El próximo jueves comienza una campaña electoral, la última de esta serie de comicios autonómicos, esta vez en Andalucía. Casi siete millones de andaluces están llamados a las urnas en una convocatoria con algunas preguntas sin fácil respuesta.

¿Revalidará Moreno Bonilla su mayoría absoluta o tendrá que depender de Vox? ¿Se confirmará el frenazo de la ultraderecha? ¿Será cierto que el PSOE registra su peor resultado histórico? ¿Habrá sido creíble para los electores la unión de la izquierda en Por Andalucía y qué diferencia habrá entre el resultado de esta coalición y el de Adelante Andalucía?

Estos son los interrogantes que, encuestas en mano, planean hoy sobre esos comicios. Su análisis no puede hacerse sin contextualizar el momento en que los andaluces y andaluzas irán a votar. En el plano externo, la situación geopolítica. Sabemos que Trump hoy es una amistad peligrosa que contamina a quien tiene cerca —ver datos aquí—. ¿Es este el motivo del estancamiento de Vox que ven algunas encuestas? Es posible.

Por otro lado, repercute de forma insoslayable la política nacional, con las evidencias que dejan los pactos de PP y Vox en Extremadura, Aragón y previsiblemente en Castilla y León. Acuerdos ambos que se firman desde el marco de la ultraderecha en cuestiones tan sensibles como la migración —de ahí el debate sobre la “prioridad nacional”—, la impugnación de las políticas ambientales, el cuestionamiento de la fiscalidad o ese concepto indeterminado que es la “desregulación” y que en Aragón tendrá el rango de una vicepresidencia.

Andalucía tiene ahora una buena ocasión para calibrar si quiere seguir apostando por estas prioridades nacionales o por otras. Y aquí viene la segunda parte de la cuestión. ¿Cuáles son las prioridades nacionales de quienes concurren por la izquierda?, ¿de qué manera las formaciones progresistas van a anteponer a la deriva neoconservadora y neofascista un programa alternativo claro y bien definido?, ¿o se pondrán de perfil ante cuestiones esenciales como la migración, la defensa de los derechos o el sostenimiento de los servicios públicos? A un modelo político no se le puede oponer la nada, sino un planteamiento estratégico en el que se dibujen esas prioridades por la izquierda, resignificando la expresión de la ultraderecha francesa.

Queda toda una campaña electoral por delante para que unos y otros expongan cuáles son esas prioridades. Vox no engaña a nadie: en Aragón y Extremadura —y con pretensiones de extenderlo más allá— han aplicado las políticas que defienden en sus discursos habituales, ninguna sorpresa. Al Partido Popular parece que se le han acabado ya los tiempos de la indeterminación; esos en los que el presidente Azcón pactaba con Vox pero no lo firmaba él personalmente y mandaba a la secretaria general a hacerlo. Ahora presume de ello y dice que es un pacto para dar estabilidad y avanzar “en la dirección adecuada”. De la misma manera, la presidenta Guardiola ha pasado de negarse a pactar con la ultraderecha a proclamar en sede parlamentaria: “He alcanzado un acuerdo con Vox. Lo digo con la naturalidad y con la serenidad de quien sabe lo que hace”. Recordemos lo que decía la misma Guardiola en 2023: “Iremos a elecciones, si hay que ir. [...] No puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”.

Ha llegado, por tanto, el final de la ambigüedad en el PP. Y si hay líderes críticos con estos acuerdos —Moreno Bonilla a escasos días de comenzar la campaña y Ayuso en su papel de eterna díscola— habrá que recordarles que la dirección nacional ha estado detrás de estos acuerdos y cuentan con todo su aval.

Queda en el aire la segunda pregunta: ¿Qué modelo oponen las izquierdas a estas “prioridades nacionales”?

Este próximo martes el Gobierno aprobará el Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros y con una apuesta clara por incrementar la vivienda pública y asequible. Un plan imprescindible en cuya ejecución y eficacia el Gobierno de coalición se juega mucho. Pero la apuesta no puede quedarse aquí.

La próxima semana, el 28 de abril, llegará al Congreso de los Diputados el Real Decreto sobre la prórroga extraordinaria del alquiler que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo. Podría pensarse que es una votación rutinaria en la que, en todo caso, se establecerá nuevamente un pulso entre las izquierdas; pero es mucho más. Es un ejemplo de cómo las democracias se erosionan o fortalecen en función de decisiones como esta.

Conviene recordar que la gran promesa de las democracias es la lucha contra la desigualdad, o lo que es lo mismo, la apuesta por la equidad. La desigualdad actúa como un corrosivo para la cohesión social y, por tanto, como disolvente de la confianza y del espacio común. 

Pues bien, los últimos datos publicados por Oxfam –La vivienda, cimiento de desigualdades– apuntan a que los alquileres son hoy uno de los principales factores de desigualdad. Entre otras cosas, el estudio muestra que una persona propietaria con ingresos sobre 1.200 euros tiene más probabilidad de ahorrar que una inquilina que gane 2.000. Es decir, la situación de propietaria/no propietaria determina hoy más la capacidad de ahorro que el nivel salarial. Esta desigualdad se proyecta también sobre el futuro, dado que un 53% de las personas inquilinas consideran que nunca podrán acceder a una vivienda en propiedad. 

