Es algo aceptado y muy estudiado que los seres humanos necesitamos olvidar para que nuestra mente pueda continuar funcionando, de ahí que, siguiendo a Freud, el olvido puede ser protector, defensivo, selectivo o político. Pero hay cosas que no se pueden y, sobre todo, no se deben olvidar –como expresaba Primo Levi, desde su experiencia como sobreviviente de un campo de concentración nazi–, ya que la memoria es una responsabilidad moral y porque de esa forma evitaremos que sea instrumentalizada políticamente. 

La memoria no es un archivo, es un proceso de reconstrucción que, en cada momento y dependiendo de los factores externos e internos concurrentes, puede dar lugar a resultados diferentes.

En este sentido, el paso de los años en las personas produce efectos higiénicos, pero, a veces, también indeseados o poco recomendables, especialmente en el caso de los políticos. Me refiero a la capacidad de algunos de estos para seleccionar las materias o vivencias, decisiones, acciones u omisiones en el ejercicio de la responsabilidad respectiva. Olvidar, por tanto, puede ser la forma de depurar la memoria del ordenador que llevamos sobre los hombros y que con el tiempo se satura o se obstruye por exceso de información.

Pero también es verdad que, llegados a cierto punto, el olvido de hechos sucedidos o de las propias responsabilidades puede ser causado por el reloj biológico o porque uno ha decidido dejar de lado aquello que le estorba en la mala conciencia y tirar hacia adelante, partiendo de un reseteo equivalente a cero, mediante el sistema de no recordar lo que no conviene. Yo lo llamo la compartimentación de la memoria. En cada una de las celdas que la forman ponemos aquellas partes que nos interesa traer al presente o encerrarlas en la mazmorra del olvido para siempre.

Estas reflexiones me vienen al presente en base a las recientes declaraciones de quien fuera presidente del Gobierno, indiscutible líder en su momento del Partido Socialista Obrero Español y coautor de los inicios de la democracia en circunstancias complejas y harto difíciles. Felipe González tiene un puesto relevante en la historia de nuestro país. Con muchas luces, pero también con sus sombras, que no son pocas y, algunas de ellas, oscurecen en exceso la época en que le tocó gobernar.

El día 10 de febrero de 2026, el exmandatario ofreció una charla en el Ateneo madrileño en la que se lanzó de cabeza a la piscina de la crítica contra el actual Gobierno, especialmente contra su presidente Pedro Sánchez y contra el PSOE. Entre las frases que regaló a los asistentes y por extensión a todos nosotros a través de los medios de comunicación, dado que sus opiniones siguen teniendo importancia para la opinión pública española, destaca esta: “Con el candidato actual [se refería a Pedro Sánchez] en unas elecciones votaría en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE”. A pesar de tal convicción, González dijo no estar dispuesto a abandonar el partido sino que considera que quien debe dejarlo es “el que lo destroce”. 

También consideró necesario que el PSOE se replantee algo tras los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura y en Aragón, señalando la ausencia de autocrítica (aunque tampoco él fue un líder que se caracterizara o explayara en dar explicaciones cuando su formación política perdía unos comicios).

En ese contexto, soltó una nueva perla para la hemeroteca: “Yo no pactaría con Vox, pero a mucha más distancia estaría de pactar con Bildu. (…) No pactaría ni en broma con aquellos que no han pedido perdón”. Lo llamativo es que lo dice quien, siendo presidente del Gobierno, negoció en Argel con los máximos responsables de ETA.

Criticó a Pedro Sánchez considerando que ha violado la Constitución por gobernar sin presentar presupuestos, dado que en esa tesitura se deben convocar elecciones, en su opinión.  “Por eso dimití yo”, puntualizó. Sin embargo, no dijo nada en favor del actual ocupante de la Moncloa, que ha conseguido vertebrar varios gobiernos de coalición, dando cabida en la gobernabilidad de este país –que había quedado maltrecho después del procès– a un variado espectro de formaciones políticas territoriales que, a menos que se disponga otra cosa, forman parte de España, les guste o no. Su pronóstico fue que la legislatura no llegará a su término. Pienso que es posible, aunque Sánchez nos tiene acostumbrados a resurgir como el ave Fénix. 

Por último, no ve González alternativa interna de liderazgo en el partido socialista porque aquel es el “puto amo” y “para que haya un puto amo debe haber siervos”. Con ello, amén de denostar a toda la militancia del partido, olvida que él era “dios” cuando comandaba el mismo con mano de hierro. Recuerdo que, cuando concurrí como independiente en las listas del PSOE a las elecciones de 1993, solo le pedí una cosa, y no fue la de ser ministro de Justicia como de forma simple e interesada se dijo, sino que me pusiera detrás de él en la lista electoral por Madrid. Es decir, ir de número 2. 

No hubo problema: una orden suya y se hizo realidad. Se corrieron todas las posiciones en la candidatura con el enfado ostensible de algunos, probablemente con razón, porque la cosa estaba difícil en aquellas elecciones, aunque después se ganaron. No obstante, no hubo discusión porque él era el número 1. Y además el rey de la oportunidad. Por tanto, atacar ahora al presidente Sánchez hace honor a una desmemoria flagrante y no es lo que se debería esperar de un predecesor en el cargo. Pienso que un presidente de gobierno debería abstenerse de criticar a un homónimo posterior, máxime si es del propio partido, al que dice defender.

Es una verdad incontrovertible que, con el tiempo, cada uno de nosotros tendemos a autoperdonarnos, a suavizar nuestras propias acciones y a endurecer la visión sobre las que afectan a los rivales. 

En este sentido, Felipe González ha olvidado que tiene una mochila importante a sus espaldas y parece que quiere dejar muy atrás su propio equipaje, que cuenta con una terrible realidad histórica imborrable durante la primera década de su gobierno, y es la del terrorismo de Estado de los GAL que igualó a aquel, por un tiempo, con la crueldad sangrienta de ETA. 

Lo recuerdo bien porque estuve al frente de la investigación desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La instrucción de la primera causa de los GAL (1988/1990) fue un ejercicio práctico de aguante judicial. Pongo como ejemplo al abogado del Ministerio de Interior, Jorge Argote, que acusaba al juzgado de favorecer más la acusación contra policías que contra los miembros de ETA. Argote señalaba que se establecían “agravios comparativos exacerbantes”, afirmando que en el Central 5 era “más sencillo ejercer la acusación popular contra miembros de la policía que contra miembros de la organización terrorista ETA en cuanto a cuantía de fianzas se refiere”. Ese era el clima, hasta el punto de que en la segunda fase de la investigación (1994/1996) debí protegerme tanto de las propias estructuras corruptas del Ministerio del Interior, aliadas con algunos medios de comunicación nada favorables a la investigación penal, como de la organización terrorista.

En la primera investigación, cuando admití la querella presentada por ciento tres personas, en su mayoría miembros de la Asociación contra la Tortura, y acepté la acusación particular en nombre de las seis víctimas de los ataques criminales, no podía saber todo lo que vendría más adelante, pero sí tenía claro que nunca, bajo ningún planteamiento, el Estado podía ponerse al nivel de los terroristas mediante la “guerra sucia”. 

Responder con muerte a la muerte confería al Estado el grado de criminal tanto o más que el salvajismo de ETA, que hasta 2010 fue responsable de 850 asesinados, 2.600 heridos y en torno a 90 secuestrados, amén de millar y medio de extorsiones. Por ello, para mí resultaba incomprensible que no se hubiera impulsado una averiguación seria de los hechos y que tuviera que ser la justicia francesa la que nos sacara los colores.

Los GAL fueron causantes de la muerte de 27 personas y de más de 50 heridos, a lo que deben añadirse algunos hechos muy graves como el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. La gravedad de lo acontecido no puede medirse por el número de víctimas, sino por el origen de los autores de las acciones ilícitas producidas, que en el primer caso procedían de una organización criminal, y en el segundo eran representantes de un Estado que se decía democrático y que, olvidando su obligación de respetar la legalidad, la vulneraron y destrozaron los principios básicos del Estado de derecho. 

Como resultado de tales acciones, fueron condenados altos mandos policiales y de la Guardia Civil, directores de la seguridad del Estado, un secretario de Estado y un ministro de Interior por su participación en aquellas acciones delictivas. 

Estas condenas fueron un triunfo del Estado de Derecho, aquello que te reconcilia con la justicia frente a la barbarie. Ahora bien, me consta, como entonces era evidente, que muchos no perdonaron nunca que se investigase y se sentenciara a los miembros de los GAL. Recuerdo al ministro de Defensa, Julián García Vargas, que, en el velatorio por el atentado contra el general Juan José Hernández Rovira, me increpó muy alterado, afirmando que esas eran las consecuencias de quienes nos habíamos “empeñado en alterar el país”. Le contesté: “Señor ministro, usted se está equivocando de objetivo”.

Tengo la impresión de que Felipe González sigue también en esa idea de que no se debería haber actuado contra los GAL y que su acción fue correcta. No entiendo, si no, que sea capaz de lanzar estas diatribas contra el actual presidente del Gobierno y contra su partido, con absoluto aplomo y sin que la conciencia le llame al orden.

Puede ser que, como decía al principio, no quede resto alguno en su memoria de cómo fueron las cosas. Del mismo modo que ha debido borrar los casos de irregularidades que mancharon su mandato. Lamento señalar que, al frente del país, no destacó como un gran defensor de los Derechos Humanos, y que lo más que se puede decir en cuanto al impulso de la igualdad es que se esbozaron algunas bases. Pero, considerando que presidió el Gobierno entre 1982 y 1996 al haber ganado cuatro elecciones generales, lo cierto es que se echan en falta algunas medidas en este sentido que hubieran desbrozado el camino para el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Tampoco recuerdo que González se ocupara durante sus diferentes mandatos por las víctimas del franquismo, ni de promover ninguna iniciativa legislativa que las protegiera o las otorgara el derecho a la justicia, la verdad y la reparación como garantías de no repetición.  O que se planteara la dimisión por los casos de corrupción que se produjeron en el último período, decisión que expresamente le solicité por carta antes de dimitir de mi cargo de secretario de Estado y como diputado, en 1994.

Eso sí, en los últimos años, fuera ya de las tareas gubernamentales y como expresidente, se ha enfocado en la situación de Venezuela. Lo llevó a cabo en forma diferente a como lo había hecho antes bajo el mandato de su amigo Carlos Andrés Pérez, haciendo el parangón con la dictadura de Pinochet en Chile (cuya detención por mi orden en Londres criticó porque podía generar problemas diplomáticos y porque no estaba de acuerdo con el principio de Jurisdicción Universal, incluido en la LOPJ que su grupo había apoyado en 1985) y defendiendo al opositor Leopoldo López. 

Al punto de que ha mantenido un conflicto continuo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, denunciando que este hacía lobby con quienes violaban los derechos humanos, a pesar de estar acreditada su mediación para la liberación de múltiples personas privadas de libertad en aquel país.

Ya en casa, se opuso a la amnistía de los participantes en el procès catalán, pues, en su opinión, es contraria a la Carta Magna. Parece que no era así según el Tribunal Constitucional, que ha avalado esa constitucionalidad de la norma.

Son reflexiones las de González que en más de una ocasión han sido utilizadas por la derecha para abundar en sus propias acusaciones contra el Gobierno. Así, poco después de sus declaraciones en el Ateneo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba compartir las declaraciones del expresidente sobre el PSOE de Pedro Sánchez: "Esto no es el Partido Socialista. Esto es otra cosa. Hay alguien que ha expropiado un partido, lo ha puesto a su nombre y es suyo" manifestó Feijóo en plena sintonía.

Por estas razones, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, expresó a su vez su pena por que el expresidente haya “dejado de ser desde hace mucho tiempo una referencia para los socialistas” y se haya convertido “en una referencia para la derecha de este país”. 

La desmemoria es mala y lo es también la falta de pudor cuando no se quiere dar un paso a un lado o no se sabe al menos guardar silencio, lo que puede llevar al despropósito.

 Lo expresó muy bien Mario Benedetti en su poema Pausa:

De vez en cuando hay que hacer

una pausa, 

contemplarse a sí mismo

sin la fruición cotidiana,

examinar el pasado

rubro por rubro,

etapa por etapa, 

baldosa por baldosa, 

y no llorarse las mentiras

sino cantarse las verdades.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Queridas y queridos lectores de infoLibre. Estaba dando forma al último texto de este 2025 que os quería dedicar, para despedirlo epistolarmente como cada diciembre, cuando se me ocurrió hacerlo de una forma distinta. Así que escribí unas estrofas de prosa poética, para atemperar el gran enfado que me inunda en estos tiempos con todo lo que está aconteciendo. El resultado lo comparto aquí, con toda humildad. Os deseo lo mejor para este 2026.

Juntos lo haremos

Termina 2025 y no es solo el calendario el que pesa:

somos más mayores, sí,

pero sobre todo más conscientes,

más golpeados por las injusticias repetidas,

las indignidades normalizadas,

las esperanzas rotas

y las ilusiones que han querido arrebatarnos.

Quedan pocas alegrías

pero existen,

y por ellas seguimos en la brecha.

En mi caso, nació mi última nieta, Jara,

preciosa,

vida nueva que irrumpe

llenando espacios de negación

y de desesperanza.

Ella es prueba de que el futuro existe

y merece la pena luchar por él,

aunque intenten clausurarlo.

¿Y nosotros?

¿qué hacemos nosotros?

¿Qué espacios reservamos —de verdad—

para la confianza,

la justicia,

la paz,

la solidaridad,

la dignidad,

la pluralidad,

la democracia?

Vivimos tiempos extraños, duros, incluso escandalosos.

Tiempos donde la corrupción avanza,

el abuso se blanquea,

la polarización se expande,

la falta de entendimiento se impone

y las respuestas,

políticas, sociales o judiciales,

llegan tarde o no llegan.

Tiempos donde los extremismos y el fascismo,

aquí y fuera,

ganan terreno;

donde se acumulan procesos amañados,

traiciones consentidas,

responsabilidades no asumidas,

mentiras aceptadas como verdad,

indiferencia ante la violencia,

ante la guerra,

ante la vulneración sistemática de los derechos humanos,

ante el genocidio en Gaza,

que sucede ante nuestros ojos

mientras el mundo mira hacia otro lado.

El desconocimiento del derecho internacional

y la impunidad del poder exorbitante

de algunos dirigentes que invaden países,

cercan otros con sanciones económicas,

con acciones letales,

con ejecuciones sumarias

o acciones de piratería,

nos colocan frente al espejo

y nos interpelan sin excusas:

¿qué posición tomamos cada cual

para que el deterioro no sea irreversible?

Lo digo alto y claro:

desde el progresismo humanista

todavía es posible corregir el rumbo,

pero no sin compromiso,

no sin solidaridad,

no sin diálogo honesto,

no sin convergencia de ideas y de proyectos.

Es conciencia frente a violencia.

Nada se construye sin memoria.

Nada se defiende sin derechos humanos.

Nada se transforma renunciando

a las lecciones aprendidas.

Os pido —me pido a mí mismo—

que no bajemos la voz ni la mirada

—el silencio no es una opción—,

que sigamos luchando por lo que sabemos justo,

que enfrentemos a quienes vociferan

negando derechos fundamentales,

negando el cambio climático,

alimentando la desigualdad,

la confrontación entre nosotros,

el desprecio a la memoria democrática,

la discriminación por raza, religión u origen,

el odio al diferente,

el machismo que oprime y se justifica.

No estamos solos.

Está también la generación Z,

en la que depositamos nuestras esperanzas,

herederos de las luchas frente a la dictadura,

llamados a potenciar los valores

por los que tanto se combatió

y tanto costó conquistar.

Ellos tienen la fuerza

frente al miedo impuesto,

frente al chantaje permanente,

frente a la resignación y la desesperanza.

Tienen la energía de lo nuevo

y la responsabilidad de la memoria.

Porque si no lo hacemos nosotros,

nadie lo hará.

Avanzar no es mera inercia:

es corresponsabilidad.

Y lo haremos con energía renovada,

con organización,

con ideas,

con alianzas,

con esperanza activa,

para afrontar los difíciles desafíos que nos esperan

y superarlos.

Juntos lo haremos.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

2025 nos ha deparado bastantes sinsabores en lo público, lo institucional, lo político, nacional e internacionalmente. Guerras, masacres, genocidio, agresiones territoriales, ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe... A nivel local, en España tampoco hemos tenido un año tranquilo: corrupción; desastres naturales; crímenes machistas; sentencias incomprensibles, injustas y parciales, como la que el Tribunal Supremo ha proferido contra el fiscal general del Estado, en ese momento, Álvaro García Ortiz; insultos y descalificaciones parlamentarias reiteradas; reproches de todo orden. Por si faltaba poco, nos topamos con algo inesperado y vergonzoso: las acusaciones y denuncias por supuestos acosos sexuales contra algunos dirigentes o miembros destacados del Partido Socialista Obrero Español y la falta de reacción en tiempo y forma de las estructuras de este partido contra los presuntos acosadores. Individuos que se dedican a molestar a base de insinuaciones, chistecitos, propuestas de promoción a cambio de sexo y vete a saber qué más desagradables acciones y hasta dónde, convirtiendo en un infierno la vida de sus víctimas.

Esto resulta demoledor. Tipejos asquerosos existen desgraciadamente en todas las empresas, en todas las formaciones políticas, en cualquier ámbito de la vida laboral y en espacios de poder en los que se mercadea con el cuerpo de la mujer. Pero debo reconocer que estoy impactado porque no me esperaba que pasara esto, de forma aparentemente recurrente, en el seno de un partido que ha demostrado de forma inveterada ser vanguardia en la defensa de los derechos de la mujer, el feminismo, la lucha contra la homofobia y la xenofobia, hasta el punto de que, en este momento de la historia, el partido que fundara Pablo Iglesias podría haber dejado de ser un espacio seguro para las mujeres.

Al hilo de las primeras denuncias, ocultadas, negadas o minusvaloradas orgánicamente, han surgido otros casos que han motivado dimisiones tardías, excusas fuera de contexto y explicaciones insuficientes de la parálisis preventiva, de investigación y de sanción que no solo se saldan con meras dimisiones. A quien aparece como ejemplo y símbolo se le exige mucho más.

La primera reflexión que quiero hacer sobre este tema tiene que ver con la falta de seguridad que este asunto destila para las víctimas. Si ocurre esto en un partido en que se valora a la mujer, se tiende a igualar su papel en las instituciones y se pone por delante la protección frente al maltrato y la violencia, ¿qué no pasará en otros lugares menos concienciados o en otras entidades políticas que no dan demasiada importancia a estos temas o, incluso, los rebaten?

Esto me conduce a una posterior cuestión: ¿qué falta en los controles socialistas para que se hayan dado estas situaciones? ¿O es que realmente no existían verificaciones eficaces para ello? ¿Cuánto poder detentaban los protagonistas de tan execrables prácticas, como para que las damnificadas guardaran silencio? Para contestar a estas preguntas, el componente básico e indispensable es el de la trasparencia y la dación de cuentas exhaustiva, por parte de las estructuras internas de la formación política concernida.

En tercer lugar, pienso que, en estos casos, queda en evidencia la falta de una figura o estructura que ampare a aquellas mujeres que necesiten denunciar las agresiones, sean físicas o verbales, de las que están siendo objeto. No tener a quién recurrir produce una indefensión absoluta, más aún si el agresor tiene la categoría de jefe (que suele pasar) u ostenta un cargo superior, al que todos se ven sometidos.

Voy más allá: ¿es posible que nadie (hablo de hombres) tenga el valor de confrontar a este tipo de sujetos que elevan a categoría de normal lo que constituyen verdaderas agresiones? Mucho me temo que no lo hacen por una especie de solidaridad masculina que resta importancia a tales situaciones o las eliminan, porque, al fin y al cabo “tampoco es tan importante, ni es para tanto”. Mientras, sus “colegas” se dedican a traducir sus pensamientos más obtusos en palabras o acciones que van más allá de la decencia y del respeto a las personas.

El espíritu masculino de camaradería mal entendida se suele explayar hablando de esta o aquella compañera del trabajo, o de otras mujeres ajenas al mismo, en términos descarados o incluso obscenos, y pasa que una mayoría de los presentes, ríen las “gracias” en vez de demostrar con actitudes firmes la falta en la que incurren aquellos y, de alguna forma, también quienes consienten estas actitudes.

Reconozco que en el ambiente profesional y laboral hay demasiado compadreo entre hombres a los que se “comprende” o se deja estar con estas cosas. Así ha sido siempre y mucho me temo que no es fácil erradicarlo. Habría que empezar por inculcar respeto a los niños en casa y en la escuela. Y por enseñar a las niñas que no deben permitir que nadie menoscabe su dignidad. Para ello, es crucial que en el hogar también se practique y se valore el respeto hacia la mujer como elemento fundamental. Los niños aprenden de lo que ven.

En las empresas, mucho me temo que va a ser precisa esta formación como aviso a navegantes, de que no se pueden ni rozar los límites de la consideración, con todos en general, pero en particular, en este aspecto, con las mujeres, añadiendo que lo contrario puede traer consecuencias devastadoras para quien no sea capaz de controlarse. A estas alturas hace falta plantear tales asuntos aun cuando resulte sorprendente.

Por supuesto, es preciso rechazar de manera tajante cualquier intento de camuflar estas actuaciones condenables como “posibles montajes” o rencores hacia el agresor, que muchos elementos del género masculino son propensos a difundir y también, hay que decirlo, algunas mujeres. De los tiempos de la dictadura aprendimos que, cuando un hombre se excede “algo habrá hecho ella”. O incluso que ella “va provocando”. Esa concepción, como otras herencias del régimen, sigue aún circulando entre más de un cenutrio macho.

La duda pende sobre la víctima en muchas ocasiones motivada por el propio victimario, quien llega a alardear “en privado” de la disposición de “ella” a recibir sus favores. De tal modo que puede llegar a estigmatizarla como “mujer fácil” (otra concepción del franquismo). Por supuesto, todo inventado y convenientemente difundido en los oídos adecuados.

Esto no implica que se abogue por una especie de presunción de culpabilidad en contra del denunciado, sino que, cuando tiene lugar la o las denuncias, la investigación como respuesta debe ser inmediata, con todas las garantías y protección de los derechos en juego. Y, con carácter previo, se debe disponer de todos los mecanismos de prevención necesarios, incluso los de evaluación externa e independiente, para concitar cualquier posibilidad de agresión antes de que se produzca, de manera contundente, trasparente y ágil.

Depredadores profesionales, estos acosadores tienen su coto de caza en terreno fácil, en la propia oficina o lugar de trabajo, donde ellas, sacando adelante una tarea muchas veces precaria, callan sobre el asedio por miedo a perder su puesto. De eso se aprovechan.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, alertaba el pasado día 12 de diciembre sobre estas situaciones en un artículo: “Desde el sindicalismo lo afirmamos con claridad: el acoso sexual es una vulneración de derechos fundamentales y, además, un riesgo laboral que debe prevenirse como tal. Por eso es tan relevante el avance que supone la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al establecer expresamente que el deber de protección de la empresa incluye las situaciones de violencia y acoso sexual o por razón de sexo, obligando a integrar su prevención en la actividad ordinaria de la empresa y a adoptar todas las medidas necesarias, teniendo en cuenta la perspectiva de género, la edad y las características personales de las personas trabajadoras.”

El sindicalista considera que ese cambio de enfoque permitiría reaccionar evitando que el daño ocurra. Señala también que la patronal se niega a firmar esta reforma. “Negarse a asumir estas obligaciones supone dar la espalda a una realidad que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores y perpetuar entornos laborales inseguros donde el miedo sigue operando como mecanismo de control.”

Insisto, hay que prevenir antes de que el ataque se lleve a cabo. Y aquí queda la duda: ¿Qué mueve a los empresarios a obviar la norma propuesta? Leo que, por lo visto, temen el aumento de costes, la complejidad burocrática, nuevas obligaciones y un futuro con más litigios. Como siempre, el bienestar de los trabajadores se pone muy por detrás de los intereses del negocio y, como dice Álvarez, consintiendo que sea el miedo quien marque las pautas que benefician a los patronos. Volvemos, pues, de nuevo, a tiempos pasados.

Todo acoso indigna y, en esta ocasión, la sospecha sobre cualquier tipo de impunidad o silencio en un partido progresista lleva a una auténtica irritación. Porque, además, ello da pie a escuchar a un ultraderechista como Santiago Abascal afirmando con absoluto cinismo: “el partido que defiende a las mujeres es Vox”.

Lo malo es lo que aparenta un goteo de casos. Después del asunto del tal Salazar, se encuentran en circunstancias poco edificantes el presidente de la Diputación de Lugo, un dirigente valenciano y alcalde de Almussafes o el alcalde de Belalcázar. Parece que, en general, todo se sabía meses antes y el sistema de control actuó tarde, mal y al rebufo de las denuncias mediáticas. Lo peor de todo es esa sensación de que los dirigentes socialistas no se enteran, como están denunciando diferentes colectivos de mujeres, o no se quieren enterar, o hacen lo posible por no dar publicidad a los hechos.

