El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido un fallo en el que declara que Suiza ha violado el derecho a la intimidad personal y familiar de las personas mayores al no cumplir su obligación de tomar medidas suficientes contra el cambio climático.

El caso –Klima Seniorinnen contra Suiza– no tiene precedentes en la Corte de Estrasburgo, pues hasta ahora las demandas que relacionaban medio ambiente y privacidad se sostenían en hechos cuya línea de causalidad con la violación de este derecho era (o debía ser) clara; por ejemplo la polución de una fábrica hacía invivible una hogar cercano. Ahora, en cambio, se ha decidido (por primera vez) sobre si algo tan ‘genérico’ como el cambio climático obliga a los Estados –en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos– a actuar para que no se produzcan consecuencias sobre la ciudadanía, independientemente de que se pueda establecer una causalidad directa entre el calentamiento global y el malestar concreto (la salud, la intimidad) de las demandantes.

El caso tiene interés por varios motivos: porque la sentencia asume los argumentos científicos sobre el cambio climático, porque aborda la legitimidad de quiénes pueden reclamar por la inacción de los Estados, porque analiza la relación de causalidad entre lo que se denuncia y el daño personal que se produce, porque pone en el punto crítico de mira el activismo de la Corte... Sin duda, estos y otros temas darán mucho que hablar en el futuro, pero ahora quisiera señalar solo tres cuestiones, las directamente relacionadas con las personas mayores.

El primer asunto es el que pone de relieve la relación entre el cambio climático y las personas de edad avanzada. El Tribunal observa que existen pruebas científicas contundentes (aceptadas por los Estados) que demuestran que el cambio climático ya ha contribuido a aumentar la morbilidarad y la mortalidad entre los grupos sociales más vulnerables y que, en ausencia de una acción decidida por parte de los Estados, el fenómeno corre el riesgo de progresar hasta el punto de ser irreversible y desastroso. Uno de esos grupos son las personas mayores, especialmente sensibles a efectos climáticos como las sequías y las olas de calor. La sentencia considera que puede existir una relación de causalidad jurídicamente relevante entre las acciones u omisiones de los Estados (que causan el cambio climático o no lo abordan) y el daño que afecta a las personas; y así lo establece en este caso.

La segunda cuestión que plantea Seniorinnen contra Suiza es la visibilidad de las personas mayores como sujetos de derechos. Que la iniciativa que ha llegado al TEDH haya partido de un grupo de mujeres suizas cuya edad media es de 73 años revela, al menos, un par de cosas. Que las personas mayores son un grupo heterogéneo y por tanto es un error pensar que todas o la mayoría están en la misma situación y tienen los mismos intereses. Que las personas mayores no son solo ni principalmente sujetos de necesidades, de servicios sociales. Son ciudadanas completas que participan en la vida social y política de su comunidad, que reclaman sobre derechos personalísimos como la intimidad, que ejercen un derecho de libertad como es el de asociación, que reclaman derechos sociales como la protección de la salud, y que activan para todo ello su derecho de acceso a la justicia. Las personas mayores son sujetos plenos de derechos.

El tercer tema nos habla de la perspectiva intergeneracional del cambio climático. El Tribunal es consciente de que los efectos perjudiciales del cambio climático, además de afectar en mayor medida a diversos grupos vulnerables, plantean la cuestión del ‘reparto intergeneracional de la carga’. Por eso tiene tanto interés que haya sido una asociación de personas mayores la que, desde 2016, lidere una oleada de litigios sobre el clima, exigiendo la responsabilidad de los gobiernos ante los tribunales. Más allá del ejercicio de un derecho y reclamación por el daño sufrido, existe una enorme responsabilidad de las personas de mayor edad sobre las condiciones en las que se va a dejar el planeta a las siguientes generaciones. Generaciones jóvenes que desde hace tiempo vienen reclamando, porque sin planeta no hay futuro y porque en el futuro ellas mismas serán ancianas.

Se dice que la decisión del TEDH es histórica. Ojalá lo sea por el impacto de la señal que envía a los poderes públicos de los Estados, a los gobiernos, a los legisladores y a los tribunales, para que dirijan sus decisiones hacia la reducción de los riesgos climáticos, hacia la protección del planeta. Y ojalá lo sea por el aldabonazo a la conciencia social contra el edadismo, para que cambiemos drásticamente la forma en que vemos y valoramos a las personas mayores.

Tengo la impresión de que los bancos han resuelto muy bien el embarazoso asunto de Carlos San Juan. Muchos medios han recogido las promesas de las entidades financieras como si ya estuviesen implementadas. Como si fueran parte de leyes obligatorias. Como si muchas de esas promesas no hubieran sido ya anunciadas hace meses. Como si se fuese a sancionar de forma edificante su incumplimiento. Como si no supiésemos qué significan para aquéllas los protocolos y los códigos de buena conducta. Cómo si el capital actuase de manera voluntaria al constatar el daño humano que su avaricia provoca.

‘La banca mejorará los horarios y ofrecerá atención personalizada a los mayores’, prometía un diario que conoce el futuro. ¿Cuántos de los 100.000 puestos de trabajo de los que han prescindido (despedidos o pactados) van a recuperar para hacerlo?, nos preguntamos los que sabemos como cuadra la banca sus cuentas. Porque si readmite a uno solo, ya no le van a salir.

La verdad es que no quería hablar de esto, aunque sí de algo que tiene que ver. Lo que a mí me ronda por la cabeza es una idea sobre lo que va a significar —lo que debería significar— para la sociedad la lucha por los derechos de las personas mayores. Algo que tímidamente ha empezado a visualizarse, y que va mucho más allá del (mal)trato en las oficinas bancarias, y también de las pensiones.

Como paso previo, no veo esa lucha por los derechos de los mayores como algo generacional, como algo exclusivamente de ellos. De hecho, creo que en la medida en que se asuma así —y ya se está tratando de crear por algunos un ‘relato’ de confrontación intergeneracional—, se desperdiciará una energía social que, desde posiciones democráticas, va a resultar muy necesaria en el futuro para proteger lo que queda de bien común y enfilar el camino hacia una sociedad menos violenta y más justa.

Después, conviene entender que a todos nos trae a cuenta reivindicar y defender los derechos de las personas mayores.

Primero, por lo obvio: porque esos derechos fundamentales están siendo masacrados sin miramientos. El desprecio que están mostrando los bancos hacia los ancianos no es más que una muestra de la seguridad que tienen de que no van a pagar por ello. ¿Cómo no la van a tener si miles de ellos han fallecido abandonados en las residencias y no hay entre las autoridades y partidos políticos quien mueva un dedo para investigar y hacer Justicia allí donde esta pide a gritos un trato digno a los familiares? En un Estado de Derecho, cuando se vulneran los derechos, lo obligado es reaccionar, determinar lo sucedido, reclamar responsabilidades y resarcir a las personas dañadas.

En segundo lugar, porque salvo quienes como Bogart en Llamad a cualquier puerta deseen morir jóvenes y dejar un bonito cadáver, la mayor parte de los seres humanos aspiran a la vejez; a la vejez con dignidad. Y como solo unos pocos van a llegar en condiciones económicas óptimas y acompañados por familiares amigables, trae cuenta ocuparse ahora de pensar el modo en que una sociedad en plena revolución demográfica va a gestionar un futuro decente para muchos mayores con ‘vidas extendidas’.

Y, por último, porque la lucha por los derechos de los mayores es la lucha por los derechos. No solo por nuestros derechos cuando seamos viejos, sino por nuestros derechos hoy, ocupemos la franja de edad que ocupemos.