Esta es la base de lo que se conoce como la “trampa del alquiler”: el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%, pero como puede verse, los inquilinos están atrapados, en efecto, en una trampa que les impide en buena medida salir de su condición de no propietarios, en caso de que quisieran, lo que a su vez les dificulta también su capacidad de ahorrar… la espiral de la desigualdad se activa.

Los problemas de acceso a la vivienda no son privativos de ningún colectivo. Ni de los jóvenes, ni de las grandes ciudades o las rentas más bajas. Afectan de forma transversal al conjunto del territorio, a todas las edades y a casi todos los niveles económicos (salvo las clases altas, nadie se libra). Ahora bien, hay sectores en los que golpea de forma especial, y el de los inquilinos es uno de ellos. De ahí la importancia que esta votación sobre la prórroga de los alquileres tiene en varios sentidos. 

En primer lugar, para aliviar la situación de cerca de tres millones de personas, según el informe de Oxfam, que quedarían abocadas a un “desahucio invisible”, es decir, a tener que renunciar al alquiler ante la subida de precios de acuerdo a la evolución del mercado. Por otro lado, para mandar señales firmes de que en momentos de incertidumbre como el actual, y mientras se ponen en marcha políticas integrales de vivienda –como el plan que se prevé aprobar con más de 7.000 millones de inversión–, los más vulnerables en relación con la vivienda –y por extensión, con su capacidad de ahorro– sean protegidos de forma especial y prioritaria. 

Podrá pensarse que esto es un parche y que no se pueden plantear medidas excepcionales permanentemente y, en efecto, así es. Sin embargo, la enorme crisis de vivienda, que hace que este asunto vuelva a encabezar las preocupaciones de la ciudadanía como lo hizo ya hace quince años –cuando la indignación inundó las calles y plazas y dio un puñetazo al tablero político de este país–, exige medidas extraordinarias al tiempo que acelerar las inversiones y acciones necesarias para desarrollar una política integral de vivienda. En este tema –también– nos jugamos la legitimidad de las democracias.

La guerra no es indiferente ni a la ultraderecha. Como canta Ana Belén, “es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”. Incluso la de aquellos que creyeron que Vox venía a devolverles la seguridad y el orden, como Dios manda. Tanto es así que varias encuestas –aunque no todas– ven ya un frenazo en la intención de voto a los ultras en toda Europa. Cuando escribo estas líneas, en Hungría se puede estar poniendo punto final al mandato de Orbán. Aunque esto no se confirmara por las dificultades que él mismo ha establecido para impedir que otros lleguen al poder, las movilizaciones de estos últimos días muestran que algo se mueve en el fondo de la sociedad húngara. También en EEUU la popularidad de Trump sigue en fase descendente, y hasta el movimiento MAGA se ha escindido al escuchar al presidente junto a un conejo de Pascua anunciar que iba a aniquilar toda una civilización.

En este contexto, y en un mundo donde todo está conectado, Vox sigue deshojando la margarita de qué hacer en Extremadura, Castilla y León y Aragón. ¿Facilitará la formación de gobiernos autonómicos, entrará a formar parte de ellos o se arriesgará a una repetición electoral? ¿Cuánto están dispuestos a cobrar los ultras y cuánto a pagar el Partido Popular?

Si la guerra en Irán no hubiera estallado, Vox no tendría ningún incentivo para facilitar la formación de gobiernos. Seguía avanzando cabalgando a lomos de su pretendida identidad antisistema, la misma que le hace ser especial, diferente, falsamente auténtico a los ojos de sus electores. ¿Para qué mancharse gobernando, gestionando con otros y por tanto dejándose pelos en la gatera, apoyando a los mismos que luego acusa de ser los socios del sanchismo en Europa?

Pero llegó la guerra y lo cambió todo. Según los datos de 40dB., el 37,8% de los votantes de Vox ven a EEUU como una amenaza y prácticamente los mismos, el 36,5%, consideran que Trump es un peligro. No obstante, según el mismo estudio, los votantes de Vox son los únicos que creen en alguna medida que EEUU e Israel deben proseguir con los ataques a Irán hasta que caiga el régimen islámico. Concretamente, un 33,7%. El asunto no es baladí porque la posición que los ultras tengan hoy sobre la guerra determina la relación con el trumpismo y el resto de la ultraderecha. Meloni lo ha visto claro y se ha desmarcado de forma contundente, pero no así sus amigos españoles. 

Así las cosas, la guerra se cuela en la estrategia que Vox despliega en las comunidades autónomas, debiendo elegir entre mantener su posición antisistema y pro-trumpista –lo que le llevaría a planteamientos de máximos en la conformación de gobiernos autonómicos y a repetir elecciones si fuera necesario– o, por el contrario, dar un giro hacia posiciones más sistémicas facilitando la conformación de gobiernos de los que incluso forme parte, en un intento por limar su imagen antisistema. Esta segunda opción les posibilitaría un buen puñado de cargos públicos, poder vender cierta imagen de utilidad y responsabilidad, pero erosionaría su ADN antisistémico, el mismo que vieron peligrar tras entrar a formar parte de varios gobiernos autonómicos en el verano de 2023 y por lo que salieron apenas un año después.  