Ahora, para eliminar cualquier sombra de duda, se debería impulsar la constitución de un Comité de Expertos independientes para el esclarecimiento de estos hechos en el seno de los partidos, sin mácula de parcialidad u ocultamiento. Y, además, la generación de una norma de carácter general que haga obligatoria esta especie de compliance para garantizar el cumplimiento de los estándares de respeto a los derechos de la mujer frente al acoso y su sanción al margen de cualquier interferencia interna o externa.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

El templo de Debod fue el lugar elegido por el PP para concentrar a miles de seguidores ávidos de escuchar a su líder. De ese modo, más de 2.200 años contemplaron el domingo 30 de noviembre a Alberto Núñez Feijóo arengando a militantes y simpatizantes a los que había convocado, una vez más, para reclamar que Pedro Sánchez deje el Gobierno o que convoque elecciones, o ambas cosas a ser posible. Ubicado de origen en la localidad nubia de Debod, veinte kilómetros más allá de la primera catarata del Nilo, el templo fue un regalo de Egipto en 1968 a nuestro país, como agradecimiento por la ayuda en la preservación de monumentos que la construcción de la presa de Asuán había puesto en peligro.

¿Conocía Feijóo la entidad del lugar desde el que lanzaba sus consignas? ¿Era consciente de que cientos de faraones, escribas, comerciantes, esclavos y ciudadanos de a pie habían pisado antes que él las vetustas piedras? No hay crónicas en ese sentido. Sólo sabemos que allí acudió el presidente popular acompañado por otros colegas del partido: dos expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.  

No muy lejos, en la calle Ferraz, unas decenas de jóvenes cavernícolas y protofascistas de organizaciones del entorno de VOX dejaban oír sus improperios de grueso calibre, dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “traidor”, “corrupto”, así como alusiones a su familia. Hubo cargas policiales y algún detenido. La violencia de la ultraderecha asoma sus fauces en cuanto tiene ocasión.

Ajeno a tal actividad, Núñez Feijóo anunciaba su programa político para el momento en que pueda acariciar el poder. Se resume en cinco medidas a adoptar en los cien primeros días: auditoría para conocer en profundidad el saqueo del gobierno; limpieza total de las instituciones para barrer el sanchismo; bajar los impuestos; desbloquear las leyes en materia de vivienda, ocupación o inmigración y, como colofón y resumen de todo, “medidas para mejorar la democracia”. ¿Cómo lo hará? ¡Ah! Eso es de momento un misterio, un enigma tan profundo como el del propio templo en el que resonaban sus palabras. Los manifestantes asentían, bajo el lema que motivó la convocatoria: “Efectivamente: Mafia o democracia”.

De entre todas las propuestas, la que me da más miedo es la última. Es decir, cómo puede conseguir tal propósito un partido que puede presumir históricamente de algunas cosas, pero no, desde luego, de mejorar la democracia. Casi todas las leyes y avances de consolidación y mejora de aquella se han impulsado por gobiernos que no han sido liderados por esa formación, como leyes de igualdad, memoria, seriedad del sistema fiscal, sanidad pública, subida de las pensiones, del salario mínimo, protección de los derechos de los migrantes, medioambiente (véase el pacto entre PP y VOX en Valencia) etc.

El discurso del Sr. Feijóo se centró en la corrupción en los últimos meses. Los argumentos son muchas veces débiles, al hilo de la instrucción errática de algunos jueces, como puede ser el asunto de las acusaciones contra la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez. Hay causas que resultan peligrosas y aparentemente parciales como la del caso contra el fiscal general del Estado que ha dado lugar a un fallo condenatorio, pero sin que, semanas después de publicarse, conozcamos todavía la motivación. Entre tanto, las dudas sobre la imparcialidad de algunos de los jueces sentenciadores crecen por momentos. 

Y tenemos también aquellas en las que el fondo, presuntamente, parece más consistente, como sucede con el ex ministro José Luis Ábalos o el misterioso y plenipotenciario Koldo, o con el que fuera también, como Ábalos, secretario de organización del PSOE Santos Cerdán. 

Aun así, Feijóo no resulta convincente. ¿Por qué? Trato de explicarlo: cuando una acusación se vuelve repetitiva se convierte en una especie de plegaria desesperada para llamar la atención de quienes ni saben, ni quieren saber lo que ocurre en su organización, sino en la contraria. A su perorata repetida hasta la saciedad como una letanía o mantra cansino, denunciando acciones incluso delictivas de su oponente, sin más razones que las que afectan a colaboradores del mismo, le falta un componente esencial que el Partido Popular quiere silenciar, pero que es difícil de obviar para la ciudadanía: No es otra, sino que el PP tiene su propia y enorme historia de corrupción y una larga lista de imputados y condenados por tal motivo.

En mi opinión, una manifestación en este sentido, denunciando la corrupción y exigiendo escarmiento, tendría credibilidad si los convocantes reconocieran los propios pecados.  Es decir, si empezaran los discursos de esta guisa, proclamando, por ejemplo: “Nosotros también caímos en esa dinámica de corrupción y reconocemos que lo hicimos mal.” “Incluso somos protagonistas actuales de casos de corrupción en el sur de España o aquí en Madrid o en Valencia”. Y si, una vez expresado el pecado y tras el ejercicio de necesaria contrición, añadieran: “A partir de ahora vamos a sumar todos y vamos a hacerlo bien”.

Pero no parece que los tiros vayan por ahí. Hasta ahora, los disparos solo son de fogueo y se concretan en ruido, alboroto e insulto. Añadiendo la pertinente acción de la Justicia a ver si, con la ayuda de todos, hacemos sitio y es posible el retorno al paraíso del que el PP, según su propia lectura, fue ilegítimamente expulsado mediante una moción de censura fake ideada por una maldita hidra de múltiples cabezas, todas ellas de Sánchez, que corrompió a todos: nacionalistas interesados, izquierdistas marginales, chavistas irredentos y demás morralla parlamentaria. Lo consiguió con falsas promesas, amnistías varias, abrazos terroristas, desmembramientos territoriales hispanos o fondos espurios, conformando una mafia que solo se puede destruir con la democracia de diseño auspiciada por el Partido Popular. 

La doble moral siempre radica ahí. Una doble moral más extendida de lo que pensamos. Sería bueno recordar los planteamientos de Nietzsche en su obra La genealogía de la moral que explica el origen de los valores morales y cómo distintos grupos humanos crean morales opuestas según su posición y su fuerza. Lo bueno, lo noble, lo correcto es lo mío, lo que yo hago desde una posición de poder y no necesito justificarlo porque es un valor en sí mismo; por el contrario, lo malo, lo perverso, lo sucio es lo que hacen aquellos que son mis oponentes.

Cierto es que muchos nos hemos sentido abochornados, ante la certeza que facilita la hemeroteca, con el a todas luces poco edificante José Luis Ábalos, que en nombre del PSOE defendió la moción de censura contra el PP en el Parlamento. Fue aquel día cuando echó en cara a sus rivales la realidad aplastante de la sentencia Gürtel. ¡Quién nos iba a decir entonces que veríamos al orador entrando en la prisión de Soto del Real bajo acusaciones de parecido tenor! Y luchando con uñas y dientes por no perder su aforamiento y mantener su papel de diputado. 

Probablemente, si hubiera renunciado a esta cualidad propia de quienes representan a los ciudadanos, es posible que ahora no estuviera en la cárcel, contando con diversas instancias a las que recurrir antes de que una sentencia se hiciera firme. Sus motivos tendrán para no haberlo hecho. Desde luego, no seré yo quien lo despoje, ni a él ni a nadie, del derecho a la presunción de inocencia, pero, la del caracol o la del calamar, en este caso, no son buenas estrategias. Por cierto, no olvidemos que las únicas sentencias firmes hasta la fecha son las de Gürtel, entre otras la referente a la condena del PP a título lucrativo por las reformas de la sede central del partido en Génova 13.

Es la paradoja del aforamiento que a nada conduce si ya estás en prisión; peor aún, recorta las posibilidades de defensa porque en el Tribunal Supremo –donde se instruyen y enjuician los casos de aforados– no hay más instancia que la de la Sala que juzga. De este modo, lo que en apariencia es una garantía cuando el parlamentario nacional está en activo, se transforma en losa de piedra colgada al cuello que, en el peor de los casos, conduce al aplastamiento por condena sin posibilidad de apelación.

Habría sido bueno que en ese ideario de propuestas populares apareciera la de acabar con los aforamientos; o la de no instrumentalizar la justicia; o la de proponer mecanismos de transparencia en las estructuras partidistas. No, no es de recibo que un partido con tan alto porcentaje de imputados y penados y tanto juicio por delante por presuntos delitos de este calibre señale con el dedo al de enfrente acusándole de corrupto. O que en este concilio sobre el suelo de un recinto que un día fue sagrado se hubiera prescindido del sesgo partidista al denunciar una mafia que, de ser cierta su existencia, también incluiría a los que la denunciaban en la soleada, fría y otoñal mañana madrileña. 

Ver la paja en el ojo ajeno es una costumbre inveterada, de un cinismo y una desfachatez solo comparable al tamaño de la viga propia que se pretende disimular. No hay señales de contrición o redención en este partido, ni existe en él propósito cristiano de la enmienda, ni tampoco interés alguno por servir a la ciudadanía. El PP no anuncia un programa de proyectos para el bien común, ni la intención de mejorar la vida de las personas. Sólo demuestra el ansia por alcanzar unas cotas de poder que permitan a sus responsables atender a los intereses de aquellas entidades que les apoyan. Y quién sabe si, quizás, a volver a las andadas.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

El domingo pasado estuve en la concentración de la Plaza de las Salesas, ante la sede del Tribunal Supremo, en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Llevaba 13 años sin volver allí porque el lugar me trae malas vibraciones después de haber recibido, en palabras del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una sentencia arbitraria, parcial, sin doble instancia y sin que existiera previsibilidad penal de la conducta imputada por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Todo ello, como respuesta a mi demanda contra el Estado español en los casos Gürtel y Franquismo que, como es habitual en la Administración de justicia española, son desatendidos por considerarlos no ejecutivos para los tribunales hispanos que, como todos sabemos, son los más “certeros del mundo” y “nunca” se equivocan en sus decisiones.

En esta ocasión, desafortunadamente, he vuelto al lugar de autos, no para pasear, sino en apoyo al fiscal general del Estado, sexta autoridad del mismo, condenado por un delito de revelación de datos reservados de un particular, de forma injusta y arbitraria mediante un fallo judicial informado sin sentencia o motivación conocida que lo avale, de momento, y que ha ocasionado un cataclismo social y político.

Ha sido grato comprobar que al menos un millar de personas nos hemos sentido concernidas por esa decisión y lo hemos querido poner de manifiesto públicamente. Desde luego, no faltará quien acuse de que con eso afectamos a la independencia judicial. Ya les digo yo que no. Los juzgadores supremos se inquietan muy poco por este tipo de demostraciones de discrepancia. Sí lo hacen cuando algún medio de comunicación editorializa o les cuestiona sus decisiones. El pueblo sufre los resultados de la justicia, pero no inquieta a la misma por su mal hacer. Es algo metafísicamente imposible porque nadie de ese nivel popular tiene el caché para inquietar a tan doctos señores.

Al día de hoy tenemos una certeza: al fiscal general del Estado le han hecho un traje a medida. Hizo el patrón el jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso; hilvanó la tela el juez de instrucción, y la Sala Segunda del Tribunal Supremo presentó el producto final con cierta prisa, casi a cascoporro. Faltaron las imprescindibles pruebas para ver cómo le sentaba el modelo al destinatario. Y aún está por ver la costura, es decir, si las puntadas son rectas o si los modos tan acelerados han llevado a los sastres a coser de cualquier manera, con los dobladillos deshilachados, el forro despegado y los ojales asimétricos.

Se diría que, en una carrera desbocada hacia el absurdo, había urgencia para lograr argumentos que salvaran al soldado González Amador de su poco edificante relación con Hacienda, que somos todos. Si para lograrlo, si para encontrar posibles vías de llegar a la nulidad, era necesario montar una guerra institucional, bien hecho estaba. ¿Quién no defendería a su novio ante la fatalidad? ¿Quién por amor no pondría en peligro la estabilidad de una sociedad? Recurrir al bulo, a la mentira o a la falsedad utilizando las herramientas de una Administración pública, es poco comparado con los dos fines perseguidos: de una parte, el triunfo del amor; de otra, que el adversario político muerda el polvo.

¿Cuál es la situación? Que conocido el fallo de la Sala Segunda, sin más datos, nos encontramos en el reino de la elucubración al no estar al tanto de los necesarios argumentos. Entre lo que elucubramos, se conoce que en los corrillos de periodistas un magistrado presumiblemente firmante de la condena ha sugerido que la supuesta filtración de datos reservados (motivo posible de la condena) al parecer se refiere a los datos contenidos en la nota de prensa “dictada” por el fiscal general en cuanto las menciones al confeso defraudador, cuyos datos fueron primigeniamente difundidos por Miguel Ángel Rodríguez en función del correo de su abogado. Veamos si el traje es de buena marca o una burda falsificación de las que se ofertan en las grandes avenidas de las ciudades españolas en lo que se conoce como topmanta.

En un inicio, la Sala de Admisiones –que, extrañamente, también ha constituido el bloque principal de la Sala de Enjuiciamiento, y por ello sus componentes estaban súper contaminados– obvió la nota de prensa en cuestión, centrando el proceso en un correo que el fiscal general no filtró. Si esto fuera así, como parece desprenderse de la nota informativa que ha adelantado el tribunal al referirse a la “revelación de datos reservados”, la Sala habría dado una vuelta de tuerca inesperada en contra del acusado, aunque ya se desprendía de las últimas sesiones. Ello nos llevaría a plantearnos una mutación en el objeto del juicio, sobre el que se centró el mismo: la presunta filtración de un correo de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa del señor González Amador aceptaba haber cometido dos delitos fiscales y proponía una conformidad al fiscal del caso. Sin duda, de confirmarse, sería muy grave, porque ha generado una clara indefensión al fiscal general, de forma consciente.

Si no fuera así, y la cuestión queda centrada en el mencionado correo, existen demasiados testimonios de periodistas que por activa y por pasiva aseguran haber obtenido el correo sobre la situación de González Amador tiempo antes de que llegara a la Fiscalía, lo que obligaría al tribunal a hacer auténticos malabares para quebrar la coherencia y firmeza de esos testimonios frente a las conjeturas, fuegos de artificio y filibusterismo que se han generado por parte de las acusaciones, y evidenciarían un riesgo superlativo de parcialidad en contra del reo.

En este ejercicio permanente de elucubración al que nos ha obligado el tribunal en un caso de la máxima importancia, y que tan querido es (al menos por uno de los miembros del tribunal sentenciador conocido por sus espectaculares y muy cuestionadas intervenciones a lo largo de los años), la nota de prensa se constituiría en el tema delictivo central. Por tanto, el Tribunal Supremo tendría que explicar muy bien por qué obvian la obligación de la Fiscalía de dar respuesta a bulos y calumnias, según marca su Estatuto y exige un verdadero Estado de derecho en una democracia participativa en la que la justicia es de los ciudadanos y no de quienes la administran. Y nos enfrentaríamos a algo incomprensible: si el correo era irrelevante, ¿para qué se llevó a cabo el brutal registro en la sede de la Fiscalía General? ¿Qué buscaban en realidad? ¿Era todo fruto de una mala instrucción? ¿Del desconocimiento puro y duro de un juez? En cambio, si hubieran absuelto al fiscal general, ¿cómo habría quedado el magistrado instructor? ¿Qué cuentas habría que haberle pedido por tal intrusión en una institución del Estado? Tal vez el papel poco airoso del juez Ángel Hurtado haya sido tenido en cuenta por sus colegas del Supremo.

En paralelo, se traspone la situación judicial a la política: el ataque a la independencia judicial no se produce por la crítica a una decisión de un tribunal que ha quebrantado su obligación de motivar el fallo (que, en todo caso, es la consecuencia lógica de una fundamentación o motivación y no al contrario). Esta decisión ha servido para una revictimización del acusado que, una vez más, ha quedado indefenso, y solo ha favorecido a quienes están haciendo escarnio de una condena no fundamentada y sí publicitada a modo de ajusticiamiento en la plaza pública. Sin olvidar que en el recurso de nulidad ante el mismo tribunal (mero trámite) para dar paso al de amparo ante el Tribunal Constitucional se podrá alegar como motivo de esa nulidad el adelanto del fallo, que podría estar influyendo en la propia motivación de la sentencia.

¿Quién pierde en este juicio? Todos. No puedo comprender qué ha pasado por la cabeza de estos cinco magistrados para firmar tal decisión. Me sigo preguntando: ¿Por qué se negaron a retransmitir el juicio? ¿A qué tenían miedo?

Espero ahora que los argumentos sean absolutamente convincentes para devolver la fe a la ciudadanía, porque en caso contrario pasarán muchos años hasta creer de nuevo en la justicia. Yo, al menos, ya no creo.

No creo, porque sin más información veo demasiadas incongruencias, entre otras, la condena. Necesito que expliquen por qué consideran que se trata de datos reservados cuando ya eran conocidos todos los entresijos que los definen; por qué condenar al fiscal general por cumplir con su obligación de informar para destruir un bulo probablemente delictivo, es decir, por cumplir una obligación legal que, en todo caso, excusaría de desarrollar otra conducta; por qué el fallo se ha sustentado en el artículo 417.1 del Código Penal y no en el 417.2, que es el que establece que el penado ha causado daño a un tercero. Si esto no se cumple con suficiencia tendremos que llegar a la conclusión que se trata de una sentencia arbitraria como arbitraria ha sido la prepublicación del fallo.

La pena de inhabilitación, según veo en el fallo, está milimetrada. Dos años para el cargo de fiscal general, el tiempo máximo que le quedaba en ese puesto. Nunca podría ser reelegido, pues así ocurre cuando han transcurrido dos años en el ejercicio del cargo, de donde la sentencia se considera de cumplimiento imposible, pero no puede suponer la pérdida de la categoría de fiscal de Sala ni ser expulsado de la carrera fiscal.

En la dimensión política, más allá del apoyo moral del Gobierno al fiscal general, Núñez Feijóo ha reclamado, de forma inmediata, la dimisión del presidente Sánchez (quien no era el juzgado); Abascal ha aseverado que esta es la primera pieza del dominó que cae y que Sánchez será el primer presidente que acabará en la cárcel. Díaz Ayuso, por su parte, ha hablado, como siempre –con una confusión de conceptos grave y una falta de respeto a la esencia democrática–, de autocracias y dictaduras, obviando, sin embargo, el papel que ella misma ha jugado en todo este caso. Como ven, estimados lectores, la separación entre el poder político y el judicial se va diluyendo gracias a la ambición de estos políticos.

Pienso que el fiscal general no necesita defensa o apoyo (aunque personalmente son bienvenidos –lo digo por experiencia propia–) como responsable máximo de una institución de rango constitucional, porque tiene garantías desde el momento de su nombramiento. No depende del Gobierno: quien así lo afirme, miente. Desarrolla la política del Gobierno frente al delito y tiene su autonomía garantizada por lo dispuesto en su estatuto orgánico.

Cuando escribo estas líneas, Álvaro García Ortiz ha presentado su renuncia, lo que le honra y cierra cualquier otra posibilidad pues no podría repetir en ningún caso por el tiempo ya transcurrido en el cargo. Es un sinsentido más del adelanto del fallo que pondrá fin a una sentencia aun por escribir, cuyos razonamientos jurídicos podrían acomodarse en función de las críticas que unos y otros estamos realizando.

García Ortiz ha sido un fiscal general honesto, coherente, demócrata y está sufriendo una situación injusta. Como cualquier otro aforado ante el Tribunal Supremo, su figura no tiene posibilidad de recurrir en segunda instancia. Nunca he entendido por qué el legislador español no ha introducido, en los casos de aforados ante el Supremo, la doble instancia, esencial en un Estado de derecho. No hacerlo es otorgarle un poder omnímodo a la Sala Segunda del Alto Tribunal. Por lo demás, acudir al Tribunal Constitucional supone solo un recurso de amparo, pero al llegar allí, el daño ya está hecho. 

Los trajes a medida se suponen que son los mejores, pero me temo que, en este caso, cuando veamos finalmente el atuendo, nos vamos a encontrar con que está sujeto con alfileres y que se mantiene ligado solo por la inquebrantable voluntad de algunos de ir más allá de lo que aconseja la prudencia en derecho. Todo ello para alegría y, posiblemente, agradecimiento de quienes desean tanto alcanzar el poder que no tienen escrúpulos en dejar por tierra el honor de los servidores públicos y la confianza del ciudadano en las instituciones.

Escribo estas líneas para quienes lo han vivido, pero lo han olvidado; para aquellos que no lo han conocido y para todos los que escuchan los cantos de sirena de los franquistas. Estoy seguro de que quienes lo tienen presente, estarán muy próximos a mis palabras.

Tras la muerte de Franco, la ultraderecha se encargó de ensangrentar la vida cotidiana, mientras pretendíamos establecer una democracia y una Constitución. Los años de la Transición están plagados de asesinatos de grupos ultraderechistas franquistas que no querían que se acabaran los privilegios y de negocios de venta de niños robados que, iniciado en la postguerra, continuó hasta bien entrados los 80 y aún no sabemos dónde se encuentran.

Durante todos estos años esos grupos o los que les han sucedido, y aquellas personas añorantes de la dictadura, han mantenido el espíritu de Franco en la intención de retornarlo. Pensábamos que eran nostálgicos sin más fundamento. Creíamos que celebraban sus cenas y comidas de conmemoración como viejos conmilitones rememorando sus buenos tiempos, pero resulta que no. Resulta que al calor del PP y con el apoyo de la ultraderecha internacional, se han formado en las artes oscuras del ciberespacio y nutren de bulos y mentiras las redes sociales.

Ya no buscan su electorado entre los estratos de población menos informados, si no que, con una estrategia bien orientada, apuntan a los nuevos votantes. Hace ahora siete años, me impactó el conocimiento de que, en las aulas de Políticas de universidades públicas, hubiera un alto porcentaje de estudiantes que simpatizaban con Vox. Entiendo ahora que estaban haciendo cantera para futuras necesidades.

Vemos ahora cómo resurgen, desplegando todo tipo de maniobras para agredir la Memoria, como la reticencia a la eliminación de los símbolos; la rebeldía de VOX y PP en las comunidades autónomas intentando desarticular la ley y, más lejos aún, agrediendo físicamente las sedes del PSOE.

En esta tesitura, rechazan la resignificación de Cuelgamuros, el empoderamiento de las víctimas y la exigencia a la Justicia para que actúe en el sentido proactivo que marca la ley de Memoria Democrática.

La obligación de los demócratas es, más que nunca, realizar la necesaria pedagogía para que los más jóvenes sepan confrontar con el lado oscuro de las redes de tendencia fascista. Y recordar siempre que los ingredientes de la libertad son la verdad, la justicia, la memoria y la reparación. La libertad se consolida con las garantías de no repetición.

Esta semana, en reunión con los amigos, con seguridad hablaremos de como vivimos aquella noche. También, seguro, de la diferencia de conceptos entre lo que los chicos creen pensar ahora y lo que pensábamos nosotros, al menos los que tenían nuestras ideas.

He buscado mis notas. Para mí fue así:

El 20 de noviembre de 1975 yo vivía en Sevilla, con mis padres y hermanos. Estaba en tercero de Derecho. Por las noches, trabajaba en la gasolinera del Cerro del Fantasma en la autopista Sevilla–Cádiz, en Las Cabezas de San Juan. Sustituía el turno nocturno de mi padre y de otro compañero. Así podía estudiar por las noches, cuando no había clientes, e ir a las clases por las mañanas.

Estaba trabajando, de madrugada, cuando me enteré de la muerte de Franco. Eran aproximadamente las 6. Tenía una radio para escuchar las noticias y para que me hiciera compañía.

Ante la noticia, me quedé helado. Recuerdo que esa noche apenas pasó gente. Sí tengo presente a un señor mayor que me dijo que la muerte de aquel era una catástrofe, porque podíamos acabar de nuevo en una guerra. Yo le respondí que sería todo lo contrario, que llegaría la democracia, pero que habría resistencias y represión. Me miró muy sorprendido y me pidió que no dijera eso ante la gente. Le expliqué que era estudiante de Derecho y me deseó buena suerte.

Cuando llegó mi padre, que era un hombre muy reservado, comentó que me veía muy contento. Le dije: “Por fin se ha muerto Franco”. Él me contestó que tuviera prudencia y me fuera a casa.

Como siempre, recorrí los 43 kilómetros que me separaban de Sevilla en el primer coche que se detuvo a repostar. El conductor era un hombre que tendría unos 40 años y empresario, creo. Me preguntó qué me parecía la noticia y yo le dije que se había hecho esperar; él me contó que Franco estaba muerto desde hacía días y que lo habían mantenido en secreto. Como vi que era, al menos, aparentemente, contrario a la dictadura, le dije que estaba bien muerto y que nunca repararía su muerte el daño que había causado en vida a tantos españoles y españolas.

Me bajé en el Prado de San Sebastián, junto a la estatua de El Cid situada frente a la Facultad de Derecho. Nos concentramos un grupo de compañeros con idea de entrar, pero las puertas estaban cerradas, por lo que tendríamos que hacerlo en el Rectorado, pero se presentaron varios coches de policía armada. Los policías se acercaron con cara de pocos amigos, y nos dijeron que allí no hacíamos nada y que nos marcháramos, que no había clases por la muerte de Franco y que no generáramos problemas como los días anteriores. (durante todo 1975, habíamos protagonizado varias manifestaciones y enfrentamientos con los “grises”). Me marché andando a mi casa y aproveché para dormir un poco. Por la tarde, tomé el autobús a las 19.00 horas hasta las Cabezas de San Juan, anduve 5 kilómetros para llegar a la gasolinera y empecé mi turno de noche.