Cuando las personas mayores reivindican respeto y rechazan ser estereotipados, como lentas, improductivas y gravosas —el estereotipo es el prejuicio previo a la discriminación—, nos están diciendo que nadie debería serlo, y que en realidad la famosa “vulnerabilidad” de algunas personas o grupos tiene que ver más con cómo la sociedad trata injustamente ciertos rasgos: edad, raza, nacionalidad, género, discapacidad, opción sexual… que con los efectos negativos que esos rasgos ocasionarían a sus portadores.

Cuando piden soluciones para la soledad no deseada de miles de ancianos, se ponen el foco en un problema social que trasciende la edad avanzada, y que está en el origen de muchas enfermedades mentales.

Cuando reivindican medios para una participación social democrática y efectiva, con derecho a información veraz e instrumentos para tomar parte en lo público, no solo incluyen a quienes por edad se ven desplazados en la deliberación y toma de decisiones de lo que personal y colectivamente les interesa, sino a la ciudadanía en su conjunto.

Cuando, en fin, proponen que los cuidados sean considerados un derecho fundamental, están construyendo la base de una transformación social necesaria y profunda —en lo político, en lo económico y en lo cultural—, hacia un nuevo modelo de convivencia. Una transformación que, a todas y todos, o al menos a la gran mayoría, nos trae a cuenta.

Los ejemplos de intereses comunes —y cada uno de los derechos lo es— podrían alargarse mucho más. Pero volvamos al principio, a los bancos.

La reivindicación de una ‘atención humana’ por parte del capital, no solo en la banca sino en todos los ámbitos de su poder, cada vez menos limitados, quizás sea una utopía. Sin embargo, la capacidad de presión social sobre quienes toman las decisiones o asumen las omisiones que favorecen a los poderosos en perjuicio de la ciudadanía y del Estado de Derecho, existe, y en la medida en que existe, no se deja dominar y es eficaz, consigue derechos y beneficia a la mayoría.

De modo que la lucha de las personas mayores por sus derechos debería de ser vista como una acción común, que sin duda les conviene, pero que también nos favorece a todos y que, quizás, esté poniendo las bases de un nuevo modelo de sociedad, más humano y más justo.

* Artículo aparecido en infoLibre infoLibreel 13 de febrero de 2022.

Cuando tras una denuncia ante los tribunales existe la sospecha de que han podido existir acciones u omisiones que han provocado la lesión grave de uno o varios derechos, la obligación del Ministerio Fiscal es investigar, a fondo, las circunstancias de lo impugnado; y la obligación de los jueces es admitir y valorar todas las pruebas relevantes que aclaren lo que realmente ha sucedido, para determinar si existe un vínculo causal entre aquellas acciones y el daño a los derechos. Todo esto es así siempre, y debe serlo con mayor razón si las víctimas de esos daños son personas en especial situación de vulnerabilidad.

Hace unos meses, a principios de octubre, la Fiscal de Sala del Tribunal Supremo delegada para protección de personas con discapacidad y personas mayores afirmó que al principio de la crisis sanitaria “en las residencias se vulneraron derechos fundamentales de las personas mayores”. No fue una frase al azar, sabía de lo que hablaba.

Más allá de las situaciones inevitables de sufrimiento —y muerte— que muchas personas padecieron a causa de las excepcionales circunstancias que la pandemia provocó en su primera etapa, también han sido numerosos los relatos que han revelado comportamientos no profesionales, irresponsables, imprudentes, mediocres, de mala fe…, de personas y entidades, públicas y privadas, cuyos actos estaban vinculados de una u otra forma a los centros residenciales para mayores. Los medios han dado cuenta de unos cuantos, y son fácilmente consultables los informes de organizaciones serias que los han constatado.

El rigor que exige un tema tan dramático y delicado obliga a considerar como probable que muchos de aquellos comportamientos dudosos, recogidos en medios e informes, o denunciados en los tribunales, no merecen la consideración de ilícitos. Y una vez conocidas las circunstancias precisas de cada caso, aceptar también que otras conductas ni siquiera habrán de ser tachadas de reprochables. La pandemia dibujó un panorama extremo, y se hizo lo que buenamente se pudo. En otras palabras, en muchas residencias se actuó bien.

Es cierto, en muchas residencias se actuó bien, pero en otras no; en otras se actuó muy mal. Y también es cierto que algunas administraciones actuaron mejor que otras; y que algunas lo hicieron de forma deplorable. Por eso si, como dijo acertadamente la Fiscal delegada, en las residencias se vulneraron derechos fundamentales de las personas mayores —el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a no sufrir tratos inhumanos ni degradantes, al acceso a la salud, a la intimidad familiar…— llama la atención que casi dos años después no haya habido un solo caso de denuncia de mala praxis de los centros o contra presuntas decisiones ilícitas de la Administración que haya prosperado ante los tribunales. ¿Es que todavía no les ha dado tiempo o, a la vista de los indicios, es que todavía va a ser nunca?

El motivo de esta paradoja podría ser que, como se ha señalado, en realidad, dadas las circunstancias, se hizo lo que se pudo y nada más era exigible. Pero no lo es. Lo cierto es que esta cancelación a cámara lenta de lo ocurrido con las personas mayores (muchas discapacitadas y en situación de dependencia) durante la crisis sanitaria es fruto de la dejadez, la inhibición y la incompetencia de quienes tienen la obligación de cumplir con importantísimas funciones, en la jurisdicción unos, en la política otros.

Después de las cosas que sabemos, ¿de verdad que puede aceptarse en un Estado que dice llamarse de Derecho que decenas de familias permanezcan en la indefensión que supone la absoluta falta de interés real de la fiscalía y los jueces por investigar con seriedad lo sucedido? ¿Y cómo se explica la dolorosa puesta de perfil de las administraciones responsables y los partidos que las sostienen, tan locuaces para otros temas menos graves?

No hablo siquiera de la condena de los culpables, si lo fueren, sino de que al menos, como ha exigido el Tribunal Supremo en un Auto de diciembre de 2020, se investigue: se esclarezca “si los fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquellas son susceptibles de reproche penal…”; se determine “la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que las personas fueran trasladadas a centros sanitarios…”; y se averigüe “si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos mayores de edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho”.

Nada de esto se ha hecho. Al contrario, en casos especialmente espinosos el interés y el rigor del ámbito judicial han brillado por su ausencia. Así, la Fiscalía de Madrid ha justificado la legalidad de los protocolos de la CAM con datos incorrectos, y en el caso de la residencia Elder de Tomelloso, con 75 muertes y un ostentoso comportamiento irresponsable de su gerente, ni Ministerio Público ni juez instructor han encontrado tiempo y motivos para tomarlo en serio. En otros casos, la lectura de los decretos de la Fiscalía que acuerdan el archivo de muchas de las denuncias muestra que, en su mayoría, dichos archivos no han sido el resultado de una verdadera investigación, sino que se han basado en los informes (naturalmente exculpatorios) de las propias residencias y las administraciones implicadas. ¿Hay que recordar que el Ministerio Público debe defender la legalidad y, especialmente, los derechos de las personas más vulnerables?

El pasado 24 de noviembre la Comisión de Derechos Sociales del Senado aprobó por unanimidad un informe de la ponencia de estudio sobre el envejecimiento en España, en el que se recomienda aprobar un Pacto de Estado para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores y combatir el edadismo, es decir, la discriminación por razón de edad. Tiene mérito, a la vista de esta encomiable iniciativa, que los mismos actores políticos, en sus respectivos parlamentos autonómicos, hayan conseguido malograr la puesta en marcha de comisiones de investigación para saber lo ocurrido en las residencias.