En las próximas semanas conoceremos cómo han resuelto el dilema, qué precio han puesto a su apoyo y hasta dónde el Partido Popular está dispuesto a pagar. No olvidemos que si el apoyo al trumpismo puede pasar alguna factura a Vox, al Partido Popular se la duplica: sus votantes tienen posiciones contrarias a Trump y Netanyahu más cercanas a los electores progresistas que a los de los ultras. ¿Cómo es posible –se preguntarán– que Feijóo no se desmarque de forma nítida de la barbarie que EEUU e Israel están cometiendo? Quizá en la negociación de estos gobiernos autonómicos se encuentre la respuesta, o parte de ella. La altura de miras y las posiciones éticas y morales mejor las dejamos para otro día…

Empieza la recta final del curso político con dos juicios por corrupción, cuya coincidencia, por cierto, no deja de ser curiosa. El caso Kitchen llega hoy a los juzgados, casi veinte años después de las primeras indagaciones sobre Gürtel, la trama de financiación ilegal del PP que llevó a una sentencia en la que se declaraba a dicho partido responsable a título lucrativo, y que motivó la moción de censura que condujo al primer gobierno de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018. De aquella Gürtel, esta Kitchen. Es decir, la trama por la que los populares intentaron tapar los casos de corrupción por financiación ilegal utilizando –presuntamente– a la cúpula del ministerio de Interior dirigido por Fernández Díaz para desactivar al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que amenazaba con hablar y contar hasta qué punto máximos dirigentes del partido, incluido un tal “M. Rajoy” que los jueces nunca llegaron a identificar, estaban involucrados en el cobro de sobresueldos y financiación irregular del Partido Popular con dinero procedente de contratos amañados y mordidas (la noticia la desveló entonces El País, en 2013, ¡hace 13 años!, por si alguien no la recuerda). 

Mañana la atención girará hacia Ábalos y Koldo, los socialistas acusados de corrupción por mordidas en contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, en el año 2020, cuando los muertos se contaban por centenares cada día. Una trama que ha llevado a que José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ingresara en prisión de forma preventiva. Un escándalo que llevó a especular con un caso de financiación ilegal del PSOE –hoy sin constatar– y que alumbró las sombras sobre Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos como secretario de organización en el Partido Socialista, y cuyas –supuestas– irregularidades se siguen investigando.

Pese a que el estallido de los escándalos se remonta en el primer caso a hace casi dos décadas, y el otro a aproximadamente dos años, ambos coincidirán en nuestras pantallas en esta semana que comienza. Bienvenida sea la agilidad de la Justicia en el último de los dos procesos; pero ojalá fuera siempre así y de manera generalizada, incluyendo a asuntos como el primero.

Esta coincidencia va a multiplicar las reacciones equidistantes. Parece sensato criticar con toda la vehemencia posible los casos de corrupción de socialistas y populares y clamar por una regeneración de la vida política que acabe con cualquier atisbo de corrupción. ¿Quién no firmaría esto? Más difícil es, sin embargo, mantener la misma implacabilidad contra la corrupción sin que ello lleve a fomentar la antipolítica. Que me perdonen Santiago Segura y su nuevo Torrente, pero no, no todos son iguales. 

No es lo mismo poner a tu servicio la mismísima Policía para –presuntamente– tapar un caso de financiación ilegal que afecta a numerosos dirigentes y destruir las pruebas después a martillazos, que descubrir que personas de máxima relevancia del partido han estado lucrándose forzando contratos en lo peor de la pandemia. En este último asunto se desvela –supuestamente– una insoportable utilización del dinero público; en el primero, sin embargo, hablamos del tipo más grave de corrupción que puede existir, la captura no ya de políticas, sino del propio aparato del Estado, para hacer callar a quien podría destapar la dimensión de un escándalo.

Tampoco la reacción ha sido igual. Los unos aún no han reconocido públicamente la gravedad de Gürtel y Kitchen y les cuesta distanciarse de aquello –es difícil reprimir una sonrisa cándida al recordar a Pablo Casado anunciar la venta de la sede cuya reforma se pagó con dinero de la Gürtel–. Los otros expulsaron inmediatamente a los presuntos corruptos e iniciaron una auditoría interna que indica que no hay financiación ilegal. Si se desvelara lo contrario, ni sus socios ni sus militantes ni sus votantes lo perdonarían. Los ya exsocialistas están en prisión desde hace meses; los conservadores procesados jamás han llegado a pisar una celda.