Lo que vi fue calma tensa y muchos corrillos y susurros.

En casa comenté con alegría el fin del dictador y las dudas sobre qué ocurriría. Yo era de los que propugnaban la ruptura. Mamá me dijo que tuviera cuidado con lo que decía. Hoy todavía me lo dice.

50 años han pasado desde aquel 20 de noviembre de 1975. Los de mi generación que tuvimos un protagonismo en las facultades, en los institutos, en las fábricas, en los despachos... peinamos canas y asistimos algo descolocados a este mundo que bajo ningún concepto esperábamos tener después de tanta pelea. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos permitido que aquellos nostálgicos de la violencia fascista hayan edulcorado su mensaje y hayan conseguido que fórmulas que defiende el genocidio, la gradación de clases y de géneros, el racismo renovado, el odio al diferente, al migrante, que se hayan adueñado de las calles e intenten hacer lo propio con las universidades, los institutos y las escuelas con personajes deleznables como los Vito Quiles, Alvises u otros de similar jaez?

¿En qué nirvana hemos vivido los llamados progresistas que no nos hemos dado cuenta de que se nos venía encima la marabunta? La cuestión es si aún estamos a tiempo de remediarlo o, una vez más, las confrontaciones ideológicas, las guerras internas y las luchas de poder nos harán, de nuevo, perder la vida y los derechos ganados. 

Está claro que debemos volver, de nuevo, a las barricadas, a dar la batalla ideológica y cultural, quizás estamos condenados a intentarlo una y otra vez como Sísifo por decisión de Zeus (brillantemente relatado por Albert Camús en su Mito de Sísifo) a subir con la piedra de la democracia a la cima de la montaña y tras dejarla en el suelo creyendo que está segura, ver como rueda hasta la base para hundirse en el fascismo, y de nuevo a realizar con rebeldía la misma operación durante toda la eternidad. Debemos ser conscientes que, la democracia no es un reino que se conquista para siempre, y que sus depredadores lo saben y están dispuestos en jauría a acabar con ella, con la libertad y los derechos consolidados. Zeus nos ha condenado a cumplir esta sentencia por no haber sabido defenderlos y por permitir que los beocios hayan tomado la Acrópolis de esos valores universales ocupados en otras veleidades y falsas prioridades.

El admirado y añorado José Antonio Labordeta nos dejó una canción bellísima a modo de himno que deberíamos recordar y aplicar de forma constante:

 “Habrá un día en que todos, al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad”.

“Hermano aquí mí mano, será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad”.

“Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad”…

“Que sea como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad”.

De nosotros depende.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

Llegamos a la fecha clave del 20 de noviembre. Hace 50 años que oímos de madrugada aquella famosa frase del presidente del Gobierno Arias Navarro: “Españoles, Franco ha muerto”. Las efemérides se celebran o se sufren porque, como dice la canción del grupo Jarabe de Palo, “depende, todo depende, del color con que se mire, todo depende”.

Quienes me siguen en infoLibre saben cuál es mi tendencia en este caso y a ella me apego para escribir en esta ocasión. Les recomiendo un artículo de Pablo de la Serna publicado en estas mismas páginas el pasado 14 de noviembre. Habla de cómo la ultraderecha maquilla el franquismo en las redes con el objetivo de influir en los más jóvenes. Advierte de que el grupo situado entre 18 y 24 años es el más proclive a aceptar un régimen autoritario, según el CIS.  Otras encuestas, como la de 40dB, sitúan a Vox en la intención de voto mayoritaria en la franja de 18 a 44 años. 

A mayor abundamiento, como decimos los juristas cuando queremos insistir en un razonamiento, el autor recoge cómo el periodista experto en neofascismos Miquel Ramos advierte de una ofensiva reaccionaria que tiene a la juventud como objetivo prioritario, aunque matiza que esto no significa que "los jóvenes sean de derechas". "Hay miles de jóvenes con ideas progresistas, militando y organizándose, pero no reciben la misma atención mediática. Llaman mucho más la atención cuatro niñatos haciendo el saludo nazi que chavales parando un desahucio".

Estoy de acuerdo con ambas posiciones, pero no puedo evitar preguntarme qué hemos hecho mal para llegar a 2025 con la rémora de un régimen cruel y despiadado que se reivindica por demasiadas personas. Ello, en un país que está a la cabeza del desarrollo económico europeo y, sin embargo, no es capaz de estarlo también al frente de la defensa de los derechos humanos y del entendimiento político y social. 

Desde mi punto de vista, son muchos los factores que inciden en esta vulnerabilidad institucional en la que nos movemos, arrastrada desde la dictadura, que no sanó la Transición y no ha sabido resolver la democracia hasta el momento. Falta de concordia y encuentro políticos de los diferentes partidos sobre problemas básicos y comunes como el modelo territorial, la diversidad, el acceso a la vivienda, la inmigración, la igualdad, la sanidad pública, la lucha contra la corrupción, la memoria, entre otros.

En este contexto hay que otorgarle relevancia especial en los últimos 20 años a la ofensiva global de la extrema derecha, hasta el punto de haberse configurado, a día de hoy, como una verdadera internacional de esa idolología que aglutina ideas ancestrales del fascismo, con una renovación de aquellos postulados centrándolos en la xenofobia y racismo, la discriminación por razón de género, negación de los derechos reproductivos de la mujer y ultranacionalismo galopante en contra del estado del bienestar. Cada vez son más los países en los que estos principios están arraigando y se convierten en postulados atractivos para sectores amplios de población con la cooperación inestimable, para su propagación, de las nuevas tecnologías de la comunicación. La extrema derecha, europea, sin ir más lejos, en Polonia, Hungría, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, se expande de forma transversal y nos describe una realidad y un futuro inquietantes. América Latina es un laboratorio importante de esta resurrección de las ideas y políticas fascistas y de este “amor” por lo retro, entendiendo por tal lo más retrogrado y casposo que pudiéramos imaginar. 

Para mí, en este sentido, las elecciones presidenciales y parlamentarias chilenas, donde dos de los candidatos han hecho gala de sus ideas pinochetistas e incluso más allá, son un ejemplo de la deriva peligrosa en la que estamos sumidos. Esto, tras conocer los efectos de la motosierra de Milei sobre la sociedad argentina, o la perturbadora política del presidente Noboa en Ecuador, de momento contenida por la ciudadanía ante un referéndum trampa del mismo; o de Bukele en El Salvador, que ha convertido su país en sede de cárceles ilegales de EEUU para migrantes ilegalmente expulsados, a cambio de un precio.

Además, asistimos al espectáculo del genocidio en Gaza a manos de autoridades y ejército israelíes con fines de ocupación. Y somos testigos de la propia impunidad del presidente estadounidense al desplegar una flota de dimensiones espectaculares con la que atacar embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico bajo la excusa de combatir el narcotráfico en la República Bolivariana de Venezuela y en Colombia e, incluso, amenazando con acciones militares por tierra contra la primera. Suman, en síntesis, más de 80 ejecuciones extrajudiciales en ambos casos, prescindiendo de cualquier atisbo de legalidad.

Sin duda hay relación. Nuestra ultraderecha patria se ha visto reforzada por estas fuerzas oscuras del imperio, que a su vez están al servicio de grupos económicos que aspiran a mayores beneficios. El dictador dejó dicho en su discurso de Navidad de 1969: “Todo ha quedado atado y bien atado con la designación como mi sucesor a título de rey del príncipe Don Juan Carlos de Borbón”, pero no podía imaginar el empujón que iba a llegarles a sus herederos medio siglo después de su muerte. 

Unos herederos que alimentaron su propio rencor y lo amplificaron, el 24 de octubre de 2019, cuando el Gobierno exhumó los restos mortales de Franco de la tumba de lo que el régimen conocía como Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros.

Estos jóvenes que hoy ven el franquismo como algo romántico, deseable o ilusionante, están mal informados. Probablemente el 99% de ellos ni saben un ápice de lo que representó la dictadura y la violación sistemática de los derechos humanos que supuso durante casi 40 años. Pero la culpa no es enteramente suya, porque ha faltado una verdadera pedagogía institucional al respecto. La asignatura de memoria no llegó a establecerse debidamente en las aulas y su implantación ha sido beligerantemente boicoteada en las comunidades gobernadas por el PP y Vox. 

Por su parte, la acción de la justicia o no ha existido o ha sido negativa y persecutoria de la memoria y de quienes han pretendido investigar los crímenes cometidos, garantizando con ello el olvido de las víctimas, su revictimización y la impunidad de los perpetradores. Por lo demás, la postura poco beligerante de un progresismo inane de militancia por la verdad, la memoria y la reparación durante tantos años, ha adormecido las conciencias de miles de jóvenes hasta borrar la obligación que tenemos como demócratas de consolidar la pacífica convivencia basada en la dignidad, como base de cualquier Estado de derecho. 

Los jóvenes no saben que, hasta que hace 50 años falleciera Franco, había reinado el silencio impuesto sobre el golpe de Estado que este protagonizó en 1936, sobre cientos de miles de personas que murieron o sufrieron exilio por defender la democracia, y que dio inicio a un exterminio selectivo desde entonces hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975. 

La delación, las denuncias falsas, los chivatazos de vecinos o ajenos que pretendían quedarse con sus bienes o que lo hicieron por pura maldad, venganza y odio ideológico, fueron la norma para viabilizar y sostener la dictadura. Tampoco han oído hablar del calvario de mujeres y niños señalados con el dedo por ser viudas o esposas o hijos de rojos. Desconocen cómo la mujer perdió derechos de manera fulminante –ahí están las trabajadoras del Metro o de la Telefónica que debían abandonar la empresa cuando se casaban– o la imposición de que el padre o el marido tuviera que autorizar sus estudios universitarios, su pasaporte, su acceso a la vida laboral.

La mujer debía cargar con ese sufrimiento en silencio pues esa era su obligación en el matrimonio, como la Iglesia se encargaba de recordar. Por supuesto, la violencia de género era inexistente, a la vez que la persecución de la homosexualidad formó parte del Código Penal hasta la Transición y el estigma social hasta hace bien poco, incluso contra las leyes de igualdad.

Me decía un joven taxista no hace mucho: “Vivimos en una dictadura”. “No sabes lo que es una dictadura –le contesté–. Si viviéramos en una dictadura, tú no podrías expresarlo jamás bajo pena de ir a la cárcel por tal opinión. Y lo más probable es que tu cliente te denunciara al escucharte”.

Así se las gastaban en aquella época. No se opinaba. Libros, revistas y películas estaban censurados. Había países a los que estaba prohibido viajar (los comunistas) e infringir cualquier norma no adepta a lo establecido podía llevar a la temible comisaría de Vía Laietana en Barcelona o a los calabozos de la Dirección General de Seguridad del edificio de la Puerta del Sol que hoy ocupa la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde se torturaba con saña y cuya existencia niega la presidenta Ayuso.

Desconocer la realidad que durante tantas décadas sufrimos los españoles conduce a que la ultraderecha imbuya a nuestra juventud del ansia de un ideal equivocado. Es un señuelo, una falsedad, un peligroso espejismo que puede llevarnos al desastre.

“Los sacos vacíos los hincha el viento; a los necios, la vanidad”. Sócrates.

Hay muchas preguntas pendientes de respuesta en este caso. Desconozco a cuántas de ellas contestará el tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a partir del día 13 de noviembre, fecha de conclusión del juicio contra el fiscal general del Estado (FGE) por un presunto delito de revelación de secretos, pero hay una nuclear que me ronda desde el comienzo de toda esta maraña político judicial. 

A lo largo de mi vida profesional he procurado, desde una óptica zetética (ciencia del derecho orientada a la investigación crítica), comprender las normas, analizar las causas, su origen y finalmente sus efectos. Es decir, lo contrario a la posición dogmática, que pretende la simple sistematización y aplicación de aquellas. Por ello, en este caso me pregunto con frecuencia a quién beneficia este andamiaje o esta estructura generada para llegar a un fin que, desde mi punto de vista, estaba predeterminado desde el comienzo.

Ante esta pregunta esencial debemos traer a presente, en síntesis, la génesis de esta causa judicial. Recordemos que, inicialmente, las diferentes acciones populares y la propia querella del presunto perjudicado, señor González Amador, así como la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se centraron en la nota informativa emitida por la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado, asumida por su titular, en la mañana del día 14 de marzo de 2024, y que sobre ella versó la exposición razonada que el magistrado instructor elevó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A renglón seguido, la Sala de Admisiones de este último mutó el objeto de investigación, dejando fuera la nota informativa y centrándolo en el correo de 2 de febrero de 2024 remitido por el abogado del señor González Amador en el que se ofertaba un posible acuerdo de conformidad al fiscal del caso, señor Salto, por sendos delitos fiscales. Un documento que, hasta ese momento, permanecía entre bastidores.

La importancia de esta decisión fue que, sin una mínima argumentación, se decidió desde la instancia suprema que el presunto responsable máximo de la filtración de ese documento era el FGE y dos colaboradores más. Tremenda deducción del tribunal sobre la nada, porque si a día de hoy lo anterior no ha sido probado, siquiera indiciariamente, ¿cómo un simple pálpito o una mera presunción (prohibida en el derecho penal) constituyó la base del impulso para decidir tal cuestión y, con ello, estigmatizar para siempre a la más alta autoridad del Ministerio Fiscal, excluyendo arbitrariamente a cualquier otro actor? 

Así lo ha hecho también la Sala de Apelaciones al adelgazar aún más el caso (exclusión de los dos fiscales encausados, en diferentes fechas) con un rotundo voto particular que ridiculiza (argumentalmente) al instructor, que ha ido a “salto de mata” variando el objeto, versionando posibilidades, cambiando la partitura, pero siempre con el mismo colofón y único objetivo invariable de que solo el FGE fue quien, con una capacidad difícil de igualar incluso en las películas o series distópicas en las que todo es posible, habría sido el responsable mínimo y máximo de los hechos imputados.

Visto lo visto en este laberinto judicial, no sería extraño que, ante el fracaso de la estrategia desarrollada hasta ahora, asistiéramos –extremo que ya se apunta en algún medio– a una última vuelta de tuerca contra el FGE consistente en retomar la nota informativa emitida por la Fiscalía como base de una eventual condena. Así, lo que se despreció por la Sala de Admisiones volvería a estar en el centro de la cuestión y con prueba directa de la autoría, dado el reconocimiento expreso del propio afectado.

Los que nos dedicamos al mundo del derecho, y específicamente –antes o ahora– al de la investigación judicial, sabemos que, para que ello no sea tachado de parcial o arbitrario en alguna instancia nacional o internacional posterior, se tienen que establecer sólidos indicios de criminalidad y contraindicios definitivos cuando desde la defensa se ofrece una realidad alternativa, coherente y basada en hechos contrastados.

Y ¿qué pasó con el resto de posibles sujetos que tuvieron acceso a ese correo? Se volatilizaron. 

Es paradójico que quienes sí estaría demostrado que conocieron el correo no hayan sido molestados (por ejemplo, el abogado del señor González Amador confesó haberlo entregado a un abogado del Estado amigo, la fiscalía del TSJM también lo tuvo antes que el FGE, u otros muchos fiscales y funcionarios judiciales, hasta un mínimo de ventitantos) y que esté encausado quien está probado que no lo tuvo hasta después de que dispusieran del mismo varios periodistas, ninguno de los cuales fue creído por el magistrado instructor, señor Hurtado. Tampoco este instructor inició procedimiento alguno contra ellos, quizás porque no alcanzó a comprender lo que es el secreto profesional de un periodista, ni el hecho de que sus testimonios conjugaran el derecho a no revelar sus fuentes y la obligación de decir verdad respecto a que el FGE no había sido quien les filtró el meritado documento. Aguardo con impaciencia la argumentación del Tribunal al respecto.

Nos queda una semana de juicio, el jueves día 13 quedará visto para sentencia. Hasta ahora las pruebas practicadas en la vista oral son nítidamente favorables al fiscal general. Ni uno solo de los declarantes le ha perjudicado con sus testimonios. Al contrario. Mención aparte de los lamentos del señor González Amador, cuya advertencias de que podría estar pensando el escaparse/irse del país deberían ser analizadas en las instancias judiciales que tiene abiertas como investigado por presuntos delitos varios; hemos visto las valoraciones penosas sobre la normalidad de manipular o mentir en política o en el periodismo –que denigran a una profesión y otra– por parte de quien está en el origen de todo este dislate, el señor Rodríguez; o las animadversiones corporativas dentro del ministerio fiscal autonómico respecto a la instancia jerárquica superior por razones que no vienen al caso; hasta las declaraciones testificales que, teóricamente, tendrían que ser adversas, no han superado el nivel de credibilidad de cualquier observador imparcial. 

El bulo generado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid en defensa de su pareja más le perjudica a este que al formalmente acusado. Si yo fuera su superior, lo habría cesado ya hace tiempo de forma fulminante, porque con sus tejemanejes le ha proporcionado un obscuro horizonte procesal al señor González Amador, con quien el tribunal ha tenido un criterio laxo en sus descalificaciones, a todas luces improcedentes, hacia el FGE.

Por otra parte, resultó chocante la admonición del presidente del tribunal a uno de los periodistas advirtiéndole de que no amenazara a aquel al poner de manifiesto algo que no entienden ni él ni el común de los mortales, que negando por conocimiento propio la autoría de la filtración del FGE se pueda, eventualmente, condenar a un inocente.

En las próximas sesiones depondrán otros periodistas y los agentes de la UCO a quienes, sorprendentemente, se les ha otorgado el carácter (en parte) de peritos, cuando ningún peritaje existe en sus informes y lo que sobra en ellos son las valoraciones que se han permitido hacer sobre un fantasmagórico papel preeminente del fiscal general que, en realidad, es el cumplimiento de su deber explícitamente regulado en el Estatuto del Ministerio Fiscal. Dar cuenta al superior es una obligación del inferior en virtud de los principios de unidad y jerarquía que rigen esta institución, de donde resulta, cuando menos chocante, incluso inverosímil, que la fiscal jefa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le pidiera explicaciones a su superior, el FGE, sobre los actos (supuestos) de este. 

Mención aparte merece el señor decano del Colegio de Abogados de Madrid a quien, como colegiado, no considero que me represente en el ejercicio de una acción popular en este proceso más que cuestionable que responde a un claro planteamiento corporativo de la directiva actual de dicho Colegio, antes que a la protección del derecho de defensa, que no veo cercenado. De ninguna forma en que se aborde la cuestión. Nótese que cuando el hecho se produjo, lo que existía eran unas diligencias de investigación en las cuales es procesalmente imposible que pueda plantearse una conformidad en el delito y la pena posibles.

Después de lo expuesto, sigue siendo pertinente mi pregunta retórica inicial: ¿por qué estamos en un juicio que nunca debería haber existido? Y añado algunas otras: ¿Quién sale ganando con esta situación? ¿Cuál es el objetivo verdadero de este proceso en el que, cual comparsas prescindibles, coadyuvan las acciones populares y la particular y en el que el ministerio fiscal, defensor de la legalidad, no acusa? 

Desde luego, al escribir este artículo, los dedos se me escapan sobre el teclado del ordenador hacia las letras que identifican como objetivo al Poder Ejecutivo en su máxima expresión (presidente del Gobierno, a quien se pretende acorralar políticamente con variados argumentos y casos que le posicionan sin ninguna base real en el núcleo de unas tramas de corrupción concatenadas, que, o le son ajenas absolutamente, o ante las cuales ha respondido con firmeza y decisión, oportunamente). Y como beneficiada a una oposición (eso creen) que, de forma oportunista y sin respeto alguno a las decisiones judiciales que le son adversas, pero apoyando y festejando las favorables a sus intereses, instrumenta y participa en los procesos con fines políticos, ajenos y dañinos para la buena justicia. 

En esta línea, lo que no se ha evaluado (¿o sí?) por quienes han puesto en marcha este aquelarre son las consecuencias nefastas para la confianza de la ciudadanía en la justicia, que está siendo horadada desde las mismas instituciones que deberían defenderla. Así, resulta escandaloso que una asociación de fiscales (APIF), a cuyos componentes se les presume el conocimiento del derecho, ejerza la acusación y pida seis años de cárcel para el acusado sin pestañear, y que ninguno de aquellos haya levantado la voz para decir “no en mi nombre”, de donde se desprende que todos son corresponsables.

No tendremos que esperar mucho tiempo para conocer el final de este proceso que marcará una época en la que, en España, como en otros países, se está degradando el respeto y defensa de derechos fundamentales sin medir las consecuencias de este deterioro. Aún se está a tiempo de reconducir la dignidad de instituciones básicas para el sostenimiento de nuestro sistema constitucional, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución de 1978: 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Así sea.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

 Su caso me ha impactado y les diré por qué: su padre firmó el contrato de arrendamiento en 1956, pero su madre no pudo rubricarlo por ser mujer y, por tanto, no tener plenos derechos, así que, a la muerte del marido en 1957, solo pudo subrogarse. No les voy a marear con procesos administrativos, basta con saber que en 2005 muere la madre y legalmente no cabe una segunda subrogación, por lo que Mari Carmen se quedó entre el cielo y la tierra.

Este caso ilustra la vida durante la dictadura franquista que algunos quieren presentar como un pasado de leche y miel. No fue así. Las mujeres no tenían plenos derechos. Para todos los documentos, desde el pasaporte a una compraventa, estaban supeditadas al padre o al marido, que debía dar su permiso. Las mujeres transitaban de la casa paterna al dominio del cónyuge. Se las quería sumisas, dóciles y dispuestas, y para ello el régimen desplegó medidas económicas y administrativas suficientes como para que no pudieran desprenderse de ese yugo. ¿Y el maltrato? Algo a sufrir en silencio pues el esposo era quien imponía las normas a la familia y las hacía cumplir. Era la sacrosanta “autoridad marital”.

Todo emanaba de la voluntad del dictador. El historiador Eduardo Montagut recuerda con tino en NuevaTribuna que La Ley Orgánica del Estado del 10 de enero de 1967 dejó definida la Jefatura del Estado en su Título II: “Artículo sexto. El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional”. 

Montagut concluye: “el propietario de la soberanía nacional, es decir, de la fuente del poder, no era el pueblo español, sino Francisco Franco”.  

Esa era la realidad. Los que añoran esa época y envenenan a la juventud con ideas de autoritarismo y “orden” necesario, mienten. La dictadura –todas las dictaduras– son sistemas de represión, de falta de libertad, de desmanes contra los ciudadanos, de impunidad y crimen. 

Por ese motivo, la exhumación de Franco, el 24 de octubre de 2019, hace ahora seis años, supuso un paso más hacia la normalidad democrática. Parece mentira que tuvieran que pasar 56 años desde la muerte del dictador para que su féretro abandonara Cuelgamuros. Recuerdo bien la escena, con la ministra de Justicia, Dolores Delgado (*), protagonizando con su imagen serena, pero firme y seria, una despedida que se había prolongado demasiado en el tiempo. Y no olvido la inquietud en determinados sectores ¡a esas alturas! por las reacciones que pudieran tener lugar de parte de los acérrimos franquistas y los afines a la ultraderecha. Ladraron, claro, si bien la sociedad cabalgaba hacia el futuro.

Sin embargo, no se han quedado quietos. Creo que los progresistas, los que hemos peleado toda la vida por establecer la democracia, nos vemos hoy sorprendidos ante el auge de la ultraderecha aquí y en los países de nuestro entorno y de esa tóxica añoranza de los jóvenes, o, al menos, de un sector muy importante, hacia un mundo que no han conocido y del que ignoran lo sórdido y dañino. Algo no estamos haciendo bien ante esas ideas reaccionarias que llevan a que un 20% de la juventud opine que la dictadura es mejor que la democracia. 

Por eso la memoria es esencial. Y resulta básico enseñarla en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Aunque a algunos les pueda parecer secundario, o pasado. Lo contrario nos lleva a situaciones críticas, y encumbra a figuras como la de Donald Trump en Estados Unidos, país del que, a este paso, se dirá que fue libre un día lejano. O a la crisis de la estructura internacional del Derecho, que cada día se aleja más de la visión progresista que debe impregnar todas las decisiones de los jueces para contribuir a que la sociedad avance y a que el respeto a los derechos humanos sea irrestricto. 

Demasiados profesionales de la justicia tienen proscrita la memoria y evidencian lo que creo debe ser un miedo imbuido en los genes, que se traduce en una posición de rechazo a los asuntos de la dictadura. No nos engañemos: en el Poder Judicial cuesta dios y ayuda arrancar algún tipo de acción que solo se consigue en España a golpe de piñón de este Gobierno.

Permítanme, en este punto, que haga una afirmación grave pero cierta: los representantes de la administración de Justicia, tanto jueces como fiscales en general, pero muy especialmente en las últimas promociones, no muestran ningún interés en la necesidad de la memoria democrática ni en la defensa de los derechos humanos. 

En el primer caso porque no entienden lo que significa y la trascendencia de su aprendizaje como garantía de no repetición, y en el segundo caso, por un rictus de soberbia que es transversal en la sociedad española, de creer que lo de los derechos humanos es algo de sociedades en desarrollo, y no en una España que los vulnera con excesiva frecuencia al más alto nivel.

