La actual crisis diplomática comenzó en diciembre de 2020, cuando Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, vulnerando así el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, entre otras la número 2.711 de 14 de diciembre de 1970, que acordó “el derecho inalienable del pueblo del Sahara a la libre determinación”.

Tras el reconocimiento de Trump, el sátrapa marroquí pensó erróneamente que “todo el monte es orégano” y que el resto de países occidentales iba a seguir la senda de los EEUU. Al comprobar que España y la UE no se prestaban a vulnerar el derecho internacional comenzó su política habitual de chantajes y lanzó una oleada de emigrantes en pateras hacia Canarias.

Las presiones diplomáticas contra los países europeos no dieron el menor resultado, el Reino Unido se reafirmó en cumplir los mandatos de la ONU, y la respuesta de Alemania fue suspender la entrega de visados a los marroquíes. El conflicto con Alemania derivó en la situación actual cuando el 8 de mayo Rabat llamó a consultas a su embajadora en Berlín.

A la vista de la contundente repuesta europea, Marruecos centró su chantaje en el país con una diplomacia más débil, España, tratando de separar el fracasado chantaje a Europa del realizado contra España. El Gobierno marroquí aprovechó la hospitalización de Brahim Ghali en un hospital de Logroño para centrar sus falsas reivindicaciones en esta menudencia, cuando lo que realmente está reclamando es que España se doblegue una vez más a la política exterior de EEUU y reconozca la validez de la invasión militar del Sáhara.

El 8 de mayo, cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Berlín, ya tenía claro que Europa no iba a ceder a sus chantajes y decidió invadir con emigrantes las ciudades de Ceuta y Melilla aprovechando que la defensa de esas dos ciudades no cuenta con el paraguas de la OTAN, ni con el de EEUU y Francia. Cuando la crisis de Perejil, España no disponía de satélite militar y pidió información a Francia sobre el movimiento de tropas marroquíes, pero Francia denegó la información.

Marruecos, conocedor de la soledad de España en la defensa de Ceuta y Melilla, centró su ataque sobre ambas ciudades, sin tener en cuenta que también son fronteras europeas. Pretendía movilizar a todos los jóvenes y sobre todo niños de las poblaciones próximas a ambas ciudades españolas para invadirlas de emigrantes, pero la movilización de Melilla fracasó.

Es decir, el 8 de mayo Marruecos ya estaba diseñando la invasión, buscando los medios de transporte con los que trasladar a miles de emigrantes hasta la frontera, organizando las redes para comunicar a la población que las fronteras estaban abiertas, etc. etc. Una operación de esas características no se improvisa, requiere varias semanas de preparación. La fecha elegida por el Gobierno marroquí para llenar de emigrantes Ceuta y Melilla fue la madrugada del día 17, ocho días después de la retirada de la embajadora marroquí en Berlín.

Pues bien, cuando los marroquíes estaban en pleno diseño y preparación del ataque a Ceuta y Melilla, Pablo Casado, el 11 de mayo se puso en contacto vía telemática con los organizadores de la revuelta y publicó la entrevista en Twitter. Más tarde, cuando ya se había consumado la invasión, defendió las burdas tesis marroquíes culpando de los hechos a la hospitalización de Brahim Ghali y culpabilizando al Gobierno español del conflicto por defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Pablo Casado se ha alineado descaradamente con Marruecos en contra de los intereses de España.

Esta postura de Pablo Casado contradice la de sus antecesores en los sucesivos gobiernos del PP que defendieron las resoluciones de la ONU respecto al Sáhara. Incluso Aznar plantó cara a Marruecos en la crisis de Perejil. Zapatero, que entonces estaba en la oposición, apoyó incondicionalmente al Gobierno de Aznar en la crisis del islote, a pesar de que el expresidente está de acuerdo con Marruecos en la defensa de la invasión militar del Sáhara. La postura de Pablo Casado haciendo el juego a Marruecos en pleno conflicto pone de manifiesto la política exterior que nos espera si alguna vez forma gobierno.

Para terminar, una reflexión sobre la guerra del Sáhara. El Polisario, con muy pocos efectivos, viene bombardeando asiduamente y de forma aleatoria, con artillería y cohetes, el muro marroquí de 2.700 km. de longitud.

Para mantener sus posiciones a lo largo de ese inmenso muro, Marruecos tiene desplegados a más de 100.000 soldados, un número mayor que todo el Ejército de Tierra español. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Marruecos una guerra de desgaste de esta envergadura?

Franco dio instrucciones de que se hiciese lo que ordenasen los americanos para “que se quedasen contentos” y lo que decidieron los americanos en connivencia con las autoridades españolas fue hacer un simulacro de limpieza y dejar esparcida la práctica totalidad del óxido de plutonio para poder investigar las consecuencias de la radiactividad en la salud de las personas, la fauna silvestre y doméstica y el medio ambiente en general. En aquella época la radiactividad era todavía un misterio. Para llevar a cabo sus planes, ambos gobiernos firmaron el Proyecto Índalo, que ha estado vigente hasta fechas recientes.

Ambos gobiernos se pusieron de acuerdo en guardar el secreto, engañaron a la población y a la opinión pública, afirmaron con rotundidad que los terrenos habían quedado totalmente limpios de radiactividad y entregaron certificados falsos a los propietarios diciendo que sus fincas eran aptas para el cultivo con objeto de que, sin saberlo, realizasen labores agrícolas en un ambiente radiactivo para poder experimentar las consecuencia de la radiactividad sobre su salud. Esta pobre gente iba a Madrid una vez al año a la Junta de Energía Nuclear y luego al CIEMAT para ser estudiada, pero no les entregaban los resultados de los análisis.

Para poner en marcha este enorme laboratorio con seres vivos se desplazó a España el famoso Dr. Wright Langham, al que varios autores le han atribuido haber inyectado plutonio a dieciocho ciudadanos de EEUU sin su consentimiento. De este modo, la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el organismo que la sustituyó, el actual CIEMAT, en colaboración con los EEUU, dispusieron durante muchos lustros de un laboratorio de cobayas humanas sin ellas saberlo. Dos magistrados de la Audiencia Nacional, en sentencia de la Sección Séptima de fecha 22 de junio de 2021, han calificado esta actividad ilícita como “laboratorio a cielo abierto”.

Entre las autoridades que contribuyeron al engaño figura el entonces ministro Manuel Fraga Iribarne, que el 13 de febrero de 1966 declaró al periódico Arriba: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”.

Los experimentos sobre la población perduraron durante muchos años con gobiernos de derechas y de izquierdas, hasta que surgió la burbuja inmobiliaria. La presión urbanística de principios de este siglo provocó que los intereses inmobiliarios prevaleciesen sobre los científicos y el Gobierno de Aznar decidió limpiar las tierras para poder urbanizarlas porque nadie compra un adosado con plutonio en el garaje.

Para iniciar las labores de limpieza, el Gobierno publicó el artículo 130 en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado del año 2003, facultando al CIEMAT para expropiar provisionalmente los terrenos radiactivos hasta que se procediera a su limpieza. Los planes para llevar a cabo la limpieza fueron declarados secretos para no alarmar a la opinión pública pues en esas fechas las autoridades seguían engañando a la población diciendo que no había radiactividad. Fue a partir del inicio de los expedientes de expropiación cuando ya no tuvieron más remedio que reconocer la existencia de la radiactividad.

A fecha de hoy ya están terminados todos los planes de limpieza pero el Gobierno se niega a ponerlos en práctica bajo la disculpa de que en España no hay un almacén nuclear apto para guardar ese tipo de material radiactivo y que los EEUU deben llevarse el plutonio.

La propuesta de Ecologistas en Acción es que se construya un almacén temporal en Palomares y se guarden allí los residuos radiactivos a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene por qué estar necesariamente en EEUU, pero el Gobierno no acepta esta solución provisional que libraría de respirar plutonio a los habitantes de Palomares y a quienes transitan por la zona. Las fincas contaminadas están ahora valladas pero las partículas radiactivas no permanecen estacionarias dentro del perímetro, el viento, el agua y la fauna silvestre y doméstica las esparcen por todo el territorio.

Ecologistas en Acción ha presentado un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo pidiendo que se obligue al Consejo de Seguridad Nuclear a fijar un plazo para iniciar la limpieza de Palomares. El Tribunal Supremo acordó en abril dar por ultimado el procedimiento y dejarlo pendiente de señalamiento para dictar sentencia.

El Gobierno, temeroso de que el Tribunal Supremo ordene al CSN la limpieza sin que EEUU haya aceptado llevarse los residuos nucleares, ha recurrido a una estratagema acorde con el nivel de desarrollo democrático del país. Si leen la Disposición Final Primera del Real Decreto-Ley 6/2022 que modifica la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, verán que de forma sibilina se retiran las competencias al CSN y al CIEMAT para limpiar Palomares y se las trasladan al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) aprovechando que hay otras cinco zonas radiactivas que no tienen regulación. El MITECO no ha participado en absoluto en el asunto de Palomares en sus 56 años de existencia por lo que tendrá que partir de cero y cumplir todos los requisitos expuestos en la citada Disposición Final, lo que supone retrasar sine die la limpieza de Palomares con la imposibilidad de obligar judicialmente a este Ministerio para que señale plazo para la limpieza porque ya ha dicho que antes tienen que cumplirse todos esos laboriosos trámites. Con esta argucia el Gobierno ha garantizado que Palomares seguirá radiactivo muchos años más.

Al ir dirigido el recurso de casación contra el CSN, el Abogado del Estado ya ha alegado que se archive la causa porque el organismo competente para ordenar la limpieza ya no es el CSN sino el MITECO. Ha sido una maniobra maestra que se pondrá en conocimiento del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, si el Tribunal Supremo y el Constitucional aceptan esta artimaña del Gobierno para hacer perder el pleito a Ecologistas en Acción fuera de los cauces jurisdiccionales.

Durante la fase de convalidación del citado Real Decreto-Ley, la Federación de Ecologistas en Acción-Almería se ha dirigido por carta a todos y cada uno de los parlamentarios exponiéndoles la jugada gubernamental y explicando que:

“No hace falta modificar el texto puesto que en las otras cinco áreas contaminadas no se ha hecho nada para limpiarlas y se pueden regir por esta modificación de la Ley de Energía Nuclear para iniciar las labores de limpieza, pero Palomares ya tiene todo ultimado para descontaminar y el cambio de competencias supone que el MITECO debe de empezar de cero. 

Se puede mantener el texto actual de la Disposición Final Primera pero añadiendo un párrafo que puede tener una redacción similar a esta: 

Respecto al área contaminada por radiactividad de Palomares, el CIEMAT y el Consejo de Seguridad Nuclear seguirán manteniendo sus atribuciones actuales, correspondiendo al Consejo de Seguridad Nuclear el señalamiento de plazo para iniciar la limpieza.”

Sus señorías no se han dignado ni siquiera a contestar a la carta y la tropelía ha sido convalidada por el Parlamento. El único parlamentario que ha tenido la educación de responder ha sido un diputado de Ciudadanos por Jaén.

Los constructores permanecen a la espera de poder echar cemento a la costa desde los inicios de la burbuja inmobiliaria. A la vista de que los EEUU no se van a llevar el plutonio y el Gobierno va a ganar el pleito en el Tribunal Supremo, han decidido no seguir esperando y van a construir 3.500 viviendas en la playa de Quitapellejos, donde se bañó Fraga en 1966.

Esa zona no está vallada pero eso no significa que no haya radiactividad, no sólo porque las partículas radiactivas salen de la zona cercada sino porque en esa playa estuvo instalado el Campamento Wilson en 1966, donde diariamente se limpiaban con agua los vehículos contaminados de los EEUU. Lógicamente el agua arrastraba las partículas radiactivas al subsuelo, donde permanecen desde entonces. Les va a ser difícil a los constructores “colocar” 3.500 viviendas en esa zona máxime cuando no todos los suelos radiactivos están vallados. La Federación de Ecologistas en Acción-Almería ha presentado una queja en el Parlamento europeo enumerando las zonas contaminadas existentes fuera del vallado. La más peligrosa es la ubicada en la acera de los números impares de la Calle Diseminado la Punta, donde hay una contaminación brutal de americio 241.

En mi último artículo, titulado El golpe que no cesa, explicaba cómo había fracasado el golpe que la extrema derecha intentó durante la primavera y principios del verano. El artículo concluía así: “La extrema derecha se prodiga desafiante con inquietante frecuencia e impunidad y no va a desperdiciar la implantación que tiene en las Fuerzas Armadas para intentar tomar el poder sin pasar por las urnas. Si no se pone remedio, en la próxima crisis volverán a las andadas.”

El vaticinio se ha cumplido, en las últimas semanas hemos visto cómo la extrema derecha ha seguido agitando a los militares retirados y en activo para derribar al Gobierno. La XIX promoción del Aire y la XXIII de Tierra, entre otras, han enviado cartas al rey, se han conocido los chats llenos de odio de la XIX del Aire y IX de Artillería [ver aquí nuestro dossier], ha habido manifiestos, vídeos de militares en activo cantando canciones nazis con los brazos en alto en Paracuellos y en la Escuela Naval de Marín, en el orden del día de la escuela de especialidades de la Graña se ha homenajeado a los sublevados de 1936, y finalmente el conocido general franquista Pérez Alamán ha dirigido una carta abierta a la ministra de Defensa.

Respecto a esta última carta del general Alamán me interesa hacer algunas reflexiones tanto de índole particular como general. En la citada carta, el remitente de la misiva me cita como el “conocido topo”. Tengo que aclarar que para ser topo hay que ocultarse, y es público y notorio que soy un conocido antifascista desde los tiempos de Franco, cuando actué como portavoz de la UMD en el exilio y di una rueda de prensa multitudinaria en París el 13 de octubre de 1975. Los que sí hacen de topos son los militares franquistas que estando en activo y ocupando cargos de muy alta responsabilidad en gobiernos del PP y del PSOE simulan una fidelidad absoluta a los principios democráticos, pero nada más retirarse firman proclamas contra sus antiguos jefes, como es el caso de Alamán, que tiene el atrevimiento de amedrentar a la ciudadanía hablando en la carta a la Ministra de la necesidad de dar un golpe de timón, terminología utilizada por los golpistas del 23F.

Conviene aclarar que entre los militares predomina el error, a mi juicio intencionado, de considerar al rey como el jefe de las Fuerzas Armadas. El motivo del equívoco es que el artículo 62 de la Constitución atribuye al monarca “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”, pero de acuerdo con el artículo 64, para que los actos del rey tengan validez legal deben de ser refrendados por el Presidente del Gobierno, que será el responsable de la decisión final. Sin el refrendo gubernamental, no hay decisión real válida, conforme al artículo 56.3.

Por otro lado, el artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la administración militar. Este artículo fue desarrollado mediante la Ley Orgánica 1/1984, reguladora de los criterios básicos de la defensa nacional, que en su artículo octavo dice:

“Corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa. En consecuencia, ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas”.

No hay la menor duda de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el Presidente del Gobierno, donde culmina la cadena de mando militar; el rey ostenta un mando simbólico, no ejecutivo.

En todas las monarquías parlamentarias y repúblicas europeas, el comandante en jefe de las fuerzas armadas es el Presidente del Gobierno. En algunas monarquías como la británica sucede lo que en España, que el mando simbólico de las Fuerzas Armadas corresponde a la Reina, pero en la mayoría de las monarquías europeas ni siquiera se asigna esta función simbólica a la Jefatura del Estado, como sucede por ejemplo en Suecia o en Holanda.

Los franquistas no sólo defienden que el rey es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sino que también piensan que tienen competencias constitucionales para decidir si se cumple o no la Constitución. Se basan en el artículo 8, que atribuye a las Fuerzas Armadas la misión de “defender el orden constitucional”, caso único en Europa, donde el orden constitucional lo defienden los tribunales constitucionales u organismos equivalentes.

Por tanto, los militares ultras, y no tan ultras, consideran que el comandante en jefe es el rey y que ellos tienen la obligación de defender el orden constitucional. Están convencidos de que si ellos o el rey interpretan que se está vulnerando la Constitución deben intervenir para hacerla respetar, en cumplimiento del artículo 8. Por eso en sus cartas y manifiestos los militares franquistas dan su apoyo al rey y a la Constitución, aunque ambos les importen muy poco. Sólo pretenden derrocar al Gobierno sin pasar por las urnas, porque ni son monárquicos, ni constitucionalistas, ni demócratas: son simplemente franquistas que buscan una nueva dictadura militar, como pregonan reiteradamente en sus chats. En sus apariciones públicas y en las cartas al rey acusan al Gobierno de no respetar la separación de poderes, pero en privado defienden que hay que implantar una dictadura.

La iniciativa de mandar las cartas a Felipe VI partió de la XIX promoción, que envió su carta el 10 de noviembre. Posteriormente el resto de promociones de la Academia General del Aire se enzarzaron en discusiones sobre la conveniencia o no de mandar la carta. Mientras esto sucedía, el 25 de noviembre apareció en los medios de comunicación la carta de la XXIII promoción del Ejército de Tierra que, teniendo un contenido similar a la del Aire no fue coordinada por los miembros de ese ejército. Tantos actos de insubordinación coincidentes en el tiempo requieren una capacidad organizativa que sólo la tiene la extrema derecha. Es imposible que unos ancianos retirados sean capaces de coordinar entre sí a las distintas promociones de los tres ejércitos para mandar cartas al rey con el mismo contenido. Eso requiere un nivel de organización que los militares retirados no han podido alcanzar por sí solos.

La agitación entre los militares no es casual, está provocada y organizada por la extrema derecha, forma parte de su estrategia de crispación política. Vox defiende públicamente el envío de cartas al rey por parte de los militares, algo insólito e inadmisible en cualquier democracia europea. Consideran normal que los militares sigan siendo una guardia pretoriana como lo fueron durante el franquismo. Incluso algunos dirigentes de Vox como Espinosa de los Monteros o Hermann Tertsch defienden el chat donde se pretende fusilar a 26 millones de compatriotas.

Esta situación es lo suficientemente grave como para que el rey se hubiese desligado de los militares ultras en la Pascua Militar, lo que entre otras cosas habría evitado la carta del conocido franquista Pérez Alamán y los próximos esperpentos que sin duda tendremos que seguir sufriendo.

La extrema derecha se prodiga desafiante con inquietante frecuencia e impunidad y no va a desperdiciar la implantación que tiene en las Fuerzas Armadas para intentar tomar el poder sin molestarse en pasar por las urnas.

Poco o nada se ha escrito sobre el reciente intento de derrocar al Gobierno aprovechando la crisis del coronavirus.