Después de la discriminación masiva a la que fueron sometidos miles de personas mayores durante la pandemia, no se me ocurre mayor acto de edadismo que la cancelación, el olvido y la negación de reparación de aquellos casos en los que se produjeron acciones y omisiones que vulneraron flagrantemente sus derechos. No se pide una condena colectiva de quienes tuvieron la desgracia de verse envueltos de forma especialmente grave en la toma de decisiones a que obligó la crisis sanitaria. Lo que se exige es una investigación seria caso a caso, a la altura de lo sucedido, y se rechaza, frontalmente, una ocultación mutua de vergüenzas que, al cabo, nos acabará avergonzando a todos.

* Artículo aparecido en infoLibre infoLibreel 9 de enero de 2021

Creo que es el momento de hacer por mi parte un comentario sobre el libro Vergüenza. El escándalo de las residencias, de Manuel Rico. Hacerlo precisamente ahora, aparentemente a destiempo, cuando han transcurrido algunos meses de su publicación y el libro ha sido presentado por su autor en no pocos foros y medios de comunicación; cuando, poco a poco, temas menos urgentes pero más mediáticos van ocupando nuestra atención y alimentando el olvido de lo que quisiéramos olvidar.

El excelente trabajo de Rico nos habla de algo terrible que sabemos que ha pasado. Han muerto miles (y miles) de personas mayores en las residencias, sin la atención sanitaria a la que tenían derecho. Un desastre, una tragedia que podía haberse evitado y que, por eso mismo, es un escándalo.

Un escándalo como concepto, porque lo que no ha sido es un escándalo social. Recuerdo el impacto que me causó hace años la lectura de Aimé Césaire en la que afirmaba que, si los millones de víctimas del Holocausto hubiesen sido negras y no blancas, la Shoá hubiera sido fácilmente olvidada. Lo creo. Como creo que si los 20.000 fallecidos en los dos primeros meses de la pandemia encerrados en las residencias hubiesen sido niños, adolescentes o personas de mediana edad —y no viejos—, la reacción social hubiera sido diferente, quizás ¿legítimamente? brutal. No ha sido así, pero al menos tenemos un ejemplo práctico con el que explicar lo que es el edadismo, la discriminación, la indiferencia hacia las personas mayores.

Vergüenza nos dice qué ha pasado, dónde ha pasado, por qué ha pasado y quiénes son los responsables de que haya pasado. Con datos, sin aspavientos, sembrando tantas preguntas como razones para plantearlas. Primero nos habla de ‘lo circunstancial’ —unos protocolos mortalmente discriminatorios—; y después, de ‘lo estructural’ —un sector privatizado y un Estado social débil y en retirada—, si bien lo circunstancial no es más que la consecuencia de lo estructural ideológico.

Lo circunstancial fue la decisión por parte de algunos gobiernos autonómicos de no derivar a los hospitales a personas mayores contagiadas en las residencias. Con indicaciones que no alcanzaban ni la entidad de una resolución administrativa, se excluyó a los mayores con cierto grado de dependencia del derecho a la salud reconocido en la Constitución y en las leyes. Por ejemplo: en Madrid las residencias no fueron medicalizadas (como exigió el TSJ), no hubo derivaciones al hospital de Ifema (con camas sobrantes), y no hubo traslados a hospitales privados. Y todo ello sin más motivo que la carencia de medios o la decisión de escatimarlos. Es decir, no se repartió equitativamente la carencia de Estado social —‘lo estructural’—, sino que esa carencia se aplicó circunstancial y directamente a quienes, en la realidad, son considerados ciudadanos de segunda: las personas mayores.

Lo más llamativo es que estas decisiones político-administrativas no han dado lugar a ningún tipo de responsabilidad, ni política (elecciones autonómicas ha habido), ni jurídica. Por ahora la fiscalía ha entendido que, dadas las circunstancias, los centros residenciales denunciados cumplieron como pudieron su deber de cuidado y los protocolos establecidos por las autoridades, y que el exceso de muertes no pudo ser evitado. Al parecer, nada tiene que decir la fiscalía sobre las directrices discriminatorias que bloquearon que muchas personas mayores fueran atendidas por los servicios sanitarios. Directrices que vulneraron el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y a la salud, de un grupo humano especialmente vulnerable.

Lo estructural es la respuesta a la pregunta ¿cómo se organiza esta sociedad para cuidar a las personas mayores? En un sistema dominado por las leyes de un mercado complementado y supervisado (teóricamente) por el Estado social, ¿puede ser el cuidado de las personas mayores un negocio? ¿Y un gran negocio? ¿Qué papel juega la Administración en la provisión y garantía de los cuidados a un grupo en situación de vulnerabilidad como lo es el de las personas mayores?

Lo cierto es que el de las residencias se está convirtiendo en un gran negocio, un negocio privatizado (solo el 13% de las plazas es de gestión pública) en proceso de concentración empresarial controlado, bien por una Iglesia opaca asociada al concepto de beneficencia del siglo XIX (ajena pues a la idea de derechos sociales); bien por fondos de inversión extranjeros y multimillonarios que, a pesar de recibir gran cantidad de fondos públicos, se dedican a aplicar un principio fundamental: obtener beneficios. Cuantos más y cuanto antes, mejor.

La aplicación concienzuda de este principio tiene una repercusión directa sobre la cantidad de personal de las residencias, sobre su formación, sobre la institucionalización (y despersonalización) de los centros, sobre la calidad en la alimentación de los residentes… en definitiva, sobre la calidad del servicio y el bienestar de los ancianos. Porque, como señala Rico, la factura del enriquecimiento de unos pocos la pagan otros, en este caso las personas mayores.

Con razón se dirá que la función del mercado no es proteger los derechos de las personas. Pero sí lo es la función del Estado; de hecho, es una de sus principales razones de ser. Y aquí es donde falla la segunda parte de la ecuación. El problema no es tanto que el Estado deje el cuidado de los ancianos en manos de privados a los que transfiere fuertes sumas de dinero (tema que da para discusión), sino que, al hacer dejación de sus funciones de control y presupuestarias, desprotege a las personas mayores. Las desprotege al no controlar eficazmente que las residencias cumplen con los estándares mínimos de calidad que exige la ley, las desprotege al no sancionar adecuadamente los incumplimientos (sale a cuenta infringir los requisitos de calidad), y las desprotege, sobre todo, al no financiar adecuadamente el sistema de dependencia.

En este libro no se echa la culpa a unos y se absuelve a otros. No se dice que lo privado funciona mejor que lo público. No se dice que todos lo hicieron mal (al contrario, se señala que muchos, a pesar de la situación tan dura que se vivió en los primeros meses de pandemia, lo hicieron muy bien). No carga contra los responsables de un partido político y olvida el resto (qué curioso que hayan sido Madrid y Cataluña las dos autonomías, aun con distinta intensidad, que aprobaron protocolos discriminatorios de exclusión). Pone sobre la mesa los datos y las claves más importantes de lo que aconteció, para interpretarlos y que los interpretemos.

Si el periodista es, como aseguraba Camus, “un historiador sobre la marcha cuya principal preocupación es la verdad”, Vergüenza demuestra que Rico lo es. Y que practica su oficio. Investigación, objetividad y prudencia sostienen la solidez del que es para mi uno de los libros más importantes de esta época de confusión informativa, ética y política. Leerlo provoca el desconcierto de ánimo que le da nombre. Su contenido obliga a revisar de arriba abajo el modelo de los cuidados y, más allá, cómo piensa la sociedad a los mayores.

