Antes que nada y para que sirva de guía, debo identificar algunos conceptos para que el lector sepa de lo que estamos hablando. Colaborador con la justicia (copartícipe de la actividad criminal) es el que facilita información relevante y por ello recibe incentivos penales. Su testimonio está estructuralmente condicionado por el interés personal y exige corroboración independiente. Confesión/arepentimiento ordinarios (art. 21,4 CP): cuando el acusado reconoce su propia participación delictiva ante las autoridades, sin necesidad de aportar información sobre terceros. Alertador/Whistlebloower: Quien denuncia hechos ilícitos sin haber participado en ellos. En España está regulado en la Ley 2/2023 de 20 de febrero.

El 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo dictó la primera sentencia de la historia democrática española que condena a un ministro en ejercicio cuando ocurrieron los hechos, por corrupción. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, ha sido condenado a veinticuatro años de prisión. Su asesor Koldo García, a diecinueve. Víctor de Aldama, el empresario que diseñó, articuló y lideró operativamente toda la trama, lo ha sido a cuatro años y seis meses sin obligación de cumplir un solo día de cárcel por esta causa, sin pagar multa y conservando sus ganancias. Ábalos y Koldo permanecen en prisión desde noviembre de 2024, y, ahora, de forma definitiva hasta la extinción de la pena, sin posibilidad de recurso alguno que lo impida. Ese contraste es la imagen que mejor define el estado del sistema judicial español en materia de colaboradores con la justicia: un sistema sin ley, sin reglas, sin límites fijados por el Parlamento y permeable a la estrategia procesal de quien tenga los medios para aprovecharla.

El PP y Vox respondieron exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. El argumento era sencillo: el Tribunal Supremo declara probado que una organización criminal operaba en el núcleo del Gobierno. La sentencia cerraba así, según este planteamiento, el círculo iniciado en 2018 con la moción de censura que el propio Ábalos defendió invocando la regeneración democrática. Lo que ninguno de los dos partidos mencionó es que durante los años en que el PP gobernó con mayoría absoluta —2011 a 2018, exactamente cuando el caso Gürtel estaba en su apogeo— tampoco impulsó ninguna ley de colaboradores con la justicia con garantías reales. La cuestión de quién puede ser acusado colaborador, cuándo, en qué condiciones y con qué límites no interesó al PP cuando podía haberla regulado con su mayoría parlamentaria.

El PSOE respondió atacando al PP, recordando que la sentencia del caso Gürtel fue la que justificó la moción de censura, y subrayando que el Gobierno actuó en cuanto tuvo conocimiento de los hechos. Podría haber mencionado también que la fiscal general del Estado ordenó al fiscal jefe de Anticorrupción que no solicitara la rebaja de pena para Aldama, a pesar de lo cual, en su informe final, aquel valoró positivamente la colaboración del empresario y sugirió la aplicación de la atenuante muy cualificada. El Tribunal Supremo recogió el guante y aplicó la atenuante de oficio.

Pero ningún grupo parlamentario —ni de izquierda ni de derecha—ha anunciado hasta la fecha iniciativa legislativa alguna para regular el estatuto del acusado colaborador con la justicia. La sentencia es utilizada como munición política en todos los frentes, pero nadie señala el vacío que la ha hecho posible.

España es el único país de su entorno que carece de una ley específica que regule el estatuto del colaborador con la justicia en materia de corrupción. Italia, impulsada por Giovanni Falcone, tiene la ley de collaboratori di giustizia desde 1991, reformada en 2001. El Reino Unido con la Serious Organised Crime and Police Act de 2005. Alemania el 46b StGB desde 2009. Francia, con la Loi Perben II de 2004, con un decreto de aplicación que tardó 10 años en publicarse; reformada por Loi Nartcotrafic de 2025. EEUU en diversos precedentes entre 1963, 1972, 1971 1992 y la Federal Rule of Criminal Procedure de 1944/45/46. Argentina la Ley 27.304, de 2016.

Estas leyes establecen reglas escritas y plazos para revelar la información (en Italia:180 días desde que se está en disposición de dar la información, acta ilustrativa que delimita formalmente el contenido y alcance de la colaboración, obligación de reserva sobre las declaraciones, con consecuencias penales y revocación de beneficios si se incumple. En Gran Bretaña: acuerdo suscrito con el fiscal, revocación si suministra información falsa. En Francia, la creación de un estatuto de colaborador, obligación de reserva, posibilidad de revocación y control por la Comission Nationale de Protection y Réinsertion sobre las comunicaciones publicas del colaborador. E.E.U.U.: intervención y control directo de la negociación por el juez; solo rebaja de pena mediante moción del fiscal, revelación integra del acuerdo a la defensa, regulación de la colaboración postsentencia y cláusula de no divulgación pública so pena de perdida de beneficio. En Alemania: la información facilitada debe tener una relación claramente positiva y desde 2013, exige intervención y control judicial directo. En Argentina: acuerdo por escrito con asistencia letrada con el fiscal, homologación judicial, solo puede versar sobre hechos en los que ha participado, prohibición de fundar la condena solo en el testimonio del arrepentido, pena alta por información falsa, exclusión de los altos funcionarios como beneficiarios y límites claros a lo que el colaborador puede hacer y decir fuera del proceso.

En ninguno de esos países el colaborador puede ir de plató en plató haciendo declaraciones sobre el contenido de la causa, atacando al Gobierno, comprometiendo a terceros no procesados y permitiendo que sus declaraciones sean utilizadas como material de campaña por los partidos que simultáneamente ejercen la acusación en su contra. En España todo eso ha ocurrido —no solo en este caso— y ningún tribunal ha adoptado medida alguna para impedirlo. Apenas lo han hecho cuando el daño ya se ha producido y consumada la aniquilación social, política y personal del investigado, como en el asunto que afecta al expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero.

En los meses previos al juicio oral, Aldama acudió sistemáticamente a platós de televisión. Los medios afines a los partidos que ejercían la acusación popular reprodujeron y amplificaron sus declaraciones. Esos mismos partidos —que en el Parlamento pedían la dimisión del presidente del Gobierno— aparecían ante el Tribunal Supremo como acusadores formales, utilizando al propio Aldama como fuente de material político y procesal al mismo tiempo. El resultado es lo que se denomina lawfare mediático: la utilización del proceso judicial como arma de combate político a través de la instrumentalización del acusado colaborador como fuente de información que circula fuera del proceso y regresa a él transformada en presión y narrativa pública.

La sentencia del Tribunal Supremo consolida la libertad de Aldama a través de un mecanismo técnico que rara vez se explica con claridad. La ley española permite suspender la ejecución de las penas cuando el condenado carece de antecedentes penales ejecutorios y ninguna pena individual supera los dos años. El límite opera por delito, no por la suma total. Aunque la condena global de Aldama asciende a cuatro años y seis meses, el tribunal dosificó cada pena de forma que todas quedan por debajo de ese umbral. Resultado: Aldama sale libre.

A esto se suma que no se le impone multa y que el decomiso acordado cubre solo los pagos que Aldama hizo a los otros miembros de la organización, no las comisiones que él percibió. Las comisiones documentadas por los contratos de mascarillas superan los seis millones y medio de euros. Aldama conserva ese dinero. En ninguno de los 7 países citados como ejemplo de comparación, un colaborador con el perfil de Aldama habría salido conservando el grueso de las comisiones percibidas. En Italia la colaboración no exime del decomiso de las ganancias ilícitas. En Argentina la reducción de pena no alcanza a las multas. En Francia la loi narcotrafic de 2025 reforzó expresamente las consecuencias patrimoniales incluso para quienes obtienen el estatuto de repenti. En España, la STS 418/2026 equipara al alertador inocente con el coautor que negocia estratégicamente su libertad. Esta equiparación es conceptualmente forzada y revela la laguna normativa que la sentencia trata de colmar en beneficio del corruptor.

Lo que el debate político y mediático ha ignorado casi completamente es que Aldama no es una víctima ni un alertador que denunció lo que había visto. Era el articulador de la trama. Fue él quien identificó las oportunidades de negocio corrupto, quien las llevó al ministerio, quien estructuró los pagos, quien seleccionó las empresas a favorecer y quien firmó contratos de suministro de mascarillas días antes de que las órdenes ministeriales correspondientes se publicaran en el BOE. La versión que sitúa al entonces ministro Ábalos como jefe de la organización y a Aldama como un subordinado sin criterio, es la versión que el propio Aldama ha construido y ofrecido al tribunal. Nadie desde el interior de la trama la ha confirmado de forma independiente.

La experiencia acumulada en décadas de trabajo como juez de instrucción y como jurista en escenarios de investigación de casos de criminalidad organizada y de corrupción sistémica y blanqueo de dinero me permite afirmar algo incómodo: en delitos de contenido económico, quien colabora con la justicia rara vez lo hace por arrepentimiento genuino. Lo hace porque ha calculado que colaborar le produce mejor resultado que resistir. Y cuando ese cálculo se planifica con anterioridad —como parece probable en el caso de alguien con el perfil operativo de Aldama—, la colaboración no es un acto de contrición: es un elemento más de la estrategia para conservar la libertad y las ganancias.

Los partidos políticos que han utilizado las declaraciones de Aldama como arma política han contribuido a difuminar esta realidad. Lo han presentado como el héroe que se atrevió a hablar cuando en realidad era el organizador de los sobornos que encontró en la colaboración la mejor salida procesal. Y los medios de comunicación que reprodujeron sus apariciones televisivas sin contexto jurídico suficiente completaron el ciclo: el arquitecto de la corrupción se ha convertido en protagonista de un relato en el que su papel es el del honesto que denuncia, cuando su papel real fue el del corruptor que negocia.

Como he dicho, más allá de nuestras fronteras lo que aquí se ha normalizado en ningún sistema serio se toleraría. La Corte Penal Internacional, que juzga los crímenes más graves contra la humanidad, ha desarrollado el estándar más exigente del mundo precisamente para el testimonio de quienes pertenecieron a la organización criminal y luego cooperan. La CPI los llama insider witnesses y los trata como prueba intrínsecamente peligrosa: en el caso del expresidente marfileño Laurent Gbagbo absolvió, porque los testimonios de esos colaboradores internos eran débiles y faltaba conexión suficiente con la responsabilidad del acusado. Donde la CPI desconfía del coautor que delata y exige corroboración independiente antes de condenar, el Tribunal Supremo español acepta como prueba la documentación que el propio colaborador fabricó.

Y hay algo más. El artículo 70 del Estatuto de Roma convierte en delito corromper a un testigo, pagarle, prometerle beneficios, negociar el contenido de su declaración o coordinar una versión de los hechos. En el caso Bemba, la CPI condenó por ello no solo a intermediarios, sino al propio abogado del acusado. En el caso Ruto y Sang, la manipulación de los testigos contaminó hasta tal punto el proceso que terminó sin condena. La pregunta que esa jurisprudencia obliga a hacerse es la que en España nadie ha querido formular: cuando un colaborador es paseado por los platós, utilizado como arma política por quienes ejercen la acusación y convertido en personaje público mientras el proceso sigue abierto, ¿qué queda de la integridad de su testimonio? ¿Sigue siendo su palabra, o ya es el producto de quienes lo instrumentalizan? En cualquier tribunal internacional esa contaminación tendría consecuencias. En España no tuvo ninguna.

La conclusión es ineludible. España necesita una ley que regule quién puede ser acusado colaborador con la justicia, en qué delitos, con qué plazo para revelar la información, con qué prohibiciones de actuación pública durante el proceso, con qué obligación de decomiso de sus ganancias, con qué garantías para los demás acusados y con qué límites para los partidos políticos que ejercen la acusación popular. Mientras esa ley no exista, el resultado del siguiente caso dependerá de quién sea el ponente, de si el Tribunal actúa como juzgador directo o en casación, y de qué letrado haya negociado el acuerdo con qué fiscal en qué condiciones de opacidad.

Eso no es Estado de Derecho. Es azar jurídico con consecuencias reales para personas reales, para el erario público y para la credibilidad de las instituciones. Y es el resultado inevitable de treinta años de decisión política deliberada de no regular lo que todos los partidos han preferido mantener como instrumento disponible para cuando ellos mismos lo necesiten.

El día en que el Parlamento español apruebe una ley de colaboradores con la justicia que excluya a los funcionarios sujetos a aforamiento, que prohíba la acusación popular a los partidos políticos en causas de corrupción relacionadas con el poder, que imponga el decomiso de las ganancias del colaborador y que limite sus apariciones en medios durante el proceso, ese día habrá un sistema. Hasta entonces, lo que hay es jurisprudencia. Y la jurisprudencia puede cambiar con la siguiente sentencia.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

León XIV ha visitado España y ha dejado algunos mensajes emocionantes, señalando algunas de las principales fallas de nuestro sistema de misericordia e intentando poner parches a las grandes dejaciones de la Iglesia que representa. Ha estado muy bien que denunciara la falta de caridad con los migrantes; la insoportable visión del Mediterráneo y del Atlántico como grandes fosas comunes de seres humanos propiciadas por nuestra indiferencia. Ha sido espléndido su reproche a todos quienes no solo miran a otro lado, sino que buscan con saña la manera de arrojar lo más lejos posible, de abandonar a su suerte a niños, mujeres y hombres que huyen de su vida inviable y buscan un futuro.

También es verdad que ha mostrado grandes lagunas: su abrazo a las víctimas de la pederastia por parte de los clérigos ha sido insuficiente y demasiado medido. Apenas una tibia admonición a su equipo de obispos y cardenales; la omisión del colectivo LGTBI, muy evidente. En cuanto a la mujer, alguna reflexión insuficiente sobre la violencia de género y la constatación, una vez más, de que en la gran empresa que fundó San Pedro en su día, la mujer no pasará nunca de ser poco más que auxiliar administrativa en el mejor de los casos. Por supuesto, y en función de los criterios seculares que representa, el aborto o la eutanasia no entran en el guion. Nadie esperaba lo contrario.

Aun así, los mensajes positivos que ha planteado el pontífice son de valorar e incluso pueden empalidecer en ciertos momentos estas dejaciones. El papa ha traducido el mensaje de las bienaventuranzas al lenguaje actual, sintetizándolas en el reconocimiento del sufrimiento, de la impotencia y el dolor por la agresión a los Derechos Humanos, que deben ser el criterio que guíe hoy a quienes se dicen cristianos. No dudo que Jesucristo sería una activista a bordo de una flotilla rumbo a Gaza; defendiendo el Amazonas con los pueblos originarios; arrojando a los mercenarios del ciberespacio o enfrentándose sin contemplaciones a un Donald Trump que representa la conculcación de los valores del Evangelio.

La defensa de las personas, sea cual sea su situación, su condición o circunstancias y el aviso de que la inteligencia artificial puede convertir en piedra los corazones si permitimos que suplante nuestro conocimiento y, por ende, nuestra conciencia, son dos hitos de lo que León XIV está transmitiendo desde sus encíclicas, especialmente en la última, Magnifica Humanitas, o en persona. Ante la amenaza del fascismo que cada día deja sentir su aliento más cerca, el pontífice se erige como un polo de atención para advertir del peligro de deshumanización que nos acecha, y de la acción de las fuerzas del mal que trabajan para torcer voluntades y sumir en la indiferencia a hombres y mujeres a fin de que no reaccionen. Si permitimos la acción totalitaria, racista, xenófoba contra nuestros semejantes, nos convertiremos en culpables de aquello que les pueda ocurrir. El papa ha venido a avisar de que no somos ajenos a lo que está sucediendo, y que la responsabilidad por lo que acontece es tan nuestra por omisión, como la de aquellos que mueven el tinglado por su acción.

Debo reconocer que, a pesar de las diferencias, tengo múltiples coincidencias con el contenido de esa encíclica, que responden a una misma convicción de fondo, desarrollada desde tradiciones diferentes pero convergentes: la de que la dignidad humana es fundamento irrenunciable del derecho y la política; que la impunidad corrompe el orden jurídico y político; que la memoria de las víctimas es condición de la justicia y garantía de no repetición; que la paz exige justicia real y no solo ausencia de conflicto armado; que el multilateralismo y el derecho internacional son instrumentos inquebrantables; y que la concentración del poder —económico, tecnológico, mediático o político— es en sí misma una amenaza a la democracia y a los derechos humanos.

En este sentido, Magnifica Humanitas puede ser leída también como una legitimación doctrinal de primer rango de la jurisdicción universal, la justicia transicional, la memoria democrática, la lucha contra las nuevas esclavitudes, la defensa de los migrantes, la protección del medioambiente y el combate contra el lawfare, la desinformación y la impunidad. Esta coincidencia se basa en el hecho de que el progresismo humanista en el ámbito jurídico y el derecho, cuando este es verdaderamente justo, debe estar al servicio de los más vulnerables. “La obra de nuestro tiempo es construir la civilización del amor: no los arquitectos de Babel, sino los siervos del Reino que viene. Y en esa obra, juristas, activistas, poetas y pastores están, a su manera, poniendo cada uno su tramo de muralla".

Mientras el pontífice se expresaba de esta manera, a 2.000 kilómetros de aquí, en Irlanda del Norte, la ultraderecha protagonizaba una especie de noche de los cristales rotos contra inmigrantes, contra sus viviendas y sus familias en represalia desaforada por la agresión homicida de un asilado contra otro ciudadano. La ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, denunció que la ultraderecha alienta la tensión racial. Declaró a la BBC: “Esta es la pura definición de racismo”.

Es el peligro de lo que va sucediendo, que los posfascistas decidan actuar contra sectores de la población cuyo aspecto no sea de su agrado y utilicen la violencia y el terror. Lo hemos vivido aquí en el caso el de las agresiones a vecinos marroquíes de Torre Pacheco a manos de grupos ultraderechistas. O la constante animadversión por los niños y niñas que se encuentran solos y desamparados en nuestro país tras haber conseguido llegar en circunstancias terribles.

En el Parlamento dedicaron un gran aplauso (siete minutos), que se extendió en intensidad y tiempo, para responder al discurso del papa, exhibiendo una aceptación de sus palabras tan frágil como poco convincente.

Así fue. Tras su salida del hemiciclo, la derecha y la ultraderecha continuaron con sus asuntos. PP y Vox repartiéndose el botín de los puestos en las comunidades autónomas en que gobiernan al alimón y en las que los de Abascal han conseguido, entre otros trofeos, hacerse con la gestión del futuro de esos menores tan indefensos. Parece que a la supuesta derecha moderada no le ha temblado la mano a la hora de firmar un pacto tan canalla. En Andalucía, a otro supuesto ecuánime popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, no se ve que le repugne una alianza de este estilo. La tierra de María Santísima está en riesgo de ver pronto cómo se hacen realidad los peores temores. El recorte de libertades aletea sobre los andaluces que podemos vernos, si no se remedia, de regreso a tiempos oscuros, en los que los señoritos de siempre imponían la ley y obligaban a cumplirla. ¿O quizás exagero?

En Madrid, rompeolas de todas las Españas, el gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, no esperó siquiera a que el papa hubiera salido de nuestro país para impulsar dos acciones contrarias al sentido común y a las enseñanzas cristianas: de una parte, la imposición de que, para conseguir la tarjeta de transporte que permite utilizar metro, autobús y tren por la región en condiciones económicas más favorables, haya que estar empadronado sí o sí, requisito que muchos migrantes no cumplen, además de otros colectivos. Primer paso en esa línea de la denominada prioridad nacional, que no es sino un método de exclusión social.

En paralelo, la Comunidad madrileña, con un sentido muy poco piadoso, rizaba el rizo dando la orden de no avisar a las personas que viven en la calle de la retirada de sus enseres cuando se activa el protocolo de limpieza. ¿Se entiende la crueldad de un acto así? ¿Tiene alguna justificación desposeer a un ser humano de sus escasas pertenencias, de sus medicinas, de sus enseres básicos, de sus recuerdos? El desprecio y la brutalidad son los dos factores que se agazapan detrás de una disposición de tal calibre.

Poco ha servido a la derecha y a sus socios de ultraderecha –o quizás sea al revés– lo que el papa ha venido a explicar. Le han escuchado de esa manera, probablemente con impaciencia y han continuado con sus asuntos.

Cuando yo era niño, solía ser habitual que por cada casa del pueblo rotase una pequeña capilla que albergaba la imagen de la Virgen. Yo mismo la trasladé, en muchas ocasiones, y por ello me regalaban chocolate u otros dulces. La estancia duraba 24 horas, en las que la familia oraba ante la estatuilla, para luego pasarla al siguiente vecino. En un plazo de tiempo largo, la capillita volvería para, de nuevo, reverenciar a la figura. También se donaba algún dinero para limosnas, con destino a los necesitados o para misas. De algún modo, se cumplía con la obligada devoción. Creo que en algunas localidades aún se mantiene esta costumbre.

Me ha venido a la cabeza esa imagen con la visita de Robert Francis Prevost. Me parece que, para los líderes de la derecha y la ultraderecha, la estancia del papa ha sido algo parecido. Lo han tenido en casa durante una jornada, como un objeto a reverenciar, pero no imprescindible. En cuanto han podido se lo han pasado al siguiente. Han dado una apariencia de decoro y beatería. Y después, lo han relegado al olvido hasta que les toque de nuevo. Sospecho que ni siquiera han rezado. Solo han cumplido con la capillita.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

Baltasar Garzón ha investigado algunos de los mayores delitos cometidos en España, como crímenes contra la humanidad, terrorismo de Estado y corrupción política y económica. También ha ejercido, entre otros cargos, de asesor del Tribunal Penal Internacional de la Haya y de director de la defensa jurídica del periodista Julian Assange.

En este nuevo ensayo nos ofrece argumentos para reflexionar sobre asuntos que están impactando en nuestras vidas. Desde el aquelarre judicial a los casos evidentes de lawfare, la corrupción, el racismo, los bulos, el juicio incomprensible al exfiscal general o las nefastas consecuencias de la irrupción de Trump en el mundo.

El libro llegará este próximo 3 de junio a las librerías a través de la editorial Planeta, pero infoLibre adelante a sus lectores un fragmento.

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Lo he dicho públicamente y lo repito aquí: la Sala Segunda del Supremo es el órgano con más poder en España, más que el presidente del Ejecutivo o que el propio Parlamento, y no tiene un sistema de contrapesos, no hay segunda instancia para poder valorar pruebas de un procedimiento. La carga política de sus resoluciones es definitiva. Si no, que se lo pregunten a la magistrada Victoria Rosell, que, con la simple admisión por esta sala —al ser Rosell aforada como diputada en el Congreso por el partido político Podemos— de una querella instrumental presentada en abril de 2016 por el exministro José Manuel Soria, fue relegada de las listas de su formación política en aplicación de su código ético. Finalmente, la causa fue archivada en diciembre del mismo año. La ligereza en la admisión por el Tribunal Supremo supuso un daño irreparable para quien tenía legitimas expectativas de representación popular; expectativas que le fueron sustraídas. O el caso de un diputado del mismo partido, Alberto Rodríguez Rodríguez, que fue condenado por este tribunal en octubre de 2021, perdiendo su escaño, hasta que, casi tres años después, en enero de 2024, el Constitucional estimó su recurso de amparo por considerar que la pena de inhabilitación había sido desproporcionada e ilegal y dejó sin efecto la retirada de su escaño.

Pero también en otras jurisdicciones ha habido casos sangrantes. Por ejemplo, en la Audiencia Nacional y dentro del denominado caso Villarejo, con el punto de mira puesto en Pablo Iglesias en el denominado caso Dina; se elevó una exposición razonada al Supremo contra Iglesias que, en este caso, fue rechazada.

También son destacables los casos que han tenido como objetivo a otras militantes de ese partido, como Isa Serra o Irene Montero, con claro sesgo de género; o el denominado caso Neurona Consulting (consultora mexicana contratada por Podemos en 2019), que en julio de 2020 inició su andadura con la participación, como acusación popular, del partido de extrema derecha Vox, concluyendo con el archivo de todas sus piezas por parte de la Audiencia Provincial en octubre de 2024. El daño irreparable, nuevamente, ya estaba consumado.

Lo mismo podría decirse del caso de Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsellera de Igualdad por el partido Compromís, a quien sacaron de la carrera política por un acto delictivo cometido por su exmarido: el caso fue manufacturado por periodistas de derecha, con el claro objetivo de quitarle a Oltra su credibilidad y criminalizarla frente a la opinión pública en contexto electoral. Ni el fiscal ni el juez de instrucción estaban de acuerdo por ausencia de indicios sólidos, tratándose de una «situación relativamente inusual»; por eso la causa fue cerrada en abril de 2024. En mayo de 2025 fue reabierta y, finalmente, en diciembre de ese año, el juzgado volvió a rechazar la reapertura, pero, de nuevo, la Audiencia Provincial obligó a la jueza a abrir juicio oral, lo que hizo el día 3 de marzo de 2026. El impacto en la carrera política de Oltra y, sobre todo, en su persona y su entorno familiar, ha sido de máxima gravedad. El lawfare sobrevuela, desbocado, la cabeza de esta lideresa.