Existe una tercera diferencia, sustancial a mi entender, en lo que debe exigirse a cada uno. Al Partido Popular cabe pedirle el reconocimiento oficial de lo que aquello supuso y la depuración política de responsabilidades: Fernández Díaz está suspendido de militancia del PP desde 2021, pero no expulsado, y el resto de dirigentes implicados en Gürtel jamás dejaron el partido. Más hay que exigir, a mi juicio, a los socialistas, que llegaron al gobierno en 2018 izando la bandera anticorrupción. En sus manos está adoptar las medidas necesarias para que ni unos casos ni otros vuelvan a producirse, ni en el interior de los partidos ni mucho menos en las instituciones del Estado. Sin embargo, como se puede leer, la OCDE ha vuelto a afear a España que no tenga una adecuada regulación de lobbys –cuya tramitación ha sido iniciada al menos tres veces (ver aquí), sin llegar nunca a aprobarse–, ni de financiación, democracia interna e integridad de los partidos, algo que clama al cielo, considerando los dos casos que se van a juzgar estos días y que protagonizarán buena parte de la conversación ciudadana en lo que queda de curso. Por cierto, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas. Nada menos.

En definitiva, contra la corrupción cualquier demócrata debe ser implacable. Y justamente por ser demócrata, no debe dejar que esta implacabilidad se convierta en un ejercicio de antipolítica. Porque ni todos son iguales, ni todos los casos de corrupción son lo mismo. No se trata de cuál sea más grave, sino de quién o quiénes están implicados, cómo ha reaccionado el partido en cada caso y qué queda por hacer, o sea, a cada cual, según sus posibilidades.

Italia dijo no a la reforma de la justicia de Meloni. Francia no permitió que el partido de Le Pen arrasara en todos los municipios. Dinamarca ha vuelto a dar la espalda a la ultraderecha. Una demócrata, Emily Gregory, arrebató el distrito de Florida –sí, donde su ubica Mar-a-Lago– a los republicanos. Millones de norteamericanos se manifiestan estos días bajo el lema “No kings”, el mejor eslogan que han encontrado para decir “No Trump”. A ellos se han unido movilizaciones en ciudades como Roma o Londres. Las encuestas dicen que Orbán podría perder en Hungría.

Por mucho que la ultraderecha haya conseguido hacer creer que avanza imparable por Occidente, no es cierto. Es importante recordarlo y ponerles ante el espejo, porque los datos son hoy para los ultras como la luz para los vampiros: no, no avanzan imparables. Y lo que es más (y podría ser letal para ellos): funcionan y evolucionan como cualquier otro partido. A veces ganan y a veces pierden, alcanzan el poder en países como Holanda, Austria, Noruega o Polonia, y luego lo pierden, como un partido más. Llegan a los gobiernos autonómicos y salen despavoridos sabedores de que gestionar (algo para lo que han demostrado una incapacidad estridente) les pasa factura electoral. Se enredan en líos internos, acusaciones de autoritarismo y culto al líder y expulsiones, se enfrentan a los tribunales y les condenan por corrupción. Se acabó aquel hashtag tan exitoso que decía #SoloQuedaVOX. 

Es importante constatar esta realidad porque a veces las percepciones se construyen más sobre mitos que sobre realidades y entra a operar el famoso teorema de Thomas, según el cual, "si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias"; es decir, que la percepción de una situación, sea falsa o verdadera, determina el comportamiento y produce resultados, por ejemplo, electorales. Así que no lo olvidemos, la ultraderecha no avanza imparable. O lo que es lo mismo, en muchos países se les paró y se les sigue parando.

Constatado esto, llega la pregunta más difícil, la que se ocupa del día después. Porque si imprescindible es la discusión de qué hacer para cortarles el paso a las instituciones, igual o más trascendente es dar respuesta a los motivos que les aúpan. Una vez que la ultraderecha no consigue llegar al poder o es desalojada del mismo, los partidos demócratas no deberían dar la batalla por ganada. De hecho, ahí empieza el principal desafío. Si dichos partidos no son capaces de dar respuesta al descontento, identificando bien las causas y creando procesos para construir las salidas oportunas, la amenaza volverá a tomar cuerpo en la siguiente elección. 

Este creo que es el principal debate que deben afrontar hoy quienes se sienten demócratas, y en especial por la izquierda. Es más, avanzar por este camino es la mejor manera de hacer que los reaccionarios retrocedan. A la ultraderecha se le está parando en las urnas en algunos países –de momento–, pero, ¿qué hacer para desterrarla por completo de nuestras sociedades? 

El “No a la guerra” de Sánchez ha abierto un camino porque ha mostrado que la guerra no es inevitable, que se puede plantar cara al tirano y construir otras alternativas que pasen por defender el mundo basado en reglas (y de paso, quizá, mejorar esas reglas). Lo ha hecho generando confianza en quienes le escuchan y ganando credibilidad en los decepcionados y desencantados. Ese es el camino. Ahora toca recorrerlo también en otras áreas para dar respuesta a los malestares y descontentos por donde crece la ultraderecha.