Algunos comentaristas, como el catedrático de Derecho Constitucional Pérez Royo, han calificado la intentona de “golpe de Estado duro”. El calificativo de “duro” se debe a que los conspiradores pretendían encarcelar al Gobierno y se supone que también a los disidentes más conspicuos. Realmente, el complot no se puede calificar en sentido estricto como golpe de Estado, puesto que en los proyectos de los complotados no entraba el sacar los tanques a la calle, no por falta de ganas, sino por la imposibilidad de llevarlo a cabo. Buscaban más bien un plante militar y del Instituto Armado de la Guardia Civil.

Los conspiradores se basaban en el artículo 8 de la Carta Magna, que atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de la Constitución, caso único en Europa, pues en los países civilizados la Constitución la defienden los tribunales constitucionales u organismos equivalentes. En un Estado de Derecho, con separación de poderes, las leyes las defienden los jueces, que son los que interpretan y deciden si se respetan o no las normas. Dejar la interpretación de la Carta Magna en manos de la cúpula militar supone el riesgo de que cualquier general piense que se está vulnerando la ley y decida por su cuenta acciones que no le corresponden. Atribuir a las Fuerzas Armadas la defensa de la Constitución fue una más de las imposiciones de los generales franquistas para garantizar que la Transición no se iba a descontrolar y que las autonomías catalana y vasca iban a ser similares a la murciana.

Los complotados para conseguir un enfrentamiento del Gobierno con las Fuerzas Armadas y Guardia Civil bombardearon con bulos a grupos de militares en las redes sociales privadas. Estas misivas iban cargadas de un odio inimaginable. No es de extrañar que un receptor de esos mensajes hiciese un simulacro de fusilamiento del Gobierno en una galería de tiro. Además de insultos también se distribuyeron instrucciones concretas, como por ejemplo la forma de dificultar la labor de la Policía Nacional durante las caceroladas. Entre los mensajes falsos difundidos profusamente a través de las redes destaca uno atribuido al jefe del Estado Mayor del Ejército manifestando: “Si su majestad no actúa en un breve espacio de tiempo será función de los generales actuar en defensa de la Constitución y España”.

Las soflamas a los militares se mezclaban con otras reales como la del general de Vox Fulgencio Coll llamando a la intervención militar, o la alocución de Santiago Abascal dirigida a los militares diciendo: “Buenas tardes, soy Santi Abascal y me dicen que es obligatorio saludar a este grupo, un abrazo muy fuerte para todos y viva España”. Mientras esto sucedía, los políticos de extrema derecha adoptaban la postura llamada de la crispación, con objeto de derrocar al Gobierno sin celebrar elecciones.

Lanzaron la Operación Albatros, que pretendía nombrar un Gobierno de técnicos presidido por Margarita Robles. Por eso nadie se sorprendió cuando el general Mestre, diputado de Vox, el 8 de junio, en la última comparecencia de la ministra de Defensa en el Congreso, se deshizo en elogios hacia la “candidata” y en críticas al resto del Ejecutivo. Llegados a este punto, conviene aclarar que el teniente general Mestre es del Ejército del Aire, como también lo es el general Julio Rodríguez, de Podemos. Al general Mestre le han arropado todos sus compañeros sin excepción; por contraste, la práctica totalidad de sus antiguos compañeros de armas reprocharon al general Rodríguez su ingreso en Podemos, muchísimos le han retirado el saludo y bastantes le han calificado de traidor y otros epítetos más graves.

Los argumentos de los complotados eran que Pedro Sánchez había provocado los muertos de la pandemia y que, además de criminal, era un dictador por recluir al país en sus casas. Enviaron a los militares estudios psiquiátricos para demostrar que el presidente del Gobierno era un demente. Pensaban que la pandemia iba a provocar el caos y que el país se iba a hacer ingobernable con millones de manifestantes indignados haciendo sonar las cacerolas. Pero la intentona se fue desinflando a medida que se doblegaba la curva de contagios, disminuía el número de muertos y, lógicamente, el rey no mostraba el más mínimo interés por estos proyectos propios de una república bananera y no de una monarquía parlamentaria europea.

Como ya viene siendo tradicional, los múltiples intentos de golpes de Estado que hemos sufrido han quedado impunes, salvo excepciones imposibles de ocultar. En palabras del ex ministro de Defensa Alberto Oliart, en los años ochenta había un intento de golpe de Estado todos los días. Incluso el proyecto de volar la tribuna de autoridades con el rey presidiendo el desfile de 1985 en A Coruña no tuvo consecuencias penales. Los políticos de la época se limitaban a resaltar “el comportamiento ejemplar de las Fuerzas Armadas”, mientras los aludidos no cesaban de intentar acabar con la democracia.

Al menos en esta ocasión el Gobierno ha reconocido la existencia del complot, aunque no parece que haya tomado medidas para evitar que se repita. Únicamente sabemos que la Guardia Civil ha investigado la distribución de los bulos porque un general de la propia Guardia Civil lo mencionó en la rueda de prensa celebrada el 19 de abril en el Palacio de la Moncloa. En cuanto a alguna deseable investigación en el seno del estamento militar, todo apunta a que no se ha hecho nada. Así se desprende de la respuesta que el Ministerio de Defensa ha dado al exdelegado en Aragón de la Asociación de Tropa y Marinería Española, ATME, cuando denunció la existencia de grupos activos de extrema derecha en las Fuerzas Armadas.

No hace falta ser un especialista en la materia para concluir que la extrema derecha tiene una gran implantación en las Fuerzas Armadas. En las últimas elecciones generales, en las mesas donde votaron militares, como es el caso de El Goloso o El Pardo, sedes de grandes unidades del Ejército de Tierra, la extrema derecha sacó un porcentaje de votos cuatro veces superior a la media obtenida en la provincia de Madrid. Otra cifra elocuente es que más de mil militares —la mayoría generales y coroneles— se opusieron públicamente al traslado de los restos de Franco y sólo poco más de medio centenar, incluidos soldados y guardias civiles, se opusieron al manifiesto que criticaba dicho traslado. El resultado también fue diferente: la ministra Robles abrió expediente a uno de los firmantes del contramanifiesto en activo, que concluyó con la expulsión; mientras que ninguno de los cinco expedientes abiertos a los militares franquistas en situación de reserva tuvo consecuencia alguna.

La extrema derecha se prodiga desafiante con inquietante frecuencia e impunidad y no va a desperdiciar la implantación que tiene en las Fuerzas Armadas para intentar tomar el poder sin pasar por las urnas. Si no se pone remedio, en la próxima crisis volverán a las andadas.

En las escalillas de jefes y oficiales de principios de los años setenta consta la fecha de nacimiento del interesado y el día de entrada en el Ejército. En estos documentos se puede ver que gran parte de estos oficiales entraron en el Ejército en el verano de 1936, en los primeros momentos de la sublevación militar, siendo menores de edad, es decir sin haber terminado el bachillerato. En su mayoría eran jóvenes falangistas que se alistaron, no para seguir la carrera militar sino por motivos políticos, para derribar el Gobierno legalmente constituido. 

Pasaron los años y a principios de los años setenta estos jóvenes extremistas de 1936 coparon los escalafones del Ejército de Franco. Eran generales, coroneles y tenientes coroneles. Su formación intelectual y profesional, salvo excepciones, era muy escasa. Los pilotos se habían formado en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler, durante la guerra, y sus conocimientos aeronáuticos se habían quedado anclados en esa época. No fueron capaces de asimilar las nuevas tecnologías adquiridas tras los acuerdos con los Estados Unidos en 1953. En los años setenta, la mayoría de estos pilotos sólo eran capaces de volar con un sol espléndido, sin viento y sin nubes. No sabían utilizar los instrumentos de navegación, eran incapaces de volar de noche, utilizaban los mapas de carreteras como único método para orientarse.

Para mantener la aptitud de vuelo y cobrar el correspondiente plus, tenían que hacer un viaje al trimestre. La mayoría de ellos elegían el trayecto Getafe-Albacete porque el terreno era llano, con una carretera sin curvas fácil de seguir. Los pilotos jóvenes llamaban jocosamente al trayecto Getafe-Albacete “la ruta del aceite”, porque los aviones que volaban, “los de la guerra”, estaban desvencijados y se suponía que iban goteando aceite que dejaba manchas a ambos lados de la carretera.

Pues bien, a principios de los años setenta el ministro del Aire, Julio Salvador y Díaz-Benjumea, montó una escuela en el Grupo del Estado Mayor de Getafe con capitanes como profesores para que pusieran al día en materia aeronáutica a “los de la guerra”. En el curso tenían que hacer vuelo nocturno con el T-6, un avión ya antiguo y difícil de volar. Al retrasar la potencia del motor para aterrizar se iluminaba sólo con las baterías y el aterrizaje se hacía prácticamente a oscuras. En la escuela también disponían de unas avionetas bimotores modernas para aprender a volar sólo con instrumentos, sin seguir las carreteras. 

Enseñar a volar a unos señores con más de cincuenta años no tenía sentido operativo alguno, esto lo decidió Salvador y Díaz-Benjumea por su mentalidad caciquil y porque en aquella época el ministro del Aire hacía y deshacía a su antojo, sin tener que dar explicaciones a nadie. Es famosa la anécdota de Díaz-Benjumea cuando saliendo de Palma de Mallorca se desvió varias millas de la ruta y el controlador le dijo que estaba fuera de la aerovía. La respuesta de Salvador fue: “Soy el ministro del Aire y pongo las aerovías donde me da la gana”. Cuando se casó su hija en Sevilla montó un puente aéreo con los aviones de transporte del Ejército del Aire para llevar a los invitados de Madrid a Sevilla y vuelta. Estos comportamientos eran normales en la época. 

Durante el franquismo los generales de la guerra eran los dueños y señores del cortijo y nadie se atrevía a llevarles la contraria. Cuentan que el entonces ministro del Aire Eduardo González-Gallarza, que, por cierto, aparece en la lista de presuntos autores de crímenes contra la humanidad en los famosos autos del juez Garzón, cuando fue a pasar reconocimiento médico para renovar su aptitud de vuelo, el oftalmólogo militar se atrevió a insinuarle que no estaba bien de la vista. La respuesta de Gonzalez-Gallarza fue: “Fíjese si veo bien que le estoy viendo a Vd. en Guinea”. 

González-Gallarza veraneaba en la isla de La Toja y se construyó un aeropuerto para su uso exclusivo en la playa de A Lanzada, junto a O Grove, en Pontevedra. Como entonces las carreteras eran pésimas, la pista de aterrizaje la usaba él en exclusiva para ir y venir de La Toja a Madrid los fines de semana y para hacer la mudanza al principio y al final del veraneo. El aeropuerto de González-Gallarza ahora sirve de aparcamiento para los bañistas de la playa de A Lanzada. Se puede ver en estas coordenadas de Google Earth: 42º 27´ 12,97 ´´ Norte, 8º 52´ 33,07 ´´ Oeste.

Con esta mentalidad caciquil no es de extrañar que a Salvador Díaz-Benjumea se le ocurriese la “brillante” idea de formar como pilotos a “los de la guerra”, sin que nadie se atreviese a aconsejarle lo contrario por miedo a ser destinado al Sáhara (Guinea ya era independiente).

En la escuela de Getafe organizada por Díaz-Benjumea, los alumnos, una vez superado el curso del T-6, tenían que viajar solos a Albacete usando los instrumentos de vuelo, sin seguir la carretera. Durante la preparación de uno de estos vuelos, un profesor le estaba explicando a un coronel de la guerra cómo ir a Albacete en línea recta, sin seguir la carretera, pero el alumno no le prestaba atención, miraba un mapa de carreteras que tenía una flecha muy ancha señalando a Ocaña, con una inscripción en su interior que decía “la del silo, NO”. El “NO” tenía unos tres centímetros de alto. El profesor dio por imposible al alumno, que se fue hacia el avión guardando el mapa de carreteras como oro en paño. 

El profesor, de regreso al escuadrón, le preguntó a otro colega por el posible significado de la flecha en Ocaña con alusiones a un silo. La explicación era muy sencilla: el día anterior, el coronel de la guerra había intentado realizar el rally Getafe-Albacete siguiendo la carretera, pero al llegar a Ocaña, en lugar de desviarse a la izquierda y coger la carretera de Murcia, se confundió y siguió hacia el sur por la carretera de Andalucía. Cuando ya había pasado Valdepeñas vio en la lejanía unos montes. Sus escasos conocimientos geográficos aprendidos durante su inacabado bachillerato le permitieron identificar la cordillera que tenía en el morro del avión como Sierra Morena y llegó a la conclusión de que se había perdido. Dio la vuelta y cogió la carretera en sentido contrario. Cuando aterrizó en Getafe tenía los depósitos de combustible vacíos. 

Para no repetir tan amarga experiencia el coronel de la guerra había puesto esa flecha enorme señalando al silo que había a la derecha de la carretera de Andalucía para recordar que en el cruce de Ocaña tenía que coger la carretera de la izquierda, la que NO tenía silo, la del silo iba a Despeñaperros. 

Los pilotos jóvenes se preguntaban: ¿Cómo es posible que personas tan ineptas hayan podido ganar la guerra? Y concluían: “La incompetencia de los republicanos debía de ser sublime”. Conclusión errónea porque en esa época era imposible saber lo que había ocurrido en la guerra, ni lo que estaba pasando en España. No había información, todo estaba censurado, solo la BBC, Radio París o la Pirenaica informaban de la situación política sin pasar censura, aunque con enormes interferencias radiofónicas provocadas por el Régimen para dificultar su audición.

Para enterarse de lo que había ocurrido en la guerra había que acudir a libros prohibidos entre los que destacaban los de Ruedo Ibérico, donde historiadores anglosajones como el británico Hugh Thomas, luego partidario de Margaret Thatcher, o el estadounidense Stanley G. Payne contaban los hechos sin someterse a la propaganda oficial del Régimen. Payne ha acabado en posiciones ultraconservadoras y apadrinando la obra revisionista de la historiografía derechista española.

Leyendo libros prohibidos, con el consiguiente riesgo, se entendía todo perfectamente: esos pilotos habían sido meros comparsas de los alemanes e italianos, la guerra no la ganaron “los de la guerra”, valga la redundancia, sino la logística alemana y la “neutralidad” de las democracias europeas.

Los norteamericanos hicieron una limpieza cosmética. Por orden expresa del entonces secretario de Estado, Dean Rusk, se llevaron a EEUU tan solo 1.000 metros cúbicos de material radiactivo que contenían unos 270 gramos de plutonio. El resto de material radiactivo lo dejaron abandonado al aire libre, salvo una superficie de 103,6 hectáreas que se molestaron en tapar con tierra. También escavaron dos fosas clandestinas, una de 1.000 metros cúbicos y otra de 3.000 metros cúbicos donde enterraron materiales contaminados.

El Gobierno de Franco y el de EEUU acordaron engañar a la opinión pública diciendo que los terrenos estaban limpios y firmaron un acuerdo llamado Proyecto Indalo por el cual se comprometían a investigar las consecuencias de la radiactividad en los seres humanos, en la flora, en el ganado, en los alimentos, en la fauna silvestre y doméstica y en el medio ambiente en general, pero sin tomar ninguna medida paliativa. Es decir utilizaron a Palomares como un laboratorio en vivo sin el consentimiento de sus habitantes.

Los agricultores, desconociendo que sus tierras estaban contaminadas de plutonio las cultivaron durante décadas, mientras los científicos españoles y estadounidenses aprovechaban para analizar las consecuencias de estos trabajos agrícolas en la salud humana sin advertir a sus protagonistas de que estaban siendo utilizados de cobayas. Estas investigaciones ilícitas se llevaron a cabo durante la dictadura y la democracia, con gobiernos de derechas y de izquierdas.

Como muestra de las investigaciones llevadas a cabo por el CIEMAT, sucesor de la Junta de Energía Nuclear y responsable de lo que está sucediendo en Palomares, voy a citar algunas frases de la investigación llevada a cabo en noviembre de 1999 por tres científicos del CIEMAT, J. Martínez, A. Espinosa y A. Aragón: “…en 1988 se construyó una balsa de riego con amplia movilización de tierras, situada a unos 500 m de la estación de muestreo de aire. En la Tabla 5 se muestran las concentraciones en masa de partículas y de actividad de Pu, así como la actividad específica de polvo en suspensión en Palomares y el factor TF calculado en este periodo… en Palomares las concentraciones másicas en aire aumentan en el periodo de construcción de la balsa… las concentraciones másicas de partículas en las zonas afectadas por el accidente de Chernóbil son inferiores a las medidas en Palomares”.

Por supuesto a los trabajadores que construyeron esa balsa y otra contigua, durante meses, nadie les advirtió de que estaban trabajando en una nube de polvo radiactivo que el viento se encargaba de esparcir por la zona. Incluso las tierras radiactivas eran transportadas en camiones sin cubrir que iban esparciendo polvo radiactivo a lo largo de su recorrido, según explicaba el responsable del CIEMAT, E. Iranzo, en sus informes periódicos enviados al Dr. Chester Richmond, director del Laboratory for Biomedical and Environmental Sciences.

La situación actual no ha variado gran cosa, la única medida paliativa que se ha adoptado ha consistido en expropiar y vallar parte de la zona radiactiva. Esta medida se comenzó a adoptar con la publicación del artículo 130 de la Ley 62/2003, cuyo contenido se aprobó ocultando deliberadamente a la opinión pública que los terrenos a vallar estaban en Palomares. Cualquier lector curioso puede apreciar fácilmente el engaño leyendo el citado artículo 130 de la Ley 62/2003 (puedes hacerlo aquí).

La necesidad de limpiar Palomares no surgió por problemas morales, sanitarios o de cualquier otra índole similar, no. El Gobierno de turno decidió iniciar los trámites para limpiar Palomares por la presión de la burbuja inmobiliaria y consiguiente necesidad de limpiar los terrenos radiactivos porque nadie compra un adosado con plutonio en la planta baja. El plan de limpieza de Palomares, que por cierto ha sido declarado confidencial, está paralizado a la espera de que los EEUU decidan llevarse el plutonio, cosa que obviamente no están dispuestos a hacer.

Por tanto, según el CIEMAT y el Consejo de Seguridad Nuclear, la limpieza de Palomares depende exclusivamente de que los EEUU decidan llevarse el plutonio propiedad de la USAF, algo que evidentemente no va a ocurrir a medio plazo.