Sí, en la Justicia española hay un componente de soberbia muy grande que genera desconfianza en la ciudadanía. No de otra forma puede entenderse que más del 60 por ciento de los españoles considere que los jueces no son independientes, y que las interferencias políticas en la justicia estén normalizadas. A esto hay que añadir asociaciones judiciales o fiscales que hacen política de confrontación con el Gobierno. El deterioro es evidente. Reitero que, para mí, esa mezcla de instrumentalización degenera en una guerra jurídica o lawfare de consecuencias imprevisibles.

Los jueces tienen que juzgar con imparcialidad y no entrar en esta dinámica de confrontación política. Tampoco deben sumarse a dinámicas partidistas, como acontece con las supuestas reuniones, más o menos secretas pero, desde luego, no transparentes, de ciertas asociaciones profesionales conservadoras con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo para, al parecer, trazar estrategias y desmontar leyes del Gobierno.

Algún día se estudiará cómo en España los jueces y los fiscales (al menos un sector importante) perdieron la imparcialidad y se situaron fuera de la ley para convertirse en actores políticos, siendo conscientes del poder que ejercen en demérito de la soberanía popular. O cómo han humillado y llevado a una posición de desconfianza y de nula credibilidad a la Justicia española al exponer interesadamente en el extranjero, en la Unión Europea, una imagen irreal de institución agredida y acorralada supuestamente por el Gobierno. Un Gobierno que, por su parte, ha destilado miedo al no ejercer sus funciones ante una ocupación judicial más que evidente y que ha ido haciéndose fuerte, de forma soterrada, en los diferentes espacios.

Llego por tanto a esta reflexión: ¿es esta la Justicia por la que yo me he desvivido durante toda mi carrera profesional? No, desde luego que no. En gran medida, no reconozco como propio este modo de impartir justicia, con múltiples procesos penales instrumentales; con renuncias a actuar con firmeza para evitar la instrumentación de aquella; con apertura de investigaciones absurdas y prospectivas, que se debaten en los platós de televisión y las tertulias radiofónicas; con unos órganos de gobierno anquilosados y enfrentados ideológicamente, sin diálogo constructivo. Más aún, órganos consultivos que responden a filias y fobias dentro de la carrera respectiva; asociaciones de fiscales que ejercen de acusaciones populares; fiscales que asumen roles políticos y no jurídicos; mecanismos de destrucción de iniciativas válidas y ventajosas para la propia función por razones ideológicas; apariciones en redes sociales con insultos a otros actores públicos o políticos, llegando hasta la humillación y el insulto.

A pesar de todo, no puedo dar el partido por perdido, porque ello sería tanto como renunciar a lo que ha sido la lucha constante por una justicia mejor, verdaderamente imparcial e independiente, defensora de las víctimas y de los derechos humanos. Me aterra lo que acontece cuando observo que las nuevas promociones muestran escaso interés por el conocimiento y la defensa de los derechos humanos, mientras exacerban su fascinación por dinámicas sociales y de reconocimiento inmerecido, simples apariencias de lo que representa la verdadera justicia. No pierdo la esperanza de que las nuevas promociones sean conscientes de que no significan nada el reconocimiento ni el boato que desde determinadas esferas políticas o mediáticas se otorgan a quienes ocupan esos cargos de gran responsabilidad, por cuanto deciden con sus resoluciones la vida y el futuro de millones de personas, sino que ese reconocimiento debe ganarse día a día, sudando la camiseta, cumpliendo con la inmediación, estando abiertos a la sociedad, atendiendo a los justiciables, sin soberbia, sin olvidar que son servidoras y servidores públicos. La humildad en el desarrollo de la función judicial es la que te otorga el carácter de autoridad y debería ser la marca de quienes ejercen la jurisdicción.

Pero volvamos a la pregunta de inicio: hoy por hoy, ¿existe lawfare en España? La respuesta es sí, evidentemente, existe. Es una realidad insoslayable. No porque se niegue va a desaparecer. Solo lo hará cuando realmente pongamos todos los medios para que su desaparición sea una realidad. Mientras que, tal como se observa, antiguos y nuevos protagonistas favorezcan desde sus despachos judiciales a las formaciones políticas de su interés, con un desprecio claro a la independencia y la imparcialidad a las que se comprometieron, el problema seguirá existiendo. Y se agrandará hasta que sea imposible combatirlo. Y, de ahí, se pasará a su justificación y finalmente a su ejecución ilimitada. Para evitarlo, debemos desenmascarar a los actores que preconizan y apuestan por el lawfare, que, normalmente, son los que niegan su existencia. Las caretas caerán y se perderán los miedos a estas sus todopoderosas señorías, sobre las que, hay que decirlo, sobrevuela la sombra de la prevaricación. Del mismo modo que cada día es más patente que, en cada acción de este calibre, acecha el fascismo con todas sus consecuencias. Ya aconteció en la Alemania nazi y hasta hoy sufrimos sus efectos y estamos en riesgo de resucitarlos. No olvidemos que, en esas épocas pretéritas, tanto en España como en otros países, tales como Alemania, Italia o Francia, por citar solo los europeos, sin el apoyo del poder judicial no hubieran triunfado las ideologías y los regímenes fascistas.

El jurista italiano Luigi Ferrajoli, en entrevista para la revista mexicana Proceso, mantenía la necesidad de la independencia judicial: «Los jueces deben tener la posibilidad e incluso el coraje de emitir sentencias no populares e independientes de los intereses políticos, lo que garantizará el respeto entre el poder judicial y los poderes políticos (ejecutivo y legislativo) con miras a mantener vivos los gobiernos democráticos».

Pienso que los profesionales de la justicia son auténticos valedores de los principios democráticos y constitucionales, por lo que su comportamiento debe estar alejado de los políticos y de las miserias que, a veces, los rodean. Pero ¡qué difícil les resulta a algunos!

Con ello contribuyen al descrédito de la justicia, corrompida precisamente por quienes están obligados a defenderla. El mal funcionamiento de la Administración de justicia es una fuente de responsabilidades, como también lo es encubrir corporativamente una realidad palpable, especialmente cuando se refiere a quienes administran justicia, porque no solo tienen el deber de decidir, sino también el de convencer. Si el lawfare triunfa, se llevará por delante como un tsunami los derechos que a todos y a todas nos corresponden.

Recuerdo que el 17 de octubre de 2008, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, calificó como un “disparate” y un “error gravísimo” resucitar los problemas del pasado. Se expresó así cuando recabaron su opinión sobre mi decisión de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura franquista desde mi Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las palabras del “león de Villalba” tenían explicación: no en balde aquel dirigente había sido parte integrante del gobierno franquista y las responsabilidades a investigar también le podían corresponder.

Aun así, no puedo por menos que preguntarme qué opinaría don Manuel de las continuas, desaforadas y malintencionadas sandeces de sus herederos políticos. Sin duda habría montado en cólera más de una vez ante tanta impertinencia y tal ausencia de sentido común.

Vivimos en una época en que, ciertamente, reina el disparate. En España, los disparates se suceden desde hace demasiado tiempo, casi siempre de la mano del Partido Popular, solo superado en ocasiones por la ultraderecha de Vox. La entrada del bulo en nuestras vidas marcó el inicio de los desatinos que han ido subiendo de tono hasta instalarse en la normalidad. Probablemente fueron las caceroladas contra el Gobierno en plena epidemia de COVID en el selecto barrio de Salamanca las que inauguraron esta nueva etapa. 

El objetivo de la derecha y sus socios era y es la presidencia del Gobierno. Para ello han cuestionado su legitimidad, bloqueado cualquier medida favorable a la ciudadanía y echado mano de la justicia con especial predilección por los jueces afines, apoyados en organizaciones espurias que presentan querellas, anunciadas como sentencias antes de llegar a sala. La absurda condena al fiscal general del Estado y la incomprensible exención de enjuiciamiento de Cospedal en el caso Kitchen son apenas dos ejemplos de una estrategia que confunde los tribunales con trincheras electorales.

Existe un patrón que se repite con meticulosa constancia en la derecha española: la indignación selectiva, fabricada, cronometrada y orientada exclusivamente a la rentabilidad electoral. Tres episodios recientes lo ilustran con claridad meridiana.

El primero: la muerte del capitán Jerónimo y del agente Germán, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la costa de Huelva. Dos hombres que perdieron la vida en acto de servicio cuando las patrulleras en que viajaban colisionaron durante la persecución de una narcolancha, dejando otros dos compañeros heridos y dos familias destrozadas. Un hecho luctuoso que merecía duelo, respeto y análisis sereno. La derecha lo convirtió en escenario de campaña. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, responsabilizó al Gobierno central del incremento del narcotráfico en el litoral andaluz desde el propio funeral, convirtiendo el dolor colectivo en arma arrojadiza. Los senadores del PP se sumaron al ataque en sede parlamentaria con una virulencia que poco tenía de homenaje y mucho de explotación del duelo. Y Feijóo señaló con dedo acusador la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, omitiendo deliberadamente que en ese preciso momento el titular coordinaba desde Canarias la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius.

Lo que el PP calló es igualmente revelador: el Gobierno sí estuvo representado en el entierro, con la presencia de la directora general de la Guardia Civil y la secretaria de Estado de Interior. La indignación era, pues, fabricada. Una mentira por omisión construida sobre dos ataúdes.

El segundo episodio se articula en torno a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se refirió a la muerte de los agentes como un accidente laboral en el debate electoral, en contraposición a la calificación de acto de servicio que defiende el PP. La distinción no es menor en términos jurídicos y administrativos, y admite debate legítimo. 

Pero la derecha no buscaba debate: buscaba escándalo. Lo que era una cuestión técnica y jurídica, susceptible de análisis sereno, fue convertida por la maquinaria mediática y política de la derecha en un insulto a los caídos, en una provocación intolerable, en prueba de que el Gobierno desprecia a las fuerzas de seguridad. Ayuso no tardó en sumarse con la contundencia que la caracteriza. Los senadores del PP convirtieron el hemiciclo en tribuna de denuncia moral. El objetivo no era la verdad jurídica ni el honor del capitán Jerónimo y del agente Germán. Era el daño político, calculado y frío, ejecutado sobre el dolor de unas familias que merecían ser tratadas con una dignidad que la derecha les negó al convertirlas en instrumento de campaña.

El tercer episodio: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, constatando con visible desesperación que la evacuación del crucero MV Hondius resultaba un éxito internacional para España, no tuvo otra ocurrencia que advertir del peligro de las ratas que podían llegar nadando desde el barco a las islas para sembrar la enfermedad. Una afirmación que habría avergonzado a cualquier gobernante mínimamente responsable, pero que en el ecosistema político actual circuló sin mayor consecuencia. Curiosamente, la presencia de catorce españoles entre los pasajeros no despertó en él ni en sus correligionarios el más mínimo reflejo patriótico.

Tres episodios distintos. Un mismo método: deformar la realidad, amplificar la indignación, extraer rentabilidad política. Y al fondo, siempre, el ciudadano confundido, saturado de ruido, incapaz de distinguir el hecho de su manipulación. Esa confusión no es un efecto secundario de la estrategia. Es su objetivo principal.

La disputa entre el presidente Clavijo y el PP contra el Gobierno a propósito del crucero MV Hondius merece un análisis más detenido, porque ilustra con precisión clínica el mecanismo de la manipulación política contemporánea. Mientras los ministros de Sanidad, de Administración Territorial y de Interior coordinaban en tiempo real una operación de evacuación que mereció elogios internacionales —una acción que, en cualquier democracia europea madura, habría generado consenso institucional y alivio colectivo—, el presidente canario y los portavoces del PP construían en paralelo un relato alternativo de negligencia, ausencia e irresponsabilidad gubernamental. No les importaba la realidad de los hechos. Les importaba el relato que pudieran instalar antes de que la realidad llegara a los ciudadanos.

Este es el núcleo de la estrategia: actuar más rápido que la verdad. En la era de la información instantánea, el bulo viaja a la velocidad de un tuit y la rectificación llega, cuando llega, tarde y amortiguada. Clavijo lo sabe. Feijóo lo sabe. Abascal lo sabe. El PP lo ha convertido en doctrina. Vox en insulto. La confrontación no busca resolver problemas: busca enmarcar los problemas de tal manera que el Gobierno siempre sea el responsable y la oposición sea siempre la víctima. Es una inversión permanente de la realidad que requiere una máquina mediática dispuesta a amplificarla y una ciudadanía suficientemente fatigada como para no contrastarla.

Lo que resulta verdaderamente alarmante, sin embargo, no es que esta estrategia exista —la manipulación política es tan antigua como la política misma— sino el contexto en que se despliega. Porque mientras en España el PP y Vox dedican sus energías a fabricar escándalos sobre ausencias ministeriales en entierros o a especular sobre ratas de crucero, el mundo vive una ruptura sin precedentes del orden internacional y de los marcos normativos que, durante décadas, sostuvieron la convivencia entre pueblos y naciones.

El contraste es tan brutal que exige ser nombrado sin eufemismos. En el momento en que Feijóo señalaba con dedo acusador la silla vacía del ministro en un funeral —silla que, repito, no estaba vacía en modo alguno—la Corte Penal Internacional se debate entre la eliminación o la supervivencia. Mientras Clavijo advertía de ratas nadando hacia las costas canarias, las potencias nucleares cuestionaban los tratados de no proliferación que durante medio siglo habían contenido el horror de una nueva guerra total. Mientras los senadores del PP convertían el hemiciclo en tribuna de escarnio, la Convención de Ginebra era invocada como anacronismo por gobiernos que se reclaman democráticos, y el derecho internacional humanitario era violado de forma sistemática y documentada ante los ojos del mundo entero por EEUU e Israel.

Esta simultaneidad no es accidental. La banalización del discurso político interior cumple una función precisa: ocupa todo el espacio disponible en el debate público, agota la capacidad de atención ciudadana y hace imposible que la sociedad procese la gravedad de lo que ocurre más allá de sus fronteras. Un país que delibera durante semanas sobre si el ministro debía o no estar en un entierro, es un país que no puede estar discutiendo, con la profundidad que merece, el colapso del multilateralismo, el avance del autoritarismo en Europa y en América, o el desmantelamiento sistemático de los derechos humanos conquistados a lo largo de décadas de lucha. La política del ruido es, también, una política del silencio: el silencio sobre lo que realmente importa.

El cuestionamiento de los derechos humanos como fundamento del orden internacional no es un fenómeno abstracto ni lejano. Se manifiesta en las deportaciones masivas que la administración Trump ha convertido en espectáculo; en la normalización de la tortura y la detención arbitraria como instrumentos de política migratoria; en el desafío abierto a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Estados que se presentan como garantes del orden democrático; en el bloqueo sistemático de los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, precisamente por quienes más los necesitarían para legitimar sus acciones. 

El edificio normativo que la humanidad construyó tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial —la Carta de Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma— está siendo erosionado desde dentro por los mismos que proclaman defenderlo.

Y en este contexto de emergencia civilizatoria, la derecha española se debate entre la vaciedad y el descaro. En este contexto, Ayuso viaja a México a reivindicar a Hernán Cortés. La desproporción entre la gravedad del momento histórico y la pequeñez del discurso dominante en la derecha española no es solo un problema estético o intelectual. Es un problema democrático de primer orden. Porque una oposición que renuncia a estar a la altura de los tiempos arrastra consigo al conjunto del debate público, empobrece la deliberación colectiva y deja a la ciudadanía sin los instrumentos conceptuales que necesita para comprender y afrontar lo que se le viene encima.

Hannah Arendt advirtió que la banalidad del mal no reside en monstruos excepcionales sino en la renuncia cotidiana al pensamiento. La banalización del discurso político que en España ostentan algunos, quizás demasiados, tiene algo de eso: no es maldad mayúscula, es pequeñez sistemática. Es la decisión diaria de preferir el titular al análisis, el escándalo a la verdad, el rédito inmediato a la responsabilidad histórica. Y esa pequeñez, multiplicada por miles de intervenciones, de ruedas de prensa, de tuits y de plenos parlamentarios, va sedimentando una cultura política que nos hace más vulnerables ante los grandes desafíos de nuestra época.

El capitán Jerónimo y el agente Germán merecían algo mejor que convertirse en munición electoral. Sus familias merecían el duelo sin escenografía, el dolor sin instrumentalización, el recuerdo sin partido. Y los ciudadanos españoles merecemos una oposición capaz de distinguir entre la legítima crítica al Gobierno —que es oxígeno de la democracia— y la fabricación deliberada de falsedades sobre un Ejecutivo que desprecia a sus fuerzas de seguridad, cuando la realidad muestra exactamente lo contrario.

Fraga dijo en 2008 que resucitar el pasado era un disparate. Tenía sus razones, interesadas pero coherentes, para decirlo. Sus herederos han superado con creces al maestro: han convertido el presente en despropósito, el dolor ajeno en combustible, la mentira en método y la banalidad en programa de gobierno. Y lo hacen mientras el mundo se desmorona a su alrededor, mientras las normas que nos protegen a todos son cuestionadas una a una, mientras la historia nos exige estar a la altura y ellos prefieren, una y otra vez, el nivel del barro.

El verdadero disparate no es regularizar a quien trabaja y contribuye. No es buscar a los desaparecidos. No es construir una sociedad más justa e igualitaria. No es defender el derecho internacional cuando otros lo violan. El verdadero disparate es seguir entregando el poder a quienes convierten la dignidad humana en material de desecho, quienes banalizan lo urgente para ocultar lo importante, quienes prefieren el escándalo fabricado a la responsabilidad real. Y el antídoto contra ese disparate tiene nombre: se llama voto consciente, comprometido y movilizado. La democracia no se defiende solo con palabras: se defiende ejerciéndola. Y también, cada día, eligiendo pensar.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

“El 21 de abril de 2026, Aws al Naasan, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de un reservista israelí justo por fuera de la puerta oeste del instituto masculino de Mughayir, donde estudiaba, en la Cisjordania ocupada. El chico se desplomó al instante, sangrando abundantemente. Se oyeron más disparos mientras sus amigos corrían a su lado, lo levantaban y lo sacaban de la línea de fuego, dejando un rastro de sangre a lo largo del muro del instituto”. Así relató eldiario.es, el 5 de mayo, el asesinato de un niño palestino, uno más de los 20.000 que desde octubre de 2023 han muerto a manos de las fuerzas israelíes o de los colonos judíos. Ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, las dos regiones que componen Palestina.

La inhumanidad, el salvajismo, la crueldad que demuestran el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los suyos alcanza cotas inimaginables y les pone, por los métodos y objetivos, próximos al nazismo que asoló a su pueblo entre 1933 y 1945. Desde el alto el fuego que negoció Estados Unidos y que, supuestamente, se inició el 10 de octubre de 2025, se cuentan 828 palestinos asesinados por el ataque de las tropas israelíes. Esta cifra lleva a alcanzar la de 72.000 víctimas desde octubre de 2023. En su gran mayoría, son civiles. Las violaciones a la tregua que cada día comete el ejército israelí han supuesto que Israel haya alcanzado el control de casi el 64% de la Franja. Lo ha hecho desplegando tropas adicionales, y llevándose por delante todo lo que obstaculiza su propósito, que no es otro que el de la ocupación permanente de Palestina a fin de hacer imposible la realidad de los dos estados, que niegan y denostan.

El instrumento utilizado tiene nombre en la normativa internacional: genocidio. Atendiendo al derecho penal internacional y al nacional, se trata de un crimen que exige la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la matanza de sus miembros (más que acreditado); lesiones graves a la integridad física o mental y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, total o parcial. Analizando lo que Israel está haciendo en Gaza, vemos que todo apunta exactamente a esto: mediante la matanza de sus miembros (hecho más que acreditado) lesiones graves a la integridad física o mental inferidas de forma masiva, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado su destrucción física, total o parcial.

Pero, además, operativamente, se estrecha de forma paulatina, pero constante, el territorio palestino, se atacan objetos bajo protección internacional, se obliga a las personas a abandonar sus hogares para luego bombardearlas en las zonas a las que son enviadas, se arrasan las poblaciones con el fin de condenar a la miseria a los habitantes. El hambre y la sed se usan como arma, y, además, los francotiradores disparan cuando se trata de obtener alimentos.

Por supuesto, es preciso hacer memoria ante los acontecimientos que los perpetradores desarrollan, desde el hecho inicial de un atentado execrable en octubre de 2023, hasta el momento actual. La respuesta de Israel excedió todos los límites, tanto en el número de víctimas como en el de los medios empleados y la sistematicidad de las acciones, así como en la vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho humanitario. El ojo por ojo y el diente por diente se tornó en una mera anécdota en contra del pueblo palestino.

La justicia internacional, salvo excepciones, y desde siempre, se ha enfrentado a un cúmulo de dificultades, dada su propia configuración, para hacer frente a las más graves vulneraciones. No es nada fácil su labor.  

Es como un viejo y decrépito mecanismo legal mal engrasado, lento y lleno de dificultades logísticas y jurídicas que le impiden actuar eficazmente frente a este tipo de crímenes, especialmente cuando son cometidos desde determinados escenarios de poder y los perpetradores cuentan con el patrocinio o auspicio de ciertos gobernantes poderosos. Pero es el único instrumento que los sistemas democráticos, después de muchos años, han conseguido diseñar para hacer frente a los crímenes atroces y proteger a sus víctimas.

El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo haber privado intencionalmente a la población civil de Gaza de alimentos, medicinas, agua y electricidad, así como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El 25 de abril de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó cancelar las órdenes emitidas señalando que la petición de Israel para suspenderlas quedaba rechazada "por irrelevante".

Netanyahu evita viajar a los 124 países signatarios del Estatuto de Roma y ha recurrido a rutas aéreas no estándar para esquivar los espacios aéreos francés y español, aunque alguno, como la Hungría de Orbán evitó cumplir esa orden y propuso salir del Estatuto de Roma, medida revocada tras su derrota electoral reciente. En todo caso, conviene tener fresco el dato de que, en los 77 años de existencia de Israel, ni un solo funcionario de esa nacionalidad ha rendido cuentas por los crímenes contra el pueblo palestino.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia se puso en movimiento por iniciativa de Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023. Varios países se sumaron, entre ellos España. Se trataba de demostrar algo que, aunque parezca mentira, es muy difícil: averiguar si Israel ha cometido y comete un genocidio. Las advertencias y admoniciones realizadas por la Corte para que el agresor cesara en su acción, protegiendo a la población civil, no han sido atendidas. Una vez más las autoridades israelíes se burlan de la justicia internacional incumpliendo las medidas cautelares impuestas.

Inicialmente, la Unión Europea no tomó ninguna medida en contra de Israel. Solo tres países, España, a través del presidente del Gobierno y los respectivos presidentes de Irlanda y Eslovenia, a los que se sumó Luxemburgo en febrero de 2024, pidieron sanciones económicas en contra de Israel. Tiempo después, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso también sanciones contra Israel —incluyendo la suspensión del componente comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, valorado en 227 millones de euros— ante el agravamiento humanitario en Gaza. Sin embargo, reconoció que aprobar sanciones sería difícil, "dadas las divisiones entre los Estados miembros".

En julio de 2025, la Comisión intentó suspender el apoyo financiero a Israel a causa del bloqueo de suministros humanitarios a Gaza, pero la iniciativa fue boicoteada por Alemania, Hungría y la República Checa. Israel, entre 2021 y 2024, había recibido 32 millones de euros bajo el programa de buena vecindad, además de 1.110 millones vía Horizon Europe, con empresas vinculadas al ejército israelí entre las beneficiarias. Así han sido las cosas.

El 2 de abril de 2026, tres europarlamentarios españoles del PSOE hicieron sendas preguntas interpelando a la Comisión sobre sus "dobles estándares" con Israel, inquiriendo si ha "mantenido una posición coherente con Israel ante sus constantes violaciones del derecho internacional" y qué acciones adoptará para cumplir los anuncios de sanciones contra ministros israelíes. La respuesta no se conoce aún, aunque es previsible que evite la confrontación con Israel y derivará la responsabilidad hacia el Consejo. En definitiva, ponerse de perfil.

El pasado miércoles 6 de mayo, La Vanguardia publicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Irlanda y Eslovenia, ha instado a la Comisión Europea a proteger a personas vinculadas a la justicia internacional sancionadas por el Gobierno estadounidense. Sánchez solicitó la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, que es el principal instrumento de la Unión Europea para neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio de Europa.

Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a 11 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional a partir de febrero de 2025, y en julio de ese mismo año, empezó a aplicar estas medidas contra la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Sin embargo, dudo mucho que este nuevo requerimiento del presidente español sí sea atendido. Esta es la vergüenza occidental que identifica a quienes, mirando hacia otro lado, contribuyen como verdaderos cómplices a lo que está pasando. 

