Estos días se han publicado muchas noticias y opiniones, tanto en periódicos como en redes sociales, con ocasión del ingreso en la Academia General Militar (AGM) de la princesa Leonor, siguiendo la tradición de sus ancestros más próximos.

Buena ocasión para analizar si es conveniente que el jefe del Estado, a título de rey/reina o presidente de república, dedique tres años de su vida a la formación militar: un curso académico, o casi, en cada uno de los centros de formación para oficiales del Ejército, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

A primera vista, parecería cuando menos exótico que un presidente de república debiera recibir formación militar. ¿Debe recibirla también como ingeniero, médico o administrador de empresas? Para ostentar una mayor legitimidad, tan alta magistratura debe ser elegida democráticamente, directa o indirectamente, de entre las personalidades con prestigio de la sociedad civil, con independencia de su profesión. Pero la pregunta es: tratándose de un monarca, ¿por qué ha de recibir formación militar, con independencia de que lo haga más tarde en una escuela de ingeniería, una facultad de medicina o una de empresariales? El mensaje para este último caso es: primero militar y después ya veremos qué.

La explicación a la preferencia por la formación militar habrá que buscarla en el constitucionalismo decimonónico, en el que se otorgaba al rey el mando y disposición de los ejércitos, algo que decayó con la Constitución de 1931 y con la vigente de 1978, donde el jefe del Estado no dirige las fuerzas armadas ni tiene mando efectivo sobre ellas, que corresponde al presidente del Gobierno (arts. 97 y 64 de la CE), quedando la función de “jefe supremo de las Fuerzas Armadas” que otorga al rey el art. 62.h relegada a un mero carácter simbólico, representativo y honorífico, como bien explica aquí el coronel jurídico Santiago Casajús. Para que quede claro: la cadena de mando en los ejércitos empieza en el cabo, sigue por los suboficiales, oficiales y generales y termina en el presidente del Gobierno.

El abuelo de Leonor, de dudosa honorabilidad en estos días y con el que comienza la tradición de la formación militar, ingresó en la academia militar de Zaragoza en 1955 como resultado de las conversaciones entre Franco y Juan de Borbón, heredero de la dinastía borbónica. Fue en el llamado Pacto del Azor (agosto 1948) donde Juan de Borbón tuvo que plegar velas (con la mar picada en aguas del Golfo de Vizcaya y fuerte marejada en las relaciones entre Franco y él) y dejar la formación de su primogénito bajo la tutela del dictador a cambio de la promesa de la restauración de la monarquía. La famosa “legitimidad dinástica” que defienden los monárquicos está contaminada de raíz por la mediación de un golpista dictador que nombró sucesor a alguien que ni siquiera le correspondía.

No obstante, la actual jefatura del Estado cuenta con una legitimidad constitucional, hay que reconocerlo, aunque las inercias de la época, de raigrambre franquista, obligaron a los padres de la Constitución a meter en el “paquete” de la transición esa condición sine qua non para que España recuperara la democracia. Dada la situación política de la pos-dictadura y visto en perspectiva, poco más se podía hacer en aquellos momentos que ser pragmático. Que se lo digan a Carrillo. Pero han pasado ya 45 años y en la actualidad gran parte de los ciudadanos no votaron aquella histórica decisión. Una cuestión no menor, sino mayor, como diría Mpunto.

Pero vayamos a la pregunta del título. No parece muy apropiado que el Jefe del Estado, en los momentos más solemnes de su vida pública, otorgue visibilidad a su condición de militar vistiendo el uniforme. Por ejemplo, en la jura de la Constitución en las Cortes Generales a su toma de posesión. Si cuando el rey, representando a España, acude a la toma de posesión del presidente de un país amigo viste de traje oscuro, civil, ¿por qué no ha de hacerlo igualmente en todo acto institucional? El 12 de octubre es la fiesta nacional de España y el jefe del Estado, rey de todos los españoles, debe presidir todos los actos con indumentaria civil, incluido el clásico desfile militar por el Paseo de la Castellana. Salvo que ese acto lo presida en calidad de militar de mayor rango, capitán general, que no es el caso.

Todos sabemos del embrujo, el atractivo y ese encantamiento de “príncipe azul” que un uniforme provoca en las masas, y más si quien lo porta tiene buena percha. Siempre fue así, en la Casa Real lo saben y lo explotan convenientemente. Las revistas del corazón, los programas rosa de la tele y la mayor parte de la prensa contribuyen a ello difundiendo machaconamente cualquier ceremonia en la que brillen charreteras, medallas y estrellas, elementos básicos del aura que se le supone al líder de una nación. No es imaginable un jefe tribal sin sus vistosas plumas o un pavo real sin sus atractivos colores.

Pues bien, la monarquía quiere –y el gobierno refrenda– que, para complementar su formación tras las academias militares, el futuro rey o reina curse estudios universitarios, reglados o no, para acceder a una formación suficiente, acorde con las responsabilidades que le esperan. Es como decirle a los españoles: soy militar, sí, pero también voy a ser como vosotros, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Una forma de hacer ver a sus súbditos, perdón, a los ciudadanos, que hay dos tipos de españoles, los civiles y los militares (tan del gusto de las extremas derechas, uniformadas o no), pero que su rey ostenta ambas virtudes. Esa dicotomía civil/militar arranca de las más viejas tradiciones medievales, en las que el rey lideraba las huestes y participaba en las batallas para conquistar nuevos territorios o defender el suyo. Agotado ya casi el primer cuarto del siglo XXI, seguimos manteniendo la misma institución en la cabeza del Estado.

Este privilegio (del latin privus –de uno mismo– y legalis –ley–) lleva a otros privilegios, manifiestamente inconstitucionales (art. 14 y concordantes), por los que la princesa “se incrusta” en una academia a la que tantos sudores y codos han dedicado los aspirantes, con una nota de corte bastante alta exigida para postular y donde, como premio a su esfuerzo, le otorgarán también el número uno de su promoción. Una academia en la que, en otro orden de cosas, los caballeros y damas cadetes reciben nada más entrar el llamado Decálogo del cadete, especie de guía espiritual que el militar ha de seguir toda su vida y que contiene perlas como “hacerse querer de sus inferiores (sic) y desear de sus superiores” o “tener amor a la Patria y fidelidad al Rey”. Ni una palabra sobre fidelidad al Gobierno, a las leyes o a la Constitución.

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Miguel López es militar retirado y miembro del Foro Milicia y Democracia (FMD).

Los acontecimientos se suceden a tal velocidad que es casi imposible analizar con detenimiento y profundidad —como han de hacerse los análisis— lo que está ocurriendo en suelo europeo, tanto en los territorios de retaguardia como en la línea de frente, considerando que todos estamos en guerra. Todos participamos de esta situación bélica, desencadenada por el dictador Vladímir Putin, aunque con responsabilidades de origen a compartir entre varias potencias occidentales, solo que la población ucraniana lo sufre en sus carnes, literalmente, y el resto de europeos lo sufrimos y sufriremos en nuestros bolsillos. Todos en Europa estamos salpicados por esta guerra en la que unos se quedan sin vivienda o sin un familiar reventado por una bomba (me da igual si vive en Kiev o en Lugansk) y otros se quedan sin calefacción, sin electricidad o sin combustible, o no pueden permitírselo.

Sin entrar a analizar la doble moral que venimos demostrando ante la empatía y ayuda humanitaria con los ucranianos (rubios y cristianos), olvidando o negándonos a recordar que otros pueblos oprimidos y masacrados (otro muestrario de colores y religiones: palestinos, kurdos, yemeníes, rohinyás, uigures, etc.) no cuentan ni siquiera con una reseña en lo más recóndito de los medios de comunicación, los europeos continuamos bajo el fuego cruzado de la propaganda y los discursos belicistas provenientes tanto del Kremlin y sus diversas versiones de RT por el mundo como de Washington y Bruselas y sus voceros oficiales. Y la verdad no está ni se la espera.

Se ha comprobado cómo la invasión rusa del 24 de febrero en Ucrania nos pilló a todos con el paso cambiado y, lejos de haber seguido la recta vía de una mayor autonomía política y estratégica para la UE, los remanentes nacionalistas de las principales potencias europeas (la UE es muy joven aún) han impedido que contáramos en ese momento crucial con las capacidades comunes, políticas y militares, para afrontar tamaño reto.

En una interesante entrevista concedida al diario digital francés Mediapart el pasado 26 de octubre, el general francés Jean-Pierre Perruche califica de trágico el hecho de que la UE sea incapaz de hacer nada ante la agresión rusa y sus consecuencias. Este general, ahora retirado, sabe de lo que habla, pues tuvo altas responsabilidades tanto en la OTAN (jefe de Fuerza en Kosovo, jefe de misión en SHAPE) como en la UE (director del Estado Mayor) al considerar que en la Unión debería tomar las riendas con la creación de un órgano permanente de planificación militar operativa. 

Porque no basta con tener una instancia político-estratégica como es actualmente el Comité Militar de la UE (asistido por un estado mayor), sino que habría que poner en marcha un mando y estado mayor a nivel estratégico como tiene la OTAN (Allied Command Europe, ACO) que se dedique al análisis de las amenazas para la seguridad europea y la planificación permanente. Una guía incipiente sobre las amenazas ya la tenemos con la “Brújula Estratégica” que el Alto Representante Josep Borrell presentó en marzo de este año, aunque no es más que un punto de partida para que la UE pueda defenderse ante una combinación de amenazas que van desde la posibilidad de agresión armada, anexiones ilegales, regímenes autoritarios o estados fallidos. 

¿Cómo es posible que, siendo el conjunto de la economía de los 27 muy superior a la de Rusia y el presupuesto acumulado en materia de defensa cuatro veces mayor que el ruso, nuestro stock de armamento y munición se esté viendo (Borrell dixit) mermado por los envíos a Ucrania? ¿Qué necesidad tenemos de aumentar los gastos en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB cuando ya invertimos entre todos unos 240 millardos de euros, el segundo mayor presupuesto militar del mundo tras los EEUU? Alguien nos está aconsejando mal y nos está llevando por un camino incierto.

Como antes comenté, al no haber hecho los deberes desde que nació la Europa de la Defensa, al comienzo de este siglo, un chaparrón inesperado nos ha pillado sin paraguas ni gabardina y nuestros dirigentes nos han metido bajo la marquesina americana, por mucho que la opinión pública no lo entienda. La cumbre OTAN celebrada en Madrid el pasado mes de junio ha refrendado el abandono de los líderes europeos en los brazos de la política exterior americana. El sueño de una autonomía estratégica se cubrió de una espesa niebla que, una vez disipada, se ha convertido en un “atlantismo renuente”, en expresión del analista Olivier Schmitt, aunque atlantismo al fin y al cabo. 

Pero no debería extrañar a nadie que en tiempos revueltos nuestro club europeo decida a la desesperada (winter is coming) ponerse en manos de quien pueda asegurar el suministro de energía, al precio (financiero y moral) que haga falta. Porque la labor continuada de zapa de socios quinta-columnistas, especialmente del grupo de Visegrado, está funcionando, y no sólo han conseguido debilitar o preterir la deseada autonomía estratégica europea, sino reforzar la política exterior norteamericana en detrimento de la nuestra, como muestra la intención de comprarles carísimos aviones de combate F-35 por parte de Alemania y muy probablemente España, mientras dejan a la zaga el proyecto europeo del Futuro Sistema Aéreo de Combate, FCAS.  

No me canso de escribir que Europa, más concretamente la UE, puede y debe ser un actor independiente en este mundo multipolar. Potencial económico y político no le falta, tan sólo la voluntad de sus dirigentes. Nuestro potencial militar, es decir, nuestra capacidad defensiva, que debe acompañarnos si queremos ser alguien en el juego de ajedrez mundial, ha de articularse en el seno de una dirección política única, es decir, un gobierno presidido por un líder legítimo elegido, aunque sea indirectamente, por los ciudadanos europeos. Instituciones para canalizar la elección no nos faltan: Parlamento Europeo y Consejo Europeo. Sólo así sería posible poner en marcha un ejército europeo.

Mientras, seguimos siendo para nuestros "amigos" americanos un punch cushion que les mantiene alejados de los eventuales golpes del ahora oficialmente enemigo ruso, a la par de una cartera de clientes fijos para su industria de armamento. Porque, ¿cómo es posible que casi 80 años después de finalizada la II Guerra Mundial sigamos teniendo bases americanas, navales y aéreas, con miles de soldados en territorio europeo? ¿No es eso una suerte de colonialismo? 

Los delirios expansionistas o paneslavos de Putin tienen su primera expresión en la invasión del vecino del sur y, aunque nos parezca lejano en el mapa, está afectando a nuestra economía, nuestra tranquilidad y nuestro bienestar. Cierne sobre todos nosotros, en especial sobre los alemanes, la negra sombra de las restricciones energéticas, escasez de productos y servicios, parón de la industria, estancamiento o recesión económica y su inevitable contagio a los demás países, en los próximos meses o años. 

Nunca creímos que Rusia fuera a invadir Ucrania y la realidad nos llegó como una bofetada. Seguimos creyendo que de ahí no pasará y que la fortaleza europea es inexpugnable…hasta que nos llegue la siguiente bofetada. Al parecer no aprendemos de la historia reciente, por mucho que tengamos a nuestra disposición obras que describen duramente lo que pasó hace no muchas décadas. Animo a leer la magistral obra Savage Continent, Europe in the aftermath of World War II, de Keith Lowe, o a ver la reciente película Sin novedad en el frente, de Edward Berger, donde se exponen de forma brutal las consecuencias de una guerra. 

No vivimos en estos momentos el militarismo rampante de 1914 y los nacionalismos europeos están más o menos disueltos en la salsa común de la Unión Europea, pero no debemos descartar que, si se endurecen en los próximos años las condiciones de vida de las familias, peligran los suministros y el estado del bienestar cae en picado, empezará primero la búsqueda de un chivo expiatorio entre los sectores más desprotegidos (inmigrantes, diferentes razas o religiones…), luego crecerá el fascismo y con él los nacionalismos para, finalmente, propiciar un ambiente tóxico en el que una simple chispa cause la deflagración fatal que nos haga retroceder un siglo. ¿Acaso no tenemos ya frente a nosotros un temible enemigo común como es el cambio climático? 

Urge la paralización de esta barbarie en Ucrania y sentarse a la mesa de negociación para construir una paz inmediata y duradera en la que todos los pueblos de Europa, incluido el ruso, podamos convivir en la creencia de que tenemos mucho que ganar juntos y mucho que perder separados y enfrentados. En esa mesa, algunas potencias no deberían tener asiento…

Los que peinan canas, o quienes no nos queda ya nada que peinar, recordamos los pasos de aquel baile de éxito de mediados de los años sesenta: izquierda, derecha, adelante, hacia atrás... Eso es lo que bailan en Bruselas desde hace un tiempo. Pero, seamos justos, pasitos adelante, alguno ha habido, sin duda.

Hace meses, en plena escalada diplomática previa a la invasión rusa en Ucrania, la UE habló con una sola voz ante el intento del ministro ruso de exteriores, Sergey Lavrov, de recabar por separado la posición sobre la crisis en Ucrania de cada uno de los Estados miembros de la OTAN y de la OSCE, entre los que se encuentran los 27 de la UE. Se trataba de un intento velado por ningunear a la Unión Europea, pero seguramente Lavrov no contaba con una respuesta rápida y unitaria por parte de su representante diplomático, el Alto Representante, Josep Borrell. Hay que decir que, dados los antecedentes, pocos contaban también con una respuesta unánime de los Estados miembros del club europeo.

Otro pequeño pero significativo avance en la UE es la reciente presentación de la Comisión Europea de un plan para que los Estados miembros puedan comprar armas conjuntamente. Aunque el plan está motivado por la necesidad de reponer armamento que se ha estado enviando a Ucrania, según apuntó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, se trata de una previsión de la PESCO (Cooperación Estructurada Permanente, para refrescar memorias), ahora bastante olvidada, al menos mediáticamente, habida cuenta del “renacimiento” de la OTAN. Queda por ver si ese plan de adquisiciones conjunto servirá para “impulsar la base industrial europea”, según aseguró el comisario Breton, o por el contrario se van a seguir comprando sistemas de armas USA.

Cuestión aparte sería la de considerar si es eficaz o no para detener esta guerra sangrienta seguir enviando armamento a Ucrania, pero ese no es el objeto de esta entrada.

Estamos viendo —y sufriendo— las consecuencias para nuestras economías, y lo que es más importante, para el bolsillo de los ciudadanos europeos, de las sanciones adoptadas a toda prisa contra Rusia, sus bancos, su industria y determinados dirigentes. El resultado inmediato ya nos ha impactado: una inflación galopante que fluctúa entre el 10 y 20% en función de los países. Combustibles por las nubes, la cesta de la compra restringida ya en muchos hogares, los transportes, etc.

No cabe duda de que las sanciones aplicadas le escuecen a Rusia pero no paralizan su economía, respaldada por la gran masa de liquidez con que cuenta sus bancos y con la subida de los precios de las materias primas: venden menos pero más caro y el resultado es un impacto atenuado en los ingresos del Estado. En lo que respecta al petróleo y el gas, Rusia ha hecho incluso más caja vendiendo menos debido al aumento espectacular de los precios, sobre todo en el caso del gas.

Las reservas europeas de gas, aunque puedan sobrevivir este invierno, no lograrán reponerse al nivel mínimo aceptable para el siguiente 2023-2024.

Socios comerciales de Rusia, como India, China y diversos países africanos y latinoamericanos, equidistantes en distintos grados respecto a la invasión de Ucrania, pueden verse beneficiados por las restricciones europeas a la compra de petróleo ruso, previsto para finales de este año o principios de 2023, pues nada les impide revendernos parte del crudo que importen de Rusia.

La reciente interrupción del suministro de gas a través del gaseoducto Nord Stream I que, según fuentes rusas, se debe al mantenimiento y a la reparación de una turbina, es poco creíble, pues Putin ha encontrado en las materias primas un arma arrojadiza perfecta para jugar con las economías europeas que más dependen de su gas. Curiosamente, las turbinas supuestamente defectuosas se reparan en Montreal y, mira por dónde, Canadá es uno de los países que han redoblado las sanciones a Rusia, pero... Pero Alemania ha tenido que intervenir y ha pedido a Canadá que, por favor, venga, que hagan la vista gorda con la reparación de la turbina y la envíen reparada cuanto antes, no sea que alguna fábrica alemana tenga que parar incluso antes de que termine el verano.