El problema para los habitantes de Palomares, turistas y consumidores europeos y nacionales de productos hortícolas en general, es que el plutonio 241 emite radiaciones alfa de escasa penetrabilidad pero con el paso del tiempo ese plutonio 241 se está transformando en americio 241 que emite radiaciones gamma de mucho mayor alcance.

Según el científico del CIEMAT Carlos Sancho, la transformación de plutonio 241 en americio 241 alcanzará sus máximas cotas dentro de diez años. A partir de entonces, si no se ha procedido a limpiar la zona, los habitantes de Palomares deberían evacuar el pueblo, algo que se debió de hacer en 1966 pero que no se hizo para evitar la alarma y para que los norteamericanos pudiesen disponer de un laboratorio en vivo.

La culpa de que los EEUU no se lleven el plutonio y el americio es de los sucesivos gobiernos españoles, que les importa tanto Palomares como el asesinato del periodista Couso en Bagdad. A principios de este siglo se celebraron varias reuniones en los EEUU para limpiar Palomares. La delegación española iba encabezaba por un agregado militar del Ejército de Tierra que no sabía absolutamente nada de Palomares, mientras los norteamericanos enviaban a altos responsables del Departamento de Defensa. Lógicamente los norteamericanos al ver tan escaso interés por parte española se desentendieron del tema.

Por esas fechas se estaba negociando el despliegue del escudo antimisiles en Rota. Las conversaciones las llevaba el general Cachinero por parte española. Un representante de Ecologistas en Acción y Teresa Mendizábal, científica del CIEMAT, se entrevistaron con el entonces JEMAD, el general Julio Rodríguez, al que pidieron que el general Cachinero incluyese el plutonio de Palomares en las negociaciones del escudo antimisiles. La respuesta vino del propio presidente Zapatero: “Las contrapartidas del escudo antimisiles serán exclusivamente los puestos de trabajo que se van a crear en Rota”. Zapatero entonces estaba purgando la ofensa de no haberse levantado al paso de la bandera americana.

Posteriormente, cuando los norteamericanos pidieron instalar una fuerza de reacción rápida de 3.000 soldados en la Base de Morón, el alcalde de Cuevas del Almanzora, Jesús Caicedo, le pidió al ministro de Defensa que negociara también el plutonio de Palomares. La respuesta de Morenés fue: “Bastantes problemas tiene España como para enturbiar las relaciones con EEUU por una menudencia”. Los 3.000 soldados de Morón se instalaron a cambio sólo de la construcción de unas viviendas.

La sumisión de los sucesivos gobiernos españoles a los intereses de los EEUU no es nueva. En el año 2002 el Gobierno autorizó que, el servicio de información de la Navy, NCIS, y el de la USAF, AFOSI, operasen como policía judicial en España de tal forma que si un militar norteamericano comete un delito, no será la policía española quien lo investigue sino la NCIS o la AFOSI, pudiendo incluso ser la jurisdicción norteamericana quien juzgue el caso. Recomendamos a los roteños que tengan mucho cuidado de no tener ningún roce con un militar norteamericano porque pueden verse absolutamente indefensos en su propio país.

El 6 de abril de 2017 destructores con base en Rota lanzaron 59 misiles Tomahawk sobre Siria. La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, dijo al día siguiente que se había enterado por la prensa. Los EEUU nos metieron en la guerra de Siria sin consultar y el Gobierno español lo aceptó resignadamente.

En junio de este año el Gobierno de EEUU impuso aranceles a productos agrícolas españoles como castigo por la retirada de la fragata Méndez Nuñez de la flotilla de acompañamiento del portaaviones Abraham Lincoln cuando se adentró en el Golfo Pérsico. La tibia respuesta del Gobierno español fue llamar al embajador americano, noticia que duró unas horas, sin embargo los aranceles unilaterales siguieron vigentes. En el tema de los aranceles, al igual que con otros muchos, han tenido que ser los ciudadanos de a pie los que se defiendan de los abusos norteamericanos. En este caso la asociación Asemesa ha conseguido anular los aranceles arbitrarios en el Tribunal Federal de Comercio Internacional de EEUU mientras el Gobierno español mira sumiso para otro lado.

Recientemente el Gobierno español ha permitido, sin autorización del Congreso, el despliegue de seis helicópteros Sikorsky SH-60 Seahawk en Rota. La disculpa para saltarse el trámite parlamentario ha sido que no se trata de ampliar los efectivos militares sino de cambiar cuatro destructores antiguos por otros más modernos que transportan helicópteros.

Hace unas semanas el Ministerio de Defensa lanzó un globo sonda diciendo que en vez de cuatro destructores podrían traer hasta seis, con ocho helicópteros. Si se amplía el número de destructores de la Navy sería buen momento para proponer de nuevo, como medida compensatoria, que se lleven el americio de la USAF a los EEUU. Esta iniciativa la tendremos que proponer los ciudadanos, salvo que el nuevo Gobierno cambie su política servil por otra algo más propia de un aliado.

El golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 sumió a todos los militares demócratas españoles, incluidos los amigos de Julio Busquets, en un profundo pesimismo que duró hasta el 25 de abril de 1974, cuando vieron en la televisión a los soldados portugueses con un clavel en la punta de sus fusiles poniendo fin a la dictadura de Marcelo Caetano, sucesor de Salazar. La profunda tristeza provocada por el golpe de Estado de Pinochet se tornó en una enorme alegría al ver a los compañeros de armas portugueses devolviendo la libertad a su pueblo. Fue a partir del 25 de abril de 1974 cuando Busquets comenzó a estudiar la posibilidad de organizar en España un movimiento militar parecido al portugués capaz de devolver a España las libertades arrebatadas tras el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Como consecuencia del 25 de abril portugués, Julio Busquets y un grupo de oficiales del Ejército de Tierra crearon el 1 de septiembre de 1974 la Unión Militar Democrática (UMD). De no haberse producido el golpe de Estado en Portugal, la UMD no habría existido; sin embargo, últimamente han surgido algunas voces que ocultan la influencia portuguesa en los orígenes de la UMD por miedo a que se relacione a la UMD con un golpe de Estado.

A estos tergiversadores de la historia, convendría aclararles que el haberse creado la UMD por influencia portuguesa no lleva aparejado que el objetivo de la UMD fuese dar un golpe de Estado contra Franco, aunque evidentemente la UMD debería tener un protagonismo en el momento en que se produjera la ruptura con el franquismo, que es lo que entonces defendían todos los partidos de la oposición democrática. No olvidemos que la idea de la Reforma, es decir de la Transición, surgió tras la muerte del dictador.

En 1974 nadie sabía cómo se iba a conseguir pasar de la dictadura a la democracia, lo que todo el mundo tenía muy claro es que el Ejército era el principal obstáculo y ahí es donde estaba la misión de la UMD, impedir la utilización del Ejército como organismo represor al servicio de la Dictadura. Es decir, la misión de la UMD era “mojar la pólvora del Ejército franquista”  frase que pronuncié durante mi exilio en 1975, aunque luego se la hayan atribuido a otros autores.

Aclarada someramente la finalidad democrática de la UMD, conviene ahora explicar por qué algunos reniegan de la influencia portuguesa sobre la UMD. El motivo es porque los golpes de Estado están mal vistos por la opinión pública española dada la escasa formación política que se da en las escuelas. En los países avanzados tienen muy claro que no es lo mismo dar un golpe de Estado contra un Gobierno legalmente constituido como el de Salvador Allende, que derrocar una Dictadura como la portuguesa que se mantenía en el poder, no por la fuerza de las urnas sino por la de las armas.

El Derecho Internacional reconoce la legitimidad de dar un golpe de Estado contra una Dictadura. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el derecho a rebelarse es reconocido implícitamente en el preámbulo cuando dice: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. El derecho a rebelarse contra una dictadura lo reconoce la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa.

Pero no hace falta alejarse tanto en el tiempo. El 20 de mayo de 2007, lo primero que hizo Nicolas Sarkozy nada más ser nombrado presidente de la República Francesa fue homenajear al joven comunista Guy Moquet, sublevado contra la Dictadura del General Petain y sus aliados nazis ¿Se imagina alguien a Rajoy dando un homenaje a Julián Grimau?

Más recientemente, el 20 de julio de este año, el Gobierno alemán rindió homenaje a los militares que dieron un golpe de Estado contra Hitler en la llamada Operación Valquiria. Durante el evento, Ángela Merkel, delante de las unidades militares allí formadas, dijo: “Hay momentos en los que la desobediencia puede ser un deber”.

De acuerdo con el Derecho Internacional, vale todo contra una dictadura, incluso el uso de la violencia, otra cosa es que la mayoría de los partidos y organizaciones de oposición al franquismo, incluida la UMD, rechazaran esa opción por motivos morales o por simple conveniencia política.

En este país estamos muy desplazados a la derecha. Aquí no existe una derecha civilizada antifascista. Antes sólo estaban civilizadas la derecha catalana y la vasca, ahora ya sólo nos queda la vasca. Los intentos de crear una derecha civilizada por parte de Ruiz Jiménez, luego por Roca Junyent en la conocida como Operación Roca, más tarde por Rosa Díez y recientemente por parte de Ciudadanos, han fracasado. Esta ausencia de una derecha antifascista como lo son las derechas europeas nos viene del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, cuando toda la derecha, exceptuadas la catalana y la vasca, con algunas reticencias iniciales, tomó partido mayoritario por los golpistas. Desde entonces todas las derechas que han surgido en España han sido montaraces, no hay nada más que ver a la actual derecha catalana defendiendo un ultranacionalismo propio de los años treinta.

En España seguimos bajo los efectos sociológicos del golpe de Estado de  julio de 1936, por eso nunca hemos pasado al nivel cinco de alerta antiterrorista, porque eso implicaría que el Ejército patrullase las calles, lo que despertaría muchos fantasmas del pasado. En Europa los ciudadanos ven con normalidad que los militares vigilen sus calles, pero aquí no, aquí traería viejos recuerdos sobre el papel desempeñado por el Ejército durante la Dictadura franquista de la que aún no han renegado ni la Iglesia ni el Ejército.

Los militares demócratas que ahora se apartan del 25 de abril portugués se han dejado influenciar por la mentalidad carpetovetónica, porque en España todos los golpes de Estado son considerados malos, pero en Europa, en los países civilizados, opinan que hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos. Lógicamente el 25 de abril portugués se encuentra entre los golpes de Estado de los que todos los militares demócratas se sienten muy orgullosos, no solo por el objetivo conseguido de restablecer los derechos humanos sino por su impecable y pacífica ejecutoria. Tras el golpe de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, los militares demócratas del orbe se sintieron avergonzados de su profesión. El 25 de abril portugués les devolvió la dignidad.

La guerra llegó hasta la frontera con Mauritania, en el sur del Sáhara, situada a más de 2.000 kilómetros de distancia de Ifni. Durante los meses que duró el conflicto, los marroquíes se movieron con total libertad por todo el desierto. La derrota del ejército de Franco fue abrumadora. Para justificar el desastre, el Régimen acudió a los tópicos de siempre acusando al comunismo internacional de ser el instigador del ataque a las “provincias africanas”. En esta ocasión la propaganda del Régimen, no culpabilizó del descalabro a la conspiración judeo-masónica, se limitó al comunismo internacional.

El Gobierno español, para salir del atolladero, pidió ayuda al Gobierno de los EEUU pero no sólo se la denegaron sino que prohibieron la utilización de las armas norteamericanas que habían sido adquiridas por el ejército franquista en base a los acuerdos de 1953. Entre ese material bélico estaban los reactores F86.

El Ejército de Franco estaba concebido para luchar contra lo que ellos llamaban “el enemigo interno”, es decir, los demócratas españoles, y para esa misión no se requerían grandes tecnicismos, bastaba con un ejército muy numeroso pero mal dotado, por eso perdió la guerra contra el Ejército de Liberación Nacional marroquí.

En la guerra de Ifni se utilizaron aviones Junker 52 y Heinkel 111, aviones alemanes de la segunda guerra mundial que a esas alturas ya estaban en los museos europeos, pero que aquí trabajaban a pleno rendimiento. La falta de medios era tal que se llegó a utilizar como bombardero al Junker que era un avión de transporte. Para ello emplearon la depurada técnica de lanzar por la puerta del avión barriles de gasolina a los que previamente se les había atado con cuerdas algunas granadas de mano para que ardiese el bidón al impactar contra el suelo.

Ante la negativa del Gobierno de EEUU a prestarle ayuda, Franco acudió al Gobierno francés.

A finales de 1957 y principios de 1958, la IV República francesa estaba en plena crisis, a punto de desmoronarse. Se acababa de descubrir que Francia, la defensora de los derechos humanos, estaba torturando a los prisioneros del FLN argelinos. Los militares destinados en Argelia no estaban dispuestos a dialogar con los independentistas argelinos y sometían a constante presión al Gobierno de Félix Gaillard que acabó dimitiendo el 15 de abril de 1958, a causa del escándalo nacional e internacional provocado por el bombardeo, el 8 de febrero de 1958, a Sakiet Sidi Youssef, en Tunez, por parte del Ejército francés.

En esta situación de crisis en Francia, apareció Franco pidiéndoles ayuda militar para recuperar las provincias perdidas en manos de Marruecos. Lo normal es que los franceses se la hubiesen denegado, dado el rechazo que provocaba el dictador entre las democracias europeas y el aislamiento internacional del que a duras penas estaba saliendo el Régimen. Lo sorprendente es que el Gobierno francés aceptó la petición de ayuda y firmó con el Gobierno español un acuerdo secreto llamado Opération Écouvillon.

A ambas partes les interesaba que el acuerdo y la subsiguiente guerra fuesen secretas. Franco no quería que la opinión pública se enterase de que no era capaz de controlar su propio territorio y había tenido que pedir ayuda a un país extranjero. A los franceses no les interesaba que las democracias occidentales supiesen que estaban prestando ayuda militar a un dictador. Hay que tener en cuenta que el 8 de febrero de 1958,  justo dos días antes de iniciarse la Óperation Écouvillon, el Gobierno francés había entrado en una crisis profunda por el bombardeo de Sakiet Sidi Youssef. Era el momento más inoportuno para entrar en guerra en auxilio de Franco. De haber trascendido el acuerdo franco-español, el Gobierno de Félix Gaillard no hubiese aguantado hasta el 15 de abril, habría dimitido el mismo 10 de febrero, fecha en que comenzó la ofensiva militar en el Sáhara.

Cumpliendo los acuerdos de la Opération Écouvillon, Francia formó un ejército compuesto por unos 8.000 soldados, 600 vehículos, muchos de ellos blindados, y 70 aviones modernos, no de museo. En la operación  participaron también como “voluntarios” unos 8.000 soldados de reemplazo españoles. Este ejército franco-español como digo, comenzó la ofensiva el 10 de febrero de 1958 y en poco tiempo liberó el territorio. El 1 de abril de 1958 el Gobierno de Franco y el de Marruecos firmaron el acuerdo de Angra de Cintra por el cual España recuperaba el control teórico de todo el territorio, pero cedía a Marruecos Cabo Juby, situado frente a Lanzarote.

Es difícil de saber qué ofreció Franco a los franceses y el motivo por el cual estos le prestaron ayuda. Es posible que fuesen los militares argelinos los que impusieran esa decisión al Gobierno francés al considerar la ofensiva del Sáhara como una prolongación de la Guerra de Argelia. Lo que todavía no se sabe es qué entregó Franco a los franceses para que se metieran en esa guerra, pero tuvo que ser mucho porque puso en peligro la estabilidad de la IV República francesa.

Como tantos otros asuntos, la guerra de Ifni sigue siendo un secreto. Entre los perjudicados no sólo está la opinión pública sino el olvido en que han quedado aquellos soldados españoles, ya octogenarios, que se vieron envueltos en la contienda.

Salazar está enterrado en Vimieiro, un pueblecito de 850 habitantes pedanía de Santa Comba Daô, situado no muy lejos de Aveiro. El cementerio normalmente está cerrado, para entrar hay que pedir la llave en el ayuntamiento, pero no merece la pena tomarse las molestias de visitarlo porque la tumba de Oliveira Salazar es muy vulgar, no destaca sobre las demás.

La mayoría de los habitantes menores de sesenta años de Santa Comba Daô desconocen que Oliveira Salazar está enterrado en su pueblo. Si alguien quiere ir a visitar la tumba es mejor que no confíe en las indicaciones de los lugareños porque sólo una minoría sabe que allí está el antiguo creador del Estado Novo. En vez de visitar personalmente la tumba de Salazar, es más cómodo verla desde casa, en Google Earth, en estas coordenadas: 40º 23´ 06,21´´ N 8º 06´43,61´´ W.

En España, durante la Dictadura, algunos optimistas pensaban que de los hermanos Franco el que pasaría a la historia sería Ramón, héroe del Plus Ultra, y que Francisco, dado su escaso nivel intelectual y humano seria olvidado por las futuras generaciones que en todo caso lo recordarían como un vulgar dictador, acomplejado, sanguinario, y mediocre que fue convertido en líder carismático por la propaganda política. Primero lo encumbraron por la necesidad de crear héroes en la impopular guerra de Marruecos y luego fue elevado a “invicto Caudillo” tras el inicio de la “Cruzada de Liberación”. Desgraciadamente a Franco no le ha pasado lo que a Oliveira Salazar, todos los habitantes de El Escorial saben dónde está enterrado.

En tiempos de Franco los opositores a la Dictadura no creían en la posibilidad de llegar a la democracia mediante un acuerdo entre los franquistas y los demócratas. Pensaban que la democracia sólo podía venir mediante una ruptura con el franquismo, como había sucedido en toda Europa. Los diferentes modos de llegar a la democracia han provocado que ahora Oliveira Salazar esté enterrado en un ignoto cementerio municipal, y Franco en un mausoleo estatal.

El otro dictador más cercano físicamente a España fue el mariscal Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial en la batalla de Verdún, pero que luego colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en Vichy, motivo por el cual fue condenado por alta traición y expulsado del Ejército francés, como hubiese sucedido con Franco si los aliados hubiesen desembarcado en Huelva en vez de hacerlo en Sicilia.

Pétain cuando falleció estaba cumpliendo condena en la Isla de Yeu y allí fue enterrado. La tumba de Pétain tiene un poco más de realce que la de Salazar pues está rodeada por unos arbolillos. La tumba se puede ver en Google Earth, en estas coordenadas: 46º 43´ 09,91´´ N 2º 21´ 04,48´´ W.