El pasado viernes, los expertos de ENTSO-E, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, hizo público su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril en España (ver aquí). Casi 500 páginas donde se describe minuciosamente lo sucedido y se apunta a una serie de errores en cadena, una suerte de tormenta perfecta donde fallaron muchas cosas a la vez. ¿Dónde quedan ahora las horas de tertulias y centenares de columnas que clamaban contra las renovables como las culpables del desastre? Un sistema de la complejidad que tienen hoy las redes eléctricas difícilmente se viene abajo por un solo motivo. Y aunque ha hecho falta casi un año de indagaciones para saber con exactitud qué ocurrió, a las pocas semanas ya se tenía información suficiente como para descartar acusaciones infundadas que apuntaban a las renovables como chivo expiatorio. Sin embargo, a las pocas horas de recuperarse el suministro eléctrico, analistas de muchos medios –sobre todo los conservadores– pontificaban acusando con vehemencia a unas u otras causas. Curiosamente, quienes querían exhibir su crítica a este Gobierno apuntaban sin recato a las renovables, y sólo a ellas, como las causantes del desaguisado.

Lo que me ha animado a traer aquí este asunto no es el informe en sí, cuyas conclusiones y recomendaciones ya han sido difundidas y a las que yo no tengo nada que aportar. Tampoco pretendo aprovechar la ocasión para hacer una –otra– defensa de las renovables, que saben que hago cada vez que tengo ocasión. Lo que me lleva a traer aquí este episodio es la reflexión sobre la necesaria rendición de cuentas de quienes tenemos un espacio en la conversación pública. Quienes nos asomamos con asiduidad a micrófonos radiofónicos, cámaras de televisión y columnas como esta tenemos una responsabilidad importante. Nuestros análisis ayudan a quienes nos siguen a formarse una opinión sobre los asuntos de actualidad, conformando la conversación pública, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Esto debería llevarnos a elevar los estándares de exigencia del oficio.

Nos critican llamándonos “todólogos”, y es cierto. Nadie sabe de todo. Pero la virtud del analista –lo de tertulianos lo dejo para otros géneros– consiste justamente en saber de qué sabe y de qué no. En aquellos asuntos que maneja porque tiene una sólida formación o porque forman parte de algunas de sus áreas de expertise podrá emplearse a fondo. Lo reconocerán porque reaccionará con rapidez, hablará con precisión y será capaz de cartografiar la complejidad, lo que se sabe y lo que falta por conocerse, las cuestiones seguras y esas otras que navegan la incertidumbre respecto al tema en cuestión. 

Del resto de asuntos, aquellos de los que no se es especialista, cabe diferenciar dos tipos: los que suelen formar parte de la conversación de forma habitual y cualquier analista tiene el fondo de armario conceptual necesario, y aquellos que necesitan de conocimiento especializado. Entre los primeros se encuentran eso que suele llamarse politics, el histórico de las relaciones de los líderes y corrientes de las formaciones políticas, las tensiones que recorren la vida política habitual, etc. Para no equivocarse mucho en este campo, bastará con que el analista, aunque no siga con minuciosidad el día a día de una formación o un líder, tenga buena información –propia o la que le proporcionan los periodistas–, algo de memoria y un poco de perspectiva histórica, nada más. Su inteligencia le hará valorar cuándo puede arriesgar más y cuándo menos.

El problema viene cuando ese o esa analista que tiene que sentarse delante de un micro cuando casi no ha amanecido se encuentra con un tema de fuerte impacto social, del que nada sabe y cuya complejidad y especificidad imposibilita que pueda tener un juicio razonable, como ocurrió con el apagón. En ese caso son muchos y muchas los que buscan a alguien que pueda saber más que ellos y ellas y que ideológicamente esté en su bando y se limitan a repetir lo que aquel sujeto dice. Se darán ustedes cuenta porque reproducen argumentos que no entienden, y se nota. ¿Recuerdan a quienes nos hablaban de la generación asíncrona como si cada día pasaran unas horas en el CECRE (Centro de control de energías renovables, en las instalaciones de Red Eléctrica, digno de ver, por cierto)? Otros, no pocos, van buscando razonamientos de un lado y otro e intentan articular discursos de ambigüedad medida, sabedores ya de que caminan de puntillas por el asunto en cuestión. Sólo unos pocos, unas pocas, se atreven a decir aquello que parece prohibido: “no lo sé”. Probablemente serán penalizados por sus seguidores, que les leen o escuchan ansiosos de conocer su veredicto, pero estarán ejerciendo su función democrática con la honestidad intelectual y la responsabilidad imprescindible.

El del apagón es sólo un ejemplo de los muchos que se encuentran en la conversación pública. Si ha sido este asunto el que me ha llevado a esta reflexión es porque es un aspecto del que algo conozco por mi desempeño profesional y del que sé perfectamente qué sé y sobre todo, qué ignoro (que es mucho más), incluso todo lo que se ignoraba –porque no se podía saber aún– mientras corrían ríos de tinta. Seguro que hay otros temas que no me han llevado a plantear este asunto porque desconozco su complejidad, y probablemente yo habré caído también en la tentación de repetir lo que otros dicen sin saber exactamente qué es lo que está en cuestión.