Es decir, la atropellada decisión de aplicar sanciones al régimen de Putin sin pararse a pensar en las consecuencias, directas e indirectas, que los sancionadores podrían sufrir me recuerda la jocosa frase de “que se joda el sargento que no voy a comer rancho”. Los lectores que han hecho la mili saben de qué hablo.

Otro aspecto negativo de esta situación es la desesperada búsqueda por parte de los dirigentes europeos de otros mercados para suplir la falta de gas ruso. Además de la diligencia del onorevole Draghi para asegurar el suministro de gas argelino para Italia, hemos visto cómo ha comenzado el mercado de blanqueo de sátrapas, monarcas feudales y dictadores de todo pelo (Dubai, Qatar, Azerbaiyán, etc.) que ahora se les otorga la distinción de socio estratégico con tal de que nos vendan gas, y al precio que ellos decidan, faltaría más. Los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos propios de la Unión Europea se van por el sumidero cuando la situación aprieta y florecen los intereses (siempre subyacentes), tanto de las instituciones comunitarias como sobre todo de los Estados miembros. Recuerdo muy bien la que le cayó a la politóloga Arantxa Tirado en un programa de radio cuando dijo que la geopolítica no se basa en valores sino sólo en intereses. Dos co-tertulianos se le echaron a la yugular llegando incluso al insulto.

La maquinaria de (des)información rusa está ganando batalla tras batalla al conjunto de Occidente, usando la manipulación, las medias verdades y las mentiras enteras por mucho que se haya restringido o prohibido en la UE medios de comunicación estatales como RT y Sputnik.

Los medios occidentales, salvo un puñado de excepciones, barren igualmente para casa manipulando datos, silenciándolos o simplemente proclamando la voz de su amo. Son generalmente grandes conglomerados mediáticos en cuyos consejos de administración se sientan representantes de las grandes empresas y operadores de finanzas y fondos de inversión, es decir, lo más granado del capitalismo salvaje y del neoliberalismo. Pero la influencia mediática rusa consigue tener millones de oyentes en el resto del mundo a través de sus ejércitos de analistas, hackers, todo tipo de herramientas encubiertas y un nutrido y eficaz cuerpo diplomático. RT, por ejemplo, ha cambiado sus tácticas y está creando nuevos portales en diferentes idiomas para eludir la prohibición que pesa sobre ella o sigue influyendo de forma notable en América Latina a través de RT en español y en los países francófonos de África por medio de RT France.

 Del otro lado, haciendo frente a tan descomunal invasión de redes sociales, apenas un puñado de funcionarios europeos trabajan desde Bruselas con escasos medios e ineficaces instrucciones. Un comunicado de prensa se desvanece en la malla informativa desplegada por el Krenlim por todos los continentes. Eso lo saben bien en la unidad oficial europea de desinformación del Kremlin, conocida como East Stratcom, dependiente del Servicio Diplomático de la UE, que cuenta con un presupuesto ridículo en comparación con sus “enemigos” de los medios estatales rusos.

La perseguida autonomía estratégica de la UE ni está ni se la espera tras la última cumbre de la OTAN. Ha quedado aparcada en un sótano polvoriento y sin luz y no sabremos por cuánto tiempo. El innegable éxito de la cumbre atlántica en Madrid, liderada por el presidente Sánchez, le ha llenado de medallas entre sus homólogos por su organización y sus habilidades en el trato personal y cercano con otros líderes. Pero, al mismo tiempo que Sánchez abrazaba a la OTAN, clavaba un puñal en la espalda de la UE (y sus colegas europeos viéndolo y asintiendo), en particular a su proyecto común de mayor autonomía frente al hegemón aliado. La invasión rusa en Ucrania debería de haber servido de estímulo para que la Unión avanzara por ese camino y aprovechar para dotarse de mayores capacidades militares, estructuras de mando propias, inteligencia compartida, etc. Ya hemos demostrado que es posible llegar a una cooperación estructurada real con organizaciones europeas como el European Air Transport Command (EATC) y el European Satellite Centre (EUSC) que, aunque de alcance limitado, han puesto en práctica el “pooling and sharing” y la interoperabilidad de fuerzas, doctrinas y recursos.

En el intercambio en material y servicios de defensa, Europa exporta a EEUU algo más de 7.000 millones de dólares frente a una importación de más de 60.000 millones. La inesperada escalada bélica en nuestras puertas asegurará que ese desequilibrio no se compense fácilmente y que la dependencia europea de los EEUU continue al menos un par de décadas más.

Tanto la UE como los aliados atlánticos han apostado mayoritariamente por suministrar armas a Ucrania para compensar algo el gran desequilibrio de fuerzas y medios entre ellos y el agresor ruso. Como consecuencia, Rusia no ha logrado ocupar Kiev, derrocar a su gobierno haciendo de Ucrania un país satélite (como Bielorusia) y ha sufrido importantes pérdidas de material y personal con las que no contaba. Ucrania, por su parte, ha conocido un éxodo de varios millones de personas, muchas de sus ciudades están arrasadas, las víctimas civiles se cuentan por miles y han visto paralizadas sus principales exportaciones.

Ante tamaño desastre humanitario, social y económico, la Unión Europea, espoleada por los EEUU, ha optado por un doble frente: las sanciones económicas y el envío de armamento. No quieren (no queremos) ver que Putin no se va a doblegar con esas presiones -por mucho que su economía se resienta- y que su régimen puede durar más que la capacidad de resistencia del sufrido pueblo ucraniano y que la única, o al menos la más razonable, vía para terminar cuanto antes esta guerra es apostar fuerte por la paz. No se han hecho todos los esfuerzos necesarios para indagar las vías diplomáticas y parece ser que el Sr. Borrell, Alto Representante de la UE, ha tirado la toalla de la diplomacia, núcleo de su “job description”, pasando a utilizar un lenguaje mayormente belicista.

Es perentorio pues sentar a la mesa a un puñado de líderes representando a las partes en conflicto, Rusia, Ucrania y la Unión Europea y, por supuesto, a la ONU. Sí, digo la UE y no la OTAN, por mucho que parte del conflicto tenga su origen en la expansión y presiones de la organización atlántica.

Es necesario y urgente convocar una Conferencia de Paz cuatripartita que ponga sobre la mesa todas las posibilidades para alcanzar un alto el fuego inmediato y la retirada de las fuerzas rusas del territorio ucraniano. Entre esas posibilidades (tácheseme de idealista si se quiere), yo apunto una: preparar un referéndum, controlado y supervisado por organismos internacionales como la OSCE, para que los habitantes de Lugansk, Donetsk y Crimea decidan legítimamente sobre su destino como repúblicas independientes, o integrándose en Ucrania o en la Federación Rusa.

Sólo así podremos escapar de la barbarie y volver a creer en la humanidad.

Es difícil escribir algo sobre la actual crisis europea derivada de la guerra en Ucrania sin arriesgarse a que el texto quede obsoleto en un par de días. La frase atribuida a Churchill de que “la región de los Balcanes produce más historia de la que puede consumir” puede aplicarse perfectamente al conjunto de la Europa de estas últimas semanas. Apenas remontados los efectos nocivos de la pandemia y cuando las economías europeas comienzan a recuperarse, surge el delirio —¿irrendentista?— de un Putin que se siente traicionado y acorralado y para aliviarse se lía a guantazos con el vecino del sur, más débil, bajo el pretexto de “desnazificar” Ucrania y defender los derechos de los ruso-parlantes del Dombás.

Vayamos por partes.

Liarse a guantazos es una expresión castiza que no pretende quitar hierro a la cruda realidad de la agresión criminal que está perpetrando el ejército ruso que ha causado ya miles de muertos y heridos civiles y provocado, en tan sólo dos meses, la huida de más de cuatro millones de personas, la mayor parte mujeres y niños. Para “comprender” a Putin ya existe toda una legión de “stalibanes” (expresión que tomo de Santiago Alba Rico) muy activos en redes sociales. Es una agresión criminal que incluye delitos contra la humanidad y crímenes de guerra, ambos imprescriptibles, que podrían —deberían— llevar a Vladímir Putin ante un tribunal internacional. Bombardear a la población civil y a objetivos civiles son crímenes de guerra de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La escapada hacia adelante de Putin tiene una posible explicación —que no justificación— en la geografía, en esa Venganza de la geografía de Robert Kaplan. Porque sucede que Rusia, la gran Rusia, el país más extenso del planeta, se encuentra rodeada por países “occidentales” con la soberanía suficiente para decidir a qué club pertenecer o a qué alianza económica o militar apuntarse. Ahí incluyo a países tan lejanos geográficamente como Estados Unidos, los miembros de la OTAN y de la UE, Japón, Corea del Sur o Australia, todos ellos parte de ese Occidente económico-cultural. Sólo hace falta echar un ojo al mapamundi para constatar que el oso ruso se siente rodeado de cazadores por todas partes, le apunten o no con el rifle. La culpa se la reparten la geografía y la adscripción a un sistema económico.

Se argumenta, con razón, que Estados Unidos no permitiría que México o Canadá se integraran en una alianza militar hostil. Recordemos la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Entonces comandaban las potencias en liza dos personas que entraron en razón y evitaron una conflagración nuclear: Kennedy y Kruschev. No podemos decir aún si los actuales dirigentes de ambas potencias, Biden y Putin, van a ser tan razonables como sus antecesores en el cargo. Queda por saber si los americanos invadirían los territorios vecinos por ese motivo (ojalá no lo sepamos nunca). En ese caso hipotético me atrevo a aventurar que no lograrían hacerse con las tierras invadidas, como lo demuestra la historia reciente: EEUU en Vietnam, Rusia y EEUU en Afganistán, Francia en Argelia, etc. Lo mismo que le ocurrirá muy probablemente a Rusia en Ucrania.

Se argumenta igualmente que la OTAN ha venido emplazando los últimos años sistemas de armas de todo tipo en países aliados del antiguo bloque soviético y que ha provocado un malestar creciente al gobierno ruso, sintiéndose poco a poco acorralado. Tal vez tenga que ver con las recurrentes violaciones del espacio aéreo por cazas rusos y de las amenazas veladas a la soberanía de países vecinos, incluyendo los ciberataques. Parece que Rusia no ha terminado de digerir la independencia de, por ejemplo, los países bálticos, y treinta años más tarde sigue soltando flatulencias que los estonios, letones y lituanos no tienen por qué soportar. El hecho de que un tercio de los habitantes de Letonia todavía hoy hable ruso no da derecho al Krenlim a hacerles una visita aérea. 

Reacción de la Unión Europea

Ante la inesperada agresión rusa a Ucrania, la UE ha sido pillada en un traspiés, inerme y, en los primeros momentos, inerte. Por mucho que los servicios de inteligencia norteamericanos lo vinieran advirtiendo. Claro, han suministrado en el pasado reciente tanta “inteligencia” interesadamente falsa que todos pensamos en la fábula del lobo que viene. Pero nos hemos visto sorprendidos por la inusualmente rápida reacción de las primeras autoridades europeas al conseguir un consenso en la adopción de medidas punitivas contundentes (está aún por ver si lo son a medio plazo) contra las instituciones y una lista de personas influyentes de Rusia.

Otra reacción, tan inesperada como injustificada, ha sido la de proponer el aumento en los presupuestos de defensa en muchos países del entorno, entre los que destaca Alemania: su canciller Olaf Scholz anunció una partida extra de 100.000 millones de euros para modernizar las fuerzas armadas y un aumento del presupuesto militar más allá del 2% del PIB que aconseja la OTAN. Otros países pretenden seguir esa senda de crecimiento de los presupuestos militares hasta acercarse a ese porcentaje, lo que supone en el caso de España un aumento de casi el 50%, que en la actualidad es del 1,4% del PIB.

El gasto agregado de los países miembros de la UE asciende a casi 200.000 millones de euros (un 1,5% de media), según datos de la Agencia Europea de Defensa para 2020. Prácticamente el mismo montante que China y el triple que Rusia. ¿Se trata de gastar más en defensa común? Evidentemente, no. Se trata de gastar mejor, comprar equipamiento y sistemas de armas en el mercado europeo y sincronizar y armonizar capacidades, doctrina y dotación de efectivos. Mecanismos para ello ya existen; solo falta la voluntad política para llevarlo a cabo.

En el plano político, el pasado 8 de abril el Consejo Europeo adoptó un paquete más de sanciones a Rusia ante la persistencia de su agresión a Ucrania y algunos países europeos, miembros o no de la UE, han reaccionado de forma tan expeditiva y determinante que hace tan solo unos meses nadie hubiera imaginado: Suecia y Finlandia se están planteando ingresar en la OTAN y Dinamarca celebrará un referéndum para decidir si participa en las estructuras de defensa de la UE. Hasta Suiza, históricamente neutral, puede que se sume a las sanciones occidentales congelando los activos de ciudadanos y entidades rusas.

Algunos países como Alemania, Austria o Italia, fuertemente dependientes del suministro de gas ruso, han visto de golpe amenazada su industria y el bienestar de los ciudadanos y han iniciado una serie de medidas conducentes a reemplazar tanto esa fuente de energía como el petróleo y en menor medida el carbón por otros proveedores más seguros y por energías alternativas como la eólica o la solar. Aparece ahora, negro sobre blanco, el error de cálculo de la ostpolitik promovida por la Alemania de Schröder y Merkel durante muchos años poniendo demasiados huevos en la cesta rusa, ahora convertidos en tortilla. La locomotora económica de la Unión no cuenta con ninguna planta regasificadora para transformar el gas licuado de los metaneros que pudieran arribar a sus puertos en gas de consumo y busca desesperadamente otras alternativas para que la industria no sufra una merma de la producción y los hogares alemanes puedan calentarse el próximo invierno.

Reanimación de la OTAN

La Alianza Atlántica debería haber desaparecido en los años 90 tras la disolución del Pacto de Varsovia, pero ha seguido expandiéndose hacia el Este por decisión de los EEUU y tensando la cuerda hasta el punto de ”invitar” a Ucrania a integrarse en sus estructuras, cuando lo razonable sería que ese país se mantenga en régimen de neutralidad, como lo ha estado Finlandia durante muchas décadas.

Ahora a la OTAN, que lleva buscando desde 1991 motivos para justificar su existencia, se le ha aparecido una Virgen con rasgos eslavos retocados y, lejos de languidecer, experimentará un posible aumento en el número de miembros del club y la prolongación del mandato de su secretario general, el noruego Jens Stoltenberg, por un año más. En la sede de Evere están de celebración por varios motivos, entre ellos la amortización asegurada del enorme gasto del nuevo cuartel general y las posibilidades de carrera para militares y diplomáticos durante muchos años más. Más contentos aún estarán los lobbies armamentísticos, de un lado y otro del charco, que verán engrasada su maquinaria durante unos años más. Business y geoestrategia son dos caras de la misma moneda.

La OTAN, con sus 73 años y los achaques propios de la edad, no hace mucho parecía un paciente con escaso horizonte vital o en “muerte cerebral” (Macron dixit), pero inopinadamente se ha reanimado gracias a un medicamento de marca rusa suministrado a través de un Nord Stream intravenoso que ahora no lleva gas, sino viagra. El paciente recupera su virilidad y, contra todo pronóstico, a partir de ahora podrá lucir ufano su renovado uniforme y mostrar músculo ante su osado vecino oriental. Alguna dosis de bromuro sería tal vez conveniente, no sea que le dé por comportarse como un brioso recluta sobrado de testosterona, dosis que no puede ser suministrada más que por un liderazgo político que hoy brilla por su ausencia en Europa.

La próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid a finales de junio deberá dar luz al nuevo Concepto Estratégico, que reemplazará al de Lisboa de 2010 y necesariamente tendrá que incorporar las lecciones aprendidas por los acontecimientos de estos últimos doce años: la campaña en Libia, la anexión rusa de Crimea, el Brexit, la tensión entre ambos lados del Atlántico durante el mandato Trump, la salida de EEUU de Afganistán y la tan buscada autonomía estratégica de la UE, entre otros. Habrá también que establecer las nuevas amenazas que se ciernen sobre el bloque atlántico, a la luz de la creciente rivalidad de China, de momento sólo adversario comercial y tecnológico. ¿Incluirán al gigante asiático como posible amenaza? Dependerá entre otros muchos factores del apoyo que finalmente proporcione Xi Jinping a su homólogo ruso en su locura agresora.

En conclusión, si hubiera que extraer algo positivo de esta crisis sería la rápida reacción de la UE que parece haberse “reseteado” con la agresión rusa a un país vecino adoptando medidas expeditivas como las sanciones, la acogida de refugiados ucranianos y el envío de armamento al ejército ucraniano. Pero, al mismo tiempo, ha supuesto un fortalecimiento inesperado de la OTAN que se erige, una vez más, en la única estructura de defensa del territorio con capacidades operativas y de disuasión nuclear, aportando una gran dosis de anabolizantes a la musculatura USA. El presidente Biden intentará aprovecharlo a buen seguro ante las elecciones mid-term previstas a la vuelta del verano, que buena falta le hace ante su caída de la tasa de popularidad.

Hace algunos años que el espacio atlántico ya no conforma el centro de la seguridad global ante la pujanza de China y otros países de Asia-Pacífico, pero EEUU no desaprovechará esta situación y seguirá un tiempo más tutelando las estructuras defensivas europeas para mayor gloria de su industria de armamento.

La Unión Europea ha realizado avances en sus planes de defensa, contamos con un servicio de acción exterior, una agencia de defensa y un estado mayor militar, incluso un fondo europeo de defensa y una importante industria de armamento y equipamiento militar. Hemos adoptado además una brújula estratégica para todo este decenio. ¿Qué más hace falta para emanciparnos de una vez por todas de la tutela norteamericana? Voluntad política y un liderazgo fuerte. ¿Vamos a desaprovechar una vez más esta oportunidad?

Yo no quería escribir sobre Ucrania porque, desde mis limitaciones, poco puedo aportar a todo lo que eminentes geoestrategas, analistas y periodistas especializados han publicado hasta ahora en diversos medios, pero no me resisto a meter cuchara en este potaje para remover y buscar entre sus ingredientes algunas tajadas del fondo de la cazuela que pueden condicionar el sabor de la receta. Me refiero al papel de la Unión Europea en todo el (desa)guisado previo a la guerra.