Es sabido que la acción de la justicia, cuando llega, lo suele hacer demasiado tarde; esta realidad, cuando se trata de crímenes masivos, se hace más grave y desesperante, ante la indiferencia generalizada de una sociedad insensible a lo que ocurre más allá de los límites del cómodo estatus en el que vive. Con demasiada frecuencia permanecemos impasibles ante la muerte en directo de miles de inocentes bajo las bombas o por el cerco organizado para que la población no pueda ser asistida en sus necesidades básicas. Nos justificamos con un “no puedo hacer nada”, “no es mi problema”, y pasamos a lo siguiente. 

Celebramos, algunos, la orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel, pero, probablemente, no preocupa demasiado su no ejecución. Los interesados no parecen especialmente preocupados, porque su socio principal, el poderoso presidente norteamericano Donald Trump, les asiste y hace el trabajo sucio ejerciendo de emperador para el que no rigen las leyes internacionales contrarias a su voluntad, y procede, a través de sanciones económicas injustas, contra jueces y fiscales de la CPI por atreverse a molestar a sus aliados. Mientras, en la UE, salvo aquellos tres países citados, el silencio es escandaloso, a pesar de que sus miembros son a la vez Estados parte del Estatuto de Roma, que rige aquel tribunal.

Esta realidad, todo esto, hace que me cuestione la necesidad de un sistema de derecho que permite, con el consenso político y la pasividad de la justicia, una impunidad de facto que ampara a los máximos responsables de la debacle criminal en que vivimos. Y pienso que la justicia ha pasado a ser una mera anécdota, o incluso un inconveniente perturbador que debe ser eliminado o solo utilizado según los intereses de los agresores. Pero, después de este primer impulso, recapitulo y afirmo que el derecho, por cuya supervivencia siempre he luchado, es la tabla de salvación que nos mantiene a flote, la única posibilidad de estabilidad en el momento actual.

Porque, frente a quienes defendemos esta posición, los enemigos de la democracia practican, sin ningún reparo, la abolición de cualquier barrera jurídica que no coincida exactamente con la voluntad de quien pone en marcha estas agresiones, ya sea Rusia, Estados Unidos, Israel o cualquier otro país. Es la visión totalitaria y autoritaria del poder, mero simulacro de democracia al convertir a esta en puro abuso, que a corto plazo desespera, a medio, frustra y a largo plazo destruirá el propio sistema democrático y el Estado de derecho. 

Entre estos enemigos no hay que olvidar —y denunciar— que figuran también compañías como Microsoft, Alphabet y Amazon, aparte de las grandes multinacionales armamentísticas que nutren la maquinaria de destrucción y aniquilación de la guerra. Albanese explicaba en su informe de junio de 2025, cómo estas firmas “estaban habilitando y beneficiándose de la ocupación de los territorios palestinos y del genocidio de Gaza”.

Lo he dicho ya desde estas mismas páginas: es el momento de exigir al Gobierno que proceda; que prescinda, por supuesto, de los burdos ataques de una oposición sometida a la ultraderecha y, al parecer, ligada a intereses de Israel; y que trabaje en la dirección que marcan los derechos humanos.

El 22 de julio de 2025, la fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, solicitó al fiscal general que se procediera a la incoación de unas diligencias preprocesales para investigar los hechos que estaban aconteciendo en Gaza y que constituirían graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y, por ende, crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal.

La autorización se produjo en septiembre y, en la actualidad, esa investigación avanza en cooperación con la Corte Penal Internacional, extendiéndola al asalto por la armada israelí a la primera Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, lo que ha supuesto la comparecencia de diversas víctimas en la Audiencia Nacional. En esta instancia, la Unidad de DDHH y Memoria Democrática ha recibido declaración a los componentes españoles como víctimas, con todas las garantías y en búsqueda de los elementos necesarios para colaborar con la CPI y, a resultas de lo que derive de aquella, iniciar otras acciones.

Y ello a pesar de las limitaciones casi insalvables que supone la actual legislación que, en 2014, con el gobierno del Partido Popular, laminó la aplicación del principio de jurisdicción universal para la investigación de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra; que, por cierto, tampoco ha sido modificada hasta la fecha en la actual legislatura, a la espera de la conclusión de su tramitación parlamentaria en el Congreso. 

Esta valiente actuación de la Fiscalía española es digna de resaltar porque supone la interpretación de la ley en favor de las víctimas de crímenes atroces, otorga verdadero sentido al principio de protección universal de las mismas y pone a quienes la impulsan en el lado correcto de la historia.

Las víctimas y la ciudadanía comprometida y solidaria constituyen la fuerza más formidable que existe. Les impulsa el mismo sentimiento que ha llevado a miles de ciudadanos, en los puntos más dispares, a manifestarse por tales sucesos y reclamar el fin del genocidio y el castigo de los culpables.

En el momento en que escribo estas líneas, Israel mantiene detenidos a dos activistas de la Flotilla Global Sumud para Gaza, de nacionalidad española y brasileña respectivamente. Los detenidos son acusados de pertenecer a una organización “terrorista”. Los Gobiernos de España y Brasil han alzado la voz denunciando esta agresión por parte de Israel y consideran ilegal la interceptación de la nave y la detención de los activistas en aguas internacionales, cuando viajaban con ayuda humanitaria en compañía de otro centenar de personas con la misma intención.

Pero hay que avanzar más y recuperar la Jurisdicción Universal que un día existió en España y que nos puso en primera línea de defensa de los derechos humanos. Hay que exigir a nuestros jueces y a los de otros países que actúen ante las ilegalidades y abusos manifiestos, por ejemplo, de militares de un Estado que se arroga la potestad de detener ilegalmente a personas en labor humanitaria en aguas internacionales, como los detenidos de la Flotilla. Hay que coordinar esfuerzos procesales para facilitar la obtención de evidencias contra los promotores, ejecutores y colaboradores en las masacres, así como contra quienes las financian. En definitiva, hay que exigir justicia.

Porque, verán, mientras la locura continúa, los crímenes en Cisjordania permanecen impunes, el genocidio en Gaza no se persigue ni se sanciona; las guerras ilegales se consienten y los líderes políticos mundiales se pierden en discusiones bizantinas que favorecen la impunidad. Esto no es un debate, sino una parálisis del pensamiento, de la valentía y de la acción. Se trata de decidir si los países tienen voluntad política de intervenir y frenar la matanza o si, de nuevo, van a mirar hacia otro lado.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

"El mal no prevalecerá. Construyamos puentes de paz sin miedo, porque Dios nos ama a todos incondicionalmente”.

(León XIV)

El mundo a la deriva: Apofis despierta

La sensación de naufragio inminente es la que prima en estos tiempos enrarecidos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lo resumió con una imagen que no admite réplica: es como si el mundo fuera un navío a la deriva, sin ninguna institución que oriente el comportamiento civilizatorio de las naciones. La fuerza de los tiranos parece imponerse a la voluntad de quienes defendemos los Derechos Humanos. Nos sentimos mayoría, pero una mayoría cohibida ante el acoso y el miedo a las consecuencias de la discrepancia.

En esta confrontación entre la barbarie y la cordura, quienes apostamos por la civilización nos encontramos huérfanos de la ONU, que Trump y Netanyahu pretenden dinamitar o anular; espectadores impotentes del genocidio de Gaza, de las masacres del Líbano, de una guerra ilegal en Irán. Rehenes de una dinámica de violencia y ruina económica que nos estrangula. Avanzando sin brújula, como zombis, a la espera de la siguiente locura de quienes se proclaman —con impunidad pasmosa— defensores de la libertad y la democracia.

Apenas nos da tiempo de sanar el daño antes de que llegue el siguiente. Somos testigos sobrecogidos de la matanza de inocentes por su raza, su lugar de nacimiento o su religión. Y no estallamos de indignación: aceptamos cobardemente la situación, o nos quedamos inermes ante la manipulación permanente de la inmigración por parte de la derecha y la ultraderecha, asumiendo propuestas claramente xenófobas y racistas —como la «prioridad nacional» para acceder a ayudas institucionales— más propias del fascismo que amenaza, de nuevo, nuestra convivencia.

Vivimos bajo el «síndrome del olvido inmediato»: nuestra memoria colectiva es sumamente débil y efímera. Las cifras hablan por sí solas. Según datos del propio Servicio de Inmigración y Aduanas de EE UU, el 8 de enero de 2026 había 68.990 migrantes retenidos entre el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, decenas de miles de seres humanos reducidos a estadística y silenciados por el siguiente titular. Europa no es ajena a esta deriva: el Abogado General de la UE ha avalado el traslado de migrantes a terceros países extracomunitarios para su internamiento en centros de reclusión, confiando en un respeto a sus derechos que todos sabemos que no será real.

Nuestra capacidad reflexiva se anula al ritmo que avanzan los algoritmos que construyen una inteligencia paralela a la que nos ha dado forma como seres humanos.

Hannah Arendt nos advirtió de que “la maldad nunca es radical; solo es extrema, y puede devastar el mundo entero precisamente porque se extiende como un hongo sobre la superficie”, sin profundidad ni dimensión demoníaca alguna. Es exactamente lo que describe este momento.

Detrás de todo ello están líderes concretos —Trump, Netanyahu, Putin— que ejercen el poder de forma autoritaria, a los que cabría sumar otros varios que en el mundo se han unido para dar forma a una recreación actual de Apofis, la gran serpiente de la mitología egipcia.

En el panteón del Antiguo Egipto, Apofis —también conocida como Apep— era la encarnación del caos primordial: una serpiente colosal que cada noche amenazaba con devorar la barca solar de Ra e impedir que el amanecer llegara al mundo. Representaba las fuerzas destructivas que combaten sin descanso el Ma'at, el principio egipcio de orden, verdad y justicia cósmica. Nunca podía ser destruida definitivamente; solo contenida, conjurada, repelida una y otra vez por la vigilancia y el esfuerzo colectivo de los dioses y los hombres. Es una metáfora de una exactitud perturbadora: el mal autoritario no muere, se transforma y regresa. Y solo la acción constante, la memoria viva y la voluntad de resistir pueden evitar que la oscuridad prevalezca.

Como señaló Umberto Eco, “nuestro deber es desenmascarar el fascismo eterno y señalar con el índice cada una de sus nuevas formas, cada día, en cada rincón del mundo”. Algo tendremos que hacer para superar esta inercia que nos oprime la garganta hasta dejarnos sin aliento.

El informe anual de Amnistía Internacional no deja margen a la duda. Netanyahu, Trump y Putin son señalados como «depredadores» de los derechos humanos —«saqueadores brutales a la caza de trofeos injustos»— y como líderes que desplegaron una ofensiva para lograr el dominio económico y político mediante la destrucción, la represión y la violencia a escala masiva. Y lo que es peor, según la ONG: las prácticas autoritarias se han intensificado en todo el mundo.

Los datos que acompañan ese diagnóstico son escalofriantes: casi el 70% de la población mundial vive hoy bajo regímenes autoritarios mientras las democracias se debilitan de forma acelerada. En ese contexto, EE UU ha ejecutado extrajudicialmente a más de 150 personas mediante el bombardeo de lanchas en el Caribe. Y no pasa nada. Nadie rinde cuentas. Nadie comparece ante ningún tribunal. Tenía razón Martin Luther King cuando advirtió desde su celda de Birmingham que, en el fin, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos.

Siguiendo el camino trazado por estos grandes líderes mundiales, sus acólitos nacionales de la derecha y la ultraderecha dan muestras de la misma falta de moral política. Actitudes que salpicaron de intolerancia la madrileña Puerta del Sol, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid acogió desde el balcón del antiguo edificio de la DGS franquista —símbolo no casual— a María Corina Machado, mientras una multitud dirigía insultos racistas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, coreados por el cantante Carlos Baute.

Esta parafernalia no fue casual. De acuerdo con el INE, la población procedente de Venezuela supera ya las 692.000 personas en España, de las que más de 268.000 tienen la nacionalidad española y por tanto derecho a voto en elecciones generales, locales y autonómicas. Solo en Madrid son 72.550 ciudadanos los que pueden acudir a las urnas. Con las cosas de comer, no se juega.

Como antítesis a estas acciones, la semana pasada vivimos un encuentro histórico en Barcelona. Convocados por Pedro Sánchez, presidentes, alcaldes y líderes progresistas de cuatro continentes reclamaron la prevalencia de la legalidad internacional y el respeto democrático: Lula da Silva, Zohran Mamdani —alcalde de Nueva York—, Elly Schlein —secretaria general del Partido Democrático italiano—, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, los mandatarios de Sudáfrica, Uruguay, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde y Barbados, y los vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana y Botsuana.

En palabras del presidente brasileño: "Nadie tiene que tener vergüenza de ser progresista o ser de izquierda. Elogié a Pedro porque tuvo la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EE UU salieran de aquí para bombardear Irán."

Tienen razón quienes han movido ficha para salir de la inercia inmovilista. Es el primer paso para luchar contra este posfascismo que, con el arma de la desinformación, la manipulación y el negacionismo, pretende acabar con décadas de conquistas democráticas. Recordemos cómo Gramsci advertía: “la crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. Ese interregno es el que habitamos, ahora. Y por eso la acción no puede esperar.

Debemos sacudirnos la insensibilidad y hacer frente al ataque a los valores y los derechos humanos que desarrollan las fuerzas de la ultraderecha, a las que se suma una derecha inoperante, mimética e incapaz de ofrecer respuestas concretas a los problemas de la sociedad. Es muy cierto que las coaliciones estratégicas internacionales de extrema derecha suponen un gran riesgo para la democracia, porque traen nuevos modelos de populismo político y autoritarismo. Por eso es necesario rebelarnos y apostar por un capitalismo responsable y redistributivo que haga frente al capitalismo salvaje que nos quiere dominar.

La reflexión del filósofo Josep Ramoneda sintetiza bien el momento: ¿ha tocado fondo el delirio reaccionario? Colombia, México, Uruguay y Sudáfrica acompañan a Brasil y España en un encuentro que tiene el valor de una advertencia contra la ola creciente de impunidad antidemocrática. Se echaba en falta este impulso inicial y se ha producido. Ahora lo importante es desarrollarlo y extenderlo sin demora.

Porque la historia nos enseña que los derechos no se conceden: se conquistan. Y que cada generación tiene la obligación moral de defenderlos contra quienes, disfrazados de libertad, no hacen sino demolerla. Eduardo Galeano definió la utopía como el horizonte que retrocede cada vez que nos acercamos a él; y concluía: ¿para qué sirve la utopía? Para eso: para caminar. Pues bien, caminemos.

El tiempo marcará la evolución de los acontecimientos. Tras esta cumbre de Barcelona —histórica por sus participantes, impactante por sus contenidos—, lo que se dibuja en el ánimo de quienes peleamos por el futuro es la esperanza: la convicción de que esta solo puede ser una realidad favorable si nos empleamos a fondo en diseñarla a través del respeto a los derechos humanos conseguidos a lo largo de décadas. Esa esperanza activa, colectiva y sin miedo, es la única fuerza capaz de contener a Apofis —la gran serpiente del caos— y evitar que implante las tinieblas. Frente a la oscuridad, la única respuesta es continuar encendiendo la luz.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Es algo aceptado y muy estudiado que los seres humanos necesitamos olvidar para que nuestra mente pueda continuar funcionando, de ahí que, siguiendo a Freud, el olvido puede ser protector, defensivo, selectivo o político. Pero hay cosas que no se pueden y, sobre todo, no se deben olvidar –como expresaba Primo Levi, desde su experiencia como sobreviviente de un campo de concentración nazi–, ya que la memoria es una responsabilidad moral y porque de esa forma evitaremos que sea instrumentalizada políticamente. 

La memoria no es un archivo, es un proceso de reconstrucción que, en cada momento y dependiendo de los factores externos e internos concurrentes, puede dar lugar a resultados diferentes.

En este sentido, el paso de los años en las personas produce efectos higiénicos, pero, a veces, también indeseados o poco recomendables, especialmente en el caso de los políticos. Me refiero a la capacidad de algunos de estos para seleccionar las materias o vivencias, decisiones, acciones u omisiones en el ejercicio de la responsabilidad respectiva. Olvidar, por tanto, puede ser la forma de depurar la memoria del ordenador que llevamos sobre los hombros y que con el tiempo se satura o se obstruye por exceso de información.

Pero también es verdad que, llegados a cierto punto, el olvido de hechos sucedidos o de las propias responsabilidades puede ser causado por el reloj biológico o porque uno ha decidido dejar de lado aquello que le estorba en la mala conciencia y tirar hacia adelante, partiendo de un reseteo equivalente a cero, mediante el sistema de no recordar lo que no conviene. Yo lo llamo la compartimentación de la memoria. En cada una de las celdas que la forman ponemos aquellas partes que nos interesa traer al presente o encerrarlas en la mazmorra del olvido para siempre.

Estas reflexiones me vienen al presente en base a las recientes declaraciones de quien fuera presidente del Gobierno, indiscutible líder en su momento del Partido Socialista Obrero Español y coautor de los inicios de la democracia en circunstancias complejas y harto difíciles. Felipe González tiene un puesto relevante en la historia de nuestro país. Con muchas luces, pero también con sus sombras, que no son pocas y, algunas de ellas, oscurecen en exceso la época en que le tocó gobernar.

El día 10 de febrero de 2026, el exmandatario ofreció una charla en el Ateneo madrileño en la que se lanzó de cabeza a la piscina de la crítica contra el actual Gobierno, especialmente contra su presidente Pedro Sánchez y contra el PSOE. Entre las frases que regaló a los asistentes y por extensión a todos nosotros a través de los medios de comunicación, dado que sus opiniones siguen teniendo importancia para la opinión pública española, destaca esta: “Con el candidato actual [se refería a Pedro Sánchez] en unas elecciones votaría en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE”. A pesar de tal convicción, González dijo no estar dispuesto a abandonar el partido sino que considera que quien debe dejarlo es “el que lo destroce”. 

También consideró necesario que el PSOE se replantee algo tras los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura y en Aragón, señalando la ausencia de autocrítica (aunque tampoco él fue un líder que se caracterizara o explayara en dar explicaciones cuando su formación política perdía unos comicios).

En ese contexto, soltó una nueva perla para la hemeroteca: “Yo no pactaría con Vox, pero a mucha más distancia estaría de pactar con Bildu. (…) No pactaría ni en broma con aquellos que no han pedido perdón”. Lo llamativo es que lo dice quien, siendo presidente del Gobierno, negoció en Argel con los máximos responsables de ETA.

Criticó a Pedro Sánchez considerando que ha violado la Constitución por gobernar sin presentar presupuestos, dado que en esa tesitura se deben convocar elecciones, en su opinión.  “Por eso dimití yo”, puntualizó. Sin embargo, no dijo nada en favor del actual ocupante de la Moncloa, que ha conseguido vertebrar varios gobiernos de coalición, dando cabida en la gobernabilidad de este país –que había quedado maltrecho después del procès– a un variado espectro de formaciones políticas territoriales que, a menos que se disponga otra cosa, forman parte de España, les guste o no. Su pronóstico fue que la legislatura no llegará a su término. Pienso que es posible, aunque Sánchez nos tiene acostumbrados a resurgir como el ave Fénix. 

Por último, no ve González alternativa interna de liderazgo en el partido socialista porque aquel es el “puto amo” y “para que haya un puto amo debe haber siervos”. Con ello, amén de denostar a toda la militancia del partido, olvida que él era “dios” cuando comandaba el mismo con mano de hierro. Recuerdo que, cuando concurrí como independiente en las listas del PSOE a las elecciones de 1993, solo le pedí una cosa, y no fue la de ser ministro de Justicia como de forma simple e interesada se dijo, sino que me pusiera detrás de él en la lista electoral por Madrid. Es decir, ir de número 2. 

No hubo problema: una orden suya y se hizo realidad. Se corrieron todas las posiciones en la candidatura con el enfado ostensible de algunos, probablemente con razón, porque la cosa estaba difícil en aquellas elecciones, aunque después se ganaron. No obstante, no hubo discusión porque él era el número 1. Y además el rey de la oportunidad. Por tanto, atacar ahora al presidente Sánchez hace honor a una desmemoria flagrante y no es lo que se debería esperar de un predecesor en el cargo. Pienso que un presidente de gobierno debería abstenerse de criticar a un homónimo posterior, máxime si es del propio partido, al que dice defender.

Es una verdad incontrovertible que, con el tiempo, cada uno de nosotros tendemos a autoperdonarnos, a suavizar nuestras propias acciones y a endurecer la visión sobre las que afectan a los rivales. 

En este sentido, Felipe González ha olvidado que tiene una mochila importante a sus espaldas y parece que quiere dejar muy atrás su propio equipaje, que cuenta con una terrible realidad histórica imborrable durante la primera década de su gobierno, y es la del terrorismo de Estado de los GAL que igualó a aquel, por un tiempo, con la crueldad sangrienta de ETA. 

Lo recuerdo bien porque estuve al frente de la investigación desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La instrucción de la primera causa de los GAL (1988/1990) fue un ejercicio práctico de aguante judicial. Pongo como ejemplo al abogado del Ministerio de Interior, Jorge Argote, que acusaba al juzgado de favorecer más la acusación contra policías que contra los miembros de ETA. Argote señalaba que se establecían “agravios comparativos exacerbantes”, afirmando que en el Central 5 era “más sencillo ejercer la acusación popular contra miembros de la policía que contra miembros de la organización terrorista ETA en cuanto a cuantía de fianzas se refiere”. Ese era el clima, hasta el punto de que en la segunda fase de la investigación (1994/1996) debí protegerme tanto de las propias estructuras corruptas del Ministerio del Interior, aliadas con algunos medios de comunicación nada favorables a la investigación penal, como de la organización terrorista.

En la primera investigación, cuando admití la querella presentada por ciento tres personas, en su mayoría miembros de la Asociación contra la Tortura, y acepté la acusación particular en nombre de las seis víctimas de los ataques criminales, no podía saber todo lo que vendría más adelante, pero sí tenía claro que nunca, bajo ningún planteamiento, el Estado podía ponerse al nivel de los terroristas mediante la “guerra sucia”. 

Responder con muerte a la muerte confería al Estado el grado de criminal tanto o más que el salvajismo de ETA, que hasta 2010 fue responsable de 850 asesinados, 2.600 heridos y en torno a 90 secuestrados, amén de millar y medio de extorsiones. Por ello, para mí resultaba incomprensible que no se hubiera impulsado una averiguación seria de los hechos y que tuviera que ser la justicia francesa la que nos sacara los colores.

Los GAL fueron causantes de la muerte de 27 personas y de más de 50 heridos, a lo que deben añadirse algunos hechos muy graves como el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. La gravedad de lo acontecido no puede medirse por el número de víctimas, sino por el origen de los autores de las acciones ilícitas producidas, que en el primer caso procedían de una organización criminal, y en el segundo eran representantes de un Estado que se decía democrático y que, olvidando su obligación de respetar la legalidad, la vulneraron y destrozaron los principios básicos del Estado de derecho. 

Como resultado de tales acciones, fueron condenados altos mandos policiales y de la Guardia Civil, directores de la seguridad del Estado, un secretario de Estado y un ministro de Interior por su participación en aquellas acciones delictivas. 

Estas condenas fueron un triunfo del Estado de Derecho, aquello que te reconcilia con la justicia frente a la barbarie. Ahora bien, me consta, como entonces era evidente, que muchos no perdonaron nunca que se investigase y se sentenciara a los miembros de los GAL. Recuerdo al ministro de Defensa, Julián García Vargas, que, en el velatorio por el atentado contra el general Juan José Hernández Rovira, me increpó muy alterado, afirmando que esas eran las consecuencias de quienes nos habíamos “empeñado en alterar el país”. Le contesté: “Señor ministro, usted se está equivocando de objetivo”.

Tengo la impresión de que Felipe González sigue también en esa idea de que no se debería haber actuado contra los GAL y que su acción fue correcta. No entiendo, si no, que sea capaz de lanzar estas diatribas contra el actual presidente del Gobierno y contra su partido, con absoluto aplomo y sin que la conciencia le llame al orden.

Puede ser que, como decía al principio, no quede resto alguno en su memoria de cómo fueron las cosas. Del mismo modo que ha debido borrar los casos de irregularidades que mancharon su mandato. Lamento señalar que, al frente del país, no destacó como un gran defensor de los Derechos Humanos, y que lo más que se puede decir en cuanto al impulso de la igualdad es que se esbozaron algunas bases. Pero, considerando que presidió el Gobierno entre 1982 y 1996 al haber ganado cuatro elecciones generales, lo cierto es que se echan en falta algunas medidas en este sentido que hubieran desbrozado el camino para el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Tampoco recuerdo que González se ocupara durante sus diferentes mandatos por las víctimas del franquismo, ni de promover ninguna iniciativa legislativa que las protegiera o las otorgara el derecho a la justicia, la verdad y la reparación como garantías de no repetición.  O que se planteara la dimisión por los casos de corrupción que se produjeron en el último período, decisión que expresamente le solicité por carta antes de dimitir de mi cargo de secretario de Estado y como diputado, en 1994.