La crisis sanitaria pasará, y aunque hoy no lo creamos, en unos meses no será otra cosa que objeto de recuerdo y tergiversación político-electoral. No dejemos que lo sucedido caiga en el olvido, porque de hacerlo, renunciaremos a que se corrija todo aquello que lo provocó y que, cuando se conoce, produce tanta vergüenza.

El icono de una silueta con bastón y algo encorvada para ilustrar al grupo de personas mayores de 55 años, que apareció ayer en un informativo, provocó cierta reacción de estupor en las redes sociales y una rectificación en clave de humor por parte del presentador del noticiero. — «Algo exagerado, ¿verdad?» — comentó divertido. La anécdota tuvo su gracia, y reconforta que los pequeños errores se rectifiquen con naturalidad y sin mayores aspavientos.

Sin embargo, sería un error no tan irrelevante pensar que esta anécdota es un suceso aislado, sin conexión con una realidad social que, a menudo, por medio de estereotipos como el del bastoncito, discrimina de forma silenciosa a las personas mayores.

Los estereotipos negativos son prejuicios sociales que minusvaloran a ciertas personas o grupos, y están en la base del trato peyorativo y discriminatorio (por comportamientos sociales, pero también por decisiones normativas y judiciales) que no pocas veces reciben.

Las personas mayores son percibidas en muchas ocasiones —más de las que nos atrevemos a reconocer— como sujetos débiles, inútiles, lentos, improductivos y egoístas, que ya han vivido su vida y que, como dice la hermosísima película de Leo McCarey, deberían ‘dejar paso al mañana’. Esta percepción, que en absoluto se corresponde con la realidad, no es necesariamente obvia, más bien suele ser sutil, muchas veces inconsciente y en absoluto malintencionada. Pero sus efectos pueden ser devastadores.

Esta semana, por poner un ejemplo, la Fiscalía de Sala para la protección de las personas con discapacidad y mayores ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma categórica las resoluciones judiciales que están autorizando la administración forzosa o no consentida de la vacuna a personas residentes en centros de mayores. Las rechaza, con razón, por discriminatorias, pues el trato diferente al resto de ciudadanos se basa, exclusivamente, en tener una edad avanzada y vivir en una residencia.

No se trata de enumerar aquí y ahora una ‘lista de agravios’ (aquí y aquí un par de casos llamativos que ya comenté), pero sí de llamar la atención sobre el hecho de que los prejuicios de los que estamos hablando podrán ser invisibles y aparentemente anecdóticos, pero sumados y decantados en acciones concretas, en absoluto son indoloros para sus víctimas. Están detrás de la soledad y aislamiento involuntario de muchas personas; están detrás del modelo de cuidados —segregado, institucionalizado, a veces inhumano— de muchas residencias; están detrás del triaje mortal que ha tenido lugar al principio de la pandemia, y que ha sido denunciado por el periodista Manuel Rico.

Lo del icono del bastoncito es una anécdota, y hace gracia, pero sería triste que su simpática resolución encubriese o relativizase un problema al que va siendo hora de que nos enfrentemos como sociedad: la desconsideración hacia las personas mayores en una sociedad cada vez más envejecida.

Esta caracterización de los mayores no es inocua, ha tenido y tiene consecuencias perjudiciales, para ellos y para la sociedad. El desvalor de sus vidas, que tienen que ser protegidas junto a las de los más jóvenes; la sensación de los jóvenes de ser más inmunes al virus y a su propagación; el aislamiento prolongado de las personas mayores en minúsculas habitaciones de residencias (de 10 a 14m2, en el caso de que sean habitaciones dobles que son las que más abundan); el trato diferenciado en algunos protocolos de atención sanitaria; la escasa priorización dada en la protección y atención médica a este grupo, cuando la OMS ya había advertido que era el de mayor riesgo sanitario; la ausencia de distinción entre personas mayores con autonomía funcional y otros en situación de dependencia afectados por diversas patologías (no es la edad sino las patologías lo que hace a uno más vulnerable); la falta de medios para unos cuidados necesarios para dichas patologías en la hospitalización (inadecuada atención a las personas con demencia y covid-19 en los hospitales por ausencia de unidades de geriatría)…

La pandemia ha hecho aflorar la vulnerabilidad de las personas mayores y de los sistemas de cuidado que debían protegerlas, pero también ha visibilizado el contexto de discriminación en el que muchas de ellas viven. Adultos pueden salir a la calle ya, personas mayores deben permanecer confinadas en sus casas “por su bien”. En el futuro, esta división por edades podría tener consecuencias muy negativas. Saber que uno llega a los 70 años es saber que uno ya se encuentra en ese grupo de más riesgo, cuando la realidad científica dice que no es la edad sino la pluripatología lo que hace a uno más vulnerable.

Así que más que enfrentar a las generaciones y dividirlas sería conveniente hoy más que nunca unirlas facilitando el intercambio intergeneracional y la solidaridad. A pesar de la distancia física hay muchas maneras de poder mantener el vínculo entre generaciones: zoom, facetime, Skype, teléfono, cartas manuscritas, implicarse en actividades conjuntas como leer un mismo libro o ver la misma serie, y después comentar en un Club de Lectura, quizás ahora a distancia.

La situación de discriminación de las personas mayores es anterior al covid-19 y será peor en el futuro si no somos capaces todos de poner remedio.

Para que el remedio sea posible es imprescindible, primero, que seamos conscientes de los estereotipos negativos que afectan a la vejez. Estos estereotipos son concepciones falsas sobre las características de las personas mayores, construidas a partir de una generalización que no tiene correlato con la realidad. Algunos ejemplos de estereotipos que no sirven para definir a las personas mayores son: “Se comportan como niños, son poco productivas, son tristes y débiles, están siempre solas y enfermas, son inactivas…”.

Por genéricos, obvian su singularidad, y si hay un grupo de edad que se caracteriza por una mayor heterogeneidad, ese es el grupo de las personas mayores. Son distintos en experiencias, en recorridos vitales, en genética, en salud, en estilos de vida... El mismo proceso de envejecer es altamente diverso y depende mucho del contexto en que se desarrolla. No hay dos viejos iguales.

Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de esa diversidad, la construcción social edadista en torno a las personas mayores las condiciona tanto que provoca lo que en psicología se denomina «profecía autocumplida». Es decir, las personas mayores y su entorno acaban asumiendo en no pocos casos conductas acordes a lo esperable según las creencias y expectativas prejuiciosas: renuncian a las propias capacidades, aceptan las limitaciones arbitrarias a su autonomía, adoptan una actitud de minusvalía, se aíslan en soledad, asumen como naturales enfermedades físicas y emocionales…

Observamos entonces que los estereotipos son la puerta de entrada a la estigmatización, al etiquetado y a la conducta discriminatoria respecto de las personas mayores. Y observamos que, pese a no ser un tema visible socialmente, la realidad es que muchas de las personas mayores ven sus derechos fundamentales muy debilitados, cuando no directamente vulnerados.