Es indudable que el conflicto en Ucrania, ya desde hace algunos años en guerra civil abierta en la región del Donbás, y ahora mismo guerra de Ucrania, afecta a los países europeos por su vecindad pero sobre todo por la posible ruptura del suministro de gas ruso que, atravesando Ucrania, llega a la Europa del Este y Central para asegurar, junto con otros dos gasoductos del norte (Nord Stream) que funcione la industria y se calienten los hogares de los países escandinavos (salvo Noruega), los bálticos, los del grupo de Visegrado o Alemania, altamente dependientes del gas ruso. De ahí que Alemania venga manteniendo una línea política más moderada respecto a las respuestas europeas a la afrenta energética rusa.

Este es el contexto en el que la política exterior de la UE ha estado, una vez más, alejada del papel que le corresponde, que es el de dar voz al conjunto de los veintisiete pero con la personalidad de una entidad económica, política y jurídica por encima de la suma de sus estados miembros, pues así lo establece su norma en vigor desde 2009, el Tratado de Lisboa. La Unión ha visto, impertérrita, cómo los dos responsables de asuntos exteriores ruso y norteamericano se reunían en Ginebra tratándola como a una adolescente que no puede entrar en la sala donde los mayores discuten sobre qué amigos debe frecuentar y con quién puede hablar o relacionarse.

Blinken y Lavrov han estado las últimas semanas enarbolando sus estandartes y moviendo sus piezas en el tablero sin importarles qué piensan los ciudadanos ucranianos, ya sean pro europeos o pro rusos, y qué piensan los ciudadanos europeos sobre el conflicto y sus posibles soluciones. Por su parte, el canciller alemán Scholz viajó a Washington (presentación de credenciales ante el “emperador”) y a Moscú (Vladimir, ¡no me cierres el grifo!). Macron se trasladó a Kiev y a Moscú, pero en clave electoral, para intentar amañar un encuentro Biden-Putin, vendiendo así al electorado francés que él maneja los hilos de la diplomacia europea.

Bien, pues en plena discusión ginebrina, yo me imaginaba a Blinken diciendo que se debería contar con la UE —tal vez sería mucha imaginación— y a Lavrov preguntando “Y la UE, ¿cuántas divisiones tiene?”, como ya hicieran Laval y Stalin en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial refiriéndose al papa. En estas, Borrell, jefe de la diplomacia europea, seguramente rojo de ira y vergüenza, a partes iguales, observaba por la mirilla de la puerta cómo le ninguneaban. Pues claro, Josep, ¡si no tienes suficientes divisiones! Bueno, mejor dicho, sí, tienes unas cuantas, pero no de esas blindadas acompañadas de muchas tropas, sino de las otras, divisiones matemáticas que rompen el consenso y propician que sigan siendo los GI Joe de la OTAN, con su boy-scout-in-chief Stoltenberg, quienes tengan que hacer frente a la defensa de Europa por no haber podido (o querido) crear unas fuerzas armadas europeas.

Sí, Borrell, has sido ninguneado como lo ha sido tu jefa directa, Ursula Von der Leyen, por dos ministros africanos en el photocall de la cumbre Unión Europea-Unión Africana. Los representantes de Uganda y de Argelia, a sabiendas de quién ostenta la presidencia de la Comisión Europea, eludieron el saludo a Von der Leyen para pasar a estrechar la mano directa y efusivamente a los dos hombres que la acompañaban, el presidente del Consejo, Charles Michel, y el presidente francés Emmanuel Macron. Ambos mandatarios europeos hicieron un papelón lamentable (Michel, reincidente) al permitir ese impresentable y misógino desprecio a una de las primeras autoridades europeas por el solo hecho de ser mujer.

Hay que reconocer, no obstante, que por una vez se ha dejado sentir la UE como ente político, ocasión que hay que celebrar por poco habitual. Simplemente un pequeño detalle, pero significativo, dentro de la vorágine del momento: la carta que el ministro ruso Lavrov astutamente envió a sus homólogos de los veintisiete, para que se posicionaran individualmente (divide y vencerás) sobre la crisis en Ucrania y que fue contestada por Borrell como Alto Representante uniendo las voces de todos los Estados miembros. Esa sería la vía correcta para dar voz a la Unión Europea y llegar a poner en marcha la brújula estratégica que el Alto Representante y Vicepresidente de la Comisión presentó en noviembre del año pasado y evitar que se repitan en el futuro escenas de “encogimiento estratégico” como las que estamos presenciando estos días.

No todos los Estados miembros de la UE tienen el mismo peso en la escena internacional y como estamos aún lejos de la deseada unión política, en la que el Alto Representante para la Política Exterior y de Defensa debería encabezar toda discusión política o económica de alto nivel con otras potencias, la Unión ha perdido otra bonita oportunidad de pisar fuerte y tratar en plano de igualdad con los EEUU y Rusia. Estamos viviendo una crisis en la que, después de la agredida Ucrania, Europa es la principal afectada. Francia no es Malta, Chipre o Luxemburgo y el presidente Macron, aprovechando la presidencia de turno de la UE, debería haber estado presente en esas cumbres representándonos a todos los ciudadanos de la Unión. Tal vez sea ya demasiado tarde.

La OTAN es una organización dominada por los EEUU que, desde 1991, necesita conflictos para mantenerse viva y si fuera necesario expandirse geográfica y políticamente lo hará con las artimañas que sean necesarias. Estaba últimamente en franco declive existencial y le ha venido muy bien primero el irredentismo ruso en una parte de Ucrania, y ahora la invasión de las fuerzas rusas en todo el territorio ucraniano, para sacar pecho y decirle a los europeos que no pueden prescindir de ella.

Se ha solicitado hace unos días por parte de los países bálticos la activación del art. 4 del Tratado de Washington (consultas con los socios al sentirse amenazados) y se ha mencionado el art. 5 en caso de que alguno de los aliados fuera atacado por terceros (léase Rusia), opción esta que no parece factible (espero no equivocarme pues la actualidad es tan cambiante que cuando este texto se publique puede que haya quedado obsoleto).

Conviene recordar una vez más que el Tratado de la Unión Europea (TUE) prevé en su art. 42.7 (versión consolidada) que “Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros.” Es decir, que la Unión Europea cuenta también con una cláusula de asistencia mutua que se aplicaría tanto a un ataque o invasión rusa a países OTAN fronterizos como Estonia y Letonia o a Lituania y Polonia a través de su “satélite” Bielorrusia, o a países UE (no OTAN) como Suecia o como Finlandia, con quien comparte más de mil kilómetros de frontera. Las fuerzas OTAN están compuestas por los elementos y capacidades de sus Estados miembros, la mayor parte europeos (27/30), con los que se podría contar en caso de aplicarse el citado art. 42 del TUE. Faltan aún las estructuras de mando adecuadas, claro está, y un día nos arrepentiremos de no haber sido proactivos en esta tarea.

Estamos perdiendo —hemos perdido ya— otra oportunidad más para la Unión, que no ha hecho hasta ahora otra cosa que declarar su profunda preocupación (ese manido “we are deeply concerned”) ante sucesos graves mientras un régimen vecino dirigido por un primate con armamento campa a sus anchas a sabiendas de que la UE es rehén de la maldita regla de la unanimidad.

Se plantean unas cuantas preguntas:

¿Cuándo tendremos una reunión transparente del Consejo de la UE para conocer las posiciones de cada uno de los Estados miembros en asuntos trascendentes?

¿Cuándo se emancipará la UE del imperio (ultra)atlántico?

¿Cuándo saldrá Europa de la adolescencia?

La sangrante actualidad está ya contestándolas.

Un reciente y excelente trabajo de investigación publicado hace unas semanas en The New Yorker por Ian Urbina ha desvelado al gran público la vergonzosa política migratoria —más bien antimigratoria— que la Unión Europea está llevando a cabo desde hace años. El trabajo, que ha sido posteriormente publicado en español en un medio nacional, debe ser divulgado en el mayor número de medios, plataformas, blogs y redes sociales para que llegue a la mayor parte de los ciudadanos lectores, tarea en la que me propongo aportar mi granito de arena. Y me refiero a los lectores críticos y concienciados, es decir, a los que no se queden en la lectura de un titular o un tuit y se atrevan a pinchar en un enlace para profundizar en la lectura.

El relato, con datos obtenidos de fuentes primarias, sobre los suplicios que están sufriendo muchísimos, miles de migrantes, principalmente africanos, es tan desgarrador que debería remover la conciencia de todo ciudadano europeo y reclamar a sus mandatarios que detengan urgentemente esta criminal práctica de represión delegada contra personas que no han cometido delito alguno y a quienes se trata peor que a un terrorista infanticida.

El simple hecho de intentar cruzar el Mediterráneo para buscar una oportunidad en su vida puede llevar a un camerunés, senegalés o eritreo al fondo del mar o a dar con sus huesos en un oscuro e insalubre centro de detención donde, hacinados como en una granja de pollos, serán víctimas de abusos de todo género: torturas, violaciones a mujeres y niños, vejaciones de todo tipo y, como salsa común, la falta de libertad y la incertidumbre. Al migrante así detenido no se le imputa ningún delito, no se le da acceso a un abogado y se le puede mantener encarcelado e incomunicado indefinidamente. Solo en un centro de detención como el de Al Mabani, a las afueras de Trípoli (existen unos quince centros), se amontonan más de seis mil personas, repartidas por celdas de unas doscientas en las que no tienen sitio en el suelo para extender unas simples esterillas para dormir todos al mismo tiempo (un metro cuadrado para tres personas), por lo que tienen que hacer turnos y cuentan con un baño por cada cien personas. El hedor y las pésimas condiciones higiénicas están presentes como lo estaban en las bodegas de los barcos llenas de galeotes convictos hace cientos de años. En esas condiciones se están dando casos de tuberculosis y, por supuesto, de covid.

Añádase a todo ello la práctica mafiosa de los guardias libios que pululan entre los prisioneros a la hora de comer con un móvil en la mano para ver quién se compromete, mediante una llamada, a que su familia le envíe dinero para pagar su “supuesta” libertad, dinero que acaba naturalmente en el bolsillo del guardia. Aun en el caso de que el migrante haya pagado el rescate, nada le asegura que no termine en otro centro de detención si le ven por las calles. Añádanse también los múltiples casos de migrantes que son excarcelados para trabajar en el campo, en cuarteles limpiando armas o en algunas casas privadas en condiciones de esclavitud a cambio de una cantidad que arranca de unos setenta euros por individuo, lo que muestra que el mercado de esclavos no es algo que pertenezca a la oscura historia de la humanidad. Está ahí, en pleno siglo XXI y a no muchas millas de nuestras costas.

El periodista Ian Urbina, que encabezaba un equipo de tres personas de su recién creada Outlaw Ocean Project, una organización sin ánimo de lucro que investiga casos de abusos sobre derechos humanos, fue detenido en Libia junto a sus colaboradores. Encerrados, interrogados y apaleados, fueron liberados a los seis días tras la intervención del Departamento de Estado norteamericano. Los guardias se quedaron con todo su equipo informático, cámaras, teléfonos y dinero y fueron expulsados del país. El clima de violencia es tal en Libia que la prestigiosa ONG Médicos sin Fronteras ha decidido no solicitar ya visitas a los centros de detención por temor a la inseguridad física de sus colaboradores.

Conviene recordar que la Comisión Europea, a través del Trust Fund creado para Libia, está financiando toda la estructura de control para que los refugiados y migrantes en general no alcancen territorio europeo. Son muchos millones de euros gastados en embarcaciones rápidas, vehículos todo-terreno, radios, teléfonos por satélite, uniformes, etc. para dotar a la Guardia Costera libia de los recursos necesarios para interceptar pateras y botes colmados de migrantes, niños incluidos, que huyen de la miseria, la violencia, la hambruna y las malas condiciones climáticas que arruinan cada año sus cosechas. Para que Libia desempeñe con facilidad (y con toda impunidad) la tarea encomendada de chico malo de la película, la UE les construye edificios para ser utilizados como centros de control y les proporciona la formación necesaria. Además, con la mediación de Italia y la luz verde de la UE, Libia ha conseguido que la ONU extienda la jurisdicción de sus aguas casi cien millas más, sobre aguas antes internacionales y hasta medio camino hacia las costas italianas.

Por otro lado, Frontex, la agencia de vigilancia de fronteras de la UE, cuya principal misión en el Mediterráneo es detectar embarcaciones de migrantes y avisar a las agencias gubernamentales competentes para su rescate, en muchas ocasiones avisa directamente a la Guardia Costera libia o bien lo hace el servicio de rescate marítimo italiano. La ley establece que los migrantes rescatados deben ser llevados a un lugar seguro y ya sabemos, por las pruebas aportadas y los testimonios recogidos por diversas organizaciones humanitarias (MSF, HRW, AI), que Libia es cualquier cosa menos un lugar seguro. Se trata más bien de un Estado fallido con el que Italia ha establecido un memorándum de entendimiento con el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional, que sólo controla la parte occidental del país, la Tripolitania, estando la parte oriental, la Cirenaica, y el resto del territorio en manos de un gobierno rival y trufado de milicias incontroladas y grupos armados.

Las instancias oficiales de la UE admiten que son inaceptables las condiciones en las que se encuentran los migrantes en esos centros de detención. Según el alto representante y vicepresidente de la Comisión Joseph Borrell, la decisión de detener arbitrariamente a los migrantes es responsabilidad de gobierno libio, pero siguen —seguimos— financiando instalaciones, barcos y medios terrestres y de comunicaciones para que sigan haciéndolo.

Por un lado, la opinión pública europea mayoritariamente condena la existencia de esa herida abierta de la conciencia colectiva que es la prisión norteamericana de Guantánamo y el limbo jurídico internacional que ello supone, pero cuando se trata de informar o de leer detenidamente sobre lo que está ocurriendo con los refugiados y migrantes a las puertas de nuestra fortaleza europea parece como que no va con nosotros o que es una desgracia más de las que ocurren en otras partes del planeta. ¡No! ¡Ni mucho menos! Los fondos destinados a los guardacostas libios y a sus instalaciones, donde sufren hacinadas miles de personas, provienen de los presupuestos comunitarios, los presupuestos comunitarios se nutren de los presupuestos nacionales y éstos de sus contribuyentes, nuestros bolsillos...y nuestra conciencia.

Tenemos un déficit tremendo de empatía y un superávit de insolidaridad y egoísmo. Situaciones como la de Libia, pero también la de Samos, Lesbos, Calais o el paso fronterizo de Kuznica-Brugzi nos hacen olvidar —o no querer ver, una vez más— que la Unión Europea necesita trabajadores inmigrantes, cualificados o no, para salvar su modelo económico y social y el estado de bienestar a medio y largo plazo, como nos recuerda Andrés Ortega, aunque es algo incómodo para los políticos admitirlo pues el problema no entra en sus esquemas cortoplacistas en término de votos. Y no hace falta dar nombres, como Saramago en su Ensayo sobre la ceguera. Todos tenemos algunos en mente.

La sociedad europea, además de afrontar el covid, está experimentando el contagio de otra pandemia más sutil surgida de la ultraderecha xenófoba y racista que está impregnando a las derechas moderadas, a algunos partidos de izquierdas y a la sociedad en general y contra la que es urgente encontrar una vacuna. Por eso conviene recordar a quienes tanto apelan a las bases cristianas de la cultura europea, que en estos días de finales de año en que todo el mundo se desea la paz y la felicidad, se celebra el nacimiento de alguien que fue emigrante y rechazado y perseguido junto a su familia. Que tengan eso presente en sus pensamientos, plegarias, cenas y fastos y obren en consecuencia.

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Miguel López es militar retirado y miembro del Foro Milicia y Democracia (FMD)

Tomo el titular de las declaraciones del comisario europeo Thierry Breton, con ocasión del terrible atentado cometido por la facción afgana del Estado Islámico (ISIL-K) en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto causando 183 muertos y muchísimos heridos, del que desgraciadamente pocos se acuerdan ya a la vista de los sucesos que poco después se desarrollaron en la misma zona y que, esta vez sí, coparon los titulares en todo el mundo por la trascendencia que tuvo, y tendrá, para la política internacional y en especial para las potencias occidentales encabezadas por los Estados Unidos. No es lo mismo un atentado, uno más, por muy sangriento que sea, en una zona de conflicto a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados, que la precipitada y caótica retirada de las fuerzas norteamericanas y de la OTAN.

Según el comisario, la Defensa común europea ya no es una opción, es una obligación. No es cuestión de sí o no, sino de cuándo alcanzar la necesaria autonomía estratégica. Estados Unidos muestra ya cierto grado de tortícolis a fuerza de mirar constantemente hacia Asia-Pacífico. Europa ya no figura entre sus intereses estratégicos principales y los sacrosantos lazos atlánticos ya comienzan a verse solo en filigrana, pues conforme cambian los intereses también lo hacen las alianzas. Todo parece apuntar a que el fracaso de los veinte años de ocupación en Afganistán, culminada el 31 de agosto pasado, va a marcar un punto de inflexión. La dantesca escena de un avión C-17 rodando por la pista con decenas de afganos enganchados al tren de aterrizaje quedará en las retinas de mucha gente durante años.

Estos recientes acontecimientos llevan no sólo a reflexionar sobre el papel que Europa quiere jugar en el tablero internacional sino a pensar seriamente en implementar medidas, cada vez más urgentes, para avanzar hacia un hard power que no pasa necesariamente por armarse hasta los dientes ni cebar los presupuestos de defensa nacionales o el europeo, sino en adecuar el gasto a las estructuras y capacidades realmente acordes a las amenazas reales. Tanto la historia reciente como lo acontecido en Afganistán prueban que la hipertrofia armamentística sólo asegura la victoria a corto plazo.

En la Unión Europea las amenazas siguen perteneciendo al ámbito nacional. Preguntemos a los ciudadanos de Portugal o de Estonia, de Bélgica o de Chipre con qué se sienten amenazados o quién creen que les podría invadir. No esperemos sintonía. Por lo tanto, lo que necesitamos es definir, conjunta y solidariamente, aquellas situaciones en las que la UE debe intervenir más allá de sus fronteras para defenderse o neutralizar las amenazas que afecten al conjunto de la Unión. Las estructuras y capacidades están en marcha con la PESCO y el Fondo Europeo de Defensa pero hacen falta elementos esenciales como definir una doctrina común de seguridad y defensa, poner de acuerdo las diferentes estrategias nacionales de seguridad, unificar criterios en la industria de la defensa y, lo más difícil, ganar la batalla de la opinión pública.