Eso sí, en los últimos años, fuera ya de las tareas gubernamentales y como expresidente, se ha enfocado en la situación de Venezuela. Lo llevó a cabo en forma diferente a como lo había hecho antes bajo el mandato de su amigo Carlos Andrés Pérez, haciendo el parangón con la dictadura de Pinochet en Chile (cuya detención por mi orden en Londres criticó porque podía generar problemas diplomáticos y porque no estaba de acuerdo con el principio de Jurisdicción Universal, incluido en la LOPJ que su grupo había apoyado en 1985) y defendiendo al opositor Leopoldo López. 

Al punto de que ha mantenido un conflicto continuo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, denunciando que este hacía lobby con quienes violaban los derechos humanos, a pesar de estar acreditada su mediación para la liberación de múltiples personas privadas de libertad en aquel país.

Ya en casa, se opuso a la amnistía de los participantes en el procès catalán, pues, en su opinión, es contraria a la Carta Magna. Parece que no era así según el Tribunal Constitucional, que ha avalado esa constitucionalidad de la norma.

Son reflexiones las de González que en más de una ocasión han sido utilizadas por la derecha para abundar en sus propias acusaciones contra el Gobierno. Así, poco después de sus declaraciones en el Ateneo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba compartir las declaraciones del expresidente sobre el PSOE de Pedro Sánchez: "Esto no es el Partido Socialista. Esto es otra cosa. Hay alguien que ha expropiado un partido, lo ha puesto a su nombre y es suyo" manifestó Feijóo en plena sintonía.

Por estas razones, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, expresó a su vez su pena por que el expresidente haya “dejado de ser desde hace mucho tiempo una referencia para los socialistas” y se haya convertido “en una referencia para la derecha de este país”. 

La desmemoria es mala y lo es también la falta de pudor cuando no se quiere dar un paso a un lado o no se sabe al menos guardar silencio, lo que puede llevar al despropósito.

 Lo expresó muy bien Mario Benedetti en su poema Pausa:

De vez en cuando hay que hacer

una pausa, 

contemplarse a sí mismo

sin la fruición cotidiana,

examinar el pasado

rubro por rubro,

etapa por etapa, 

baldosa por baldosa, 

y no llorarse las mentiras

sino cantarse las verdades.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Queridas y queridos lectores de infoLibre. Estaba dando forma al último texto de este 2025 que os quería dedicar, para despedirlo epistolarmente como cada diciembre, cuando se me ocurrió hacerlo de una forma distinta. Así que escribí unas estrofas de prosa poética, para atemperar el gran enfado que me inunda en estos tiempos con todo lo que está aconteciendo. El resultado lo comparto aquí, con toda humildad. Os deseo lo mejor para este 2026.

Juntos lo haremos

Termina 2025 y no es solo el calendario el que pesa:

somos más mayores, sí,

pero sobre todo más conscientes,

más golpeados por las injusticias repetidas,

las indignidades normalizadas,

las esperanzas rotas

y las ilusiones que han querido arrebatarnos.

Quedan pocas alegrías

pero existen,

y por ellas seguimos en la brecha.

En mi caso, nació mi última nieta, Jara,

preciosa,

vida nueva que irrumpe

llenando espacios de negación

y de desesperanza.

Ella es prueba de que el futuro existe

y merece la pena luchar por él,

aunque intenten clausurarlo.

¿Y nosotros?

¿qué hacemos nosotros?

¿Qué espacios reservamos —de verdad—

para la confianza,

la justicia,

la paz,

la solidaridad,

la dignidad,

la pluralidad,

la democracia?

Vivimos tiempos extraños, duros, incluso escandalosos.

Tiempos donde la corrupción avanza,

el abuso se blanquea,

la polarización se expande,

la falta de entendimiento se impone

y las respuestas,

políticas, sociales o judiciales,

llegan tarde o no llegan.

Tiempos donde los extremismos y el fascismo,

aquí y fuera,

ganan terreno;

donde se acumulan procesos amañados,

traiciones consentidas,

responsabilidades no asumidas,

mentiras aceptadas como verdad,

indiferencia ante la violencia,

ante la guerra,

ante la vulneración sistemática de los derechos humanos,

ante el genocidio en Gaza,

que sucede ante nuestros ojos

mientras el mundo mira hacia otro lado.

El desconocimiento del derecho internacional

y la impunidad del poder exorbitante

de algunos dirigentes que invaden países,

cercan otros con sanciones económicas,

con acciones letales,

con ejecuciones sumarias

o acciones de piratería,

nos colocan frente al espejo

y nos interpelan sin excusas:

¿qué posición tomamos cada cual

para que el deterioro no sea irreversible?

Lo digo alto y claro:

desde el progresismo humanista

todavía es posible corregir el rumbo,

pero no sin compromiso,

no sin solidaridad,

no sin diálogo honesto,

no sin convergencia de ideas y de proyectos.

Es conciencia frente a violencia.

Nada se construye sin memoria.

Nada se defiende sin derechos humanos.

Nada se transforma renunciando

a las lecciones aprendidas.

Os pido —me pido a mí mismo—

que no bajemos la voz ni la mirada

—el silencio no es una opción—,

que sigamos luchando por lo que sabemos justo,

que enfrentemos a quienes vociferan

negando derechos fundamentales,

negando el cambio climático,

alimentando la desigualdad,

la confrontación entre nosotros,

el desprecio a la memoria democrática,

la discriminación por raza, religión u origen,

el odio al diferente,

el machismo que oprime y se justifica.

No estamos solos.

Está también la generación Z,

en la que depositamos nuestras esperanzas,

herederos de las luchas frente a la dictadura,

llamados a potenciar los valores

por los que tanto se combatió

y tanto costó conquistar.

Ellos tienen la fuerza

frente al miedo impuesto,

frente al chantaje permanente,

frente a la resignación y la desesperanza.

Tienen la energía de lo nuevo

y la responsabilidad de la memoria.

Porque si no lo hacemos nosotros,

nadie lo hará.

Avanzar no es mera inercia:

es corresponsabilidad.

Y lo haremos con energía renovada,

con organización,

con ideas,

con alianzas,

con esperanza activa,

para afrontar los difíciles desafíos que nos esperan

y superarlos.

Juntos lo haremos.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

2025 nos ha deparado bastantes sinsabores en lo público, lo institucional, lo político, nacional e internacionalmente. Guerras, masacres, genocidio, agresiones territoriales, ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe... A nivel local, en España tampoco hemos tenido un año tranquilo: corrupción; desastres naturales; crímenes machistas; sentencias incomprensibles, injustas y parciales, como la que el Tribunal Supremo ha proferido contra el fiscal general del Estado, en ese momento, Álvaro García Ortiz; insultos y descalificaciones parlamentarias reiteradas; reproches de todo orden. Por si faltaba poco, nos topamos con algo inesperado y vergonzoso: las acusaciones y denuncias por supuestos acosos sexuales contra algunos dirigentes o miembros destacados del Partido Socialista Obrero Español y la falta de reacción en tiempo y forma de las estructuras de este partido contra los presuntos acosadores. Individuos que se dedican a molestar a base de insinuaciones, chistecitos, propuestas de promoción a cambio de sexo y vete a saber qué más desagradables acciones y hasta dónde, convirtiendo en un infierno la vida de sus víctimas.

Esto resulta demoledor. Tipejos asquerosos existen desgraciadamente en todas las empresas, en todas las formaciones políticas, en cualquier ámbito de la vida laboral y en espacios de poder en los que se mercadea con el cuerpo de la mujer. Pero debo reconocer que estoy impactado porque no me esperaba que pasara esto, de forma aparentemente recurrente, en el seno de un partido que ha demostrado de forma inveterada ser vanguardia en la defensa de los derechos de la mujer, el feminismo, la lucha contra la homofobia y la xenofobia, hasta el punto de que, en este momento de la historia, el partido que fundara Pablo Iglesias podría haber dejado de ser un espacio seguro para las mujeres.

Al hilo de las primeras denuncias, ocultadas, negadas o minusvaloradas orgánicamente, han surgido otros casos que han motivado dimisiones tardías, excusas fuera de contexto y explicaciones insuficientes de la parálisis preventiva, de investigación y de sanción que no solo se saldan con meras dimisiones. A quien aparece como ejemplo y símbolo se le exige mucho más.

La primera reflexión que quiero hacer sobre este tema tiene que ver con la falta de seguridad que este asunto destila para las víctimas. Si ocurre esto en un partido en que se valora a la mujer, se tiende a igualar su papel en las instituciones y se pone por delante la protección frente al maltrato y la violencia, ¿qué no pasará en otros lugares menos concienciados o en otras entidades políticas que no dan demasiada importancia a estos temas o, incluso, los rebaten?

Esto me conduce a una posterior cuestión: ¿qué falta en los controles socialistas para que se hayan dado estas situaciones? ¿O es que realmente no existían verificaciones eficaces para ello? ¿Cuánto poder detentaban los protagonistas de tan execrables prácticas, como para que las damnificadas guardaran silencio? Para contestar a estas preguntas, el componente básico e indispensable es el de la trasparencia y la dación de cuentas exhaustiva, por parte de las estructuras internas de la formación política concernida.

En tercer lugar, pienso que, en estos casos, queda en evidencia la falta de una figura o estructura que ampare a aquellas mujeres que necesiten denunciar las agresiones, sean físicas o verbales, de las que están siendo objeto. No tener a quién recurrir produce una indefensión absoluta, más aún si el agresor tiene la categoría de jefe (que suele pasar) u ostenta un cargo superior, al que todos se ven sometidos.

Voy más allá: ¿es posible que nadie (hablo de hombres) tenga el valor de confrontar a este tipo de sujetos que elevan a categoría de normal lo que constituyen verdaderas agresiones? Mucho me temo que no lo hacen por una especie de solidaridad masculina que resta importancia a tales situaciones o las eliminan, porque, al fin y al cabo “tampoco es tan importante, ni es para tanto”. Mientras, sus “colegas” se dedican a traducir sus pensamientos más obtusos en palabras o acciones que van más allá de la decencia y del respeto a las personas.

El espíritu masculino de camaradería mal entendida se suele explayar hablando de esta o aquella compañera del trabajo, o de otras mujeres ajenas al mismo, en términos descarados o incluso obscenos, y pasa que una mayoría de los presentes, ríen las “gracias” en vez de demostrar con actitudes firmes la falta en la que incurren aquellos y, de alguna forma, también quienes consienten estas actitudes.

Reconozco que en el ambiente profesional y laboral hay demasiado compadreo entre hombres a los que se “comprende” o se deja estar con estas cosas. Así ha sido siempre y mucho me temo que no es fácil erradicarlo. Habría que empezar por inculcar respeto a los niños en casa y en la escuela. Y por enseñar a las niñas que no deben permitir que nadie menoscabe su dignidad. Para ello, es crucial que en el hogar también se practique y se valore el respeto hacia la mujer como elemento fundamental. Los niños aprenden de lo que ven.

En las empresas, mucho me temo que va a ser precisa esta formación como aviso a navegantes, de que no se pueden ni rozar los límites de la consideración, con todos en general, pero en particular, en este aspecto, con las mujeres, añadiendo que lo contrario puede traer consecuencias devastadoras para quien no sea capaz de controlarse. A estas alturas hace falta plantear tales asuntos aun cuando resulte sorprendente.

Por supuesto, es preciso rechazar de manera tajante cualquier intento de camuflar estas actuaciones condenables como “posibles montajes” o rencores hacia el agresor, que muchos elementos del género masculino son propensos a difundir y también, hay que decirlo, algunas mujeres. De los tiempos de la dictadura aprendimos que, cuando un hombre se excede “algo habrá hecho ella”. O incluso que ella “va provocando”. Esa concepción, como otras herencias del régimen, sigue aún circulando entre más de un cenutrio macho.

La duda pende sobre la víctima en muchas ocasiones motivada por el propio victimario, quien llega a alardear “en privado” de la disposición de “ella” a recibir sus favores. De tal modo que puede llegar a estigmatizarla como “mujer fácil” (otra concepción del franquismo). Por supuesto, todo inventado y convenientemente difundido en los oídos adecuados.

Esto no implica que se abogue por una especie de presunción de culpabilidad en contra del denunciado, sino que, cuando tiene lugar la o las denuncias, la investigación como respuesta debe ser inmediata, con todas las garantías y protección de los derechos en juego. Y, con carácter previo, se debe disponer de todos los mecanismos de prevención necesarios, incluso los de evaluación externa e independiente, para concitar cualquier posibilidad de agresión antes de que se produzca, de manera contundente, trasparente y ágil.

Depredadores profesionales, estos acosadores tienen su coto de caza en terreno fácil, en la propia oficina o lugar de trabajo, donde ellas, sacando adelante una tarea muchas veces precaria, callan sobre el asedio por miedo a perder su puesto. De eso se aprovechan.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, alertaba el pasado día 12 de diciembre sobre estas situaciones en un artículo: “Desde el sindicalismo lo afirmamos con claridad: el acoso sexual es una vulneración de derechos fundamentales y, además, un riesgo laboral que debe prevenirse como tal. Por eso es tan relevante el avance que supone la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al establecer expresamente que el deber de protección de la empresa incluye las situaciones de violencia y acoso sexual o por razón de sexo, obligando a integrar su prevención en la actividad ordinaria de la empresa y a adoptar todas las medidas necesarias, teniendo en cuenta la perspectiva de género, la edad y las características personales de las personas trabajadoras.”

El sindicalista considera que ese cambio de enfoque permitiría reaccionar evitando que el daño ocurra. Señala también que la patronal se niega a firmar esta reforma. “Negarse a asumir estas obligaciones supone dar la espalda a una realidad que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores y perpetuar entornos laborales inseguros donde el miedo sigue operando como mecanismo de control.”

Insisto, hay que prevenir antes de que el ataque se lleve a cabo. Y aquí queda la duda: ¿Qué mueve a los empresarios a obviar la norma propuesta? Leo que, por lo visto, temen el aumento de costes, la complejidad burocrática, nuevas obligaciones y un futuro con más litigios. Como siempre, el bienestar de los trabajadores se pone muy por detrás de los intereses del negocio y, como dice Álvarez, consintiendo que sea el miedo quien marque las pautas que benefician a los patronos. Volvemos, pues, de nuevo, a tiempos pasados.

Todo acoso indigna y, en esta ocasión, la sospecha sobre cualquier tipo de impunidad o silencio en un partido progresista lleva a una auténtica irritación. Porque, además, ello da pie a escuchar a un ultraderechista como Santiago Abascal afirmando con absoluto cinismo: “el partido que defiende a las mujeres es Vox”.

Lo malo es lo que aparenta un goteo de casos. Después del asunto del tal Salazar, se encuentran en circunstancias poco edificantes el presidente de la Diputación de Lugo, un dirigente valenciano y alcalde de Almussafes o el alcalde de Belalcázar. Parece que, en general, todo se sabía meses antes y el sistema de control actuó tarde, mal y al rebufo de las denuncias mediáticas. Lo peor de todo es esa sensación de que los dirigentes socialistas no se enteran, como están denunciando diferentes colectivos de mujeres, o no se quieren enterar, o hacen lo posible por no dar publicidad a los hechos.

Ahora, para eliminar cualquier sombra de duda, se debería impulsar la constitución de un Comité de Expertos independientes para el esclarecimiento de estos hechos en el seno de los partidos, sin mácula de parcialidad u ocultamiento. Y, además, la generación de una norma de carácter general que haga obligatoria esta especie de compliance para garantizar el cumplimiento de los estándares de respeto a los derechos de la mujer frente al acoso y su sanción al margen de cualquier interferencia interna o externa.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

El templo de Debod fue el lugar elegido por el PP para concentrar a miles de seguidores ávidos de escuchar a su líder. De ese modo, más de 2.200 años contemplaron el domingo 30 de noviembre a Alberto Núñez Feijóo arengando a militantes y simpatizantes a los que había convocado, una vez más, para reclamar que Pedro Sánchez deje el Gobierno o que convoque elecciones, o ambas cosas a ser posible. Ubicado de origen en la localidad nubia de Debod, veinte kilómetros más allá de la primera catarata del Nilo, el templo fue un regalo de Egipto en 1968 a nuestro país, como agradecimiento por la ayuda en la preservación de monumentos que la construcción de la presa de Asuán había puesto en peligro.

¿Conocía Feijóo la entidad del lugar desde el que lanzaba sus consignas? ¿Era consciente de que cientos de faraones, escribas, comerciantes, esclavos y ciudadanos de a pie habían pisado antes que él las vetustas piedras? No hay crónicas en ese sentido. Sólo sabemos que allí acudió el presidente popular acompañado por otros colegas del partido: dos expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.  

No muy lejos, en la calle Ferraz, unas decenas de jóvenes cavernícolas y protofascistas de organizaciones del entorno de VOX dejaban oír sus improperios de grueso calibre, dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “traidor”, “corrupto”, así como alusiones a su familia. Hubo cargas policiales y algún detenido. La violencia de la ultraderecha asoma sus fauces en cuanto tiene ocasión.

Ajeno a tal actividad, Núñez Feijóo anunciaba su programa político para el momento en que pueda acariciar el poder. Se resume en cinco medidas a adoptar en los cien primeros días: auditoría para conocer en profundidad el saqueo del gobierno; limpieza total de las instituciones para barrer el sanchismo; bajar los impuestos; desbloquear las leyes en materia de vivienda, ocupación o inmigración y, como colofón y resumen de todo, “medidas para mejorar la democracia”. ¿Cómo lo hará? ¡Ah! Eso es de momento un misterio, un enigma tan profundo como el del propio templo en el que resonaban sus palabras. Los manifestantes asentían, bajo el lema que motivó la convocatoria: “Efectivamente: Mafia o democracia”.

De entre todas las propuestas, la que me da más miedo es la última. Es decir, cómo puede conseguir tal propósito un partido que puede presumir históricamente de algunas cosas, pero no, desde luego, de mejorar la democracia. Casi todas las leyes y avances de consolidación y mejora de aquella se han impulsado por gobiernos que no han sido liderados por esa formación, como leyes de igualdad, memoria, seriedad del sistema fiscal, sanidad pública, subida de las pensiones, del salario mínimo, protección de los derechos de los migrantes, medioambiente (véase el pacto entre PP y VOX en Valencia) etc.

El discurso del Sr. Feijóo se centró en la corrupción en los últimos meses. Los argumentos son muchas veces débiles, al hilo de la instrucción errática de algunos jueces, como puede ser el asunto de las acusaciones contra la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez. Hay causas que resultan peligrosas y aparentemente parciales como la del caso contra el fiscal general del Estado que ha dado lugar a un fallo condenatorio, pero sin que, semanas después de publicarse, conozcamos todavía la motivación. Entre tanto, las dudas sobre la imparcialidad de algunos de los jueces sentenciadores crecen por momentos. 

Y tenemos también aquellas en las que el fondo, presuntamente, parece más consistente, como sucede con el ex ministro José Luis Ábalos o el misterioso y plenipotenciario Koldo, o con el que fuera también, como Ábalos, secretario de organización del PSOE Santos Cerdán. 

Aun así, Feijóo no resulta convincente. ¿Por qué? Trato de explicarlo: cuando una acusación se vuelve repetitiva se convierte en una especie de plegaria desesperada para llamar la atención de quienes ni saben, ni quieren saber lo que ocurre en su organización, sino en la contraria. A su perorata repetida hasta la saciedad como una letanía o mantra cansino, denunciando acciones incluso delictivas de su oponente, sin más razones que las que afectan a colaboradores del mismo, le falta un componente esencial que el Partido Popular quiere silenciar, pero que es difícil de obviar para la ciudadanía: No es otra, sino que el PP tiene su propia y enorme historia de corrupción y una larga lista de imputados y condenados por tal motivo.

En mi opinión, una manifestación en este sentido, denunciando la corrupción y exigiendo escarmiento, tendría credibilidad si los convocantes reconocieran los propios pecados.  Es decir, si empezaran los discursos de esta guisa, proclamando, por ejemplo: “Nosotros también caímos en esa dinámica de corrupción y reconocemos que lo hicimos mal.” “Incluso somos protagonistas actuales de casos de corrupción en el sur de España o aquí en Madrid o en Valencia”. Y si, una vez expresado el pecado y tras el ejercicio de necesaria contrición, añadieran: “A partir de ahora vamos a sumar todos y vamos a hacerlo bien”.

Pero no parece que los tiros vayan por ahí. Hasta ahora, los disparos solo son de fogueo y se concretan en ruido, alboroto e insulto. Añadiendo la pertinente acción de la Justicia a ver si, con la ayuda de todos, hacemos sitio y es posible el retorno al paraíso del que el PP, según su propia lectura, fue ilegítimamente expulsado mediante una moción de censura fake ideada por una maldita hidra de múltiples cabezas, todas ellas de Sánchez, que corrompió a todos: nacionalistas interesados, izquierdistas marginales, chavistas irredentos y demás morralla parlamentaria. Lo consiguió con falsas promesas, amnistías varias, abrazos terroristas, desmembramientos territoriales hispanos o fondos espurios, conformando una mafia que solo se puede destruir con la democracia de diseño auspiciada por el Partido Popular. 

La doble moral siempre radica ahí. Una doble moral más extendida de lo que pensamos. Sería bueno recordar los planteamientos de Nietzsche en su obra La genealogía de la moral que explica el origen de los valores morales y cómo distintos grupos humanos crean morales opuestas según su posición y su fuerza. Lo bueno, lo noble, lo correcto es lo mío, lo que yo hago desde una posición de poder y no necesito justificarlo porque es un valor en sí mismo; por el contrario, lo malo, lo perverso, lo sucio es lo que hacen aquellos que son mis oponentes.

Cierto es que muchos nos hemos sentido abochornados, ante la certeza que facilita la hemeroteca, con el a todas luces poco edificante José Luis Ábalos, que en nombre del PSOE defendió la moción de censura contra el PP en el Parlamento. Fue aquel día cuando echó en cara a sus rivales la realidad aplastante de la sentencia Gürtel. ¡Quién nos iba a decir entonces que veríamos al orador entrando en la prisión de Soto del Real bajo acusaciones de parecido tenor! Y luchando con uñas y dientes por no perder su aforamiento y mantener su papel de diputado. 

Probablemente, si hubiera renunciado a esta cualidad propia de quienes representan a los ciudadanos, es posible que ahora no estuviera en la cárcel, contando con diversas instancias a las que recurrir antes de que una sentencia se hiciera firme. Sus motivos tendrán para no haberlo hecho. Desde luego, no seré yo quien lo despoje, ni a él ni a nadie, del derecho a la presunción de inocencia, pero, la del caracol o la del calamar, en este caso, no son buenas estrategias. Por cierto, no olvidemos que las únicas sentencias firmes hasta la fecha son las de Gürtel, entre otras la referente a la condena del PP a título lucrativo por las reformas de la sede central del partido en Génova 13.

Es la paradoja del aforamiento que a nada conduce si ya estás en prisión; peor aún, recorta las posibilidades de defensa porque en el Tribunal Supremo –donde se instruyen y enjuician los casos de aforados– no hay más instancia que la de la Sala que juzga. De este modo, lo que en apariencia es una garantía cuando el parlamentario nacional está en activo, se transforma en losa de piedra colgada al cuello que, en el peor de los casos, conduce al aplastamiento por condena sin posibilidad de apelación.

Habría sido bueno que en ese ideario de propuestas populares apareciera la de acabar con los aforamientos; o la de no instrumentalizar la justicia; o la de proponer mecanismos de transparencia en las estructuras partidistas. No, no es de recibo que un partido con tan alto porcentaje de imputados y penados y tanto juicio por delante por presuntos delitos de este calibre señale con el dedo al de enfrente acusándole de corrupto. O que en este concilio sobre el suelo de un recinto que un día fue sagrado se hubiera prescindido del sesgo partidista al denunciar una mafia que, de ser cierta su existencia, también incluiría a los que la denunciaban en la soleada, fría y otoñal mañana madrileña. 

Ver la paja en el ojo ajeno es una costumbre inveterada, de un cinismo y una desfachatez solo comparable al tamaño de la viga propia que se pretende disimular. No hay señales de contrición o redención en este partido, ni existe en él propósito cristiano de la enmienda, ni tampoco interés alguno por servir a la ciudadanía. El PP no anuncia un programa de proyectos para el bien común, ni la intención de mejorar la vida de las personas. Sólo demuestra el ansia por alcanzar unas cotas de poder que permitan a sus responsables atender a los intereses de aquellas entidades que les apoyan. Y quién sabe si, quizás, a volver a las andadas.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

El domingo pasado estuve en la concentración de la Plaza de las Salesas, ante la sede del Tribunal Supremo, en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Llevaba 13 años sin volver allí porque el lugar me trae malas vibraciones después de haber recibido, en palabras del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una sentencia arbitraria, parcial, sin doble instancia y sin que existiera previsibilidad penal de la conducta imputada por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Todo ello, como respuesta a mi demanda contra el Estado español en los casos Gürtel y Franquismo que, como es habitual en la Administración de justicia española, son desatendidos por considerarlos no ejecutivos para los tribunales hispanos que, como todos sabemos, son los más “certeros del mundo” y “nunca” se equivocan en sus decisiones.

