venezuela atestigua que la era del multilateralismo ha concluido, siendo sustituida por una competición descarnada entre grandes potencias por el control de recursos y esferas de influencia que justifica cualquier violación de la legalidad global. Europa observa impotente esta deriva sin acceso autónomo a minerales estratégicos, dependiendo tanto del país asiático para su procesamiento como de Washington para su seguridad. La lección venezolana es sin paliativos: en un mundo multipolar dominado por competición entre bloques, el control de recursos clave y la expulsión de rivales geopolíticos de zonas de influencia históricas justifican bombardear capitales y capturar presidentes. La coartada del narcotráfico opera como cortina de humo que apenas disimula una guerra por recursos y esferas de influencia donde las normas multilaterales se subordinan a cálculos de poder desnudo. La intervención no será la última motivada por esta lógica imperial, sino el primer episodio de una nueva era donde las potencias hegemónicas redibujan el mapa mundial a través de la fuerza.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La tibia reacción europea ante la intervención militar estadounidense en Venezuela certifica la muerte del orden liberal basado en reglas que Bruselas proclama defender. Después del anuncio de Donald Trump, los gobiernos europeos empezaron a pronunciarse con declaraciones que fueron del respaldo tácito hasta condenas formales desprovistas de consecuencias, pasando por posiciones intermedias que contrariaron tanto el régimen venezolano como los métodos empleados para derrocarlo. La Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió "contención" tras conversar con Marco Rubio, señalando que la UE ha declarado repetidamente que Maduro carece de legitimidad, si bien deben respetarse los principios de la Carta de Naciones Unidas. Esta declaración recoge la esquizofrenia europea: una condena retórica del modus operandi que no amenaza las relaciones con una administración que bombardeó la capital de un país soberano para capturar a su presidente. 

Una hipocresía estructural que se plasma en la brecha abismal entre principios proclamados y acciones concretas cuando Washington viola flagrantemente normas que la UE dice defender. El artículo 2.4 de la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado, permitiendo excepciones únicamente para legítima defensa o cuando el Consejo de Seguridad autoriza medidas coercitivas. Venezuela no atacó a Estados Unidos y Naciones Unidas no emitió autorización alguna, configurando una violación flagrante de la legalidad multilateral. António Guterres dijo estar "profundamente alarmado" por este menosprecio normativo, pero esta alarma formal carece de consecuencias prácticas. Europa podría imponer sanciones, convocar sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad o articular coaliciones para aislar diplomáticamente a Washington, pero no hace nada porque carece de voluntad y capacidad para defender principios que teóricamente fundan su identidad. 

El doble rasero estadounidense en la aplicación selectiva de normas globales expone la naturaleza instrumental de su supuesto compromiso multilateral. Washington no reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) y amenazó con sanciones a sus fiscales cuando intentaron investigar crímenes de guerra en Afganistán, pero invoca la legalidad cuando le resulta conveniente. Trump respalda incondicionalmente a Benjamin Netanyahu pese a que el TPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí por crímenes de guerra en Gaza, al tiempo que justifica la captura de Maduro por narcotráfico. Estados Unidos mantiene su alianza estratégica con el príncipe saudí Mohammed bin Salman pese a que la CIA concluyó que ordenó el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi, pero presenta a Maduro como "sanguinario dictador" que debe ser juzgado. Washington solo reconoce aquellas normas que no limitan su capacidad de acción unilateral, empleándolas como arma contra adversarios geopolíticos.

Las fracturas internas ante la intervención venezolana exponen la incapacidad europea para articular una posición coherente en política exterior. Pedro Sánchez expresó que España no reconocerá "una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región hacia un horizonte de incertidumbre y beligerancia" mientras ofrecía buenos oficios para lograr solución pacífica. El presidente francés, Emmanuel Macron, adoptó un tono favorable a la intervención al afirmar que el pueblo venezolano "se ha liberado hoy de la dictadura de Nicolás Maduro", contradiciendo frontalmente la posición española. El primer ministro británico Keir Starmer se desmarcó explícitamente afirmando que su gobierno "no participó de ninguna manera" en el ataque. El canciller alemán Friedrich Merz consideró que Maduro había "llevado a su país a la ruina" sin condenar la operación militar. Esta cacofonía de posiciones mutuamente contradictorias evidencia que Europa carece de voz unívoca y que cada gobierno prioriza cálculos políticos domésticos sobre cualquier principio compartido. 

El precedente venezolano instaura una lógica que autoriza a cualquier gran potencia a invadir militarmente países más débiles cuando considere amenazados sus intereses. ¿Qué impide ahora a Rusia bombardear Kiev, capturar a Zelenski y juzgarlo en Moscú por crímenes contra rusoparlantes? ¿Qué impide a China invadir Taiwán, capturar a sus líderes y juzgarlos en Pekín por separatismo? ¿Qué argumentos podría esgrimir Occidente para condenar tales acciones cuando acaba de validar con su silencio cómplice que la Casa Blanca haga exactamente eso con Maduro? La respuesta es absolutamente nada desde la perspectiva de la legalidad multilateral tal y como quedó redefinida tras la operación en Venezuela. Haciendo gala de pasividad, Bruselas ha avalado que las normas solo vinculan a Estados débiles y que las grandes potencias pueden violarlas impunemente cuando poseen suficiente fuerza militar. Este precedente amenaza la supervivencia misma de pequeñas naciones que dependen del respeto normativo para su seguridad. 

La vulnerabilidad de Europa trasciende el caso venezolano para dar cuenta de una dependencia estructural de Estados Unidos que podría volverse en su contra. ¿Qué ocurriría si MAGA decide que España, gobernada por una coalición progresista que rechaza subordinarse completamente a Washington, constituye una amenaza a sus intereses? ¿Qué impediría a la administración republicana acusar a Sánchez de vínculos con redes terroristas, bombardear Madrid y capturarlo para juzgarlo en una jurisdicción federal? La respuesta aterradora es que tampoco nada lo impediría a la luz de Venezuela si la Casa Blanca considerara que su utilidad estratégica lo justifica. Europa carece de capacidades autónomas defensivas sin respaldo estadounidense, depende de Washington para su seguridad energética y tecnológica, y ha mostrado carecer de voluntad política para resistir presiones de Trump. Esta subordinación orgánica convierte al continente en rehén de cualquier deriva autoritaria o errática de la política yanqui.

La intervención en Venezuela marca el punto de no retorno en la erosión del orden liberal. Europa asiste impávida e impotente al entierro del multilateralismo, certificándolo con su pasiva connivencia. Si un Estado puede invadir militarmente otro país, bombardear su capital, atacar durante meses embarcaciones de pescadores acusándolos falsamente de narcotráfico, capturar a su presidente y juzgarlo en tribunales domésticos sin que Bruselas reaccione, las normas que supuestamente rigen las relaciones entre naciones son pura retórica. Europa enfrenta la disyuntiva de construir capacidades autónomas de defensa y proyección de poder o aceptar permanentemente su irrelevancia geopolítica. La reacción ante Venezuela certifica que el continente ha elegido la segunda opción: mantener la retórica sobre valores mientras se subordina incondicionalmente a una potencia que los viola sistemáticamente, deviniendo Europa cómplice de su propia indefensión futura.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

"Españoles, Franco ha muerto". Con estas palabras, el presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro anunciaba lacrimosamente al país, el 20 de noviembre de 1975, el fallecimiento del dictador que había gobernado España con mano de hierro durante casi cuatro décadas. Medio siglo después de aquel anuncio, muchos nos preguntamos si Franco murió realmente. Recientes sondeos revelan datos alarmantes sobre la percepción que tienen los jóvenes del régimen franquista.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), uno de cada cinco jóvenes de 18 a 24 años valora positivamente aquellos años de dictadura. Cuando una generación que nunca conoció la represión manifiesta semejante ambigüedad moral hacia un sistema culpable de tantos crímenes, debemos preguntarnos qué falla en la transmisión de la memoria democrática. El padre del psicoanálisis, Freud, enseñó que las sociedades, como los individuos, necesitan completar el parricidio simbólico para alcanzar la madurez. España nunca mató al padre.

El barómetro del CIS publicado el pasado octubre, un mes antes del 20N, resulta inequívoco: el 21,3% de la población considera que los años de dictadura fueron "buenos" o "muy buenos", cifra que casi duplica el 11,2% registrado en el año 2000. Más preocupante aún, entre los menores de 19 años que aún no pueden votar, el porcentaje asciende al 32,8%, revelando que la nostalgia franquista crece precisamente entre quienes nunca vivieron la represión.

El estudio del instituto 40dB para El País confirma esta deriva: el 23,6% de la generación Z y el 22,9% de los millennials entienden que en determinadas circunstancias un régimen autoritario podría ser preferible a la democracia. Entre los votantes de Vox, el apoyo al legado franquista alcanza el 70%, mientras que entre los simpatizantes del Partido Popular se eleva al 54,7%. Uno de cada tres españoles mantiene una opinión favorable del dictador en una de las 25 democracias plenas del planeta, conforme al más reciente ranking elaborado por The Economist.

Este revisionismo histórico responde a profundas causas estructurales. La encuesta de 40dB muestra que el 48% de la generación Z ignora cómo murió Federico García Lorca y solo la mitad de los encuestados atribuye el inicio de la Guerra Civil española a un golpe de Estado militar contra el gobierno democrático de la Segunda República. Esta laguna educativa se combina con la proliferación de contenidos en redes que normalizan e incluso glorifican el franquismo, reinterpretando la dictadura como época de orden y prosperidad. En Totem und Tabu, Freud desarrolló el concepto del "asesinato del padre" como acto fundacional necesario para que una comunidad alcance su madurez simbólica. La Transición española optó por un pacto del olvido en lugar del ajuste de cuentas, impidiendo ese parricidio simbólico que habría permitido construir una democracia sobre bases sólidas en lugar de sobre el silencio cómplice.

Las consecuencias de esta deriva resultan evidentes e inquietantes. La extrema derecha ha capitalizado el descontento, transformando la precariedad y la frustración generacional en nostalgia de un orden supuestamente perdido. Los jóvenes españoles enfrentan la tasa de desempleo más alta de la UE, dificultades para acceder a la vivienda y la certeza de que vivirán peor que sus padres.