Quienes disponemos de una tribuna pública tenemos una enorme responsabilidad. Ejercerla implica decir “no lo sé” cuando no lo sabemos, aunque cueste. La ciudadanía sabe distinguir entre quien habla de oídas y quien lo hace con propiedad. Desconfíen de quien pretenda hacer creer que es capaz de conocer y opinar de todo y en todo momento. Carece de lo fundamental: saber qué es lo que no sabe. 

Las elecciones de Castilla y León dejan muchas lecciones. Para mí, la más relevante es que contra la guerra, vuelta al territorio. En el fondo, no es nada nuevo. La globalización, ese fenómeno que alejó la política de la ciudadanía y generó una sensación de desamparo que está hoy en la base de muchos de los descontentos, ha generado un movimiento de refugio en lo local, lo cercano, lo territorial. Ulrich Beck le llamó a esto “glocalización” en 1997.

Pero volvamos a Castilla y León. Por la derecha, Vox ha crecido menos de lo que las encuestas decían, pero el Partido Popular de Mañueco, que ha hecho una campaña más pegada a las cuestiones del territorio, ha crecido dos escaños, ampliando por tanto en tres procuradores y cinco puntos el bloque de derecha y ultraderecha. El seguimiento de los trackings apunta a que los últimos días Vox fue descendiendo en intención de voto coincidiendo con la guerra y el protagonismo de Trump. Eso explica que ninguna de las encuestas realizadas estimaran bien el resultado de Vox, y que todas le dieran más representación. Alguna apuntando a 19 procuradores y a más del 21% de los votos. Esto es clave porque apuntaría que si Vox no ha crecido más no ha sido por no haber pactado con PP en Extremadura o Aragón, sino por su cercanía a los postulados trumpistas.

Por la izquierda, la candidatura de Carlos Martínez, alcalde de Soria desde hace 19 años y muy pegado al día a día, ha sido clave para dar el vuelco en Soria. Tanto que en la ciudad de Soria el PSOE incrementa más de 18,5 puntos, y Soria Ya! pierde 27. Es, curiosamente, el único partido de carácter provincial/territorial que pierde escaños. Tanto Unión del Pueblo Leonés como Por Ávila resisten manteniendo el número de procuradores.

¿Y la guerra? Esa es otra de las preguntas de la noche y, en efecto, sería un tanto extraño considerar que no ha influido en nada, pero tampoco resulta creíble que haya sido el motivo del incremento de dos procuradores para el PSOE. También IU-Sumar y Podemos tienen posiciones nítidas contra la guerra y han quedado barridos de las Cortes de Castilla y León. Se podrá aducir el consabido voto útil de la izquierda, y, en efecto, sería un sinsentido no tenerlo en cuenta, pero para que el voto útil se active tiene que tener un lugar concreto en el que refugiarse, y ahí es donde la figura de Carlos Martínez ha sido muy relevante a la hora de explicar el resultado.

Con este panorama, hay que esperar a las encuestas postelectorales para conocer con profundidad los movimientos de fondo, pero hay algunos datos curiosos. El porcentaje de voto a Vox fue bajando conforme el escrutinio avanzaba, es decir, conforme iban entrando las mesas con más votos; o, lo que es lo mismo, de municipios mayores. Justamente donde más porcentaje de jóvenes hay. En este caso, es muy posible que el voto joven no haya sido la clave del avance, aunque tímido, de Vox. No se debe olvidar que en Castilla y León Vox ya pegó el estirón en las anteriores autonómicas de 2022.

Las lecciones de Castilla y León son muchas. A modo de síntesis: que los adelantos electorales, como se vio en 2019, no estimulan la participación y generan mayor desafección y voto antisistema. En este caso, con una convocatoria ordinaria cuatro años después, la participación ha vuelto a las cifras de 2019.

Por otro lado, el rechazo a la guerra, a esta guerra y a todo lo que Trump supone, tiene un enorme respaldo de la ciudadanía. El PSOE lo supo ver desde el primer momento y ha sido capaz de generar un marco en torno a esta cuestión. Un marco que beneficiaría también al resto de la izquierda si fuera capaz de trasladar que tiene una opción viable y eficaz para competir electoralmente. Como por el momento no parece ser así, el bloque progresista, en su conjunto, retrocede y retrocede, lo cual nos advierte de que, de una u otra forma, las derechas están consolidando su posición.

Finalmente, disculpen la insistencia: el territorio, los candidatos pegados a la tierra, el conocimiento del día a día, la política de proximidad.

Tomen nota unos y otros para lo que viene por delante.

Este era el lema que se podía leer en la pancarta que un grupo de muchachos de ultraderecha, con el símbolo de Falange al lado, querían colgar en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología y Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid el pasado viernes 6 de marzo, en vísperas de las celebraciones del 8M. A su paso, como se describe en este comunicado de la propia facultad, causaron numerosos daños y destrozaron lo que encontraron en su camino. En especial, en el aula social del estudiantado, donde se encontraban materiales, carteles y trabajos varios para celebrar el día de las mujeres. 