En esta ocasión, desafortunadamente, he vuelto al lugar de autos, no para pasear, sino en apoyo al fiscal general del Estado, sexta autoridad del mismo, condenado por un delito de revelación de datos reservados de un particular, de forma injusta y arbitraria mediante un fallo judicial informado sin sentencia o motivación conocida que lo avale, de momento, y que ha ocasionado un cataclismo social y político.

Ha sido grato comprobar que al menos un millar de personas nos hemos sentido concernidas por esa decisión y lo hemos querido poner de manifiesto públicamente. Desde luego, no faltará quien acuse de que con eso afectamos a la independencia judicial. Ya les digo yo que no. Los juzgadores supremos se inquietan muy poco por este tipo de demostraciones de discrepancia. Sí lo hacen cuando algún medio de comunicación editorializa o les cuestiona sus decisiones. El pueblo sufre los resultados de la justicia, pero no inquieta a la misma por su mal hacer. Es algo metafísicamente imposible porque nadie de ese nivel popular tiene el caché para inquietar a tan doctos señores.

Al día de hoy tenemos una certeza: al fiscal general del Estado le han hecho un traje a medida. Hizo el patrón el jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso; hilvanó la tela el juez de instrucción, y la Sala Segunda del Tribunal Supremo presentó el producto final con cierta prisa, casi a cascoporro. Faltaron las imprescindibles pruebas para ver cómo le sentaba el modelo al destinatario. Y aún está por ver la costura, es decir, si las puntadas son rectas o si los modos tan acelerados han llevado a los sastres a coser de cualquier manera, con los dobladillos deshilachados, el forro despegado y los ojales asimétricos.

Se diría que, en una carrera desbocada hacia el absurdo, había urgencia para lograr argumentos que salvaran al soldado González Amador de su poco edificante relación con Hacienda, que somos todos. Si para lograrlo, si para encontrar posibles vías de llegar a la nulidad, era necesario montar una guerra institucional, bien hecho estaba. ¿Quién no defendería a su novio ante la fatalidad? ¿Quién por amor no pondría en peligro la estabilidad de una sociedad? Recurrir al bulo, a la mentira o a la falsedad utilizando las herramientas de una Administración pública, es poco comparado con los dos fines perseguidos: de una parte, el triunfo del amor; de otra, que el adversario político muerda el polvo.

¿Cuál es la situación? Que conocido el fallo de la Sala Segunda, sin más datos, nos encontramos en el reino de la elucubración al no estar al tanto de los necesarios argumentos. Entre lo que elucubramos, se conoce que en los corrillos de periodistas un magistrado presumiblemente firmante de la condena ha sugerido que la supuesta filtración de datos reservados (motivo posible de la condena) al parecer se refiere a los datos contenidos en la nota de prensa “dictada” por el fiscal general en cuanto las menciones al confeso defraudador, cuyos datos fueron primigeniamente difundidos por Miguel Ángel Rodríguez en función del correo de su abogado. Veamos si el traje es de buena marca o una burda falsificación de las que se ofertan en las grandes avenidas de las ciudades españolas en lo que se conoce como topmanta.

En un inicio, la Sala de Admisiones –que, extrañamente, también ha constituido el bloque principal de la Sala de Enjuiciamiento, y por ello sus componentes estaban súper contaminados– obvió la nota de prensa en cuestión, centrando el proceso en un correo que el fiscal general no filtró. Si esto fuera así, como parece desprenderse de la nota informativa que ha adelantado el tribunal al referirse a la “revelación de datos reservados”, la Sala habría dado una vuelta de tuerca inesperada en contra del acusado, aunque ya se desprendía de las últimas sesiones. Ello nos llevaría a plantearnos una mutación en el objeto del juicio, sobre el que se centró el mismo: la presunta filtración de un correo de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa del señor González Amador aceptaba haber cometido dos delitos fiscales y proponía una conformidad al fiscal del caso. Sin duda, de confirmarse, sería muy grave, porque ha generado una clara indefensión al fiscal general, de forma consciente.

Si no fuera así, y la cuestión queda centrada en el mencionado correo, existen demasiados testimonios de periodistas que por activa y por pasiva aseguran haber obtenido el correo sobre la situación de González Amador tiempo antes de que llegara a la Fiscalía, lo que obligaría al tribunal a hacer auténticos malabares para quebrar la coherencia y firmeza de esos testimonios frente a las conjeturas, fuegos de artificio y filibusterismo que se han generado por parte de las acusaciones, y evidenciarían un riesgo superlativo de parcialidad en contra del reo.

En este ejercicio permanente de elucubración al que nos ha obligado el tribunal en un caso de la máxima importancia, y que tan querido es (al menos por uno de los miembros del tribunal sentenciador conocido por sus espectaculares y muy cuestionadas intervenciones a lo largo de los años), la nota de prensa se constituiría en el tema delictivo central. Por tanto, el Tribunal Supremo tendría que explicar muy bien por qué obvian la obligación de la Fiscalía de dar respuesta a bulos y calumnias, según marca su Estatuto y exige un verdadero Estado de derecho en una democracia participativa en la que la justicia es de los ciudadanos y no de quienes la administran. Y nos enfrentaríamos a algo incomprensible: si el correo era irrelevante, ¿para qué se llevó a cabo el brutal registro en la sede de la Fiscalía General? ¿Qué buscaban en realidad? ¿Era todo fruto de una mala instrucción? ¿Del desconocimiento puro y duro de un juez? En cambio, si hubieran absuelto al fiscal general, ¿cómo habría quedado el magistrado instructor? ¿Qué cuentas habría que haberle pedido por tal intrusión en una institución del Estado? Tal vez el papel poco airoso del juez Ángel Hurtado haya sido tenido en cuenta por sus colegas del Supremo.

En paralelo, se traspone la situación judicial a la política: el ataque a la independencia judicial no se produce por la crítica a una decisión de un tribunal que ha quebrantado su obligación de motivar el fallo (que, en todo caso, es la consecuencia lógica de una fundamentación o motivación y no al contrario). Esta decisión ha servido para una revictimización del acusado que, una vez más, ha quedado indefenso, y solo ha favorecido a quienes están haciendo escarnio de una condena no fundamentada y sí publicitada a modo de ajusticiamiento en la plaza pública. Sin olvidar que en el recurso de nulidad ante el mismo tribunal (mero trámite) para dar paso al de amparo ante el Tribunal Constitucional se podrá alegar como motivo de esa nulidad el adelanto del fallo, que podría estar influyendo en la propia motivación de la sentencia.

¿Quién pierde en este juicio? Todos. No puedo comprender qué ha pasado por la cabeza de estos cinco magistrados para firmar tal decisión. Me sigo preguntando: ¿Por qué se negaron a retransmitir el juicio? ¿A qué tenían miedo?

Espero ahora que los argumentos sean absolutamente convincentes para devolver la fe a la ciudadanía, porque en caso contrario pasarán muchos años hasta creer de nuevo en la justicia. Yo, al menos, ya no creo.

No creo, porque sin más información veo demasiadas incongruencias, entre otras, la condena. Necesito que expliquen por qué consideran que se trata de datos reservados cuando ya eran conocidos todos los entresijos que los definen; por qué condenar al fiscal general por cumplir con su obligación de informar para destruir un bulo probablemente delictivo, es decir, por cumplir una obligación legal que, en todo caso, excusaría de desarrollar otra conducta; por qué el fallo se ha sustentado en el artículo 417.1 del Código Penal y no en el 417.2, que es el que establece que el penado ha causado daño a un tercero. Si esto no se cumple con suficiencia tendremos que llegar a la conclusión que se trata de una sentencia arbitraria como arbitraria ha sido la prepublicación del fallo.

La pena de inhabilitación, según veo en el fallo, está milimetrada. Dos años para el cargo de fiscal general, el tiempo máximo que le quedaba en ese puesto. Nunca podría ser reelegido, pues así ocurre cuando han transcurrido dos años en el ejercicio del cargo, de donde la sentencia se considera de cumplimiento imposible, pero no puede suponer la pérdida de la categoría de fiscal de Sala ni ser expulsado de la carrera fiscal.

En la dimensión política, más allá del apoyo moral del Gobierno al fiscal general, Núñez Feijóo ha reclamado, de forma inmediata, la dimisión del presidente Sánchez (quien no era el juzgado); Abascal ha aseverado que esta es la primera pieza del dominó que cae y que Sánchez será el primer presidente que acabará en la cárcel. Díaz Ayuso, por su parte, ha hablado, como siempre –con una confusión de conceptos grave y una falta de respeto a la esencia democrática–, de autocracias y dictaduras, obviando, sin embargo, el papel que ella misma ha jugado en todo este caso. Como ven, estimados lectores, la separación entre el poder político y el judicial se va diluyendo gracias a la ambición de estos políticos.

Pienso que el fiscal general no necesita defensa o apoyo (aunque personalmente son bienvenidos –lo digo por experiencia propia–) como responsable máximo de una institución de rango constitucional, porque tiene garantías desde el momento de su nombramiento. No depende del Gobierno: quien así lo afirme, miente. Desarrolla la política del Gobierno frente al delito y tiene su autonomía garantizada por lo dispuesto en su estatuto orgánico.

Cuando escribo estas líneas, Álvaro García Ortiz ha presentado su renuncia, lo que le honra y cierra cualquier otra posibilidad pues no podría repetir en ningún caso por el tiempo ya transcurrido en el cargo. Es un sinsentido más del adelanto del fallo que pondrá fin a una sentencia aun por escribir, cuyos razonamientos jurídicos podrían acomodarse en función de las críticas que unos y otros estamos realizando.

García Ortiz ha sido un fiscal general honesto, coherente, demócrata y está sufriendo una situación injusta. Como cualquier otro aforado ante el Tribunal Supremo, su figura no tiene posibilidad de recurrir en segunda instancia. Nunca he entendido por qué el legislador español no ha introducido, en los casos de aforados ante el Supremo, la doble instancia, esencial en un Estado de derecho. No hacerlo es otorgarle un poder omnímodo a la Sala Segunda del Alto Tribunal. Por lo demás, acudir al Tribunal Constitucional supone solo un recurso de amparo, pero al llegar allí, el daño ya está hecho. 

Los trajes a medida se suponen que son los mejores, pero me temo que, en este caso, cuando veamos finalmente el atuendo, nos vamos a encontrar con que está sujeto con alfileres y que se mantiene ligado solo por la inquebrantable voluntad de algunos de ir más allá de lo que aconseja la prudencia en derecho. Todo ello para alegría y, posiblemente, agradecimiento de quienes desean tanto alcanzar el poder que no tienen escrúpulos en dejar por tierra el honor de los servidores públicos y la confianza del ciudadano en las instituciones.

Escribo estas líneas para quienes lo han vivido, pero lo han olvidado; para aquellos que no lo han conocido y para todos los que escuchan los cantos de sirena de los franquistas. Estoy seguro de que quienes lo tienen presente, estarán muy próximos a mis palabras.

Tras la muerte de Franco, la ultraderecha se encargó de ensangrentar la vida cotidiana, mientras pretendíamos establecer una democracia y una Constitución. Los años de la Transición están plagados de asesinatos de grupos ultraderechistas franquistas que no querían que se acabaran los privilegios y de negocios de venta de niños robados que, iniciado en la postguerra, continuó hasta bien entrados los 80 y aún no sabemos dónde se encuentran.

Durante todos estos años esos grupos o los que les han sucedido, y aquellas personas añorantes de la dictadura, han mantenido el espíritu de Franco en la intención de retornarlo. Pensábamos que eran nostálgicos sin más fundamento. Creíamos que celebraban sus cenas y comidas de conmemoración como viejos conmilitones rememorando sus buenos tiempos, pero resulta que no. Resulta que al calor del PP y con el apoyo de la ultraderecha internacional, se han formado en las artes oscuras del ciberespacio y nutren de bulos y mentiras las redes sociales.

Ya no buscan su electorado entre los estratos de población menos informados, si no que, con una estrategia bien orientada, apuntan a los nuevos votantes. Hace ahora siete años, me impactó el conocimiento de que, en las aulas de Políticas de universidades públicas, hubiera un alto porcentaje de estudiantes que simpatizaban con Vox. Entiendo ahora que estaban haciendo cantera para futuras necesidades.

Vemos ahora cómo resurgen, desplegando todo tipo de maniobras para agredir la Memoria, como la reticencia a la eliminación de los símbolos; la rebeldía de VOX y PP en las comunidades autónomas intentando desarticular la ley y, más lejos aún, agrediendo físicamente las sedes del PSOE.

En esta tesitura, rechazan la resignificación de Cuelgamuros, el empoderamiento de las víctimas y la exigencia a la Justicia para que actúe en el sentido proactivo que marca la ley de Memoria Democrática.

La obligación de los demócratas es, más que nunca, realizar la necesaria pedagogía para que los más jóvenes sepan confrontar con el lado oscuro de las redes de tendencia fascista. Y recordar siempre que los ingredientes de la libertad son la verdad, la justicia, la memoria y la reparación. La libertad se consolida con las garantías de no repetición.

Esta semana, en reunión con los amigos, con seguridad hablaremos de como vivimos aquella noche. También, seguro, de la diferencia de conceptos entre lo que los chicos creen pensar ahora y lo que pensábamos nosotros, al menos los que tenían nuestras ideas.

He buscado mis notas. Para mí fue así:

El 20 de noviembre de 1975 yo vivía en Sevilla, con mis padres y hermanos. Estaba en tercero de Derecho. Por las noches, trabajaba en la gasolinera del Cerro del Fantasma en la autopista Sevilla–Cádiz, en Las Cabezas de San Juan. Sustituía el turno nocturno de mi padre y de otro compañero. Así podía estudiar por las noches, cuando no había clientes, e ir a las clases por las mañanas.

Estaba trabajando, de madrugada, cuando me enteré de la muerte de Franco. Eran aproximadamente las 6. Tenía una radio para escuchar las noticias y para que me hiciera compañía.

Ante la noticia, me quedé helado. Recuerdo que esa noche apenas pasó gente. Sí tengo presente a un señor mayor que me dijo que la muerte de aquel era una catástrofe, porque podíamos acabar de nuevo en una guerra. Yo le respondí que sería todo lo contrario, que llegaría la democracia, pero que habría resistencias y represión. Me miró muy sorprendido y me pidió que no dijera eso ante la gente. Le expliqué que era estudiante de Derecho y me deseó buena suerte.

Cuando llegó mi padre, que era un hombre muy reservado, comentó que me veía muy contento. Le dije: “Por fin se ha muerto Franco”. Él me contestó que tuviera prudencia y me fuera a casa.

Como siempre, recorrí los 43 kilómetros que me separaban de Sevilla en el primer coche que se detuvo a repostar. El conductor era un hombre que tendría unos 40 años y empresario, creo. Me preguntó qué me parecía la noticia y yo le dije que se había hecho esperar; él me contó que Franco estaba muerto desde hacía días y que lo habían mantenido en secreto. Como vi que era, al menos, aparentemente, contrario a la dictadura, le dije que estaba bien muerto y que nunca repararía su muerte el daño que había causado en vida a tantos españoles y españolas.

Me bajé en el Prado de San Sebastián, junto a la estatua de El Cid situada frente a la Facultad de Derecho. Nos concentramos un grupo de compañeros con idea de entrar, pero las puertas estaban cerradas, por lo que tendríamos que hacerlo en el Rectorado, pero se presentaron varios coches de policía armada. Los policías se acercaron con cara de pocos amigos, y nos dijeron que allí no hacíamos nada y que nos marcháramos, que no había clases por la muerte de Franco y que no generáramos problemas como los días anteriores. (durante todo 1975, habíamos protagonizado varias manifestaciones y enfrentamientos con los “grises”). Me marché andando a mi casa y aproveché para dormir un poco. Por la tarde, tomé el autobús a las 19.00 horas hasta las Cabezas de San Juan, anduve 5 kilómetros para llegar a la gasolinera y empecé mi turno de noche.

Lo que vi fue calma tensa y muchos corrillos y susurros.

En casa comenté con alegría el fin del dictador y las dudas sobre qué ocurriría. Yo era de los que propugnaban la ruptura. Mamá me dijo que tuviera cuidado con lo que decía. Hoy todavía me lo dice.

50 años han pasado desde aquel 20 de noviembre de 1975. Los de mi generación que tuvimos un protagonismo en las facultades, en los institutos, en las fábricas, en los despachos... peinamos canas y asistimos algo descolocados a este mundo que bajo ningún concepto esperábamos tener después de tanta pelea. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos permitido que aquellos nostálgicos de la violencia fascista hayan edulcorado su mensaje y hayan conseguido que fórmulas que defiende el genocidio, la gradación de clases y de géneros, el racismo renovado, el odio al diferente, al migrante, que se hayan adueñado de las calles e intenten hacer lo propio con las universidades, los institutos y las escuelas con personajes deleznables como los Vito Quiles, Alvises u otros de similar jaez?

¿En qué nirvana hemos vivido los llamados progresistas que no nos hemos dado cuenta de que se nos venía encima la marabunta? La cuestión es si aún estamos a tiempo de remediarlo o, una vez más, las confrontaciones ideológicas, las guerras internas y las luchas de poder nos harán, de nuevo, perder la vida y los derechos ganados. 

Está claro que debemos volver, de nuevo, a las barricadas, a dar la batalla ideológica y cultural, quizás estamos condenados a intentarlo una y otra vez como Sísifo por decisión de Zeus (brillantemente relatado por Albert Camús en su Mito de Sísifo) a subir con la piedra de la democracia a la cima de la montaña y tras dejarla en el suelo creyendo que está segura, ver como rueda hasta la base para hundirse en el fascismo, y de nuevo a realizar con rebeldía la misma operación durante toda la eternidad. Debemos ser conscientes que, la democracia no es un reino que se conquista para siempre, y que sus depredadores lo saben y están dispuestos en jauría a acabar con ella, con la libertad y los derechos consolidados. Zeus nos ha condenado a cumplir esta sentencia por no haber sabido defenderlos y por permitir que los beocios hayan tomado la Acrópolis de esos valores universales ocupados en otras veleidades y falsas prioridades.

El admirado y añorado José Antonio Labordeta nos dejó una canción bellísima a modo de himno que deberíamos recordar y aplicar de forma constante:

 “Habrá un día en que todos, al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad”.

“Hermano aquí mí mano, será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad”.

“Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad”…

“Que sea como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad”.

De nosotros depende.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

Llegamos a la fecha clave del 20 de noviembre. Hace 50 años que oímos de madrugada aquella famosa frase del presidente del Gobierno Arias Navarro: “Españoles, Franco ha muerto”. Las efemérides se celebran o se sufren porque, como dice la canción del grupo Jarabe de Palo, “depende, todo depende, del color con que se mire, todo depende”.

Quienes me siguen en infoLibre saben cuál es mi tendencia en este caso y a ella me apego para escribir en esta ocasión. Les recomiendo un artículo de Pablo de la Serna publicado en estas mismas páginas el pasado 14 de noviembre. Habla de cómo la ultraderecha maquilla el franquismo en las redes con el objetivo de influir en los más jóvenes. Advierte de que el grupo situado entre 18 y 24 años es el más proclive a aceptar un régimen autoritario, según el CIS.  Otras encuestas, como la de 40dB, sitúan a Vox en la intención de voto mayoritaria en la franja de 18 a 44 años. 

A mayor abundamiento, como decimos los juristas cuando queremos insistir en un razonamiento, el autor recoge cómo el periodista experto en neofascismos Miquel Ramos advierte de una ofensiva reaccionaria que tiene a la juventud como objetivo prioritario, aunque matiza que esto no significa que "los jóvenes sean de derechas". "Hay miles de jóvenes con ideas progresistas, militando y organizándose, pero no reciben la misma atención mediática. Llaman mucho más la atención cuatro niñatos haciendo el saludo nazi que chavales parando un desahucio".

Estoy de acuerdo con ambas posiciones, pero no puedo evitar preguntarme qué hemos hecho mal para llegar a 2025 con la rémora de un régimen cruel y despiadado que se reivindica por demasiadas personas. Ello, en un país que está a la cabeza del desarrollo económico europeo y, sin embargo, no es capaz de estarlo también al frente de la defensa de los derechos humanos y del entendimiento político y social. 

Desde mi punto de vista, son muchos los factores que inciden en esta vulnerabilidad institucional en la que nos movemos, arrastrada desde la dictadura, que no sanó la Transición y no ha sabido resolver la democracia hasta el momento. Falta de concordia y encuentro políticos de los diferentes partidos sobre problemas básicos y comunes como el modelo territorial, la diversidad, el acceso a la vivienda, la inmigración, la igualdad, la sanidad pública, la lucha contra la corrupción, la memoria, entre otros.

En este contexto hay que otorgarle relevancia especial en los últimos 20 años a la ofensiva global de la extrema derecha, hasta el punto de haberse configurado, a día de hoy, como una verdadera internacional de esa idolología que aglutina ideas ancestrales del fascismo, con una renovación de aquellos postulados centrándolos en la xenofobia y racismo, la discriminación por razón de género, negación de los derechos reproductivos de la mujer y ultranacionalismo galopante en contra del estado del bienestar. Cada vez son más los países en los que estos principios están arraigando y se convierten en postulados atractivos para sectores amplios de población con la cooperación inestimable, para su propagación, de las nuevas tecnologías de la comunicación. La extrema derecha, europea, sin ir más lejos, en Polonia, Hungría, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, se expande de forma transversal y nos describe una realidad y un futuro inquietantes. América Latina es un laboratorio importante de esta resurrección de las ideas y políticas fascistas y de este “amor” por lo retro, entendiendo por tal lo más retrogrado y casposo que pudiéramos imaginar. 

Para mí, en este sentido, las elecciones presidenciales y parlamentarias chilenas, donde dos de los candidatos han hecho gala de sus ideas pinochetistas e incluso más allá, son un ejemplo de la deriva peligrosa en la que estamos sumidos. Esto, tras conocer los efectos de la motosierra de Milei sobre la sociedad argentina, o la perturbadora política del presidente Noboa en Ecuador, de momento contenida por la ciudadanía ante un referéndum trampa del mismo; o de Bukele en El Salvador, que ha convertido su país en sede de cárceles ilegales de EEUU para migrantes ilegalmente expulsados, a cambio de un precio.

Además, asistimos al espectáculo del genocidio en Gaza a manos de autoridades y ejército israelíes con fines de ocupación. Y somos testigos de la propia impunidad del presidente estadounidense al desplegar una flota de dimensiones espectaculares con la que atacar embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico bajo la excusa de combatir el narcotráfico en la República Bolivariana de Venezuela y en Colombia e, incluso, amenazando con acciones militares por tierra contra la primera. Suman, en síntesis, más de 80 ejecuciones extrajudiciales en ambos casos, prescindiendo de cualquier atisbo de legalidad.

Sin duda hay relación. Nuestra ultraderecha patria se ha visto reforzada por estas fuerzas oscuras del imperio, que a su vez están al servicio de grupos económicos que aspiran a mayores beneficios. El dictador dejó dicho en su discurso de Navidad de 1969: “Todo ha quedado atado y bien atado con la designación como mi sucesor a título de rey del príncipe Don Juan Carlos de Borbón”, pero no podía imaginar el empujón que iba a llegarles a sus herederos medio siglo después de su muerte. 

Unos herederos que alimentaron su propio rencor y lo amplificaron, el 24 de octubre de 2019, cuando el Gobierno exhumó los restos mortales de Franco de la tumba de lo que el régimen conocía como Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros.

Estos jóvenes que hoy ven el franquismo como algo romántico, deseable o ilusionante, están mal informados. Probablemente el 99% de ellos ni saben un ápice de lo que representó la dictadura y la violación sistemática de los derechos humanos que supuso durante casi 40 años. Pero la culpa no es enteramente suya, porque ha faltado una verdadera pedagogía institucional al respecto. La asignatura de memoria no llegó a establecerse debidamente en las aulas y su implantación ha sido beligerantemente boicoteada en las comunidades gobernadas por el PP y Vox. 

Por su parte, la acción de la justicia o no ha existido o ha sido negativa y persecutoria de la memoria y de quienes han pretendido investigar los crímenes cometidos, garantizando con ello el olvido de las víctimas, su revictimización y la impunidad de los perpetradores. Por lo demás, la postura poco beligerante de un progresismo inane de militancia por la verdad, la memoria y la reparación durante tantos años, ha adormecido las conciencias de miles de jóvenes hasta borrar la obligación que tenemos como demócratas de consolidar la pacífica convivencia basada en la dignidad, como base de cualquier Estado de derecho. 