La democracia tiene enemigos potentes. Ahí está la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, presentando un recurso ante la Audiencia Nacional, oponiéndose a la colocación de una placa que deje claro que el edificio en el que se ubica la Comunidad de Madrid fue en tiempos de la dictadura la antigua Dirección de Seguridad, lugar de torturas y crímenes. 

O las diferentes comunidades autónomas en que el PP gobierna con mayoría absoluta, pero obedece a Vox enmendando la ley de memoria democrática, derogando las normas autonómicas sobre la materia (cito a Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria...), proponiendo leyes de una concordia que ellos se niegan a aplicar por cuanto el único concepto que entienden es el de impunidad, o poniendo trabas a las familias que aún hoy siguen buscando a sus seres queridos en las cunetas. No podemos olvidar que aún quedan por recuperar los restos de 11.000 fusilados del franquismo frente a las 9.000 exhumaciones de estos cinco años pasados.

Hay que hacer justicia y esa justicia pasa por acciones como la decisión del Gobierno de declarar Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este, el conocido cementerio de La Almudena, del que es titular el Ayuntamiento de la capital, escenario “silencioso pero atroz de la violencia política, y símbolo del uso del terror por parte del régimen franquista para consolidar su poder". El objetivo es que no sea olvidado el sufrimiento de los centenares de hombres y mujeres que perdieron allí la vida, cuyo legado "continúa siendo un faro de resistencia y esperanza para las generaciones presentes y futuras”, decreta el BOE del 30/10/25. En los próximos días, el periódico oficial dará fe también de la declaración de lugar de memoria en el sitio donde se alzaba la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, la que se llamó cárcel de Carabanchel.

Avanzamos, pero despacio y con fuertes resistencias. Tres años después desde la promulgación de la ley, aún queda parte de su articulado por desarrollar. Pero se ha consolidado la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que ahora cuenta con fiscales en todas las provincias que pueden desplazarse a las exhumaciones, y se trabaja para resignificar el Valle de Cuelgamuros, el antiguo mausoleo de Franco. 

En un muy recomendable artículo en El País de Natalia Junquera, periodista especialmente sensible a los temas de la Memoria, titulado "Los temas pendientes de la Ley de Memoria", se desglosan algunas de estas acciones pendientes. Cita la extinción de la Fundación Franco; los incumplimientos en materia de educación del PP, que emprende junto a Vox auténticas guerras ideológicas para evitar contenidos que hablen sobre la represión franquista; o los inventarios pendientes para resarcir a los afectados, auditando los bienes expoliados. 

Los trabajos realizados por los españoles cautivos esclavos o las violaciones de derechos humanos, que alcanzan hasta 1983, son asuntos a resolver si queremos dejar atrás la oscuridad que asoló nuestro país y produjo tanto dolor, tanto miedo y tanta muerte.

El camino hacia la normalidad democrática pasa por reconocer los hechos, resarcir a las víctimas, establecer lo ocurrido y explicarlo para que no se repita. ¿A qué pueden tener miedo la derecha y la ultraderecha? No he conocido a ninguna víctima de las dictaduras, ni aquí ni al otro lado de Atlántico, que exprese o desee o reclame venganza. Doy fe de que tan solo relatando lo ocurrido, sienten alivio y reparación. Lo único que piden es Justicia. Esa es la labor que, con dedicación y esmero, lleva adelante la Fiscalía, liderada por Dolores Delgado a través de los expedientes de Jurisdicción Voluntaria de fijación de hechos criminales no litigiosos. 

La memoria tiene un efecto sanador incuestionable. Para quienes sufrieron la dictadura y para prevenir que otros se sientan tentados por desconocimiento a revivirla. Sirve para evitar que de nuevo mujeres como la madre de Mari Carmen vivan en una eterna infancia doblegadas siempre al hombre sin derechos ni libertades. Es vital para que seamos conscientes de nuestros derechos y de cómo, si no estamos alerta, si no trabajamos cada día para preservarlos, otros nos los arrebatarán. La libertad es un raro don, sumamente frágil, de una delicadeza extraordinaria que se nutre del deseo de progresar de las personas y se destruye con la negación y el olvido. No podemos bajar la guardia.

(*) Dolores Delgado está casada con Baltasar Garzón desde mayo de 2024.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

En la la mañana del sábado 4 de octubre, llegaba la noticia de que Israel había ordenado a su Ejército parar la ofensiva sobre Ciudad de Gaza. Unas horas después, tras un ataque israelí en el barrio Al Tuffah, se daba por desaparecidas entre los escombros de las viviendas a 16 personas, confirmándose que, entre los fallecidos, había al menos seis niños y mujeres. Leo en El País que “según un recuento en morgues de hospitales realizado por informadores gazatíes, este sábado hasta las 18.20 (hora local), 54 personas habían muerto en toda Gaza por fuego israelí, 28 de ellas en Ciudad de Gaza”. Unas muertes sin sentido, dramáticas, que han venido a sumarse a las de 18.000 criaturas asesinadas dentro de la terrible cifra de más de 67.000 civiles, a los que los militares de Netanyahu han masacrado.

El mandato de frenar los crímenes ha sido consecuencia de la aceptación de Hamás a la propuesta de paz –así denominada– de Trump en acuerdo con Netanyahu. El presidente norteamericano está apretando las tuercas porque –dicen las malas lenguas– que corre el tiempo para presentar su candidatura al premio Nobel de la Paz, con fecha límite de 1 de febrero del próximo año. Y en esa probable situación, Trump obligó al primer ministro hebreo a pedir disculpas a Qatar por haber bombardeado en septiembre a la delegación negociadora de Hamás reunida en la capital qatarí. No en vano Qatar, Turquía y Egipto han influido en la decisión del Movimiento de Resistencia Islámica, que asegura ahora que liberará a los rehenes y se avendrá al proyecto de Trump en una respuesta positiva pero soslayada por un “sí, pero”, que aún habrá que ver a qué conduce.

Las noticias van muy deprisa. Esta nueva situación se producía cuando los miembros de la flotilla humanitaria interceptada en aguas internacionales por los israelíes aún continuaban retenidos y el clamor de la ciudadanía por su liberación y por el fin del genocidio se extendía por todo el globo.

Llegados a este punto, ¿qué debemos pensar? ¿Hay que aplaudir el acuerdo auspiciado por Donald Trump y bendecido por Benjamin Netanyahu? No lo creo. Es una declaración de intenciones interesada con un fondo de protectorado e intereses crematísticos manifiestos. Vean si no los puntos 10 y 11 del documento:

10. Se desarrollará un plan económico liderado por expertos en desarrollo urbano del Medio Oriente para reconstruir Gaza y generar empleo, oportunidades y esperanza.  

11. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y acceso negociado con países participantes. 

Sobrevuelan sobre estas dos cláusulas los afanes de promoción turística de Trump para la Franja, que contemplan la expulsión total de sus habitantes. Con el agravante del nulo papel que se manifiesta de organismos internacionales como la ONU, en los que el presidente norteamericano no cree y le molestan. Pero no nos engañemos: mientras en el Consejo de Seguridad de la ONU haya cinco países con derecho a veto, es muy difícil que Naciones Unidas pueda emprender alguna acción contraria a los intereses de cualquiera de aquellos. La única solución sería cambiar la forma y el desarrollo de esos organismos.

No se me va de la memoria la cínica intervención de Netanyahu ante la Asamblea general hace muy pocos días en Nueva York, a la que, por cierto, se le prohibió la entrada al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que tuvo que intervenir online.  Netanyahu ridiculizó el reconocimiento de un Estado palestino como una «marca de vergüenza» y prometió «terminar el trabajo» en Gaza, la misma campaña que la Comisión de Independiente de la ONU había determinado, apenas una semana antes, que constituía un genocidio.

Mientras tanto, ¿qué hacer? Desde luego, abordar lo urgente, lo prioritario, es decir, aquello que no puede esperar, frenar la matanza, aportar ayuda urgente a una población que está siendo exterminada.

En esa tesitura, ese acuerdo o cualquier otro que sirva para parar el genocidio es útil. Aun cuando sea el producto de la megalomanía, de una parte, de un ultraderechista a quien le importan un bledo las personas y sus derechos fundamentales y, de otra, de un presunto genocida y su Gobierno con ansias de recrear el mito sionista del Gran Israel. 

Lo urgente es por tanto parar la acción homicida de Israel y salvar la vida de los gazatíes. Una vez logrado ese objetivo básico, veamos qué es lo irrenunciable.

A lo que bajo ningún concepto se puede renunciar es, desde luego, a que los verdugos, los genocidas, paguen por sus acciones. 

La pauta la dio el Grupo de la Haya, como bien se destaca en el boletín número 36 de la Internacional Progresista: “Cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se acercó al podio de la Asamblea General de la ONU el 26 de septiembre, decenas de delegados abandonaron la sala en señal de protesta, dejando vacíos bloques enteros de asientos. Este éxodo no fue solo una reprimenda. Reflejó un punto de inflexión, ya que muchos de esos mismos Estados se reunieron a pocas manzanas de distancia para celebrar la mayor reunión hasta la fecha del Grupo de La Haya”.

En este evento, ministros de relaciones Exteriores de 36 países, aprobaron una serie de medidas, como detener las exportaciones militares y de doble uso; rechazar los envíos de armas israelíes en los puertos; impedir que los buques con bandera nacional transporten armas a Israel; revisar y cancelar los contratos públicos con empresas israelíes; buscar justicia a través de la jurisdicción universal; suspender las adquisiciones militares; retirar a las instituciones públicas de las empresas cómplices; e instituir embargos energéticos.

Los países deben, por tanto, conseguir la fuerza conjunta para enfrentar al victimario, eso es indudable. La diplomacia y las acciones conjuntas de sanción de las naciones son la fórmula indispensable para enfrentar a aquel y sus copartícipes. Pero, además, hay otra fuerza formidable que se ha hecho patente y que es, la que, en primer y último término, puede cambiar las decisiones de los políticos.

Me refiero a la ciudadanía. Me refiero a los valientes que navegaron contra marea, como los barquitos de vapor de la canción de Camarón, alimentados por el carbón de la solidaridad y el convencimiento de que allá donde los derechos de los seres humanos se conculquen, otros seres humanos deben acudir en su ayuda. Me llenan de orgullo las imágenes de las tripulaciones de la Flotilla avanzando en un mar de peligro y luego, manos en alto, aguantando el pánico ante la invasión de soldados armados hasta los dientes, siendo detenidos en aguas internacionales e ilegalmente transportados de forma arbitraria a un país ajeno.

Es el mismo orgullo que han sentido miles de ciudadanos en los puntos más dispares, manifestándose por tales sucesos y reclamando el fin del genocidio y el castigo de los genocidas.

Ese castigo es el otro punto básico de lo irrenunciable y ahí entra la Justicia como instrumento primordial. En ello está la Fiscalía española, que incluye en su indagación sobre los crímenes cometidos en Gaza «el alcance de los hechos y las circunstancias en que se han producido». Lo recabado se incorporará a las diligencias abiertas el 18 de septiembre, dirigidas por la fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos, Dolores Delgado. Pero no debe olvidarse que son crímenes cometidos por las autoridades militares y políticas israelíes (detenciones ilegales, secuestro, coacciones...) en barcos de bandera española, por ende, territorio español, y de acuerdo con el art. 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, su persecución es competencia de la justicia española.

Como bien dice en un comunicado la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, sólo un derecho internacional creíble y eficaz es garantía de las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, como refiere el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. De ahí que también los jueces progresistas exijan “la adopción de las medidas necesarias para restablecer el vigor del derecho internacional en defensa de la dignidad humana que hoy se ve agredida y amenazada por las ilegítimas acciones del Gobierno y el ejército israelí”.

Digo más: en el ámbito de la política urge sumarse a la situación planteada en la Corte Penal internacional contra Israel, contra su primer ministro o su exministro de Defensa y todos aquellos responsables del Gobierno y ejército que han dispuesto las acciones criminales debatidas. Exijamos al Gobierno que proceda, que prescinda por supuesto de los burdos ataques de una oposición sometida a la ultraderecha y al parecer ligada a intereses de Israel, y que trabaje en la dirección que marcan los derechos humanos. Esa será su mejor contestación.

Pero también, exijamos a los jueces españoles y a los de los demás países que actúen en el marco de sus respectivas competencias ante la detención ilegal, coacciones y secuestros perpetrados sobre los componentes de la Global Sumud Flotilla.

Lo que está ocurriendo puede ser el principio del fin de la matanza, objetivo urgente, pero supone también la incertidumbre de qué puede pasar con las víctimas. Y aquí lo irrenunciable es la reparación integral, que recuperen su país, el Estado palestino internacionalmente reconocido, que nadie pueda expulsarles ni obligarles a renunciar a su vida. Obviamente no podrá recuperarse a aquellos que han sido asesinados y esto manchará, una vez más, la historia atormentada de una humanidad dirigida por múltiples líderes silentes, insensibles y cómplices (salvo algunos), que no han estado a la altura de las decisiones que debían adoptarse para proteger a las víctimas, y especialmente a la infancia. Lo que sucede en Gaza se titulará para la posteridad como el genocidio de niños en directo ante los ojos del mundo.

Creo firmemente en la conciencia ciudadana, que no es flor de un día, que aspiro vaya aumentando, que se mantenga vigilante y actúe, como ahora, frente a la injusticia. Esto es lo que, de verdad, puede transformar el mundo.

No sabría decir qué sentimiento ha sido el que pesó más en mi ánimo el viernes día 5 de septiembre de 2025, si el disgusto o el asombro, ante el acto institucional de la inauguración del año judicial. El primero, ante la comprobación de que algunos de mis antiguos colegas han perdido de vista todo aquello que compone la vocación de servicio público de la justicia como derecho de la ciudadanía y se ponen por montera la independencia, que aseguran defender con grandes golpes de pecho, para acabar siendo quienes más la ponen en duda y cuestionan, con sus actos. Porque una cosa es ser independiente y otra es confrontar políticamente con otro poder del Estado, reclamando aquella para, finalmente, obrar con impunidad. 

En cuanto a la perplejidad, me la causa lo orquestado y organizado en la acción de protesta que ha llevado al líder de un partido que pretende gobernar a ausentarse del marco institucional para acudir a un acto cutre y de arrope a la presidenta madrileña. Y también, es de suponer, de apoyo a quien ha generado todo el desmadre institucional en el que nos ha sumido la inconsistente acusación contra el fiscal general del Estado (FGE) por cumplir con su obligación de defender de bulos y calumnias la institución que dirige. 

El acto de presentación del año judicial ha reunido todas las características de lo que nunca deberían propiciar quienes administran justicia. Primero, por todas las presiones y alegatos de asociaciones y grupos conservadores que, entre otras cosas, trataron por todos los medios de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo instara al fiscal general del Estado a no concurrir al solemne acto. Ello denota un desconocimiento (o no) de lo que marca la ley sobre la imprescindible presencia del fiscal en tal ocasión (artículo 181.2 de la LOPJ) para rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo del Ministerio Fiscal en 2024. Pero, además, estos colectivos no han dejado de hacer ruido cual compadres chismosos en determinados medios de comunicación para que se tuviera la sensación de que el FGE se abstendría de concurrir a dicho evento y de esta forma colocar una muesca en la culata de la pistola procesal que le apunta a la sien.

Finalmente, la presidenta de tan formales instancias, en su discurso, que se escuchó algo trémulo o cuanto menos con poco empuje, aseguró que son aceptables y legítimos el desacuerdo y la crítica, “pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional”.

Estoy de acuerdo con tal aserto, y precisamente por ello sería exigible mayor contundencia del órgano que preside frente a quienes, desde los estrados, incumplen esos principios, y hacen que el proceso penal sea algo imprevisible y sin garantías de buen derecho para los ciudadanos afectados. En este punto, no pude evitar un rictus de amargura al pensar en algunos procesos pasados y recientes.

He defendido públicamente y desde hace tiempo que en España tenemos un grave problema con la judicatura, la fiscalía y el órgano de gobierno de los jueces y, por supuesto con aquellas asociaciones y órganos consultivos (Consejo Fiscal) que reclaman mayor independencia para la justicia y se quejan de la falta de independencia del FGE frente al Ejecutivo. Y es que por más que buceo en la LOPJ, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y normas adyacentes no veo cuáles son las amenazas para desempeñar las funciones judiciales y fiscales en cumplimiento de tales normas y, por supuesto, de la Constitución. Al menos yo nunca he permitido que me afectaran, sencillamente cumpliendo esos principios básicos.

Más bien creo que esa reclamación se ha convertido en un mantra corporativo y endogámico que pretende convertir el servicio público en una especie de posición autárquica judicial y fiscal impermeable a la crítica, cuando no perseguidora de la misma.

Y vuelvo al acto del viernes en el salón de plenos del Tribunal Supremo, donde, por cierto, sufrí dos juicios orales seguidos por los casos Gürtel y Franquismo, ambos calificados de arbitrarios, parciales e imprevisibles por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo que vi allí fue a un digno fiscal general del Estado abriendo el turno de palabra en términos claros: "Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal. Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del poder judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”. El fiscal llamó a valorar el trabajo de los fiscales y manifestó su confianza en la solidez del Ministerio Fiscal.

Pero esta fe no parece ser compartida por diversos magistrados y fiscales que anteponen el “quién” está dirigiendo la institución frente al porqué se ve en esa tesitura previa al banquillo o si se le debería aplicar la presunción de inocencia a todos debida. No. No cuenta el hecho de que Álvaro García Ortiz se encuentre en este punto a raíz de una presunta calumnia del jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que debería haber sido –o serlo, todavía– objeto de investigación ex officio.

Como tampoco son de interés para el juez del Tribunal Supremo que ha iniciado el proceso, Ángel Hurtado, en su unidireccional instrucción, los testimonios de varios periodistas de medios de distinta concepción, acerca de que ya sabían de los secretos supuestamente revelados por García Ortiz mucho antes de que este fuera conocedor de los mismos. Curiosa situación la generada por quienes estarían llamados a evitarla: jueces y fiscales asumiendo una parcialidad más que cuestionable y una fijación preestablecida desde el comienzo, al rechazar cualquier otra alternativa que cuestiona severamente el Estado de derecho que dicen defender.

Independencia no significa impunidad para los jueces, sino responsabilidad y obligación de los mismos y derecho de los ciudadanos. Por ello, los primeros a defenderla son aquellos, pero no se consigue quejándose de las críticas de otros poderes. Como dice el refrán: “Obras son amores y no buenas razones”. El desarrollo de la labor judicial es el que debe demostrar esa independencia, que en ningún caso es soberbia o arbitrariedad. La ciudadanía se siente confiada y tranquila cuando las actuaciones judiciales demuestran que con ellas se protegen los derechos y no su vulneración.

Cuanto más se enrocan determinados jueces en ese argumento, tanto más se tambalea la integridad debida. Se trata, de fondo, de una falacia: lo que estos jueces dicen ejercer a través de sus asociaciones profesionales (brazo colectivo para poder lanzar argumentos políticos) no es independencia judicial, sino independencia corporativa. La independencia que practican es la de defender los privilegios de la profesión, enredar para conseguir ascensos, posicionarse y, ¿por qué no?, avanzar por un camino que lleve a otros puestos más adelante, incluso en el ámbito del poder ejecutivo. No son muchos los profesionales que avanzan en esta dirección, pero los que lo hacen son sumamente lesivos para todos.

Lo que sí habría que controlar –y ahí el órgano de gobierno de los jueces tendría que jugar un papel activo– es si en ese juego de intereses la justicia queda maltrecha y se deteriora la mencionada independencia, la de verdad, el derecho de defensa y la presunción de inocencia o, directamente,  ambos principios se desechan.

Aquí aparece mi segunda sensación, la de la turbación por cómo los acontecimientos no son casuales, sino que, en estos asuntos, parece estar todo bien trazado y previsto. Lo digo porque, tras varias versiones facilitadas por Alberto Núñez Feijóo y su partido para justificar su ausencia del acto de apertura del año judicial (incluyendo el rechazo a las críticas del presidente Pedro Sánchez a algunos jueces), resulta, según se ha hecho público, que esta ausencia estaba prevista desde finales de julio, que es cuando el PP declinó la invitación del CGPJ a la apertura del año judicial.

Así lo cuenta el diario El País: “Y fue entonces también cuando el equipo de Feijóo y el de Ayuso convinieron en celebrar justo en la misma fecha el pistoletazo de salida del curso del PP madrileño. Y enviar así un mensaje claro de respaldo del líder del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad, embarcados en un frente común contra el fiscal general del Estado procesado en la causa por supuesta revelación de secretos de su pareja”.

Ni que decir tiene que, en esas fechas, la entrevista en TVE1 con Pedro Sánchez no había tenido lugar, por lo que la indignación y el apoyo a los jueces esgrimidos por Feijóo aún no se habían producido. El desplante a la ciudadanía, al jefe del Estado y a la Justicia estaba previsto con antelación y sin miramientos. “Gracias por habernos elegido”, le diría Ayuso el día de autos, dejando claro el fondo del asunto. Después, en el mitin, se expresaron las suficientes barbaridades fuera de lugar para nutrir las crónicas más disparatadas. 

De esta jornada me queda pues una huella amarga, pero clara, sobre lo aprendido. En lo que se refiere a la Justicia concluyo en que la independencia de los jueces es una obligación y, sobre todo, un derecho para los ciudadanos. Del mismo modo, creo que la segunda autoridad del Estado debe apoyarse en la prudencia sin olvidar el derecho a la crítica. Me reafirmo, también, en el deber de investigación del Consejo General del Poder Judicial. 

Sobre el papel de los políticos de la oposición no creo que consiga olvidar la aportación capital al mitin de Arganda de Alberto Núñez Feijóo, cuando manifestó: “Me alegro de no estar ahí”, refiriéndose al acto institucional presidido por Su Majestad.

Quiero suponer que lo dijo con la boca pequeña y el corazón oprimido, obligado por las circunstancias de la presidenta madrileña, su principal rival en el PP, pues de no ser así, la deserción de Feijóo de sus deberes de Estado adquiere una dimensión que se podría calificar de estulticia, y no es esa la cualidad que deba adornar a un futuro mandatario. El tiempo nos lo dirá.

El dios romano Mercurio (el griego Hermes), el mensajero, el comunicador, el heraldo en territorios omnipotentes, ejercía su labor de trasladar las noticias celestiales a los humanos con la seguridad de ser todopoderoso e invulnerable. Esa coraza de inmunidad es el don o derecho que otorgó a los periodistas de todo el mundo, luego consagrada en textos constitucionales con el derecho a la información de todos los ciudadanos, que es la base de toda sociedad democrática. 

La labor de los periodistas, los corresponsales, los gacetilleros, los transmisores de actualidad en cualquier punto del planeta, se despliega con la convicción de que su tarea es sagrada, como legado de un dios y, como tal la llevan a cabo y la defienden quienes la practican, con la creencia por parte del ciudadano medio de que lo transmitido se ajusta a la verdad, o así debería ser. Es por ello que, desde mucho tiempo atrás, se ha respetado tal función por casi todos quienes creemos en la certeza y necesidad de ese derecho. Sin embargo, esa labor no es fácil si verdaderamente se ejerce de forma independiente y no al servicio de los intereses de turno, ya sean políticos o mercantiles, ideológicos o venales.

Para demasiados gobiernos y grandes corporaciones económicas, incluso las mediáticas, los buenos periodistas siempre son molestos, irritantes, incluso subversivos, y frente a ellos se imponen limitaciones de acceso a temas delicados o se secuestra la palabra o se guardan secretos inconfesables bajo el manto de la seguridad nacional o de los servicios de inteligencia. Todo ello omitiendo el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que les afecta de forma principal.

En España, durante la dictadura franquista, la prensa sobrevivía bajo el yugo de Falange y la censura del régimen. Pero muchos periodistas, arriesgando su integridad, fueron punta de lanza para intentar obviar las limitaciones establecidas. 

La sátira y la ironía se convirtieron en herramientas cargadas de un futuro que se deseaba. La agudeza de La Codorniz, que nació en 1941 y se publicó hasta 1978 entre multas, suspensiones y otros avatares, marcaba la pauta de un periodismo irónico, inteligente y mordaz que nos alimentaba las ansias de conocimiento y libertad. Podría enumerar diversos medios con empresas progresistas y valientes que estuvieron al pie del cañón en momentos complicados. Y publicaciones como El Papus, al igual que El País, fueron objeto en la Transición de atentados asesinos obra de la extrema derecha. No me voy a extender más sobre el particular en este artículo.

La historia de la prensa en España ha sido difícil, pero valiente. Citaré que en la redacción del Arriba, periódico del Movimiento, en 1973, 1974 y 1975 trabajaban periodistas que militaban clandestinamente en la izquierda y en el antifranquismo en una tarea peligrosa aún: conseguir escribir lo que pasaba, y no lo que dictaba el sistema dictatorial. Como ellos, en multitud de medios informativos en todo el territorio nacional, se peleaba en silencio por la libertad de información, es decir, por contarle al lector la realidad, evitando la propaganda oficial.

Tal actitud siempre resulta incómoda al poder, y no solo por el hecho de no existir democracia plena en un país concreto, sino porque la verdad, en sí misma, incomoda y perturba al gobierno de turno que, difícilmente, acepta la crítica y la vigilancia que realizan los profesionales de la comunicación. En el mismo autoproclamado templo de la libertad de expresión de EE UU, esta tendencia autoritaria se evidencia con prístina claridad en la época trumpista que nos ha tocado vivir. Y si hablamos de zonas en conflicto, la situación se torna en insoportable y altamente peligrosa.