Los daños no fueron mayores porque los trabajadores del centro y parte del equipo decanal presentes en ese momento en la facultad lo impidieron, pero lo que dicen es muy significativo: “Lamentablemente, la acción violenta sufrida este viernes no responde a un hecho aislado. Nuestras facultades, al igual que buena parte de las universidades públicas, está siendo objeto de una ofensiva sistemática y prolongada por parte de grupos de ultraderecha que tratan de negar derechos y libertades, que promueven discursos de odio y que utilizan en los últimos tiempos especialmente nuestro centro como diana de sus ataques.”

El incidente es todo un símbolo del momento en que vivimos. Mientras siguen produciéndose agresiones de todo tipo contra las mujeres y mientras se constata que a la igualdad le queda mucho para ser considerada tal, fuerzas de la ultraderecha reaccionan con todo su odio frente al avance del feminismo. Lo hacen porque el avance es incontestable y de fondo, porque se están cuestionando los roles de género y con ellos el reparto del poder. 

Lo más preocupante no es el discurso de la ultraderecha, que no puede sorprender a ningún observador, sino el eco que encuentra entre sectores de la población, especialmente los más jóvenes. Una parte de ellos en primer lugar, y otra de ellas últimamente, están viendo en el feminismo un discurso autoritario, consideran que “se ha ido demasiado lejos”, y vuelven –como antaño– a decir que abogan por la igualdad, pero no por el feminismo (ver aquí). Retrocedemos a aquello de “ni feminismo ni machismo: igualdad”. 

En la misma línea apunta el informe Juventud y género 2025 de la FAD (ver aquí). Si en 2021 la mitad de los y las jóvenes se identificaban con el feminismo, en 2025 esa cifra se ha reducido al 38,4%, y el 52,8% de ellos creen que las políticas de igualdad “han llegado demasiado lejos” y que los discriminan a ellos.

En los últimos días han aparecido diferentes estudios que apuntan a posibles causas de este retroceso. El crecimiento de la ultraderecha y sus postulados, o el retroceso que sigue a todo avance en derechos, son el telón de fondo. Tampoco la comunicación por las redes sociales ayuda, ya que perpetúa los sesgos, como refleja el estudio Espejismo de igualdad, elaborado por LlyC (ver aquí).Pero hay más. Según el último informe de Ipsos Día Internacional de la mujer 2026 (ver aquí), España encabeza el ranking europeo con el porcentaje más alto de ciudadanos (49%) que sienten que los avances en igualdad implican discriminación contra los hombres. 

Chicos, generalmente jóvenes, que ven cómo ellas les adelantan, sacan mejores notas, acceden a las carreras más exigentes y aprueban antes las oposiciones. Chicos que sienten que pierden poder y privilegios, y que sus compañeras les piden un cambio en los roles de género que no saben cómo abordar. Chicos que carecen de referentes en los que mirarse, chicos a los que cada vez les cuesta más relacionarse con chicas. Chicos despistados, descolocados, inseguros y rabiosos. Carne de cañón para quienes, desde la ultraderecha, les tranquilizan y reconfortan con una proclama: “vuelve a la familia tradicional”. O lo que es lo mismo, “Rechaza el feminismo, abraza la feminidad”.

El movimiento feminista ha sido capaz de superar muchos obstáculos. Hasta hace apenas ocho años no era ni sombra de lo que es ahora. El desafío hoy no es pequeño, pero se podrá abordar si se consigue entender las causas profundas de esta reacción y se les da respuesta. Para ello, hay un superpoder imprescindible: la empatía. Porque, chicos, en una sociedad feminista, vosotros también viviréis mejor.

Parecen dilemas pero son una trampa. Falsas dicotomías que, con un uso interesado del lenguaje, emergen en la conversación pública, generalmente de manos de la ultraderecha. Enormes trampas de las que los demócratas, y en especial las izquierdas, no consiguen zafarse. El brutal ataque de la alianza Israel-EEUU contra Irán va a ser la siguiente, pero ha habido otras, muchas otras, y todos las recordamos. En no pocas de ellas hemos caído.

Es posible estar contra el régimen iraní, una república islamista que acaba de aplastar a sangre y fuego la mayor ola de protestas ciudadanas desde 2009 –como refleja aquí Shlomo Ben Ami–, y al mismo tiempo condenar con toda la fuerza el ataque a ese país. Y, de paso, constatar que, una vez que estalla la guerra, nunca se sabe ni cómo continúa, ni hasta dónde llega, ni cuándo termina.  Basta con señalar que en estos momentos unos y otros gobiernos se alejan de forma nítida de los mínimos estándares democráticos. El pueblo de Irán acaba de ser masacrado en las calles por sus temibles gobernantes, y ahora ha de padecer los daños colaterales que producen esos bombardeos supuestamente “quirúrgicos” que de repente se desvían y acaban arrojando un misil en una escuela infantil.   

De la misma forma, es posible rechazar cualquier símbolo de opresión contra las mujeres, como el burka y el niqab, y defender el pluralismo cultural y la libertad religiosa. Basta con situar el debate en el marco de los derechos humanos y el laicismo. En ninguna aleya del Corán está escrito que las mujeres deban ser sometidas, señaladas, ocultadas ni aprisionadas en una celda de tela. 