Los jóvenes no saben que, hasta que hace 50 años falleciera Franco, había reinado el silencio impuesto sobre el golpe de Estado que este protagonizó en 1936, sobre cientos de miles de personas que murieron o sufrieron exilio por defender la democracia, y que dio inicio a un exterminio selectivo desde entonces hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975. 

La delación, las denuncias falsas, los chivatazos de vecinos o ajenos que pretendían quedarse con sus bienes o que lo hicieron por pura maldad, venganza y odio ideológico, fueron la norma para viabilizar y sostener la dictadura. Tampoco han oído hablar del calvario de mujeres y niños señalados con el dedo por ser viudas o esposas o hijos de rojos. Desconocen cómo la mujer perdió derechos de manera fulminante –ahí están las trabajadoras del Metro o de la Telefónica que debían abandonar la empresa cuando se casaban– o la imposición de que el padre o el marido tuviera que autorizar sus estudios universitarios, su pasaporte, su acceso a la vida laboral.

La mujer debía cargar con ese sufrimiento en silencio pues esa era su obligación en el matrimonio, como la Iglesia se encargaba de recordar. Por supuesto, la violencia de género era inexistente, a la vez que la persecución de la homosexualidad formó parte del Código Penal hasta la Transición y el estigma social hasta hace bien poco, incluso contra las leyes de igualdad.

Me decía un joven taxista no hace mucho: “Vivimos en una dictadura”. “No sabes lo que es una dictadura –le contesté–. Si viviéramos en una dictadura, tú no podrías expresarlo jamás bajo pena de ir a la cárcel por tal opinión. Y lo más probable es que tu cliente te denunciara al escucharte”.

Así se las gastaban en aquella época. No se opinaba. Libros, revistas y películas estaban censurados. Había países a los que estaba prohibido viajar (los comunistas) e infringir cualquier norma no adepta a lo establecido podía llevar a la temible comisaría de Vía Laietana en Barcelona o a los calabozos de la Dirección General de Seguridad del edificio de la Puerta del Sol que hoy ocupa la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde se torturaba con saña y cuya existencia niega la presidenta Ayuso.

Desconocer la realidad que durante tantas décadas sufrimos los españoles conduce a que la ultraderecha imbuya a nuestra juventud del ansia de un ideal equivocado. Es un señuelo, una falsedad, un peligroso espejismo que puede llevarnos al desastre.

“Los sacos vacíos los hincha el viento; a los necios, la vanidad”. Sócrates.

Hay muchas preguntas pendientes de respuesta en este caso. Desconozco a cuántas de ellas contestará el tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a partir del día 13 de noviembre, fecha de conclusión del juicio contra el fiscal general del Estado (FGE) por un presunto delito de revelación de secretos, pero hay una nuclear que me ronda desde el comienzo de toda esta maraña político judicial. 

A lo largo de mi vida profesional he procurado, desde una óptica zetética (ciencia del derecho orientada a la investigación crítica), comprender las normas, analizar las causas, su origen y finalmente sus efectos. Es decir, lo contrario a la posición dogmática, que pretende la simple sistematización y aplicación de aquellas. Por ello, en este caso me pregunto con frecuencia a quién beneficia este andamiaje o esta estructura generada para llegar a un fin que, desde mi punto de vista, estaba predeterminado desde el comienzo.

Ante esta pregunta esencial debemos traer a presente, en síntesis, la génesis de esta causa judicial. Recordemos que, inicialmente, las diferentes acciones populares y la propia querella del presunto perjudicado, señor González Amador, así como la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se centraron en la nota informativa emitida por la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado, asumida por su titular, en la mañana del día 14 de marzo de 2024, y que sobre ella versó la exposición razonada que el magistrado instructor elevó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A renglón seguido, la Sala de Admisiones de este último mutó el objeto de investigación, dejando fuera la nota informativa y centrándolo en el correo de 2 de febrero de 2024 remitido por el abogado del señor González Amador en el que se ofertaba un posible acuerdo de conformidad al fiscal del caso, señor Salto, por sendos delitos fiscales. Un documento que, hasta ese momento, permanecía entre bastidores.

La importancia de esta decisión fue que, sin una mínima argumentación, se decidió desde la instancia suprema que el presunto responsable máximo de la filtración de ese documento era el FGE y dos colaboradores más. Tremenda deducción del tribunal sobre la nada, porque si a día de hoy lo anterior no ha sido probado, siquiera indiciariamente, ¿cómo un simple pálpito o una mera presunción (prohibida en el derecho penal) constituyó la base del impulso para decidir tal cuestión y, con ello, estigmatizar para siempre a la más alta autoridad del Ministerio Fiscal, excluyendo arbitrariamente a cualquier otro actor? 

Así lo ha hecho también la Sala de Apelaciones al adelgazar aún más el caso (exclusión de los dos fiscales encausados, en diferentes fechas) con un rotundo voto particular que ridiculiza (argumentalmente) al instructor, que ha ido a “salto de mata” variando el objeto, versionando posibilidades, cambiando la partitura, pero siempre con el mismo colofón y único objetivo invariable de que solo el FGE fue quien, con una capacidad difícil de igualar incluso en las películas o series distópicas en las que todo es posible, habría sido el responsable mínimo y máximo de los hechos imputados.

Visto lo visto en este laberinto judicial, no sería extraño que, ante el fracaso de la estrategia desarrollada hasta ahora, asistiéramos –extremo que ya se apunta en algún medio– a una última vuelta de tuerca contra el FGE consistente en retomar la nota informativa emitida por la Fiscalía como base de una eventual condena. Así, lo que se despreció por la Sala de Admisiones volvería a estar en el centro de la cuestión y con prueba directa de la autoría, dado el reconocimiento expreso del propio afectado.

Los que nos dedicamos al mundo del derecho, y específicamente –antes o ahora– al de la investigación judicial, sabemos que, para que ello no sea tachado de parcial o arbitrario en alguna instancia nacional o internacional posterior, se tienen que establecer sólidos indicios de criminalidad y contraindicios definitivos cuando desde la defensa se ofrece una realidad alternativa, coherente y basada en hechos contrastados.

Y ¿qué pasó con el resto de posibles sujetos que tuvieron acceso a ese correo? Se volatilizaron. 

Es paradójico que quienes sí estaría demostrado que conocieron el correo no hayan sido molestados (por ejemplo, el abogado del señor González Amador confesó haberlo entregado a un abogado del Estado amigo, la fiscalía del TSJM también lo tuvo antes que el FGE, u otros muchos fiscales y funcionarios judiciales, hasta un mínimo de ventitantos) y que esté encausado quien está probado que no lo tuvo hasta después de que dispusieran del mismo varios periodistas, ninguno de los cuales fue creído por el magistrado instructor, señor Hurtado. Tampoco este instructor inició procedimiento alguno contra ellos, quizás porque no alcanzó a comprender lo que es el secreto profesional de un periodista, ni el hecho de que sus testimonios conjugaran el derecho a no revelar sus fuentes y la obligación de decir verdad respecto a que el FGE no había sido quien les filtró el meritado documento. Aguardo con impaciencia la argumentación del Tribunal al respecto.

Nos queda una semana de juicio, el jueves día 13 quedará visto para sentencia. Hasta ahora las pruebas practicadas en la vista oral son nítidamente favorables al fiscal general. Ni uno solo de los declarantes le ha perjudicado con sus testimonios. Al contrario. Mención aparte de los lamentos del señor González Amador, cuya advertencias de que podría estar pensando el escaparse/irse del país deberían ser analizadas en las instancias judiciales que tiene abiertas como investigado por presuntos delitos varios; hemos visto las valoraciones penosas sobre la normalidad de manipular o mentir en política o en el periodismo –que denigran a una profesión y otra– por parte de quien está en el origen de todo este dislate, el señor Rodríguez; o las animadversiones corporativas dentro del ministerio fiscal autonómico respecto a la instancia jerárquica superior por razones que no vienen al caso; hasta las declaraciones testificales que, teóricamente, tendrían que ser adversas, no han superado el nivel de credibilidad de cualquier observador imparcial. 

El bulo generado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid en defensa de su pareja más le perjudica a este que al formalmente acusado. Si yo fuera su superior, lo habría cesado ya hace tiempo de forma fulminante, porque con sus tejemanejes le ha proporcionado un obscuro horizonte procesal al señor González Amador, con quien el tribunal ha tenido un criterio laxo en sus descalificaciones, a todas luces improcedentes, hacia el FGE.

Por otra parte, resultó chocante la admonición del presidente del tribunal a uno de los periodistas advirtiéndole de que no amenazara a aquel al poner de manifiesto algo que no entienden ni él ni el común de los mortales, que negando por conocimiento propio la autoría de la filtración del FGE se pueda, eventualmente, condenar a un inocente.

En las próximas sesiones depondrán otros periodistas y los agentes de la UCO a quienes, sorprendentemente, se les ha otorgado el carácter (en parte) de peritos, cuando ningún peritaje existe en sus informes y lo que sobra en ellos son las valoraciones que se han permitido hacer sobre un fantasmagórico papel preeminente del fiscal general que, en realidad, es el cumplimiento de su deber explícitamente regulado en el Estatuto del Ministerio Fiscal. Dar cuenta al superior es una obligación del inferior en virtud de los principios de unidad y jerarquía que rigen esta institución, de donde resulta, cuando menos chocante, incluso inverosímil, que la fiscal jefa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le pidiera explicaciones a su superior, el FGE, sobre los actos (supuestos) de este. 

Mención aparte merece el señor decano del Colegio de Abogados de Madrid a quien, como colegiado, no considero que me represente en el ejercicio de una acción popular en este proceso más que cuestionable que responde a un claro planteamiento corporativo de la directiva actual de dicho Colegio, antes que a la protección del derecho de defensa, que no veo cercenado. De ninguna forma en que se aborde la cuestión. Nótese que cuando el hecho se produjo, lo que existía eran unas diligencias de investigación en las cuales es procesalmente imposible que pueda plantearse una conformidad en el delito y la pena posibles.

Después de lo expuesto, sigue siendo pertinente mi pregunta retórica inicial: ¿por qué estamos en un juicio que nunca debería haber existido? Y añado algunas otras: ¿Quién sale ganando con esta situación? ¿Cuál es el objetivo verdadero de este proceso en el que, cual comparsas prescindibles, coadyuvan las acciones populares y la particular y en el que el ministerio fiscal, defensor de la legalidad, no acusa? 

Desde luego, al escribir este artículo, los dedos se me escapan sobre el teclado del ordenador hacia las letras que identifican como objetivo al Poder Ejecutivo en su máxima expresión (presidente del Gobierno, a quien se pretende acorralar políticamente con variados argumentos y casos que le posicionan sin ninguna base real en el núcleo de unas tramas de corrupción concatenadas, que, o le son ajenas absolutamente, o ante las cuales ha respondido con firmeza y decisión, oportunamente). Y como beneficiada a una oposición (eso creen) que, de forma oportunista y sin respeto alguno a las decisiones judiciales que le son adversas, pero apoyando y festejando las favorables a sus intereses, instrumenta y participa en los procesos con fines políticos, ajenos y dañinos para la buena justicia. 

En esta línea, lo que no se ha evaluado (¿o sí?) por quienes han puesto en marcha este aquelarre son las consecuencias nefastas para la confianza de la ciudadanía en la justicia, que está siendo horadada desde las mismas instituciones que deberían defenderla. Así, resulta escandaloso que una asociación de fiscales (APIF), a cuyos componentes se les presume el conocimiento del derecho, ejerza la acusación y pida seis años de cárcel para el acusado sin pestañear, y que ninguno de aquellos haya levantado la voz para decir “no en mi nombre”, de donde se desprende que todos son corresponsables.

No tendremos que esperar mucho tiempo para conocer el final de este proceso que marcará una época en la que, en España, como en otros países, se está degradando el respeto y defensa de derechos fundamentales sin medir las consecuencias de este deterioro. Aún se está a tiempo de reconducir la dignidad de instituciones básicas para el sostenimiento de nuestro sistema constitucional, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución de 1978: 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Así sea.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

 Su caso me ha impactado y les diré por qué: su padre firmó el contrato de arrendamiento en 1956, pero su madre no pudo rubricarlo por ser mujer y, por tanto, no tener plenos derechos, así que, a la muerte del marido en 1957, solo pudo subrogarse. No les voy a marear con procesos administrativos, basta con saber que en 2005 muere la madre y legalmente no cabe una segunda subrogación, por lo que Mari Carmen se quedó entre el cielo y la tierra.

Este caso ilustra la vida durante la dictadura franquista que algunos quieren presentar como un pasado de leche y miel. No fue así. Las mujeres no tenían plenos derechos. Para todos los documentos, desde el pasaporte a una compraventa, estaban supeditadas al padre o al marido, que debía dar su permiso. Las mujeres transitaban de la casa paterna al dominio del cónyuge. Se las quería sumisas, dóciles y dispuestas, y para ello el régimen desplegó medidas económicas y administrativas suficientes como para que no pudieran desprenderse de ese yugo. ¿Y el maltrato? Algo a sufrir en silencio pues el esposo era quien imponía las normas a la familia y las hacía cumplir. Era la sacrosanta “autoridad marital”.

Todo emanaba de la voluntad del dictador. El historiador Eduardo Montagut recuerda con tino en NuevaTribuna que La Ley Orgánica del Estado del 10 de enero de 1967 dejó definida la Jefatura del Estado en su Título II: “Artículo sexto. El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional”. 

Montagut concluye: “el propietario de la soberanía nacional, es decir, de la fuente del poder, no era el pueblo español, sino Francisco Franco”.  

Esa era la realidad. Los que añoran esa época y envenenan a la juventud con ideas de autoritarismo y “orden” necesario, mienten. La dictadura –todas las dictaduras– son sistemas de represión, de falta de libertad, de desmanes contra los ciudadanos, de impunidad y crimen. 

Por ese motivo, la exhumación de Franco, el 24 de octubre de 2019, hace ahora seis años, supuso un paso más hacia la normalidad democrática. Parece mentira que tuvieran que pasar 56 años desde la muerte del dictador para que su féretro abandonara Cuelgamuros. Recuerdo bien la escena, con la ministra de Justicia, Dolores Delgado (*), protagonizando con su imagen serena, pero firme y seria, una despedida que se había prolongado demasiado en el tiempo. Y no olvido la inquietud en determinados sectores ¡a esas alturas! por las reacciones que pudieran tener lugar de parte de los acérrimos franquistas y los afines a la ultraderecha. Ladraron, claro, si bien la sociedad cabalgaba hacia el futuro.

Sin embargo, no se han quedado quietos. Creo que los progresistas, los que hemos peleado toda la vida por establecer la democracia, nos vemos hoy sorprendidos ante el auge de la ultraderecha aquí y en los países de nuestro entorno y de esa tóxica añoranza de los jóvenes, o, al menos, de un sector muy importante, hacia un mundo que no han conocido y del que ignoran lo sórdido y dañino. Algo no estamos haciendo bien ante esas ideas reaccionarias que llevan a que un 20% de la juventud opine que la dictadura es mejor que la democracia. 

Por eso la memoria es esencial. Y resulta básico enseñarla en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Aunque a algunos les pueda parecer secundario, o pasado. Lo contrario nos lleva a situaciones críticas, y encumbra a figuras como la de Donald Trump en Estados Unidos, país del que, a este paso, se dirá que fue libre un día lejano. O a la crisis de la estructura internacional del Derecho, que cada día se aleja más de la visión progresista que debe impregnar todas las decisiones de los jueces para contribuir a que la sociedad avance y a que el respeto a los derechos humanos sea irrestricto. 

Demasiados profesionales de la justicia tienen proscrita la memoria y evidencian lo que creo debe ser un miedo imbuido en los genes, que se traduce en una posición de rechazo a los asuntos de la dictadura. No nos engañemos: en el Poder Judicial cuesta dios y ayuda arrancar algún tipo de acción que solo se consigue en España a golpe de piñón de este Gobierno.

Permítanme, en este punto, que haga una afirmación grave pero cierta: los representantes de la administración de Justicia, tanto jueces como fiscales en general, pero muy especialmente en las últimas promociones, no muestran ningún interés en la necesidad de la memoria democrática ni en la defensa de los derechos humanos. 

En el primer caso porque no entienden lo que significa y la trascendencia de su aprendizaje como garantía de no repetición, y en el segundo caso, por un rictus de soberbia que es transversal en la sociedad española, de creer que lo de los derechos humanos es algo de sociedades en desarrollo, y no en una España que los vulnera con excesiva frecuencia al más alto nivel.

La democracia tiene enemigos potentes. Ahí está la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, presentando un recurso ante la Audiencia Nacional, oponiéndose a la colocación de una placa que deje claro que el edificio en el que se ubica la Comunidad de Madrid fue en tiempos de la dictadura la antigua Dirección de Seguridad, lugar de torturas y crímenes. 

O las diferentes comunidades autónomas en que el PP gobierna con mayoría absoluta, pero obedece a Vox enmendando la ley de memoria democrática, derogando las normas autonómicas sobre la materia (cito a Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria...), proponiendo leyes de una concordia que ellos se niegan a aplicar por cuanto el único concepto que entienden es el de impunidad, o poniendo trabas a las familias que aún hoy siguen buscando a sus seres queridos en las cunetas. No podemos olvidar que aún quedan por recuperar los restos de 11.000 fusilados del franquismo frente a las 9.000 exhumaciones de estos cinco años pasados.

Hay que hacer justicia y esa justicia pasa por acciones como la decisión del Gobierno de declarar Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este, el conocido cementerio de La Almudena, del que es titular el Ayuntamiento de la capital, escenario “silencioso pero atroz de la violencia política, y símbolo del uso del terror por parte del régimen franquista para consolidar su poder". El objetivo es que no sea olvidado el sufrimiento de los centenares de hombres y mujeres que perdieron allí la vida, cuyo legado "continúa siendo un faro de resistencia y esperanza para las generaciones presentes y futuras”, decreta el BOE del 30/10/25. En los próximos días, el periódico oficial dará fe también de la declaración de lugar de memoria en el sitio donde se alzaba la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, la que se llamó cárcel de Carabanchel.

Avanzamos, pero despacio y con fuertes resistencias. Tres años después desde la promulgación de la ley, aún queda parte de su articulado por desarrollar. Pero se ha consolidado la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que ahora cuenta con fiscales en todas las provincias que pueden desplazarse a las exhumaciones, y se trabaja para resignificar el Valle de Cuelgamuros, el antiguo mausoleo de Franco. 

En un muy recomendable artículo en El País de Natalia Junquera, periodista especialmente sensible a los temas de la Memoria, titulado "Los temas pendientes de la Ley de Memoria", se desglosan algunas de estas acciones pendientes. Cita la extinción de la Fundación Franco; los incumplimientos en materia de educación del PP, que emprende junto a Vox auténticas guerras ideológicas para evitar contenidos que hablen sobre la represión franquista; o los inventarios pendientes para resarcir a los afectados, auditando los bienes expoliados. 

Los trabajos realizados por los españoles cautivos esclavos o las violaciones de derechos humanos, que alcanzan hasta 1983, son asuntos a resolver si queremos dejar atrás la oscuridad que asoló nuestro país y produjo tanto dolor, tanto miedo y tanta muerte.

El camino hacia la normalidad democrática pasa por reconocer los hechos, resarcir a las víctimas, establecer lo ocurrido y explicarlo para que no se repita. ¿A qué pueden tener miedo la derecha y la ultraderecha? No he conocido a ninguna víctima de las dictaduras, ni aquí ni al otro lado de Atlántico, que exprese o desee o reclame venganza. Doy fe de que tan solo relatando lo ocurrido, sienten alivio y reparación. Lo único que piden es Justicia. Esa es la labor que, con dedicación y esmero, lleva adelante la Fiscalía, liderada por Dolores Delgado a través de los expedientes de Jurisdicción Voluntaria de fijación de hechos criminales no litigiosos. 

La memoria tiene un efecto sanador incuestionable. Para quienes sufrieron la dictadura y para prevenir que otros se sientan tentados por desconocimiento a revivirla. Sirve para evitar que de nuevo mujeres como la madre de Mari Carmen vivan en una eterna infancia doblegadas siempre al hombre sin derechos ni libertades. Es vital para que seamos conscientes de nuestros derechos y de cómo, si no estamos alerta, si no trabajamos cada día para preservarlos, otros nos los arrebatarán. La libertad es un raro don, sumamente frágil, de una delicadeza extraordinaria que se nutre del deseo de progresar de las personas y se destruye con la negación y el olvido. No podemos bajar la guardia.

(*) Dolores Delgado está casada con Baltasar Garzón desde mayo de 2024.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

En la la mañana del sábado 4 de octubre, llegaba la noticia de que Israel había ordenado a su Ejército parar la ofensiva sobre Ciudad de Gaza. Unas horas después, tras un ataque israelí en el barrio Al Tuffah, se daba por desaparecidas entre los escombros de las viviendas a 16 personas, confirmándose que, entre los fallecidos, había al menos seis niños y mujeres. Leo en El País que “según un recuento en morgues de hospitales realizado por informadores gazatíes, este sábado hasta las 18.20 (hora local), 54 personas habían muerto en toda Gaza por fuego israelí, 28 de ellas en Ciudad de Gaza”. Unas muertes sin sentido, dramáticas, que han venido a sumarse a las de 18.000 criaturas asesinadas dentro de la terrible cifra de más de 67.000 civiles, a los que los militares de Netanyahu han masacrado.

El mandato de frenar los crímenes ha sido consecuencia de la aceptación de Hamás a la propuesta de paz –así denominada– de Trump en acuerdo con Netanyahu. El presidente norteamericano está apretando las tuercas porque –dicen las malas lenguas– que corre el tiempo para presentar su candidatura al premio Nobel de la Paz, con fecha límite de 1 de febrero del próximo año. Y en esa probable situación, Trump obligó al primer ministro hebreo a pedir disculpas a Qatar por haber bombardeado en septiembre a la delegación negociadora de Hamás reunida en la capital qatarí. No en vano Qatar, Turquía y Egipto han influido en la decisión del Movimiento de Resistencia Islámica, que asegura ahora que liberará a los rehenes y se avendrá al proyecto de Trump en una respuesta positiva pero soslayada por un “sí, pero”, que aún habrá que ver a qué conduce.

Las noticias van muy deprisa. Esta nueva situación se producía cuando los miembros de la flotilla humanitaria interceptada en aguas internacionales por los israelíes aún continuaban retenidos y el clamor de la ciudadanía por su liberación y por el fin del genocidio se extendía por todo el globo.

Llegados a este punto, ¿qué debemos pensar? ¿Hay que aplaudir el acuerdo auspiciado por Donald Trump y bendecido por Benjamin Netanyahu? No lo creo. Es una declaración de intenciones interesada con un fondo de protectorado e intereses crematísticos manifiestos. Vean si no los puntos 10 y 11 del documento:

10. Se desarrollará un plan económico liderado por expertos en desarrollo urbano del Medio Oriente para reconstruir Gaza y generar empleo, oportunidades y esperanza.  

11. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y acceso negociado con países participantes. 

Sobrevuelan sobre estas dos cláusulas los afanes de promoción turística de Trump para la Franja, que contemplan la expulsión total de sus habitantes. Con el agravante del nulo papel que se manifiesta de organismos internacionales como la ONU, en los que el presidente norteamericano no cree y le molestan. Pero no nos engañemos: mientras en el Consejo de Seguridad de la ONU haya cinco países con derecho a veto, es muy difícil que Naciones Unidas pueda emprender alguna acción contraria a los intereses de cualquiera de aquellos. La única solución sería cambiar la forma y el desarrollo de esos organismos.

No se me va de la memoria la cínica intervención de Netanyahu ante la Asamblea general hace muy pocos días en Nueva York, a la que, por cierto, se le prohibió la entrada al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que tuvo que intervenir online.  Netanyahu ridiculizó el reconocimiento de un Estado palestino como una «marca de vergüenza» y prometió «terminar el trabajo» en Gaza, la misma campaña que la Comisión de Independiente de la ONU había determinado, apenas una semana antes, que constituía un genocidio.

Mientras tanto, ¿qué hacer? Desde luego, abordar lo urgente, lo prioritario, es decir, aquello que no puede esperar, frenar la matanza, aportar ayuda urgente a una población que está siendo exterminada.

En esa tesitura, ese acuerdo o cualquier otro que sirva para parar el genocidio es útil. Aun cuando sea el producto de la megalomanía, de una parte, de un ultraderechista a quien le importan un bledo las personas y sus derechos fundamentales y, de otra, de un presunto genocida y su Gobierno con ansias de recrear el mito sionista del Gran Israel. 

Lo urgente es por tanto parar la acción homicida de Israel y salvar la vida de los gazatíes. Una vez logrado ese objetivo básico, veamos qué es lo irrenunciable.

A lo que bajo ningún concepto se puede renunciar es, desde luego, a que los verdugos, los genocidas, paguen por sus acciones. 