Un informe de la UNESCO de diciembre de 2024 apuntaba a un elevado número de muertos en lugares en los que se libraban guerras. Al menos 68 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habían sido asesinados en cumplimiento de su deber en ese año. Más del 60% de los asesinatos tuvieron lugar en países en situación bélica, el porcentaje más alto en más de diez años.

En aquella fecha, y a la vista de las cifras, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, se dirigía así a todas las naciones: “La información fiable es vital en situaciones de conflicto para ayudar a las poblaciones afectadas y para instruir al mundo. Es inaceptable que los periodistas paguen con sus vidas por este trabajo. Hago un llamamiento a todos los Estados para que intensifiquen y garanticen la protección de los trabajadores de medios de comunicación de acuerdo con el derecho internacional”.

Lo que constataba el organismo de Naciones Unidas era ciertamente inquietante. Pero más aún lo es que tal advertencia haya caído, de nuevo, en el “saco roto” de las instituciones internacionales, cuyas opiniones, estadísticas y admoniciones no son atendidas por nadie. De los 42 asesinatos de periodistas en países en conflicto, cuatro crímenes fueron en Ucrania y Colombia; tres en Irak, Líbano, Myanmar y Sudán, y uno en Siria, Chad, Somalia y la República Democrática del Congo. Se trata de la continuación de una tendencia alarmante establecida en 2023; en conjunto, más periodistas habían muerto en conflicto en esos últimos dos años que cualquier otro año desde 2016/2017. Y a esos números se añadía una cifra preocupante, la de 18 periodistas asesinados, en ese momento, en Palestina. La cifra se queda ridícula con la situación actual, 26 de agosto de 2025, fecha en la que escribo estas líneas.

Hoy, según distintas fuentes, desde octubre de 2023 han perdido la vida 244 periodistas en Gaza. Y relata José Andrés Rojo en El País que “se bombardearon, además, 152 casas en las que algunos de ellos vivían; murieron —“de paso”, podría decirse— 665 personas, entre vecinos y familiares”. Los últimos periodistas asesinados lo han sido (cinco) en el hospital Nasser y uno más en Al Mawasi.

¿El objetivo? Silenciar lo que está ocurriendo, que se resume en más de 61.000 palestinos muertos desde que el Gobierno de Netanyahu pusiera en marcha su ofensiva militar para rescatar a los rehenes que Hamás secuestró en octubre de 2023 y para acabar con la organización. De paso, están llevando a cabo un genocidio en el que niños, mujeres, ancianos y población civil en general han perdido la vida y la seguirán perdiendo ante la pasividad de demasiados países occidentales, la parálisis de la Unión Europea y la aquiescencia de Estados Unidos.

El 10 de agosto de 2025 el ejército israelí asesinó a un grupo de profesionales de la cadena Al Jazeera en un ataque selectivo. Buscaban en particular a uno de los corresponsales estrella del canal: Anas al Sharif. Israel le acusaba, sin prueba alguna, de ser un terrorista en activo. El problema para las autoridades era la cobertura que Anas al Sharif estaba realizando de lo que ocurre en Gaza. Los nombres de sus compañeros ejecutados del mismo modo son el reportero Mohamed Qreiqeh, los camarógrafos Ibrahim Zaher y Moamen Aliva y el asistente Mohamed Noufal, todos de Al Jazeera, y Mohamed al Khalidi, de un medio local, como informó Ara.cat, medio catalán que apuntaba algo terrible: “Un camarógrafo reconoció con “mucha vergüenza” que trataba de evitar a Al Sharif  porque era un “blanco predecible”: el Gobierno de Israel lo perseguía para matarlo”. 

Las palabras de Anas Jamal Al Sharif en su carta-testamento fechada el 6 de abril de 2025 son conmovedoras y deberían despertar las conciencias adormecidas por la indiferencia de gran parte de la dirigencia política del mundo, especialmente en Occidente y países árabes concretos, ante las matanzas reiteradas de personas y colectivos que configuran los crímenes de genocidio y lesa humanidad que las fuerzas armadas de Israel y el Gobierno, con Netanyahu al frente, están perpetrando en Gaza. Decía así: “He vivido el dolor en todos sus detalles, he probado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, y a pesar de eso nunca he dejado de transmitir la verdad tal como es, sin falsificación ni distorsión, esperando que Dios sea testigo de quienes guardaron silencio, de quienes aceptaron nuestro asesinato, de quienes sitiaron nuestro aliento y no movieron en sus corazones los restos de nuestros niños y mujeres, ni detuvieron la masacre que nuestro pueblo sufre desde hace más de un año y medio...".

Ara.cat relataba los hechos mientras informaba también de la reacción de los profesionales catalanes que promovieron una manifestación el miércoles 13 de agosto en repulsa por tal acción. Debo decir que el asunto es de tal gravedad, que la expresión de este rechazo debería repetirse de forma masiva por todo nuestro país y por todos los países. Si dejamos pasar que un Gobierno del signo que sea elimine a quienes informan para evitar propaganda adversa, estaremos propiciando la impunidad y anticipando la muerte de un derecho fundamental, el de emitir y recibir información, y, por ende, de la democracia.

Abu Salim, reportero del sindicato de periodistas en Gaza, con ocasión de aquella penúltima masacre enviaba unas palabras —para mí fundamentales— en relación a la muerte de sus compañeros y al papel de la prensa en su país: “Me imaginaba a mí mismo en su sitio y pensaba si debía abandonar el periodismo para evitar los misiles israelíes. Pero si todos hacemos esto, ¿quién dirá la verdad? Ésta no es una guerra sólo contra los periodistas, es una guerra contra todo el mundo. Pon, por favor, presión sobre Israel para que detenga este genocidio".

El articulo 7.1 h) del Estatuto de Roma por el que se rige la Corte Penal Internacional, que define los crímenes de lesa humanidad, define como tal “la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”. Por su parte, la letra k) del mismo artículo recoge la tipificación de “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Considero que deberíamos plantearnos —lo vengo sosteniendo desde hace años— incluir expresamente en estos preceptos las masacres reiteradas de periodistas que, como exponentes de un derecho de toda la Humanidad, se ven perseguidos y aniquilados, precisamente por ser periodistas y ejercer su profesión para que aquel derecho se garantice. En los conflictos armados, sean internos o internacionales, “matar al mensajero” ha pasado a formar parte de la política general y sistemática de quienes quieren encubrir los crímenes que cometen. No podemos consentir el silencio, el vacío de información que pretende el Gobierno de Israel. En ello nos va nuestra propia libertad.

Agosto, en nuestro país y en otros muchos, supone, por excelencia, una pausa en el devenir del año. Es el mes en que la actividad se ralentiza mientras que para muchos se impone el tiempo de ocio. Llegamos emocionalmente agotados a esta época estival. Durante los siete meses precedentes, especialmente en este año de 2025, nos han invadido las malas noticias, la tensión, el insulto, las palabras de animadversión, la supremacía de los poderosos sobre los vulnerables. Nos acosa el despropósito, la falta de razón, de sentido. Y nos desconcierta la falta de reacción para hacer frente a tal situación que se multiplica. Por todo esto, es un momento adecuado para hacer algunas reflexiones y una evaluación del ahora y el futuro inmediato que nos aguarda.

No voy a enumerar todos los despropósitos vividos y sus consecuencias, pero sí los que para mí son más relevantes. El primer, gran y terrible despropósito consiste en la inacción generalizada cuando el dirigente de una nación decide suprimir del mapa a los habitantes del país vecino. Israel soltó al galope los caballos de los cuatro jinetes del apocalipsis la guerra, el hambre, la muerte y la conquista, el fin buscado. Después de más de 60.000 víctimas entre los que figura una dolorosa mayoría de niños, la agresión continúa y la respuesta internacional resulta débil y meliflua. Las imágenes de la desnutrición en los cuerpos de criaturas convertidas en esqueletos sufrientes, debería bastar para que los países civilizados, al menos los que aún puedan ser catalogados de tales, se levantaran contra este genocidio programado. Pero nos encontramos con que el emperador del mundo, desde su palacio de Washington, aprueba a su amigo Netanyahu, presunto autor, según la Corte Penal Internacional, de tal salvajada, convirtiéndose en cómplice de tal barbarie y planteando la futura conversión de la Franja en un resort cuando toda vida haya sido destruida. Ahora, Francia y Reino Unido empiezan a hacer algunos pinitos “amenazando” con reconocer al Estado palestino. Un asunto que creíamos zanjado de manera positiva, pero a la vista está que no es así.

Es muy triste la respuesta calculada de estos y de otros países de la Unión Europea que no han sido capaces de ponerse de acuerdo, siquiera en suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel de junio de 2000 a pesar de la contundencia de su artículo 2. ¿O es que alguien duda de que en Gaza, Israel está vulnerando los derechos humanos?

Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional aseguraba esta semana pasada a través de los micrófonos de la Cadena Ser: "Hay pruebas razonables para investigar un genocidio en Gaza [...] La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió de que había un riesgo de genocidio y ordenó a Israel que garantizase la alimentación en Gaza. Esa decisión la firmaron, no solo los 15 jueces internacionales, sino el juez  ad hoc Aharon Barak, el nombrado por Israel mismo", explicaba. Para Moreno Ocampo, la prohibición de sitiar de hambre a una población ante los ojos del mundo, asegura, es "clarísima", recordando que la orden de arresto por la Corte Penal Internacional (CPI) a Benjamín Netanyahu y el exministro de defensa Yoav Galant se debe a ese crimen, y aseverando que no estamos ante una crisis humanitaria, sino ante “una hambruna decidida”. Añadió que frente a enviar comida por vía aérea los Estados tienen que "obligar a Netanyahu a entregar la comida".

Estoy seguro de que el fiscal jefe de la CPI estará de acuerdo conmigo en cuanto a que un mecanismo que podría contribuir a detener la acción despiadada del premier israelí sería la jurisdicción universal. Es decir, la posibilidad de enjuiciar al presunto perpetrador o perpetradores fuera de su país cuando en su propio territorio se mantienen impunes. En España, hasta 2009 fuimos un referente en la aplicación de este principio. Los jueces españoles eran competentes «para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional» que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional (genocidio, lesa humanidad, guerra, terrorismo, entre otros) según la ley penal española. Así lo establecía el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Gracias a este principio pude ordenar la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet.

Ese mismo año se produjo la primera reforma de la justicia universal durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el beneplácito de PSOE, PP, CiU y PNV. Se estableció que la persecución de estos delitos solo se podría llevar a cabo si el autor de dichos hechos estaba en territorio español, si la víctima era española o si existía un «vínculo de conexión» con España. ¿Qué hubo de fondo? Pues ni más ni menos que la promesa a la ministra de Asuntos Exteriores israelí de que se archivara el caso contra soldados israelíes en relación al bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza. Amén, de otros casos como el de las torturas en Guantánamo o el caso Couso, tal como supimos por las revelaciones de los papeles de WikiLeaks.

Después, en el 2014 tuvo lugar una segunda reforma, cuando el Gobierno chino protestó por las investigaciones sobre un presunto genocidio en Tibet. En esta ocasión, las condiciones hacían prácticamente imposible la actuación pues el investigado, español o extranjero debería vivir o encontrarse en España y tenían que darse, además, otros presupuestos que impedían, de facto, cualquier interpretación favorable a la aplicación del principio. Se desvirtuó por completo el objetivo y el espíritu de la Ley. E, incluso, el propio Tribunal Supremo calificó esta última reforma, en un auto de marzo de 2016, de “restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles víctimas de crímenes de esta naturaleza en el extranjero, provocada por esta reforma del principio de justicia universal realizada en 2014 por el PP, como bien relató Confilegal por aquellas fechas.

En 2018, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo pública su decisión de recuperar la jurisdicción universal tal y como se estableció en 1985, actualizándola con los nuevos delitos de crímenes internacionales económicos, financieros o medioambientales. Pero el Ministerio de Exteriores vio las dificultades diplomáticas que acechaban de llevar a cabo la restauración, y boicoteó la importantísima iniciativa de la ministra y el grupo de expertos que la asesoro y decayó, tras la filtración oportuna de la misma en prensa. La sombra de Estados Unidos es alargada.

Las iniciativas posteriores del PNV y Sumar de 2023, siguen durmiendo el sueño eterno en el Congreso, que, a lo que se ve, tiene otras “urgencias” diferentes. Es muy triste que un instrumento eficaz para contrarrestar los efectos de una deriva criminal como la que se está viviendo en Gaza no se haya puesto en marcha y forme parte del ordenamiento jurídico español, como lo estuvo en su momento. Es el momento de las acciones valientes en favor de la humanidad contra los que la agreden de forma sistemática.

De ahí llegamos a otro despropósito reciente. He sentido auténtico bochorno ante el acuerdo entre Ursula Gertrud von der Leyen presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Estados Unidos y de todos nosotros, para fijar un porcentaje del 15% de aranceles, entendidos como el vasallaje al que Europa se pliega. Para mí, quizás no sea lo peor esa concesión gratuita que muchos sectores económicos y diversos países están poniendo en cuestión, sino las circunstancias en que se produjo. 

No fue una reunión en la cumbre. No fue una firma celebrada en el transcurso de una recepción oficial en sede de la Comunidad. El acto consistió en el desplazamiento de la representante de la Unión, a Escocia (Gran Bretaña, país que precisamente no pertenece a la Unión a causa del denominado Brexit), donde Donald Trump jugaba al golf en su complejo de Turnberry. Fue una humillación para los europeos y un paréntesis para Trump que después se reuniría con el primer ministro británico, Keir Starmer, para viajar a continuación a Aberdeen, donde tenía previsto inaugurar un nuevo campo de golf antes de saludar al ministro principal de Escocia. 

Sin olvidar que, durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión con Starmer, el presidente norteamericano se permitió calificar al alcalde de Londres, Sadiq Khan como “una persona desagradable”. No pasa nada. Ocurre que Trump ladra, pero nosotros, los europeos, no cabalgamos.

Mientras tanto, la escuela trumpista sigue su avance. Durante años, el entorno del presidente ha favorecido y financiado a la ultraderecha en Europa y en América Latina, para que consigan acceder a cotas de poder en cada país. A la vista están Hungría, Polonia, Argentina... o la influencia creciente en España de Vox, con sus actuaciones contra la igualdad, los derechos LGTBIQ+ o contra la memoria democrática y esparciendo el relato contra la migración. Ahí tenemos los abominables sucesos de Torre Pacheco, otra página de la historia cotidiana que debe sonrojarnos ante nuestra propia apatía. O la tormenta que de nuevo derecha y ultraderecha parecen querer desatar en Jumilla, negando espacios para la celebración del final del Ramadán. Vergonzoso.

De fondo, un racismo latente que para Vox es un DNI ligado al odio que tenazmente impulsan. Me han gustado las palabras del primer capitán afrodescendiente del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams: “Parece que la ultraderecha está de moda, así que los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando para seguir callando bocas y tirando barreras”. Se refería a él mismo, a su hermano Nico y a otros compañeros como Adama, Djaló y Maroan. Y con un sentido común y solidario que pocos expresan, afirmó: “Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y de ser una de las referencias a nivel no solo en Euskadi, sino en España. Eso es importante para nosotros”. No es poco lo que han tenido que soportar estos jóvenes por el color de su piel.

No tardó VOX en responder a Williams en redes sociales, su guarida favorita: “Los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir”. Pero el joven no se calló. Ésta fue su contestación a los ultraderechistas: “No os molesta que sea millonario. Os molesta que sea negro, que sea vasco y que no os tenga miedo. Os revienta que el hijo de migrantes hable con más verdad que todos vuestros panfletos juntos. Lo vuestro no es patriotismo, es odio racial sin disimulo”. Suscribo íntegramente esta afirmación y añadiría que esas enseñanzas xenófobas y racistas que tanta aceptación parece que tienen en una parte de la juventud española (a los mayores que las defienden, los considero irrecuperables) constituyen el veneno más mortífero para la democracia a la que quieren implosionar desde los mecanismos que la misma proporciona. De ahí que debamos estar vigilantes y activos para denunciar y contrarrestar esta deriva fascista.

Mi admiración y mi aplauso para Williams. Es un ejemplo que deberíamos seguir todos. Empezando por los jueces, que tienen que aplicar la ley como es debido cuando se trata de los delitos de odio que cada vez asoman más en nuestra sociedad. 

Sería bueno que determinados profesionales de la Justicia analizasen lo que los ciudadanos demandan, con tanto empeño al menos, como el que despliegan a la hora de hacer huelgas con fines corporativos o, en algunos casos, barriendo hacia los fines políticos de los partidos de la oposición. 

Leí hace poco en Agenda Pública, una entrevista con el jurista italiano Sabino Cassese, que fuera magistrado del Tribunal Constitucional y en la actualidad, se impone como una de las voces más autorizadas del derecho público en Europa. Cassese afirmaba: "Los jueces militantes están convencidos de que tienen una misión que cumplir". Considera que “el problema surge cuando la idea americana de la judge made law entra en la cultura italiana o francesa. Significa que la ley no la hace el Parlamento, sino el juez. De este modo, el juez no se limita a controlar, sino que crea la ley que debe aplicarse”. Viene a decir el jurista, que se transforma así el juez en un político al que nadie ha elegido.

Me lleva esto a un despropósito que me desazona hoy ante la manera en que la propia judicatura (determinados jueces) están ensuciando la institución que tanto dicen preservar. Me refiero a lo acontecido al fiscal general del Estado a quien la sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha denegado su recurso abocándole a juicio. La inconsistencia de una instrucción unidireccional del magistrado Hurtado, preordenada a un único resultado, la acusación al FGE más propia del derecho penal de autor que del derecho penal por el hecho constatado y con característica delictivas, ha triunfado por dos votos frente a uno. El magistrado disidente, ha dejado clara de forma contundente y coherente, la inconsistencia de las acusaciones y la falta de indicios contra el Fiscal General. Pero hete aquí que sus colegas no lo han visto así. No se si por no dejar mal al instructor -uno de los suyos, a fin de cuentas-, o por auténtica convicción, lo que sería todavía mucho más preocupante. Mientras tanto, el despropósito nos lleva a un escenario inédito en el sistema judicial español, que ya sufrí yo mismo como magistrado en 2012, el de un FGE sentado en el banquillo para soportar el escarnio publico por hechos que, al final se declararán no delictivos y el tribunal absolverá. Esa es mi predicción, guiada por una lógica que, realmente, no sé si, a estas alturas, sigue funcionando. Como dice el refrán español de arraigada presencia, “para este viaje no se necesitaban alforjas”.

No hay duda de que hemos vivido otros muchos despropósitos, algunos muy dolorosos, como el de no saber dónde estaba y que hacía el presidente Mazón durante las horas clave de la catastrófica DANA en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024; o por qué no funcionaron los detectores de presunta corrupción en los casos Koldo, Ábalos, Cerdán o en el de Montoro y Equipo Económico; o el de los currículos inflados de determinados políticos… En fin, si los despropósitos de quienes nos representan son la regla, la cordura de la ciudadanía al elegirlos es la solución.

La corrupción no es un mal de ahora. Sobre ella han escrito pensadores de épocas pasadas demostrando un gran conocimiento de causa. Maquiavelo señalaba “la facilidad con la que los hombres se corrompen y se vuelven perversos, aunque originalmente fueran buenos y bien educados”. Claro que para corromperse hace falta, aparte de una debilidad de carácter que abra la brecha a la desviación de la honestidad, otro individuo o persona jurídica capaces de descubrir ese desfallecimiento de la voluntad, trabajarlo como el que moldea arcilla y dirigirlo después hacia fines de poder o económicos que le interesen.

Corruptos y corruptores entran así en un doble matrimonio de conveniencia sabiendo que un divorcio sería extremadamente doloroso para el bolsillo de unos y muy arriesgado en cuanto a afrontar responsabilidades de ambas partes. 

Por razones profesionales, he conocido diversas tramas de este estilo. De hecho, la denominada Gürtel, que investigué en sus inicios, y que truncó mi carrera profesional como magistrado mediante una sentencia arbitraria y parcial (según palabras y resolución del Comité de Derechos Humanos de ONU de julio de 2021, pendiente de ejecutar por el Estado español. De nuevo, el Comité en resolución del 18 de julio de 2025 ha mostrado su preocupación por la falta de implementación por el Estado español).

Eso sí, prácticamente todos los implicados acabaron condenados al igual que el partido que les alimentó (el Partido Popular, por si alguien no lo recuerda), en este caso a título lucrativo. 

Desde hace un tiempo, y debido a un extenso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), estamos conociendo detalles de uno de estos tinglados en los que interviene un tipo peculiar procedente de Navarra, con sendos contactos de inicio con la Benemérita; un ministro socialista con mando en Transportes y el secretario de Organización que le sustituyó en el partido y que se había desempeñado como tal, inicialmente, en esta formación en la Comunidad Foral. Todavía no se ha celebrado juicio, pero ya están vistos para sentencia a tenor de lo que clama el Partido Popular que, necesitado de ocupar la Moncloa, echa la culpa al presidente Sánchez. 

Sin embargo, el principal partido de la oposición debería ser más prudente en sus alocuciones. No solo por las varias decenas de juicios pendientes que tienen militantes, cargos y allegados suyos en los tribunales, definiciones que valen para las 70 y pico personas relacionadas con el PP y que se encuentran en prisión. No. Es que hay mucho más pendiente. 

“Colgamos a los ladrones de poca monta, pero a los grandes ladrones los elegimos para cargos públicos”, aseveró Esopo, hace miles de años, en la Grecia clásica, sintetizando así de manera magistral el concepto de esta corrupción que, hoy día, nos acosa y que ronda, como las moscas cojoneras, en la administración pública para lucrarse a costa de todos. 

Pienso cuando escribo esto en Cristóbal Montoro, otrora todopoderoso ministro de Hacienda, presunto cerebro fiscal de Aznar y de Rajoy, ahora imputado por una serie de presuntos delitos que van desde la prevaricación a la malversación y a muchas más cosas. Se le acusa de haber dado vía libre a leyes, normas y reglamentos elaborados ad hoc para las necesidades de los clientes –al parecer grandes compañías del sector del gas, entre otras– por el despacho de profesionales que él mismo había creado. Un despacho que, al parecer, era la cantera de los nombramientos que realizaba en su negociado ministerial, es de suponer que para facilitar al máximo estos beneficios a sus clientes que, siempre presuntamente, debían abonar los servicios del bufete. Cristóbal Montoro y su despacho lo niegan todo, como era de esperar. 

Este hecho configuró una corrupción piramidal, desarrollada de arriba abajo, que supuso la apropiación temporal del Estado al servicio de intereses privados en el mismo nervio central económico de aquel (Ministerio de Hacienda) y con perjuicio de los contribuyentes. Fue precedido, unos años antes, por el otro modelo de corrupción generada desde abajo hacia arriba con la “Gürtel” y ambos tenían, de alguna forma, su epicentro en Génova 13, y dieron forma a una auténtica “Tangentopolis” a la española, frente a la cual uno se queda anonadado a la espera de cuál será el siguiente escenario al que nos veremos sometidos en este prostituido sistema que debería ser de servicio público.

Llegados a este punto, miro hacia atrás y veo una larga lista de individuos que han saqueado las arcas públicas. Nos podemos remontar al franquismo y pasar después por la transición, y encontraremos casos. Hemos visto corrupción en la política nacional, en comunidades autónomas y diputaciones, en Ayuntamientos; en los bancos, en la policía; en la Iglesia; en la Administración de justicia, en los medios de comunicación e incluso ha afectado a la Familia Real. Un suma y sigue que no para. ¿Tan difícil es prevenirla y afrontarla?

Hace unos años (2015) escribí un libro titulado El Fango, en el que tocaba la variada gama de delitos que habíamos conocido en nuestro país, establecía las comparaciones pertinentes y concluía con una serie de medidas que consideraba era preciso abordar para combatir esta lacra. Desde luego, desde entonces hasta ahora, hay material suficiente para hacer una ampliación del mismo, incorporando nuevas técnicas y hechos que afectan a las diferentes instituciones y al sector privado relacionado con ellas.

Algunas de aquellas medidas coinciden con las que ahora, oportunamente, ha enumerado el Gobierno.  

Por supuesto, no basta con el anuncio de medidas cosméticas; toda acción presuntamente delictiva debe llevar aparejada la inmediata asunción de la responsabilidad política sin esperar a una resolución definitiva de la primera.

Siempre se ha dicho que el mal radica en la politización de la Administración porque la corrupción política es la negación absoluta del servicio público. Sin embargo, esto no es enteramente cierto, porque, aunque el fenómeno sea verdadero, se constata, cada vez con más frecuencia, que son los miembros de la Administración quienes, corrompiendo su propia labor técnica y profesional, se prestan a manejos y protagonizan acciones con incidencia política impulsando con ello las decisiones políticas subsecuentes. 

Quienes tienen la potestad y el deber de legislar y gobernar necesitan de otros apoyos que den la cobertura a sus iniciativas y garanticen el éxito posterior que, en algunos casos, deriva en un enriquecimiento personal, corporativo, o de índole no económica, pero que, en otros muchos, genera espacios de poder político en la propia administración, ya sea de justicia o de otro sector del Estado cuya incidencia en el tiempo se vuelve dañina y permanente.