El objetivo final es alcanzar la capacidad de cumplir las misiones hasta ahora asignadas a la OTAN, como la defensa de la integridad territorial de la Unión, pero no sólo. Las amenazas son híbridas y como tales cada vez más imperceptibles, aunque una de ellas sea muy evidente: el cambio climático, ese elefante en la habitación cuyas consecuencias explica Joaquín Ramón López Bravo en este artículo publicado recientemente en este blog.

Pero todo pasa por el establecimiento de un marco institucional renovado que permita la toma de decisiones por el sistema de mayorías, la fórmula democrática más aceptada en todos los ámbitos. La creación de un órgano asesor en materia de defensa, una especie de consejo de seguridad europeo –propuesto también por el citado comisario– sería conveniente para preparar los consejos de ministros de Defensa y posteriormente el Consejo Europeo en formato defensa. Hay además otros organismos que deberían tomarse en consideración para completar la estructura defensiva de la UE, algunos ya existentes como el EATC (Mando de Transporte Aéreo Europeo) o los Battlegroup (jamás utilizados) y otros que sería necesario crear, como un Cuartel General de nivel político-estratégico (los generales y oficiales de estado mayor experimentados ya los tenemos), o uno o dos CAOC (centro de operaciones aéreas combinadas) exclusivamente europeos de fácil adaptación técnica (sólo necesitaría excluir del 'radar' a los países no comunitarios) pero que pasaría por un complejo proceso doctrinal para no duplicar tareas asignadas hoy por hoy a la OTAN.

Como ya he defendido en otras ocasiones en estas páginas, sería conveniente (o mejor, ya va siendo hora de) aplicar un trasvase gradual de cometidos y misiones OTAN→UE para evitar un descubierto defensivo y una transición ordenada de la Alianza Atlántica –cada vez más errática en sus estrategias e incapaz de adaptarse al mundo actual– hacia una Unión Europea necesitada de autonomía estratégica.

La OTAN fue en su creación un traje a medida confeccionado para Washington siguiendo la moda de mediados del pasado siglo y, después del hundimiento del bloque soviético en 1991, sigue sin encontrar el prêt-à-porter adecuado para los tiempos que corren. Los modelos que desde entonces luce en las pasarelas son como los diseños de Ágatha Ruiz de la Prada: no son ponibles. Podría replegarse a sus funciones primigenias como la defensa de la zona euro-atlántica, pero el mundo de la tercera década de este siglo no se parece mucho al del final de la II Guerra Mundial.

El rápido colapso del gobierno de Afganistán y la desbandada occidental subsiguiente pilló a la OTAN “de vacaciones”. En el mes de agosto, cuando ocurrieron los hechos determinantes para la retirada de las tropas USA, no se reunió a su debido tiempo el Consejo Atlántico (el secretario general Stoltenberg y su adjunto estaban on leave) ni por consiguiente hubo reunión de Ministros de Defensa del club de los 30. Añádase que en ese momento estaba aún vacante el puesto de embajador americano, según informa B2, que conoce bien los entresijos de la defensa europea. Es decir, fue un tiempo de reacción inadmisible para una organización implicada de lleno en el avispero afgano. En resumen, la OTAN, al igual que muchos viejos actores o cantantes, debería reflexionar sobre su continuación en la escena.

Estos eventos inopinados han llevado a destacadas autoridades de la UE a decidir subir a un nivel superior en el proceso de construcción de la Europa de la defensa y sus capacidades militares. Así lo anunció recientemente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo y acto seguido el presidente Macron convocó una cumbre para el mes de marzo de 2022 en Toulouse (no por casualidad: es la sede del mayor conglomerado europeo de la industria aeroespacial) coincidiendo con la presidencia semestral francesa del Consejo de la UE. Queda por ver qué grado de colaboración ofrecerán Polonia y Hungría, dos socios cada vez más incómodos en todos los ámbitos que se están rebelando contra los principios y valores de los tratados básicos de la Unión, además de seguir siendo, junto a los países bálticos, muy pro atlánticos.

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Miguel López es militar retirado y miembro del Foro Milicia y Democracia (FMD).

Vengo tiempo pensando en qué grado de responsabilidad, culpabilidad o éxito se le puede atribuir a la longitud del cabello de Pablo Iglesias, formato coleta o recogido, en el resultado en las urnas desde que se presentó por primera vez a las elecciones al Parlamento Europeo y en las posteriores elecciones legislativas y autonómicas. Porque el ciudadano, salvo el militante o simpatizante fiel de un partido, el votante medio, ese porcentaje que conforma una masa electoral suficiente para inclinar los resultados a un lado u otro del espectro ideológico, vota en muchas ocasiones por pulsiones emocionales, en este caso estéticas, más que por argumentos políticos.

Imaginemos que Iglesias, tras el repentino e inesperado triunfo en las elecciones europeas de 2014, apenas tres meses después de la inscripción de su formación política, con la que cosechó cinco escaños, hubiera decidido cortarse la coleta y sentarse en el Parlamento Europeo con una estética estándar de profesor universitario, su verdadera profesión, pelo relativamente corto, pantalón vaquero, chaqueta desabrochada y camisa sin corbata. Atuendo casual, como se dice ahora. Misma indumentaria para las siguientes elecciones en territorio nacional en mítines, entrevistas y platós televisivos. Sin duda su discurso, rico en referencias intelectuales, rigor y datos objetivos, ayudado por su vocalización y tonalidad cuidadosamente trabajadas, habría tenido mayor calado en una audiencia que estaba mediatizada, distraída, por la estética de ese joven desgarbado con ideas disruptoras.

Los platós de todas las cadenas se rifaban a Iglesias por la novedad que suponía para el gran público presentar el espectáculo de un melenudo diciendo que venía a asaltar los cielos, a terminar con el bipartidismo y a llegar al poder de la mano de los cientos de miles de indignados, incluso millones, que el 15M sacó a la luz. Tenía tirón mediático y lo veían como algo exótico. Pero pronto empezaron a cambiar las cosas conforme se iba viendo que sus seguidores y potenciales votantes crecían como la masa madre. Los resortes del poder comenzaron a verle con posibilidades y fueron saltando las alarmas una por una. Las intervenciones de los periodistas se transformaron en interpelaciones hostiles, desprecio por su indumentaria, sus camisas arremangadas “made in Alcampo”, sus pendientes o su coleta. Vimos cómo algunos periodistas le decían “mira, chaval”, “tú de qué vas” y lindezas similares y en las redes sociales comenzó a estilarse la expresión de “perroflauta” para él y sus seguidores. Recientemente, Isabel Díaz Ayuso le ha llamado “caribeño con chándal”, expresando de paso una profunda xenofobia y aporofobia.

Porque, claro, alguien que pretende entrar en un parlamento y ocupar un asiento debe respetar ciertas reglas estéticas que a todo prohombre patrio se le suponen. Terno de buen paño, camisa y corbata, abrocharse la chaqueta cuando se levanta para hablar, pelo y barba cuidados, zapatos de cuero y calcetines ejecutivos. El contenido de sus discursos, los valores que defienda, los intereses que represente o su comportamiento privado pasan a segundo plano. Lo importante es saber estar, el decoro y la apariencia. En las Cortes franquistas, sus señorías lucían habitualmente las mejores vestimentas, uniformes militares modalidad de gala y sotanas bien planchadas para representar el papel que les había asignado la “democracia orgánica” del régimen en un intento de ocultar la hediondez que emanaba de la satrapía mugrienta y sangrienta que su “caudillo por la gracia de Dios” había regalado a los españoles.

En la actualidad, los diputados y senadores de los partidos “serios” van como pinceles a las sesiones parlamentarias y marcan tendencia con sus cabellos engominados, sus camisas tejido Oxford de cuello italiano y corbata azul, verde, naranja o roja, según marque su partido. Poco importa que el contenido de su discurso sea coherente, razonado o por el contrario desconsiderado, repugnante o vomitivo. Contrariamente, los parlamentarios de los partidos que la prensa de la caverna considera díscolos, antisistema, republicanos e indepes descuidan el aliño al uso que sus señorías siempre han mantenido con esmero. No hay más que ver de nuevo las caras de susto con las que algunos parlamentarios salían en las fotos viendo desfilar a los “advenedizos” que hacían fila hacia el estrado para la toma de posesión del cargo que acababan de ganar. La expresión de Rajoy mirando al diputado canario Alberto Rodríguez, con su altura y sus rastas, era todo un poema. Y es que parecerse al pueblo, vestir como se viste en la calle, no cotiza al alza en la sede de la representación precisamente del pueblo.

Es bien conocido que una buena parte de la población, sobre todo la que conforma esa España adormecida, necesita admirar a personajes públicos, especialmente por sus atributos externos: príncipes, cantantes, actores y actrices elegantes en grandes eventos y ceremonias, uniformes y glamour. Por eso triunfan los reality show televisivos y las revistas del corazón donde se exhiben las celebrities de todo pelo con sus mejores vestimentas. Cuenta más el continente que el contenido, el joyero que la joya, la estética que la ética.

Iniciada ya la precampaña para las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, se está poniendo ya de manifiesto, a juzgar por las declaraciones de varios actores políticos, que la batalla hay que darla frente a Pablo Iglesias, a quien le llegarán dardos desde las derechas pero también desde las izquierdas de la competencia. Es el único político que pone de acuerdo al resto de partidos políticos: todos contra el descamisado podemita. “Con este Iglesias, no”, dijo el sosegado candidato socialista Ángel Gabilondo, considerando radical a quien desde el Gobierno central ha impulsado algunas de las leyes más sociales de la última década (subida del SMI, ampliación de permisos parentales, ERTE, eutanasia, etc). ¿Con qué Iglesias sí, Sr. Gabilondo?. ¿Con uno algo más “aseadito” para su gusto?.

Volviendo al inicio de este escrito, tal vez la percepción subjetiva de político radical y todos los epítetos que la adornan (bolivariano, filoetarra, separatista, etc.) habrían sido diferentes si sus hábitos indumentarios hubieran sido los de, por ejemplo, su compañero de gabinete Alberto Garzón. ¡Hasta le habrían perdonado lo del “casoplón” de Galapagar!.

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Miguel López es militar retirado y miembro del Foro Milicia y Democracia (FMD).

La idea de conseguir una autonomía estratégica para Europa está sobre la mesa desde hace años y los sesudos analistas de los Estados miembros de la UE y de las Instituciones Europeas no ven más que una ventana de oportunidad apenas entreabierta: la actual OTAN sería la cadena de seguridad que la impide abrirse totalmente para que la UE pueda asomarse a la calle como un vecino influyente en este mundo crecientemente multipolar.

El politólogo franco-británico Jolyon Howorth, profesor en Harvard, convencido de que alcanzar la tan necesaria autonomía estratégica (concepto aún sin denominación oficial) es inevitable, aunque no está a la vuelta de la esquina. Tanto el funcionamiento de la actual OTAN como el impasse a que está sometida la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) europea habrán de pasar por la refundación de una nueva alianza basada en el reforzamiento de su pilar europeo. Cuando los intereses de dos bloques o más no comparten el mismo espacio territorial tenderán de forma natural hacia la autonomía estratégica. La geografía manda.

El interés de los EE. UU. en Europa es reciente en términos históricos, pues fue solo a partir de 1941 cuando comenzaron a implicarse en serio en nuestro continente, poco tiempo si consideramos sus 250 años de historia. Con anterioridad sus intereses estratégicos en el exterior estaban basados más en Asia y en América Latina y recientemente se ha iniciado una merma de ese interés durante la presidencia de Trump. “Sin la amenaza soviética, los intereses norteamericanos en Europa habrían comenzado a retraerse en menos de una década, ya que la Alianza Atlántica fue concebida en su origen como una muleta temporal mientras Europa se recuperaba de la sangría de la II Guerra Mundial”, aseguró Howorth durante su intervención en las terceras jornadas de defensa europea celebradas en Bruselas el 4 de noviembre de 2020, en formato virtual (más de 1.300 inscritos) con el patrocinio de la Comisión Europea, la Universidad de la Sorbona, la agencia especializada en defensa europea Bruxelles2 y otros organismos y think tanks (ver aquí).

La crisis sanitaria, económica y social causada por el covid-19 impacta directamente sobre la gobernanza global y el multilateralismo y, como no, sobre el proyecto de la defensa europea. En el mundo inestable que nos está dejando la pandemia, tanto China como Rusia se ven menos afectadas, por lo que disponen de ventajas en el tablero internacional. Tanto una como otra se pueden permitir el lujo de pensar sus estrategias a largo plazo gracias a sus respectivos regímenes políticos. Así lo daba a entender Josep Borrell en septiembre pasado cuando se dirigía al Parlamento Europeo: “Old empires are back”. Se refería también a Turquía por los problemas que está causando en el Mediterráneo, como ya señalé en este medio (ver aquí), pero evidentemente no tiene el peso de las otras dos potencias. Este desplazamiento hacia el Este del peso geopolítico constituye un entorno al que la UE va a tener que adaptarse salvo que el presidente Biden practique un giro de 180 grados en su política internacional respecto a la de su predecesor en la Casa Blanca.

El sin duda importante soft power que ejerce la Unión Europea poco podrá hacer para conseguir a medio plazo la deseada autonomía estratégica. De las dieciocho misiones UE en curso en el exterior, sólo seis tienen oficialmente carácter militar, tres de las cuales son de entrenamiento de fuerzas. Aunque la UE mantiene una misión militar significativa de lucha contra la piratería en el Indico occidental (Operación Atalanta, liderada por España desde Rota) y está tratando de implantar una presencia marítima coordinada en el Golfo de Guinea por el aumento significativo de actos criminales, secuestros y piratería en la zona, el resto de misiones son de carácter marcadamente civil.

Sería necesaria cierta dosis de hard power para ganar peso en la escena internacional tomando por los cuernos al toro de la seguridad colectiva, aunque eso suponga salir de la zona de confort en la que la UE se lleva moviendo al amparo de la OTAN desde que creó sus estructuras de defensa en 1998. ¿Y cómo se consigue ese poder si no nos rascamos los bolsillos para dotar al Fondo Europeo de Defensa (FED) de suficientes recursos? ¿Tenemos que seguir dependiendo de terceros países para colmar necesidades de transporte aéreo (helicópteros rusos, Chad, 2008) o de inteligencia (drones US en el Sahel)? ¿Cuántos hospitales de campaña (Role 2) somos capaces de desplegar con urgencia sin contar con la ayuda de otros países?

Sin ese mínimo poder real de coerción, la UE no podrá jugar sus bazas como potencia en el concierto de las naciones en proporción equivalente a su importancia económica, social y cultural. En las actuales circunstancias, por ejemplo, ¿sería Europa capaz de establecer, a petición de la ONU, una fuerza de interposición de miles de efectivos entre Armenia y Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) si se reiniciaran las hostilidades?

¡Y qué decir de la disuasión nuclear! Una vez ejecutado el Brexit, la defensa de Europa/OTAN cuenta ahora con dos potencias nucleares y Europa/UE solo con una. Pero a este respecto parece que hay discrepancias entre los ejecutivos de un lado y otro del Rin sobre qué sello debe tener a partir de ahora la disuasión nuclear, si norteamericano o europeo. El presidente Macron ha ofrecido extender su paraguas nuclear a la UE mientras la ministra alemana de defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha mostrado su preferencia por los EE. UU., tal vez como forma de restablecer las buenas relaciones transatlánticas dañadas durante el mandato de Trump.

Que el mundo y la relación de fuerzas están cambiando rápidamente es innegable y el surgimiento de China como candidata a potencia hegemónica –de momento en los planos económico, tecnológico y comercial– está forzando a EE. UU. a mirar más al Este (o a su Oeste directamente) por lo que, en buena lógica, nuestro viejo continente irá desapareciendo de las mentes de los estrategas del departamento de Estado y del Pentágono.

Pues bien, ante ese futuro, ya presente en muchos aspectos, y siguiendo al citado profesor Howorth, a los europeos se nos presentan dos posibilidades: Una, que sigamos dependiendo especialmente de la OTAN para la defensa integral del territorio, manteniendo una fe ciega en las bondades del artículo 5 (bye bye a la soñada autonomía estratégica), y otra, que despertemos a la PCSD de su letargo (esa “bella durmiente del bosque”... aquí) mediante un esfuerzo presupuestario que nutra al FED (malos tiempos para la lírica con el covid) para que los proyectos de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) dejen de ser eso, proyectos, y se transformen en realidades para poder asumir el liderazgo de la defensa europea con un coste razonable para los contribuyentes. Esto no significa necesariamente gastar más en capacidades de defensa, sino gastar mejor. Tener 27 fuerzas armadas es enormemente caro.

Por otra parte, visto el menor interés norteamericano en Europa mostrado en los últimos años y su disposición a lidiar preferentemente con su gran rival asiático (Europa es apenas ya mencionada por los analistas estadounidenses); visto que nosotros, los europeos, estamos tomando conciencia de que por este camino nunca lograremos alcanzar la mayoría de edad internacional mientras sigamos en esta OTAN cara y obsoleta; vistas las diversas reticencias de algunos Estados miembros, unos demasiado proamericanos y otros muy reacios a poner el gasto en defensa por delante del gasto social (es lo que tiene la gobernanza de un club con muchos miembros, demasiados tal vez), una posible opción sería la refundación de la OTAN y la PCSD en una nueva Alianza más equilibrada y más acorde a los intereses del conjunto de los Estados partes.

Ello supondría una suerte de europeización de la OTAN que permitiría a la UE tomar las riendas de su propia defensa de forma progresiva, contando con el apoyo de unos EE. UU. que sin duda se sentirían más cómodos y libres para afrontar los retos que se les presentan en el panorama internacional. Fin del protectorado y fin de la dependencia. Una Europa fuerte reforzaría el multilateralismo y daría estabilidad a la gobernanza global en un siglo XXI que se anuncia multipolar.

Como ciudadano, en primer lugar, como demócrata por añadidura, y especialmente como militar que he sido, no puedo por menos que saltar al ruedo para hacer frente, a porta gayola, a esa bestia que acaba de salir en tromba, con desmesura e intención de llevarse por delante a una mayoría social que piensa diferente.