La pauta la dio el Grupo de la Haya, como bien se destaca en el boletín número 36 de la Internacional Progresista: “Cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se acercó al podio de la Asamblea General de la ONU el 26 de septiembre, decenas de delegados abandonaron la sala en señal de protesta, dejando vacíos bloques enteros de asientos. Este éxodo no fue solo una reprimenda. Reflejó un punto de inflexión, ya que muchos de esos mismos Estados se reunieron a pocas manzanas de distancia para celebrar la mayor reunión hasta la fecha del Grupo de La Haya”.

En este evento, ministros de relaciones Exteriores de 36 países, aprobaron una serie de medidas, como detener las exportaciones militares y de doble uso; rechazar los envíos de armas israelíes en los puertos; impedir que los buques con bandera nacional transporten armas a Israel; revisar y cancelar los contratos públicos con empresas israelíes; buscar justicia a través de la jurisdicción universal; suspender las adquisiciones militares; retirar a las instituciones públicas de las empresas cómplices; e instituir embargos energéticos.

Los países deben, por tanto, conseguir la fuerza conjunta para enfrentar al victimario, eso es indudable. La diplomacia y las acciones conjuntas de sanción de las naciones son la fórmula indispensable para enfrentar a aquel y sus copartícipes. Pero, además, hay otra fuerza formidable que se ha hecho patente y que es, la que, en primer y último término, puede cambiar las decisiones de los políticos.

Me refiero a la ciudadanía. Me refiero a los valientes que navegaron contra marea, como los barquitos de vapor de la canción de Camarón, alimentados por el carbón de la solidaridad y el convencimiento de que allá donde los derechos de los seres humanos se conculquen, otros seres humanos deben acudir en su ayuda. Me llenan de orgullo las imágenes de las tripulaciones de la Flotilla avanzando en un mar de peligro y luego, manos en alto, aguantando el pánico ante la invasión de soldados armados hasta los dientes, siendo detenidos en aguas internacionales e ilegalmente transportados de forma arbitraria a un país ajeno.

Es el mismo orgullo que han sentido miles de ciudadanos en los puntos más dispares, manifestándose por tales sucesos y reclamando el fin del genocidio y el castigo de los genocidas.

Ese castigo es el otro punto básico de lo irrenunciable y ahí entra la Justicia como instrumento primordial. En ello está la Fiscalía española, que incluye en su indagación sobre los crímenes cometidos en Gaza «el alcance de los hechos y las circunstancias en que se han producido». Lo recabado se incorporará a las diligencias abiertas el 18 de septiembre, dirigidas por la fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos, Dolores Delgado. Pero no debe olvidarse que son crímenes cometidos por las autoridades militares y políticas israelíes (detenciones ilegales, secuestro, coacciones...) en barcos de bandera española, por ende, territorio español, y de acuerdo con el art. 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, su persecución es competencia de la justicia española.

Como bien dice en un comunicado la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, sólo un derecho internacional creíble y eficaz es garantía de las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, como refiere el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. De ahí que también los jueces progresistas exijan “la adopción de las medidas necesarias para restablecer el vigor del derecho internacional en defensa de la dignidad humana que hoy se ve agredida y amenazada por las ilegítimas acciones del Gobierno y el ejército israelí”.

Digo más: en el ámbito de la política urge sumarse a la situación planteada en la Corte Penal internacional contra Israel, contra su primer ministro o su exministro de Defensa y todos aquellos responsables del Gobierno y ejército que han dispuesto las acciones criminales debatidas. Exijamos al Gobierno que proceda, que prescinda por supuesto de los burdos ataques de una oposición sometida a la ultraderecha y al parecer ligada a intereses de Israel, y que trabaje en la dirección que marcan los derechos humanos. Esa será su mejor contestación.

Pero también, exijamos a los jueces españoles y a los de los demás países que actúen en el marco de sus respectivas competencias ante la detención ilegal, coacciones y secuestros perpetrados sobre los componentes de la Global Sumud Flotilla.

Lo que está ocurriendo puede ser el principio del fin de la matanza, objetivo urgente, pero supone también la incertidumbre de qué puede pasar con las víctimas. Y aquí lo irrenunciable es la reparación integral, que recuperen su país, el Estado palestino internacionalmente reconocido, que nadie pueda expulsarles ni obligarles a renunciar a su vida. Obviamente no podrá recuperarse a aquellos que han sido asesinados y esto manchará, una vez más, la historia atormentada de una humanidad dirigida por múltiples líderes silentes, insensibles y cómplices (salvo algunos), que no han estado a la altura de las decisiones que debían adoptarse para proteger a las víctimas, y especialmente a la infancia. Lo que sucede en Gaza se titulará para la posteridad como el genocidio de niños en directo ante los ojos del mundo.

Creo firmemente en la conciencia ciudadana, que no es flor de un día, que aspiro vaya aumentando, que se mantenga vigilante y actúe, como ahora, frente a la injusticia. Esto es lo que, de verdad, puede transformar el mundo.

No sabría decir qué sentimiento ha sido el que pesó más en mi ánimo el viernes día 5 de septiembre de 2025, si el disgusto o el asombro, ante el acto institucional de la inauguración del año judicial. El primero, ante la comprobación de que algunos de mis antiguos colegas han perdido de vista todo aquello que compone la vocación de servicio público de la justicia como derecho de la ciudadanía y se ponen por montera la independencia, que aseguran defender con grandes golpes de pecho, para acabar siendo quienes más la ponen en duda y cuestionan, con sus actos. Porque una cosa es ser independiente y otra es confrontar políticamente con otro poder del Estado, reclamando aquella para, finalmente, obrar con impunidad. 

En cuanto a la perplejidad, me la causa lo orquestado y organizado en la acción de protesta que ha llevado al líder de un partido que pretende gobernar a ausentarse del marco institucional para acudir a un acto cutre y de arrope a la presidenta madrileña. Y también, es de suponer, de apoyo a quien ha generado todo el desmadre institucional en el que nos ha sumido la inconsistente acusación contra el fiscal general del Estado (FGE) por cumplir con su obligación de defender de bulos y calumnias la institución que dirige. 

El acto de presentación del año judicial ha reunido todas las características de lo que nunca deberían propiciar quienes administran justicia. Primero, por todas las presiones y alegatos de asociaciones y grupos conservadores que, entre otras cosas, trataron por todos los medios de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo instara al fiscal general del Estado a no concurrir al solemne acto. Ello denota un desconocimiento (o no) de lo que marca la ley sobre la imprescindible presencia del fiscal en tal ocasión (artículo 181.2 de la LOPJ) para rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo del Ministerio Fiscal en 2024. Pero, además, estos colectivos no han dejado de hacer ruido cual compadres chismosos en determinados medios de comunicación para que se tuviera la sensación de que el FGE se abstendría de concurrir a dicho evento y de esta forma colocar una muesca en la culata de la pistola procesal que le apunta a la sien.

Finalmente, la presidenta de tan formales instancias, en su discurso, que se escuchó algo trémulo o cuanto menos con poco empuje, aseguró que son aceptables y legítimos el desacuerdo y la crítica, “pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional”.

Estoy de acuerdo con tal aserto, y precisamente por ello sería exigible mayor contundencia del órgano que preside frente a quienes, desde los estrados, incumplen esos principios, y hacen que el proceso penal sea algo imprevisible y sin garantías de buen derecho para los ciudadanos afectados. En este punto, no pude evitar un rictus de amargura al pensar en algunos procesos pasados y recientes.

He defendido públicamente y desde hace tiempo que en España tenemos un grave problema con la judicatura, la fiscalía y el órgano de gobierno de los jueces y, por supuesto con aquellas asociaciones y órganos consultivos (Consejo Fiscal) que reclaman mayor independencia para la justicia y se quejan de la falta de independencia del FGE frente al Ejecutivo. Y es que por más que buceo en la LOPJ, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y normas adyacentes no veo cuáles son las amenazas para desempeñar las funciones judiciales y fiscales en cumplimiento de tales normas y, por supuesto, de la Constitución. Al menos yo nunca he permitido que me afectaran, sencillamente cumpliendo esos principios básicos.

Más bien creo que esa reclamación se ha convertido en un mantra corporativo y endogámico que pretende convertir el servicio público en una especie de posición autárquica judicial y fiscal impermeable a la crítica, cuando no perseguidora de la misma.

Y vuelvo al acto del viernes en el salón de plenos del Tribunal Supremo, donde, por cierto, sufrí dos juicios orales seguidos por los casos Gürtel y Franquismo, ambos calificados de arbitrarios, parciales e imprevisibles por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo que vi allí fue a un digno fiscal general del Estado abriendo el turno de palabra en términos claros: "Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal. Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del poder judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”. El fiscal llamó a valorar el trabajo de los fiscales y manifestó su confianza en la solidez del Ministerio Fiscal.

Pero esta fe no parece ser compartida por diversos magistrados y fiscales que anteponen el “quién” está dirigiendo la institución frente al porqué se ve en esa tesitura previa al banquillo o si se le debería aplicar la presunción de inocencia a todos debida. No. No cuenta el hecho de que Álvaro García Ortiz se encuentre en este punto a raíz de una presunta calumnia del jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que debería haber sido –o serlo, todavía– objeto de investigación ex officio.

Como tampoco son de interés para el juez del Tribunal Supremo que ha iniciado el proceso, Ángel Hurtado, en su unidireccional instrucción, los testimonios de varios periodistas de medios de distinta concepción, acerca de que ya sabían de los secretos supuestamente revelados por García Ortiz mucho antes de que este fuera conocedor de los mismos. Curiosa situación la generada por quienes estarían llamados a evitarla: jueces y fiscales asumiendo una parcialidad más que cuestionable y una fijación preestablecida desde el comienzo, al rechazar cualquier otra alternativa que cuestiona severamente el Estado de derecho que dicen defender.

Independencia no significa impunidad para los jueces, sino responsabilidad y obligación de los mismos y derecho de los ciudadanos. Por ello, los primeros a defenderla son aquellos, pero no se consigue quejándose de las críticas de otros poderes. Como dice el refrán: “Obras son amores y no buenas razones”. El desarrollo de la labor judicial es el que debe demostrar esa independencia, que en ningún caso es soberbia o arbitrariedad. La ciudadanía se siente confiada y tranquila cuando las actuaciones judiciales demuestran que con ellas se protegen los derechos y no su vulneración.

Cuanto más se enrocan determinados jueces en ese argumento, tanto más se tambalea la integridad debida. Se trata, de fondo, de una falacia: lo que estos jueces dicen ejercer a través de sus asociaciones profesionales (brazo colectivo para poder lanzar argumentos políticos) no es independencia judicial, sino independencia corporativa. La independencia que practican es la de defender los privilegios de la profesión, enredar para conseguir ascensos, posicionarse y, ¿por qué no?, avanzar por un camino que lleve a otros puestos más adelante, incluso en el ámbito del poder ejecutivo. No son muchos los profesionales que avanzan en esta dirección, pero los que lo hacen son sumamente lesivos para todos.

Lo que sí habría que controlar –y ahí el órgano de gobierno de los jueces tendría que jugar un papel activo– es si en ese juego de intereses la justicia queda maltrecha y se deteriora la mencionada independencia, la de verdad, el derecho de defensa y la presunción de inocencia o, directamente,  ambos principios se desechan.

Aquí aparece mi segunda sensación, la de la turbación por cómo los acontecimientos no son casuales, sino que, en estos asuntos, parece estar todo bien trazado y previsto. Lo digo porque, tras varias versiones facilitadas por Alberto Núñez Feijóo y su partido para justificar su ausencia del acto de apertura del año judicial (incluyendo el rechazo a las críticas del presidente Pedro Sánchez a algunos jueces), resulta, según se ha hecho público, que esta ausencia estaba prevista desde finales de julio, que es cuando el PP declinó la invitación del CGPJ a la apertura del año judicial.

Así lo cuenta el diario El País: “Y fue entonces también cuando el equipo de Feijóo y el de Ayuso convinieron en celebrar justo en la misma fecha el pistoletazo de salida del curso del PP madrileño. Y enviar así un mensaje claro de respaldo del líder del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad, embarcados en un frente común contra el fiscal general del Estado procesado en la causa por supuesta revelación de secretos de su pareja”.

Ni que decir tiene que, en esas fechas, la entrevista en TVE1 con Pedro Sánchez no había tenido lugar, por lo que la indignación y el apoyo a los jueces esgrimidos por Feijóo aún no se habían producido. El desplante a la ciudadanía, al jefe del Estado y a la Justicia estaba previsto con antelación y sin miramientos. “Gracias por habernos elegido”, le diría Ayuso el día de autos, dejando claro el fondo del asunto. Después, en el mitin, se expresaron las suficientes barbaridades fuera de lugar para nutrir las crónicas más disparatadas. 

De esta jornada me queda pues una huella amarga, pero clara, sobre lo aprendido. En lo que se refiere a la Justicia concluyo en que la independencia de los jueces es una obligación y, sobre todo, un derecho para los ciudadanos. Del mismo modo, creo que la segunda autoridad del Estado debe apoyarse en la prudencia sin olvidar el derecho a la crítica. Me reafirmo, también, en el deber de investigación del Consejo General del Poder Judicial. 

Sobre el papel de los políticos de la oposición no creo que consiga olvidar la aportación capital al mitin de Arganda de Alberto Núñez Feijóo, cuando manifestó: “Me alegro de no estar ahí”, refiriéndose al acto institucional presidido por Su Majestad.

Quiero suponer que lo dijo con la boca pequeña y el corazón oprimido, obligado por las circunstancias de la presidenta madrileña, su principal rival en el PP, pues de no ser así, la deserción de Feijóo de sus deberes de Estado adquiere una dimensión que se podría calificar de estulticia, y no es esa la cualidad que deba adornar a un futuro mandatario. El tiempo nos lo dirá.

El dios romano Mercurio (el griego Hermes), el mensajero, el comunicador, el heraldo en territorios omnipotentes, ejercía su labor de trasladar las noticias celestiales a los humanos con la seguridad de ser todopoderoso e invulnerable. Esa coraza de inmunidad es el don o derecho que otorgó a los periodistas de todo el mundo, luego consagrada en textos constitucionales con el derecho a la información de todos los ciudadanos, que es la base de toda sociedad democrática. 

La labor de los periodistas, los corresponsales, los gacetilleros, los transmisores de actualidad en cualquier punto del planeta, se despliega con la convicción de que su tarea es sagrada, como legado de un dios y, como tal la llevan a cabo y la defienden quienes la practican, con la creencia por parte del ciudadano medio de que lo transmitido se ajusta a la verdad, o así debería ser. Es por ello que, desde mucho tiempo atrás, se ha respetado tal función por casi todos quienes creemos en la certeza y necesidad de ese derecho. Sin embargo, esa labor no es fácil si verdaderamente se ejerce de forma independiente y no al servicio de los intereses de turno, ya sean políticos o mercantiles, ideológicos o venales.

Para demasiados gobiernos y grandes corporaciones económicas, incluso las mediáticas, los buenos periodistas siempre son molestos, irritantes, incluso subversivos, y frente a ellos se imponen limitaciones de acceso a temas delicados o se secuestra la palabra o se guardan secretos inconfesables bajo el manto de la seguridad nacional o de los servicios de inteligencia. Todo ello omitiendo el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que les afecta de forma principal.

En España, durante la dictadura franquista, la prensa sobrevivía bajo el yugo de Falange y la censura del régimen. Pero muchos periodistas, arriesgando su integridad, fueron punta de lanza para intentar obviar las limitaciones establecidas. 

La sátira y la ironía se convirtieron en herramientas cargadas de un futuro que se deseaba. La agudeza de La Codorniz, que nació en 1941 y se publicó hasta 1978 entre multas, suspensiones y otros avatares, marcaba la pauta de un periodismo irónico, inteligente y mordaz que nos alimentaba las ansias de conocimiento y libertad. Podría enumerar diversos medios con empresas progresistas y valientes que estuvieron al pie del cañón en momentos complicados. Y publicaciones como El Papus, al igual que El País, fueron objeto en la Transición de atentados asesinos obra de la extrema derecha. No me voy a extender más sobre el particular en este artículo.

La historia de la prensa en España ha sido difícil, pero valiente. Citaré que en la redacción del Arriba, periódico del Movimiento, en 1973, 1974 y 1975 trabajaban periodistas que militaban clandestinamente en la izquierda y en el antifranquismo en una tarea peligrosa aún: conseguir escribir lo que pasaba, y no lo que dictaba el sistema dictatorial. Como ellos, en multitud de medios informativos en todo el territorio nacional, se peleaba en silencio por la libertad de información, es decir, por contarle al lector la realidad, evitando la propaganda oficial.

Tal actitud siempre resulta incómoda al poder, y no solo por el hecho de no existir democracia plena en un país concreto, sino porque la verdad, en sí misma, incomoda y perturba al gobierno de turno que, difícilmente, acepta la crítica y la vigilancia que realizan los profesionales de la comunicación. En el mismo autoproclamado templo de la libertad de expresión de EE UU, esta tendencia autoritaria se evidencia con prístina claridad en la época trumpista que nos ha tocado vivir. Y si hablamos de zonas en conflicto, la situación se torna en insoportable y altamente peligrosa.

Un informe de la UNESCO de diciembre de 2024 apuntaba a un elevado número de muertos en lugares en los que se libraban guerras. Al menos 68 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habían sido asesinados en cumplimiento de su deber en ese año. Más del 60% de los asesinatos tuvieron lugar en países en situación bélica, el porcentaje más alto en más de diez años.

En aquella fecha, y a la vista de las cifras, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, se dirigía así a todas las naciones: “La información fiable es vital en situaciones de conflicto para ayudar a las poblaciones afectadas y para instruir al mundo. Es inaceptable que los periodistas paguen con sus vidas por este trabajo. Hago un llamamiento a todos los Estados para que intensifiquen y garanticen la protección de los trabajadores de medios de comunicación de acuerdo con el derecho internacional”.

Lo que constataba el organismo de Naciones Unidas era ciertamente inquietante. Pero más aún lo es que tal advertencia haya caído, de nuevo, en el “saco roto” de las instituciones internacionales, cuyas opiniones, estadísticas y admoniciones no son atendidas por nadie. De los 42 asesinatos de periodistas en países en conflicto, cuatro crímenes fueron en Ucrania y Colombia; tres en Irak, Líbano, Myanmar y Sudán, y uno en Siria, Chad, Somalia y la República Democrática del Congo. Se trata de la continuación de una tendencia alarmante establecida en 2023; en conjunto, más periodistas habían muerto en conflicto en esos últimos dos años que cualquier otro año desde 2016/2017. Y a esos números se añadía una cifra preocupante, la de 18 periodistas asesinados, en ese momento, en Palestina. La cifra se queda ridícula con la situación actual, 26 de agosto de 2025, fecha en la que escribo estas líneas.

Hoy, según distintas fuentes, desde octubre de 2023 han perdido la vida 244 periodistas en Gaza. Y relata José Andrés Rojo en El País que “se bombardearon, además, 152 casas en las que algunos de ellos vivían; murieron —“de paso”, podría decirse— 665 personas, entre vecinos y familiares”. Los últimos periodistas asesinados lo han sido (cinco) en el hospital Nasser y uno más en Al Mawasi.

¿El objetivo? Silenciar lo que está ocurriendo, que se resume en más de 61.000 palestinos muertos desde que el Gobierno de Netanyahu pusiera en marcha su ofensiva militar para rescatar a los rehenes que Hamás secuestró en octubre de 2023 y para acabar con la organización. De paso, están llevando a cabo un genocidio en el que niños, mujeres, ancianos y población civil en general han perdido la vida y la seguirán perdiendo ante la pasividad de demasiados países occidentales, la parálisis de la Unión Europea y la aquiescencia de Estados Unidos.

El 10 de agosto de 2025 el ejército israelí asesinó a un grupo de profesionales de la cadena Al Jazeera en un ataque selectivo. Buscaban en particular a uno de los corresponsales estrella del canal: Anas al Sharif. Israel le acusaba, sin prueba alguna, de ser un terrorista en activo. El problema para las autoridades era la cobertura que Anas al Sharif estaba realizando de lo que ocurre en Gaza. Los nombres de sus compañeros ejecutados del mismo modo son el reportero Mohamed Qreiqeh, los camarógrafos Ibrahim Zaher y Moamen Aliva y el asistente Mohamed Noufal, todos de Al Jazeera, y Mohamed al Khalidi, de un medio local, como informó Ara.cat, medio catalán que apuntaba algo terrible: “Un camarógrafo reconoció con “mucha vergüenza” que trataba de evitar a Al Sharif  porque era un “blanco predecible”: el Gobierno de Israel lo perseguía para matarlo”. 

Las palabras de Anas Jamal Al Sharif en su carta-testamento fechada el 6 de abril de 2025 son conmovedoras y deberían despertar las conciencias adormecidas por la indiferencia de gran parte de la dirigencia política del mundo, especialmente en Occidente y países árabes concretos, ante las matanzas reiteradas de personas y colectivos que configuran los crímenes de genocidio y lesa humanidad que las fuerzas armadas de Israel y el Gobierno, con Netanyahu al frente, están perpetrando en Gaza. Decía así: “He vivido el dolor en todos sus detalles, he probado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, y a pesar de eso nunca he dejado de transmitir la verdad tal como es, sin falsificación ni distorsión, esperando que Dios sea testigo de quienes guardaron silencio, de quienes aceptaron nuestro asesinato, de quienes sitiaron nuestro aliento y no movieron en sus corazones los restos de nuestros niños y mujeres, ni detuvieron la masacre que nuestro pueblo sufre desde hace más de un año y medio...".

Ara.cat relataba los hechos mientras informaba también de la reacción de los profesionales catalanes que promovieron una manifestación el miércoles 13 de agosto en repulsa por tal acción. Debo decir que el asunto es de tal gravedad, que la expresión de este rechazo debería repetirse de forma masiva por todo nuestro país y por todos los países. Si dejamos pasar que un Gobierno del signo que sea elimine a quienes informan para evitar propaganda adversa, estaremos propiciando la impunidad y anticipando la muerte de un derecho fundamental, el de emitir y recibir información, y, por ende, de la democracia.

Abu Salim, reportero del sindicato de periodistas en Gaza, con ocasión de aquella penúltima masacre enviaba unas palabras —para mí fundamentales— en relación a la muerte de sus compañeros y al papel de la prensa en su país: “Me imaginaba a mí mismo en su sitio y pensaba si debía abandonar el periodismo para evitar los misiles israelíes. Pero si todos hacemos esto, ¿quién dirá la verdad? Ésta no es una guerra sólo contra los periodistas, es una guerra contra todo el mundo. Pon, por favor, presión sobre Israel para que detenga este genocidio".

El articulo 7.1 h) del Estatuto de Roma por el que se rige la Corte Penal Internacional, que define los crímenes de lesa humanidad, define como tal “la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”. Por su parte, la letra k) del mismo artículo recoge la tipificación de “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Considero que deberíamos plantearnos —lo vengo sosteniendo desde hace años— incluir expresamente en estos preceptos las masacres reiteradas de periodistas que, como exponentes de un derecho de toda la Humanidad, se ven perseguidos y aniquilados, precisamente por ser periodistas y ejercer su profesión para que aquel derecho se garantice. En los conflictos armados, sean internos o internacionales, “matar al mensajero” ha pasado a formar parte de la política general y sistemática de quienes quieren encubrir los crímenes que cometen. No podemos consentir el silencio, el vacío de información que pretende el Gobierno de Israel. En ello nos va nuestra propia libertad.

Agosto, en nuestro país y en otros muchos, supone, por excelencia, una pausa en el devenir del año. Es el mes en que la actividad se ralentiza mientras que para muchos se impone el tiempo de ocio. Llegamos emocionalmente agotados a esta época estival. Durante los siete meses precedentes, especialmente en este año de 2025, nos han invadido las malas noticias, la tensión, el insulto, las palabras de animadversión, la supremacía de los poderosos sobre los vulnerables. Nos acosa el despropósito, la falta de razón, de sentido. Y nos desconcierta la falta de reacción para hacer frente a tal situación que se multiplica. Por todo esto, es un momento adecuado para hacer algunas reflexiones y una evaluación del ahora y el futuro inmediato que nos aguarda.

No voy a enumerar todos los despropósitos vividos y sus consecuencias, pero sí los que para mí son más relevantes. El primer, gran y terrible despropósito consiste en la inacción generalizada cuando el dirigente de una nación decide suprimir del mapa a los habitantes del país vecino. Israel soltó al galope los caballos de los cuatro jinetes del apocalipsis la guerra, el hambre, la muerte y la conquista, el fin buscado. Después de más de 60.000 víctimas entre los que figura una dolorosa mayoría de niños, la agresión continúa y la respuesta internacional resulta débil y meliflua. Las imágenes de la desnutrición en los cuerpos de criaturas convertidas en esqueletos sufrientes, debería bastar para que los países civilizados, al menos los que aún puedan ser catalogados de tales, se levantaran contra este genocidio programado. Pero nos encontramos con que el emperador del mundo, desde su palacio de Washington, aprueba a su amigo Netanyahu, presunto autor, según la Corte Penal Internacional, de tal salvajada, convirtiéndose en cómplice de tal barbarie y planteando la futura conversión de la Franja en un resort cuando toda vida haya sido destruida. Ahora, Francia y Reino Unido empiezan a hacer algunos pinitos “amenazando” con reconocer al Estado palestino. Un asunto que creíamos zanjado de manera positiva, pero a la vista está que no es así.