La política, en sí misma, no es mala ni perversa, sino un mecanismo imprescindible para el funcionamiento de la democracia. Por ello, es necesario exigir la máxima transparencia en el aparato burocrático del Estado, estableciendo mecanismos de control y técnicas de evaluación y de gestión exigentes en la Administración, pero sin olvidar el seguimiento de quienes tienen la obligación de desarrollar esas medidas.  Y  cuidando de evitar la generación de espacios de poder que, al socaire de  defender intereses profesionales, realmente se convierten en actores políticos y lobbísticos sin control (buen ejemplo de ello son las asociaciones profesionales en el sector de la justicia, su financiación y relación con partidos políticos concretos). 

Es muy improbable la erradicación de los lobbies (Obama lo intentó y el Tribunal Supremo Norteamericano tumbó su iniciativa) pero, de una vez por todas, es necesario enfrentar el poder de los mismos, y, consecuentemente, su regulación. Así mismo, está arraigada la creencia de que «el dinero compra influencia en la política», algo que no ocurre en los países anglosajones, donde lobby y corrupción no están necesariamente ligados. Los lobbies actúan en todos los ámbitos en los que se cruzan intereses económicos o financieros, convirtiéndose en demasiadas ocasiones en campos de tráfico de influencias. Actúan sobre el poder legislativo y sobre el ejecutivo, sobre todo en España, donde la mayoría de las leyes son presentadas a iniciativa del Gobierno. 

Recuerdo que la propuesta para regular la actividad de los lobbies fue retirada de entre las medidas propuestas por el gobierno de Mariano Rajoy; tal decisión resulta un tanto sospechosa, sobre todo a la vista de lo que ahora se está conociendo en el caso que afecta al ministro de aquel gobierno Cristóbal Montoro, sin que ello afecte a su presunción de inocencia. 

Fuera del caso puntual, pareciera que, precisamente, la influencia de estos lobbies ha sido la causa de la inexistencia de una regulación eficaz y transparente de este fenómeno que acompaña al sistema político de cualquier país democrático. La cuestión es la ausencia de una regulación específica que nos permita identificar cuáles son los intereses que persiguen, cómo se financian y a costa de qué se produce la intervención.

La opacidad beneficia la corrupción, por lo que es básica la prohibición de los paraísos fiscales. Carece de sentido que un alto porcentaje del capital mundial se encuentre en países con una política de fiscalidad reducida o inexistente y una opacidad absoluta ante investigaciones penales, desatendiendo cualquier petición de cooperación.

La cuestión es más sangrante cuando ese capital procede en gran medida de los beneficios ilegales que propicia, bien el tráfico de armas de las corporaciones que las fabrican y facilitan, a través de pabellones de conveniencia y con la ayuda de países amigos, a las zonas de guerra o de conflicto armado. Esto ocurre hoy con Israel en Gaza, donde el genocidio se está produciendo en tiempo real y a la vista de todo el mundo, de la mano de autoridades políticas y militares con responsables del máximo nivel en ambos campos. O bien el tráfico de drogas; al crimen organizado en general y, asociada a todos ellos, la corrupción. Es precisa su abolición y la prohibición de que las corporaciones financieras españolas trabajen con estos paraísos fiscales.

La falta de controles y la opacidad es otro de los ingredientes de la corrupción. La transparencia debe ser la regla en todos los ámbitos, especialmente en la Administración de Justicia.  

Precisamos una justicia responsable, profesionalmente capaz, garantista, respetuosa con los estándares más exigentes de derechos humanos, sin interferencias ni instrumentación por actores externos o internos que respondan a intereses espurios, sin dilaciones y eficaz en la resolución de los conflictos sometidos a su consideración. Para conseguir estos fines y su correcto funcionamiento, es necesaria su total independencia. Porque la independencia del juez, como tercero imparcial entre partes enfrentadas, es la obligación principal del mismo, y solo si se constata, podremos afirmar que su juicio ha sido imparcial, apegado a la legalidad y, por ende, justo.

En este sentido, es urgente abordar la prohibición de mecanismos lobbísticos de facto, a través de los cuales entidades y corporaciones económicas privadas, bancos, despachos de abogados…, pero también funcionarios públicos de alto nivel a quienes se les permite compatibilizar el desempeño público y privado (algunos abogados del Estado o letrados del Consejo de Estado), medren o pretendan hacerlo en la administración de justicia.

Así mismo, en un mundo globalizado, en el que las relaciones económicas constituyen el núcleo de las relaciones entre países y corporaciones públicas y privadas, la transparencia y la rendición de cuentas resultan indispensables y ello comporta una agilización y el reforzamiento de las estructuras internacionales de prevención de la corrupción y el blanqueo de capitales. Como también es fundamental, el combate eficaz de la criminalidad organizada, que utiliza como una de sus principales armas, la corrupción como fin en sí mismo o como instrumento para ganar espacios de poder e impunidad. Frente a ello son vitales la coordinación internacional contra la corrupción y la definición de espacios judiciales y policiales más amplios.

Un verdadero Estado de derecho se conforma no solo por las normas represivas de conducta ilícitas, sino además –y ello es más importante– por la definición de los mecanismos de prevención y educación sobre la transparencia y la ética en la gestión de lo público, como principios nucleares de toda acción personal y colectiva, de solidaridad e igualdad, de progreso y consolidación de derechos en los escenarios de corresponsabilidad en los que se sustenta una democracia. 

Lo cierto es que casi todas las normas que se pueden proponer para prevenir la corrupción y combatirla están dadas en nuestro país, solo falta la implementación de las mismas y la voluntad de cumplirlas. No obstante, bienvenidas sean las reformas propuestas tanto en materia de prevención (agencia independiente de análisis, control y sanción por el incumplimiento) como en su investigación penal, que debe pasar a manos del Ministerio Fiscal, en tanto que el juez deberá asumir la suya como garante del debido proceso. 

En este último campo, me quedan aún algunas recomendaciones, como la obligación de proteger de manera eficaz a los alertadores, ampliando la Directiva correspondiente a los testigos y peritos; la protección frente a las SLAPPs (demandas estratégicas contra la participación pública) que se dirigen contra las voces críticas; una regulación seria, y no solo basada en la reducción de pena, de los denominados arrepentidos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU (julio 2025) insta a España a revisar y mejorar su marco legal para garantizar la libertad de expresión y la protección real de alertadores.

Se trata de que se conjuguen los mecanismos adecuados que garanticen la veracidad y solvencia de sus testimonios. Haciendo hincapié en una verdadera, pormenorizada y exhaustiva normativización de la financiación de los partidos políticos. 

En mi lista hay algo más: la responsabilidad de los medios informativos. Dicho de otro modo: definir el marco en el que el derecho a la información y la libertad de expresión se encuentren con las garantías que deben regir en los procesos penales.

Y, por supuesto, la necesidad de impulsar mecanismos de control de participación ciudadana y de contrarrestar los ataques a estos espacios de rendición de cuentas, como lo ocurrido recientemente con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude.

Temo que la apabullante cantidad de procesos abiertos, concluidos, archivados o sobreseídos, hayan conseguido incluso insensibilizar a una sociedad que ya da por sentado que el sistema contamina todos los sectores de la realidad política, económica y judicial y que, por tanto, piensa que nada va a cambiar. Esa desconfianza es la que urge transformar.

Los corruptos no pueden ganar la batalla. Es el Estado de Derecho el que tiene la última palabra. En este campo, como en tantos otros, la indiferencia no es una opción, y, tampoco lo es la imputación recíproca de corrupción, que conduce a una parálisis existencial de quienes tienen la obligación de trabajar en favor de la comunidad y se quedan en la defensa de sus propios y mezquinos intereses.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

Era un monarca joven, criado y modelado a los pechos de Franco y ajeno a todo lo que le depararían los años por venir y del final vergonzoso de su reinado, perseguido por la justicia y exiliado en uno de los emiratos de oriente.

En aquel momento histórico, apeló a la responsabilidad de los representantes electos del pueblo español para dar vida a la democracia como forma de convivencia y a la necesidad de que aportaran su conocimiento y su esfuerzo para consensuar una Constitución, el principal tema pendiente, que vería la luz un 6 de diciembre de 1978. Los parlamentarios recogieron bien la alocución regia, según cuentan las crónicas, aunque creo que, como se hacía en la escuela, algunos cruzaron los dedos a la espalda para falsear su compromiso real con la nueva y deseada etapa que se abría para toda la ciudadanía española. Aquellos fueron tiempos de lucha y convicciones. En mi caso, concluyendo los estudios de Derecho en la universidad de Sevilla y preparando las oposiciones para ingresar en la carrera judicial.

Leo en el blog del Congreso de la época: “Dolores Ibárruri, diputada por el PCE, aplaudió porque le gustaron muchas de las cosas que decía. Al senador real Camilo José Cela le pareció muy bueno. Manuel Fraga, líder de Alianza Popular, mantuvo el criterio británico de que sobre el discurso de la Corona no se debe opinar. Los socialistas Felipe González y Alfonso Guerra lo tildaron de discreto y para el dirigente comunista Santiago Carrillo, el Rey expuso unas ideas generales con las que creo que está de acuerdo la mayoría de la Cámara.”

Como ven, personajes muy dispares –algunos de ellos demonizados por quienes habían protagonizado el franquismo–, en lo esencial estaban de acuerdo. La tensión se mantenía en cotas elevadas pues la ultraderecha y determinados sectores policiales y de la Guardia Civil que reclamaban la herencia ideológica del régimen del dictador no se resignaban a los cambios y optaron por continuar la violencia contra los demócratas, como habían hecho durante la dictadura.

Los ciudadanos y ciudadanas normales, mientras tanto, sufríamos el terrorismo y esa resistencia criminal ultra con los asesinatos de jóvenes militantes de izquierda, de sindicalistas, de abogados... Pero, aun así, en aquellos años de plomo, el hemiciclo mantenía una imagen ordenada, pese a las corrientes políticas internas furiosas y electrizantes, fruto de ideologías enfrentadas. Y también, pese a las habituales ambiciones de la oposición por alcanzar el poder, se guardaban las formas y, en la medida de las posibilidades de cada cual, el lenguaje y los modales eran correctos, incluso en los medios de comunicación. ¡Ah, los medios de comunicación! ¡El gran tema pendiente más ahora que antes!

De eso hace ya 48 años. Casi medio siglo. En este tiempo de democracia, el panorama ha ido deteriorándose paulatinamente en las Cortes (Congreso y Senado). Lejos quedan aquellos tiempos en los que el socialista Alfonso Guerra llamaba al presidente Adolfo Suárez “Tahúr del Missisipi”, expresión cándida para las que ahora se destilan en la Carrera de San Jerónimo. Recuerdo que el presidente Adolfo Suárez –me decía años después que su mujer, Amparo– nunca disculpó a Guerra esa actitud ni los ataques de los que fue objeto su marido, pero que él asumió esas descalificaciones porque nunca llegaron al insulto personal. Hoy día, este límite ha desaparecido y la norma es el improperio, la canallada y la destrucción personal del contrario (técnicas que dominan perfectamente la extrema derecha de Abascal y la derecha de Feijóo) acompañadas por determinados panfletos, pseudomedios, montaraces voceros del insulto y redes sociales que difunden los más bajos sentimientos que el ser humano desarrolla y azuzan para que el discurso se degrade más aún en el reino del todo vale y del cuanto peor mejor.

¿Creen ustedes que con una oposición tan corrosiva como la de ahora, vomitando insultos de continuo, negándose a escuchar, pateando e interrumpiendo sistemáticamente al orador –del otro partido– se hubiera podido redactar la Carta Magna? Ya les digo que no. Como también resulta difícilmente comprensible que, en un momento en que la economía y los avances sociales están beneficiando a los españoles, la derecha y sus socios de la extrema derecha se dediquen un día sí y otro también a frenar esos logros y busquen retrotraernos a escenarios superados, tan solo para alcanzar la Moncloa.

El asunto es sencillo. Se trata de llegar al poder y detentarlo, pero no para favorecer o auspiciar medidas que favorezcan y consoliden derechos para la ciudadanía, como sería lo lógico, sino para quebrantar las dinámicas de igualdad y de mejora de la calidad de vida entre los ciudadanos y quienes viven o residen en nuestro país, tras haber sufrido lo indecible para llegar al mismo y haber contribuido de forma decisiva a ese éxito innegable.

Desde el primer momento, tras la moción de censura de mayo de 2018 ganada por Pedro Sánchez, el fracaso reiterado por no poder gobernar ha llevado al PP (siempre con Vox apuntalando) a acusar al Gobierno de ilegitimidad. En eso se han anclado, sin aportar en los últimos siete años ni una sola medida que contribuya a fortalecer el Estado del bienestar, más allá de pedir que Sánchez se vaya, cueste lo que cueste.

Este planteamiento de llegar al poder a toda costa desvela una verdadera ausencia de sensibilidad democrática y un claro interés económico mercantilista en favor de determinadas élites corporativas. Élites que se encuentran en línea con el modelo instaurado por el autócrata estadounidense en su guerra arancelaria y con el apoyo a las autoridades israelíes en la limpieza étnica genocida en Gaza y Cisjordania, por los mismos intereses de capital. Aquí hay que incluir las sanciones como instrumento de coacción a quienes osan enfrentarse a sus amigos, como las anunciadas contra Brasil por los juicios contra Bolsonaro, o contra Francesca Albanesse, relatora especial de la ONU, por denunciar los crímenes de guerra y genocidio que se están cometiendo en aquella región de Oriente Próximo por fuerzas militares, y políticas israelíes con el apoyo económico, logístico y armamentístico de otros países y corporaciones que se benefician de la situación dramática que vive el pueblo palestino. 

No se engañen. Cuando el líder de Vox afirma que devolverá a sus países a ocho millones de personas afincadas en España con nacionalidad española, nacidas en España o trabajando en España desde hace muchos años, no lo hace para competir con el Partido Popular. Está contentando a sus jefes del otro lado del océano, los que financian a la ultraderecha en Europa y en Latinoamérica con el objetivo de ir copando países. Y cuando el señor Núñez Feijóo suelta tal cantidad de barbaridades que darían ganas de lavarle la boca con jabón, también intenta demostrar a quienes de verdad pueden impulsarlo o defenestrarlo, que es digno de su confianza. Más que el partido rival.

Así, desarrollan unas campañas mediáticas diseñadas por algunos, impulsadas por “el que pueda hacer que haga” aznariano, que sintonizan con las demandas impulsadas por colectivos que parecen salidos de los fondos del averno; aceptadas por algunos jueces silentes o benevolentes, especialmente activos cuando se trata de actuar contra el Gobierno o alguna de las instituciones, como la Fiscalía General del Estado.

El método es siempre el mismo y propio de quienes pretenden enlodar la vida pública: se crean casos artificialmente –con recortes de prensa, por ejemplo– para luego echarlos en cara al objetivo: “el marido es usted; el hermano, es usted", acusaba Feijóo a Sánchez obviando que la denuncia contra Begoña Gómez o contra David Sánchez ha sido organizada por sus fuerzas afines y que aún no hay nada juzgado ni sentenciado. Eso no importa. Se lanza a rodar el bulo hasta que está tan liado que ya nadie sabe de dónde viene. Si hay que echar mano de las cloacas, ahí tenemos “informes”, de quita y pon, que, oportuna y convenientemente, son desempolvados y de los que se utilizarán los párrafos seleccionados para el fin pretendido en ese momento.

El lamentable y antidemocrático espectáculo del PP en la comparecencia del presidente del Gobierno de España el día 9 de julio pasado, me hace dudar incluso de si, por ejemplo, lo que la formación de Feijóo esperaba que se conociera ese día, supuestamente referido al asunto Ábalos, Koldo y Cerdán, no llegó a tiempo o no tenía chicha. ¡Quizás se había agotado la fuente informativa privilegiada! Quizás fue por eso que Feijóo lanzó su andanada, desencajado, enseñando la fea cara de la ira para acusar de vivir de la prostitución a su odiado rival.

Dicen algunos que esta reacción vino motivada por los ataques que reiteradamente se le hacen sobre su amistad con una persona condenada por tráfico de drogas en Galicia. Al respecto, debo decir que fui yo quien ordenó el 12 de junio de 1990 la detención de esa persona y también el juez que, después de tres días, lo puso en libertad. En la causa instruida y conocida como Nécora, no fue procesado ni por ende juzgado. Lo que ocurriera después es harina de otro costal. Ergo, si las fotos eran de esa época, al menos en ese tiempo, el calificativo de narcotraficante es incorrecto. “Al César lo que es del César”.

En todo caso, no creo que las referencias contra el presidente, sumamente elaboradas y después reiteradas en forma coral por los dirigentes populares y por el mismo Feijóo, respondieran a ese impulso sino, más bien, a una estrategia tan perfectamente elaborada como errónea y propia de barra de bar. Y ese es el problema.

Se está utilizando a las cámaras legislativas como escenario de confrontación soez, descalificación barriobajera, acuchillamiento mediático, difamación y ofensas personales de civiles, que exceden cualquier discurso duro políticamente, pero coherente en argumentos, que son los que dan sentido a la inmunidad parlamentaria. Una inmunidad que, desde luego, nunca estuvo pensada para servir de cobertura a la degradación política que la derecha y extrema derecha abanderan ahora.

El Parlamento de 1977 arrancó su andadura esforzándose por mantener un ambiente de cierta concordia, pese a las dificultades –inmensamente mayores entonces que ahora–. Sin embargo, este Congreso de 2025 resulta un ejemplo paradigmático de lo que no debe ser la política. Remarca, eso sí, la orfandad en España de un centro-derecha tan anhelado como inexistente, suplido por una formación que, cuando afirma ser moderada, resalta –aún más– su escoramiento hacia la derecha más radical, cuidando que no se le acerque en las encuestas, pero a la vez surfeando para tenerla contenta cuando pueda necesitarla.

En su carrera hacia la nada, el PP y Vox dan paso al germen de la mentira, de la violencia, del racismo, la homofobia y la intolerancia, sin intención alguna de ponerles coto. Lo que ha ocurrido en la localidad murciana de Torre Pacheco de dar caza al inmigrante es un buen ejemplo. La náusea se ha instalado en el hemiciclo, ensucia a sus señorías y avanza hacia nosotros, que, espantados, nos vemos envueltos por una aversión terrible hacia la política y sus representantes.

Este panorama es inaguantable, degradado y obsceno, y no puede sostenerse. Mientras tanto, los problemas reales, tanto a nivel nacional como internacional, pasan a un segundo plano. El fango y la mentira se han adueñado de nuestras vidas hasta el punto de que, entre informe e informe de la UCO y dossier y dossier de mierda, asimilamos la mentira como verdad incontestable y la apariencia como realidad absoluta. No nos damos cuenta de que, como ocurriera en épocas pasadas pero no tan remotas, estamos reduciendo el espacio del verdadero Estado de derecho y quienes tendrían que defenderlo, están de huelga o lo instrumentan en beneficio de concretas opciones políticas.

En 1933, cuando Hitler comenzó su andadura para apoderarse del poder absoluto, se le minusvaloró, se le denostó, se le ninguneó y también políticos de signo contrario como Léon Blum lo identificaron como “el símbolo del cambio, de la renovación, de la evolución”... Después, la indiferencia se instaló en las mentes alemanas acomodadas, hasta someterlas y llevarlas a la debacle racista total del nazismo, cuyos efectos aún se sienten y que muchos pretenden resucitar frente a la indolencia de unos y la colaboración de otros.

Avisados estamos. Si seguimos en esta dinámica de degradación en el Parlamento, sede de la soberanía popular, el próximo escenario podría ser la confrontación violenta en las calles, algo que ya estamos viendo. En ese resultado final tendrán grave responsabilidad quienes iniciaron esta deriva, y la náusea se convertirá en el centro de nuestra existencia.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

Si como dicen los académicos de la Lengua española, las malas artes son aquellos medios o procedimientos reprobables de los que se vale alguien para conseguir algún fin, vivimos inmersos en un mundo de malas artesy peores intenciones. Aquí y fuera de nuestras fronteras. 

Las artimañas de Trump para favorecer a su amigo Benjamín Netanyahu son el ejemplo de lo peor de la calaña humana; por una parte, apoyando la masacre de personas, de niños, con un fin indudablemente crematístico. y, por otra, proponiendo un “alto el fuego” que no resuelve el mal de fondo que es la guerra de agresión y el genocidio que se estacometiendo en Gaza.

Estos mandatarios autócratas tienen como objetivo conseguir más dinero para sus negocios. Nos embarcan en guerras indefinidas o amenazan con el fin de que cada país desembolse cantidades exageradas detrayéndolo del bienestar de sus ciudadanos sin ningún escrúpulo. Matizan que esas cantidades deben gastarse en armas, nada de tonterías logísticas o de los conceptos que abarca la defensa, y además hacerlo comprando a empresas norteamericanas, por supuesto, y, lo que es más grave, exigiendo aportaciones a alianzas militares más onerosas que la propias, plasmadas en presupuestos hechos para beneficiar fiscal y económicamente a los máspoderosos. 

En ese escenario en que los titanes imponen su fuerza, la postura de España, con su presidente negándose a dejarse llevar por las órdenes del presidente de Estados Unidos en detrimento de nuestra calidad de vida, se asemeja a un pequeño David con su honda, frente a un Goliat cargado de misiles y multiplicidad de aranceles. Reconozco la valentía de Sánchez, emulando a Gary Cooper en “Solo ante el peligro”, frente al pistolero del oeste americano. En este asunto y en la voluntad inquebrantable con la que denuncia que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, pese a las críticas y las amenazas. 

En casa, el panorama no es mucho mejor. Las malas artes se han aposentado entre nosotros expandiéndose cual Hidra de Lerna y su hija (según Hesíodo), quimera mitológica de múltiples cabezas y maldad que corrompen y contaminan todo. Leía la semana pasada en elDiario.es un artículo muy descriptivo de lo que se vive en el Parlamento: “El PP convierte el pleno del Congreso en un festival de gritos, aullidos e insultos para extender la idea de que todo es un desastre por culpa del Gobierno. Gracias al plan que traían de casa, el Congreso se asemejó a una discoteca llena de borrachos”. 

En esa ocasión, la oposición se dedicó a despotricar a voz en grito contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, en su estrategia de ir socavando cada escalón del Gobierno, hasta acabar con él. Da igual que la economía vaya bien, que se escale en el bienestar o que los ciudadanos puedan disfrutar de sus vacaciones con más tranquilidad que en otros años. Y, como estas situaciones positivas son nefastas para los planes del PP y su socio (o jefe, no sabemos) de la ultraderecha Vox, hay que omitirlas e instalarse en la anécdota real o inventada. Desde Goebbels, sabemos que una mentira adquiere la categoría de verdad aceptada cuando se reitera infinidad de veces. Para ello, hay que hacerlo de forma sistemática y constante. Da igual el momento o el lugar, lo importante es la reiteración. En esto, las emisoras, periódicos y redes sociales afines son instrumentos esenciales para que esta sinfonía suene bien. Políticos, periodistas, y especialmente tertulianos televisivos o radiofónicos que “dominan” todas las materias, que opinan sobre todo lo opinable, aun cuando solo toquen de oídas, pero, indefectiblemente con argumentos calcados a los que emplea la formación de la derecha de Génova 13, serán la sal y la pimienta para que el aliño tenga sabor intenso y sea digerible. La verdad muere a manos de la mentira y la manipulación. 

INFORMACIÓN A LA DERECHA

Ese mismo día, 25 de junio, este medio, infoLibre, publicaba unos interesantes datos sobre cómo “el ecosistema mediático de la derecha domina la información que recibe la mayoría de los españoles”. Se refería a un estudio de audiencia del CIS y resumía:

“Los diarios que los españoles sitúan a la izquierda son los menos y suman, en conjunto, menos audiencia que la amplia nómina de periódicos—digitales y de papel— en la órbita de influencia de la derecha. (…) Una cifra abrumadoramente más pequeña que la de la derecha. Sumando solo los diarios situados en los primeros puestos (El Mundo, La Vanguardia, Abc, La Voz de Galicia, El Correo, 20 Minutos, El Periódico, El Confidencial, La Nueva España y La Razón), alcanzan un 18,9%. Si se añaden todos los demás, por pequeños que sean, el porcentaje de audiencia de diarios digitales y en papel controlados por la derecha se dispara por encima del 80%”

Como ven, estamos sometidos a un vapuleo informativo continuado y mayoritario de planteamientos conservadores. Con el agravante de que suele ocurrir que los contenidos reales no se correspondan con los titulares exagerados y lesivos para el Gobierno. Claro que, como lo escriben –ya sea en su páginas impresas o virtuales– articulistas “de prestigio”, las barbaridades y bulos que sueltan con la mayor frescura y desvergüenza se aceptan como axiomas y máximas indelebles. Estas opiniones se convierten el “hechos” y, sin solución de continuidad, pasan a ser falsedades que, tras su reiteración, alcanzan la categoría de incontestable realidad que irán recogiendo y propagando unos tras otros.