El cabecilla de un grupo de militares de aviación retirados, valientes ellos, que llegó en activo al grado de general de división, ha escrito y reiterado en chats de WhatsApp del grupo de su promoción del ejército del aire, la XIX, lindezas del estilo “no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”, haciendo suya una expresión del sedicente historiador Pío Moa, para poco más tarde corregirse para añadir “creo que me quedo corto fusilando a 26 millones!!!”. Algunos comparsas del chat caldean además el ambiente: “Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe”. O las ganas de “desviar un vuelo caliente de las Bárdenas (polígono de tiro) a la casa de estos hijos de puta” (los catalanes de la ANC). Por no citar más expresiones de otros componentes del chat de parecido tenor.

Semejante ignominia no solo mancilla su propia promoción de la Academia General del Aire, a todos y cada uno de sus componentes, sino que ensucia la imagen de todo el ejército del Aire y por extensión la de todas las fuerzas armadas. Una vez filtrado el contenido esencial de ese chat a los medios de información, del que ha dado detallada cuenta infoLibre, cundió el pánico entre sus componentes e inmediatamente comenzaron a salir del grupo como ratas que abandonan el barco. Ahora, ante las consultas de los periodistas, se tientan la ropa diciendo que se trataba de charlas informales, de conversaciones privadas sin mayor trascendencia, que yo no he sido, que alguien ha usado mi teléfono, etc. Cinismo y cobardía a partes iguales.

Pero lo peor no es que haya salido a la luz el contenido de esas “conversaciones privadas”. Lo más preocupante es que ese pensamiento, esa ideología, es lo que subyace en la más correcta misiva que 39 componentes de dicha promoción de aviadores han dirigido, en términos similares, al presidente del Parlamento Europeo y al rey Felipe VI. Inmediatamente fue secundada por parte de otra promoción de militares retirados, esta vez del ejército de Tierra, y están tratando de que se adhieran también miembros de la Armada. Consideran estos insignes militares retirados que el Gobierno actual carece de legitimidad y que están llevando a la patria a la ruptura. Un gobierno de coalición que cuenta con el respaldo de casi 190 diputados para aprobar la Ley de Presupuestos Generales, la más importante de una legislatura. Las palabras España, patria y orden les llena la boca y les obnubila el intelecto sin pararse a pensar en otro concepto esencial: pueblo.

El pueblo, los ciudadanos, a quienes se deben y a quien deben servir y obedecer los militares, gobierno mediante, les trae al pairo. No les entra en su magín que es el Gobierno quien dirige la política general del país, y en particular la de defensa (no el rey) y que la cadena de mando no termina en el jefe del Estado, sino en el presidente del Gobierno a través del ministro/a de Defensa. Por mucho que el art. 62h) de la Constitución establezca que corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, inmediatamente (art. 64.1) se establece que sus actos –cualesquiera– serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes.

El problema al que nos enfrentamos en nuestro país a este respecto es que aún está pendiente la entrada de la democracia en los cuarteles, por decirlo de una forma llana. Estos militares ya retirados, que sobrepasan en su mayoría los setenta años, mamaron en sus academias un concepto de España, en la plenitud del franquismo, que se compadece poco con la España actual, la España plural, multinacional y de soberanía compartida del siglo XXI. Las enseñanzas que recibieron, aparte de las técnicas militares, calaron en gran parte de los cadetes de los años cincuenta y sesenta con efecto permanente, como la poción mágica en el orondo personaje de la irreductible aldea gala. Eso sí, hasta hace poco muchos de ellos ostentaron puestos de responsabilidad en sus ejércitos, defendieron los valores constitucionales en público, en actos, arengas y celebraciones y obedecieron las consignas de las autoridades políticas, no sea que peligrara su carrera, un destino aquí, una condecoración allá, un curso selectivo para el ascenso acullá... pero en su fuero interno seguían siendo reacios a toda ley que pugnara contra las esencias patrias que sus protos militares les habían inculcado en Zaragoza, Toledo o San Javier.

Me vienen a la mente varias preguntas: ¿habrían dirigido esa carta al jefe del Estado si en vez de un rey, capitán general de los ejércitos, fuese un presidente de república? ¿Se han dirigido a Su Majestad porque le consideran de los suyos y está en sus manos cambiar las cosas? ¿Acaso consideran al rey un poder más, a la altura del ejecutivo, legislativo o judicial? ¿O tal vez por encima de estos últimos? Como respuesta no cabe otra explicación que la idea de fondo es enfrentar al jefe del Estado con el Gobierno para que les pare los pies en su abominable camino de romper la patria. Sería bienvenida una reacción inequívoca por parte de Casa Real para poner a cada uno en su sitio.

Por otra parte, el mensaje de odio subyacente en el contenido de los chats viene claramente influenciado por la estrategia política de la formación ultraderechista Vox, de la que calcan literalmente muchas proclamas. Si estos valientes mandos retirados quieren jugar a ser políticos, que den un paso adelante y se afilien al partido que más les convenga desde el que, si son elegidos parlamentarios, puedan defender sus ideas. Algunos ya lo han hecho desde las filas de Vox. Vaya por delante que, aún en ese caso, no existe inmunidad parlamentaria que ampare discursos de odio como los expresados por esa camarilla de militares retirados. Pienso que la Fiscalía tiene ahí suficiente materia para que sus autores sean investigados. No me corresponde a mí, lego en la materia, citar qué tipos penales habría que imputarles.

En resumen, soy uno de esos “veintiséis millones de hijos de puta” que siempre han votado opciones políticas de izquierdas, dejando claro que somos socialmente mayoría en este país, lo que parece que no aceptan determinados salvapatrias. No obstante, estoy convencido de que la gran mayoría de los miembros en activo de las fuerzas armadas es conservadora pero no franquista y ni mucho menos fascista. Pero me decepciona profundamente que entre quienes fueron nuestros mandos durante décadas haya un porcentaje no desdeñable de franquistas o neofascistas.

Después de releer cuanto he escrito, me he levantado del teclado, he ido al armario, he quitado la funda a mi viejo uniforme azul y me he dado cuenta de que a él debo gran parte de lo que he sido en mi vida. Estoy orgulloso de haber pertenecido durante 47 años al Ejército del Aire constitucional, el que sirve a los ciudadanos, al pueblo, que es la verdadera patria, no al que esos viejos oficiales trasnochados creen que les pertenece.

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Miguel López es militar retirado y miembro del FMD

En estos tiempos de crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, parece que el mundo se ha detenido y el resto de crisis y conflictos ya no existen. Las consecuencias globales y los estragos económicos causados por el coronavirus son transversales y trastocan todo y a todos. Sumemos a la pandemia la atención –sobredimensionada, a mi juicio– de los medios de comunicación a las últimas semanas de la campaña electoral norteamericana y a su ruidoso y enmarañado procedimiento de votación y recuento, y nos encontramos con que se pueden estar hurtando a la opinión pública otros asuntos que nos conciernen y que siguen su rumbo con menos control mediático porque el foco informativo se encuentra en otra parte.

Hablemos de algo que, aunque no sea tan prioritario como la crisis sanitaria, también nos afecta. El debate sobre la cohesión y la utilidad de la OTAN no han dejado de incrementarse en los últimos años provocado por una sucesión de eventos que van desde la aparición del Brexit hasta la más reciente crisis provocada por Turquía en el flanco oriental de la Alianza, pasando por la llegada a la presidencia de los EEUU de Donald Trump y la intromisión rusa en occidente con campañas de desinformación.

El compromiso político (no vinculante) adquirido en la Cumbre de Gales de 2014 de alcanzar al menos el 2% del PIB como contribución de los países miembros (30 en la actualidad tras la incorporación de Montenegro y Macedonia del Norte) está demostrando ser un fracaso con el paso de los años, pues sólo ocho países, de los que únicamente son grandes potencias los Estados Unidos y Reino Unido, sobrepasan ese porcentaje. Los otros seis lo hacen con un gran esfuerzo por razones obvias: Polonia, Rumanía y los tres países bálticos por la vecindad rusa y Grecia por sus históricas malas relaciones con el vecino turco.

Las últimas estadísticas publicadas por la OTAN, que arrojan unos aumentos considerables en el esfuerzo presupuestario de los más reticentes, no son más que una ilusión óptica. Analizando de cerca los datos (como lo ha hecho Bruxelles2), Francia se coloca ya en el 2,11% y otros países se acercan a esa barra, como Alemania e Italia, situando al conjunto de los países europeos muy cerca de ese deseado 2%, pero lo que realmente está detrás de esa aparente mejora es el desplome del PIB en toda la zona como consecuencia de la pandemia del covid 19. Las próximas estadísticas, cuando se recupere algo la economía, nos devolverán probablemente a la realidad del esfuerzo contributivo nacional a la Alianza.

Pero lo que más afecta a la cohesión aliada es el comportamiento de la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, un verso suelto que, añorando el imperio otomano, ha emprendido la tarea de expandir su influencia en el Mediterráneo oriental, no dudando en hacer una incursión en la región siria de Idlib para atacar obsesivamente al pueblo kurdo o en hacer exploraciones en aguas griegas y chipriotas en busca de hidrocarburos.

Por parte de la Unión Europea, ya en la última cumbre de primeros del pasado octubre, Erdogan fue emplazado a detener dichas actividades en aguas que no le pertenecen y muy probablemente en la cumbre de diciembre se hablará de posibles sanciones (veremos hasta qué punto la UE está dispuesta a tensar la cuerda con un país que tiene la sartén de la migración por el mango).

Añadamos al fuego la leña empapada de gasolina que ha supuesto la reciente respuesta destemplada del mandatario turco al presidente Macron (“necesita una terapia de atención mental”) por su reacción ante el terrible asesinato de un profesor de instituto cerca de París y de tres personas más en Niza, a manos de jóvenes radicales musulmanes. No es la primera vez que Erdogan insulta al presidente francés y tampoco la primera que se erige en defensor de una especie de islam político que nada tiene que ver con el terrorismo wahabista musulmán pero aprovecha siempre que puede las aguas revueltas para salir a la palestra promoviendo su particular cruzada para expandir el islam, alineándose en ese sentido con países musulmanes no árabes como Pakistán e Indonesia.

Respecto de la OTAN, la tendencia autoritaria y cada vez menos democrática de las políticas de Erdogan aparecen como poco compatibles con los valores democráticos de la Alianza, como se ha encargado de recordarle su secretario general Jens Stoltenberg. Cada vez son más en Turquía los colectivos víctimas de la violación de los derechos humanos desde que se desarticuló el oscuro golpe de Estado en 2016, con miles de abogados, maestros, periodistas, militares de todo rango, funcionarios y jueces penando en la cárcel. Por otro lado, la decisión turca de adquirir misiles rusos S-400, con los que ya ha hecho ensayos, ha llevado a EEUU a bloquear la venta de cazas F-35 a Turquía y a amenazarla con sanciones por considerar ese sistema defensivo incompatible con la estrategia aliada y sobre todo norteamericana.

Pero no se queda ahí la estrategia turca. En las últimas semanas Erdogan ha mostrado abiertamente su apoyo a Azerbaiyán en el conflicto con Armenia sobre los recientes eventos en Nagorno-Karabaj, añadiendo inestabilidad a las relaciones OTAN-Rusia.

Turquía, otrora conciliadora y promotora de una política de “cero conflictos”, desde el desarticulado golpe de estado de 2016 no ha dejado de radicalizar sus posiciones y compite por la hegemonía regional con algunas monarquías del Golfo Pérsico. Eso sí, sin renunciar al paraguas del artículo 5 del Tratado pero actuando por libre en función de sus intereses.

En suma, Turquía, con las mayores fuerzas armadas y mayor armamento de la OTAN después de los EE. UU., fronteriza con ocho países, aparece inmersa en problemas en Siria, Nagorno-Karabaj, Grecia y Chipre, y surgen tensiones, por tiempos o simultáneamente, con Rusia, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y la misma OTAN. Esta situación se ha convertido en un problema estratégico para la Alianza y Ankara está empezando a ser vista por sus socios con malos ojos por su agresividad en la región y por la falta de cohesión política que está causando en el seno de la Alianza Atlántica.

Tomo el título Yo acuso (J'Accuse...!) del famoso artículo o carta abierta al presidente de la República Francesa que Émile Zola publicó en 1898 para denunciar el caso Dreyfus en un trasfondo mucho más amplio: la pugna social entre la derecha militarista y las fuerzas progresistas del país galo a finales del siglo XIX. Zola acusaba a determinadas personas, pero sobre todo describía una situación. Esto último es lo que voy a tratar de hacer en las líneas que siguen.

Yo acuso al clasismo que impregna la sociedad española en general, y las fuerzas armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad en particular. Cuando un sector -más amplio de lo deseado- de la sociedad desprecia a los inmigrantes, no es principalmente por el color de su piel, su país de procedencia o su cultura, sino sobre todo porque son pobres. Luego, más que racismo o xenofobia, es aporobofia la palabra adecuada para calificar ese miserable comportamiento social, todas ellas ingredientes de algo más amplio: clasismo.

Ese clasismo, extrapolado a los ciudadanos de uniforme, se manifiesta en la concesión de medallas, ascensos meteóricos al llegar a la cúspide y prebendas varias para los empleos más altos de las escalas de oficiales y ejecutivas. Estamos acostumbrados a ver pechos “alicatados” de condecoraciones en los mandos (algunas pensionadas) y apenas unas pocas en militares de menor rango, guardias o policías que llevan décadas de servicio; pero, ¡vaya por dios!, no pertenecen a las escalas de mando y, claro, no acumulan méritos. El clasismo llega hasta el punto de que se han establecido categorías de condecoración, es decir, de mérito (más grado, más mérito). Hace años estaban divididas en primera, segunda y tercera clases y en la actualidad en Cruz y Gran Cruz. Así, los oficiales y almirantes reciben -todos- la Gran Cruz al Mérito (Militar, Naval o Aéreo) pero no está previsto en el reglamento que esa categoría pueda ser concedida al resto de oficiales, y no digamos a los suboficiales y personal de tropa. Por cierto, estos últimos, tan profesionales como cualquier otro rango militar, no tienen ni siquiera acceso a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la que se premia la constancia en el servicio. Y qué decir de los complementos salariales, distribuidos arbitrariamente más en función de las divisas que lucen en las hombreras que de las responsabilidades reales del puesto ocupado.

Esto ya nos viene de lejos. Es Marca España. Recordemos la histórica hazaña de los aviadores del Plus Ultra, el hidroavión que culminó por primera vez la travesía del océano Atlántico en 1926 con tres tripulantes a bordo. Dos de ellos oficiales pilotos, el comandante Franco y el capitán Ruiz de Alda, y un cabo mecánico, Pablo Rada. Bien, pues a los dos oficiales se les concedió la distinción de “gentilhombre de cámara” del rey Alfonso XIII y el cabo Rada... ¿qué le concedieron al cabo? Creo que aún lo siguen pensando.

Yo acuso a quien corresponda por acción u omisión, que se califique de héroes, algo impropio en una democracia avanzada, a quienes cometieron el más grave delito que se le puede imputar a un militar: la rebelión. Es el caso de algunos de los aviadores que aparecen en las páginas oficiales del Ministerio de Defensa (ver aquí un ejemplo) con frases como "Su patriotismo y honor militar no le permiten unirse a las fuerzas gubernamentales..." y otras de parecido tenor.

Por otra parte, tanto en las publicaciones oficiales en línea (aquí) como en la edición en papel repartida por las unidades con ocasión del 175 aniversario de la bandera española aparece la fecha de 29 de agosto de 1936 como la del restablecimiento de la bandera bicolor, roja y gualda, dando así por bueno un decreto ilegal de los militares sublevados, es decir, blanqueando, en pleno siglo XXI, una de las muchas tropelías perpetradas por los militares rebeldes contra la República legitimada varias veces en las urnas.

Lo mismo se puede decir del homenaje que se hace de determinados militares que recibieron la Cruz Laureada de San Fernando, la más preciada condecoración militar, por sus méritos en la guerra de África, al dedicarles el nombre del salón de actos de un centro de formación militar, como es el caso de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ver aquí). Si bien el salón está dedicado a “laureados”, bien se podrían haber elegido otros nombres que no hubieran estado involucrados directamente en el golpe de 1936, como es el caso del capitán Barreiro.

Yo acuso, a quien corresponda por acción y omisión, de los abusos que se vienen cometiendo, de siempre, en la utilización de medios materiales como vehículos oficiales para uso particular, de los gastos superfluos en celebraciones diversas, aniversarios de promociones o arreglos y reformas en pabellones de cargo (viviendas de mandos). De la brocha gorda de “forrarse” durante el mes que tocaba por turno (cuando éste no se compraba) la gestión de la cocina de tropa, hemos pasado al pincel fino de incluir las llaves del coche en el relevo de muchos titulares de segundos escalones en diversas unidades militares, propiedad del Estado o en régimen de leasing “autoadjudicado” para ir y venir a casa. ¡O para lo que haga falta, oiga, que para eso llevo dos “mantecados” en la bocamanga! Los usuarios de esos vehículos saben que no les corresponde tal “salario en especie” y, aún más grave, sus superiores miran para otro lado, acaso porque también ellos lo hicieron tiempo atrás o simplemente porque supone un esfuerzo eliminar un “banco pintado” más y sólo desean pasar el tiempo de mando correspondiente sin mayores complicaciones para proseguir su carrera. En contraposición, un cabo fue sancionado con un mes de prisión por utilizar una furgoneta oficial para hacer una mudanza durante el fin de semana.

Yo acuso a la discriminación generalizada practicada en las fuerzas armadas, que aún continúa aplicándose cuando se trata de ejercer libertades fundamentales como la de expresión. Si te gusta escribir, estás especialmente formado para ello y perteneces a clases (clasismo, otra vez) subalternas, digamos suboficial o tropa, tienes muchas posibilidades de que te señalen con el dedo (ese dedo que luego teclea el informe anual de calificación) o de que toques la fibra sensible de algún general de rancio abolengo al considerar que un sujeto que no ha pasado por las academias de oficiales no tiene derecho a pensar y mucho menos a expresar con letras o palabras sus ideas sin pasar previamente por el “conducto reglamentario”, que naturalmente pasaría la correspondiente criba. ¡Ah! Eso sí, la cosa cambia cuando tienes sobre el hombro dos o tres estrellas gordas y cuentas con la anuencia (¿negligencia?) de los mandos naturales y el apoyo directo de determinadas asociaciones ultraconservadoras de militares.