En este contexto de vulnerabilidad, las narrativas que presentan el franquismo como época de estabilidad encuentran terreno fértil, aunque ignoren la represión sistemática, las ejecuciones, las cárceles, la censura y la policía secreta. Como advierte el historiador Robert Paxton en The Anatomy of Fascism, los movimientos autoritarios prosperan no solo por su ideología explícita, sino por su capacidad para nutrir emociones colectivas de frustración y resentimiento. El fascismo, recuerda Paxton, debe comprenderse no por lo que dice sino por lo que hace: supresión de libertades, demonización de enemigos políticos e instrumentalización del miedo.

En La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paul Ricoeur analizó cómo las sociedades pueden desarrollar "memorias enfermas" cuando no procesan adecuadamente su pasado traumático. España padece esta patología memorial, que se traduce en incapacidad estructural para realizar el duelo colectivo necesario para superar el trauma sin negarlo ni mitificarlo. La banalización del franquismo en el discurso público español reproduce los patrones de erosión democrática que Ricoeur identifica como característicos de sociedades que no completan el "trabajo de la memoria". Sin este, el pasado no pasa sino que permanece enquistado, envenenando el presente y comprometiendo el porvenir de la democracia.

La batalla por la memoria histórica es también la lucha por nuestro horizonte político. No basta conmemorar los cincuenta años sin Franco si permitimos que el revisionismo erosione los fundamentos de la convivencia democrática.

Las heridas abiertas de una transición que optó por el silencio, que renunció al juicio de los crímenes del franquismo a cambio de estabilidad, continúan supurando. Como advierte Anna López Ortega, autora de La extrema derecha en Europa, el fenómeno actual responde a "la repetición constante de mensajes simplificados que blanquean la dictadura, la falta histórica de una respuesta institucional firme que hubiera frenado estas narrativas y la legitimación política que ha dado la derecha radical".

El franquismo, subraya López, "nunca fue vencido culturalmente" y hoy "se expresa sin complejos bajo formas más digeribles: el revisionismo histórico, la negación de los crímenes del régimen o la banalización del fascismo". España aprobó la Ley de Memoria Democrática en 2022, obligando a incluir en el currículo escolar el conocimiento de la represión franquista, si bien la medida llegó con décadas de retraso.

Mientras no seamos capaces de transmitir a las nuevas generaciones por qué la democracia merece ser defendida incluso cuando decepciona nuestras expectativas, condenaremos nuestra memoria a la manipulación y nuestro porvenir a la repetición de errores que creíamos superados. Franco quizás pereció y su cadáver fue enterrado, pero su sombra continúa proyectándose sobre una sociedad que no ha ajustado cuentas con su pasado.

La cuestión ya no es si el dictador está muerto, sino si el país está dispuesto a sepultarlo definitivamente o permitirá que su legado autoritario continúe envenenando el presente. El simbólico parricidio pendiente no es un acto de violencia sino expresión de madurez colectiva, reconociendo que construir una sociedad libre exige desprenderse de los fantasmas que la habitan. La Transición nunca mató al padre y por eso el fantasma del caudillo sigue amenazando nuestra democracia.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

El pasado 16 de septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU presentó un informe que concluye que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Dirigido por Navi Pillay, quien presidió el Tribunal Penal Internacional que estableció el genocidio ruandés, el texto es contundente y documenta cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención de 1948. Sin embargo, el Partido Popular español se niega a reconocerlo y condiciona el uso del término a lo que dictamine la Corte Penal Internacional (CPI). Una posición llamativa si consideramos que esta misma formación no tuvo reparo alguno en tildar de "genocidio" la invasión rusa de Ucrania sin esperar veredicto judicial. En paralelo, Feijóo acaba de presentar su plan migratorio proponiendo priorizar la "inmigración culturalmente próxima". No estamos ante contradicciones políticas, sino ante la expresión coherente de un pensamiento que ordena jerárquicamente a la humanidad según criterios étnicos y culturales.

Para aprehender la gravedad de lo que recoge el informe de Naciones Unidas conviene precisar de qué estamos hablando. El historiador Ben Kiernan, fundador del Programa de Estudios sobre el Genocidio de Yale y coeditor de The Cambridge World History of Genocide, define este crimen como la acción intencional, por parte de un Estado o una organización, destinada a destruir total o parcialmente una colectividad humana identificada por su etnia, religión o nacionalidad. Esta destrucción puede manifestarse a través de muerte física directa, creación de condiciones de vida insostenibles, traslado forzado o medidas que buscan eliminar a dicha población como tal. El informe Pillay documenta en Gaza precisamente esto, con asesinatos masivos, comisión de lesiones graves, sometimiento a condiciones calculadas para destruir físicamente al pueblo palestino e imposición de medidas para impedir nacimientos. La Asociación Internacional de Especialistas en la materia, el mayor organismo académico mundial, respalda esta conclusión con el apoyo del 86% de sus quinientos miembros.

El PP rechaza llamar genocidio a lo que sucede en Gaza y supedita su reconocimiento a lo que decida la CPI. Una posición supuestamente prudente, jurídicamente responsable. La paradoja reside en que esa supuesta sensatez desaparece cuando se trata de otros conflictos. Dirigentes conservadores, incluidos el propio Feijóo y Díaz Ayuso, no dudaron en calificar de "genocidio" la invasión rusa de Ucrania desde los primeros meses, sin esperar a ningún pronunciamiento judicial internacional. No hubo condicionantes, ni esperas, ni llamadas a la cautela jurídica. ¿Por qué la doble vara de medir? La respuesta es ideológica. Ucrania es europea, de tradición cristiana, "culturalmente próxima". Gaza es palestina, árabe, musulmana, el "otro" lejano y prescindible. Esta geometría variable desenmascara una jerarquía de razas donde unas víctimas importan más que otras sobre la base de criterios identitarios.

La conexión entre la negativa a reconocer el genocidio en Gaza y la propuesta migratoria de Feijóo no es anecdótica. Cuando el líder del PP habla de priorizar la "inmigración culturalmente próxima", no hace una propuesta técnica sobre gestión de flujos migratorios, sino que asienta un criterio de selección basado en la proximidad cultural, étnica y religiosa. Normaliza así la idea de que hay inmigrantes deseables e indeseables según su procedencia. Exactamente la misma lógica que opera en su doble rasero sobre genocidios: hay víctimas que merecen solidaridad y otras que no, en función de su parecido con "nosotros". Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2025, advierte que las políticas migratorias de la Unión Europea se enfocan cada vez más en la disuasión, debilitando derechos y provocando un aumento de muertes en el mar, expulsiones ilegales y devoluciones a países donde enfrentan graves abusos. El plan de Feijóo se inscribe perfectamente en esta deriva.

No hace falta lenguaje explícitamente segregacionista para perpetuar la exclusión racial. Las formas más peligrosas de discriminación contemporánea son aquellas que se disfrazan de sentido común, de pragmatismo y realismo político. El concepto de "inmigración culturalmente próxima" funciona como un eufemismo civilizado para la segregación étnica. Es racismo con corbata, de guante blanco, que se presenta como política responsable pero sigue siendo racismo. El Plan de Acción de la UE Antirracismo 2020-2025 reconoce que estos comportamientos pueden estar arraigados en las instituciones sociales, financieras y políticas, repercutiendo en todos los niveles de poder y en la elaboración de políticas. Cuando un partido de gobierno como el PP propone criterios de selección migratoria basados en la proximidad cultural, está contribuyendo a legitimar precisamente esa discriminación estructural que las instituciones europeas dicen combatir.

He cubierto sobre el terreno zonas de conflicto y crisis humanitarias durante lustros. He visto cuerpos de niños en las playas del Mediterráneo, familias sirias bloqueadas en fronteras europeas tras la guerra mientras se abrían corredores humanitarios para ucranianos, refugiados sahelianos huyendo de la violencia yihadista sin encontrar amparo, muertes ante las vallas de Melilla. Esos criterios selectivos tienen nombres, rostros, historias de sufrimiento y esperanzas truncadas. No son abstracciones, sino vidas que se consideran prescindibles porque no encajan en lo "culturalmente próximo". Cuando un partido decide qué víctimas de genocidio merecen ser reconocidas y qué inmigrantes son dignos de ser acogidos en virtud de su origen, no estamos ante errores de cálculo ni legítimos matices ideológicos. Una estructura de pensamiento que ordena vidas, derechos y dignidades según su parecido con "nosotros" socava los fundamentos mismos de una democracia de la que el PP se pretende adalid.

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David Alvarado es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La pregunta resulta incómoda pero necesaria ante la evolución del Partido Popular desde la llegada de Feijóo al liderazgo. El auge de Vox lo ha radicalizado hacia posiciones que trascienden la confrontación democrática convencional. Feijóo acusa sistemáticamente al Gobierno de "secuestrar la democracia", y su lugarteniente Tellado tilda al ejecutivo de "ilegítimo" sin fundamento jurídico, en tanto las huestes de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid insultan al presidente proclamando que "cuando alguien grita Pedro Sánchez hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas". Más recientemente, el PP ha desatado una guerra política por la suspensión de la última etapa La Vuelta a consecuencia de las movilizaciones contra la masacre en Gaza, desdeñando las conclusiones de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre el genocidio palestino y tildando de antisemitas a quienes se oponen a la barbarie israelí. La normalización de esta violencia retórica cristaliza una estrategia política que plantea serios interrogantes sobre nuestra salud democrática. Sin embargo, la respuesta directa es no: comparado con los fascismos históricos, el PP no es fascista en sentido estricto, si bien se constatan inquietantes elementos que dan cuenta de lo que Stuart Hall denominó "populismo autoritario". 

El fascismo clásico del siglo XX exhibía características que no concurren en el PP actual. Robert Paxton documenta en The Anatomy of Fascism (Knopf, 2004) que los movimientos fascistas de entreguerras anhelaban someter a la sociedad al control total del Estado a través de la destrucción de las instituciones liberales y su sustitución por regímenes totalitarios basados en la movilización de masas fanatizadas. El Partito Nazionale Fascista y el NSDAP alemán organizaban milicias paramilitares, empleaban sistemáticamente la violencia física contra opositores y rechazaban el pluralismo democrático. El PP español mantiene su compromiso con las reglas electorales, no organiza grupos violentos y asume su rol de oposición cuando pierde elecciones, aunque cada vez más a regañadientes. Esta diferencia fundamental respecto al fascismo histórico invalida comparaciones directas. La ausencia de elementos coercitivos directos, milicias organizadas y la aceptación explícita del sistema electoral distingue claramente al PP español de los regímenes totalitarios de entreguerras. 