INSTRUCCIONES NEFASTAS

Las malas artes son de tal calibre que han invadido la judicatura y ahí vemos algunos juicios imposibles que continúan sin que nadie haga nada para decirle al juez de turno que su instrucción es una derrama de arbitrariedades, presunciones y apariencias que ocultan la falta absoluta de indicios, elementos probatorios y evidencias suficientes como para dar carpetazo al asunto. Uno de los ejemplos más paradigmáticos, en los que la presunción, la oportunidad y la mala praxis, son los elementos esenciales de ese cóctel, es el caso de Begoña Gómez, en el que el juez Peinado nos ha vuelto a sorprender con un nuevo escorzo en forma de Exposición Razonada (mejor sería decir irrazonable) a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, consecuencia del interrogatorio sui generis (calificativo amable donde los haya) realizado en abril al ministro de Justicia, en el que se percibe la frustración y la soberbia de quien se le tuercen las previsiones preestablecidas en función de la persona y no de los hechos. 

Presiento que la Sala de admisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo está preparada para denegar, así lo ha pedido el Ministerio Fiscal, este despropósito, uno más de este instructor. El problema es que el daño ya está hecho y lo han aprovechado los adelantados de turno.

SUMA Y SIGUE

Como juez y magistrado que fui y espero volver a serlo (la esperanza es lo último que se pierde, mediante el CGPJ) tengo que suponer que, por ejemplo, el juez instructor delegado del Tribunal Supremo, señor Hurtado, reflexionó desapasionadamente y basándose en verdaderos indicios para dictar la resolución que acerca al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de Madrid al juicio oral en su contra. Pero no lo creo. Por el contrario, por más vueltas que le doy, no encuentro razón jurídica de peso para que el instructor haya abierto el Procedimiento Abreviado y para que las acusaciones hayan presentado escritos de acusación. Entre todas estas, la más inconsistente y éticamente reprochable es la sustentada por la asociación de fiscales conservadores APIF porque, por encima de la animadversión que puedas tener contra tu jefe (el FGE) eres fiscal y sabes que, en este caso, no existe base fáctica que sustente este ataque contra quien ostenta la máxima categoría dentro del Ministerio Fiscal y que con él, solo contribuyes a la degradación de la propia institución. Creo que la broma ya ha durado demasiado y la Sala de Apelaciones debe poner fin a esta deriva de consecuencias imprevisibles. 

Pero, si en esta vorágine infernal en la que nos hallamos, con un caso emergente de presunta corrupción que afecta a dos exsecretarios de Organización del partido socialista y a un asesor de uno de ellos, entre otras personas, el caso no se cerrara, habría que deducir que esas malas artes de las que hablamos están teniendo mucha más capacidad de influencia en las instituciones de lo que nos creemos. O que la suerte ya está echada y se aporte lo que se aporte, el Fiscal General del Estado acabará como un Dreyfus del siglo XXI condenado de manera falsa y arbitraria. A Dreyfus lo rehabilitaron doce años después tras ser degradado por traidor y deportado a la Isla del Diablo. Le acusaron en falso por ser judío. 125 años después, Francia se plantea ahora elevarle a general y alojar sus restos en el Panteón. En cuanto al FGE, Álvaro García Ortiz, temo que lo quieran degradar por ser coherente, profesional e independiente. Dicho de otro modo, por ejercer su cargo con coherencia y autonomía, por encima de favorecimientos corporativos ajenos a la verdadera justicia. 

LOS “PATA NEGRA”

Cuando observo lo que está aconteciendo en el seno de la justicia, con manifestaciones de jueces y fiscales en la puerta del Tribunal Supremo, ataviados con togas y puñetas, declarando huelgas ilegales en los juzgados y tribunales, reclamando independencia y respeto a otros poderes del Estado, especialmente al Ejecutivo y al Legislativo, quebrantando la separación de poderes, insultando en algún caso, y atacando el proceso de elaboración de una ley, me echo a temblar porque me trae a la memoria las imágenes de otros países en los que esta dinámica ha sido la vía de puesta en escena de “golpes blandos” contra la democracia. 

De ahí que, cuando leía el lema de la concentración: “Sin Estado de derecho no hay democracia”, lo suscribo, pero exactamente por lo contrario, frente a quienes con esos actos no respetan el Estado de derecho que proclaman y lo ponen en cuestión.

Con la huelga se ha pretendido oponerse a un cambio en el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal por medio de una oposición que todos sabemos que tan solo se basa en el aprendizaje memorístico y huye de la práctica. O se cargue contra los jueces sustitutos que honestamente hacen su trabajo durante años y, ahora, los “pata negra” judiciales los descalifiquen y les quieran impedir el derecho a consolidar su plaza en cumplimiento de decisiones de la justicia europea. Bien es cierto que en algunos puntos la norma deberá ser corregida con el fin de no dar “manga ancha” para que se ingrese en la carrera judicial sin la excelencia profesional cierta y meritoria que exige el verdadero titular del poder judicial que es el pueblo. Mecanismos hay, pero, desde luego, la pseudo-huelga vivida no es el camino. 

CANTOS DE SIRENA

Finalmente, y, como conclusión de estas reflexiones, tengo claro que entre los artífices de todo este tsunami que afecta de manera directa a la institución de la Justicia –pero que recala en todas las costas nacionales e internacionales– hay que señalar a la ultraderecha. Han conseguido organizarse con el apoyo económico de los empresarios que rodean al presidente norteamericano Donald Trump y tienen como objetivo encomendado allanar los gobiernos, sometiendo las actuaciones progresistas y retrotrayendo a las sociedades a época antiguas en que la libertad estaba vedada, las mujeres se quedaban en casa sometidas al marido, la violencia sobre el cónyuge era algo normal en un matrimonio en que la esposa debía sufrir en silencio y cualquier planteamiento diferenciador de género se consideraba una vergonzosa desviación. Repasen la actualidad, vean qué sucede con las prohibiciones de Orbán con relación a la marcha del Orgullo del fin de semana pasado (en este se celebra la española) o cómo la extrema derecha francesa se jacta de infiltrarse en la manifestación de París… con el beneplácito del Ministerio de Interior francés.

Desde el ojo del huracán, en un momento crucial en que las mentiras avanzan y hacen peligrar la democracia, es preciso tener claras las prioridades ante quienes practican las malas artes y discernir la paja del grano para frenar el avance y consolidación de estos expertos en el fraude y la desinformación, porque su propósito nunca es ni desinteresado, ni inocente. Tengan mucho cuidado. Son el mayor peligro que nos acecha. 

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

A veces, la vida trae recuerdos tan vívidos al momento presente, que piensas estar inmerso en un pasado conocido, al punto de que crees revivir experiencias incluso con detalles pasmosos por su similitud. A eso le llaman déjà vu. Dice la ciencia que cuando a una persona le ocurren estos fenómenos de percepción es porque sufre un alto nivel de estrés que hace que se le representen diversas situaciones simultaneas que quedan archivadas, y suelen reproducirse en momentos de previgilia a modo de advertencia. Debo reconocer que en alguna ocasión me he encontrado con esa “realidad” y me ha ayudado a cambiar mi posición sobre el tema referido.

Siendo esto así, no hay duda de que los españoles estamos sufriendo un estrés a un grado máximo porque, a la vista de lo que nos ofrece la política patria en este momento, repetimos la jugada una y otra vez de manera cíclica, con algunos personajes (políticos) diferentes; otros (empresas) en muchos casos viejos conocidos y, siempre –ahí está la coincidencia más certera–, con una metodología que se reproduce sin cambiar un ápice, una y otra vez.

El lamentable caso Cerdán, Ábalos, Koldo que tanta vergüenza, tristeza e indignación está causando entre los progresistas de buena fe –donde me sitúo– se suma a los pretéritos y no menos escandalosos asuntos Filesa, Gürtel, Púnica… y muchas más piezas cuya enumeración haría más largo de lo aconsejable este artículo. Una buena panoplia de todos ellos los recogí en el libro que publiqué con la editorial Debate en 2015, El Fango (Cuarenta años de corrupción en España), cuya lectura recomiendo (perdón por la autopublicidad) aunque creo que debe estar descatalogado, como el propio fenómeno al que se concretaba, visto lo visto. En el mismo hacía un recorrido de los casos más emblemáticos de corrupción en España desde la dictadura hasta ese momento. Está claro que debería ampliar el catálogo y hacer una segunda parte. Lo triste es que los mecanismos, en efecto, no han cambiado tanto.

Decía en aquellas páginas algo que mantengo aún: “No se discute si hay o no corrupción, sino cómo se aprovecha uno mejor de lo público o de lo privado; nadie se asombra de que haya políticos o cargos públicos que entren en la función pública con muy pocos recursos y, al abandonar el puesto, dispongan de una amplia fortuna…; la clave era, y sigue siendo, contar con importantes dirigentes políticos, expresidentes, ex primeros ministros, excancilleres, etc., en puestos de representación institucionales para hacer lobby a cambio de comisiones escandalosas; jueces complacientes… empresarios para quienes el pago de la mordida es algo tan natural como solicitar financiación para inversiones…”.

“Lo llamativo es que estos mismos personajes defienden indefectiblemente la necesidad de combatir la corrupción, con la misma tranquilidad que se delinque o extorsiona, se aceptan pagos en B o en paraísos fiscales, se venden armas a países con embargos que lo impiden… falsas amnistías fiscales, blanqueo de capitales… o financiación oculta y corrupta de partidos políticos”. En esta deriva, todos tenemos alguna responsabilidad, “… unos por no exigir y otros por no cumplir. Obviamente, el tipo de sanción será diferente pero, de una vez por todas, la impunidad, que está en la raíz del problema, no puede ser la norma”.

Es sabido que, en todos los casos, hasta la fecha se actúa en dos planos paralelos. En lo político se precisa un conseguidor, un individuo con mano en el partido y un político con mando en plaza, es decir, en una plaza en que se manejen licitaciones de infraestructuras del tipo que sea. Por la otra parte, en la empresa, el conseguidor es también esencial y, para que el negocio prospere, debe tener amplia encomienda de negociación por parte de sus superiores quienes, cuando sea necesario, acompañarán a su hombre en alguna reunión (posiblemente una comida) en la que no faltará de nada y se hablará de todo (a veces sí) sin entrar en detalles en lo importante que ya estará acordado.

Recuerdo una ocasión hace bastantes años en que fui a un restaurante de postín con un buen amigo. Vimos a un conocido personaje de un determinado partido sentado a la mesa con otras personas. Mi amigo, avezado conocedor de la naturaleza humana, comentó: “Mmm, qué bien huele a contratista”, y yo le rematé: “el olor de político irradia todo el restaurante”. Nos fuimos, a pesar de tener mesa reservada, no sin antes archivar en la retina el grupo de comensales y la copiosa y aromática mariscada dispuesta sobre el mantel. No creo que eso haya cambiado tanto, pues supongo que la langosta debe seguir siendo compañera simbólica de la ambición (quizás por sus dimensiones). Junto a otro clásico: la repugnante utilización de las mujeres como cebo, premio o entretenimiento para estos infames sátiros de la política y de los negocios.

Las cosas se repiten, sí, y producen hartazgo para la ciudadanía, y en el área progresista, en la que regularmente nos consideramos de mejor moral (como se ve, injustificadamente a veces), el sentimiento de desolación y quiebra de nuestros valores en general es insondable. No hay más que ver cómo en estos días andamos como zombis rehuyendo hablar de esto y casi ocultando el rostro por si nos miran y nos reprochan algo que, probablemente, ellos harían peor, pero esto entraría en la lógica de quienes premian la corrupción en las elecciones (a la historia me remito).

A partir de ahí, y esa es nuestra obligación, se impone la necesidad de medidas quirúrgicas, sin que baste la personal convicción y compungimiento de quien ha estado y está al frente de esa formación. Entran en juego la necesidad de ganar la confianza; la certeza de que la inacción en estos momentos es la peor solución; la falta de seriedad por parte de los contrarios que exigen y ni siquiera reconocen los casos propios. El “y tú más” es torpe reacción de quien no tiene soluciones ni las busca.

Dan ganas de bajarse de este mundo tan sucio; porque si falla la creencia en la honradez y la limpieza de aquellos a los que encomiendas tu futuro, el de los tuyos y de tu país, ¿qué nos queda?

En estos días complicados para el presidente del Gobierno y secretario general del partido socialista estamos viendo una realidad a todas luces evidente. Las palabras, por muy compungidas que resulten y por mucha constricción que impliquen ya no significan más que una huida hacia adelante. Suenan huecas y no sirven más que para el espectáculo deprimente en el Congreso, en cada sesión.

El presidente del Gobierno, en cuya honestidad creo, olvida algo que para mí es fundamental y es que las responsabilidades políticas se deben asumir. Y cuando has sido el responsable por acción o por omisión tienes que aceptarlas, poner pie en pared y cambiar el rumbo de la legislatura. Una legislatura que aparenta estar in artículo mortis por sí misma y por la exacerbada presión social y política de la oposición.

No soy sospechoso de apoyar una opción de derechas, pero esto ya no es una cuestión entre partidos, el pueblo tiene responsabilidades y debemos ejercerlas. No quiero que en mi país gobiernen las fuerzas oscuras, que, sin duda, nos llevarían por unos derroteros no demasiado buenos. No podemos estar anquilosados en un discurso centrado en el insulto y la descalificación, sin que alguien aporte algo por temor a que la ultraderecha nos gobierne.

La misión será convencer a ese segmento de la ciudadanía que oye cantos de sirenas ultrasónicas y mentirosos. Tampoco creo que la respuesta sea aferrarse al poder en los términos presidenciales de “o yo, o el caos”. Esto no es así, ni tiene por qué serlo, porque nadie es imprescindible y cuando un líder se considera único e irremplazable está a un paso de la autarquía. Hay diferentes soluciones que pueden coadyuvar a recuperar la confianza.

El presidente Sánchez, en función de su alta responsabilidad, tiene la obligación de ser consciente de la situación de descomposición política en la que estamos y de cómo está horadando el mismo círculo en el que se mueve.

Es cierto, además, que una oposición con modos facinerosos ha ido soltando supuestos casos de corrupción que le afectaban en lo personal sin mayor recorrido, pero estirando hasta límites jurídicamente imposibles la instrucción debida. No es de extrañar que haya entendido como un rumor más los avisos que puedan haberle llegado sobre posibles extralimitaciones delictuosas de sus hombres más cercanos. Tanto avisar que viene el lobo lleva a que su llegada efectiva te pille de improviso.

La actuación de la derecha y la ultraderecha, con la ayuda de todas las fuerzas oscuras del agujero protofascista al que se asoman, lleva a la perplejidad, a la indignación y a la impotencia ante el surrealismo en que nos sumen, día a día. Leo que la Asociación Profesional de Fiscales (APIF) pide –en un escrito de acusación que me recuerda al que la Falange presentó en el caso del franquismo contra mí– seis años de cárcel para el Fiscal General del Estado, superando en dos años la condena solicitada por la acusación particular. Un exceso de celo, habría que decir con sorna, si el tema no fuera tan serio y si no resultaran evidentes los intereses de una asociación conservadora de la Fiscalía por quitarse de enmedio a un jefe que no va a cumplir tal vez con los rápidos y antes ¿habituales? ascensos para sus afiliados.

El proceso contra el Fiscal General parece tan espurio como malas parecen las artes de quienes han organizado esta historia y deficiente aparenta ser la instrucción que se sigue. Sin elementos probatorios, ni indicios directos o indirectos, ni periféricos de que Álvaro García Ortiz haya revelado secretos de nadie; con la certeza de que el jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad montó un lío espectacular sobre las presuntas fechorías fiscales del novio de la política aportando datos hasta entonces no conocidos; sabiendo que otros fiscales y en la abogacía del Estado se conocía el caso previamente y negando las declaraciones de los periodistas que muchas horas antes ya tenían los papeles en su poder.

Contra datos evidentes, el proceso sigue en el Supremo como muestra de que, en efecto, a veces la justicia no solo es ciega sino además sorda a los testimonios y muda a la hora de justificar sus controvertidas acciones. Desgraciadamente, en lo personal vivo aquí otro déjà vu de un caso; el mío, prefabricado y avanzando y sorteando los fundamentos legales, con un solo fin fatal: una sentencia contraria al acusado sí o sí. Espero, por el bien de la justicia española que tan maltrecha está, más atenta a manifestaciones y protestas que a las obligaciones de servicio público, que este proceso se cierre de inmediato por la Sala de Apelaciones.

Con todas estas cosas en la mochila, entiendo los problemas de Pedro Sánchez a la hora de no haber atendido a lo que debió creer insidias. Ocurre que a lo que parece sí que la corrupción podría haber anidado en las actuaciones de estos tres personajes que han tenido peso en el PSOE (al menos, dos) y en el Gobierno, y en esta ocasión los indicios apuntan a un proceso indiscutible.

Pero, aun entendiendo todo esto, hoy por hoy, no nos basta con la simple palabra del presidente. En otro tiempo sí. Ahora no. Lo que dice y está haciendo lo debe acompañar de otras acciones y de una actitud diferente.

Tampoco parece oportuno que desafíe al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a que presente una moción de censura. La cuestión no es lo que tengan que hacer los otros, sino lo que debes y puedes hacer tú. Y en este caso, el planteamiento de una moción de confianza parece lo adecuado. Así se podrán ver los apoyos parlamentarios, se constatará el alcance de las acciones judiciales, las propuestas de regeneración, el buen gobierno, los presupuestos... Si la gana, quedarán deslegitimados quienes ahora aprovechan para intentar derribarle. A las malas siempre tiene la sartén del adelanto electoral por el mango. Quizás deberíamos confiar más en el pueblo, que sabrá cuál es el mejor camino. O, incluso, dar un paso al lado, cerrar ciclo, y que otra lideresa o líder concluya la legislatura. A veces, hay que saber cuándo llega el final de un ciclo vital.

Hasta alcanzar ese punto, falta ver en qué términos confían los partidos en la inocencia estructural del PSOE y, sobre todo, en la de su secretario general y presidente del Gobierno. Esas dudas que han estado expresando son la clave de la situación de standby en que nos encontramos. El problema radica en que las formaciones tanto socias como parte de la investidura están a la espera de nuevas revelaciones –o no– que puedan enturbiar aún más la situación o, por el contrario, aliviarla. La incertidumbre, fruto de la falta de confianza, ya está haciendo su trabajo.

Cuando fui secretario de Estado y diputado en la legislatura de 1993/1996, dimití de todos mis cargos y entregué mi acta parlamentaria al considerar que había formado parte de una opción política como independiente y que la titularidad del escaño era del partido con cuya lista me presenté. Entregué una carta al presidente del Gobierno, Felipe González, el día 18 de abril de 1994. En ella le anunciaba mi marcha y las causas, que tenían que ver bastante con algunos casos de corrupción de la época. Y dije en un programa televisivo que conducía el periodista Jesús Hermida: un solo caso de corrupción debe hacer caer a un Gobierno.

Hoy día, mantengo la misma postura, por lo que considero que el presidente Sánchez tiene la obligación de adoptar decisiones y ser consecuente con el discurso de transparencia y limpieza que siempre ha sostenido y así evitar la actual deriva de la opción progresista de este Gobierno. Quizás evite de esta forma la desafección de la ciudadanía y el daño que en los próximos meses y años se inferirá en el corazón de la izquierda, que se merece una situación mejor. Hoy por hoy, en este déjà vu que nos aqueja, sobran las palabras.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

La República Argentina y su sistema judicial, que otrora fueran ejemplos a nivel global, ahora están manchados por la ignominia de una causa viciada desde su inicio: la que termina con la confirmación de la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

Hace unos días se conoció el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia, integrada ahora sólo por tres jueces (único tribunal supremo de un país que funciona como triunvirato, la corte con menos miembros del mundo) y que confirmó la condena a seis años de prisión y de inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos a la expresidenta y principal lideresa política del país.

La figura política más relevante de la oposición, ha sido penada por administración fraudulenta en una de las causas judiciales más controvertidas en Argentina. La condena fue dictada por un tribunal oral federal, que la propia CFK denominó como “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.  

Desde el inicio de la causa, en la instrucción de esta, se plantearon múltiples nulidades por un sinnúmero de irregularidades procesales y funcionales que fueron desestimadas sistemáticamente por un entramado de jueces abiertamente militantes del antikirchnerismo y el antiperonismo. Configuraciones políticas que en la Argentina determinan la historia contemporánea. 

Muchas de esas irregularidades del proceso -una verdadera hoguera inquisitorial- fueron impulsadas políticamente por el entonces gobierno nacional de Mauricio Macri, a través de organismos del poder ejecutivo, contra funcionarios del gobierno anterior, querellantes instrumentales, manipulación de informes técnicos y medios de comunicación afines, que organizaron campañas de amedrentamiento de los jueces, nunca antes vistas en la historia argentina. 

A ello se sumó la “doctrina Irurzun” (que sirvió para ingresar en prisión a la líder de la Túpac Amaru, Milagros Sala, al vicepresidente Amado Boudu, o al ministro De Vido, entre otros), apadrinada por el juez de apelación del mismo apellido. Determinaba que todos los políticos procesados del Gobierno kirchnerista debían estar en prisión preventiva (no importando que no se cumplieran los requisitos legales para ello), porque supuestamente tenían aún poder para manipular el proceso judicial. Afirmación falsa si se tiene en cuenta que, en Argentina, como en otros países, el sistema judicial siempre es refractario a lo democrático y popular.  

La hoguera infinita prendida arteramente por aquellos indignos, ha concluido, mediante la pluma de una parte de la justicia argentina y según lo planeado, en una sentencia condenatoria de CFK, su enemiga política, que, en vez de quemarla a ella, destruirá al propio sistema judicial. 

La Corte Suprema, aun en su versión jibarizada y degradada actual, ha tenido la oportunidad de responder jurídicamente y con suficiencia a las alegaciones muy fundamentadas de la defensa, de arbitrariedad y de violación de principios constitucionales y convencionales. Sin embargo, lo ha hecho alterando todos los procedimientos usuales de tratamientos de recursos de queja contra condenas, ha denegado todas y cada una de las alegaciones con excusas formales, para asegurar la cárcel efectiva de CFK. 

Queda así demostrada su espuria relación con el actual poder ejecutivo argentino, el poder económico y mediático del país que, ahora, al contrario de lo que ocurrió en 2019 –cuando “exigieron” a la Corte Suprema que no resolviera las nulidades alegadas y dejara seguir su libreto a los jueces del tribunal oral– imponía la rápida decisión de rechazo de los recursos de las defensas. 

Lo que normalmente hubiera tardado en resolverse unos siete años, ha quedado resuelto en menos de un mes, y ello para hacer efectivo el sueño de la derecha vernácula: la cárcel y la proscripción definitiva de CFK y evitar su candidatura anunciada a diputada provincial en la próxima contienda electoral.

Entre 2015 y 2019 (los años del gobierno macrista) Cristina fue procesada en trece causas penales, en las que siempre intervinieron los mismos jueces de instrucción y los mismos jueces de apelaciones y de casación para las revisiones. Muchas de esas causas, desgajadas artificialmente de las originales y violentando el principio ne bis in idem, (no juzgar dos veces por el mismo hecho), fueron armadas por los servicios de inteligencia del macrismo, incluso llegando a acusarla de un delito que no existe en el código penal argentino y que en la constitución histórica sólo puede cometerse en casos de guerra: el de traición a la patria.  

Todas estas persecuciones políticas fueron orquestadas por lo que se denominó “la mesa judicial del macrismo” que hacía explícita las connivencias entre el poder político, los servicios de inteligencia, las embajadas de Estados Unidos e Israel, los intereses del Fondo Monetario Internacional y los llamados “fondos buitres” junto con el poder judicial macrista. 

La causa judicial llamada “vialidad” por la supuesta administración fraudulenta en la concesión de la obra pública en la provincia de Santa Cruz fue desde su comienzo una causa construida por aquel conglomerado, como una especie de Causa General contra el kirchnerismo. Los fiscales inclusive acusaron a Cristina de presidir una supuesta asociación ilícita desde el Estado, que luego el tribunal desechó. 

En este proceso kafkiano las pruebas fueron sustituidas por las presunciones, indicios y conjeturas construidas por los fiscales y aceptadas por el tribunal. Fueron abandonadas, como nunca antes en otro proceso judicial, la obligación de probidad, independencia, objetividad e imparcialidad, para construir las presunciones con técnicas mediáticas desde la ideología política de los magistrados. 

Más allá de las escandalosas relaciones entre los fiscales, los jueces, los revisores y el poder mediático/político dominante --desde antes de su apertura como causa y aún durante la instrucción y sustanciación en el juicio oral--, esta causa fue transmitida en vivo por los canales del multimedia más poderosos del país, con una insistente obcecación por mostrar culpables a la ex presidenta y sus funcionarios, con lo que quedaron develadas las estrechas relaciones con el principal propulsor de esta causa, el entonces presidente Macri, que ocupaba sus ratos de ocio jugando a distintos deportes con los magistrados, en la residencia presidencial. 

No obstante, a pesar de la falta de imparcialidad de los juzgadores y de objetividad de los fiscales y de que la consecuencia de este proceso es la exclusión de por vida de la acción política y la muerte civil de la principal lideresa política de la República Argentina, la Corte no consideró que fuera un caso de gravedad institucional. 

El tribunal federal que la condenó reconoció que no tuvo pruebas directas que señalaran primero la existencia del delito y segundo la responsabilidad de los imputados. Añadía que, en este tipo de delitos, es muy difícil obtener pruebas directas, pero es que, tampoco las había indiciarias ni periféricas. Y, además, no tuvieron en cuenta que los mismos hechos fueron juzgados previamente en otros dos tribunales del país y se llegó a la conclusión de inexistencia del supuesto delito.