Casos ha habido de pagar con prisión militar, sí, con la cárcel, legítimas expresiones en medios de comunicación, aunque con posterioridad se hubiera anulado la sanción en instancias judiciales superiores. Eso sí, primero a chirona y luego recurre, si quieres. En otros casos la sangre no ha llegado al río; pero, mira tú por dónde, un destino que va a quedar vacante y que se ajusta a la perfección a tu curriculum, mérito y capacidad se lo adjudican a otro menos meritorio por ese arte de birlibirloque que en la Administración se llama “libre designación”. El “aviso a navegantes” funciona de mil maravillas en los ejércitos hasta el punto de que suele conseguir la peor de las censuras: la autocensura.

Los sonados casos que han terminado en expulsión del ejército, bien por denuncia de abusos y delitos o por supuestas extralimitaciones en la libertad de expresión, han correspondido a personas que pertenecían a unas escalas “semi-profesionales”, un oficial de complemento en un caso y dos cabos en otros dos casos, es decir, escalas o situaciones de temporalidad, que es lo mismo que decir precariedad en el empleo. Por expresiones mucho más osadas, claramente indisciplinadas o directamente delictivas, hay muchos oficiales que siguen en sus puestos tras haber pasado por una simple amonestación o la imposición de un arresto por falta leve. Esto nos lleva a plantear la perentoria necesidad de contar con una única ley integradora de todas las escalas y empleos. La ley de tropa y marinería, por ejemplo, fue concebida y promulgada en una época, año 2006, en que España disfrutaba de una bonanza económica que, por muy artificial que fuera, nada tiene que ver con la situación de los últimos cuatro o cinco años. La Policía Nacional, policías autonómicas y municipales y la Guardia Civil no tienen una escala temporal, son profesionales desde el momento en que egresan de sus academias respectivas y cuentan con un futuro profesional que les hace dar todo lo mejor porque cuentan con una estabilidad en el empleo y un futuro por delante para ellos y sus familias.

Yo acuso igualmente a los sucesivos responsables del Ministerio de Defensa de la práctica del apaciguamiento con los abundantes elementos reaccionarios y neofranquistas que, a la altura de 2020, siguen incrustados en lo alto de los escalafones y en ocasiones al mando de importantes unidades de la fuerza. Los sucesivos gobiernos socialistas de los años 80 y 90 del siglo pasado, con sus holgadas mayorías parlamentarias, perdieron una oportunidad de oro para poner en su sitio a las fuerzas vivas de este país (militares, clérigos, judicatura, banca, etc.). Al parecer, muchos asuntos “de Estado” que no había que tocar, realmente eran asuntos de “Estado Mayor”, en acertada expresión del general Alberto Piris. Mucho me temo que ese tren ya no volverá a pasar.

De igual manera, nunca se ha impuesto a los gestores del personal de los ejércitos el tratamiento de los militares como un funcionario más, como un ciudadano más, dejando a los ejércitos las manos libres para legislar el detalle del día a día en sus destinos, sus relaciones laborales y el ejercicio de las libertades que le corresponden. Aquí se aplica aquella famosa frase de Romanones de “ustedes hagan la ley que yo haré el reglamento”. La tímida ley de derechos y deberes de los militares, que hay que agradecer a la difunta ministra Chacón, hace tiempo que requiere de una profunda revisión para adaptarla a los convenios internacionales en materia de libertades fundamentales; entre los que se encuentra el derecho de sindicación, un verdadero tabú para el establishment castrense español pero una institución normalizada en numerosos países de nuestro entorno. Pasados más de cuarenta años desde la promulgación de la Constitución, aún queda pendiente el desembarco de la democracia en los cuarteles. Mientras, militares y guardias civiles siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda y siguen padeciendo serias restricciones en sus derechos fundamentales.

A primeros de enero de este año nadie podía pensar que sólo un par de meses más tarde todo quedaría trastocado por los efectos perniciosos de una epidemia aparecida en China y que se propagaría para convertirse en una pandemia sin precedentes y de alcance planetario: confinamiento total de la población en la mayor parte de los países, paralización abrupta de la producción y la actividad económica y comercial, aumento espectacular de contagios en numerosos países y escalada de muertes con especial incidencia en la población de mayor edad. La parca se ha cebado con especial crudeza en los más mayores y, al menos en España, especialmente en las residencias de ancianos. En su momento se verán las responsabilidades de este último caso.

El mundo entero no había conocido jamás una conmoción similar a la que estamos viviendo estos días y en tan poco espacio de tiempo. También es verdad que la inmediatez que nos ofrecen los modernos medios de comunicación y las redes sociales nos hacen más conscientes de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, pero también más vulnerables a la desinformación, las noticias falsas o falseadas y a la manipulación. Encontrar un equilibrio en el bombardeo diario de noticias, medias noticias y falsedades es una difícil tarea para todos mientras vemos que los responsables políticos, pillados todos a contrapié, sudan la gota gorda, al menos en las democracias avanzadas, para evitar que la nave naufrague y que el balance de pérdidas, humanas ante todo, sea el menor posible.

Prioridad obliga, las políticas presupuestarias en Europa han tenido que reorientarse sobre la marcha para hacer frente, en primer lugar a la situación de urgencia sanitaria y la contención en la medida de lo posible de la expansión del virus, y en segundo lugar a las consecuencias inmediatas y a corto plazo del parón de la actividad económica. Las principales instituciones de la UE, empezando por el Banco Central Europeo (BCE) y luego la Comisión Europea, han tenido que elaborar planes de emergencia con el desbloqueo de miles de millones en ayudas para mitigar las pérdidas económicas de los países de la zona euro. Están en juego la supervivencia de miles de empresas y millones de puestos de trabajo y, lo que es peor, un posible retroceso en los derechos laborales adquiridos durante décadas de lucha de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. La patronal no ha perdido un solo segundo en reclamar recortes en salarios, aumento de jornadas y ayudas estatales (¡ahora sí es necesario el Estado!). En pocas palabras: trabajar más y cobrar menos.

En el ámbito nacional, los gobiernos han tenido que echar mano de una legislación de emergencia para contener la expansión del virus mediante la implantación de medidas urgentes que limitan algunos derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, generalmente bien acogidas por la población. En algunos casos usando un mecanismo constitucional de emergencia, como el estado de alarma en España, y otros a través de medidas legislativas ordinarias urgentes como el estado de emergencia sanitaria en Francia, la consideración de un brote epidémico nacional en Alemania, varios decretos de emergencia en Italia, el estado de epidemia en Polonia, etc.

Esta súbita pandemia, sin precedentes en cuanto a su contagiosidad y alcance planetario debidos al continuo trasiego de viajeros, lleva a plantearnos un cambio de prioridades en las políticas públicas y en el destino del gasto público. Por un lado, estamos comprobando que el descuido sostenido de la inversión del Estado en la sanidad pública ha puesto en evidencia la escasez de recursos materiales básicos del sector sanitario como camas de hospital, camas de reanimación, UCI, centros médicos de proximidad en zonas rurales, respiradores, kits de pruebas rápidas o simples mascarillas. Lo mismo se puede decir de la carencia de recursos humanos, cuyos escasos efectivos están trabajando más allá de los límites razonables: médicos, enfermeras, celadores, ambulancistas y técnicos de emergencias están expuestos a contagios masivos y por lo general mal pagados y/o víctimas de contratos precarios.

Por otro lado, los gastos en Defensa, tanto en el ámbito europeo como en el nacional, siguen por su derrotero sin que hasta ahora nadie haya alzado la voz para reclamar un cambio de rumbo. Como ejemplo, según los datos del think tank Centre Dèlas, el presupuesto militar en España ha estado creciendo de manera lenta pero sostenible en los últimos años, desde el 5,74% en 2013 hasta el 6,08% en 2018 del presupuesto total del Estado (un 1,67% del PIB) y tanto el gobierno actual como los anteriores se han comprometido a la compra o modernización de material militar (fragatas, submarinos, blindados, modernización de cazas, helicópteros, satélites) por importe de más de 17.000 millones de euros, a pagar de forma escalonada hasta al menos el año 2030, inversión que coincide con las exigencias de la OTAN por voz de su primus inter pares, Donald Trump.

A este respecto, es de destacar que uno de los mecanismos de la Unión Europea que podrían propiciar un ahorro relativo en gastos de defensa, como es la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), especialmente por la racionalización de las inversiones en material y formación, está haciendo aguas cuando apenas ha cumplido dos años, según la web especializada en política de defensa europea Bruxelles2. La “bella durmiente del bosque” del Tratado de Lisboa, en expresión de Jean-Claude Junker, no acaba de desperezarse. Algunos de los proyectos incluidos en ese ambicioso programa de cooperación como el mando médico europeo, el hub logístico o el dispositivo militar de desarrollo en casos de catástrofes no están aún en marcha, dispositivos que serían de gran utilidad durante esta crisis sanitaria.

Las lecciones aprendidas que habrá que poner sobre la mesa cuando hagamos balance de los errores y carencias de esta pandemia nos harán ver que son ese tipo de proyectos, si nos ceñimos sólo a Defensa, por los que vale la pena apostar, sobre todo por su eventual aprovechamiento por la población, y dejar en segundo plano, si no en suspensión, la adquisición de nuevas fragatas, nuevos vehículos blindados o nuevos submarinos. El mundo de 2020 poco tiene que ver ya con el de 2019 y sería conveniente replantearse los compromisos adquiridos por España respecto al reparto de responsabilidades y esfuerzos entre aliados. Es decir, esa meta del 2% decidido en la llamada cumbre de Gales (septiembre de 2014), que le parecía incluso escasa al mandatario norteamericano.

Somos más vulnerables de lo que pensábamos a otros riesgos y los ciudadanos necesitamos estar protegidos por los servicios públicos ante el azote de calamidades devastadoras como la que ahora estamos experimentando. Esa protección no se consigue con la disminución del gasto en sanidad, sostenida prácticamente desde 2009, que sitúa a España -cuarta economía de la UE- en el puesto 13, según Eurostat, con un porcentaje sobre el PIB del 8,9% frente a la media de la UE del 9,9%. Es absolutamente necesario y urgente dotarse de unas reservas estratégicas en el ámbito de la sanidad (atención primaria, camas, UCIs, personal, I+D sanitaria) y redoblar esfuerzos presupuestarios para situarnos por encima del 10% del PIB para mantener el Estado de bienestar que tantos enemigos tiene.

En fin, el mundo es muy cambiante y es precisa la actualización permanente del concepto de amenaza. Se ha estado haciendo tímidamente en los últimos años pero el covid-19 nos ha invadido como un tsunami y en cuanto salgamos de la conmoción hay que ponerse seriamente a pensar en las amenazas reales que acechan al modo de vida de todos los ciudadanos, en especial a las clases más desfavorecidas.

De nada sirven hoy los carros de combate o los submarinos, por poner sólo dos ejemplos, para luchar contra el terrorismo, la guerra híbrida, los ciberataques, la guerra bacteriológica o química o una pandemia como la que estamos sufriendo. Y menos aún contra el gran elefante en la habitación que ningún dirigente quiere ver, el cambio climático que estamos acelerando para dejar a nuestros hijos y nietos un planeta, sin repuesto, probablemente peor que este actual.

Todo el mundo desea volver a “la normalidad”, pero cuando recobremos la libertad de movimientos y, sobre todo, dejemos de contar decenas o centenas de muertos diarios por el coronavirus (aún hay países donde la curva de la muerte sigue en ascenso), deberíamos cambiar nuestro comportamiento, nuestras preferencias, nuestras metas y exigirlo así a nuestros dirigentes. Hay que buscar nuevos paradigmas. Como dijo el poeta Paul Valéry,“Le futur n'est plus ce qu'il a été” (el futuro ya no es lo que era).

Además de las universidades europeas existen también otros centros de enseñanza en los se preparan los ingredientes básicos de una ciudadanía europea como son, por ejemplo, la red de escuelas europeas dependientes de la UE, situadas en siete países, donde estudian los hijos del personal de las instituciones europeas, aunque no sólo, entre los 4 y los 18 años y de las que egresan generaciones de bachilleres para los que términos como extranjero, frontera, aduana, etc. resultan algo ajeno al espacio sociocultural en que se va a mover la mayoría en el futuro. Cuando recibes las enseñanzas regladas en tres o cuatro lenguas diferentes, todas ellas impartidas por profesores nativos, y en el patio de recreo juegas con chicos y chicas de múltiples nacionalidades, finalmente interactúas a la manera europea, no española, francesa, alemana o danesa.

Estos centros son una cantera de europeístas que forjan lazos duraderos y transmitirán a sus hijos los valores y actitudes con los que han sido impregnados durante su infancia y adolescencia. Una lengua común a un colectivo, sea este una nación, una región, una ciudad o los alumni de un centro de enseñanza, es una herramienta para el entendimiento, en su más amplio sentido, un aglutinante cultural. Una lengua vehicular puede unir tanto como una materna común. Mis dos hijos, que han sido bachilleres europeos, conservan décadas después un grupo multicultural de amigos y da gusto oírles conversar en distintos idiomas pasando de uno a otro con tanta facilidad como complicidad. Un ejemplo de la fuerza de un idioma vehicular es el inglés, convertido desde hace muchos años en lingua franca global pero también europea, a pesar de que ahora mismo se da la paradoja de que es el único idioma en la UE sin respaldo estatal, aunque el más utilizado como lengua de trabajo, tanto en los foros oficiales como en el backstage. Ningún Estado miembro de los actuales veintisiete ha declarado el inglés como su lengua oficial. Ni siquiera Irlanda (gaélico) o Malta (maltés). Disculpas por esta digresión y continuemos.

De la misma manera que esas universades, institutos y escuelas son EU citizen-makers, los centros de enseñanza militar pueden llegar a ser también EU soldier-makers si se extiende y desarrolla una iniciativa que nació en el Consejo Europeo de Ministros de Defensa de 2008, inspirada en el programa Erasmus para armonizar una formación de base de los jóvenes oficiales de los ejércitos europeos con el doble objetivo de promover una cultura de seguridad y defensa europeas y hacer frente común a los retos del futuro. El organismo que integra y desarrolla este programa, ya conocido como Erasmus Militar, es la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (ESDC), dependiente del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a través de su plataforma EMILYO (Exchange of Military Young Officers).

En un reciente almuerzo-coloquio celebrado en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas, organizado conjuntamente por el Kangaroo Group y Euromil, en el que fui invitado a participar, se expusieron las ideas base de este programa europeo. Bajo el título Erasmus Militar: un factor clave para una mayor cooperación en Defensa, el director de la ESDC, el belga Dirk Dubois, y el presidente del programa Erasmus Militar, el coronel austríaco Harald Gell, presentaron el desarrollo y las bondades del programa, dando paso a un debate del que se pudo extraer un acuerdo generalizado entre los participantes sobre que la movilidad del factor clave de las fuerzas armadas, su personal, mejora la interoperatividad, crea una red de contactos esencial y genera camaradería, tan importante en las misiones conjuntas, además de crear un sentimiento de pertenencia a una comunidad de valores y fomentar un espíritu europeo.

Al igual que el Erasmus general y las escuelas europeas, la formación del Erasmus militar se extiende a diferentes niveles educativos. Así, en 2017 se puso en marcha el Colegio Doctoral Europeo sobre Política Común de Seguridad y Defensa (European Doctoral School on CSDP) para la promoción de la investigación y el apoyo a los doctorandos por medio de un cuerpo de directores de tesis que ofrecen una formación complementaria a los cursos de doctorado ya iniciados en sus respectivas universidades. Por otra parte, varios Estados miembros que cuentan con ese tipo de centros, se han unido a un Forum de Colegios Militares de Enseñanza Secundaria (EU Military Secondary Schools) en el que imparten materias sobre historia de la UE, sus valores, el Tratado de Lisboa, la política común de seguridad y defensa, además de promover el intercambio de alumnos y profesores.

No cabe duda de que este sistema de intercambio de jóvenes cadetes facilitará la integración de nuestros militares en las unidades operativas participantes en misiones internacionales combinadas y formará cuadros de mando con una mejor percepción del factor humano como clave del éxito de una operación, en especial cuando alcancen puestos en los que deban tomar decisiones a nivel operativo-estratégico. Pero el sistema quedaría cojo si no se contara también con intercambios de alumnos en el nivel técnico, como son los suboficiales y el personal de tropa profesional, elementos altamente especializados en materias como mantenimiento y manejo de sistemas de armas, logística operativa, transporte, control del espacio aéreo, seguridad de instalaciones y un sinfin de áreas de responsabilidad en las que estos profesionales sirven como operadores y auxiliares imprescindibles del mando. El suboficial es el sustituto natural del oficial en una pequeña unidad operativa y debe contar con la suficiente preparación para ello, tanto en capacidad técnica como en liderazgo. Los numerosos cursos que la ESDC imparte deberían también ofrecer plazas para este personal, como vienen haciendo desde hace décadas los centros de enseñanza de la OTAN. Es de lamentar que la ESDC no haya recibido hasta ahora un mandato para extender los beneficios del EMILYO a los profesionales que integran la mayor parte de las fuerzas armadas en cualquier país.

Para terminar, serían igualmente deseables estancias más prolongadas de los alumnos europeos en las academias y centros de formación para facilitar una mayor integración. Algunos intercambios se limitan a una o dos semanas en la fase presencial o, en el mejor de los casos, a un cuatrimestre lectivo, tiempo insuficiente para conseguir los objetivos marcados.

Una reciente entrevista del presidente Macron al semanario británico The Economist ha levantado ampollas en algunas cancillerías europeas al declarar que “la OTAN está en muerte cerebral” y que es hora de que Europa despierte, pues no se puede confiar ya en los Estados Unidos para defender a los países europeos de la Alianza. Se ha echado de menos una reacción “tuitera” de Trump pero ha aparecido otra, en forma de insulto, de parte del presidente turco Erdogán (“hazte mirar tu muerte cerebral”). La opinión del mandatario francés se une, una vez más, a la expresada por la canciller alemana Angela Merkel en mayo de 2018, cuando declaró que “la época en que podíamos confiar en Estados Unidos se acabó”.