Mientras los dictadores europeos yacen en tumbas privadas, más de mil generales jefes y oficiales de los tres ejércitos españoles han firmado un manifiesto defendiendo que Franco siga enterrado en el Valle de los Caídos. El manifiesto enaltece al dictador por su “impecable hoja de servicios”, no por su trayectoria política que ya no la defienden ni sus más fieles seguidores. En cuanto a lo de “impecable hoja de servicios” es obvio que los firmantes del manifiesto no han leído el libro La incompetencia militar de Franco, de Carlos Blanco Escolá.

El presidente francés Macron, con motivo de la reciente conmemoración del centenario de la firma del Armisticio el 11 de noviembre de 1918 que puso fin a la Primera Guerra Mundial, insinuó la posibilidad de incluir al mariscal Pétain entre los artífices de la victoria francesa. La respuesta de todos los demócratas de derechas y de izquierdas fue unánime, el mariscal Pétain es un traidor a Francia por colaborar con los nazis. A nadie se le ha ocurrido decir que Pétain tuvo una magnífica hoja de servicios y que hay que separar su trayectoria militar de su actividad política. Un traidor es un traidor, con independencia de su hoja de servicios, dijeron.

A ningún militar francés se le ha ocurrido firmar un manifiesto diciendo que el mariscal Pétain debería estar incluido en los homenajes por el centenario del Armisticio, porque le habrían tachado de colaboracionista. Los militares de las democracias europeas no condenan en público una orden dictada por el Gobierno, eso sólo pasa en España como consecuencia de la Transición que aún tiene pendientes muchos flecos franquistas que resolver como por ejemplo que el Ejército de la República no esté integrado en la historia militar de España como una parte más del Ejército; que en las academias militares se explique la historia como sucedió, y no el relato de los vencedores; que se inculque el respeto por los valores constitucionales; y que se legisle sobre la vulneración de los derechos de expresión y sindicación de los militares.

La primera medida que se debería adoptar es devolver sus medallas a los militares que permanecieron fieles a la República, entre ellas la Cruz de San Hermenegildo. No se pide que se condecore a los que permanecieron fieles al Gobierno de la República, muchos de ellos de derechas, estamos en el escalón anterior, que se les devuelvan los honores que ya tenían antes del 18 de julio de1 936 porque contrariamente a lo que aún figura en sus expedientes, no fueron ellos los que se sublevaron.

La estatua de Franco estuvo presidiendo la Academia General Militar de Zaragoza hasta agosto de 2007, no es de extrañar que los militares que allí estudiaron hayan seguido el ejemplo de su caudillo y firmen ahora un manifiesto oponiéndose a una orden del Gobierno legalmente constituido, algo impensable en cualquier país desarrollado. Los cadetes que han pasado por Zaragoza hasta el 2007 han visto en Franco un ejemplo a seguir. Todos los actuales generales, coroneles, tenientes coroneles y comandantes han sido formados en Zaragoza enalteciendo el golpe de Estado de Franco, lo normal es que ahora los más altos responsables del Ejército se hayan adherido al manifiesto y se opongan pública y colectivamente a una decisión del Gobierno, como lo hizo Franco en su día. Para los firmantes del manifiesto la patria está por encima de la Constitución, así se lo enseñaron de cadetes.

Tampoco es de extrañar que la Iglesia católica acepte enterrar a Franco en La Almudena. Pio XII concedió a Franco la máxima condecoración eclesiástica, la Orden Suprema de Cristo y no tienen intención de retirársela. La iglesia Católica, junto al Ejército, fue la columna vertebral del Régimen y todavía no han mostrado el menor síntoma de arrepentimiento, sino todo lo contrario.

La simbiosis entre la Iglesia católica y el Régimen fue absoluta. Franco nombraba personalmente a los obispos y lógicamente eran de su absoluta confianza, al igual que sucedió con los generales. Durante la Dictadura no ascendió a general ni un solo coronel demócrata. Los dos o tres generales que mostraron algún grado de talante democrático fue porque evolucionaron hacia esas posturas siendo ya generales, de haberlo hecho siendo coroneles nunca habrían ascendido.

Franco firmó en 1953 el Concordato con la Santa Sede, lo que supuso el comienzo del fin del aislamiento internacional de Franco. Poco después, la firma del acuerdo con los EEUU consolidó definitivamente la Dictadura, la sacó de su aislamiento internacional y permitió su reingreso en la ONU de la que había sido expulsada por su “carácter fascista”.

Durante la Dictadura era normal ver a los obispos sentados en los escaños de las Cortes, junto a generales y falangistas de uniforme. El primado formaba parte del Consejo de Estado y era uno de los tres miembros del Consejo del Reino. El obispo más antiguo era miembro del Consejo de Regencia, que en caso de quedar vacante la Jefatura del Estado ejercería sus funciones junto a un Capitán General y el presidente de las Cortes.

El Catecismo de Ripalda, prologado por Vicente Casanova y Marzol, obispo de Almería, contenía un apéndice que basándose en la encíclica Quanta cura y el Syllabus exponía los principales errores condenados por la Iglesia, entre ellos el liberalismo. Esta es una de las preguntas del apéndice sobre las relaciones Iglesia-Estado: ¿Qué enseña, pues, en este punto la doctrina católica? Que el Estado debe sujetarse a la Iglesia, como el cuerpo al alma y lo temporal a lo eterno.

El apoyo de la Iglesia católica y el Ejército a Franco tuvo alguna excepción. En las postrimerías del franquismo un grupo de unos 800 curas obreros y algo más de cien militares de la UMD se opusieron al Régimen. La respuesta de los franquistas fue contundente, abrieron una cárcel para curas en Zamora y encarcelaron a algunos miembros de la UMD. Fuera de esos episodios, la Dictadura gozó durante cuarenta años de lo que entonces de denominaba “inquebrantable adhesión al Régimen” por parte de curas y militares.

El Concordato fue revisado mediante los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1976 y 1979, que eliminaron los aspectos políticos más escandalosos pero permitieron a la Iglesia Católica mantener en la práctica los mismos privilegios que tenía durante el franquismo sobre todo los de índole económica. Con el subterfugio de declarar en la Constitución que España es un Estado aconfesional, no laico, seguimos siendo un Estado católico apostólico y romano con las consiguientes arriadas de bandera los Viernes Santo, por poner un ejemplo.

En los pocos Estados confesionales que hay en Europa, como Inglaterra y Dinamarca, donde sus reinas son a la vez la máxima autoridad eclesiástica, la separación entre la Iglesia y el Estado no tiene ni punto de comparación con lo que aquí sucede. En esos países formalmente confesionales, la Iglesia no interfiere en los asuntos del Estado, mientras que aquí siendo un país teóricamente aconfesional, la Iglesia Católica está metida en todos los entresijos de la sociedad.

El Caudillo de España por la Gracia de Dios se mantuvo en el poder durante ocho lustros gracias al Ejército y a la Iglesia católica. Por eso es lógico que la Iglesia Católica vea inevitable el entierro de Franco en La Almudena por ser un “cristiano bautizado”. Sin embargo no permite el entierro en lugares sagrados a los suicidas, aunque estén bautizados. Para la Iglesia Católica es más grave quitarse la vida propia que quitársela a los demás.

Las obras de La Almudena estuvieron paradas durante veinte años, hasta que las reanudaron Felipe González y su colaborador el general Lacalle Leloup, coup Leloup, se decía entonces. El general Lacalle Leloup fue fundador de Fuerza Nueva, miembro del Opus Dei, expedicionario de la División Azul y presidente del Banco de Crédito a la Construcción, por tanto reunía las condiciones perfectas para impulsar la reanudación de las obras de La Almudena, sable en mano.

Felipe González y su ministro de Defensa, Narcis Serra, se dedicaron a hacer la vida imposible a los militares demócratas, mientras promocionaban a los franquistas, por eso nombraron al general Lacalle Leloup presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, la temida JUJEM, a pesar de haber otros candidatos más moderados. El general Lacalle Leloup, recordando su antiguo puesto de presidente del Banco de Crédito a la Construcción, junto con la jerarquía eclesiástica, le insinuaron a Felipe González “la necesidad” de terminar las obras de la Almudena.

Con una crisis económica brutal y una inflación del 12%, no era el momento más oportuno para afrontar una obra faraónica de esa envergadura, no obstante Felipe González, sometido a un permanente ruido de sables y sotanas, “comprendió” que a pesar de ser España un Estado aconfesional no tenía más remedio que cumplir los deseos del presidente de la JUJEM y de la jerarquía eclesiástica y se puso manos a la Obra.

Felipe González convocó en la Moncloa a los principales empresarios y banqueros del país y “les convenció” de la necesidad de aportar una cuota mensual para construir La Almudena. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, regida entonces por Joaquín Leguina, no tuvieron más remedio que aportar dinero público para terminar la catedral. Así se construyó La Almudena.

Estos hechos sucedieron y continúan sucediendo en otro nivel, por la forma en que se hizo la Transición. Si en España se hubiese alcanzado la democracia por el mismo método que se alcanzó en Italia, Francia, Grecia, o Portugal ahora no estaríamos discutiendo dónde enterrar al dictador, el lugar de enterramiento sería consecuencia directa del desarrollo legislativo y social imperante. Sin embargo ahora con el lastre aún de las concesiones de la Transición vigentes, el enterramiento de Franco se ha convertido en un fin en sí mismo y no en la consecuencia del desarrollo político de la sociedad. Los españoles todavía no han alcanzado la madurez democrática necesaria para entender que Franco no puede estar en un mausoleo. Al contrario de lo que sucede en Europa, en los colegios españoles no se estudia lo que fue la Dictadura y en las academias militares menos. Antes de mover a Franco hay que empezar por educar a la ciudadanía para que entienda la necesidad de acabar con los símbolos de la Dictadura.

Con la jerarquía eclesiástica y los militares franquistas aun rampantes y con gran parte de la sociedad sin asimilar lo que es una democracia moderna y europea, el lugar donde debe de estar Franco es en La Almudena. Estando ahí, quedaría en evidencia que esta democracia es manifiestamente mejorable.

La presencia de Franco junto al Palacio Real obligaría al rey a celebrar actos oficiales a pocos metros de la tumba y a pasar revista a las tropas en la Plaza de la Armería junto a la momia. Los embajadores cuando fuesen en sus carrozas a entregar las cartas credenciales al Palacio Real sentirían escalofríos al pasar por la puerta de La Almudena. Franco en La Almudena sería un descrédito insoportable para la Iglesia católica que tendría que acabar quitándose el muerto de encima sin contraprestación alguna. Negociar ahora con la Iglesia católica el enterramiento de Franco supone seguir cediendo en materia económica y educativa a cambio de algo que se pude conseguir gratis. El sitio de Franco es La Almudena, en consonancia con el desarrollo político de la sociedad.

Hace más de una década que la propaganda oficial de los países aliados de Arabia Saudita trata de vender a la monarquía saudí como gran impulsora de la modernización del país y ponen de ejemplo los dos grandes logros que dichos sátrapas han conseguido en estos últimos años: que las mujeres saudíes puedan conducir y que puedan abrir salas de cine, el resto sigue igual.

Si algún occidental tiene la desgracia de que su empresa le mande a trabajar al desierto saudita, es indispensable que no se deje influenciar por la propaganda y conozca la realidad social del país porque comportamientos que en Occidente son normales, allí pueden suponer la decapitación en la plaza pública cualquier viernes por la tarde. Los saudíes no se divierten cortando rabos y orejas a los toros, no, allí disfrutan viendo como cortan manos y cabezas a los seres humanos.

El visado para entrar en Arabia Saudita es muy complicado de obtener, hay que ser peregrino a la Meca, tener un contrato de trabajo u otra circunstancia especial. A los simples turistas no se les permite la entrada.

La primera medida que tiene que adoptar un extranjero cuando entra en Arabia es calcular con exactitud la fecha prevista de salida porque si le vence el visado, no podrá abandonar el país hasta que lo renueve. En los países normales, cuando un extranjero no tiene visado, se le expulsa si está conforme, en Arabia ocurre justo al revés. Si a un extranjero le vence el visado, es retenido forzosamente en el país hasta que no obtenga uno nuevo y esa tarea puede demorarse varios meses, sobre todo si la fecha de vencimiento está próxima al Ramadán o al Hach (peregrinación a la Meca), fechas en las que se paraliza la actividad administrativa. Tengo que pedir perdón a las autoridades saudíes por utilizar la palabra sagrada Hach cuyo uso está prohibido a los no creyentes. Si un infiel pronuncia esa palabra incurre en el equivalente a lo que aquí se conoce como delito contra los sentimientos religiosos. Decir “Ramadán”, si dejan. Alá aprieta, pero no ahoga.

Otra recomendación importante es que a ningún extranjero se le ocurra conducir por Arabia porque si tiene un accidente por mínimo que sea no podrá abandonar el país hasta que sea declarado culpable, algo que sucederá irremediablemente si el contrario es de nacionalidad saudí.

En Occidente es poco conocido que en Arabia existe un tipo de Policía cuyo cometido es la “Propagación de la Virtud y la Prevención del vicio”. Los fines de esta policía religiosa conocida como Mutawa también han sido modernizados últimamente. Antes se dedicaban a prevenir la “eliminación del pecado” a latigazos y ahora se dedican sólo a “prevenir el vicio”, utilizando otros métodos más sofisticados, pero no menos dolorosos.

Los tales mutawa, entre otras atribuciones, pueden clausurar negocios si no se respetan las costumbres religiosas. Aquí conviene advertir a los futuros visitantes de Arabia que tengan en cuenta las horas de la oración porque si están en un restaurante, tendrán que abandonarlo durante los veinte minutos que dura la plegaria. Los propietarios del negocio están obligados a echar el cierre mientras se reza. Los policías religiosos vigilan que nadie trabaje durante la oración y que se guarde el debido respeto en la calle.

Otras funciones de la policía religiosa es no permitir que una mujer vaya acompañada de un varón que no sea su marido, padre, hermano, o hijo. Quebrantar esta norma, incluso para las extranjeras, supone una detención segura para ambos. Entrar en un cuartel de la Mutawa detenido es una experiencia nada recomendable porque dependiendo de las circunstancias puede suponer desde la desaparición hasta la violación de ambos. No en vano hay quien afirma, con razón, que en Arabia no hay presos políticos, desaparecen de inmediato.

En los restaurantes hay una sección para las familias y otra para los solteros. Si una señora quiere comer tiene que descubrirse la cara lo que sería motivo de detención inmediata. Para cumplir con la normativa y poder comer, lo que hacen las mujeres es poner biombos en su entorno. Cuando se acerca el camarero, antes de traspasar el biombo, tiene que pedir permiso para que a la mujer le dé tiempo a taparse la cara.

La mano de obra son pakistaníes y filipinos que trabajan en condiciones de semiesclavitud, sin reglamentación alguna y viviendo en condiciones infrahumanas. Para que no puedan escaparse a su país de origen, se les retira el pasaporte al entrar y no se lo devuelven sin el visto bueno de su amo. Las extranjeras cuando van a trabajar a Arabia suelen residir en una especie de campos de concentración, protegidas por doble alambrada. Entre ambas alambradas patrullan tanquetas del Ejército para impedir que los aborígenes se asomen a ver a las occidentales. En el interior de esos recintos –los llamados compounds– las mujeres extranjeras pueden vestir prendas normales.

La censura política y religiosa es la más estricta del mundo. Están prohibidos todos los símbolos de las otras religiones. Por eso han suprimido el tramo horizontal de la cruz roja sobre fondo blanco que aparece en el ángulo superior derecha del escudo del FC Barcelona. En las camisetas y pegatinas de los coches que se ven en Arabia Saudita, en vez de la cruz de San Jordi aparece un ridículo palote vertical.

La censura de Internet llega a prohibir casi todos los periódicos de las democracias occidentales, dependiendo de las noticias que salgan ese día. Para censurar el periódico ponen un cartel que dice Si piensa que Vd. tiene derecho a ver esta página llame al siguiente teléfono…. Si alguien se atreve a llamar al número que aparece en la pantalla es recomendable que lo haga desde el extranjero porque si lo hace desde el interior del país se arriesga a cualquier desgracia.

Sería interminable explicar los detalles de la vida cotidiana en Arabia Saudita, pero se puede afirmar, sin género de dudas, que es la dictadura más sanguinaria del planeta. Basta con hacer una reflexión: si se atreven a descuartizar vivo a un periodista de The Washington Post en un país extranjero, ¿qué no harán dentro de sus fronteras?.

Bueno, pues esta dictadura político-religiosa es nuestro principal aliado en Oriente Próximo y a quien no sólo vendemos armas, sino que también prestamos apoyo en su guerra del Yemen. Las famosas cuatrocientas bombas guiadas por láser no son una venta de armas que proporcione puestos de trabajo en España porque esas bombas están fabricadas en EE.UU. y no suponen ningún negocio para España, son una reventa.

España ha vendido a Arabia Saudita esas bombas a un precio unitario de unos 23.000 euros. Como esas bombas forman parte del arsenal que mantiene el Ejército del Aire, ahora tendrá que reponerlas comprándoselas otra vez a EE.UU, solo que ahora han subido de precio y nos van a costar unos 30.000 euros cada una. No estamos, por tanto, ante un negocio de venta de armas sino ante un apoyo directo a la guerra del Yemen, con armamento de nuestro propio Ejército.

En España no se fabrican esas bombas guiadas por láser, el nivel tecnológico de la industria armamentista es muy inferior, como se demostró en la Guerra de las Malvinas donde los aviones argentinos lanzaron bombas fabricadas por Explosivos Alaveses que no explotaban por un mal calibrado de las espoletas.

Resulta grotesca la justificación del Gobierno para apoyar la reventa a los saudíes de las bombas guiadas por láser porque “no van a causar daños colaterales”, dada su alta precisión. El Gobierno parte de la base errónea de que las autoridades saudíes no son capaces de utilizar esas bombas directamente contra inocentes, sin el menor escrúpulo.

Hace tiempo que venimos apoyando la guerra en Siria. Primero con el bombardeo de Shayrat, en abril de 2017, con misiles Tomahawk lanzados desde buques con base en Rota, sin conocimiento del Gobierno español, ni de la OTAN, y luego con el destino, desde abril de este año, de tres aviones cisterna KC-135 de la USAF en la Base de Zaragoza con la misión de reabastecer en vuelo a los aviones que van a bombardear Siria.

Conviene recordar que en 1966 se produjo un accidente sobre Palomares (Almería) cuando un cazabombardero B-52 de la USAF colisionó con un KC-135 mientras trataba de reabastecerse en vuelo. El plutonio procedente de las bombas atómicas que portaba el B-52 aún sigue esparcido por la zona sin que el Gobierno estadounidense tenga la menor intención de llevárselo.