Volviendo al teórico cultural jamaicano-británico, Hall interpretó a finales de la década de 1970 el thatcherismo como "populismo autoritario", forma política que definió como "forma excepcional del Estado capitalista que, a diferencia del fascismo clásico, ha conservado la mayoría de las instituciones representativas formales en su lugar, y que al mismo tiempo ha sido capaz de construir a su alrededor un consentimiento popular activo". Este concepto permite diferenciar fenómenos contemporáneos del fascismo histórico. La noción describe movimientos que respetan procedimientos legales-formales sin por ello renunciar a erosionar controles y contrapesos democráticos a través de la descalificación constante de instituciones incómodas. El PP español exhibe dinámicas similares cuando caracteriza a Sánchez como amenaza existencial que requiere corrección extrainstitucional. Esta aproximación permite a los conservadores mantener apariencias democráticas en tanto que erosionan las bases sustantivas del pluralismo político. 

El concepto de "nacionalismo del desastre" desarrollado por Richard Seymour complementa el análisis de Hall, describiendo movimientos que canalizan múltiples fuentes de resentimiento popular en una revuelta más amplia contra el propio orden liberal. Seymour estudia cómo estos movimientos construyen narrativas apocalípticas que presentan la crisis civilizacional como inevitable, movilizando el descontento hacia la destrucción del orden existente y no hacia alternativas constructivas. Esta dinámica se distingue del populismo tradicional porque no promete restauración, sino que abraza el colapso como purificación necesaria. Por su parte, Hall había detallado cómo la derecha moviliza "pánicos morales irracionales" sobre criminalidad, invasiones migratorias y subversión izquierdista para vender "una marca particularmente viciada de capitalismo corporativo depredador". A diferencia de los fascismos clásicos que empleaban violencia directa, el PP opera bajo esta lógica cuando retrata la gobernabilidad constitucional como patología que requiere intervención. Wilhelm Reich ya había observado en sus pioneros análisis del nazismo cómo los movimientos de masas emplean "simbolismo, emociones e imaginería" para movilizar el resentimiento popular.

El caso de Gaza ilustra afinadamente esta dinámica emocional. Cuando el PP desdeña las conclusiones de la comisión independiente de la ONU sobre el genocidio palestino y convierte la solidaridad internacional en arma política contra el gobierno, revela la estrategia de movilización de un "pánico moral" fabricado para atacar al ejecutivo. La suspensión de La Vuelta ciclista por las protestas contra la masacre se transforma en "ataque a España" y "antisemitismo", redefiniendo conceptos para excluir del "pueblo legítimo" a quienes critican la barbarie. El PP convierte la compasión humanitaria en traición nacional, evidenciando una redefinición del pueblo según estrechos lineamientos que caracteriza a los populismos contemporáneos. Esta instrumentalización, aunque menos brutal que la empleada por los fascismos históricos, normaliza discursos que presentan la solidaridad humanitaria como traición a la patria, preparando condiciones culturales para futuras restricciones del debate público.

Como advierte Ian Kershaw, "fascismo" describe "una fuerza destructiva única en la política, para la cual no tenemos palabra mejor"; pero aplicar el término incorrectamente puede ocultar las fallas de nuestros sistemas políticos de las que se nutre el populismo. Establecida la distinción conceptual, el PP no es fascista, pero desarrolla un "populismo autoritario" que comparte elementos estructurales preocupantes: redefinición excluyente de la comunidad política, erosión de normas y valores democráticos no escritas y descalificación sistemática de instituciones independientes. Su táctica resulta más pérfida que el fascismo tradicional porque opera con sutileza, manteniendo legitimidad formal en tanto socava la sustancia democrática. El riesgo actual no es un golpe de Estado como en los fascismos clásicos, sino la normalización gradual de prácticas que debilitan el pluralismo político y preparan el terreno para restricciones futuras de derechos y libertades. Los ciudadanos necesitamos reconocer esta amenaza para desarrollar respuestas adecuadas que fortalezcan la democracia, evitando tanto la dramatización excesiva como una imprudente minimización de sus implicaciones.

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David Alvarado es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La civilización occidental atraviesa una crisis existencial que trasciende la actual coyuntura política. Lo que presenciamos no es únicamente el declive natural de una hegemonía histórica, sino su acelerado enterramiento bajo la errática batuta de Donald Trump. Su vuelta a la Casa Blanca ha catalizado procesos de descomposición que, en circunstancias normales, habrían requerido décadas para cuajar. Aquel que se presenta como salvador de Occidente se ha confirmado como su verdugo, encarnando la contradicción de una civilización que, habiendo perdido la confianza en sus propios valores fundacionales, abraza a líderes que prometen restaurar una supuesta grandeza pretérita a través de la negación de los principios y valores que originalmente la sustentaron. Trump representa la perfecta síntesis de esta decadencia, entremezclando populismo autoritario e incompetencia estratégica en una fórmula explosiva que no ha hecho sino acelerar el colapso de Occidente.

Huntington definió la civilización occidental como "entidad cultural" articulada alrededor de la herencia greco-romana, el cristianismo, las lenguas europeas, la separación entre autoridad espiritual y temporal, el imperio de la ley, el pluralismo social y el individualismo. El politólogo estadounidense advirtió que las pretensiones universalistas de Occidente generarían inevitablemente conflictos civilizacionales. Una predicción que cobra dramática vigencia bajo Trump, quien ha convertido el unilateralismo agresivo en doctrina, destruyendo la credibilidad occidental como depositaria de valores universalmente deseables. El trumpismo representa la caricaturización de Occidente, reduciendo toda su complejidad a un burdo supremacismo cultural que alimenta los resentimientos que Huntington ya identificó como potencial fuente de conflicto global. La pérdida de soft power resulta devastadora para una civilización que históricamente legitimó su predominio mediante la superioridad ética de sus sistemas políticos.

Trump persiste en socavar instituciones democráticas desplegando estrategias sin precedentes. La instrumentalización del Tribunal Supremo, colocando magistrados ideológicamente afines que han revertido derechos fundamentales como el aborto, ha politizado la justicia de manera irreversible. El abuso interesado del derecho de gracia presidencial elimina de facto la separación de poderes. La instrumentalización de cuerpos y fuerzas de seguridad para fines partidistas, incluyendo presiones sobre el FBI y manipulación de investigaciones contra opositores, torna el aparato estatal en herramienta de poder personalista. La sistemática colusión entre intereses empresariales y resoluciones presidenciales normaliza la corrupción. La abrogación de derechos de migrantes y el envío de la Guardia Nacional a estados gobernados por demócratas completan un patrón autoritario donde la coerción política se presenta como estrategia legítima, erosionando los cimientos de sistemas democráticos de derechos y libertades.

El derecho internacional y el multilateralismo, fundamentos del orden occidental, aceleran su ocaso en virtud de la concepción transaccional trumpiana de las alianzas. Esta visión reduce la cooperación entre Estados a cálculos comerciales inmediatos, convirtiendo la seguridad colectiva en mercancía. Su amenaza de retirar protección militar a países que no alcancen el 5% del PIB en gasto defensivo fragmenta Occidente en gobiernos individuales compitiendo por el favor estadounidense. Simultáneamente, la usura moral se manifiesta trágicamente en Gaza, donde el genocidio contra palestinos respaldado por arsenales occidentales evidencia la hipocresía de quienes se exhiben como defensores de derechos fundamentales. La deshumanización y reducción de los palestinos a obstáculos prescindibles contrasta brutalmente con la retórica occidental sobre dignidad universal. El proyecto aberrante de convertir Gaza en resort turístico mientras se extermina a su población representa un hito que pasará a la historia de la perversión de los valores civilizacionales, reduciendo la tragedia humanitaria a oportunidad comercial.

Las guerras arancelarias del magnate han acelerado la búsqueda de alternativas al sistema financiero occidental, fragmentando la arquitectura económica que sostuvo la hegemonía de Occidente. Abusar del dólar como arma de coerción geopolítica genera incentivos para que economías significativas desarrollen sistemas de pagos independientes, fortaleciendo mecanismos alternativos. Liderados por China, los BRICS+ han dilatado su membresía incorporando economías petrolíferas como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, representando ya el 47% de la población mundial y el 37% del PIB global. Esta reconfiguración no constituye una evolución natural, sino la respuesta defensiva ante la utilización de Washington de su posición privilegiada para castigar a adversarios y presionar a aliados. Con la excusa de fortalecer Estados Unidos, el proteccionismo apremia la formación de coaliciones que reducen la centralidad occidental en el sistema económico global, minando las bases materiales de su poder.

Por otra parte, la incapacidad occidental para generar relatos convincentes y motivadores contrasta con la sofisticación estratégica china. Trump ofrece nostalgia y repliegue, pero Pequín desenvuelve una visión de transformación integral del planeta. Su estrategia tecnológica busca liderar sectores como la inteligencia artificial y la computación cuántica, creando un ciberespacio propio que desafía el monopolio occidental de la información. Diplomáticamente, China ha mediado conflictos que Occidente no ha podido resolver, como el acuerdo entre Irán y Arabia Saudí, demostrando capacidad para generar estabilidad donde Estados Unidos sembró caos. De forma discreta, su presencia militar se expande desde el Ártico hasta África, estableciendo bases navales que proyectan un poder planetario coherente. China presenta visiones de conectividad y desarrollo compartido, debatiéndose Occidente en crisis identitarias y cediendo la iniciativa histórica a actores con ambiciones figuradamente transformadoras.