Pese a la ausencia de pruebas de la existencia de los hechos calificados como delictuales y sin probar la autoría y participación de los condenados, no tuvieron recato en afirmar machaconamente, a lo largo de fojas (folios) plagados de adverbios y prejuicios que existía (sin existir) “profusa prueba” y “convencimiento íntimo”. Todo ello en línea con la culpabilidad mediática preestablecida contra la ex presidenta. 

Ante estos y muchos planteamientos más, en los que se señala la violación de los principios de proporcionalidad, de congruencia entre la acusación y la condena, de inocencia y de valoración probatoria, la Corte Suprema se despacha sin fundamentos, diciendo que la defensa no ha logrado convencer de esos extremos a la máxima instancia judicial del país. Con el argumento formal de la no autosuficiencia de la exposición de los agravios, cosa que no se prueba que así sea. 

Sin justificación, sin responder coherentemente a los agravios, la Corte confirma así una sentencia ignominiosa, donde se cumple lo que el presidente Milei había dicho varias veces: que Cristina iba a ir presa y que él sería el que le pusiera el último clavo al ataúd, en un ejemplo paradigmático de lawfare en la región. Amargo paralelismo con el caso seguido en España contra el Fiscal General del Estado.

Tenemos a dos presidentes opositores a Cristina detrás de la organización de esta pantomima judicial: Macri y Milei. Dos presidentes de la derecha, funcionales al poder mediático y empresarial, a los poderes financieros internacionales, orquestando lo que Cristina denominó “el partido judicial”. 

Esta violencia institucional contra la justicia supone la degradación del Estado de Derecho y no tiene parangón con nada que haya sucedido antes en la Argentina democrática. Quizá el antecedente más directo y claro sea el llamado caso Sobornos de Ecuador contra el expresidente Rafael Correa, en el que se condenó a este in absentia por “influjo psíquico”. La que fuera fiscal general del Ecuador durante la tramitación de ese caso ahora es casualmente la embajadora en Argentina. 

En este como en aquel caso, hay ausencia de pruebas directas, la idea de una autoría espiritual y la profusión de documentos que no prueban nada, pero que, en su acopio incongruente, repetición y producción en serie aparenta un entramado probatorio artificial en el que falta la base real sobre la que apoyar el castillo de naipes, pero que es suficiente para el fin político perseguido a modo de derecho penal del enemigo y derecho penal de autor. 

Sin pruebas directas o indiciarias de la participación de la expresidenta, ni sobre la existencia misma del delito, con la eliminación de control de la defensa, la incorporación irregular con las que se adjuntaron algunas pericias parcializadas, el rechazo de las nulidades solicitadas o del peritaje contable sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, la única opción jurídicamente defendible en un verdadero Estado de Derecho, era la de abrir la queja y absolver por ausencia de delito. 

Como se ha señalado ut supra, lo más bochornoso en este proceso ha sido el manejo mediático de la causa, la manipulación de la opinión pública. Tanto desde la instrucción hasta la revisión por queja en la Corte Suprema, los medios opositores a Cristina (Clarín, La Nación) han exigido a los fiscales y jueces, pública y desvergonzadamente, que la ex presidenta tenía que ser condenada. Típica operación de lawfare de determinados conglomerados mediáticos empresariales, que, desde hace años, se la tenían jurada tanto a Néstor Kirchner como a Cristina Fernández por sus políticas sociales y económicas.

Diego García-Sayán, honorable jurista peruano y entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, describió muy detalladamente en un informe oficial el plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial por parte de Mauricio Macri, mediante destituciones, intimidaciones, traslados y designaciones ilegales de jueces, entre 2015 y 2019. Hasta el punto de que a dicho gobierno se le recuerda en la historia política argentina  por el endeudamiento externo, la consiguiente fuga de capitales y la persecución mediático-judicial de los opositores. 

Son los mismos medios que propugnaron e inventaron esta causa, los que apuraron a la Corte Suprema para que confirmara la condena efectiva y ahora hacen campaña para que no le den prisión domiciliaria (que le correspondería por la edad y el peligro que corre de que intenten matarla nuevamente). Son los mismos que lamentaron que “la bala no saliera” en la tentativa de magnicidio del año 2022 y que ahora quieren verla humillada en una cárcel. Sin embargo, eso no es lo que sucederá. 

El odio es el combustible que alimenta a las derechas en todo el mundo, antes y ahora. En la Argentina eso tiene un nombre específico y se llama anti peronismo. Hace exactamente 70 años, el 16 de junio de 1955, para derrocar al presidente Juan Domingo Perón, la Armada argentina bombardeó a su propio pueblo, en la Plaza de Mayo, causando más de 300 muertos y miles de heridos. Después del golpe, fusilaron a los peronistas de la resistencia pacífica. Luego llegaron más dictaduras, con más fusilamientos, proscripciones, torturas y desapariciones forzadas. El saldo de 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico militar, tenía el signo inequívoco del odio al peronismo y sus epígonos. 

Ahora, tras aquel intento fallido de acabar con su vida, el miedo que tienen a una Cristina Fernández de Kirchner libre y posible candidata y el odio pertinaz al liderazgo popular que tantos beneficios aportó en favor del pueblo argentino, se pretende consumar de manera aparentemente menos cruenta, con su prisión y su proscripción o muerte civil y política. 

No olviden, estimados lectores, que con estos fallos la Justicia ha quedado maltrecha y torcida, y la confianza en los jueces, perdida. Recuerda el maestro Zaffaroni la etimología del verbo “prevaricar”, que significa algo que se dobla respecto de una línea recta, algo que se tuerce: las piernas torcidas con las que camina la justicia. La democracia ha sufrido otro golpe de parte de quienes deberían ser los buscadores de la verdad. Los jueces que han perpetrado este fallo son responsables de tal perversión, porque renunciar al deber de imparcialidad es el principio del fin de la justicia y el declive de la civilización tan duramente construida por el esfuerzo de miles de personas y especialmente de las víctimas. Existe además un efecto no querido en todo esto, se ha despertado a un gigante: el peronismo de la resistencia, que llevaba demasiado tiempo dormido, que tiene experiencia de crecer en tiempos de proscripción y de persecución. 

Las instituciones republicanas fueron permeables y manipulables por los oscuros intereses foráneos y de clase. Ahora hay que demostrar que la democracia sigue viva y los pueblos, más temprano que tarde, volverán a habitar las grandes alamedas por donde pasean la mujer y el hombre libres. 

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Baltasar Garzón Real es jurista y Matías Bailone es profesor de Derecho.

En junio de 2012, como futuro presidente (2013/2015) del Centro de Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) con sede en Buenos Aires, tuve que viajar a Montevideo (Uruguay). Además de alguna visita institucional más, tenía concertada una reunión con el presidente Pepe Mujica, que, en ese momento, desarrollaba su segundo mandato con el Frente Amplio. 

Llegamos a su chacra (granja, alquería) sobre las 11 a.m. y estuvimos casi hasta la 3 p.m. Al llegar, nos recibió Manuela, su perrita a quien le faltaba una pata, pero se movía como si la tuviera. El presidente nos recibió en una sala no muy grande con muebles rejuntados y variopintos, donde nada combinaba con nada y el polvo se acumulaba entre montañas desordenadas de libros, testimonio del uso constante de los mismos. Pepe, así nos “exigió” que lo llamáramos, nos esperaba con su mate bastante grande y una botella de Johnny Walker etiqueta roja para las visitas. Después de compartir la infusión que había preparado, tomé un “chupito” de whisky que casi me mata.

La verdad es que, apenas unos minutos después, el ambiente se convirtió en acogedor y mágico. Yo tenía la sensación de flotar entre las frases cadenciosas que Pepe iba pronunciando, con la musicalidad característica de los hermanos argentinos y uruguayos. Nos contó por qué prefería recibirnos en este lugar. Su explicación fue muy original, pero absolutamente coherente con su forma de pensar y actuar. Nos habló de la fatuidad del lujo arquitectónico y del mobiliario, que las monarquías europeas habían trasladado a tierras americanas durante la colonización. Añadió que, a pesar de las guerras por la independencia, los nuevos gobernantes habían asumido esa cultura, impropia de la tradición autóctona americana y que, en tiempos modernos, se había agrandado dando cabida a lujosos carros (coches), ropas ampulosamente elegantes y caras; seguridad exagerada; teléfonos y radios móviles… como si todo esto fuera parte esencial para definir el poder real. 

Este discurso, inesperado, captó mi atención aún más cuando argumentó que así se fomentaba la importancia artificial de las apariencias y el contenido real de las cosas se va perdiendo. Por esto, dijo, “prefiero seguir siendo el mismo, aunque sea, en este momento, el presidente de la República Oriental del Uruguay, porque mi compromiso es con el pueblo y no con todo el boato del que se rodea al poder, por eso tomo las decisiones desde aquí, sigo con mi viejo Volkswagen "Tipo 1" (o Escarabajo) y lo conduzco cuando no me queda más remedio que ir a las oficinas de gobierno”. 

A partir de ese momento me sumé a su causa. 

Me preguntó detalles sobre la detención de Pinochet. Me dijo que lo había comentado con Fidel Castro, quien no estaba muy de acuerdo (imagino que porque algún temor albergaba en aquel momento) pero que él sí consideraba justo el caso por el dolor que había producido en miles de víctimas. Y también, porque supuso el fin de la impunidad en Chile y un gran avance para la justicia a las víctimas. Me impresionó ya entonces su visión clara.

Añadió un comentario final, respecto al dictador chileno, que aún recuerdo: “Nadie tiene comprado nada… aunque la soberbia humana a veces nos hace creer que se puede comprar el poder en contra del pueblo, masacrando a ciudadanos inocentes”. Dijo también: “Algo similar les sucede a los funcionarios, que, obnubilados por el poder, van perdiendo su vocación de servidores públicos en un camino de degradación de las instituciones y de quienes las representan. Recuperar la esencia de las instituciones al servicio del pueblo es la esencia”.

Recuerdo la foto que nos tomamos con el presidente, al despedirnos, el responsable de la UNESCO para Latinoamérica, Jorge Grandi y la directora del CIPDH, Adriana Arce. 

Pocos meses antes, en febrero, el Tribunal Supremo español había decidido mi inhabilitación en una sentencia rechazada por el comité de Derechos Humanos de la ONU que en agosto de 2021 emitiría un contundente dictamen, resaltando las “dudas” objetivamente justificadas sobre la solvencia de la misma, la inexistencia de “acceso a un tribunal independiente e imparcial” , sin previsibilidad en la conducta penal imputada, ni posibilidad de doble instancia en los procesos del franquismo y de Gürtel. Aún hoy el Comité y yo estamos a la espera de que el Estado lleve a cabo la reparación exigida.  

En aquel momento, sus palabras me resultaron reconfortantes porque me encontraba al principio de una nueva vida y de una incógnita de futuro motivada por la incomprensible –o muy comprensible– decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.  

Después, hemos participado en luchas comunes en defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, acciones políticas y foros progresistas en Montevideo (2019), en Buenos Aires (2022) o en Santiago de Chile (2023), y nos reunimos en Madrid en una cena que compartimos él, su mujer Lucía, poco antes de la pandemia (8/2/20). En todas estas ocasiones, analizamos la situación política internacional y de los derechos humanos. Agradezco el aprendizaje que me ha permitido esa relación privilegiada con un ser humano excepcional, de su sabiduría política y de vida y de la coherencia de quien ha defendido con honestidad los valores esenciales del progresismo y de la izquierda militante.

La muerte de Pepe Mujica, no por vaticinada menos dolorosa, me ha llevado a un desconsuelo próximo al que acompaña a la orfandad. En un mundo en que avanza la ultraderecha y en el que personajes como Trump, Netanyahu o Putin campan a su albedrío pisoteando o masacrando a las personas o apropiándose de la economía sin contemplaciones, su falta es una grave carencia a la hora de llamar al orden a los poderosos o romper una lanza por los vulnerables.

El mundo va mal, sin duda. Les pondré un ejemplo: Leo que “el número de delitos por motivos políticos en Alemania (desde incitación al odio en redes sociales hasta agresiones físicas) aumentó en 2024 un 40,22% hasta alcanzar los 84.172 casos, su nivel más alto desde que se introdujeron las estadísticas en 2001. Más de la mitad de estos casos fueron impulsados por la ideología de derechas”. Son datos obtenidos del último informe anual presentado el 21 de mayo por Holger Münch, presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA). Esto supone que se hayan perpetrado 24.000 delitos más que el año anterior, cuando las cifras ya suponían un récord maligno. El artículo señala también que, para el ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, se trata de “una evolución preocupante”, que está impulsada por “la polarización” de la sociedad, pero también por un creciente antisemitismo, por el conflicto de Oriente Próximo. En las elecciones alemanas, tanto en las europeas como en las regionales, se produjeron ataques físicos de la extrema derecha.

Mujica no era en absoluto ajeno a la ola de populismo de extrema derecha que asola el mundo. Sobre el vecino Milei, sobre Bolsonaro o Trump, sintetizaba su opinión en una frase: "Si el liberalismo es eso, es una mugre”, señalando cómo habían convertido el liberalismo en "un recetario económico".

En el Salto Diario reflejaban muy bien la personalidad del expresidente: “Un ser humano que en su batalla por cambiar el mundo tuvo altos precios que pagar. Pepe Mujica comenzó su lucha como guerrillero de los Tupamaros en Uruguay y permaneció más de 13 años en la cárcel, siete de ellos en aislamiento. Esos años de profunda soledad forjaron su carácter y construyeron a la persona política que conocimos (…) Un socialista de convicción y anarquista de corazón, que acabó ganándose la simpatía incluso de aquellos que política e ideológicamente no estaban cerca. Aunque crítico con la propia autoridad del Estado, se convirtió en presidente de Uruguay. Vivir significa navegar entre contradicciones y para construir el ideal futuro hay que vivir el presente...”  

 ¿Qué diría Mujica hoy de los horrores que estamos viviendo, de la pesadilla de muerte y destrucción en que estamos sumidos? Tuve el honor de que escribiera un prólogo a mi libro La Encrucijada y me atrevo por ello a suponer que no estaría ahora muy lejos de lo que allí apuntó  y aquí reproduzco, en orden al papel de la justicia:

 “… Salta a la vista la larga cadena de injusticias de la historia de la justicia humana. Siempre encorsetada entre las clases sociales hay una filosofía del Derecho en estas páginas, de considerarlo un instrumento regulador de la conducta humana, tras la intención de cultivar valores y asegurar confianza en la sociedad. No obstante, se reconoce la larga lista de atrocidades apañadas por la justicia, siempre jaqueada por el poder. La judicialización de la política, el acoso autoritario sobre la justicia, la separación de poderes, las influencias mediáticas y el lobbismo, la impunidad en las violaciones a los derechos humanos, los ecocidios sin respuesta…”

De guerrillero a presidente, se presentó ante la ONU en 2015 de esta guisa: “Amigos todos, soy del sur, vengo del sur. Esquina del Atlántico y del Plata, mi país es una penillanura suave, templada, una historia de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne.

Tuvo décadas púrpuras, de lanzas y caballos, hasta que por fin al arrancar el siglo XX se puso a ser vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza. Diría que la socialdemocracia se inventó en el Uruguay…”

Luego abordó temas trascendentes: “La tolerancia es el fundamento de poder convivir en paz, y entendiendo que en el mundo somos diferentes. El combate a la economía sucia, al narcotráfico, a la estafa, el fraude y la corrupción, plagas contemporáneas, prohijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos felices si nos enriquecemos sea como sea. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales. Les ocupamos el templo con el dios mercado, que nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas, la apariencia de felicidad…”

Como ven, su discurso está tan vigente ahora como hace diez años. Tal como entonces, seguimos yendo contra la especie, como advertía en aquella misma fecha frente a los representantes de las Naciones Unidas. “Continuarán las guerras y por tanto los fanatismos hasta que tal vez la misma naturaleza nos llame al orden y haga inviables nuestras civilizaciones. Tal vez nuestra visión es demasiado cruda, sin piedad, y vemos al hombre como una criatura única, la única que hay arriba de la tierra capaz de ir contra su propia especie”.

También contra el conflicto bélico, preconizaba: “Hasta que el hombre no salga de esa prehistoria y archive la guerra como recurso cuando la política fracasa, esa es la larga marcha y el desafío que tenemos por delante. Y lo decimos con conocimiento de causa. Conocemos las soledades de la guerra. Sin embargo, estos sueños, estos desafíos que están en el horizonte implican luchar por una agenda de acuerdos mundiales que empiecen a gobernar nuestra historia y superar, paso a paso, las amenazas a la vida. La especie como tal debería tener un gobierno para que la humanidad supere el individualismo y bregue por recrear cabezas políticas que acudan al camino de la ciencia y no solo a los intereses inmediatos que nos están gobernando y ahogando.”

¿Qué más se puede añadir a este pensamiento? Se ha ido Mujica y yo sigo contemplando esta foto antigua y recordando aquel momento en que me dedicó el afecto y la palabra que años más tarde tendría la generosidad de regalarme en ese escrito, pórtico de mis propias reflexiones sobre el cruce de caminos común en que nos encontramos y nos desconcierta.  

El prólogo de Pepe Mujica a mi libro concluía así:

“Seguramente se concordará o no, pero importa salir de la neutralidad inocua y pasiva. A partir de esto es posible comprometerse y darle una causa a nuestra vida. Intentar vivir para y por cambiar una cultura, siempre por los demás, pero, en el fondo, por nosotros mismos. Una forma de honrar el milagro de vivir”.

 Que ese pensamiento nos guíe. Gracias, presidente.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

José María Aznar dio la orden de salida con Alberto Núñez Feijóo, su delfín, sentado junto a él, el 24 de abril de 2024, según recuerdan las crónicas. Lo dijo así de claro: "¿Qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar [...]. La inhibición no tiene hueco”. A partir de entonces, sus palabras han cobrado carta de naturaleza en España, como santo y seña para que todos quienes quieran atacar y acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez se pongan a ello, sin importar los medios, modos o formas que utilicen.

Estas frases me sirven para dar título e inicio a estas reflexiones ante la vorágine de acontecimientos que estamos viviendo y que nos llevan a la sensación de movernos en un cenagal asfixiante, más aparente que real, aquí en casa, y en la más trágica impunidad fuera de nuestras fronteras.

Me explico: asistimos a procesos judiciales armados desde el más puro y espurio interés partidista –y por ende parcial– y mediático de parte del espectro político social de nuestro país. Tenemos al Partido Popular y a Vox a la cabeza de la manifestación, utilizando el Poder Judicial como arma de avancarga para sus fines particulares. Del mismo lado, una dinámica perfectamente coordinada de variados medios de comunicación, amén de las redes sociales, para que la música resulte armónica y tengamos la sensación de que es real la fosa séptica en la que pretenden que nos creamos sumidos. De otro, y en la misma línea, un sector judicial no muy numeroso, pero sumamente estratégico que, con sus resoluciones (cuyo fuerte principal no es la argumentación ni la congruencia jurídica que debe subyacer en toda acción procesal sino la oportunidad de su impacto), acompaña, cuando no lidera, la algarada antigubernamental.

Como resulta fácilmente constatable en el día a día informativo, de un tiempo a esta parte no salimos de una dinámica política cuasi basada de forma principal en las resoluciones de los tribunales, como hacía tiempo no se daba en España.

Sin mayor detenimiento o reflexión, todos opinamos sobre lo que está ocurriendo alentados por la incontinencia premeditada de determinados representantes públicos (principalmente políticos conservadores y ultraconservadores) y opinadores que utilizan, con licencias laxas, el lenguaje más soez y descalificador respecto del contrario y lo continúan en concentraciones neofascistas o manifestaciones contra la “mafia de la Moncloa”. Todo ello, con el objetivo de aniquilar, al menos dialécticamente, sin meditar en las consecuencias que ello comporta o, lo que es peor, haciéndolo con toda intención, para que se rompan los diques de contención del sistema democrático.

Algunos ejemplos de lo que digo:

Por la parte contraria, el Gobierno da la impresión –admítanme el símil pugilístico– de estar contra las cuerdas y se refugia en un rincón del cuadrilátero aguantando a duras penas los golpes que les infligen esos estamentos. El jab para mantener la distancia y evitar que se hable de las propias miserias que, por más evidentes que sean, se solapan de forma permanente con las reales (operación Cataluña, Kitchen, responsabilidades de Mazón en la gestión de la dana) que arrastran los populares.

Ganchos de derecha cargados de instrucciones judiciales inicuas contra la familia del presidente en diferentes regiones del territorio nacional; swing de presunta corrupción de un antiguo ministro y su staff de aprovechados de pandereta, y baile de control con otros actores intermedios (novias, contratados, posibles coimas, juergas imaginarias, etc.).

Continúo: el directo con forma de acusaciones falsas e infundadas contra el Fiscal General y otros; el gancho o uppercut al costado, trufado de audios fraudulentos, “ataques” a la UCO (entidad elevada a los altares por pura conveniencia, con razón o sin ella), aficionados hablando con empresarios huidos que buscan un acuerdo fiscal y abogados a quienes no se respeta la confidencialidad con su cliente. Sin olvidar el hook, configurado por la propia falta de reacción ante todo este cúmulo de acciones coordinadas, con una defensa proactiva que ponga en valor lo que se ha hecho y desmonte este castillo de arena que en algún momento se caerá, aunque sea tarde, pero tras múltiples daños, algunos irreparables.

Es precisamente esa falta de reacción lo que me preocupa y me enerva, tanto a nivel nacional como internacional.

Iniciativas que no avanzan, proyectos que duermen el sueño de los justos. Como la reforma de la jurisdicción universal que ponga fin a la antiley que la reguló en 2014, ejemplo de norma dictada para atacar a las víctimas de crímenes contra la humanidad, genocidio o guerra, dejándolas en desamparo total. Cuán necesaria sería ahora esa norma renovada que recupere la dignidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; esa ley que permitía investigar y perseguir crímenes de esta naturaleza, sin importar la nacionalidad de las víctimas o de los perpetradores ni el lugar donde se cometieron y sí solo que no hubieran sido juzgados, cuando la impunidad se adueña de la justicia allá donde se masacra a miles de víctimas, llámese Ucrania, Gaza, Yemen o Congo, por ejemplo.

O, quizás, lo que se busque sea la impunidad. A nadie se le escapa que el presidente Pedro Sánchez se distingue en Europa por su respuesta contra a Israel y su apoyo a las víctimas de la masacre permanente de miles de víctimas en Gaza. Frente a lo que aparenta ser una total falta de valentía del PP y el apoyo descarado a Netanyahu por parte de Vox, el Gobierno socialista estorba no solo a la derecha y ultraderecha española, sino también a sus amigos internacionales.

Sánchez, como representante de una formación progresista, ha sabido ver que es prioritario parar la masacre. Y es muy posible que eche ahora en falta la vigencia sin paliativos de esa justicia universal que reivindico. Porque creo que debe ser consciente de que las respuestas que se ofrecen como la solución al conflicto israelí palestino de los dos Estados no son suficientes; hay que ser más proactivo, hay que retomar la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, hay que imponer el cumplimiento de las leyes que protejan realmente a los más vulnerables. Debemos avanzar de una forma definitiva para acabar con esta sensación de ahogo que nos está matando.

Hubo un tiempo en el que nos unió el grito contra el terrorismo, contra la guerra, en favor de las víctimas del franquismo, contra la corrupción profunda y sistémica, por la verdadera justicia que pone en el núcleo la defensa de las víctimas, no la que oculta intereses particulares de personajes frustrados y aspirantes a políticos disfrazados desde el estrado más supremo. Es el momento de hacerlo de nuevo: el sueño de una justicia justa nacional e internacional es posible.

Cada niño destrozado en Gaza, cada disparo de armas suministradas por Occidente, cada omisión de los poderes públicos de una Unión Europea en la defensa de Palestina nos hace más culpables a todos y contribuye al holocausto que sufren sus ciudadanos. ¿Hasta cuándo el poder judicial israelí consentirá que los actuales dirigentes de su país sigan asesinando la paz en vez de exigirles que rindan cuentas de sus atrocidades? ¿Hasta cuándo el pueblo israelí seguirá apoyando la limpieza étnica de Gaza?

Es necesario actuar cada cual en sus respectivas responsabilidades, no para acabar con Sánchez como pretenden Aznar y Feijóo, sino para erradicar la abulia más absoluta en la que nos encontramos. Podemos atender a opiniones desde el cómodo sillón de las tertulias, seguir comiendo o cenando con unas noticias mortecinas y fotos de los niños y civiles hambrientos o destrozados por bombas o armas pesadas (y si nos molesta, es sencillo acabar con la sucesión de imágenes atroces apagando el televisor). Podemos continuar haciendo oídos sordos ante la debacle que estamos consintiendo; podemos ser ciegos para no ver el genocidio evidente sobre un pueblo humillado y destruido…

Incluso, podemos minimizar la agresión actual de los responsables políticos y militares de Israel hacia un pueblo indefenso y seguir acusando a los terroristas de Hamás como origen de todo. Lo que no podemos es seguir llamándonos demócratas, afirmando que respetamos el Estado de derecho si actuamos así; porque este, en cualquier país, no está para consentir y contribuir a la barbarie sino para actuar con toda su fuerza contra la misma. El que pueda hacer, que haga.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.