Las decisiones de la Administración Trump están mostrando desde hace tiempo que la estrategia norteamericana sigue unos derroteros distintos de los intereses de la Unión Europa, como lo demuestra la retirada del acuerdo nuclear con Irán, en mayo de 2018 (con amenazas de sanciones a los países europeos que inviertan allí) y la más reciente e inesperada retirada de tropas del noreste de Siria, abandonando así a sus aliados kurdos y dejándolos a merced de la ira de Turquía, uno de los países militarmente más fuertes de la OTAN. Ambos países, EEUU y Turquía, han ido por libre en el avispero sirio sin consultar con los demás aliados presentes en la zona que forman la coalición contra el Daesh. El resultado inmediato es que Rusia ha quedado ahora mismo como el único interlocutor internacional sobre el terreno. Un buen regalo para quien se había convertido en la razón de ser de la OTAN tras la caída del muro de Berlín. ¿Qué credibilidad le queda ahora a la Alianza en el ámbito internacional? ¿Qué fiabilidad cuando su principal motor, político y militar, los EEUU (22% del presupuesto), mira cada vez más al Pacífico?

Añadamos a esto la desmedida beligerancia de Trump con Irán que ha venido suscitando desconfianza en las grandes potencias mundiales y que recientemente ha naufragado en su intento de construir una coalición naval, la Operación Centinela, en el estrecho de Ormuz. Un dirigente que va como pollo sin cabeza por el tablero internacional –dejando gotas de sangre– es normal que genere desconfianza entre sus socios y aliados, que temen que pueda llevarles a un conflicto. Añadamos también que Turquía, que está atacando las posiciones kurdas con la bendición de los EEUU, provocando centenas de muertos y heridos entre la población civil y más de cien mil desplazados, ha llegado a un acuerdo con Rusia (aliado de Bashar Al Asad) para vigilar la zona de seguridad en la frontera turco-siria, con la advertencia de Putin de que no deben enfrentarse a las tropas gubernamentales sirias.

Turquía, parte beligerante en la zona, podría ser atacada por cualquiera de las otras partes en el conflicto, bien mediante operaciones bélicas directas o con ataques terroristas. Como miembro de la OTAN, ¿podría Turquía apelar al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte? Para quien no lo sepa o no lo recuerde, ese artículo establece que un ataque contra un Estado miembro (incluidas sus fuerzas, buques y aeronaves) es considerado un ataque contra todos, por lo que la parte atacada debería recibir la asistencia de las demás. Y abunda en ello el art. 6 a), cuando menciona específicamente “...contra el territorio de Turquía”. En ese supuesto, la política revanchista de Erdogán respecto a los kurdos podría desencadenar un conflicto de imprevisibles consecuencias si la OTAN entrara formalmente en él. Socios inestables como son ahora mismo los EEUU y Turquía, dirigidos por personas imprevisibles con rasgos autoritarios, debilitan una Alianza que tal vez deba replantearse el repliegue al ámbito europeo y, en todo caso, iniciar un debate sobre su existencia y su futuro.

Pero, con todas sus debilidades e incoherencias en el plano político y las políticas erráticas de algunos de sus dirigentes, la OTAN, nos guste o no, no tiene a día de hoy un sustituto para la seguridad y defensa de Europa y las estructuras y capacidades puestas a disposición de la defensa europea, como la PESCO, la Agencia Europea de Defensa (EDA) y el Fondo Europeo de Defensa están aún lejos de reemplazarla. El esfuerzo de la nueva Comisión Von der Leyen, junto con el liderazgo franco-alemán (Merkel deja el listón alto en esta materia), deberá enfocarse hacia un aumento del compromiso presupuestario europeo en materia de seguridad y defensa una vez sea efectivo el Brexit. Si contamos con que países OTAN no integrantes de la Unión Europea, como los EEUU, Turquía y previsiblemente el Reino Unido (que acaba de bloquear el aumento de presupuestos de la EDA y del Centro de Satélites por apenas 500.000 €), son precisamente los que siguen políticas más alejadas de la común europea de seguridad y defensa (PCSD), no le va a quedar más remedio a la UE que dotarse, cada vez con más urgencia, de medios propios para garantizar su seguridad y actuar con autonomía estratégica. En este sentido, parece que la UE va tomando conciencia y el gasto previsto en defensa para los años 2021-2027 aumentará sensiblemente, según una propuesta de la Comisión pendiente de aprobación por los Estados miembros.

El presidente Trump ha conminado a sus aliados europeos, en varias ocasiones, a aumentar los presupuestos nacionales de defensa para una mayor contribución a la fortaleza de la Alianza. Es bien sabido que lo que en el fondo está pidiendo es que se compre más material de guerra norteamericano con independencia de que se ponga o no a disposición de la OTAN. La compra reciente de misiles rusos S400 por parte de Turquía prueba que un aumento en el gasto de defensa nacional no revierte necesariamente en el fortalecimiento de la defensa común de los aliados. EEUU ya les ha advertido de que su uso es incompatible con la OTAN y Turquía no dudará en utilizarlos si fuera preciso en Siria y contra el PKK kurdo. Ese aumento en el gasto militar no contribuye, evidentemente, a la defensa colectiva aliada, antes bien, como señala Nicolas Gros-Verheyde, de Bruxelles2, puede ser contrario a los intereses de los miembros OTAN, especialmente los que lo son también de la UE. Hemos visto hace unos días una celebración de poca pompa y muy corta en el 70º aniversario de una Alianza en la que ahora reina la desconfianza mutua y la tensión entre algunos de sus líderes.

La OTAN, que parecía huérfana de su razón de ser tras la caída del Muro, encontró rápidamente en los años 90 un campo de acción y justificación en los Balcanes, a lo que se añadiría años más tarde su intervención en Afganistán (ISAF, enero 2002) donde áun sigue presente. Con una capacidad de mutación asombrosa, la Organización parece estar buscando permanentemente clientes en el extrarradio para seguir viviendo. Padece el síndrome del taxi, dispuesta a subir a quien primero levante la mano, como acertadamente señaló hace años Rafael Bardají, del GEES. El panorama internacional es más cambiante de lo que nos gustaría y nada asegura que la Alianza sobreviva a los retos geoestratégicos del siglo XXI.

En este blog no se ha tratado hasta ahora este asunto pero quienes formamos parte del colectivo Foro Milicia y Democracia no podemos permanecer ajenos a la despiadada realidad que arroja cifras escalofriantes de muertes entre los miles y miles de personas que cada año tratan de alcanzar un puerto en este lado del Mediterráneo para poner fin a su agónica existencia. Prefieren correr el riesgo de morir en pocos minutos y ser pasto de los peces que la muerte lenta y segura que supone en muchísimos casos continuar bajo las condiciones de penosidad perpetua que les ha tocado vivir por haber nacido en determinado lugar o tiempo. Europa, España, no pueden permanecer impasibles ante la tragedia constante de los ahogados en nuestro mar común, ahora enrojecido por la sangre de miles de seres humanos. No pueden obviarlo los gobiernos ni debe aceptarlo la sociedad. Acudir en ayuda de esas pobres gentes cuando peligra su vida es un mandato legal: Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención de Ginebra, Carta de Derechos Fundamentales de la UE, Convención de NNUU y Derecho del Mar. Pero es también una obligación moral.

No cabe duda de que las migraciones siempre han existido y su frecuencia e intensidad derivan de acontecimientos sobrevenidos por causas naturales, guerras, hambrunas u otras causas. Las migraciones ocurren en muchas otras partes del mundo como en el Sudeste asiático, en la península arábiga o en América, pero en esta ocasión voy a referirme a “mi negociado”, a Europa. Está poco justificado que nos importe más lo que ocurre con este fenómeno humano en el Mediterráneo y en el interior de nuestra “fortaleza” europea que en otros lugares del planeta, pero es por otra parte comprensible que la proximidad del problema nos haga más sensibles. Todos hemos visto con nuestros propios ojos grupos de inmigrantes deambulando por calles y playas y reparamos en ellos  por su color de piel o por su indumentaria, aunque según la estadísticas son muchísimos más lo que pasan desapercibidos porque son como nosotros, caucásicos, incluso rubios y bien parecidos y no llegan en pateras u ocultos en camiones, sino por los aeropuertos y estaciones de tren o autobús.

Este fenómeno migratorio, el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, se ha agudizado en los últimos años, con un repunte en 2015, año en el que entraron en la Unión Europea más de un millón de personas. Su procedencia mayoritaria era Oriente Medio, África, Asia del Sur y los Balcanes, movimiento migratorio forzado que obedece a diversas causas como los conflictos armados, pobreza extrema, violaciones masivas de derechos humanos o cambio climático en el que la parte más vulnerable, mujeres y niños, está expuesta a la depredación humana por parte de las redes delictivas internacionales.

Inacción gubernamental

La reciente crisis humanitaria creada por el tratamiento que han recibido los centenares de inmigrantes rescatados en el mar por barcos de diferentes ONG ha puesto de manifiesto la inacción de los gobiernos concernidos, en especial los de Malta, Italia y España por ser la frontera sur, y la de las instituciones correspondientes de la UE. Sólo la enorme presión ejercida por algunas organizaciones con el inestimable empuje de la opinión pública a través de las redes sociales ha llevado  a “buen puerto” –aunque no siempre– a esas pobres gentes desesperadas (pendientes de un seguimiento a un destino final incierto) si es que no han terminado en el fondo del mar. Pero ¿de qué magnitudes estamos hablando? ¿que incidencia real tiene en nuestras vidas la llegada de esos miles de inmigrantes aparte de la atención momentánea a las imágenes de los telediarios?

Por tomar un ejemplo (datos de Eurostat), en 2016 la emigración en el seno de la UE fue de 4,3 millones de personas, cifra que incluye los flujos de migración a o desde la UE en general, pues se incluyen movimientos de población entre diferentes Estados miembros. De ese total de migrantes, sólo dos millones eran ciudadanos de terceros países, 1,3 millones tenían la nacionalidad de un Estado miembro y cerca de un millón migraron a un Estado miembro del que tenían la nacionalidad, por ejemplo nacionales retornados o nacidos en el extranjero. Es decir, unos dos millones de personas procedentes de terceros países, incluyendo naturalmente no sólo migrantes económicos, refugiados y demandantes de asilo, sino también a los profesionales de todo tipo representando a empresas, instituciones y gobiernos, los llamados expatriados.

Riqueza para nuestra sociedad

Partamos de la base de que la Unión Europea tiene una población de algo más de 500 millones de habitantes, la tercera del mundo después de China y la India. En ella viven unos 22 millones de personas procedentes de terceros países, lo que supone apenas un 4% del total. La distribución de extranjeros no UE por países va desde los 5,2 millones en Alemania (6,3% de su población) hasta los 13.300 en Lituania (0,5% de su población). España se sitúa en cuarto lugar en términos absolutos con 2,5 millones de extranjeros de terceros países (5,3% de su población) y en octavo lugar en porcentaje (según datos de Eurostat, 2017). Por cierto, un caso particular lo conforma Luxemburgo que, con más del 40% de extranjeros en su población de 600.000 habitantes, es el segundo país del mundo en PIB per capita y el más rico de la UE.

Pero no quiero ser indigesto con más datos. Lo que quiero explicar, algo que muchos autores han escrito en estas páginas, es que la inmigración que estamos recibiendo desde hace años, procedente de países no UE, no supone invasión alguna, como tratan de presentar ciertos líderes políticos de las derechas, ni merma de la calidad de vida de que gozamos en nuestra Unión que, por muy mejorable que sea en tantos aspectos, no deja de ser el espacio social más avanzado del mundo. En ese sentido, parece infundada y confusa, en mi opinión, la reciente creación de una vicepresidencia en el seno de la Comisión Europea, encargada de la protección de “nuestro estilo de vida europeo” (Protecting Our European way of life). ¿Qué estilo de vida quiere proteger la flamante presidenta Ursula von der Leyen? ¿El de Grecia, de donde procede Margaritis Schinas, vicepresidente responsable de guardar esa quintaesencia? ¿El estilo de vida sueco, portugués, lituano, tal vez el chipriota...? No quiero pensar que sea un guiño a ciertos países del Este para que no pongan más palos en la rueda hacia una mayor integración europea, como expliqué en mi precedente entrada en este blog. Pues bien, al parecer en la Comisión se lo han pensado bien y esa vicepresidencia será relevada de tamaña responsabilidad, tantas han sido las voces que se han alzado contra la brillante idea.

La llegada de inmigrantes, sean nacionales de otros Estados miembros o de terceros países, es favorable para Europa, en primer lugar atendiendo a su decadencia demográfica. La inmigración ha sido necesaria, lo es actualmente y lo seguirá siendo durante décadas. Ahora bien, con las limitaciones y controles -siempre ajustados a derecho- que sean necesarios para no agudizar los eventuales problemas que cada país tenga en cada momento. Las políticas de puertas abiertas, sin más, no conducirían a mejorar nuestra situación económica y desde luego no facilitarían la cohesión y la paz social. En España, aunque ha registrado en la última década alrededor de 130.000 entradas irregulares de inmigrantes, no ha supuesto ninguna alerta real que no sea la orquestada por medios de comunicación sensacionalistas, obedientes a determinados intereses partidistas o empresariales. Mención aparte merecen los refugiados y las gentes en extrema necesidad que, por mucho que estén incrustados en nuestras retinas por obra de las imágenes televisivas, no dejan de ser una minoría dentro de las cifras totales de migrantes hacia Europa.

Recordemos que los Estados Unidos, esa gran nación otrora pujante y dominante desde hace ya más de un siglo, se formó y se fortaleció con oleadas masivas de migrantes de todas las partes del mundo (entre ellos Albert Einstein, Nikola Tesla, Sergei Brin y tantos otros). Recordemos también la solidaridad mostrada por México, Venezuela, Uruguay o Chile al aceptar a finales de los años 30 a los inmigrantes que escapaban de la persecución y la miseria de la España negra del régimen franquista, o los brazos abiertos de Alemania, Francia, Suiza o Bélgica a los trabajadores españoles de las capas más desfavorecidas a partir de 1959. Remontemos un poco en la historia de esta gran nación de naciones que es España: por nuestras venas corre sangre romana, sangre goda y sangre mora. ¡Despojémonos de la (des)memoria selectiva!

Hay un riesgo latente de que Estados miembros como Hungría, Polonia y algunos bálticos, es decir, del bloque que ingresó en las ampliaciones de la UE de 2004, puedan actuar a modo de quinta columna en el intento, cada vez menos velado, por parte de Estados Unidos de minar todo esfuerzo dirigido a una mayor integración europea y en particular a la creación de unas estructuras de defensa propias en su seno. Los gobernantes de estos países, a los que habría que añadir también Rumanía (adherida a la UE en 2007), han mostrado siempre una mayor afinidad con el vínculo atlántico en los momentos de tensión con los EE.UU. Y si añadimos a Austria, no miembro de la OTAN, pero con euroescépticos de extrema derecha que han formado parte de su gobierno (ahora mismo están en plena crisis gubernamental), conformamos un panorama inquietante para el futuro de la Unión.

La creciente injerencia en los asuntos europeos, especialmente en el campo de la defensa y su industria, por parte de los EEUU debería hacer abrir los ojos a los miembros del Consejo Europeo para descubrir quién es amigo, quién adversario y quién enemigo de la UE y sus intereses. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hemos venido observando una deriva preocupante en su política internacional de la mano de halcones neoconservadores como el secretario de Estado Mike Pompeo y sobre todo del extremista John Bolton, consejero nacional de seguridad. Otra prueba de esta injerencia es la inaceptable carta que la subsecretaria de defensa, Ellen Lord, envió el pasado 1 de mayo a la Comisión con la pretensión de que las empresas norteamericanas de armamento pudiesen participar con total libertad en los proyectos europeos de la PESCO y beneficiarse del Fondo Europeo de Defensa, amenazando además con restricciones a las empresas europeas en el mercado armamentístico norteamericano ante una negativa europea. En esta ocasión el Servicio de Acción Exterior ha sabido responder con firmeza a ese desafío. Protagonistas de esa firmeza, la Alta Representante Federica Mogherini, yel secretario general adjunto de la Agencia Europea de Acción Exterior, el español Pedro Serrano de Haro. Una respuesta que estaba previamente concertada con los países miembros, feliz excepción en este brumoso terreno de la defensa europea que hay que saludar.

Con ocasión de la celebración del 70º aniversario de la OTAN, el pasado 4 de abril, un acto al que fueron invitados a Washington los principales dirigentes europeos, Mike Pompeo aprovechó para convencer a sus aliados de la intención norteamericana de ampliar aún más hacia el Este sus planes para conformar un círculo alrededor de Rusia. Al despliegue de medios aéreos OTAN en los países bálticos se une el destacamento de batallones multinacionales en la zona, incluida Polonia, y la realización de maniobras militares en el marco de una política de contención de Rusia como respuesta a su implicación en la situación en Ucrania y la anexión de Crimea. Añádanse a esto los guiños a Ucrania y Georgia para acercarse a la Alianza Atlántica y ya tenemos a punto una receta para desestabilizar la zona. Desde que en 1991 la OTAN se quedó sin enemigo oficial, las sucesivas ampliaciones hacia el Este parecen no tener límite (cada vez más cerca del avispero de Oriente Próximo y Medio) y están convirtiendo la Alianza, originalmente una organización defensiva, en un organismo militar expansionista al servicio de los intereses geopolíticos de los EEUU.

Al igual que está ocurriendo últimamente con Irán, rodeada por cada vez más puntos de despliegue estadounidenses, el “cordón sanitario” al que está siendo sometida Rusia desde hace tiempo no hará más que reforzar el nacionalismo ruso de la mano del autoritario –pero elegido– Vladimir Putin. Sanciones económicas para debilitarla internamente, posible financiación a Bielorusia y Ucrania, apoyo a las fuerzas rebeldes sirias y el aumento de tensión en el Cáucaso son algunas de las prescripciones de los principales think tank norteamericanos, como la Rand Corporation, que la Administración Trump aplica con simpatía.

Pues bien, en esa aventura militarista los EEUU quieren involucrar a la Unión Europea a través de la OTAN (22 de sus 29 miembros lo son de la UE) para buscar no sólo legitimación internacional a sus propósitos sino para asegurar el funcionamiento de su maquinaria industrial armamentista. Recordemos la advertencia del presidente Eisenhower en su discurso de fin de mandato: ”...debemos estar alerta contra el desarrollo de influencias indebidas, sean buscadas o no, del complejo militar-industrial. Existen y existirán circunstancias que harán posible que surjan poderes en lugares indebidos, con efectos desastrosos”.