Instituciones públicas (como el Defensor del Pueblo), privadas (como CEOMA, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y las sociedades autonómicas de geriatría y gerontología, Fundación Pilares, HelpAge España y muchas otras más que trabajan con, por y para las personas mayores), y académicas (como la Cátedra ProspectCV 2030), vienen elaborando en los últimos años documentos que recogen casos y datos que demuestran patrones de comportamientos sociales y normativos que dan lugar a fenómenos rechazables, como el maltrato a las personas mayores, un problema creciente que vulnera el derecho a la integridad física y moral y el derecho a no ser sometido a humillación. Como las actitudes que limitan, muchas veces de forma arbitraria, la autonomía, así como el derecho a tomar las decisiones sobre la propia vida. Como los contextos que dificultan el ejercicio de su derecho al trabajo, o el acceso a la justicia, o la participación ciudadana, o el disfrute de ciertos beneficios sociales, educativos y culturales. O los que permiten las intromisiones en la privacidad, sea esta la intimidad personal, la libertad sexual, el honor, el secreto de sus comunicaciones o la protección de datos de carácter personal. O las que tienen que ver clara y directamente con el edadismo como la infantilización. No, no son como niños. No, no son “nuestros mayores”. Son ellos mismos, con todos los derechos de cualquier ciudadano otorgados por la Constitución Española.

Esta situación discriminatoria, muy poco visible, es la que venía acompañando a las personas mayores cuando ha llegado la crisis del covid-19. La discriminación y abandono, vivencia en soledad, que ha parecido sorprender ahora, no ha sido más que el ejemplo de la realidad en la que muchos de ellos viven, una realidad en la que los comportamientos sociales, la normativa y recursos destinados a su bienestar y su dignidad son obviados de manera cotidiana. Y cuando los poderes públicos crean los centros, los servicios, los programas, a menudo lo hacen sin contar con ellos. Para ellos, pero sin ellos.

Las personas mayores se encuentran en situación de desigualdad respecto del goce de los derechos fundamentales, y son vulnerables en mayor medida que otros grupos, por lo que requieren una atención especial. Así ha sido puesto de manifiesto en publicaciones recientes como la investigación llevada a cabo por Fundación Pilares Derechos y Deberes de las personas mayores en situación de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana, donde se muestra la necesidad de un enfoque basado en derechos: derechos y deberes relacionados con la dignidad, la autonomía y capacidad de decidir, la igualdad, la libertad, la seguridad, la participación social y las relaciones familiares y sociales. En dicha investigación publicada en 2019 los profesionales consideraron que las personas mayores están desatendidas: continuidad en la atención, promoción de la autonomía personal, participación efectiva, respeto al honor, disponer de una residencia hogareña, acceso a los recursos de los servicios sociales, respeto y mantenimiento de una imagen positiva, permanencia en el contexto propio de la persona, autotutela y últimas voluntades, y protección jurídica.

Uno de los mayores avances de las sociedades modernas ha sido el aumento de la esperanza de vida. Pero a esa posibilidad de vivir cada vez más años le falta la necesaria adaptación al proceso de envejecer. Sin miedo. Sin prejuicios negativos que nublen la vivencia de la última etapa de la vida. Para llevar a cabo esa adaptación es absolutamente imprescindible que ciudadanos y representantes públicos cambien su manera de ver a las personas mayores.

Ante todo, es necesario resignificar la imagen de la vejez, teniendo claro que es una etapa de la vida que, como otras, contiene tanto aspectos positivos como negativos. Hay pérdidas, pero también hay ganancias. Es posible seguir manteniendo proyectos de vida que llenen de significado el día a día. Deconstruir los prejuicios y estereotipos que recaen sobre las personas mayores es una tarea pendiente que erradicará muchas de las prácticas discriminatorias que sufren arbitrariamente.

Entre los retos que tenemos por delante en esta pandemia está, sin duda, el de revisar un modelo de cuidados de las personas mayores que en buena medida se ha visto impugnado por la crisis sanitaria, un modelo que ahora habrá de tomar como centro a la persona y no la institución. Pero ese cambio de modelo ha de formar parte de una estrategia de políticas públicas con una visión más amplia. Una estrategia que evite cualquier vestigio de edadismo, que se sirva del Estado Social constitucionalmente consagrado, y que se acerque a las personas mayores desde un enfoque basado en sus derechos.

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Sacramento Pinazo Hernandis es profesora en la Universidad de Valencia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología.

Fernando Flores es miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y de la Fundación HelpAge España.

La ley  –la Ley 18/1987– consideró que la concurrencia de esos tres elementos justifica la celebración del 12 como Día de la Fiesta Nacional. Según su redacción, que no dista mucho de la Ley franquista de 1958, los tres conformarían "momentos de la historia colectiva que forman parte de nuestro patrimonio histórico, cultural y social común".

Los antecedentes de este Día de la Fiesta Nacional son el Día de la Raza (en cuya conmemoración de 1936 tuvieron Millán Astray y Unamuno sus más y sus menos), y el Día de la Hispanidad; denominaciones que, tras varias vicisitudes, acabaron vinculadas sin género de dudas a posiciones católicas y reaccionarias.

Con estos antecedentes, no debería extrañar que a algunos nos parezca que, llegada la democracia, el mantenimiento de la fecha del 12 de octubre no sea la idea más feliz e integradora de un sistema político constitucional que, por definición, debe ser plural e inclusivo. Más aun teniendo en cuenta lo que la misma Ley reconoce que tenemos "un pasado complejo y una nación diversa".

Las fechas, en todo caso, pueden resignificarse, cambiando lo que se hace con ellas, dándoles un contenido distinto, un sentido diferente o al menos matizado al que determinó su origen. Pueden resignificarse, o no. Y en el caso de la Fiesta Nacional, no se ha hecho.

Más allá de las cuestiones territoriales y los límites mentales de unos cuantos –probablemente ni muchos ni pocos–, lo que de verdad impide que la Fiesta Nacional tenga un sentido aceptable, no es, en lo fundamental, que se celebre el 12 de octubre. Lo que lo impide es su formato. El protagonismo exclusivo que este da a los militares y a la monarquía –y me atrevo decir, a la capital, Madrid– aleja la connotación civil y plural que debería caracterizar una celebración así.

Habría que contratar anuncios y decirlo en los telediarios: el 12 de octubre no celebramos el Día de las Fuerzas Armadas. Este es en mayo. Lo del 12 es, debería ser, diferente. Debería celebrar una trayectoria histórica, cultural y política, discutible (como la de cualquier país), singular y propia. Y en esa trayectoria, debería celebrar lo que nos une como nación, en la medida en que pueda hablarse de esta con un mínimo de sentido y respeto.

Pero, año tras año, no es así. A pesar de que hay pequeños gestos de apertura civil –se abren gratuitamente algunos museos, se organiza algún concierto, se propone alguna charla– el acto fundamental del 12 de octubre es un desfile militar por la columna vertebral (si al menos fuera por la espina dorsal, que decía Sánchez Ferlosio) de la capital de España. Un acto precedido en las vísperas por publicidad que nos habla de las Fuerzas Armadas y –este año– de sus logros tecnológicos y su vocación por la paz. Un desfile en cuya retransmisión no se habla de España ni de nuestro patrimonio cultural y social, sino de los militares, de su historia, de su trabajo, de su importancia. No en vano la Fiesta es organizada por el Ministerio de Defensa.

Lo he escrito otras veces. La celebración y consolidación de la unidad de esa idea política y jurídica que es España solo cabe buscarla en lo que tienen en común sus gentes y sus territorios, realmente diversos. Y ese denominador común, a día de hoy, no son ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil. Son las líneas muy marcadas de una cultura compartida que se silencia por intereses políticos de unos y otros (aunque más por unos que por otros). Y es el marco de convivencia llamado Constitución.