Esta asimetría traduce una acentuada merma de la confianza occidental en su capacidad para mejorar el mundo y liderar el progreso. Como observó Michael Ignatieff, evocando a Gibbon, "el orgulloso Imperio romano cometió el fatal error de confundir su monarquía con el globo terráqueo”, que resuena como advertencia frente al trumpismo. En su Estudio de la Historia, Toynbee explicó que las civilizaciones no mueren por agresión externa, sino por pérdida de creatividad interna e incapacidad para responder adecuadamente ante nuevos desafíos. Cuando una civilización pierde la certeza en su misión histórica y reduce su discurso a una gestión defensiva del declive, cede el liderazgo global a actores que albergan enfoques de cambio, aunque sean menos compatibles con los acostumbrados valores occidentales. Agrava la crisis la pusilanimidad europea que, incapaz de generar respuestas autónomas ante este declive, comisiona en Washington decisiones que afectan su propio futuro. Trocado un proceso de décadas de erosión gradual por un colapso acelerado, Trump pasará a la historia como verdugo de la civilización occidental. 

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La democracia moderna enfrenta una fatal paradoja. Nunca habíamos tenido acceso a tantos datos, pero tampoco habíamos mostrado una tan elevada aversión a la complejidad. Esta aparente contradicción se explica porque el exceso informativo, lejos de generar ciudadanos más reflexivos, produce exactamente lo contrario: fragmenta nuestra atención y nos empuja hacia respuestas simples ante intrincadas realidades. Cuando los ciudadanos se enfrentan a flujos masivos de insumos contradictorios desarrollan una suerte de "fatiga cognitiva" que los lleva a refugiarse en certezas categóricas, antes que tolerar la incomodidad de la duda. Uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, el sociólogo francés Gérald Bronner, alude a la concurrencia de "mercados cognitivos" desregulados para concluir que la liberalización total del mercado informativo favorece la emergencia de contenidos que captan nuestra atención pero no necesariamente nos ilustran. Según Bronner, hemos pasado del ataque a ciertas verdades al asalto directo y sin paliativos contra la realidad misma.

Esta ya epistémica patología se alimenta de lo que el politólogo estadounidense Tom Nichols identifica como "síndrome del experto" en su obra The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters (Oxford University Press, 2017). Para colmo, las plataformas digitales amplifican esta dinámica, ya que están diseñadas para maximizar la captación de atención, no la calidad del debate. Como pone de relieve el exhaustivo estudio Algorithmic Amplification of Politics on Twitter, los algoritmos favorecen contenidos polarizantes por encima de matizados análisis. Esta investigación, que monitorizó miles de perfiles durante años, confirma que las redes sociales amplifican mensajes categóricos mientras marginan posiciones moderadas. Una ciudadanía sobreexpuesta y sin competencias analíticas deviene terreno fértil para líderes que prometen soluciones simples para afrontar intrincadas casuísticas. El resultado es una "epidemia de certezas" que transforma opiniones particulares en verdades absolutas.

La derecha global no cesa de adaptar su estrategia a la nueva realidad. Con los incendios forestales ha ocurrido lo mismo que con la DANA valenciana: para eludir responsabilidades de sus gobernantes autonómicos, el PP ha activado una operación consciente de desvío de culpabilidades a través de la conversión de la tragedia en certeza partidista. Cuando las llamas arrecian por falta de prevención, el PP reorienta inmediatamente su discurso hacia culpables externos. "El cambio climático", "la despoblación rural" o "la falta de apoyo del gobierno central" sustituyen al análisis sobre prerrogativas autonómicas, insuficientes partidas presupuestarias, carencias en los planes de emergencia, protocolos no actualizados o la deficiente coordinación entre administraciones, por citar algunos aspectos. Llamar “pirómano” a un cargo técnico de Protección Civil aspira al descrédito de expertos que podrían ofrecer análisis minuciosos, tornando así el drama en arma política a través de una deliberada simplificación.

Es la misma lógica que opera globalmente en la diplomacia trumpiana. La afirmación del presidente estadounidense de haber pacificado siete guerras destila el desprecio sistemático hacia el conocimiento especializado en relaciones internacionales. Trump desestima regularmente análisis del Departamento de Estado, informes de la CIA y evaluaciones de diplomáticos de carrera y académicos, prometiendo soluciones mágicas a añejos conflictos. Su abordaje ignora adrede la complejidad sectaria de Oriente Medio, las dinámicas regionales del Indo-Pacífico o los equilibrios de poder en el África subsahariana, reduciéndolos a simples transacciones comerciales. Para Zeynep Tufekci, profesora universitaria y columnista en The New York Times, este tipo de simplificaciones no reflejan candidez sino cálculo comunicativo porque las certezas categóricas generan más adhesión electoral que equilibrados análisis. La diplomacia de X sustituye el conocimiento por promesas que apelan a las emociones, convirtiendo conflictos enmarañados en eslóganes simples.

Una grave consecuencia de esta epidemia de certezas es la degradación del debate público democrático. Los forzosos fallos de expertos son instrumentalizados para desacreditar el sistema de conocimiento especializado. Cada error epidemiológico, cada predicción meteorológica imprecisa, cada análisis geopolítico inexacto se convierte en "prueba" de que los especialistas no saben más que el ciudadano común. El funcionamiento de las democracias requiere ciudadanos capaces de tolerar la incertidumbre, procesar información multidisciplinaria y modificar opiniones ante nuevas evidencias. Cuando todo se convierte en opinión igualmente válida, cuando cualquier análisis especializado puede descartarse apelando al "sentido común", el espacio público se fragmenta en tribus epistémicas impermeables. La gestión política se transforma en espectáculo de certezas enfrentadas donde el saber experto deviene electoralmente contraproducente.

Ni PP ni Trump son anti-intelectuales por ignorancia: son estratégicamente contrarios al saber especializado porque la epidemia de certeza resulta más rentable que la gestión responsable de la complejidad. La instrumentalización deliberada del rechazo al conocimiento representa un desafío existencial para las democracias occidentales. La salida de esta trampa epistémica no pasa por restaurar una autoridad incuestionable de los especialistas, sino por recuperar una cultura pública que valore las múltiples dimensiones de los fenómenos y distinga entre saber riguroso y propaganda. Esto requiere reconocer que este fenómeno no es únicamente efecto colateral de la era digital sino estrategia política consciente que hace de la ignorancia virtud votante. Solo comprendiendo esta maniobra podremos reconstruir un diálogo público donde las democracias aborden los desafíos multifactoriales sin sucumbir a las certezas destructivas del populismo. Como advierte Bronner, el reto es antropológico, ya que pasa por recuperar nuestra capacidad colectiva de transitar la incerteza sin refugiarnos en certidumbres tóxicas.

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David Alvarado es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La visita del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, a Gaza el 1 de agosto, acompañado del embajador Mike Huckabee, cristaliza la subordinación de la diplomacia estadounidense a la teología evangelista. En tanto que Witkoff examinaba las "condiciones sobre el terreno" para evaluar el alto el fuego, Huckabee —quien niega la existencia de la identidad palestina— observaba un territorio que considera ha sido entregado por Dios al pueblo judío. La simultánea presencia del aparato diplomático e ideológico en la zona ilustra cómo la administración Trump ha fusionado realpolitik con creencias escatológicas, convirtiendo una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI en teatro de una profecía bíblica. La escena de un embajador baptista pisando los escombros de la Franja evaluando "derechos bíblicos" territoriales supone la materialización de tres décadas de ingeniería política confesional.

El nombramiento de Huckabee representa todo un hito en esta deriva teocrática de la primera potencia mundial. Por primera vez en la historia moderna, un responsable evangélico que se autodefine como "sionista sin complejos" irrumpe en una de las posiciones diplomáticas más sensibles del Medio Oriente y, por extensión, del planeta Tierra. Una atalaya desde la que el predicador sanciona que la ocupación de territorios es un mito y que cualquier crítica a Israel constituye una afrenta divina. Su presencia en el cargo es claro reflejo de hasta qué punto la derecha religiosa estadounidense ha logrado subordinar la política exterior a interpretaciones literales de escrituras sagradas. La alianza entre evangelistas norteamericanos y conservadores israelíes está llamada a reconfigurar el mapa geopolítico regional de manera radical.

Pocos meses después del reconocimiento estadounidense de Jerusalén como la capital de Israel, a finales de 2017, el Washington Post publicaba un estudio que atestiguaba que la mitad de los evangelistas del país apoyaba al estado hebreo al considerarlo "importante para el cumplimiento de la profecía de los tiempos finales", afirmando un 12% que esta era "la razón más importante" de su respaldo. Una teología política que no se limita a declaraciones retóricas, representando los evangelistas el 25% de la población de Estados Unidos frente al escaso 2% de judíos norteamericanos que, paradójicamente, muestran niveles crecientes de crítica hacia las políticas de Tel Aviv. Esta base electoral mostró en 2024 su capacidad para inclinar elecciones, ya que los cristianos representaron el 72% del electorado que eligió a Trump, siendo los votantes sin filiación religiosa un 24% del total.

Ron Dermer, exembajador israelí en Washington y principal consejero de Netanyahu desde hace dos décadas, llegó a asegurar que era "raro" escuchar a un evangelista criticar a Israel, justificando así por qué el gobierno encabezado por el Likud privilegiaba esta alianza confesional sobre cualquier otra. La doctrina del "sionismo cristiano" que profesan Huckabee y otros altos funcionarios de la Casa Blanca trasciende cualquier apoyo político convencional. Esta doctrina sostiene que Dios entregó el territorio sagrado a los judíos y que la Biblia profetiza que los hebreos deben controlarla para que pueda ocurrir la segunda venida de Cristo. Las implicaciones geopolíticas son evidentes porque cuando los sionistas cristianos hablan de "Tierra Santa" se refieren al territorio en ambos lados del río Jordán, legitimando un proyecto expansionista de alcance regional.

La reciente visita conjunta a Gaza evidencia cómo esta teología se ha institucionalizado en la diplomacia estadounidense. Mientras que Witkoff evalúa técnicamente las condiciones del alto el fuego y la situación in situ, Huckabee aporta la legitimación religiosa necesaria para que cualquier acuerdo o deriva a seguir respete los "derechos bíblicos" israelíes. Esta división de funciones se antoja inédita en el Occidente post-ilustrado, ya que el ejecutivo estadounidense no se limita únicamente a aplicar criterios confesionales en su política exterior, sino que, yendo un poco más lejos, los integra metódicamente en cada decisión estratégica. La presencia de Huckabee en Gaza no es casual, representando la materialización de una diplomacia mesiánica que subordina consideraciones humanitarias y de derecho internacional a interpretaciones literales de fuentes bíblicas.