Es muy triste la respuesta calculada de estos y de otros países de la Unión Europea que no han sido capaces de ponerse de acuerdo, siquiera en suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel de junio de 2000 a pesar de la contundencia de su artículo 2. ¿O es que alguien duda de que en Gaza, Israel está vulnerando los derechos humanos?

Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional aseguraba esta semana pasada a través de los micrófonos de la Cadena Ser: "Hay pruebas razonables para investigar un genocidio en Gaza [...] La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió de que había un riesgo de genocidio y ordenó a Israel que garantizase la alimentación en Gaza. Esa decisión la firmaron, no solo los 15 jueces internacionales, sino el juez  ad hoc Aharon Barak, el nombrado por Israel mismo", explicaba. Para Moreno Ocampo, la prohibición de sitiar de hambre a una población ante los ojos del mundo, asegura, es "clarísima", recordando que la orden de arresto por la Corte Penal Internacional (CPI) a Benjamín Netanyahu y el exministro de defensa Yoav Galant se debe a ese crimen, y aseverando que no estamos ante una crisis humanitaria, sino ante “una hambruna decidida”. Añadió que frente a enviar comida por vía aérea los Estados tienen que "obligar a Netanyahu a entregar la comida".

Estoy seguro de que el fiscal jefe de la CPI estará de acuerdo conmigo en cuanto a que un mecanismo que podría contribuir a detener la acción despiadada del premier israelí sería la jurisdicción universal. Es decir, la posibilidad de enjuiciar al presunto perpetrador o perpetradores fuera de su país cuando en su propio territorio se mantienen impunes. En España, hasta 2009 fuimos un referente en la aplicación de este principio. Los jueces españoles eran competentes «para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional» que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional (genocidio, lesa humanidad, guerra, terrorismo, entre otros) según la ley penal española. Así lo establecía el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Gracias a este principio pude ordenar la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet.

Ese mismo año se produjo la primera reforma de la justicia universal durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el beneplácito de PSOE, PP, CiU y PNV. Se estableció que la persecución de estos delitos solo se podría llevar a cabo si el autor de dichos hechos estaba en territorio español, si la víctima era española o si existía un «vínculo de conexión» con España. ¿Qué hubo de fondo? Pues ni más ni menos que la promesa a la ministra de Asuntos Exteriores israelí de que se archivara el caso contra soldados israelíes en relación al bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza. Amén, de otros casos como el de las torturas en Guantánamo o el caso Couso, tal como supimos por las revelaciones de los papeles de WikiLeaks.

Después, en el 2014 tuvo lugar una segunda reforma, cuando el Gobierno chino protestó por las investigaciones sobre un presunto genocidio en Tibet. En esta ocasión, las condiciones hacían prácticamente imposible la actuación pues el investigado, español o extranjero debería vivir o encontrarse en España y tenían que darse, además, otros presupuestos que impedían, de facto, cualquier interpretación favorable a la aplicación del principio. Se desvirtuó por completo el objetivo y el espíritu de la Ley. E, incluso, el propio Tribunal Supremo calificó esta última reforma, en un auto de marzo de 2016, de “restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles víctimas de crímenes de esta naturaleza en el extranjero, provocada por esta reforma del principio de justicia universal realizada en 2014 por el PP, como bien relató Confilegal por aquellas fechas.

En 2018, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo pública su decisión de recuperar la jurisdicción universal tal y como se estableció en 1985, actualizándola con los nuevos delitos de crímenes internacionales económicos, financieros o medioambientales. Pero el Ministerio de Exteriores vio las dificultades diplomáticas que acechaban de llevar a cabo la restauración, y boicoteó la importantísima iniciativa de la ministra y el grupo de expertos que la asesoro y decayó, tras la filtración oportuna de la misma en prensa. La sombra de Estados Unidos es alargada.

Las iniciativas posteriores del PNV y Sumar de 2023, siguen durmiendo el sueño eterno en el Congreso, que, a lo que se ve, tiene otras “urgencias” diferentes. Es muy triste que un instrumento eficaz para contrarrestar los efectos de una deriva criminal como la que se está viviendo en Gaza no se haya puesto en marcha y forme parte del ordenamiento jurídico español, como lo estuvo en su momento. Es el momento de las acciones valientes en favor de la humanidad contra los que la agreden de forma sistemática.

De ahí llegamos a otro despropósito reciente. He sentido auténtico bochorno ante el acuerdo entre Ursula Gertrud von der Leyen presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Estados Unidos y de todos nosotros, para fijar un porcentaje del 15% de aranceles, entendidos como el vasallaje al que Europa se pliega. Para mí, quizás no sea lo peor esa concesión gratuita que muchos sectores económicos y diversos países están poniendo en cuestión, sino las circunstancias en que se produjo. 

No fue una reunión en la cumbre. No fue una firma celebrada en el transcurso de una recepción oficial en sede de la Comunidad. El acto consistió en el desplazamiento de la representante de la Unión, a Escocia (Gran Bretaña, país que precisamente no pertenece a la Unión a causa del denominado Brexit), donde Donald Trump jugaba al golf en su complejo de Turnberry. Fue una humillación para los europeos y un paréntesis para Trump que después se reuniría con el primer ministro británico, Keir Starmer, para viajar a continuación a Aberdeen, donde tenía previsto inaugurar un nuevo campo de golf antes de saludar al ministro principal de Escocia. 

Sin olvidar que, durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión con Starmer, el presidente norteamericano se permitió calificar al alcalde de Londres, Sadiq Khan como “una persona desagradable”. No pasa nada. Ocurre que Trump ladra, pero nosotros, los europeos, no cabalgamos.

Mientras tanto, la escuela trumpista sigue su avance. Durante años, el entorno del presidente ha favorecido y financiado a la ultraderecha en Europa y en América Latina, para que consigan acceder a cotas de poder en cada país. A la vista están Hungría, Polonia, Argentina... o la influencia creciente en España de Vox, con sus actuaciones contra la igualdad, los derechos LGTBIQ+ o contra la memoria democrática y esparciendo el relato contra la migración. Ahí tenemos los abominables sucesos de Torre Pacheco, otra página de la historia cotidiana que debe sonrojarnos ante nuestra propia apatía. O la tormenta que de nuevo derecha y ultraderecha parecen querer desatar en Jumilla, negando espacios para la celebración del final del Ramadán. Vergonzoso.

De fondo, un racismo latente que para Vox es un DNI ligado al odio que tenazmente impulsan. Me han gustado las palabras del primer capitán afrodescendiente del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams: “Parece que la ultraderecha está de moda, así que los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando para seguir callando bocas y tirando barreras”. Se refería a él mismo, a su hermano Nico y a otros compañeros como Adama, Djaló y Maroan. Y con un sentido común y solidario que pocos expresan, afirmó: “Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y de ser una de las referencias a nivel no solo en Euskadi, sino en España. Eso es importante para nosotros”. No es poco lo que han tenido que soportar estos jóvenes por el color de su piel.

No tardó VOX en responder a Williams en redes sociales, su guarida favorita: “Los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir”. Pero el joven no se calló. Ésta fue su contestación a los ultraderechistas: “No os molesta que sea millonario. Os molesta que sea negro, que sea vasco y que no os tenga miedo. Os revienta que el hijo de migrantes hable con más verdad que todos vuestros panfletos juntos. Lo vuestro no es patriotismo, es odio racial sin disimulo”. Suscribo íntegramente esta afirmación y añadiría que esas enseñanzas xenófobas y racistas que tanta aceptación parece que tienen en una parte de la juventud española (a los mayores que las defienden, los considero irrecuperables) constituyen el veneno más mortífero para la democracia a la que quieren implosionar desde los mecanismos que la misma proporciona. De ahí que debamos estar vigilantes y activos para denunciar y contrarrestar esta deriva fascista.

Mi admiración y mi aplauso para Williams. Es un ejemplo que deberíamos seguir todos. Empezando por los jueces, que tienen que aplicar la ley como es debido cuando se trata de los delitos de odio que cada vez asoman más en nuestra sociedad. 

Sería bueno que determinados profesionales de la Justicia analizasen lo que los ciudadanos demandan, con tanto empeño al menos, como el que despliegan a la hora de hacer huelgas con fines corporativos o, en algunos casos, barriendo hacia los fines políticos de los partidos de la oposición. 

Leí hace poco en Agenda Pública, una entrevista con el jurista italiano Sabino Cassese, que fuera magistrado del Tribunal Constitucional y en la actualidad, se impone como una de las voces más autorizadas del derecho público en Europa. Cassese afirmaba: "Los jueces militantes están convencidos de que tienen una misión que cumplir". Considera que “el problema surge cuando la idea americana de la judge made law entra en la cultura italiana o francesa. Significa que la ley no la hace el Parlamento, sino el juez. De este modo, el juez no se limita a controlar, sino que crea la ley que debe aplicarse”. Viene a decir el jurista, que se transforma así el juez en un político al que nadie ha elegido.

Me lleva esto a un despropósito que me desazona hoy ante la manera en que la propia judicatura (determinados jueces) están ensuciando la institución que tanto dicen preservar. Me refiero a lo acontecido al fiscal general del Estado a quien la sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha denegado su recurso abocándole a juicio. La inconsistencia de una instrucción unidireccional del magistrado Hurtado, preordenada a un único resultado, la acusación al FGE más propia del derecho penal de autor que del derecho penal por el hecho constatado y con característica delictivas, ha triunfado por dos votos frente a uno. El magistrado disidente, ha dejado clara de forma contundente y coherente, la inconsistencia de las acusaciones y la falta de indicios contra el Fiscal General. Pero hete aquí que sus colegas no lo han visto así. No se si por no dejar mal al instructor -uno de los suyos, a fin de cuentas-, o por auténtica convicción, lo que sería todavía mucho más preocupante. Mientras tanto, el despropósito nos lleva a un escenario inédito en el sistema judicial español, que ya sufrí yo mismo como magistrado en 2012, el de un FGE sentado en el banquillo para soportar el escarnio publico por hechos que, al final se declararán no delictivos y el tribunal absolverá. Esa es mi predicción, guiada por una lógica que, realmente, no sé si, a estas alturas, sigue funcionando. Como dice el refrán español de arraigada presencia, “para este viaje no se necesitaban alforjas”.

No hay duda de que hemos vivido otros muchos despropósitos, algunos muy dolorosos, como el de no saber dónde estaba y que hacía el presidente Mazón durante las horas clave de la catastrófica DANA en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024; o por qué no funcionaron los detectores de presunta corrupción en los casos Koldo, Ábalos, Cerdán o en el de Montoro y Equipo Económico; o el de los currículos inflados de determinados políticos… En fin, si los despropósitos de quienes nos representan son la regla, la cordura de la ciudadanía al elegirlos es la solución.

La corrupción no es un mal de ahora. Sobre ella han escrito pensadores de épocas pasadas demostrando un gran conocimiento de causa. Maquiavelo señalaba “la facilidad con la que los hombres se corrompen y se vuelven perversos, aunque originalmente fueran buenos y bien educados”. Claro que para corromperse hace falta, aparte de una debilidad de carácter que abra la brecha a la desviación de la honestidad, otro individuo o persona jurídica capaces de descubrir ese desfallecimiento de la voluntad, trabajarlo como el que moldea arcilla y dirigirlo después hacia fines de poder o económicos que le interesen.

Corruptos y corruptores entran así en un doble matrimonio de conveniencia sabiendo que un divorcio sería extremadamente doloroso para el bolsillo de unos y muy arriesgado en cuanto a afrontar responsabilidades de ambas partes. 

Por razones profesionales, he conocido diversas tramas de este estilo. De hecho, la denominada Gürtel, que investigué en sus inicios, y que truncó mi carrera profesional como magistrado mediante una sentencia arbitraria y parcial (según palabras y resolución del Comité de Derechos Humanos de ONU de julio de 2021, pendiente de ejecutar por el Estado español. De nuevo, el Comité en resolución del 18 de julio de 2025 ha mostrado su preocupación por la falta de implementación por el Estado español).

Eso sí, prácticamente todos los implicados acabaron condenados al igual que el partido que les alimentó (el Partido Popular, por si alguien no lo recuerda), en este caso a título lucrativo. 

Desde hace un tiempo, y debido a un extenso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), estamos conociendo detalles de uno de estos tinglados en los que interviene un tipo peculiar procedente de Navarra, con sendos contactos de inicio con la Benemérita; un ministro socialista con mando en Transportes y el secretario de Organización que le sustituyó en el partido y que se había desempeñado como tal, inicialmente, en esta formación en la Comunidad Foral. Todavía no se ha celebrado juicio, pero ya están vistos para sentencia a tenor de lo que clama el Partido Popular que, necesitado de ocupar la Moncloa, echa la culpa al presidente Sánchez. 

Sin embargo, el principal partido de la oposición debería ser más prudente en sus alocuciones. No solo por las varias decenas de juicios pendientes que tienen militantes, cargos y allegados suyos en los tribunales, definiciones que valen para las 70 y pico personas relacionadas con el PP y que se encuentran en prisión. No. Es que hay mucho más pendiente. 

“Colgamos a los ladrones de poca monta, pero a los grandes ladrones los elegimos para cargos públicos”, aseveró Esopo, hace miles de años, en la Grecia clásica, sintetizando así de manera magistral el concepto de esta corrupción que, hoy día, nos acosa y que ronda, como las moscas cojoneras, en la administración pública para lucrarse a costa de todos. 

Pienso cuando escribo esto en Cristóbal Montoro, otrora todopoderoso ministro de Hacienda, presunto cerebro fiscal de Aznar y de Rajoy, ahora imputado por una serie de presuntos delitos que van desde la prevaricación a la malversación y a muchas más cosas. Se le acusa de haber dado vía libre a leyes, normas y reglamentos elaborados ad hoc para las necesidades de los clientes –al parecer grandes compañías del sector del gas, entre otras– por el despacho de profesionales que él mismo había creado. Un despacho que, al parecer, era la cantera de los nombramientos que realizaba en su negociado ministerial, es de suponer que para facilitar al máximo estos beneficios a sus clientes que, siempre presuntamente, debían abonar los servicios del bufete. Cristóbal Montoro y su despacho lo niegan todo, como era de esperar. 

Este hecho configuró una corrupción piramidal, desarrollada de arriba abajo, que supuso la apropiación temporal del Estado al servicio de intereses privados en el mismo nervio central económico de aquel (Ministerio de Hacienda) y con perjuicio de los contribuyentes. Fue precedido, unos años antes, por el otro modelo de corrupción generada desde abajo hacia arriba con la “Gürtel” y ambos tenían, de alguna forma, su epicentro en Génova 13, y dieron forma a una auténtica “Tangentopolis” a la española, frente a la cual uno se queda anonadado a la espera de cuál será el siguiente escenario al que nos veremos sometidos en este prostituido sistema que debería ser de servicio público.

Llegados a este punto, miro hacia atrás y veo una larga lista de individuos que han saqueado las arcas públicas. Nos podemos remontar al franquismo y pasar después por la transición, y encontraremos casos. Hemos visto corrupción en la política nacional, en comunidades autónomas y diputaciones, en Ayuntamientos; en los bancos, en la policía; en la Iglesia; en la Administración de justicia, en los medios de comunicación e incluso ha afectado a la Familia Real. Un suma y sigue que no para. ¿Tan difícil es prevenirla y afrontarla?

Hace unos años (2015) escribí un libro titulado El Fango, en el que tocaba la variada gama de delitos que habíamos conocido en nuestro país, establecía las comparaciones pertinentes y concluía con una serie de medidas que consideraba era preciso abordar para combatir esta lacra. Desde luego, desde entonces hasta ahora, hay material suficiente para hacer una ampliación del mismo, incorporando nuevas técnicas y hechos que afectan a las diferentes instituciones y al sector privado relacionado con ellas.

Algunas de aquellas medidas coinciden con las que ahora, oportunamente, ha enumerado el Gobierno.  

Por supuesto, no basta con el anuncio de medidas cosméticas; toda acción presuntamente delictiva debe llevar aparejada la inmediata asunción de la responsabilidad política sin esperar a una resolución definitiva de la primera.

Siempre se ha dicho que el mal radica en la politización de la Administración porque la corrupción política es la negación absoluta del servicio público. Sin embargo, esto no es enteramente cierto, porque, aunque el fenómeno sea verdadero, se constata, cada vez con más frecuencia, que son los miembros de la Administración quienes, corrompiendo su propia labor técnica y profesional, se prestan a manejos y protagonizan acciones con incidencia política impulsando con ello las decisiones políticas subsecuentes. 

Quienes tienen la potestad y el deber de legislar y gobernar necesitan de otros apoyos que den la cobertura a sus iniciativas y garanticen el éxito posterior que, en algunos casos, deriva en un enriquecimiento personal, corporativo, o de índole no económica, pero que, en otros muchos, genera espacios de poder político en la propia administración, ya sea de justicia o de otro sector del Estado cuya incidencia en el tiempo se vuelve dañina y permanente.

La política, en sí misma, no es mala ni perversa, sino un mecanismo imprescindible para el funcionamiento de la democracia. Por ello, es necesario exigir la máxima transparencia en el aparato burocrático del Estado, estableciendo mecanismos de control y técnicas de evaluación y de gestión exigentes en la Administración, pero sin olvidar el seguimiento de quienes tienen la obligación de desarrollar esas medidas.  Y  cuidando de evitar la generación de espacios de poder que, al socaire de  defender intereses profesionales, realmente se convierten en actores políticos y lobbísticos sin control (buen ejemplo de ello son las asociaciones profesionales en el sector de la justicia, su financiación y relación con partidos políticos concretos). 

Es muy improbable la erradicación de los lobbies (Obama lo intentó y el Tribunal Supremo Norteamericano tumbó su iniciativa) pero, de una vez por todas, es necesario enfrentar el poder de los mismos, y, consecuentemente, su regulación. Así mismo, está arraigada la creencia de que «el dinero compra influencia en la política», algo que no ocurre en los países anglosajones, donde lobby y corrupción no están necesariamente ligados. Los lobbies actúan en todos los ámbitos en los que se cruzan intereses económicos o financieros, convirtiéndose en demasiadas ocasiones en campos de tráfico de influencias. Actúan sobre el poder legislativo y sobre el ejecutivo, sobre todo en España, donde la mayoría de las leyes son presentadas a iniciativa del Gobierno. 

Recuerdo que la propuesta para regular la actividad de los lobbies fue retirada de entre las medidas propuestas por el gobierno de Mariano Rajoy; tal decisión resulta un tanto sospechosa, sobre todo a la vista de lo que ahora se está conociendo en el caso que afecta al ministro de aquel gobierno Cristóbal Montoro, sin que ello afecte a su presunción de inocencia. 

Fuera del caso puntual, pareciera que, precisamente, la influencia de estos lobbies ha sido la causa de la inexistencia de una regulación eficaz y transparente de este fenómeno que acompaña al sistema político de cualquier país democrático. La cuestión es la ausencia de una regulación específica que nos permita identificar cuáles son los intereses que persiguen, cómo se financian y a costa de qué se produce la intervención.

La opacidad beneficia la corrupción, por lo que es básica la prohibición de los paraísos fiscales. Carece de sentido que un alto porcentaje del capital mundial se encuentre en países con una política de fiscalidad reducida o inexistente y una opacidad absoluta ante investigaciones penales, desatendiendo cualquier petición de cooperación.

La cuestión es más sangrante cuando ese capital procede en gran medida de los beneficios ilegales que propicia, bien el tráfico de armas de las corporaciones que las fabrican y facilitan, a través de pabellones de conveniencia y con la ayuda de países amigos, a las zonas de guerra o de conflicto armado. Esto ocurre hoy con Israel en Gaza, donde el genocidio se está produciendo en tiempo real y a la vista de todo el mundo, de la mano de autoridades políticas y militares con responsables del máximo nivel en ambos campos. O bien el tráfico de drogas; al crimen organizado en general y, asociada a todos ellos, la corrupción. Es precisa su abolición y la prohibición de que las corporaciones financieras españolas trabajen con estos paraísos fiscales.

La falta de controles y la opacidad es otro de los ingredientes de la corrupción. La transparencia debe ser la regla en todos los ámbitos, especialmente en la Administración de Justicia.  

Precisamos una justicia responsable, profesionalmente capaz, garantista, respetuosa con los estándares más exigentes de derechos humanos, sin interferencias ni instrumentación por actores externos o internos que respondan a intereses espurios, sin dilaciones y eficaz en la resolución de los conflictos sometidos a su consideración. Para conseguir estos fines y su correcto funcionamiento, es necesaria su total independencia. Porque la independencia del juez, como tercero imparcial entre partes enfrentadas, es la obligación principal del mismo, y solo si se constata, podremos afirmar que su juicio ha sido imparcial, apegado a la legalidad y, por ende, justo.

En este sentido, es urgente abordar la prohibición de mecanismos lobbísticos de facto, a través de los cuales entidades y corporaciones económicas privadas, bancos, despachos de abogados…, pero también funcionarios públicos de alto nivel a quienes se les permite compatibilizar el desempeño público y privado (algunos abogados del Estado o letrados del Consejo de Estado), medren o pretendan hacerlo en la administración de justicia.

Así mismo, en un mundo globalizado, en el que las relaciones económicas constituyen el núcleo de las relaciones entre países y corporaciones públicas y privadas, la transparencia y la rendición de cuentas resultan indispensables y ello comporta una agilización y el reforzamiento de las estructuras internacionales de prevención de la corrupción y el blanqueo de capitales. Como también es fundamental, el combate eficaz de la criminalidad organizada, que utiliza como una de sus principales armas, la corrupción como fin en sí mismo o como instrumento para ganar espacios de poder e impunidad. Frente a ello son vitales la coordinación internacional contra la corrupción y la definición de espacios judiciales y policiales más amplios.

Un verdadero Estado de derecho se conforma no solo por las normas represivas de conducta ilícitas, sino además –y ello es más importante– por la definición de los mecanismos de prevención y educación sobre la transparencia y la ética en la gestión de lo público, como principios nucleares de toda acción personal y colectiva, de solidaridad e igualdad, de progreso y consolidación de derechos en los escenarios de corresponsabilidad en los que se sustenta una democracia. 

Lo cierto es que casi todas las normas que se pueden proponer para prevenir la corrupción y combatirla están dadas en nuestro país, solo falta la implementación de las mismas y la voluntad de cumplirlas. No obstante, bienvenidas sean las reformas propuestas tanto en materia de prevención (agencia independiente de análisis, control y sanción por el incumplimiento) como en su investigación penal, que debe pasar a manos del Ministerio Fiscal, en tanto que el juez deberá asumir la suya como garante del debido proceso. 

En este último campo, me quedan aún algunas recomendaciones, como la obligación de proteger de manera eficaz a los alertadores, ampliando la Directiva correspondiente a los testigos y peritos; la protección frente a las SLAPPs (demandas estratégicas contra la participación pública) que se dirigen contra las voces críticas; una regulación seria, y no solo basada en la reducción de pena, de los denominados arrepentidos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU (julio 2025) insta a España a revisar y mejorar su marco legal para garantizar la libertad de expresión y la protección real de alertadores.

Se trata de que se conjuguen los mecanismos adecuados que garanticen la veracidad y solvencia de sus testimonios. Haciendo hincapié en una verdadera, pormenorizada y exhaustiva normativización de la financiación de los partidos políticos. 

En mi lista hay algo más: la responsabilidad de los medios informativos. Dicho de otro modo: definir el marco en el que el derecho a la información y la libertad de expresión se encuentren con las garantías que deben regir en los procesos penales.

Y, por supuesto, la necesidad de impulsar mecanismos de control de participación ciudadana y de contrarrestar los ataques a estos espacios de rendición de cuentas, como lo ocurrido recientemente con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude.

Temo que la apabullante cantidad de procesos abiertos, concluidos, archivados o sobreseídos, hayan conseguido incluso insensibilizar a una sociedad que ya da por sentado que el sistema contamina todos los sectores de la realidad política, económica y judicial y que, por tanto, piensa que nada va a cambiar. Esa desconfianza es la que urge transformar.

Los corruptos no pueden ganar la batalla. Es el Estado de Derecho el que tiene la última palabra. En este campo, como en tantos otros, la indiferencia no es una opción, y, tampoco lo es la imputación recíproca de corrupción, que conduce a una parálisis existencial de quienes tienen la obligación de trabajar en favor de la comunidad y se quedan en la defensa de sus propios y mezquinos intereses.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.