No parece muy verosímil que Rusia, una potencia débil demográficamente si nos atenemos a su extensión, que no es una gran potencia económica en este mundo multipolar y que invierte en Defensa diez veces menos que los Estados Unidos, pueda suponer una amenaza real en términos bélicos para la Unión Europea. Este gráfico del instituto sueco SIPRI muestra una comparativa del esfuerzo presupuestario militar.

En 2018, el aumento del gasto en defensa de los EEUU ha sido el mayor del mundo (44.500 M$), muy lejos del de China que es el segundo en importancia (16.700 M$). Por su parte, los miembros europeos de la OTAN, en su conjunto, han incrementado también sus presupuestos en un 4,2% en términos reales el pasado año, con un total de 264.000 M$, el segundo del mundo, por delante de China (168.000 M$) y cuatro veces más que Rusia (63.000 M$). ¿No es ya suficiente? ¿Hasta cuándo y hasta cuánto tiene Europa que seguir a los EEUU en su esfuerzo presupuestario militar?

El concepto estratégico de la OTAN, que se van renovando aproximadamente cada diez años (el último es de 2010) ha ido alejando a la Alianza de su ámbito fundacional hasta convertirlo en un organismo militar global. Es necesaria una impronta más europea y un cambio de rumbo, europeizar nuestra defensa común y una transición paulatina de estructuras, capacidades y presupuestos de la OTAN hacia la UE para alcanzar cuanto antes esa autonomía estratégica europea que tanto predican nuestros dirigentes y no dejarnos arrastrar como hasta ahora por las veleidades hegemónicas norteamericanas.

Además de buscar una política de defensa y de seguridad propias, la Unión Europea debe preocuparse por encontrar soluciones a los problemas más tangibles y prioritarios para los ciudadanos como la crisis económica, el desempleo, la pobreza, la igualdad de derechos, la migración y el cambio climático, por citar sólo algunos. ¿Nos lo permitirá la nueva configuración política de los próximos cinco años en las instituciones europeas?

Un ejemplo a seguir sería Dinamarca, donde las organizaciones profesionales de militares forman parte del sistema sindical general desde hace décadas y el 90% de los militares está afiliado a algún sindicato. O Suecia, modelo de tantas cosas, donde sus militares gozan del pleno reconocimiento sindical, incluido el derecho a la huelga, que nunca han tenido que ejercer. O Alemania, con su potente asociación de las fuerzas armadas federales (DBwV), de marcado carácter sindical, (cerca de 200.000 afiliados) que goza de gran prestigio e influencia en las medidas gubernamentales que puedan afectar a su personal.

Esta dimensión social no existe en algunos países europeos y deja mucho que desear en otros como Italia y España, donde las asociaciones profesionales experimentan dificultades para negociar y conseguir mejoras para el personal militar. Valga de ejemplo que en nuestro país el Consejo de Personal de las FAS  (COPERFAS), órgano de interlocución de los militares con las autoridades del Ministerio de Defensa, ha bloqueado los últimos años más del 80% de las propuestas de las asociaciones militares allí representadas, muchos mandos no confían en la labor de los representantes de las asociaciones profesionales, ponen trabas a su acción asociativa o directamente los consideran “enemigos” interiores y un peligro para la seguridad.

Otros mecanismos que completan la dimensión social para los militares son los organismos para la defensa de los derechos del personal de las fuerzas armadas, Ombudsman, existentes en las democracias más avanzadas, los comisionados parlamentarios como el alemán, o los observatorios para la vida militar (OVM) , como el que tenemos en España. Cabe mencionar que el OVM español fue nombrado para cinco años y el pasado 14 de enero expiró su mandato, sin que haya sido prorrogado ni nombrados sus nuevos componentes, un signo de dejación manifiesto por parte de las instituciones de quien depende, el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cámaras legislativas no han reaccionado en el escaso tiempo que queda para que las Cortes Generales se disuelvan al entrar en un nuevo proceso electoral por lo que es apremiante la renovación del OVM.

En el ámbito europeo son numerosas las llamadas a la armonización y estandarización de las condiciones de trabajo y de vida de los militares, ya que las decisiones en esta materia continúan siendo de índole nacional. En 1961 se promulgó la Carta Social Europea, el Tratado del Consejo de Europa que protege los derechos humanos, adoptada por España mediante un Instrumento de Ratificación en 1980, que establecía en su artículo 5, sobre el Derecho Sindical, que “las Partes Contratantes se comprometen a que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda menoscabarla. Igualmente, el principio que establezca la aplicación de estas garantías a los miembros de las Fuerzas Armadas y la medida de su aplicación a esta categoría de personas deberán ser determinados por las Leyes y Reglamentos nacionales”.

En octubre de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos Matelly y Adefdromil) llamó la atención a Francia por no permitir a sus militares  constituirse en organizaciones profesionales, en sus modalidades de asociación o sindicato, al amparo del art. 11 del Convenio de Roma. Aún más recientemente, en 2016, el Parlamento Europeo incluyó este asunto en su Resolución sobre la Defensa Europea, al defender el derecho de los militares a formar asociaciones y sindicatos e implicarlos en un diálogo social permanente con las autoridades.

Por su parte, la organización europea de asociaciones y sindicatos militares, EUROMIL, es constante en la promoción del concepto “ciudadano de uniforme” y la implantación de esa dimensión social en todos los países europeos. EUROMIL aboga por el relanzamiento del concepto SAFE (Synchronised Armed Forces in Europe), que permitiría armonizar las capacidades, las doctrinas operacionales, la formación y el entrenamiento de los militares de diferentes nacionalidades que compartan misiones conjuntas. Este mecanismo prevé también la unificación de la normativa relativa a derechos y deberes, atenciones y equipamiento sanitarios y cobertura social en casos de accidentes ocurridos en actos de servicio con consecuencias de muerte, enfermedad o invalidez. En servicios comunes, como son las misiones bajo cobertura de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), deben darse condiciones, derechos y obligaciones comunes, con independencia del origen nacional de los soldados, que incluiría iguales reglas de enfrentamiento (ROE), iguales indemnizaciones por salida al extranjero, igual duración del despliegue, iguales políticas de permisos y períodos de descanso, etc. Esto se traduciría en una mayor cohesión de la cultura europea, en la promoción de una identidad común y en una mayor cooperación e integración en las unidades militares desplegadas.

Hay políticas sociales que deberían ser consideradas “de Estado”, ajenas al color político-ideológico del Gobierno. Una de ellas es el tratamiento justo de sus servidores públicos y la puesta en marcha de una dimensión social plena, en los términos descritos más arriba, en las relaciones de la Administración del Estado con sus trabajadores militares.

Por un lado, tenemos en el seno de la UE un enemigo interior que interfiere negativamente en el avance hacia la integración política y lo estamos viendo con claridad en las áreas económica, social y de defensa. Dirigentes como el húngaro Orban, el polaco Kaczynski (verdadero poder fáctico) y el italiano Salvini son una rémora para cualquier avance hacia la unidad y la fortaleza. Sus decisiones de los últimos meses suponen una afrenta a las políticas comunitarias y un día rompen el consenso en asuntos migratorios, al día siguiente en materia de derechos fundamentales de su población, otro en materia presupuestaria y así sucesivamente. Con socios así las ruedas que mueven el vehículo común europeo se encuentran medio desinfladas de tanto pisar clavos y palos que encuentra en el camino.

Por otro lado, las constantes injerencias del presidente Trump en la política europea, que hemos podido comprobar una vez más con ocasión de su última estancia en París, ponen de manifiesto que EEUU mira con recelo todo paso hacia una Unión más fuerte y en especial si se trata del campo de la seguridad y defensa, donde hasta ahora siguen pisando fuerte a través de la OTAN. Por poner un solo ejemplo: ¿qué justificación tiene que el comandante supremo de la OTAN, setenta  años después de su creación, siga siendo un general americano?

Por esta y otras circunstancias, Macron y Merkel están poniendo sobre la mesa su afán por crear cuanto antes una fuerza militar común para demostrar al mundo que Europa puede defenderse optimizando sus medios y capacidades, aunque en sus declaraciones no entren en mayor detalle. Cuando la Cooperación Estructurada Permanente, PESCO, apenas ha echado a andar, aparece la Iniciativa Europea de Intervención (IEI), lanzada por el presidente francés este pasado verano, a la que se han unido ocho países más (España lo ha querido bautizar como Iniciativa Europea de Compromiso Estratégico), que pretende crear un espacio común de anticipación operativa fuera de las estructuras de la OTAN y de la UE. Lo preocupante, a mi juicio, es que entre esos países adheridos se encuentra el Reino Unido, que Macron no ha querido ver definitivamente fuera de la estrategia europea de defensa por su capacidad bélica (la otra potencia nuclear, además de Francia). Esto demuestra que el eje franco-alemán no confía demasiado en el desarrollo de la PESCO, por mucho que aumente el número de proyectos, y han preferido optar por una nueva fórmula proyectando así una imagen de indeterminación que crea confusión en la opinión pública. Son bandazos de la estrategia de seguridad que en nada beneficia la credibilidad del proyecto de un Ejército común.

La salida de la UE de los británicos fue vista como una oportunidad para profundizar en la seguridad y defensa comunes y resulta que ahora, a pocos meses de su marcha definitiva, queremos contar con ellos porque nos reforzarán. La diplomacia norteamericana ha jugado bien sus bazas colándonos de rondón a su primo ultra atlántico para asegurarse de que Europa no llegue a buen puerto con su pretendida autonomía estratégica y que los lazos con la OTAN no se debiliten.

Las bases de un Ejército común

Pues bien, suponiendo que del papel pasemos a los hechos, se abren muchos interrogantes sobre la materialización del proyecto, ya sea dentro de la UE o en el marco de la IEI. Un Ejército común requiere un poder encarnado en nuestro caso por una estructura política legítima democrática (instituciones europeas), una base jurídica (Tratado de Lisboa) y una estrategia (incipiente, pero ahí está). Quedarían por definir otros aspectos importantes que veremos a continuación.

¿Se mostrará la PESCO realmente eficaz en su implantación con veinticinco Estados miembros en el puente de mando? Es difícil imaginar la reacción rápida de unidades operativas ante un ataque inminente en cualquier parte del territorio UE, una amenaza tangible o la gestión inmediata de una catástrofe cuando se necesita previamente el acuerdo de los gobiernos y la consulta de éstos a sus parlamentos. ¿Un Ejército genuinamente europeo tendría una estructura de mando realmente separada de la Alianza Atlántica o de la UE, o su cúpula estaría formada, como hasta ahora, por generales dual-hatted?. ¿Sería un Ejército solo para la defensa del territorio europeo o también expedicionario?

Sobre la PESCO, parece que se abren cada vez más proyectos, pero faltan por ver aún si llegan a materializarse e implementarse en la primera misión que aparezca. Respecto a la cúpula y la estructura de mandos, falta por definir tanto el tamaño como la organización de la fuerza, si se trata de conformar unidades de tipo división, brigada o simplemente batallones reforzados del tipo battlegroup.

Tras estos interrogantes, una serie de consideraciones: el mando debería recaer en un general perteneciente a uno de los países del núcleo duro que contaría con un estado mayor independiente de las actuales estructuras militares del Consejo de la UE (CMUE y EMUE), a quien se confiaría la confección de las operaciones asignadas. Para ello sería de gran ayuda contar con la experiencia organizativa de unidades multinacionales hasta ahora existentes como el Eurocuerpo, la brigada franco-alemana, el Mando Europeo de Transporte Aéreo (EATC) o los battlegroups. Ahora bien, una vez definido e implantado ese Ejército, no tendría sentido seguir aportando fuerzas y recursos a dichas unidades multinacionales, que deberían ser disminuidas o desmanteladas conforme se fueran certificando las capacidades de la nueva fuerza.

Las misiones asignadas deberían comprender tanto la defensa del territorio como el apoyo a las operaciones humanitarias y la evacuación de europeos en el extranjero. Para ello sería imprescindible reforzar los servicios de inteligencia propios con una base de datos común y crear una potente unidad de Ciberdefensa.

La aportación de cada Estado miembro a este nuevo Ejército debería ser proporcional a su potencial económico y los esfuerzos presupuestarios y aportación de personal ser detraídos paulatinamente de las unidades multinacionales cesantes. Por ejemplo, si un país aporta diez oficiales al nuevo estado mayor, diez oficiales deben detraerse de las plantillas de esas otras unidades y de igual manera en lo que se refiere a las capacidades puestas a disposición común. Para evitar duplicidades y un aumento en los presupuestos de defensa, el mismo procedimiento debería aplicarse a la participación en la OTAN, de manera que consigamos un equilibrio, como un juego de suma cero, en los recursos dedicados a la defensa común europea.

Un último apunte respecto de las fuerzas armadas nacionales. Como la idea no sería sino crear un Ejército europeo reducido (algunas brigadas), bien dotado de recursos materiales y humanos y muy operativo, podría perfectamente coexistir con los ejércitos propios de cada Estado miembro, aunque razonablemente reducidos (materia de otro debate) pues parte de sus mejores unidades estarían asignadas permanentemente a las unidades europeas comunes.

Se trata más bien de ver qué es eso de la neutralidad política que se predica de los militares, de la que tanto se ha escrito las últimas semanas. En ambos manifiestos, llamémoslos el franquista y el demócrata, se incluían firmas de militares en situación de Retiro pero también algunas, unas pocas, de militares en Reserva y en Activo. Los militares retirados ya no están sujetos a los derechos y deberes del militar por lo que gozan plenamente de la libertad de expresión, como cualquier ciudadano. No ocurre así con el resto, que están sujetos a serias restricciones legales respecto de sus opiniones, restricciones sobre las que cabría arrojar dudas de constitucionalidad pues se trata de una interpretación negativa del derecho fundamental de libertad de expresión recogido en el art. 20.1ª de la Constitución que, a la luz de la interpretación del Tribunal Constitucional de la aplicación de los derechos fundamentales, no debe hacerse sino de manera extensiva, es decir, a favor del mayor contenido de los mismos, como bien explica Tomás Torres Peral (No es ilegal opinar sobre Franco, La Razón, 08/09/18). No parece lógico que una ley de desarrollo constitucional reduzca uno de los derechos fundamentales, de forma genérica, para determinado colectivo de ciudadanos.

El respeto a la neutralidad política está íntimamente ligado al derecho fundamental de libertad de expresión. Así lo entiende el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH) en su art. 10.2 al establecer las limitaciones a las que está sujeto este derecho fundamental y hace referencia a las medidas necesarias para la salvaguarda de la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito. En el mismo sentido, el Consejo de Europa hace alusión al CEDH reconociendo que a los militares se les puede imponer ciertas restricciones en el ejercicio de tal derecho siempre que se respeten los requerimientos básicos contenidos en el mencionado artículo 10.2 (Recomendación CM/Rec (2010)4 del Comité de Ministros). También la Oficina de Derechos Humanos de la OSCE lo recoge del mismo modo en su Manual sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del personal de las fuerzas armadas (Capítulo 8, Derechos Civiles y Políticos).

Las Fuerzas Armadas, como organización, como Cuerpo que forma parte de la Administración del Estado, se deben a la más estricta neutralidad política, pues están sujetas al poder civil, al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa. Neutrales políticamente deben ser también sus mandos cuando se expresan desde una tribuna, sea ésta escrita u oral, pues desde el momento en que visten el uniforme o se dirigen a determinado auditorio están representando la unidad o cuerpo militar que mandan. Ahora bien, un miembro de las fuerzas armadas, individualmente considerado, actuando como ciudadano, no parece que deba sufrir restricción alguna en su libertad de expresión salvo, naturalmente, que sus declaraciones tengan que ver con “materias objeto de reserva interna o sobre asuntos relacionados con la seguridad y defensa nacional” o de “hechos o datos de los que haya tenido conocimiento por su cargo o función” (L.O. 8/2014, de Régimen Disciplinario, art. 7.18).

El régimen disciplinario para las fuerzas armadas en vigor establece que existe infracción del deber de neutralidad en hechos concretos como “fundar un partido político o sindicato”, “afiliarse a este tipo de organizaciones”, “ejercer cargos de carácter político o sindical” (L.O. 8/2014, art. 7.32), pero no define qué es exactamente la neutralidad política o sindical. A mi juicio es un OPNI, un objeto político no identificado, como decía Jacques Delors hace décadas refiriéndose a Europa. Un militar, cuando expresa una opinión de carácter político, sea en privado o a través de los medios de comunicación social, individualmente o con carácter colectivo, puede hacerlo sin conculcar el régimen disciplinario siempre que no suponga una afrenta a las decisiones gubernamentales o ejerzan presión para conseguir determinados fines.

La mencionada ley tipifica como falta grave “hacer peticiones, reclamaciones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, así como formularlas con carácter colectivo o a través de los medios de comunicación social” (art. 7.5). ¿Qué artículo de esta ley disciplinaria sería de aplicación a un militar o a un grupo de militares que declaran que los militares  son funcionarios al servicio del Estado y de los ciudadanos y que el general Franco no merece respeto alguno? Aquí no existen peticiones ni reclamaciones contrarias a la disciplina ni basadas en aseveraciones falsas. Este es un ejemplo claro de una declaración política pública. Tampoco incurren en actitudes de  menosprecio a personas, autoridades o mandos, como prohíbe expresamente el art. 7.1 de la citada ley, pues Francisco Franco es un personaje histórico como lo es Azaña o Fernando VII, sujeto a análisis y crítica (incluso loas).

De igual forma no deben ser punibles las declaraciones públicas de los representantes de las asociaciones profesionales de militares manifestando una opinión sobre una medida tomada por el Gobierno que afecte a sus representados, miembros de las fuerzas armadas, como ciudadano, como militar o como padre de familia. (Sentencia del Tribunal Supremo 5329/2008, Fundamento de Derecho 4º). Este es otro ejemplo de una declaración política pública. Porque es necesario distinguir una declaración sobre la política (policy) de una declaración de corte político-partidario (politics).

Es decir, un militar puede hacer política sin por ello conculcar la tan manida neutralidad. Así lo hace cuando deposita su voto en una urna, cuando acude como ciudadano a una manifestación política o a un mitin o cuando emite una opinión política, respetuosa, a través de las redes sociales. La legislación aplicable al personal militar en este país ha de pasar por la adecuación definitiva al espíritu de la Constitución y considerar definitivamente a los ciudadanos de uniforme como cualquier otro. Cuarenta años han pasado. Ya es hora de aprobar esa asignatura pendiente.