El actual gobierno trumpista se erige como culminación de lustros de ingeniería política confesional. Los nombramientos de Elise Stefanik como embajadora ante la ONU y Pete Hegseth como Secretario de Defensa no obedecen a consideraciones de utilidad diplomática o estratégica, sino a la necesidad de satisfacer las expectativas apocalípticas de una base electoral que considera el conflicto israelí-palestino como el preludio del Apocalipsis bíblico. Tras la victoria del magnate, el telepredicador evangelista Lance Wallnau declaró que la presidencia de Trump había sido "profetizada" como "paso clave en el plan de Dios para introducir una nueva era de dominio cristiano". Esta alianza religiosa resulta mutuamente beneficiosa: Netanyahu y la derecha israelí obtienen respaldo incondicional para políticas que incluyen la anexión de facto de Gaza y Cisjordania, en tanto que los evangelistas invocan el cumplimiento de vaticinios escriturarios para justificar su proyecto teocrático doméstico.

El fenómeno adquiere dimensiones aún más inquietantes cuando se examina la componente antisemita subyacente. Como analiza Ed Gaskin en su Blog The Times of Israel, el sionismo cristiano presenta una paradoja. Éste apoya exteriormente a Israel, pero, en paralelo, no cesa de reforzar narrativas antisemitas que presentan a los judíos como meros instrumentos de una profecía, y no como un pueblo autónomo. La teología evangelista prevé que durante "los tiempos finales" muchos judíos se convertirán al cristianismo, mientras que dos tercios perecerán, revelándose así la naturaleza instrumental de una alianza que subordina a los judíos israelíes a un guion cristiano predefinido. Cuando la fe reemplaza a la razón en las cancillerías, la diplomacia cede su lugar al fanatismo y cualquier posibilidad de paz queda subordinada a una agenda mesiánica que ignora la realidad sobre el terreno, ajena a consideraciones racionales.

En un momento en que Washington articula su política exterior en torno a predicciones apocalípticas, Europa se refugia en la retórica de la "equidistancia" y la "solución de dos Estados", sin más. La respuesta europea a la crisis actual evidencia la bancarrota intelectual y política de un proyecto llamado a ejercer un poder normativo global basado en el derecho internacional. Como ilustra la reacción confusa tras los ataques de Hamás, cuando el comisario húngaro de Ampliación, Olivér Várhelyi, anunció la suspensión de 691 millones de euros de ayuda palestina y, pocas horas después, el comisario esloveno de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, lo contradijo; la UE carece de una doctrina coherente ante tales situaciones. Bruselas, que se da tiempo para evaluar el acuerdo de cooperación con Israel, es incapaz de forzar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, alimentando de paso el escepticismo ciudadano hacia el proyecto comunitario de integración.

La diplomacia mesiánica del dúo Trump-Netanyahu y la deserción europea configuran un escenario original donde las decisiones que afectan a millones de personas se toman en función de interpretaciones literales de corpus doctrinales milenarios. Este retroceso civilizatorio no solo amenaza la estabilidad regional, sino que sienta un precedente peligroso para la gobernanza global. La visita de Huckabee a Gaza simboliza la consagración de esta deriva. Un territorio devastado por quince meses de bombardeos se convierte en el altar donde se sacrifican tres siglos de pensamiento ilustrado occidental. Haciendo gala de pusilanimidad y servilismo, como quedó de manifiesto en la más reciente cumbre de la OTAN en La Haya y la claudicación comercial de Von der Leyen ante Trump, Europa no puede aspirar a ser un actor global creíble. La historia juzgará con severidad a una generación de dirigentes que entregó la razón de Estado al fundamentalismo religioso, convirtiendo la diplomacia occidental en teología aplicada.

El 20 de julio de 2025 se cumplieron cien años del nacimiento de Frantz Fanon, el psiquiatra martiniqués cuya obra diseccionó los mecanismos psicológicos del colonialismo y el racismo. En una coincidencia que habría interpelado al propio Fanon, la onomástica tuvo lugar mientras asistíamos a dos manifestaciones contemporáneas de algunos de los fenómenos que él analizó en profundidad. Por un lado, las "cacerías" de inmigrantes desatadas en Torre Pacheco tras la agresión a un anciano local. Por otro, el genocidio en curso en Gaza, donde la población palestina sufre una campaña sistemática de exterminio a manos del Estado de Israel. Ambos episodios ilustran la vigencia del pensamiento fanoniano, que nos permite comprender cómo opera en pleno siglo XXI la construcción del "otro" como amenaza existencial. Con renovada sofisticación, los mecanismos de cosificación que Fanon identificó en la Argelia colonial siguen operando, constituyendo su obra una radiografía precisa de los procesos psicosociales que consienten el menoscabo de comunidades enteras en el mundo contemporáneo.

Frantz Omar Fanon nació en Fort-de-France, Martinica, el 20 de julio de 1925, en una familia mestiza de la pequeña-burguesía criolla de la colonia antillana francesa. Su padre trabajaba como inspector de aduanas y su madre como comerciante, lo que les proporcionaba una posición económica relativamente privilegiada en el contexto de la época. Su despertar político llegó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se alistó voluntariamente en las Fuerzas de la Liberación Francesa y participó con distinción en la Batalla de Alsacia. Sin embargo, cuando la victoria aliada se hizo inminente, su regimiento fue "blanqueado" mediante una operación que concentró a todos los soldados no blancos en Toulon, separándolos de sus compañeros. Esta experiencia de segregación racial marcaría profundamente al joven martiniqués y cristalizaría en sus ulteriores reflexiones teóricas sobre el colonialismo. Tras estudiar medicina y psiquiatría en Lyon, trabajó en el hospital de salud mental de Blida-Joinville en Argelia, donde desarrolló sus ideas revolucionarias sobre la descolonización al tiempo que trataba tanto a víctimas como a torturadores de la guerra de independencia argelina.

En Peau noire, masques blancs (1952), Fanon analizó cómo el sistema colonial implementa una operación de despersonalización psicológica que convierte al sometido en depositario de todos los males sociales. "El racismo no es una descripción, es una operación", escribía el psiquiatra martiniqués, anticipando cómo la construcción de alteridad negativa sirve para cohesionar grupos dominantes y desviar tensiones hacia los más vulnerables. Esta "operación" se activó con precisión milimétrica en Torre Pacheco tras la agresión a un anciano de 68 años por varios jóvenes marroquíes no residentes en el municipio. Los canales de Telegram como "Deport Them Now Spain" convocaron inmediatamente "batidas" contra magrebíes, mientras que figuras de la ultraderecha de Vox vinculaban sin pruebas inmigración y delincuencia. Se viralizaron vídeos falsos de agresiones ocurridas en otros países y se señalaron a familias que llevaban décadas contribuyendo al desarrollo económico local. La maquinaria del odio reprodujo exactamente los patrones fanonianos convirtiendo un hecho puntual en pretexto para una operación de deshumanización colectiva.

Torre Pacheco encarna perfectamente lo que Fanon denominaba "alienación colonial". Paradójicamente, quienes son señalados como amenaza existencial sostienen precisamente el sistema económico que los rechaza y criminaliza. En esta localidad murciana de 40.000 habitantes, donde un tercio de la población es extranjera —principalmente magrebíes llegados desde los años ochenta—, la agricultura intensiva depende absolutamente de la mano de obra migrante para la recolección de melón, tomate y pimiento. Durante los disturbios, numerosos testimonios recordaron que sin estos trabajadores, a menudo sometidos a precarias condiciones laborales, la economía local colapsaría inmediatamente. Esta dependencia estructural revela la naturaleza profundamente hipócrita del sistema capitalista contemporáneo, que necesita la explotación del "otro" para funcionar, pero, simultáneamente, lo convierte en chivo expiatorio de sus contradicciones internas. La instrumentalización ultraderechista logró convertir a trabajadores esenciales en enemigos públicos, reproduciendo exactamente el patrón colonial que Fanon identificaba donde se explotaba económicamente al colonizado a la vez que se le demonizaba socialmente para justificar su permanente subordinación.

Entre otros aspectos, su obra Les damnés de la terre (1961) profundiza en los procesos a través de los cuales el colonialismo construye la figura del "terrorista" como justificación de la represión. Este mismo patrón de estigmatización se reproduce hoy con herramientas perfeccionadas desde Gaza hasta Torre Pacheco siguiendo idénticas dinámicas. La demonización del palestino como “amenaza” congénita y del magrebí como "delincuente" nato funcionan sobre los mismos esquemas de deshumanización que Fanon diseccionó en el contexto argelino. La violencia ejercida se presenta como respuesta defensiva legítima, invirtiendo completamente las responsabilidades históricas y convirtiendo a las víctimas habituales en culpables exclusivos de su propia opresión. El bombardeo indiscriminado de escuelas y hospitales en Gaza se justifica por la supuesta presencia de combatientes enemigos, de manera similar a como las "cacerías" xenófobas en Torre Pacheco se normalizaban con la amplificación de un incidente aislado que grupos organizados volvieron un pretexto para una campaña de odio generalizada contra toda la comunidad magrebí local.

La persistencia de estos patrones confirma la lucidez analítica de Fanon sobre los mecanismos de exclusión que logran perpetuarse adaptándose a nuevos contextos históricos. Torre Pacheco evidenció una estrategia coordinada donde grupos organizados foráneos, redes sociales esparciendo bulos y retórica anti-inmigración funcionaron como flamantes colonos ideológicos para fracturar la convivencia de la localidad murciana. El ministro Grande-Marlaska confirmó que muchos violentos no eran vecinos del municipio, apuntalando la naturaleza artificiosa de una "crisis" manufacturada por la fauna ultra. A cien años de su nacimiento, Fanon mantiene toda su vigencia, demostrando que el racismo muta en sus formas, pero conserva plenamente su función de control social. Torre Pacheco y Gaza se erigen en manifestaciones contemporáneas de los mismos procesos que el martiniqués diseccionó en Argelia, evidenciando hasta qué punto las pautas de exclusión racial trascienden geografías y épocas. La actualidad dramática del pensamiento fanoniano radica en desenmascarar cómo la ultraderecha convierte sistemáticamente el dolor individual en odio colectivo, instrumentalizando el miedo para fragmentar sociedades y construir enemigos internos que alimenten su proyecto político de pretendida pureza nacional.