El Gobierno español carece de política propia en Oriente Próximo, sólo obedece a las directrices marcadas por los Estados Unidos, y esa postura debería de tener algún límite como es el estar apoyando a la monarquía más cruenta y despiadada del planeta. ¿Duerme tranquilo el señor Borrel cuando le comunican el número de víctimas ocasionadas por bombas españolas en Yemen, o cuando le dicen que en Arabia Saudita hay presos políticos?

Otra característica del negocio armamentístico es su inmoralidad porque las armas se venden sin preguntar a quien, ni para qué se van a utilizar. La Ley franquista de Secretos Oficiales de 1968 se encarga de que nadie sepa a dónde van a parar las armas que se venden.

El general Eisenhower en su discurso de despedida de la presidencia de EEUU, advirtió del peligro del complejo militar-industrial que impone sus intereses privados a los públicos. El lobby armamentístico de EEUU consigue vender armas inútiles a gobiernos aliados. En resumen, la actividad es: opaca, inmoral y muchas veces innecesaria. En España sufrimos todos los males del negocio, por un lado vendemos armas a quien no se debe y por otra nos venden armas que no sirven para nada.

Arabia Saudita y Marruecos son ejemplos de países a los que no se debería vender armamento. Los sauditas además de masacrar a la población civil del Yemen son la dictadura más abyecta del orbe terrestre porque a la represión política se suma la religiosa. Marruecos utiliza las armas que le vende España para mantener la ocupación militar del Sáhara y además constituye nuestra principal amenaza.

España aparte de vender armas a quien no debe, también compra armamento inútil por imposición del lobby armamentístico de EEUUlobby. Uno de los casos más escandaloso y poco conocido se produjo en 1970 cuando el Ejército del Aire compró tres aviones cisterna Boeing KC-97L y dos C-97 de transporte. Por aquel entonces no había en España aviones con capacidad para ser reabastecidos en vuelo, por lo que la adquisición de aviones cisterna no tenía justificación alguna. Los dos C-97 de trasporte no llegaron a despegar de Albacete porque fueron dedicados directamente a la canibalización para suministrar piezas de repuesto a los tres aviones cisterna que se pretendía mantener operativos. El resultado fue que al poco tiempo los cinco aviones acabaron en el chatarrero.

Normalmente la compra de armamento sofisticado en Europa lleva consigo contrapartidas tecnológicas que dan puestos de trabajo en España, pero los aviones comprados en EEUU además de no aportar ninguna contraprestación, tienen el enorme hándicap de no poderse utilizar contra Marruecos, como ya sucedió en la guerra de Ifni.

En España hemos sufrido en muchas ocasiones el lobby del complejo militar-industrial de EEUU y su consiguiente venta de gato por liebrelobby . En los años ochenta se estableció el programa FACA, Futuro Avión de Caza y Ataque, en la que compitieron varios modelos de avión. Al final se impuso el F-18 con sus correspondientes contrapartidas tecnológicas. Esas contrapartidas consistieron en que España fabricaría varios miles de sables de época en Toledo, para regalos. Entre esas compensaciones había una partida importante de sables confederados.

Ahora van a vendernos sesenta F-35, avión cuestionado por el propio presidente Trump. El complejo militar-industrial de EEUU antes de vender armamento a un tercer país, suele iniciar una campaña más o menos soterrada para convencer a sus clientes-víctimas. Incluso lanzan eslóganes como aquel de los años noventa: “Jamón el serrano y avión el americano”. Esta vez para colarnos el F-35 sólo han tenido que difundir un vídeo donde aparece un avión haciendo piruetas a ras del suelo. Esos shows están muy bien para un circo, pero en un combate aire-aire no sirven para nada.

La disculpa que han encontrado para forzar a la Armada y al Ejército del Aire a comprar sesenta F-35 es que los Harrier de la Armada tienen que ser sustituidos y el único caza de despegue vertical que hay en el mercado apto para operar desde el Juan Carlos I es el F-35. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el Ejército del Aire también tiene que renovar la flota, el lobby armamentista ha argumentado que para homogeneizar el material, el Ejército del Aire también debe de adquirir el mismo modelo de avión.

En lo que respecta a la Armada, el cambio de los Harrier por el F-35 no es una simple sustitución sino un avance muy importante. Los Harrier son aviones de ataque a tierra, no sirven como interceptadores por su poca velocidad y autonomía. La guerra de las Malvinas, donde se utilizaron como interceptadores, fue una excepción por las características especialísimas de esa batalla.

En las Malvinas, cuando los argentinos se acercaban a la flota inglesa lo suficiente como para ser blanco de los Harrier, se pegaban a la cresta de las olas a escasamente dos metros de altura para evitar ser detectados por los radares británicos. Los argentinos no iban a derribar aviones ingleses, lo que pretendían era eludirlos para poder acercarse a los buques de la flota y lanzarles las bombas que llevaban bajo los planos. Su objetivo era hundir barcos, no entablar combate con los Harrier.

Al producirse las interceptaciones de los Harrier cerca de sus bases y a poca altura, les permitía mantener el combate aire-aire más tiempo que a los argentinos que iban muy justos de combustible para poder regresar a la costa y sólo podían permanecer en la zona de operaciones un par de minutos. La menor velocidad de los Harrier se compensaba con los misiles Sidewinder de última generación de que iban dotados. Si los aviones argentinos hubiesen tenido sus bases a la misma distancia que la tenían los aviones británicos, los Harrier no hubiesen podido interceptar a los aviones argentinos que les superaban en velocidad y autonomía.

Los Harrier, si llevan poco armamento y no hacen un despegue vertical, tienen un radio de acción de unos 370 kilómetros. El radio de acción de los F-35 supera los 1.000 kilómetros. Los Harrier son aviones subsónicos, no pasan la barrera del sonido y el F-35 sí. Por tanto no estamos ante un simple cambio de aviones sino que se trata de un avance sustancial en la capacidad ofensiva de la flota. Pretenden sustituir un avión de ataque a tierra por un cazabombardero supersónico.

El precio de los sesenta F-35 va a superar los 6.000 millones y la construcción en Navantia del Juan Carlos I costó 360 millones, sin equipamiento. Si las matemáticas no fallan, resulta más barato construir un portaaviones nuevo, capaz de albergar a cualquier caza que no sea de despegue vertical que tirar 6.000 millones de euros por la borda, nunca mejor dicho, para satisfacer a la industria bélica americana.

En lo que respecta al Ejército del Aire, la adquisición de los F-35 resulta ruinosa. La hora de vuelo del F-35 cuesta 40.000 euros y la de un Eurofighter 15.000. En palabras del presidente Trump, el F-35 es el avión más caro de la historia de los EEUU.

Dotar al Ejército del Aire de aviones de despegue vertical, con su correspondiente incremento en los costes de adquisición y mantenimiento, resulta absurdo porque jamás realizarán un despegue de esas características, salvo en el improbable caso de producirse una emergencia. Como todos los aviones de despegue vertical, el F-35 tiene muy limitada su autonomía si efectúa este tipo de maniobras donde se consume mucho combustible. El Ejército del Aire tiene pistas de despegue y aterrizaje, pero no dispone de plataformas para maniobras verticales, lo que recuerda aquel embolado de los años 70 cuando el Ejercito del Aire adquirió aquellos aviones cisternas Boeing KC-97L sin disponer de aviones aptos para repostar en vuelo.

Aún no se conocen las contrapartidas tecnológicas que el complejo militar-industrial de EEUU va a ofrecer a España, pero estando Morenés de embajador en Washington podemos imaginarnos que aumentará la producción de sables de Toledo, para compensar este sablazo.

Marruecos vio que si se celebraba un referéndum en el Sáhara Occidental se dificultaría su expansión hacia el sur al proclamar los saharauis la independencia. El rey de Marruecos Hassan II decidió anticiparse a los acontecimientos y, con la connivencia de Francia y EEUU, organizó la famosa Marcha Verde para invadir “pacíficamente” el territorio bajo la protección del Ejército alauita.

Los primeros marroquíes penetraron en la provincia española del Sáhara, el 6 de noviembre de 1975. Ante el avance marroquí, el Ejército español comenzó a retroceder. El Gobierno franquista, poco proclive a celebrar un referéndum, utilizó la Marcha Verde como disculpa para abandonar el territorio. La rendición se materializó el 14 de noviembre de 1975 con la firma en Madrid del Acuerdo Tripartito, consistente en entregar la parte norte del Sáhara a Marruecos y el sur a Mauritania, consumando así la violación de la legalidad internacional. La ONU no dio validez al Acuerdo Tripartito y el Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de la ONU como el único territorio español pendiente de descolonizar.

Tras la salida del Ejército español, los militares marroquíes por el norte y los mauritanos por el sur comenzaron a invadir el territorio. Los saharauis huyeron despavoridos hacia Argelia acosados por ambos ejércitos. Los F-5 marroquíes lanzaron napalm sobre la población saharaui que huía desde Tifariti hacia la frontera argelina. El 18 de febrero de 1976, la aviación marroquí bombardeo durante 48 horas a la población que se había refugiado en Um Dreiga. Marruecos tendrá que responder ante el Tribunal de la Haya por esos crímenes contra la humanidad.

Un ejemplo del terror sufrido por la población saharaui tras la huida del Ejército español fue lo que le sucedió al escritor saharaui Bahia Mahmud Awah, que teniendo quince años de edad recorrió más de mil kilómetros de desierto huyendo de los invasores. Bahia estuvo varios años sin tener noticias de su familia.

Afortunadamente, el éxodo saharaui se produjo en invierno pues de haber sido verano, con 50 grados de temperatura, muy pocos habrían conseguido alcanzar la frontera argelina.

En esa época, la situación del Ejército español en el Sáhara era estrambótica, los franquistas habían cometido la torpeza de enviar al Sáhara, como castigo, a los obreros y estudiantes con antecedentes políticos, con lo cual había compañías donde la práctica totalidad de los soldados eran comunistas del PCE, trotskistas de la LCR, anarquistas de la CNT, estalinistas… Eso sucedió entre otras unidades en el Batallón de Cabrerizas que había sido trasladado de Melilla al Sáhara tras la guerra de Ifni. En 1975, este batallón antifranquista estaba estacionado a unos 30 kilómetros al norte de El Aaiún.

A esas alturas de la Transición, a los dirigentes de la oposición al franquismo les daba igual lo que sucediera en el Ejército, ya habían aceptado dejar a sus muertos y a sus principios democráticos enterrados en las cunetas. Era vox populi que el Ejército español del Sáhara se podía convertir en un polvorín contra la dictadura pero ningún partido de la oposición estaba ya interesado en la ruptura con el franquismo, todos apostaban por la reforma de la dictadura. En esas fechas los dirigentes de la oposición ya soñaban con las concejalías de urbanismo y estaban aceptando lo inaceptable, en sus negociaciones con los franquistas.

Pero no nos vayamos por las ramas, lo peor de lo sucedido en el Sáhara fue la ocupación militar del territorio que dio lugar a una guerra del Frente Polisario contra Marruecos y Mauritania. Esta última fue derrotada por el Polisario en 1979 y abandonó el sur del Sáhara, circunstancia que fue aprovechada por Marruecos para invadir la totalidad de la excolonia española.

Si ya el Acuerdo Tripartito de Madrid violó el derecho internacional, la ocupación militar del sur del Sáhara  careció de toda apariencia de legalidad. La guerra duró hasta que el Polisario y Marruecos firmaron un alto el fuego provisional el 6 de septiembre de 1991, desde entonces estamos a la espera de que se celebre el referéndum de autodeterminación.

Refugiados en el desierto desde 1976

La tragedia saharaui, más que una cuestión de identidad nacional, es un problema humanitario, gran parte de la población permanece refugiada en el desierto argelino desde la huida del Ejército español en 1976. Viven en unas condiciones extremas, refugiados en jaimas o en casas de adobe, sin los servicios esenciales, subsistiendo gracias a la ayuda internacional. Al margen de las ideas políticas, ningún ser humano con un mínimo de sensibilidad puede negar a este pueblo el derecho a la libre determinación.

Numerosas sentencias de los diferentes tribunales internacionales han dado la razón a los saharauis, como las del Tribunal de Justicia de la UE de 21 de diciembre de 2016 y la última, dada a conocer el 27 de febrero de 2018, que reconoce que el Sáhara Occidental es de los saharauis, no pertenece a Marruecos, y que por tanto los invasores no tienen derecho a explotar sus recursos pesqueros.

En tiempos de Franco, el Sáhara era una provincia española como puede serlo ahora Lérida, pero ambas provincias tienen poco en común. Entre las múltiples diferencias está que el derecho de autodeterminación del Sáhara está reconocido por casi todos los países del mundo y a Cataluña no se lo reconoce absolutamente nadie, salvo algunos partidos nacionalistas, y por tanto conservadores, aunque algunos no lo quieran reconocer e incluso se consideren erróneamente progresistas siendo el nacionalismo el movimiento retrógrado por antonomasia.

Mientras el Derecho Internacional avala al pueblo saharaui, los dirigentes secesionistas catalanes no cesan de “amenazar” con llevar sus reclamaciones a la ONU y a Estrasburgo. Llevamos años esperando ansiosos a que lo hagan de una vez, a ver qué resultados obtienen. Para recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hace falta abogado ni procurador, una vez agotadas las reclamaciones nacionales basta con descargarse un formulario de Internet, rellenarlo y mandarlo por correo a Estrasburgo. Si verdaderamente piensan que se están vulnerando sus derechos en España que acudan a la justicia internacional, como hacemos el resto de ciudadanos, y dejen de dar la matraca. Es tal la reiteración de las mismas consignas que a Puigdemont le llaman el Gasolino, porque Campsa.

Otra diferencia importante entre Cataluña y el Sáhara es la postura de Marruecos, que obviamente es el principal opositor a la independencia del Sáhara y sin embargo es el país más interesado en la secesión de Cataluña.

El apoyo de Marruecos a los separatistas catalanes viene de antiguo, comenzó cuando la opción independentista empezó a cobrar fuerza. Marruecos vio entonces una posibilidad de debilitar a España fomentando el separatismo en Cataluña y puso a sus servicios de información a trabajar a favor de la independencia. Colocaron al frente de la Fundació Nous Catalans y de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Catalunya a Noureddine Ziani, agente de los servicios secretos marroquíes que mientras defendía la independencia de Cataluña, hacía campaña pública a favor de la ocupación militar del Sáhara por parte de Marruecos. Cuando Noureddine Ziani fue expulsado de España, el Govern puso el grito en el cielo. Les habían dejado sin patrocinador.

Muchos se preguntan por la procedencia de los ingentes medios económicos que se están gastando en el procés. Marruecos es el primer candidato a ser una de las principales fuentes de ingreso de los secesionistas, así se explicaría que el Parlamento de Cataluña, en sesión del 10 de julio de 2014, votara en contra de reconocer el derecho de autodeterminación al pueblo saharaui. Ese dislate lo acordó el Parlament no por falta de humanidad, lo que sería un acto deleznable imposible de justificar, sino por puro interés, para halagar a su benefactor: Marruecos.

Los nacionalismos y las religiones han sido los causantes de las mayores desgracias que ha padecido la humanidad y en Cataluña se mezclan ambas patologías. Que Dios nos de paciencia.

Las represalias de los dirigentes políticos contra los militares antifranquistas comenzaron con la Ley de Amnistía,

cuyo artículo sexto dice así: “Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones más beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación”.

El artículo excluye de la amnistía las penas de separación del servicio y pérdida de empleo, pero evita decirlo con claridad porque a los redactores de la ley les daba un poco de vergüenza esta discriminación y trataron de disimularla. Con esta extraña redacción parece que hacen un favor a los expulsados del Ejército al concederles derechos pasivos a los que ya habrían tenido acceso sin necesidad de mencionarlo en la Ley de Amnistía.

Este artículo sexto dedica una frase a perjudicar exclusivamente a otro capitán de la UMD y a mí. La frase es esta: “Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele coma consecuencia de causas pendientes la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo…”. Los dos únicos militares con “causas pendientes” a los que se les pudiera imponer “la pena accesoria de separación del servicio”, éramos el capitán de Ingenieros Antonio Herreros Robles y yo. Los redactores de la Ley de Amnistía cayeron en la cuenta que si a Antonio Herreros y a mí nos archivaban la causa, en aplicación de la Ley de Amnistía, no íbamos a ser juzgados y por tanto seguiríamos en nuestros puestos en el Ejército. Introduciendo esa extraña frase en el artículo sexto, consiguieron que ambos militares demócratas fuésemos sometidos a consejo de guerra y separados del servicio, pero sin entrar en la cárcel. Yo fui expulsado del Ejército en enero de 1978, el mismo año de la Constitución.

Al quedarme sin empleo, traté de entrar como piloto en Iberia, donde ya tenía superadas las pruebas de acceso desde 1974, antes de que se supiera que era demócrata. Mi solicitud de ingreso se encontró con el veto de la mayoría de los comandantes de la compañía, que por aquel entonces provenían en su práctica totalidad del Ejército del Aire. La resistencia de los pilotos se impuso durante varios meses, a pesar de que me apoyaba el rey Juan Carlos, el presidente Suárez, Comisiones Obreras, los senadores de Entesa dels catalans, etc.

Por aquel entonces, el presidente de Iberia, Manuel de Prado y Colón de Carvajal, era senador por designación real y el grupo de Entesa dels Catalans le presionaba constantemente para que me levantara el veto impuesto por los comandantes. Dicho sea de paso, estos senadores tenían un desconocimiento absoluto de la situación político-militar, excepto el senador Felip Solé Sabarís, que sabía perfectamente el terreno que pisaba porque antes de pasarse ideológicamente al bando de los vencidos había sido piloto en el Ejército franquista durante la Guerra Civil y conocía perfectamente la mentalidad de los generales que dirigían el Ejército en aquellos difíciles momentos.

Meses más tarde, en octubre de 1978, Manuel de Prado convocó a la Comisión de Transportes del Senado y allí anunció mi ingreso en la compañía. A partir de entonces sufrí todo tipo de discriminaciones: volaba con tripulantes con los que nadie quería volar, trabajaba los días festivos, hacia los vuelos más incómodos en cuanto a destinos y horarios, etc. Así estuve hasta 1992, cuando por fin comencé a recibir un trato normal, salvo un episodio ocurrido en 2007, cuando teniendo un cargo de responsabilidad en la compañía, la Dirección de Operaciones me recriminó que mis “antecedentes políticos” eran la causa de la “venganza” que estaba aplicando contra un grupo de pilotos que actuaban en contra de los intereses de la empresa.