En la oscarizada película El violinista en el tejado (Jewison, 1971), la imagen del músico sobre los techos de las casas es la metáfora de la inestabilidad de las comunidades judías en la Rusia zarista. A veces veo así a España, como a un país que, a pesar de sus cuarenta años en democracia, no ha alcanzado la estabilidad suficiente para poder sacar a un dictador fascista de su mausoleo oficial, o para celebrar la Fiesta Nacional con algo más de sentido común.

El vídeo, además de hacer un comprensible (en otra circunstancia) guiño al centenario de la Aviación Naval, nos habla de la solidaridad, de la familia, de las tradiciones, de la protección, de la seguridad, de la libertad, de la amistad y del orgullo que hay que sentir por ser españoles. Bien está (si así os parece). Pero, ya que nos ponemos a sumar valores, ¿por qué no se menciona la justicia, la igualdad o el pluralismo político, valores superiores que nuestra Constitución consagra junto a la libertad en su artículo primero? Nada es inocente, ni nuestro Contrato Social al recoger unidos esos principios como inspiradores de convivencia (y que no se entienden sino integrados) ni el vídeo del Ministerio, al prescindir de ellos en su mensaje.

El Ministerio elabora un discurso desde la perspectiva militar –y eso es lo esperable–, pero lo que sucede es que la Fiesta Nacional no es (solo) de los militares, ni principalmente de ellos. Hace un año, en un artículo titulado La llamada Fiesta Nacional, argumentaba que ésta se planteaba de forma equivocada en el fondo y en la forma (incluso, creo, en la fecha y en el nombre). En el fondo, porque lo que debería ser la celebración de "los momentos más importantes de la convivencia política" de los españoles (así dice la Ley 18/1987, que establece el día de la Fiesta Nacional de España) se confunde con una Hispanidad preconstitucional, digamos, poco moderna. En la forma, porque no se puede pretender que una celebración que consiste exclusivamente en un desfile militar por el centro de Madrid, seguido por una recepción de los reyes en el Palacio Real, se corresponda con la pluralidad cultural y política del país, con una historia común o con la idea de un compromiso social compartido. Quien afirme que un planteamiento así –que confunde este festejo con el del Día de las Fuerzas Armadas– puede conciliar la identificación, la adhesión o al menos la simpatía de la mayoría de ciudadanos está en la inopia o es un cínico.

Sí, es verdad que el ambiente de tensión política que vivimos hace que la Fiesta Nacional de este año tenga connotaciones especiales. Sin embargo, el formato fundamentalmente militar de la celebración no va a cambiarse, pues resulta el adecuado para la posición de fuerza del Gobierno. De hecho, el 12-O se va a convertir en una prolongación (legal, pero desafortunada) de los monólogos a gritos que muchos mantienen desde el 1-O, y aún antes. Dicen los bien informados en estos temas –el ABC–, que este año se ha cambiado el recorrido de la parada militar "para batir récord de afluencia". El desfile se ha llevado al norte, a la zona financiera de Madrid, porque la Castellana allí es más ancha y despejada, cabe más gente, militares y máquinas evolucionarán con más facilidad y se podrá filmar mejor por las cámaras de televisión.

Seguro que es así, pero esa decisión aleja la Fiesta del centro cultural y social de la ciudad y por lo tanto de su sentido más participativo. En efecto, el itinerario de los últimos años entre Atocha y Colón era una opción que civilizaba un poco el 12-O, pues mucha gente podía compaginar la asistencia al desfile militar con un paseo por el Retiro o una visita a algún centro cultural. Más aún cuando desde 2011 se decidió darle un enfoque más ciudadano, abriendo gratuitamente los Museos del Prado, Reina Sofía, Thyssen y Naval, y realizando numerosos actos para el público, como conciertos en las calles o las puertas abiertas del Senado, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional y la Casa de América. La "apertura" participativa no se atrevió a más, pero fue un buen comienzo.

En 2017 este enfoque mínimamente civil ha desaparecido por completo. No hay noticia de actos cívicos, y las únicas actividades complementarias a la parada de las Fuerzas Armadas son asimismo castrenses (exposiciones militares, juras de bandera, puertas abiertas de buques y cuarteles…), por lo que es claro que el esfuerzo de la celebración va encaminado a realizar una demostración de fuerza frente al "desafío independentista". Se dirá que esta opción es coherente con la postura (firme o no dialogante, según a quién se interpele) adoptada hasta ahora por el Gobierno, lo cual es cierto, pero creo que no tendrá más efecto que reforzar a una numerosa parroquia centralista que a día de hoy necesita más del verdadero espíritu constitucional –el de los valores constitucionales– que del ánimo combativo que requiere la autoafirmación identitaria.

No se me ocurriría adjudicar la responsabilidad de la desconexión sentimental catalana a las celebraciones militares de la Fiesta Nacional, pero no me cabe duda de que los sucesivos 12-O tampoco han ayudado a recomponerla. Sí me atrevo a afirmar que la desafección territorial en España es la suma de muchas decisiones políticas (más allá de las relativas al Estatut y a cuestiones competenciales) cortoplacistas, que podrían haber sido otras, como por ejemplo el mantenimiento de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que no era sino educación y entendimiento de lo que es nuestro marco de convivencia.

Por lo demás, este 12-O no le hace un favor a las Fuerzas Armadas, pues un año más las ubica en un primer plano que no les corresponde. La celebración y consolidación de la unidad de esa idea política y jurídica que es España solo cabe buscarla en lo que tienen en común sus gentes y sus territorios, realmente diversos. Y ese denominador común, a día de hoy, no son ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil. Son las líneas muy marcadas de una cultura compartida que se silencia por intereses políticos de unos y otros; y es el marco de convivencia llamado Constitución, una Constitución necesitada de una profunda reforma, pero que está vigente.

El militarismo es un modo de pensar que defiende la “preponderancia de los militares, de la política militar o del espíritu militar en una nación”. Esto es lo que dice la Real Academia de la Lengua. Por lo tanto es antimilitarista quien está en contra de esa preponderancia. Así que, por ejemplo, nuestro siglo XIX, trufado de asonadas que cambiaron gobiernos, fue militarista, Franco fue un militarista de libro, y quiero pensar que el Rey Felipe VI no lo es; no lo es, entre otras cosas, porque constitucionalmente es su obligación no serlo. Es antimilitarista cualquier persona que se considere un demócrata.

También la Constitución española es antimilitarista (gracias, entre otros, al General Gutiérrez Mellado), y aunque algunos nostálgicos interpreten su artículo 8 de forma contraria, atribuyendo a los ejércitos la capacidad de iniciativa para resolver conflictos de diverso tipo (cómo no, los territoriales), lo cierto es que nuestra carta constitucional somete claramente el poder militar al poder civil, negándole autonomía de carácter político.

La fortaleza constitucional de un Estado se consolida en la medida en que éste controla la tendencia al corporativismo (conciencia de constitutir unidades sociales autónomas) de algunos colectivos con fuerte carácter, entre ellos el militar. Todos aquellos actos que, directa o indirectamente (existen grupos de presión creados para apoyar pretensiones e intereses militares), demuestren una actuación autónoma del estamento castrense en la política de defensa, suman grados de militarismo a la temperatura de una nación, y alimentan, con ello, la debilidad del poder civil. En consecuencia, éste no debe dejar resquicios, ni formales ni reales, que permitan a los ejércitos (ni a cualquier otra corporación) jugar al margen del juego constitucional.