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David Alvarado es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

Las lágrimas de Rachel Reeves en el Parlamento británico ilustran las tensiones que atraviesa la "izquierda restrictiva" europea. Tras aplicar recortes sociales por 4.800 millones de libras en un gobierno que combina restricciones migratorias con promesas de fortalecimiento del Estado de bienestar, la crisis de la ministra de Economía da cuenta de las contradicciones inherentes a este nuevo paradigma socialdemócrata. La paradoja es clara: se endurecen las políticas migratorias para supuestamente proteger a las clases trabajadoras, pero se abraza una austeridad que recorta las ayudas de las que dependen esos sectores que se pretenden resguardar. Las lágrimas de Reeves después de que la líder conservadora Kemi Badenoch la acusara de ser "escudo humano de la incompetencia de Starmer" revelan las fracturas profundas generadas por esta deriva. Un episodio que condensa los dilemas de una socialdemocracia que busca reconciliar restrictivismo migratorio con progresismo social, pero que termina aplicando recortes para financiar políticas a todas luces ineficaces para neutralizar el ascenso de la ultraderecha.

El 12 de mayo de 2025, durante la presentación del Libro Blanco sobre Inmigración en Downing Street, Keir Starmer pronunció una frase impensable hace años en boca de un líder laborista: "sin reglas justas de inmigración, corremos el riesgo de convertirnos en una isla de extraños". Esta declaración, acompañada de medidas como duplicar el período mínimo para obtener la residencia permanente, marca un punto de inflexión. Starmer forma parte de una nueva corriente que está redefiniendo las coordenadas ideológicas socialdemócratas, que combina políticas económicas progresistas con posturas migratorias restrictivas. Su estrategia busca competir con Reform UK de Nigel Farage, que lidera las encuestas con un 32% frente al 22% laborista, según Freshwater Strategy. Esta deriva ha dividido al laborismo, generando críticas internas que califican el plan como "peligrosa vergüenza nacional" mientras sectores empresariales advierten de su impacto negativo en una economía con 130.000 vacantes solo en el sector sociosanitario.

El fenómeno trasciende fronteras y configura una “izquierda restrictiva” bajo influencia directa del “Blue Labour”, que entremezcla conservadurismo cultural y progresismo económico. Esta corriente rompe con los paradigmas tradicionales de la socialdemocracia europea, que históricamente ha vinculado internacionalismo y justicia social. Los partidos de esta nueva tendencia argumentan que la inmigración descontrolada constituye una amenaza para las clases trabajadoras autóctonas, cuyas condiciones se ven afectadas por la competencia de mano de obra más barata. En una biografía de 2019 publicada antes de convertirse en primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen sostiene como "resulta cada vez más claro que el precio de la globalización no regulada, la inmigración masiva y la libre circulación de trabajadores lo pagan las clases bajas". Una reformulación ideológica que busca recuperar electorados tradicionalmente progresistas que se han visto afectados sus derechos laborales y expuestos a transformaciones culturales aceleradas.

El caso danés constituye un hito de esta deriva de la socialdemocracia. Frederiksen ha logrado neutralizar electoralmente a la extrema derecha al tiempo que apuntala un modelo de Estado del bienestar robusto. Su fórmula combina políticas sociales expansivas —jubilación anticipada, inversión en sanidad y educación, mayores impuestos a los ricos, etc.— con medidas migratorias que han conseguido reducir los flujos de llegadas al país. Desde su llegada al poder, Dinamarca ha endurecido los criterios de asilo, exigiendo exámenes de lengua e historia danesa, restringido las ayudas públicas a inmigrantes y acelerado las deportaciones. Los resultados electorales avalan esta estrategia, ya que el ultraderechista Partido Popular Danés, que alcanzó el 21% de votos en junio de 2015, se desplomó al 8,7% en junio de 2019 y al 2,6% en noviembre de 2022. La experiencia de Frederiksen inspira a otros líderes socialdemócratas europeos, que valoran adoptar el modelo “danés” para hacer frente al auge de las derechas continentales.

La transformación de Starmer sigue un patrón similar, aunque enfrenta desafíos específicos al contexto británico. El laborista ha ejecutado una deriva que contrasta con el internacionalismo histórico de su partido, emulando algunos eslóganes del Brexit para "recuperar el control de nuestras fronteras". Estas medidas incluyen la creación de una "Unidad de Retorno y Ejecución" para gestionar deportaciones, refuerzo de la vigilancia fronteriza y eliminación del derecho de residencia permanente tras cinco años en el país. La Office for Budget Responsibility ha advertido que la inmigración es "netamente beneficiosa" para la economía, mientras sectores como la sanidad pública —que Starmer promete fortalecer— dependen de trabajadores extranjeros. La paradoja del starmerismo reside en promover crecimiento económico y restringir uno de sus motores, evidenciando contradicciones inherentes a este nuevo paradigma progresista.

La adopción del “socialismo restrictivo” no está exenta de riesgos y limitaciones. La competición con la extrema derecha en su propio terreno suele ser contraproducente, como demuestra la persistente ventaja de Reform UK sobre el laborismo en las encuestas. La experiencia europea también sugiere que cuando los grandes partidos adoptan discursos restrictivos, a menudo legitiman y amplifican posiciones de la derecha radical, apuntalando la normalización del discurso populista. Por otra parte, esta estrategia genera brechas internas tanto en el Reino Unido como en Dinamarca. La reciente crisis de Reeves ilustra cómo las bases más progresistas expresan un malestar creciente ante políticas que estiman incompatibles con valores socialdemócratas, al igual que ocurre en el contexto danés. Finalmente, la sostenibilidad a largo plazo de este modelo plantea interrogantes sobre su impacto en la cohesión social europea y su capacidad para ofrecer respuestas efectivas a desafíos globales —desde el cambio climático hasta las cadenas de suministro— que requieren cooperación internacional en lugar de repliegue nacional.

En las democracias occidentales la competencia electoral se articula cada vez más en torno a cuestiones identitarias y culturales. Starmer, Frederiksen y otros líderes como el ex primer ministro sueco Stefan Löfven —quien llegó a amenazar con usar el ejército contra la delincuencia vinculada a la inmigración— han adoptado este marco, convencidos de que la alternativa es la irrelevancia política. Su apuesta consiste en demostrar que es posible mantener valores progresistas en lo económico y en lo social mientras se abrazan posiciones restrictivas en materia migratoria. Los primeros resultados plantean serias dudas: Starmer no logra frenar el auge ultra mientras su gobierno enfrenta resistencias internas que evidencian la dificultad de conciliar austeridad con promesas de refuerzo del Estado del bienestar. El éxito o fracaso de este experimento determinará no solo el futuro de la socialdemocracia, sino la capacidad de la UE para gestionar desafíos del siglo XXI que requieren cooperación internacional —y no repliegue nacional— sin renunciar a sus tradiciones democráticas y humanitarias.

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David Alvarado es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

Cuando Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, sus asesores militares le aseguraron que Kiev caería en cuestión de pocos días. Tres años después, las trincheras se extienden a lo largo de cientos de kilómetros en una contienda que ha causado decenas de miles de bajas en ambos bandos, y cuyo fin aún no se vislumbra. En Gaza, Benjamin Netanyahu prometió eliminar a Hamas en semanas, pero el conflicto va camino del año y medio, expandiéndose territorialmente al Líbano, Siria y Yemen, y con impacto en toda la región. El reciente bombardeo estadounidense sobre instalaciones nucleares iraníes el pasado 22 de junio, que Donald Trump presentó como una operación de "destrucción total", fue desmentido por la propia inteligencia yanqui, reconociendo que los ataques tan solo retrasarían las ambiciones nucleares de la República Islámica "unos meses".

Todos estos casos dan buena cuenta de una realidad demoledora a estas alturas de la historia y que los estrategas castrenses occidentales se resisten a aceptar: la era de las victorias militares rápidas y decisivas forma parte del pasado. Estamos asistiendo a la consolidación de un nuevo paradigma bélico caracterizado por la prolongación indefinida de los conflictos, un periodo que expertos y teóricos denominan ya como "era de las guerras infinitas". La tozuda insistencia en la ilusión de las contiendas cortas está provocando sucesivos fracasos estratégicos que van desde Afganistán hasta los actuales conflictos en Medio Oriente, pasando por la tragedia humanitaria sudanesa. Y a pesar de la acumulación de evidencias empíricas, que no hacen sino desmentir visiones y asertos militares "clásicos", esta mentalidad obsoleta sigue dominando los centros de poder occidental.

La democratización del armamento avanzado ha permitido que actores terroristas no estatales, grupos paramilitares y milicias irregulares sean capaces de resistir durante años a ejércitos convencionales muy superiores sobre el papel. Ucrania, un país con un PIB que representa el 11% del español, está conteniendo a la segunda potencia nuclear mundial gracias a la combinación de armamento occidental, tácticas asimétricas y una acentuada determinación popular. En Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) —antigua milicia Janjaweed convertida en ejército paramilitar de 100.000 hombres bajo mando de Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti— llevan casi dos años resistiendo a las fuerzas regulares en una guerra que se internacionalizó a través del concurso de Emiratos Árabes Unidos, mercenarios del Africa Corps ruso (antiguo Grupo Wagner) y soldados colombianos coordinados desde Dubái.

La incomprensión de Trump en torno a esta nueva realidad geopolítica se revela especialmente peligrosa en la gestión del conflicto con Teherán. La decisión de bombardear instalaciones nucleares iraníes responde a la misma mentalidad que llevó a Washington a fracasar en los contextos iraquí y afgano, a saber, la creencia de que la superioridad militar estadounidense puede imponer soluciones rápidas a problemas complejos. Tal y como advierte el analista militar Lawrence D. Freedman en un reciente artículo publicado en Foreign Affairs, que "las nuevas tecnologías de combate tienden a ser evaluadas según el grado en que pueden contribuir a un éxito rápido en el campo de batalla, en lugar de por su capacidad para conseguir una paz duradera". Trump, quien unos días antes impulsaba negociaciones con el régimen de los ayatolás, optó finalmente por la vía militar evidenciando por enésima vez su ignorancia de las dinámicas regionales.