Mientras yo sufría este trato en Iberia, el centenar de militares de la UMD que continuaban en el Ejército fueron perseguidos con enorme saña, hasta el punto de que la mayoría optó por pasar a la reserva. Un ejemplo discriminatorio lo tenemos en lo sucedido con el recientemente fallecido coronel de Infantería de Marina, Miguel Bouza, que siendo el número uno para el ascenso a general, y contando con el beneplácito del Cuerpo de Infantería de Marina, fue vetado para el ascenso por los almirantes del Cuerpo General de la Armada con el beneplácito del ministro de Defensa, Narcís Serra. El motivo del veto fue, obviamente, que Bouza había pertenecido a la UMD.

Los nueve exmiembros de la UMD expulsados del Ejército continuamos siendo oficialmente unos delincuentes hasta enero de 1987, fecha en la que, finalmente, gracias a Alfonso Guerra y con la oposición de Narcís Serra, se nos concedió la amnistía y pudimos volver al Ejército, pero sin ocupar destino. A partir de la amnistía de 1987, el haber pertenecido a la UMD ya no era delito, pero sí un hecho reprobable. Yo pedí el pase a la reserva.

En el Ejército hay una condecoración, la Cruz de San Hermenegildo, que se concede a los 25 años de servicio si se ha tenido una conducta intachable. Los militares fieles a la República que el de 18 de julio de 1936 estaban en posesión de la Cruz de San Hermenegildo fueron desposeídos de ella, igual trato sufrieron los militares de la UMD. A fecha de hoy, a ninguno de los dos colectivos les ha sido devuelta la condecoración.

Al reingresar en el Ejército en 1987, borré de mi hoja de servicios cualquier anotación relacionada con la UMD, y cuando en 1988 cumplí los 25 años de estancia en el Ejército, solicité la Cruz de San Hermenegildo. La respuesta fue contundente, me abrieron un expediente gubernativo para ver si había faltado al honor militar durante mi actuación como portavoz de la UMD en el exilio, en 1975.

Me nombraron un juez, el coronel Sánchez Martín, asistido de un teniente coronel-secretario. El juez me recriminó que durante el exilio me hubiese reunido con Santiago Carrillo, Tierno Galván, Alfonso Guerra, etc. El juez parecía ignorar que Alfonso Guerra en esos momentos era vicepresidente del Gobierno y haberse reunido con él ya no podía ser un deshonor.

Después de varios interrogatorios sobre aspectos privados de mi vida, el juez consideró que había faltado al honor militar por haber condenado los últimos fusilamientos de Franco en la rueda de prensa que celebré en París el 13 de octubre de 1975 y que, por tanto, no era merecedor de la Cruz de San Hermenegildo. El antiguo Consejo Supremo de Justicia Militar ratificó la decisión del juez y me denegaron la medalla.

Juli Busquets, fundador de la UMD y entonces diputado del PSOE, se sintió más ofendido que yo y me consiguió una entrevista con el subsecretario de Defensa, Suárez Pertierra, que no mostró el menor interés por el caso. Ante la inhibición del Ministerio de Defensa, mandé una carta al presidente del Gobierno denunciando que en el expediente gubernativo no me habían permitido disponer de asistencia letrada. También le recordé a Felipe González que el Papa había condenado los fusilamientos de Franco y que todos los países de la Comunidad Europea habían retirado a sus embajadores en señal de protesta. La Moncloa presionó durante largo tiempo al antiguo Consejo de Justicia Militar para que diera su brazo a torcer pero no lo consiguió hasta 1990, fecha en que me concedieron la medalla. Este incidente sirvió para facilitar el cambio del antiguo Reglamento de la Orden de San Hermenegildo por otro nuevo más acorde con los tiempos.

En el 2006 tuve otro percance por haber pertenecido a la UMD. El Presidente de SENASA me ofreció un puesto para organizar la inspección de aviación civil en algunos países del Este pero yo decliné la invitación porque en esos momentos era jefe de Día de Iberia y no me interesaba cambiar de puesto. Tiempo después, cuando me retiré de Iberia le pregunté al mismo presidente de SENASA si seguía en pie su oferta, a lo que me contestó que sí. En aquellas fechas todos los inspectores de Aviación Civil eran antiguos oficiales del Ejército del Aire. Cuando se iba a materializar mi nombramiento, hubo oposición a mi candidatura por parte de algunos pilotos. El presidente de SENASA acudió a la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, para que solucionara el conflicto, pero se plegó a los deseos de los nostálgicos y me denegó el cargo.

Otro incidente digno de mención ocurrió en 2010. El capitán de Navío de la Armada portuguesa y héroe del 25 de abril, Carlos Contreiras, nos aconsejó que solicitásemos una medalla para rehabilitar la memoria de la UMD. Trasladada la idea al JEMAD, el general del Aire Julio Rodríguez se lo propuso a la ministra de Defensa, Carme Chacón, y ésta aceptó conceder una medalla a los trece antiguos miembros de la UMD que habían estado procesados. En el acto de imposición de medallas, la ministra nos calificó de leales y valientes. A partir de este acto el haber pertenecido a la UMD se transformó oficialmente en un hecho honorable.

Estaba previsto, en esas mismas fechas, organizar un acto en la Base Aérea de Morón para conmemorar el sesenta aniversario de la llegada a la Base del primer reactor F-86, Sabre. Al evento estábamos invitados todos los pilotos que habíamos volado el F-86, incluido otro antiguo miembro de la UMD, Ruiz Cillero.

En vísperas de la ceremonia, recibí el siguiente e-mail: “Hola Domínguez. El organizador del evento Sabres de Morón me ha encargado que te diga que no te invitan a la reunión. Los recientes hechos muy aireados por el oportunista Gobierno socialista sobre la imposición de la medalla militar a algunos miembros de la UMD, además calificándoos de valientes; me imagino que sabrás que ha indignado a las Fuerzas Armadas. Cada caso en particular ahora tiene que apencar con lo que significa haberla aceptado. Como esta reunión de Morón, se pretende que sea informal, relajada y distendida, y como ya todos tienen muy claros los conceptos de lealtad y valentía, que no coinciden con los del Gobierno y con los que habéis recibido esa distinción; y para que no haya conflictos, la mayoría ha preferido que no vayas. La cantidad de dinero que has enviado se te devolverá”.

A las nueve de la mañana del día siguiente, me personé en el Ministerio de Defensa para hacerle llegar el correo electrónico a la ministra. Hice entrega de la misiva a un responsable del Ministerio que me recomendó calma y que me fuese a casa a la espera de lo que se decidiese.

Al final de la mañana me llamaron los responsables del Ministerio de Defensa diciendo que habían decidido no decirle nada a la ministra porque si me defendía, los generales se iban a enfadar con ella, y si daba por buena la postura de los generales, el conflicto sería con los demócratas. También me advirtieron que estando en la reserva tenía limitada mi libertad de expresión y si acudía a la prensa sería sancionado. Ante esa actitud busqué otros cauces con mayor sensibilidad democrática y finalmente el jefe de la Base Aérea de Morón ordenó que el evento se celebrase con todos los invitados, o no se celebraría. Los organizadores decidieron suspender el acto y trasladarlo a Cuatro Vientos, sin que nos enterásemos los afectados.

Le conté a Gaspar Llamazares que a Ruiz Cillero y a mí nos habían excluido del acto de Cuatro Vientos y formuló una pregunta parlamentaria al Gobierno de Zapatero. La respuesta del Ministerio de Defensa fue dar la razón a los generales diciendo que estaban en su derecho de invitar a quien considerasen oportuno. El Gobierno consideró legítimo discriminar a dos ciudadanos militares por motivos ideológicos, por haber defendido la democracia durante el franquismo.

Esta relación de hechos trascienden del ámbito personal y reflejan las carencias de nuestra democracia, pero también demuestran que se puede reformar el sistema desde la legalidad y que, por tanto, es injustificable salirse de la ley, como han hecho algunos partidos catalanes.

En Rota y Morón los americanos operan de forma absolutamente autónoma, hacen la guerra por su cuenta, no se mezclan con los españoles, viven unos a espaldas de los otros. Sin embargo, en las bases de la OTAN, como pueden ser Albacete o Torrejón, los militares de las distintas nacionalidades planifican y actúan de forma conjunta, forman un equipo.

Mientras las bases de la OTAN defienden los intereses de sus países miembros, incluida la defensa de la península ibérica, las bases americanas defienden exclusivamente los intereses americanos, no contribuyen en nada a la defensa española sino más bien todo lo contrario. Eso tuvimos ocasión de comprobarlo el pasado 6 de abril cuando dos destructores con base en Rota lanzaron 59 misiles Tomahawk contra la base aérea Siria de Al-Shairat, sin contar con el Gobierno español ni con la OTAN, que se enteraron por los periódicos.

Los 3.000 marines desplegados en Morón también pueden comprometer las relaciones de España con los países de África donde tienen previsto actuar en defensa de los intereses exclusivamente americanos que muchas veces no coinciden con los españoles.

Los servicios de información americanos estaban al corriente del golpe que se preparaba para el 23-F y no avisaron al Gobierno español. La guinda la puso el secretario de Estado norteamericano, el General Haig, cuando declaró que el golpe era “un asunto interno español”. Ellos van a lo suyo, a conservar las bases, les da igual que haya democracia o dictadura.

Otro ejemplo de que los americanos no tratan a España como a un aliado, lo tenemos en las bombas termonucleares que cayeron en Palomares el 17 de enero de 1966. De los 9 kilos de plutonio que se dispersaron sobre los términos municipales de Vera y Cuevas del Almanzora, los americanos se llevaron sólo 270 gramos a Savannah River (Carolina del Sur), el resto del plutonio lo enterraron a 30 centímetros de profundidad en 16,6 hectáreas y a 25 centímetros de profundidad en 87 hectáreas. También depositaron residuos radiactivos en dos fosas de 1.000 m y 3.000 m de capacidad.

Durante casi cuarenta años, los americanos y los gobiernos de la dictadura, y los del CDS, PP y PSOE engañaron a la población diciendo que el terreno estaba limpio. Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, declaró al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Mientras tanto, José María Otero Navascués, presidente de la Junta de Energía Nuclear, envió una carta secreta el 13 de julio de 1968 al entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo que decía: “No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”. Años después, la Junta de Energía Nuclear fue sustituida por el CIEMAT en su misión de ocultar a la opinión pública la existencia de radiactividad al aire libre.

Los habitantes de Palomares, creyendo que sus tierras estaban descontaminadas, desarrollaron durante casi cuarenta años tareas agrícolas en zonas altamente radiactivas, sin saberlo. Sobre la fosa de 1.000 m se cultivaron sandías y otros productos hortícolas.

En 1988 se construyó una balsa enorme sobre terrenos muy contaminados. Los trabajadores estuvieron metidos en una nube de polvo radiactivo durante seis meses, desde enero de 1988 hasta julio. Mientras tanto, el CIEMAT se limitaba a tomar medidas del aumento de la radioactividad pero sin avisar a los trabajadores del riesgo que estaban corriendo. Los sucesivos gobiernos siguieron ocultando la existencia de radiactividad para no perjudicar las relaciones con los norteamericanos, ni el desarrollo agrícola y turístico de la zona.

Cuando surgió la burbuja inmobiliaria se empezaron a explanar los terrenos contaminados, liberando más plutonio. Entonces las autoridades decidieron reconocer públicamente la existencia de radiactividad y acordaron expropiar y vallar las zonas radiactivas para poder limpiarlas y luego urbanizarlas, pues nadie compra un adosado con plutonio en el sótano. Fue la burbuja inmobiliaria la que despertó la “conciencia” de los políticos.

Las expropiaciones comenzaron en 2003 y el vallado en 2007. Pero la cerca no es una solución porque el viento, el agua y la fauna silvestre y doméstica siguen dispersando las partículas radiactivas fuera del vallado. Además, en el centro del pueblo, en concreto en la acera de los números impares de la calle Diseminado la Punta, hay 700 becquereles por gramo de americio 241, cuando el máximo permitido es de 1 becquerel por gramo. Para entendernos: 700 bequereles de americio241 en la acera de una calle emitiendo rayos gamma supone que los transeúntes y habitantes de esa calle sufren una dosis de radiactividad similar a la que recibirían si se hiciesen varios cientos de radiografías al año, dependiendo de los escenarios que se produzcan. Pero no solo eso, los caracoles tienen 900 bequereles/kilo, cuando el máximo permitido por la FAO y la OMS son 10 Bq/Kg. Los cazadores furtivos cazan conejos cuyas madrigueras están impregnadas de plutonio…. La situación actual es insostenible.

El 5 de mayo de 2010 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el Plan de Rehabilitación de Palomares, PRP, que consiste en limpiar 50.000 m de tierra contaminada para reducirlos a 6.000 m y trasladarlos a Estados Unidos. El coste de la operación, incluido el trasporte hasta Estados Unidos, es de 31 millones de euros, según un informe de la Comisión Europea de fecha 22 de abril de 2010. Recientemente, se ha lanzado el bulo de que el coste es de 700 millones para tratar de justificar una vez más la inacción del Gobierno.

Después de que el PRP fuese aprobado por el CSN y la Comisión Europea, los americanos consideraron que 50.000 m era mucha cantidad a limpiar y presionaron al Ministerio de Asuntos Exteriores español con un documento titulado “Evaluation of Alternatives for Remediation of Soil of Contamination at de Palomares Accident Site (DOE/NV-1536)” para que en vez de limpiar 50.000 m3 se limpien sólo 28.000 m3, reduciendo así los gastos de almacenamiento.

El CSN, en reunión celebrada el 22 de julio de 2015, se plegó a las presiones de los americanos y aprobó limpiar sólo 28.000 m. Fue entonces cuando los americanos se avinieron a firmar el acuerdo Kerry-Margallo del 19 de octubre de 2015. Si limpian solo 28.000 m no se solucionará el problema y habrá que dejar zonas con restricciones de uso, como ya lo ha reconocido el propio CSN en el informe remitido al Congreso de los Diputados el 22 de marzo de 2017.

A pesar de rebajar los 50.000 m a sólo 28.000 m, la nueva Administración norteamericana se niega a llevarse el plutonio porque Trump no se hace cargo de los acuerdos firmados por la Administración Obama. Ante esta perspectiva, Ecologistas en Acción ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional para que obligue al CSN a limpiar los 50.000 m y almacene temporalmente los residuos radiactivos a la espera de encontrarles un cementerio nuclear definitivo que no tiene por qué estar en Estados Unidos.

Con estos ejemplos creo que queda claro que nuestro aliado del otro lado del Atlántico es poco de fiar y en Cataluña puede jugarnos una mala pasada. De momento, han enviado a un nuevo embajador que habla catalán, lo cual es muy loable, pero podían haber mandado a alguien que hablase gallego, bable, euskera o panocho, pero no, habla precisamente catalán, es el primer embajador americano con este alto nivel de cultura lingüística y lo mandan justamente en estos momentos.

Estados Unidos ha tenido en Cataluña dos instalaciones importantes: el radar de Rosas y Radio Liberty. El radar de Rosas lo abandonaron en 1964 y actualmente constituye el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 del Ejército del Aire. La otra instalación americana, Radio Liberty, situada en la playa de Pals, en Gerona, dejó de ser útil para la propaganda antisoviética tras la caída del muro de Berlín. Las antenas fueron definitivamente derribadas en 2006. En la antigua Base Aérea de Reus, los americanos nunca tuvieron intereses pero es que además se cerró en 1998 y ahora es exclusivamente de uso civil.

Por tanto, los americanos no tienen instalaciones militares importantes en Cataluña, el único motivo que podría provocar su interés por una eventual independencia del territorio sería alguna promesa que los separatistas hayan podido hacer a la Administración Trump, como por ejemplo podría ser la construcción de una base aeronaval o algo parecido. Eso explicaría muchas cosas, no sólo que el nuevo embajador tenga la virtud de hablar catalán.

En el muy improbable caso de que los americanos adoptasen en Cataluña una postura similar a la de Kosovo, saben que por muy sumisos que sean los gobiernos españoles, la presencia americana en las bases de Morón y Rota tendría los días contados. No parece que les compense meterse en esa ratonera.

Son características inherentes a todos los golpes de estado, la acción sorpresiva de los golpistas y la reacción inmediata de las víctimas del golpe para impedir su triunfo.

Así tenemos por ejemplo que el 18 de julio de 1936 en Sevilla, el general Queipo de Llano y el coronel Cuesta Monereo, actuaron de forma clandestina para sorprender a los militares fieles a la República e impedir que estos tomaran medidas preventivas para impedir el golpe.

Tal fue la sorpresa con la que actuó Queipo el 18 de julio, que visitando el Regimiento de Infantería interceptó al capitán Carlos Fernández de Córdoba Vicéns, ferviente defensor de la República, y le preguntó a bocajarro si se mantenía fiel al Gobierno o se unía a ellos. Carlos Fernández de Córdoba tuvo sólo un segundo de tiempo para decantarse por un bando u otro; casi inconscientemente afirmó con rotundidad fingida que se sublevaba. En esta súbita decisión posiblemente influyó que sus superiores republicanos, incluido el jefe del Regimiento, coronel Manuel Allanegui Lusarreta, habían sido previamente detenidos por los golpistas.

Según testimonio de Fernández de Córdoba al coronel Luis Otero, de la UMD, fue Queipo y no el coronel Cuesta Monereo, como sostienen algunos historiadores, el que le ordenó que cogiese varios vehículos y pasease por el centro de Sevilla a algunos moros para aparentar que los sublevados disponían de numerosas tropas, naciendo así la falsa leyenda franquista de que Queipo tomó Sevilla mediante esta hábil estratagema, cuando la realidad es que los sevillanos opusieron una feroz resistencia a los facciosos.

Con la leyenda de las tropas moras paseando por Sevilla, Fernández de Córdoba, ferviente republicano, se convirtió en un héroe franquista y al final de su carrera ascendió a general, gracias a que durante cuarenta años  ocultó sus ideas republicanas incluso a su propia mujer. En las primeras elecciones de 1977 salió del armario y votó al Partido Comunista.

El golpe  de estado que prepara la Generalitat es un golpe atípico porque se va a producir sin el efecto sorpresa. Todos los funcionarios van a tener  tiempo de meditar cual va a ser su decisión el día del golpe. En Cataluña no se van a producir casos como el de Fernández de Córdoba al que  sólo le concedieron un instante para decidir el bando, y se equivocó, aunque con ello salvó la vida.