Por lo demás, el militarismo no solo se muestra en el conflicto. También comprende un conjunto de valores, es una ideología que establece la solución violenta como instrumento prioritario, que justifica el gasto militar y la industria armamentística como bien en sí mismo, que afirma la sociedad patriarcal, que degrada el medio ambiente, que afecta negativamente al desarrollo y a la seguridad humana.

Por todo lo anterior, ser antimilitarista no es, como de forma ligera o interesada sugieren algunos, despreciar o estar en contra de los militares (tampoco ser antimachista indica estar en contra de los hombres). Diría que más bien al contrario. Es estar en contra de que los militares, y lo militar, estén donde no tienen que estar, decidan lo que no tienen que decidir, actúen como no tienen que actuar.

Las palabras son importantes. Su uso por los comunicadores sociales (políticos, periodistas, profesores…) requiere una dosis de responsabilidad que, en el caso que trato aquí, no comparece. Definirse como antimilitarista es una afirmación democrática. Pensemos que si despojamos al militarismo de su significado renunciamos a la palabra que da nombre a una realidad que nos interesa señalar, en este caso a una realidad nociva para la sociedad democrática. No deberíamos permitirlo.

Sin duda, estos recordatorios están muy bien, entre otras cosas porque la misma Ley Orgánica de la Defensa Nacional (2005) obliga a tenerla presente en la acción de Gobierno, y porque la Directiva de la Defensa Nacional (2012) recuerda que los ciudadanos deben “tener cumplida información de la situación de la defensa” para así poder asumir una “exigencia crítica que obligue a sus representantes políticos”. Pero, más allá de los discursos y la letra de las normas, bajando a tierra: ¿qué se está haciendo para que la sociedad civil conozca, comprenda, y en consecuencia valore y adquiera un juicio (también crítico) sobre la Seguridad Nacional y las personas que la protegen? Y, ¿quién debería llevar a cabo esta labor, sólo el Ministerio de Defensa?

A finales de 2011 el Ministerio de Defensa había terminado la elaboración de su segundo Plan Director de Cultura de Seguridad y Defensa (el primero había tenido escasa incidencia). A lo largo de ese año los órganos centrales del Ministerio elaboraron con los tres ejércitos un plan conjunto (no es misión fácil poner de acuerdo a Tierra, Mar y Aire) para dar una respuesta eficaz a aquella exigencia legal y dotar de sentido a los discursos políticos. En los ámbitos relativos a la educación, las relaciones con el tejido social civil, la investigación académica, las publicaciones, el patrimonio histórico, las relaciones institucionales o el propio mundo de la comunicación, el Plan se construyó como el principal instrumento para ordenar, estructurar, coordinar y dar a conocer la enorme cantidad de acciones, materiales, sitios de interés e información que proponen, realizan y atesoran nuestras Fuerzas Armadas y otros organismos encargados de la seguridad. Es decir, casi todo aquello que forma parte de la cultura de seguridad y defensa.

La legislatura llegaba a su fin, y la ministra Carmen Chacón decidió no aprobar el Plan, con la intención de que, si bien el documento carecía de connotaciones ideológicas o de partido, no adquiriese el “color político” de un gobierno claramente de salida; es decir, con la intención (no tan común) de que quedase como un trabajo útil para el siguiente equipo del ministerio, el cual, con las modificaciones que estimase convenientes, lo aprobase como propio y le permitiera, en definitiva, cumplir su cometido. Sin embargo, el nuevo Plan Director de Cultura de Seguridad y Defensa nunca vio la luz. El ministro Morenés, que también hablaba habitualmente en sus discursos de la importancia de la cultura de seguridad y defensa, debió entender que no era necesario.

Esa misma actitud contradictoria con la importancia que se suele atribuir a la información sobre nuestro ámbito se manifestó poco después con la aprobación y presentación pública de la Estrategia de Seguridad Nacional. En julio de 2013, el Jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno presentaba ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la Estrategia de Seguridad Nacional. Según sus palabras, esa presentación era el “momento fundacional en política de seguridad nacional” en España, lo cual no es poco. Sin embargo, el Presidente del Gobierno entendió que ese momento histórico podía prescindir de su presencia, que podía ser despachado por alguien con rango de Secretario de Estado, y que no era especialmente necesario activar los medios de comunicación. Quizás sea por eso que el documento y el “momento fundacional” pasaron desapercibidos para prensa y ciudadanía. A determinado nivel, las cosas no son casuales.

Con estos dos ejemplos quiero señalar que existe un mantra en el mundo de la seguridad –“los ciudadanos deben adquirir cultura de defensa”– que no se corresponde con las actitudes y las políticas que debieran favorecerla. Éstas deberían ser más decididas y coordinadas, ajenas a cualquier actitud propagandística y partidarias de la transparencia y la crítica constructiva. Solo así se adquirirá la “conciencia de defensa” que teóriamente al menos se pretende, y se valorarán quienes la protagonizan, más allá de encuestas equívocas e imágenes distorsionadas.

Por lo demás, creo que cuando pensamos en en el mundo de la seguridad y la defensa dos ideas deberían se tenidas en cuenta. La primera es que resulta necesario y apropiado incorporar el concepto de “paz” cuando hablemos de cultura de seguridad y defensa. No por un ideal bienintencionado y pueril, y menos antimilitar, sino porque es “la contribución a la paz y la seguridad internacional” el primer y último objetivo de la política de defensa, y así lo dice la Directiva de Defensa Nacional. La segunda idea tiene que ver con los responsables de esa cultura de paz, seguridad y defensa. A día de hoy debemos interiorizar que dicha responsabilidad no recae sobre el Ministerio de Defensa, sino sobre el Gobierno al completo. Como demuestra el hecho de que el Consejo de Seguridad Nacional está compuesto por distintos ministerios (Presidencia, Asuntos Exteriores y de Cooperación, Justicia, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas, Interior, Fomento, Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), y que la misma Ley de Seguridad Nacional reserva un artículo –el 5– a la Cultura de Seguridad Nacional.

En fin, la paz, la seguridad y la defensa se promueven y procuran desde muchos frentes, también desde la misma ciudadanía soberana. Una cultura civil que las comprenda todas, que las entienda todas, hará de nuestra sociedad una sociedad más consciente, más madura, más democrática y, sin duda, más segura.

Se trata sin duda de una revelación preocupante que, si miramos desapasionadamente el mundo mediático que nos rodea, no parece exagerada. Sabemos bien cuáles son los males que producen la falta de credibilidad del periodismo mayoritario, y sabemos que parte de la debilidad de nuestra democracia está ligada a ese déficit. De modo que, pese a la dificultad que plantea un sistema como el nuestro, donde dinero y entretenimiento ocupan el puesto de los valores más apreciados por quienes manejan el poder, es conveniente no abandonar la idea que exige corregir la grave crisis que sufre la información veraz y de calidad en España.

No cabe duda de que ese cambio debe producirse en todos los ámbitos en los que se fija la información. Sin embargo, en este artículo me gustaría plantear una reflexión sobre la información que se refiere al ámbito de la Defensa pues, tratándose de un campo demasiado importante para no tenerlo presente, creo que la atención que los medios le dedican es francamente mejorable. Aceptando matices y excepciones, puede decirse que esa atención informativa oscila entre el servilismo y el prejuicio. Un servilismo que lleva a la propaganda o a la opacidad; un prejuicio que conduce a la crítica del trazo grueso, cuando no a la indiferencia.