El concepto de "no perder" emerge como una aportación significativa a la comprensión de los conflictos contemporáneos. Buen número de contiendas actuales llegan a un estado en el que ninguna de las partes puede infligir una victoria decisiva al oponente, aunque tampoco se puede considerar que pierdan de modo categórico. Esta situación puede perseverar durante años o décadas, sin resolución aparente. El caso de la Península de Corea, donde el alto el fuego dura ya 70 años, fue durante largo tiempo una excepción; pero hoy se ha convertido en la norma. Sudán representa uno de los ejemplos más dramáticos de cómo la comunidad internacional subestima la complejidad y duración de los conflictos modernos, pasando de una confrontación entre el general Al-Burhan y Hemedti a una guerra que afecta ya hasta a cinco países vecinos. Irán, tras recibir los ataques israelíes y norteamericanos, respondió con el lanzamiento de misiles a la base de Al Udeid, en Qatar, anticipando y avisando de sus intenciones previamente, en una demostración calculada de su capacidad para prolongar indefinidamente la escalada sin llegar al estadio de confrontación total.

La imposición de inversiones del 5% del PIB a los miembros de la OTAN refleja un objetivo comercial, que no de eficacia militar. Los modelos de "gasto intelectual" frente al tradicional "gasto masivo" en armamento están redefiniendo los equilibrios estratégicos. Ucrania ha demostrado que un simple dron modificado puede destruir un tanque de tres millones de euros, mientras que Hamas mantiene operativa una red de túneles en Gaza construida con materiales domésticos que resiste los bombardeos más intensos de la historia militar de Israel. La capacidad de improvisación y adaptación tecnológica de pequeños países y actores no estatales es capaz de compensar asimetrías presupuestarias. Incluso la operación "martillo de medianoche" estadounidense contra Irán, que movilizó más de un centenar de aeronaves incluyendo bombarderos B-2 Spirit, cuyo coste unitario se estima en más de 2.000 millones de dólares, tan solo consiguió una cierta demora en las capacidades nucleares iraníes.

De esta nueva realidad geopolítica militar emerge la certeza de que las democracias occidentales deben reconsiderar de forma radical sus estrategias de defensa. La planificación castrense basada en conflictos cortos y resoluciones rápidas ha mostrado no ser únicamente ineficaz, sino también contraproducente. Trump y el populismo de la ultraderecha y —cada vez más— la derecha tradicional, alimentados por la desinformación y promesas de soluciones simples, encarnan esta mentalidad obsoleta que ignora las dimensiones políticas, económicas y sociales de los conflictos. La alternativa no pasa por gastar más recursos en armamento avanzado, sino por gastar mejor desarrollando teorías de victoria realistas en sus objetivos políticos y flexibles en su implementación. La era de las victorias militares terminantes fue enterrada bajo los escombros de Mariupol, las galerías subterráneas gazatíes y las trincheras del Sahel sudanés, en guerras que nadie sabe cómo terminar.

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David Alvarado es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

Pasma la intensidad con la que sectores bien identificados en nuestro país abordan el devenir del régimen venezolano, mientras obvian debates democráticos mucho más cercanos, con un impacto directo sobre nuestra realidad y seguridad a múltiples niveles. Argelia es un actor importante para España, pero sus recientes comicios presidenciales, marcados por la represión y plagados de irregularidades, apenas sí han suscitado interés ni debate. Aliada de Rusia, Irán y Venezuela, la “nueva Argelia” de Tebún ha ahogado la contestación del Hirak y aprueba leyes liberticidas para hostigar y reprimir con el fin de mantener un status quo militar que amenaza incluso la estabilidad de sus vecinos del norte.

El grueso de los regímenes políticos del mundo no es ni rotundamente democrático ni absolutamente autoritario. Estos se sitúan en una vasta zona gris, siendo difícil su asimilación con alguna de las categorías tradicionalmente establecidas por la Ciencia Política. Por tanto, en el concierto mundial de naciones abundan los “regímenes híbridos”, en función de la presencia y peso de diferentes variables. Desde la caída del Muro de Berlín, la literatura especializada ha dado buena cuenta de pseudo democracias, democracias de fachada, delegativas, electorales, iliberales, defectivas, parciales, autoritarias o semi-democracias; pero también de autoritarismos competitivos, electorales, semiautoritarios, sultanismos electivos y regímenes autocráticos electorales. 

La etiqueta “dictadura” oculta un amplio abanico de posibilidades y resulta harto caricatural para aludir a complejas realidades. Allende la simplificación impuesta por el relato de ciertos partidos, el franco deterioro de la calidad democrática venezolana merece un debate de mayor calado que el promovido en España por sectores bien identificados. Sin negar el interés que suscita este tipo de ejercicios, la atención no debería limitarse a realidades elegidas de forma harto interesada. Nuestras élites y medios de comunicación convendrían en atender con igual celo el devenir de regímenes mucho más cercanos, cuyas evoluciones son fuente objetiva de inquietud por el impacto a nivel geopolítico, económico, de seguridad, social y demográfico, entre otros.

Frente a las once horas que puede durar el vuelo entre Madrid y Caracas, apenas 45 minutos separan a Alicante del aeropuerto Ahmed Ben Bella de Orán, cuyo barrio de Sidi El Ouari conserva los vestigios de los españoles orígenes de la urbe, al igual que el dialecto árabe local, impregnado de hispanismos. Ni la geografía, ni la historia, ni acuciantes realidades y desafíos comunes han redundado en un digno interés por su escrutinio presidencial. Apenas algunas informaciones, crónicas y fútiles análisis en contados soportes. ¿No nos inquieta la suerte de Argelia? ¿Hace Exteriores gestiones para liberar a cientos de activistas encarcelados? ¿Concederá el gobierno de Sánchez asilo a los opositores Karim Tabbou y Fethi Ghares? ¿Se contemplan presiones para poner fin al hostigamiento de los ciudadanos molestos al poder en liza? 

Argelia es un actor importante para España, siendo clave en la política de seguridad y en la gestión de los flujos migratorios provenientes de África. Hasta el cambio de posición del gobierno español sobre el Sáhara Occidental, la cooperación con Argel ha permitido mantener en cifras bajas la inmigración irregular procedente de sus costas. Tras la quiebra de la relación, Argelia dejó de aceptar las devoluciones de inmigrantes irregulares desde España, produciéndose una reconfiguración de las rutas de la migración subsahariana. España no ha sido un destino importante para la migración argelina, que prefiere asentarse en Francia, aunque sí ha habido un aumento de las llegadas irregulares de argelinos a las costas españolas por encima de los marroquíes.

Sin mentar el rol de los hidrocarburos y otros motivos acuciantes, la sola cuestión migratoria –devenida central en el relato de nuestros políticos– debería hacer de Argelia un objeto de atención privilegiado, objetivamente muy por encima de Venezuela. Para júbilo de sus dirigentes, su mascarada electoral argelina ha pasado desapercibida en España y en Europa, apresurándose las cancillerías para felicitar al vencedor, como Macron, que transmitió sus “mejores deseos de éxito” al vencedor. Sin condenas internacionales, la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones (ANIE) proclamó la victoria del presidente saliente, Abdelmayid Tebún, con un 94,65% de votos. Nadie en España ni Bruselas puso en tela de juicio lo irreal del casi 50% de participación que sancionó la ANIE, cuando un rápido cálculo sobre las cifras vertidas da cuenta de apenas un 23%, sin incluir votos blancos y nulos, ni tomar en consideración regiones, como Cabilia, que no alcanzaron ni dos dígitos.

El candidato del Ejército Nacional Popular, el cuasi octogenario Tebún, pretendía una reelección que hiciese olvidar su victoria de diciembre de 2019, cuando el escrutinio fue boicoteado por una gran la mayoría de la población, siendo elegido en la primera vuelta con tan solo un 58,13% de sufragios. Estas elecciones eran la ocasión para Tebún de evidenciar un incremento de su popularidad, que no se produjo, por mucho que la agencia oficial y el canal público de televisión, la APA y la ENTV respectivamente, multiplicasen los mensajes de felicitación al vencedor para distraer la opinión pública del revés sufrido. 

De unos 24 millones de argelinos llamados a las urnas, 19 millones no votaron. La semana de las elecciones, la prensa daba buena cuenta de la llegada a España de 800 harraga (“quemar”, textualmente, como se denomina a aquellos que carbonizan sus documentos de identidad al llegar irregularmente a Europa) en precarias embarcaciones desde las costas argelinas. Parece que muchos prefieren jugarse la vida a votar, dando buena cuenta la abstención del descrédito del régimen y el mediocre balance de Tebún, quien no aportó mejoras, resultando un jefe de Estado aún más frágil e impopular. 

En el reino de Tebún y su mentor, el general-mayor Chengriha, los precios seguirán subiendo, la improvisación será la norma, al igual que los grandilocuentes anuncios, los precarios subsidios para mantener una maltrecha paz social y en modo alguno cesará la represión. El boicot se presenta como una enmienda a la totalidad del régimen por parte del pueblo. Una victoria del espíritu del Hirak (“movimiento”, literalmente) sobre una “República Democrática y Popular de Argelia” erigida por un ejército refractario al cambio y a la apertura. Un rechazo sin aspavientos de una mascarada electoral que refrenda la profunda ruptura que existe entre el pueblo y la casta militar, política y económica que mantiene subyugado al país de mayor extensión del continente africano tras la partición de Sudán, con ingentes recursos y potencialidades.

El Hirak, que masiva y pacíficamente invadía viernes tras viernes las principales capitales argelinas exigiendo la marcha de Buteflika, primero, y ulteriormente un cambio de régimen sobre los principios de democracia y libertad, empezó a ser objeto de persecución a partir del verano de 2019. Las autoridades se apoyan en un arsenal jurídico, reforzado en 2021, que asimila al “terrorismo” y al “sabotaje”, cualquier llamamiento a “cambiar el sistema de gobernanza por medios no convencionales”. “Una definición tan difusa que da pie a los medios de seguridad a un amplio margen de maniobra para el arresto de los contestatarios”, lamentaba en noviembre de 2023 la informadora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos del hombre en Argelia, Mary Lawlor. Un arsenal jurídico que, para alimentar el clima de terror, consiente que los imputados permanezcan en detención provisoria antes de un juicio, que puede tardar meses. 