Lo que no se ajusta a los cánones es que en el golpe de estado planeado por la Generalitat, los defensores de la legalidad no toman medidas para impedirlo, se limitan a decir que el Estado actuará con proporcionalidad, dejando así la iniciativa a los golpistas, contrariando de este modo los más elementales principios contenidos en todos los manuales sobre golpes de estado.

Si el Gobierno de la República hubiese sabido con semanas de antelación lo que Queipo de Llano y los otros generales planeaban hacer el 18 de julio de 1936, hubiesen tomado medidas para evitar que se produjera el golpe.

Situándonos en el año 2017, no se entiende que el Gobierno, sabiendo que el 1 de octubre se prepara un golpe de estado, no lo haya impedido ya. La pasividad del Gobierno llega hasta tal extremo que no actúa cuando un mozo de escuadra, policía judicial, declara impunemente a los medios de comunicación que el 1 de octubre no obedecerá a ningún juez que le ordene retirar las urnas.

La atipicidad del golpe de estado anunciado por la Generalitat tampoco va a permitir que se den hechos como los sucedidos en Portugal el 25 de noviembre de 1975.

En aquella ocasión había dos bandos, por un lado estaba el Grupo de los Nueve apoyados por el Partido Socialista portugués y la derecha; del otro lado estaban los gonçalvistas y los militares de Otelo, apoyados por el Partido Comunista Portugués y otros partidos de izquierda.

El 25 de noviembre de 1975 el comandante del Forte de Almada, situado frente a Lisboa, era el entrañable capitán de abril, Rosado da Luz, alineado con los grupos de izquierda. Ese día, el capitán Rosado da Luz se vio sorprendido por una manifestación de unos 10.000 obreros, convocada a las puertas del Forte de Almada, que le exigían enérgicamente que les entregara armas para defender la revolución.

Rosado da Luz, consciente de que un ejército incontrolado de 10.000 personas armadas circulando por Lisboa podía provocar una guerra civil, se negó en rotundo a entregarles las armas.

Terminado el golpe, los vencedores, encabezados por el General Eanes, detuvieron a todos los militares gonçalvistas y de extrema izquierda, excepto al capitán Rosado da Luz, en agradecimiento por no haber armado a los 10.000 obreros.

Rosado da Luz, molesto porque todos sus compañeros estaban en la cárcel menos él, pidió al comandante de la Región Militar de Lisboa, Vasco Lourenço que lo metiera en la cárcel junto a sus compañeros, a lo que nuestro querido Vasco accedió.

Ahora, Vasco Lourenço preside la Asociación 25 de abril de la que es socio Rosado da Luz y el  resto de militares situados a la izquierda del Partido Socialista. Ambos bandos aceptaron el resultado del golpe de estado del 25 de noviembre de 1975 y se han reconciliado.

La reconciliación entre los dos bandos que van a participar en el golpe del 1 de octubre no se va a dar porque si triunfa el Gobierno y no se celebra el referéndum, los separatistas seguirán intentando dar otros golpes de estado. Si por el contrario triunfan ellos y consiguen proclamar la independencia unilateral, conformarían un estado expansionista que pondría en cuestión todas sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas, incluidas las del Sur de Francia y las del Noroeste de Cerdeña, agravando aún más el actual conflicto e internacionalizándolo.

Parece que la solución más razonable y menos traumática del conflicto es que los separatistas respeten el derecho nacional e internacional y se pongan de acuerdo con el resto de fuerzas del Estado para desalojar del poder a los herederos del franquismo, requisito indispensable para poder celebrar un referéndum legal con todas las garantías democráticas. Si es que es eso lo que verdaderamente pretenden.

Los edificios del Madrid de los Austrias no han cesado de vibrar desde entonces, hasta que ha llegado al Distrito Centro el Concejal Jorge García Castaño que dando muestras de una sensibilidad de la que han carecido todos los antecesores en el cargo, ha decidido asfaltar las calles que conducen hasta la puerta del Teatro Real, convertida por Álvarez del Manzano en depósito de autobuses con los motores diésel siempre en marcha.

García Castaño, además de asfaltar las calles, ha ordenado dibujar unas grandes bicicletas en el suelo junto a un número 30 que sirve para indicar inútilmente a los autobuses municipales que están circulando por un carril bici y que además no pueden rebasar los 30 km/h.

Dado que los autobuses siguen sin respetar el límite de velocidad, no tardarán en aparecer socavones, con el consiguiente perjuicio para los cimientos de estos edificios históricos. El problema se va a agravar cuando Carmena cierre la Gran Vía al tráfico pues el Ayuntamiento tendrá que aumentar su flota de autobuses para dar servicio a los ciudadanos procedentes de la carretera de Extremadura que ya no podrán acceder al centro en su coche particular.

Si lo que pretende Carmena es humanizar el centro de la ciudad y disminuir la contaminación, no parece que esté adoptando todas las medidas necesarias para conseguir estos objetivos.

Como primera medida debería retirar los autobuses municipales del centro histórico. Si considera que los autobuses deben de seguir llegando hasta la misma puerta del Teatro Real, al menos los podría sustituir por microbuses eléctricos, como los que circulan por el Barrio de las Letras. Lo que no es admisible es que los autobuses del Ayuntamiento irrumpan a gran velocidad por el Madrid de los Austrias, soltando dióxido de nitrógeno por un tubo, el de escape.

Otra medida elemental que debería de adoptar Carmena es prohibir a los taxis circular vacíos en busca de clientes. Resultaba hiriente ver cómo el 29 de diciembre no podían circular por Madrid los vehículos con matrícula par mientras los taxis buscaban clientes de un lado a otro, en vez de permanecer estacionados en la parada. Las empresas que compiten con los taxistas, Cabify y Uber, no queman inútilmente gasóleo en busca de clientes, sólo circulan cuando trasportan pasajeros o les llaman para algún servicio, el resto del tiempo están parados, no contaminan.

Por otro lado la medida de impedir circular a los coches con matrícula par o impar es un castigo colectivo ineficaz, donde pagan justos por pecadores. Lo lógico sería que los días de alta contaminación se prohíba circular a los vehículos más contaminantes, porque el dióxido de nitrógeno no lo producen las matrículas, sino los motores; eso ya lo han descubierto en París hace tiempo.

Otra medida a tomar sería poner paradas en el centro para los pequeños coches eléctricos de Car2Go y Emov. En la actualidad cuando se abre la App de cualquiera de estas dos empresas se puede ver como en el centro de la ciudad no hay coches disponibles, están casi todos en la periferia, donde encuentran sitio para aparcar.

En cuanto a limitar la velocidad a 70 kms/h en las entradas y salidas de Madrid, hasta alcanzar la M40, es una medida contraproducente porque la mayoría de los coches actuales emiten más dióxido de nitrógeno a 70 km/h que a 90, sobre todo subiendo la Cuesta de las Perdices.

Todo parece indicar que Carmena ha declarado la guerra al vehículo privado y utiliza la contaminación como disculpa. Si de lo que se trata es de limitar la contaminación y hacer más habitable la ciudad, debería de empezar por sacar a los autobuses del centro histórico, porque a los miles de fallecidos prematuramente les da igual que el dióxido de nitrógeno inhalado sea de procedencia pública o privada.

Respecto al Teatro Real habría que preguntarle a Carmena por qué permite que cuando hay ópera, los coches oficiales invadan la zona peatonal de la Plaza de Oriente y permanezcan allí aparcados todo el tiempo que dura la función, dificultando el paso a los viandantes. Mientras los amos disfrutan de la obra, los chóferes forman animados corrillos en la Plaza de Oriente, a modo de sainete.

Si somos todos iguales ante la ley lo que tiene que hacer Carmena es enviar una docena de grúas a la Plaza de Oriente para que se lleven esos cochazos de titularidad pública, pero de disfrute privado, al depósito municipal para que la próxima vez que los numerosísimos usuarios de coches oficiales quieran ir a la ópera, cojan los autobuses municipales que a gran velocidad y soltando dióxido de nitrógeno a escape libre, los depositarán en la mismísima puerta del Teatro Real. También pueden optar por el Metro, que contamina menos.

Años después, con el ejército franquista todavía prácticamente intacto, los políticos de la época consiguieron que las democracias europeas miraran para otro lado y permitieran la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1985, estando todavía vigente el Código de Justicia Militar de Franco que no sólo incluía la pena de muerte, al igual que el artículo 15 de la Constitución,  sino que también contemplaba que en determinados casos los civiles fuesen juzgados en consejos de guerra, donde no se respetaban las más elementales garantías procesales como es el derecho a elegir libremente un abogado civil.

A fecha de hoy el actual Código Penal Militar sigue permitiendo que los tribunales militares juzguen a ciudadanos civiles. De hecho, se han dado algunos casos que han pasado desapercibidos.

En efecto, en los años 80 y 90, durante el movimiento de objeción de conciencia fueron sometidos a consejos de guerra muchos familiares y amigos de los objetores e insumisos que se manifestaron contra el servicio militar obligatorio.

A estos civiles se les aplicó el Código Penal Militar por manifestarse en dependencias militares; pero los ciudadanos civiles también pueden ser reos de la jurisdicción militar por cometer delitos fuera de los acuartelamientos.

Por ejemplo, si como pretenden algunos, se llegase a declarar el estado de sitio en Cataluña, los civiles que cometiesen el delito de desobediencia se verían sometidos a la Justicia Militar en aplicación del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/81, y el 30 del Código Penal Militar.

El actual sistema de Justicia Militar no solo permite aplicar el Código Penal Militar a civiles, también contempla la posibilidad de que a los militares se les pueda aplicar la Justicia Militar por delitos estrictamente civiles, lo que vulnera igualmente los Pactos de la Moncloa y los derechos fundamentales de los ciudadanos de uniforme.

La inclusión de delitos civiles en el Código Penal Militar no proviene solo de los años ochenta, cuando la cúpula militar imponía sus criterios a la autoridad civil; en fechas recientes se ha vuelto a repetir esta imposición.

El ejemplo de que aún perduran ramificaciones del principio de autonomía militar lo tenemos en el delito de acoso sexual. Hasta el año 2016, este delito no estuvo incluido en el Código Penal Militar, la Justicia Militar recurría al subterfugio de tramitarlo como un delito de abuso de autoridad para evitar que interviniese la justicia civil y que así no se les fuesen de las manos estos asuntos tan escandalosos.

La Justicia Militar no tuvo problemas para mantener bajo su área de influencia este tipo de delitos, hasta que el 17 de octubre de 2014 se cometió un presunto delito de acoso sexual en la Base Aérea de Gando y el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde (Gran Canaria) declaró competente para tramitar el procedimiento al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Telde. El Juzgado Togado Militar número 52 se opuso y finalmente fue la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo la que en sentencia de 29 de septiembre de 2015 dijo que la competencia era de la jurisdicción civil.

Cuando el Juzgado de Telde planteó el conflicto de competencias, las autoridades militares pusieron en marcha la reforma del Código Penal Militar para introducir el delito de acoso entre sus postulados. La reforma entró en vigor el 1 de enero de 2016. Desde entonces el acoso sexual es un delito militar, contraviniendo así nuevamente los Pactos de la Moncloa y el derecho de las acosadas a tener un juez ordinario e imparcial, derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

El poder mediático consiguió que la opinión pública interpretase la inclusión del acoso sexual en el Código Penal Militar como un avance en la lucha contra los delitos de género, cuando supuso todo lo contrario: un retroceso, una aberración jurídica, y una vulneración de derechos; aunque nadie hasta ahora haya puesto de manifiesto esta obviedad.

Por otro lado, es evidente que la independencia de un juez civil dista mucho de la de un juez militar. En 2013 el coronel de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Getafe tomó medidas disciplinarias contra la jueza militar, de graduación inferior, que le estaba investigando por presuntas irregularidades económicas. Este incidente sería impensable si el juez que hubiese investigado el caso hubiese sido el titular del Juzgado de Instrucción de Getafe, el juez ordinario, como manda el artículo 24 de la Constitución.

También se vulneran derechos fundamentales cuando el actual régimen disciplinario permite que un superior prive de libertad a un inferior en vía administrativa, sin la participación de un juez y sin asistencia letrada.

En un Estado de Derecho sólo un juez puede privar de libertad a un ser humano, y con las debidas garantías procesales. De poco sirve que una vez cumplido el castigo, el arrestado consiga una sentencia favorable en vía contencioso-administrativa y le anulen el castigo, porque nadie le va a devolver ya el tiempo que ha estado privado de libertad.

A estas alturas de desarrollo democrático ya se ha quedado obsoleto pedir la reforma de la Justicia Militar para limitar su aplicación a los militares y por delitos específicamente militares, eso se debió hacer en 1977; lo que procede ahora  para homologarnos a otros países europeos, es reclamar la desaparición de la Justicia Militar, como sucede en Alemania o Bélgica, donde no existe, y que sean los jueces ordinarios los que se encarguen de impartir justicia imparcial a todos los ciudadanos, con o sin uniforme.

Lo mismo que hay juzgados de familia, de lo social, etc. puede haber juzgados de lo militar regidos por un juez civil independiente, nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. Pedir la reforma de la Justicia Militar y no su disolución es seguir poniendo parches a la autonomía militar, principio que al parecer sigue interesando a algunos.

En esas fechas, la cúpula militar estaba integrada por aquellos que ya tenían la condición de militar el 18 de julio de 1936, eran tenientes generales y generales de división, estaban fuertemente politizados, puesto que se habían sublevado contra  la República.

El segundo grupo de militares franquistas estaba formado por aquellos que siendo civiles el 18 de julio de 1936, se incorporaron como voluntarios al bando rebelde. A finales de los años sesenta pertenecían a este grupo algunos generales, todos los coroneles, los tenientes coroneles y algunos comandantes, era el grupo más numeroso.

Si se consultan las escalillas de las distintas armas, podemos ver que este segundo grupo, el que se incorporó al Ejército en 1936,  estaba integrado por personas muy jóvenes nacidas en los años 1917, 18, 19 y 20, es decir muchos de ellos no tenían ni siquiera 18 años, se enrolaron en el Ejército de Franco sin haber terminado el bachillerato.

Muchos de estos jóvenes se incorporaron al Ejército de Franco el mismo 18 de julio o a los pocos días del levantamiento, lo que hace sospechar que la sublevación no les pilló por sorpresa y que estaban al corriente de la conspiración contra la República, eran falangistas, requetés o personas muy politizadas que se enrolaron en la facción sublevada por motivos puramente ideológicos.

No se alistaron con los franquistas porque tuvieran vocación militar y quisieran seguir la carrera de las armas, se hicieron militares porque querían derrocar al gobierno legalmente constituido e instaurar una dictadura en contra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

Este segundo grupo de militares franquistas que se incorporaron voluntariamente al bando rebelde y que luego se quedaron en el Ejército, no eran militares profesionales, no se alistaron en el ejército para servir a toda la nación, eran milicianos al servicio de una opción política concreta.

El nivel cultural  y profesional de este grupo era muy bajo, los pilotos se formaron en la Alemania nazi o en la Italia fascista y ese fue el  aprendizaje más importante que recibieron durante su carrera militar. Salvo algunas excepciones, este grupo permaneció toda su vida anclado en el año 1939 a nivel técnico e ideológico, no evolucionaron ni fueron capaces de adaptarse a los nuevos tiempos.

Los milicianos de Franco, excepto algunos casos aislados, no  asimilaron las nuevas tecnologías que llegaron a España a mediados de los años cincuenta tras el acuerdo firmado con los EEUU, pues si bien el material cedido procedente de la Guerra de Corea ya era obsoleto, para el Ejército de Franco supuso una revolución tecnológica a la que se acomodaron sólo los oficiales procedentes de las academias militares.

La doctrina del Ejército de Franco establecía que el Ejército tenía dos enemigos, el externo y el interno. Para la defensa contra el enemigo interno, no necesitaba disponer de tecnología alguna, bastaba un ejército muy numeroso estratégicamente desplegado en las proximidades de las grandes ciudades para poder tomarlas en caso de insurrección popular contra el Régimen. Era un ejército de ocupación como ha reconocido la ex Ministra de Defensa, Carme Chacón.

El grupo de militares franquistas que entraron en el Ejército después del 18 de julio del 36 reunía todas las aptitudes para cumplir con la doctrina del enemigo interno. No era un Ejército profesional al servicio de la nación, era una milicia al servicio de la minoría gobernante. El gran número de milicianos incorporados al Ejército franquista durante la Guerra Civil, constituía un tapón en la escalilla que frenaba las posibilidades de ascenso del tercer grupo que integraba el Ejército de Franco, los procedentes de las academias militares, causándoles la correspondiente frustración profesional, caldo de cultivo para que años después surgiera la Unión Militar Democrática.

El Ejército de Franco, organizado fundamentalmente para la represión interior, no estaba preparado para actuar en una guerra moderna como se demostró en la Guerra de Ifni, donde se utilizaron aviones de transporte Junker 52, una reliquia, como avión de bombardeo. Para ello se empleó la sofisticada técnica de atar granadas de mano a bidones de gasolina que eran lanzados por la puerta de los aviones, sobre los marroquíes.

Como consecuencia de utilizar un material de desecho y no disponer del funcionamiento, ni la mentalidad de un ejército profesional moderno, los accidentes de aviación eran constantes. El número de pilotos accidentados en las promociones que salieron de la AGA, Academia General del Aire, desde 1949, fecha de salida de la primera promoción, hasta  diciembre de 1978, año en que entró en vigor la Constitución Española, fue de 227 pilotos muertos en accidente aéreo.

Si a estos 227 pilotos de la AGA, sumamos los accidentes de los pilotos de complemento y de los pilotos procedentes de la guerra, obtenemos una media aproximada de un accidente de aviación al mes durante el franquismo. Para hacernos una idea de la magnitud de las cifras, la primera promoción de la AGA estaba compuesta por 141 miembros de los que 31 fallecieron en accidente de aviación, es decir murió un 21,9 % de sus miembros en accidente aéreo, en tiempos de paz.

La Segunda promoción, de 135 miembros, murieron 27, el 20,0 %

La Tercera  promoción, de 70  miembros, murieron 11, el 15,7 %

La Quinta  promoción,  de 54 miembros,   murieron 11,  el 20,3 %

La Novena promoción, de  79 miembros,  murieron 13, el 16,4 %

La Décimotercera promoción, de 84 miembros, murieron 14, el 16,6 %

Estas cifras son similares a los aviones de la RAF derribados durante la Batalla de Inglaterra. En efecto, en la Batalla de Inglaterra participaron 143 polacos de los que 29 fueron derribados por los alemanes, es decir, el 20,2 %. Porcentaje similar a los aviones accidentados en España en tiempos de paz.