Los medios más conservadores forman filas con los ejércitos, de quienes a veces parecen auténticos gabinetes de comunicación. En ellos, la prudencia sobre un ámbito que la merece acaba proyectándose como las sombras que esconden algún pecado inconfesable. Y ya hemos defendido varias veces en este blog (aquí y aquí) que la transparencia en el mundo de la Defensa es especialmente necesaria pues, bien entendida, evita actos de corrupción y nos proporciona más seguridad. De otra parte, la simpatía que estos medios profesan a los militares convierte algunas noticias en espacios publicitarios que parecen brillantes productos de empresas de marketing. Al final, opacidad y propaganda dan como resultado una imagen de los militares quizás positiva, pero distorsionada: personas muy preparadas y con poco presupuesto que sólo se encargan de apagar incendios y proteger a niños en guerras lejanas. No creo que esta perspectiva, a la que difícilmente se puede llamar periodística, ayude a medio plazo a las Fuerzas Armadas y, de esto estoy seguro, no contribuye en nada a la cultura de Defensa.

Por contra, también nos encontramos con informaciones parciales y críticas de trazo grueso que desfiguran una realidad compleja, habitualmente en medios minoritarios alternativos y de izquierda. Las Fuerzas Armadas son un instrumento constitucional en manos del Gobierno que, por eso mismo, debe ser objeto de control y crítica. En su organización, en su funcionamiento, en sus presupuestos, en sus actuaciones…. Pero precisamente la naturaleza y finalidad del instrumento exige que esa fiscalización sea especialmente objetiva. Una cosa es estar en desacuerdo con la existencia misma del Ejército (posición sin duda legítima) y otra desfigurar su imagen desde el prejuicio. Ni lo razonable de algunas denuncias ni la pretensión por algunos de vender sus libros puede justificar el trazo grueso y la descalificación general de las Fuerzas Armadas.

Muchos quedaríamos más que agradecidos si los medios de comunicación conservadores dejasen de rendir pleitesía a los militares y empezasen a hacer periodismo, más allá de reproducir las notas de prensa de los gabinetes del Ministerio de Defensa y de los ejércitos. Por otra parte, sería bueno para nuestra cultura de defensa que los medios de comunicación progresistas incluyeran la defensa y la seguridad (junto a la paz) en su campo de visión y atención –ahora casi ni las mencionan, como si no fuera de interés público–, y que las abordasen con rigor.

La información y opinión favorables sobre las Fuerzas Armadas, si veraces y razonadas, no convierte a un medio en un reaccionario servil, del mismo modo que la revelación de errores y la crítica negativa, si contrastadas y sensatas, no constituyen una labor de antipatriotas traidores. Cada medio puede enfocar su mirada sobre el mundo militar desde su línea editorial, pero siempre cumpliendo con el deber de informar adecuadamente al ciudadano. No es aceptable que en las encuestas sobre instituciones el porcentaje de ciudadanos que “no sabe / no contesta” sea especialmente alto cuando se trata de preguntas concretas sobre las Fuerzas Armadas.

Estamos ocupando ya un futuro donde la defensa y la seguridad tienen un creciente protagonismo en el devenir social, concretamente en la protección y limitación de nuestros derechos y libertades. El mejor servicio que pueden hacer los medios de comunicación al respecto es darnos a conocer a quienes se dedican a ellas. Con objetividad, sin servilismo y sin prejuicios.

La RAE nos dice que cultura es el “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”, por lo que la llamada cultura de defensa sería algo así como aquellos conocimientos que permite a las personas –a los ciudadanos– desarrollar juicios u opiniones sobre los instrumentos –por ejemplo las Fuerzas Armadas o los servicios de inteligencia– con que el Estado se protege y defiende a los ciudadanos de determinados peligros o amenazas.

Pero, ¿de qué amenazas estamos hablando? Desde luego, no de las mismas que hace treinta años. Hoy las amenazas ya no son las que eran, al menos en Europa. Digamos que los miembros de la Unión Europea no esperan una agresión armada de otro país. Es decir, no es su soberanía, ni su independencia o su territorio lo que consideran en peligro. Por el contrario, en la actualidad los Estados asumen como retos contra la seguridad propia y de sus ciudadanos fenómenos como el terrorismo internacional (de creciente presencia en los últimos años), los conflictos armados que se producen en otros países (que pueden provocar, por ejemplo, desabastecimientos energéticos), las ciberamenazas (que afectan a intereses comerciales o infraestructuras críticas), e incluso los flujos migratorios descontrolados (no hay más que ver la reacción europea ante la presente tragedia de los refugiados e inmigrantes económicos).

Como puede imaginarse, esa transformación de lo que se considera como nuevas amenazas ha producido –está produciendo– cambios importantísimos en las respuestas que los Estados construyen para contrarrestarlas. En los mecanismos para hacerles frente, en el modo en que éstos se organizan, en las funciones que se les atribuye, en la forma que actúan… Y también en la misma consideración y afectación de los derechos y libertades constitucionales, tanto de los ciudadanos protegidos como de aquellos de quienes éstos son protegidos.

Llegados a este punto la pregunta que cabe hacer es si una sociedad democrática no debería conocer algo más sobre todo esto, si debería tener una mínima base de cultura de seguridad y defensa. Es decir, si debería contar con un juicio crítico que le llevara a comprender y discernir –más allá de tópicos, exageraciones, propagandas o prejuicios– acerca de un tema tan sensible y con tantas implicaciones sociales, económicas, políticas y humanas.

Obviamente, la cultura de seguridad y defensa abarca muchos ámbitos. A título de ejemplo puede decirse que comprende desde la historia militar (el arte, la técnica, la ciencia, la arquitectura asociadas a ella), o los presupuestos que a día de hoy nutren las Fuerzas Armadas y otros instrumentos para la seguridad (¿son excesivos, ridículos, apropiados, están bien dirigidos? ¿qué sabemos realmente de las industrias de armamento?), pasando por las funciones de los ejércitos, o de los servicios de inteligencia (¿los militares sólo se dedican a operaciones humanitarias y a apagar fuegos?; ¿deben estar presentes en todo el territorio nacional?; ¿es cierto que el espionaje es esencial para tomar decisiones estratégicas tanto a nivel estatal como en el ámbito privado?), hasta la propia consideración de lo que son las amenazas y la adecuación y proporcionalidad de las respuestas adoptadas (¿son refugiados e inmigrantes una amenaza para nuestra seguridad?; ¿no lo es más el capitalismo financiero?; ¿existen estrategias integrales para hacerles frente?; ¿los derechos humanos –la libertad personal, el derecho de asociación, la privacidad, la igualdad…– son tenidos en cuenta a la hora de elaborarlas?).

Como se puede comprobar, en la actualidad son muchas las perspectivas desde las que abordar el mundo de la defensa, pero se mire desde el que se mire, la respuesta a la pregunta formulada más arriba debe ser afirmativa. Quienes componen una sociedad democrática (universidades, organizaciones cívicas, empresas, medios de comunicación, representantes políticos, ciudadanos…) deberían de prestar algo más de atención a una cuestión –la de la seguridad en las democracias– que ya mismo y de forma creciente en los próximos años va a suponer un elemento central en la vida de nuestras sociedades.

Fundamentalmente por una razón: en la medida en que la sociedad sea “culta” en este ámbito, estará en disposición de apreciar el valor institucional y colectivo del mundo de la seguridad y la defensa estará en condiciones de opinar crítica, constructiva y acertadamente sobre el mismo y, en consecuencia, estará en posición de apoyar o rechazar unas estructuras y unos modelos defensivos, estructuras y modelos que deben ser acordes con los valores constitucionales y con los compromisos e intereses estratégicos de nuestro país.