“Ofensas al presidente de la República”, “publicación de falsas informaciones”, “afectación del orden público”, “atenta contra la unidad nacional”, “ofensas a la moral del ejército”, “apología del terrorismo”, “propagación del discurso de odio”, “incitación a tumultos no violentos”, los cargos son múltiples y variados al encuentro de quienes molestan al régimen, que pueden ser condenados a meses o años de prisión. Las redes sociales también están bajo estrecha vigilancia. Un post en Facebook durante la campaña publicado por Yacine Mekireche le valió su interpelación, el 6 de agosto, al igual que le había ocurrido en abril, cuando este rendía homenaje a Masinisa Guermah, joven de 18 años muerto a manos de la Gendarmería en Tizi Uzú durante la primavera bereber de 2001. 

“Zaki” Hanache, activista argelino refugiado en Canadá, enumera a quien suscribe estas líneas incontables interpelaciones, interrogatorios en comisaria y arrestos con fines intimidatorios durante la campaña. Antiguos militantes de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), disuelta en enero de 2023 por decisión judicial tras 38 años de existencia, en las cárceles argelinas hay más de 225 prisioneros de opinión, si bien el número pudiera ser sustancialmente mayor, ya que las familias tienen miedo de comunicar los arrestos por miedo a mayores represalias. Domesticados rotativos críticos y de gran difusión como El Watan, El Khabar y Liberté, los medios de comunicación, las redes sociales y la calle, cuyo rol fue decisivo en el auge del Hirak, han sido neutralizados. En ausencia de contrapoderes, campa a sus anchas Tebún, la cabeza visible del régimen militar.

A su disposición Ejército, Gobierno, Parlamento y cuerpos constituidos, el sindicato oficial (UGTA), el otrora partido único, Frente de Liberación Nacional, y una pléyade de organizaciones satélite, las patronales, cofradías religiosas y organizaciones de la “familia revolucionaria”. Aun así, se conformó una imponente máquina de campaña a cuyo frente se situó el titular de Interior, Brahim Merad, en una maniobra no irregular a ojos de la instancia electoral. Además, hasta trece candidaturas fueron descalificadas por la comisión de los comicios, desestimando la Corte Constitucional recursos posteriores. Por supuesto, los medios de comunicación públicos se pusieron al servicio de Tebún, que protagonizó un único acto de campaña en Constantina a sabiendas de que competía solo.

Las escenas de millones de argelinos desfilando pacíficamente reclamando democracia resultan extemporáneas en la Argelia de 2024. El Hirak logró trastocar los planes del régimen, evitando una cuarta reelección de Buteflika, nacido en 1937 e incapacitado tras un accidente cerebrovascular, y la adopción de una nueva carta otorgada que, bajo cubierta de liberalismo, ha facultado una restauración autoritaria. La revisión constitucional parapeta al régimen de derivas análogas al Hirak, proclamando que el ejército tiene la misión de “preservar los intereses vitales y estratégicos del país” (artículo 30.4), limitando los derechos y libertades fundamentales al “respeto de las constantes nacionales” (artículo 34.2) y legitima la intromisión castrense en la vida política. 

Se desata entonces una lógica represiva sobre las libertades individuales, de prensa (detención del director de Maghreb Émergent, Ihsane El Kadi, condenado a siete años de prisión, a modo de ejemplo), de asociación (disolución judicial de la LADDH), de consciencia (cierre de hasta 42 iglesias solo en 2023) y persecución y hostigamiento de todo tipo de organizaciones políticas en nombre de la seguridad del Estado (como ocurre con el Movimiento por la Autonomía de la Cabilia de Ferhat Meheni), quedando los partidos políticos marginalizados de facto, a todos los niveles. 

Íntima aliada de Rusia, Irán y Venezuela, esta “nueva Argelia” de Tebún, que se marcaba como objetivo la “ruptura con el antiguo régimen”, apenas ha logrado renovar el personal político de primera línea. Los protagonistas en tiempos pretéritos están muertos, en prisión o huidos en el extranjero, a imagen de Abdeslam Buchuareb, ex ministro de Industria que, condenado en Argelia a 100 años de cárcel por corrupción, reside en Francia. Pero la arquitectura del poder sigue siendo la misma que en tiempos de Buteflika, cuando gobernaba con apoyo del Estado-mayor del ejército y los todopoderosos servicios de inteligencia. “Estado civil y no militar”, proclamaba el Hirak a sabiendas de la naturaleza de un régimen impermeable al cambio, cuya realidad y devenir no suscita debate alguno entre sus vecinos al norte, tan ocupados en ordenar países mucho más lejanos.

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David Alvarado es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

En el marco de la lógica patentada de la derecha española del “cuanto peor, mejor”, el Partido Popular está a la que cae y no cesa de multiplicar esfuerzos para abatir al Gobierno, incluso si esto implica abrazar la causa nacional de un tercer país. En aras del pundonor patriótico, de un celo nacional siempre a flor de piel, perennemente envueltos en la bandera, no vaya a ser que alguien se la lleve, estos “españoles tan españoles” no han dudado en defender las opciones de Marruecos, por muy amorales y dignas de Maquiavelo que estas hayan sido, implicando la instrumentalización del drama migratorio para la consecución de sus fines. Para los de la bancada ideológica de Pablo Casado, el laxismo fronterizo exhibido por cuerpos y fuerzas de seguridad del Reino de Mohamed VI a las puertas de Ceuta, que ha derivado en una avalancha inédita de inmigrantes, destilando imágenes de inusitada dureza y desatando una crisis humanitaria en toda regla, se justifica en exactamente los mismos motivos argumentales que han guiado su oposición a Pedro Sánchez desde la puesta en marcha del Gobierno de coalición.

Entre otros, la radicalidad de Unidas Podemos, la incompetencia y desconocimiento socialistas, la falta de sensibilidad para con el vecino del sur, que no ha sido destino del primer viaje oficial presidencial, la torpeza gubernamental al acoger al líder del Frente Polisario sin compartir los más íntimos detalles de la operación y sin pedir permiso a Rabat, o incluso un pretendido efecto llamada. Eso sí, tras imputar a la Moncloa toda la responsabilidad en lo acaecido, mitigando en todo momento las opciones de Marruecos, los Casado –y Arrimadas– de turno vuelven a enarbolar el blasón patrio, se llenan la boca de España y se ponen a disposición del Gobierno (español). El paroxismo llega cuando el ínclito diplomado de “Harvard” se presenta como experto en Marruecos, se exhibe como estadista bien informado, susceptible de anticipar la sucesión de acontecimientos, y exhibe sus conversaciones con Nizar Baraka, líder del nacionalista Istiqlal (independencia), prohombre del régimen y nieto del fundador de la nación oficial marroquí, y Aziz Akhannouch, presidente de la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI), “el elegido” por Mohamed VI para liderar el próximo ejecutivo, cuyas elecciones se tienen aún que celebrar en septiembre, y muy próspero hombre de negocios con una fortuna aledaña a los 1.900 millones de dólares, según Forbes.

El resultado de tal deriva, extensiva a toda la galaxia mediática de la derecha que, pingües contrapartidas mediante, da buena cuenta de tal argumentario –al tiempo que acoge tribunas de conocidos propagandistas marroquíes vinculados con sus servicios de inteligencia exterior, quienes manejan los hilos de la estrategia de comunicación y lobbying marroquí en Europa y Estados Unidos– es que los titulares de la prensa en Marruecos, e incluso las declaraciones de responsables gubernamentales, se nutren de las cavilaciones de la patriótica derecha española, que no hacen sino confortar las opciones de Rabat. Porque las palabras de tan insignes españoles justifican la represalia por acoger al enemigo saharaui, por muy inhumana que esta sea e implique poner en riesgo vidas humanas, descargando las culpas en los Sánchez, González Laya, Grande Marlaska y desharrapados podemitas. ¿Qué otra cosa podría hacer Marruecos ante tal afrenta? Se utilizan para destacar la condición de potencia de Marruecos, su rol clave en la estabilidad de Europa y, cómo no, la siempre clarividencia de Mohamed VI, motivo que se vincula a la ausencia del Emérito, erigido en único actor capaz de poner orden y sentido en tanto despropósito. También apoyan el horizonte deseado, que no es otro que el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Adaptando a un marco más castizo la divisa nacional marroquí de “Alá, patria y rey”, Casado y los suyos se postulan como firmes partisanos de un Marruecos “uno, grande y libre”, pero con Ceuta española, claro. Tras tres días de silencio sobre la cuestión, el editorial firmado el pasado 19 de mayo por el director general de la agencia oficial marroquí, la MAP, Khalil Hachim Idrissi, que abrió la veda y marcó la línea a seguir por el resto de los medios, coincide pasmosamente con todos y cada uno de los “peros” que Casado y los suyos hacen al Gobierno de España. Los marcos de agravio planteados por Idrissi, la lectura de la situación y la prognosis de esta, parecen surgidos de la calle Génova, evidenciando la ineptitud del Gobierno de Sánchez, la magnitud de la afrenta, el pretexto a la represalia y una eventual escalada para llegar hasta donde sea necesario e instaurar el debido respeto al imperio marroquí. Focalizándose sobre el detonante de una estrategia de Rabat que se inscribe en el largo plazo, fuerte de sus apoyos internacionales y cuyo detonante impensado es el episodio de la hospitalización de Ghali, circunscribiendo la crisis a la bilateralidad, no concediendo su dimensión europea, cuando lo cierto es que Marruecos libra un pulso en toda regla con la UE sobre la espalda de España; Casado sirve a los intereses de Rabat y, de paso, contribuye a desviar la atención de las grandes crisis socioeconómicas internas y de legitimidad del propio régimen marroquí, que quedan en suspenso, minimizadas, silenciadas.

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David Alvarado es politólogo, especializado en procesos políticos contemporáneos, con una dilatada trayectoria profesional en medios, consultoría estratégica y de comunicación a nivel internacional, y conocimiento experto de la región MENA (Middle East & North Africa) y Sahel. Autor, entre otros, de 'La yihad a nuestras puertas: La amenaza de Al Qaeda en el Magreb Islámico' (Akal, 2010) y 'Rif. De Abdelkrim a los indignados de Alhucemas' (Catarata, 2017). En Twitter @dalvaou