La censura se encargaba de que estos accidentes no salieran ni en la página de sucesos, salvo cuando el avión se estrellaba en medio de una población o tenía consecuencias imposibles de ocultar. Como sucedió por ejemplo el 13 de mayo de 1969 en Alcalá de Guadaira cuando un reactor F-86 se estrelló en medio de la población, delante de la novia del piloto.

La principal causa de accidentes era el estado obsoleto del material. Los Messerschmitt 109 alemanes estuvieron en servicio en El Copero hasta bien avanzada la década de los 60 y aún más longevos fueron los Heinkel 111 y los Junkers JU-52, modelos que ya habían sido utilizados en la Guerra Civil, treinta y cinco años antes. Este material de desecho que ya se exhibía en los museos europeos desde hacía lustros, era utilizado aquí a pleno rendimiento.

En cualquier ejército moderno se hubiesen disparado todas las alarmas y se hubiesen adoptado las medidas correspondientes antes de alcanzar las apabullantes cifras de accidentes aéreos que durante décadas se produjeron durante el franquismo, pero aquí no se encendía ninguna luz roja. Las alarmas estaban concentradas en vigilar a la población, el enemigo interno, para eso si era eficaz la milicia de Franco.

Una de las concesiones que los demócratas antifranquistas hicieron a los demócratas-franquistas fue que el ejército se mantuviese en el mismo estado en que lo había dejado Franco antes de su muerte. Esta concesión era fundamental para que los demócratas-franquistas pudieran tener la garantía de que el proceso no se les iba a ir de las manos. De esta forma, los opositores a Franco vivieron aterrorizados durante los primeros años de la Transición, bajo la amenaza de una intervención militar. Por eso Tierno Galván siendo Alcalde de Madrid disponía de una residencia secreta donde esconderse, ante la posibilidad de un golpe de estado.

En esta situación de pánico por parte de los demócratas, el Viejo Profesor, en enero de 1980, tuvo la valentía de quitar el nombre franquista a las 27 calles más importantes de la capital. Para ello recurrió a la ingeniosa estratagema de devolver a las calles el nombre que tenían antes de la instauración de la República. Con este argumento, los generales, que entonces tenían sus sables en alto, no tuvieron más remedio que aceptar el cambio y la Avenida del Generalísimo se convirtió en Paseo de la Castellana, con la oposición de los demócratas-franquistas que tildaron al Viejo Profesor de imprudente.

El único fallo de esta estrategia de Tierno es que las calles franquistas que no existían en tiempos de la monarquía de Alfonso XIII permanecieron con el nombre recibido durante la Dictadura. Este fue el caso de la calle del General Yagüe que siguió con su nombre a pesar de ser el responsable de la muerte de 4.000 prisioneros pacenses en agosto de 1936, según él mismo manifestó a John T. Whitaker, corresponsal de guerra del New York Herald Tribune.

Junto a la calle del General Yagüe continuaron vigentes otros nombres franquistas como el General Moscardó, Caídos de la División Azul, Comandante Zorita, etc. Tierno no tenía posibilidad de cambiar estas calles sin causar un gran malestar entre los generales y han permanecido con su nombre original durante todos los años de democracia.

Después de la publicación de la Ley de la Memoria Histórica del 2007, nada hizo el Ayuntamiento de Madrid por aplicarla, hasta que Carmena, ocho años después de entrar en vigor la Ley, cometió el error de encargar a la Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid la elaboración de la lista de calles y monumentos franquistas susceptibles de ser retirados. El resultado de este encargo fue lo que la propia Carmena calificó como “disparate”. A este primer error siguieron otros, también muy criticados por la prensa conservadora y no tan conservadora, como retirar una placa de un cementerio privado, llevarse el monumento al alférez provisional sin cumplir los requisitos legales etc.

Ante tal cúmulo de “disparates” no se le ocurrió otra cosa a Carmena que crear el Comisionado de la Memoria Histórica de Madrid y le encargó el trabajo a su amiga Francisca Sauquillo con la consigna de que no se volviesen a producir críticas de la prensa conservadora. Para conseguir este objetivo, el Comisionado se formó con algunas personas de tendencia conservadora y con la ausencia de cualquier afectado por la represión franquista, o asociación, o experto relacionado con el tema. La consigna del Comisionado es no dar pie a la prensa conservadora para que ataque de nuevo a Carmena por los fallos cometidos con el asunto de la memoria histórica, pero los errores se siguen sucediendo, veamos:

Francisca Sauquillo para poder cumplir con las directrices de Carmena de no molestar a nadie con el cambio de calles, se encontró entre otros con dos problemas, la calle de Caídos de la División Azul y la del Comandante Zorita.

Quitar el nombre a los Caídos de la División Azul hería la susceptibilidad de los familiares de los que allí perdieron su vida, la mayoría de ellos ligados de una forma u otra a la Falange. Para paliar el enfado de las familias no se le ocurrió otra cosa al Comisionado que darle el nombre de la calle a una falangista, Mercedes Fórmica, ignorando que el Ayuntamiento de Cádiz, en aplicación de la misma Ley de la Memoria Histórica ya había retirado un busto de la susodicha. El Ayuntamiento de Madrid no va a poner el nombre de Mercedes Fórmica a una calle porque esta señora fuese escritora o feminista, no, va a concederle una calle porque era falangista, para así evitar protestas de las familias de los divisionarios fallecidos.

El caso del Comandante Zorita es aún más rocambolesco. La familia del Comandante Zorita pidió al Comisionado que no se le retirara la calle porque su antepasado había sido el primer español en pasar la barrera del sonido y que en todo caso aceptarían cambiar el nombre de la calle a, Piloto Zorita, o Aviador Zorita. El Comisionado, para no enfadar a la familia del Comandante Zorita ha decidido poner a la calle el nombre de Aviador Zorita por ser el primer español en pasar la barrera del sonido, como si eso hubiese tenido algún mérito.

Sí fue un mérito pasar la barrera del sonido en los años 40 del siglo pasado, pero no en el año 1954 que es cuando la pasó el Comandante Zorita. En los años 40, los pilotos de prueba se lanzaban en picado en aviones prototipo, sin saber si iban a lograr su propósito o el avión se iba a desintegrar durante la maniobra, como sucedió en cerca de veinte ocasiones.

El primer piloto que consiguió oficialmente atravesar la barrera del sonido fue Chuk Yeager el 14 de octubre de1947, volando un avión experimental, el Bell X-1. Con Yeager nació el mito de haber pasado la barrera del sonido, mito que perdura hasta nuestros días.

Después de 1947 se comenzaron a fabricar en serie múltiples modelos de aviones supersónicos cuyos tripulantes alardeaban y alardean de haber pasado la barrera del sonido. Sobrepasar la barrera del sonido en estos aviones fabricados en serie no tiene absolutamente ningún mérito, lo puede hacer cualquier piloto que haga el curso para volar ese tipo de avión.

Los primeros modelos de aviones supersónicos no pasaban la velocidad del sonido en vuelo nivelado, había que ganar altura y lanzarse en picado con el motor a la máxima potencia, pero sin correr riesgo alguno pues el avión estaba diseñado y probado para superar la velocidad del sonido. En velocidades próximas a la del sonido, estos aviones comenzaban a vibrar y los mandos no respondían con normalidad, pero eso ya se sabía y no era ninguna sorpresa. Ese era el caso del Mystère II, o del F-86, por citar algunos ejemplos.

En 1954 pasar la barrera del sonido en cualquiera de estos aviones era pura rutina, lo podía hacer cualquier piloto de caza. Eso sucedió con el Comandante Zorita que en 1954 fue destinado a la Base Aérea de Brétigny (Francia) para realizar un curso. Una de las clases consistía en pasar la barrera del sonido en un Mystère II, algo rutinario que ya habían llevado a cabo todos los alumnos que habían volado el Mystère II desde que había salido de fábrica el primer avión, tres años antes.

Pero el motivo por el que el Comandante Zorita fue designado para que pasase la barrera del sonido en Francia no fue profesional, fue pura propaganda política del Régimen.

En efecto, Francia vio con recelo la firma en 1953 del Convenio Defensivo de España con los EEUU que entregaba España en manos de los americanos alejándola de la influencia francesa. Desde 1953 hasta nuestros días ha seguido existiendo esta pugna entre Francia y EEUU que obtuvo su mayor virulencia cuando Francia decidió apoyar a Franco en su pretensión de convertir a España en potencia nuclear. Según cuenta el General Velarde, padre de la bomba nuclear española, en un libro de reciente aparición, Carrero Blanco pretendía fabricar armamento nuclear utilizando tecnología francesa lo que provocó el malestar de los americanos. Según Velarde esta pudo ser una de las causas de su muerte prematura. Fallecido Carrero Blanco, el Proyecto Islero, así se llamaba el intento de fabricar la bomba nuclear, fue retomado por el General Diez Alegría y luego por el Presidente Suarez y el General Gutierrez Mellado, según narra el citado General Velarde. El proyecto Islero finalizó el 1 de abril de 1981 cuando el Presidente Calvo Sotelo, presionado por los americanos, autorizó la entrada en España de los inspectores de la OIEA.

Nada más firmarse en 1953 el Convenio Defensivo con los EEUU, el Gobierno francés ofreció a Franco la posibilidad de hacer propaganda permitiendo que alguno de sus pilotos pasase la barrera del sonido en un avión francés lavando así la cara del ejército franquista que por aquellas fechas era más una milicia de partido que un ejército profesional.

El Gobierno de Franco designó a Zorita para esta misión propagandística porque reunía todas las cualidades necesarias. El Comandante Zorita había luchado como voluntario en la Guerra Civil, se había formado como piloto en la Alemania nazi y había combatido con ellos en la División Azul. Era una persona de total confianza.

Cambiar el nombre de la calle del Comandante Zorita a Aviador Zorita es seguir haciendo el juego a la maniobra propagandística ideada entre el Gobierno de Franco y el Gobierno francés en 1954. Ni el Comandante Zorita ni ninguno de los miles de pilotos que han pasado la barrera del sonido en aviones probados y diseñados para ello, merecen el nombre de ninguna calle.

Enrique Tierno tuvo un miedo justificado a los sables y no pudo cambiar todas las calles y monumentos franquistas, pero en las circunstancias actuales no se entiende el temor de Carmena a ser criticada por los demócratas-franquistas, conjunción que no se da en ningún otro país de nuestro entorno europeo, dicho sea de paso.

Son ya muchos los aviones civiles de pasajeros derribados por misiles lanzados desde aviones, barcos, o plataformas militares de distintos países “civilizados”, sin que se haya exigido en ningún caso responsabilidad alguna a los autores del derribo.

Ya nadie se acuerda de la irresponsable actuación del comandante William C. Rogers, que al mando del crucero portamisiles USS Vincennes derribó el 3 de julio de 1988 en el estrecho de Ormuz, un Airbus-300 de Irán Air que volaba con 290 pasajeros de Bandar Abbas a Dubái, dentro de una aerovía.

El comandante Rogers vio en el radar el eco del Airbus en las proximidades del Vincennes aunque a 14.000 pies de altura. Ante la remota posibilidad de que fuese un avión militar con intenciones hostiles, le ordenó por radio que cambiara su ruta. El problema es que los avisos los emitió en el canal de guardia militar, 243.0 Mhz, frecuencia de la que no disponen los aviones civiles cuyo canal de guardia es 121.5 Mhz, y el Airbus no se enteró de las advertencias.

Sin más comprobaciones, el comandante Rogers al ver que el Airbus no cambiaba de rumbo dio orden de derribarlo y de esta forma causó la muerte a 290 pasajeros.

Tras un accidente de aviación civil se hace una investigación exhaustiva y se adoptan medidas para evitar que se vuelva a repetir un accidente similar. En el caso del Airbus 300 derribado por el USS Vincennes, al igual que ha sucedido con la treintena de aviones derribados por misiles militares, no se ha adoptado ninguna medida, ni se han exigido responsabilidades por lo que previsiblemente se seguirán produciendo derribos de aviones civiles, bien por imprudencia temeraria o a sabiendas de que se está derribando un avión de pasajeros, como sucedió en la isla Sajalín el 1 de septiembre de 1980 cuando un Boeing 747 de la Korean Air Lines con 269 pasajeros que se desvió de su ruta Nueva York-Seúl por haber introducido en el navegador inercial unas coordenadas erróneas, fue derribado por cazas soviéticos que antes del derribo habían comprobado visualmente que se trataba de un avión de pasajeros.

No hay noticias de que se exigiera ninguna responsabilidad a los pilotos ni al que dio la orden de causar la muerte a esas 269 personas en la isla Sajalín. Es de suponer que continuasen normalmente su carrera militar e incluso fuesen condecorados, como sucedió con el comandante del Vicennes, William C. Rogers.

No sólo no se han exigido responsabilidades por causar la muerte a miles de pasajeros, sino que tampoco se han adoptado medidas para evitar nuevos derribos, como hubiese sido el crear una frecuencia de guardia común para todo tipo de aviones y buques.

Por no haber unificado frecuencias, ni exigido responsabilidades, el 30 de octubre de 1989, un buque americano estuvo a punto de derribar un Fokker 27 de Aviaco que cubría la línea Melilla-Málaga. En este caso se repitió la misma historia que con el USS Vincennes, el buque americano avisó al Fokker de Aviaco en la frecuencia militar de 243.0 Mhz, el Fokker no recibió el mensaje porque estaba a la escucha en la frecuencia civil de 121.5 Mhz. Cuando el buque americano ya estaba a punto de lanzar un misil, intervino la torre de Málaga que había oído los avisos, por disponer de frecuencia civil y militar, y advirtió al buque americano de su error.

El no haber exigido responsabilidades, ni adoptado medidas para evitar casos como el del Vicennes o el de la isla Sajalín provocó que un Boeing 777 de la Malaysia Airlines fuese derribado el 17 de julio de 2014 por un misil Buk 9M38 disparado desde la zona controlada por los rebeldes pro rusos, en el este de Ucrania.

Sin pretender ser exhaustivo voy a citar algunos derribos que como los anteriores han quedado impunes:

El 23 de julio de 1954 dos cazas chinos La-11 derribaron un DC-4 de la Cathay Pacific Airways que hacía el vuelo Bangkok-Hong Kong. Los cazas chinos sabían que era un avión de pasajeros.

El 27 de julio 1955

un Lockheed Constellation de la compañía El Al que hacía el vuelo Londres-Tel Aviv fue derribado por dos Mig-15 búlgaros tras constatar que era un avión de pasajeros.

El 21 febrero de 1973

dos F-4 israelíes derribaron un Boeing-727 de la Libyan Arab Airlines que volaba de Trípoli a El Cairo. Los israelitas derribaron el avión después de comprobar que se trataba de un avión de pasajeros.

El 20 de abril de 1978 un caza soviético derribó un Boeing 707 de Korean Air que volaba de Paris a Seúl vía Anchorage. El avión se extravió en las proximidades del polo norte por interpretar incorrectamente las señales magnéticas. Tras el impacto del misil, el piloto pudo realizar un aterrizaje forzoso en el lago helado de Korpijävi y se salvaron 107 pasajeros de los 109 que trasportaba.

El 3 de septiembre de 1978 el Ejército Revolucionario Popular de Zimbabue, ZIPRA, derribó con un misil guiado por infrarrojos un Viscount de Air Rhodesia que iba de Victoria Falls a Salisbury. Josuha Nkomo, dirigente del ZIPRA reivindicó el atentado en la BBC, sin que fuera detenido.

En vista del éxito y del silencio de la comunidad internacional, el ZIPRA volvió a derribar otro Viscount de Air Rhodesia cinco meses más tarde, el 12 de febrero de 1979. En esta ocasión sólo protestó una asociación internacional de pilotos de líneas aéreas. La compañía Air Rhodesia modificó la salida de gases de escape de los Viscount para que emitieran menos calor y así dificultar el seguimiento del avión por los misiles guiados por infrarrojos.

El 27 de junio de 1980 un misil derribó un DC-9 de Itavia en la isla Ustica cuando hacía el vuelo Bolonia-Palermo. El ex presidente italiano Francesco Cossiga atribuyó el derribo a un misil lanzado desde un avión de la marina francesa. El 23 de enero de 2013, 23 años después del accidente, la justicia italiana reconoció que el derribo se había producido por un misil, pero sin señalar a los responsables.

El 21 de septiembre de 1993

los pro rusos derribaron un Tupolev, Tu-134 de la compañía Transair Georgia cuando estaba aterrizando en el aeropuerto de Sujumi (Abjasia). Como la comunidad internacional permaneció impasible, al día siguiente volvieron a repetir la hazaña y derribaron otro avión, esta vez un Tu-154 que cayó en llamas sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto de Sujumi con sus 132 pasajeros de los que fallecieron 108.

El 23 de septiembre de 1993

, los mismos pro rusos que habían derribado dos aviones de pasajeros los dos días anteriores, volvieron a bombardear otro avión en el mismo aeropuerto de Sujumi, cuando los pasajeros estaban embarcando.

El 6 de abril de 1994, un Falcon 50, con tripulación francesa, en el que iba el presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, y el de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue derribado por dos misiles tierra aire cuando se disponía a aterrizar en Kigali (Ruanda).

El 10 de octubre de 1998, un Boeing 727 de las Líneas Aéreas Congolesas con destino a Kinsasa fue derribado por un misil tierra-aire nada más despegar del aeropuerto de Kindu.

El 4 de octubre de 2001, un misil del ejército ucraniano derribó accidentalmente, durante unas maniobras, un Tu-154 de la Siberian Airlines, cuando volaba de Tel Aviv a Novosibirsk.

En resumen, el derribo de aviones con misiles no ha merecido la atención de la comunidad internacional, al revés de lo que sucedió en los años setenta cuando proliferaron los secuestros. Entonces la comunidad internacional si actuó y amenazó con durísimas sanciones a los países que acogieran impunemente a un secuestrador. Podían hacer lo mismo con los que derriban aviones, de forma voluntaria o por error.

Siempre que se ha puesto en riesgo la seguridad de la aviación civil, la comunidad internacional ha reaccionado. Tras el 11-S la autoridad aeronáutica obligó a todas las compañías aéreas del mundo a poner puertas blindadas en las cabinas.

¿Cuándo empezará la comunidad internacional a adoptar medidas contra el derribo de aviones civiles? Pronto lo sabremos porque el Estado islámico dispone de misiles tierra aire FIM-92 Stinger que pueden derribar objetivos que vuelan a 13.000 pies de altura y en cualquier momento los terroristas pueden decidir emplearlos contra aviones de pasajeros, lo raro es que no lo hayan hecho ya.