También es posible defender los derechos de la familia propietaria de un apartamento alquilado frente a unos caraduras que no cumplen su obligación como inquilinos, y simultáneamente proteger a los vulnerables para que no queden en desamparo. Para empezar, llamándoles pobres y no inquiokupas, como acertadamente señala aquí Joaquín Jesús Sánchez. 

Ni siquiera fue cierta esa falsa dicotomía entre diversidad e igualdad, como señala Sandel en su conversación con Piketty transcrita en Igualdad. Qué es y por qué importa (Debate): “De ahí que piense que los fundamentos morales de la fiscalidad progresiva y la redistribución son inseparables de esas cuestiones de identidad, pertenencia, adhesión, comunidad o solidaridad”. 

Cada vez asistimos de forma más clara a acontecimientos que se definen en la conversación pública mediante marcos y lenguajes manejados por la ultraderecha que acaban convirtiéndose en falsas dicotomías que ponen en aprietos a unas izquierdas demasiado cómodas en argumentaciones lineales y espacios binarios, conmigo o contra mí. Con los ayatolás o con Netanyahu y Trump; con el fundamentalismo islamista del burka o con la diversidad; con los propietarios o con los inquilinos; con la diversidad o con la igualdad. Habrá quien desearía que la realidad fuera así de simple, pero avanzar hoy supone asumir que este pensamiento binario dificulta sobremanera entender la realidad y dar una respuesta.

Para conseguir ver y saltar estas trampas es necesario resignificar los debates y reconceptualizarlos bien. Empezar por asumir la complejidad, reconocer los desafíos –como hizo Emilio Delgado al señalar que hay barrios en los que los chavales tienen miedo de salir a la calle, pese a las críticas que ha recibido–, y buscar respuestas dentro del marco, valores y paradigmas progresistas, con referencia en los derechos humanos, o en las banderas  clásicas de libertad, igualdad y –la gran olvidada– fraternidad. Unos valores que necesitan hoy ser repensados a la luz de las necesidades actuales, sin abandonar ninguna bandera. ¿Por qué no se piensa la seguridad, la libertad, el poder o el dinero, desde marcos progresistas?

Acaba de estallar una guerra en Oriente Medio que, no por esperada, es menos dolorosa. Nadie sabe hasta dónde puede llegar. Es posible que el estrecho de Ormuz se bloquee y el precio del petróleo, y con él el del coste de la vida, empiece a subir. Una oportunidad –otra más– para que Europa compruebe hasta qué punto depender de fuentes de energía fósil de las que carecemos nos hace más pobres y más vulnerables. La izquierda tiene aquí una nueva oportunidad para ofrecer un programa político del que la derecha carece, pero para ello, antes, ha de esquivar muchas trampas. Las primeras, las que le tiende la ultraderecha: con unos o con otros. Son tiempos complejos, y por eso, precisamente, son tiempos de oportunidades… para quienes sepan verlas.

El pasado jueves, a las 13:13 h, el periodista aragonés Chema López Juderías lanzó un mensaje en X con una captura de pantalla del diario El País en ese momento (ver aquí). En primera posición, la detención del expríncipe Andrés por el caso Epstein; a continuación la dimisión del DAO de la Policía por agresión sexual y varias piezas relacionadas con el escándalo. Todas las noticias que encabezaban la web tenían que ver con abusos sexuales. No estaba ya en primera el enorme escándalo que supone que dirigentes del PP intentaran convencer a una denunciante de agresión sexual de que olvidara lo sucedido. La retahíla de escándalos ya no caben en la parte superior de la home, y la actualidad hace que unos cedan el espacio a otros, pero el caso del Ayuntamiento de Móstoles es un ejemplo más de que muchos y muchas siguen mirando para otro lado.

La semana ha terminado con cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y dos menores matados por los mismos asesinos de sus madres. En lo que va de año, los asesinatos de mujeres se elevan a diez. Y no pasa nada. Ni siquiera están abriendo las portadas de los principales medios, porque el goteo de asesinatos se ha normalizado ya en buena parte del panorama mediático.

Cuando se escucha la noticia de un nuevo asesinato emerge una pregunta. Lo hace por sí sola, sin pedir permiso a la razón, pero se apodera del cerebro: “Pero, ¿qué demonios les pasa a los tíos?”. No a todos los tíos, contesta enseguida el hemisferio derecho. Cierto. Pero, ¿cómo es posible que pese a los avances feministas, pese a la visibilización de los horrores del patriarcado, pese a los pactos de Estado contra la violencia machista y las nuevas normativas, sigamos asistiendo a un feminicidio cotidiano?

Los problemas son muchos, y en buena medida conocidos. Gracias a la Macroencuesta de violencia contra la mujer y a los informes del Observatorio del CGPJ se sabe que apenas el 8% de los casos de agresiones sexuales y el 20% de los de violencia machista llegan a las comisarías. ¿Cuáles son los obstáculos para que las mujeres denuncien y cómo pueden salvarse? Ahí no acaba el problema. Una vez interpuesta la demanda, las sentencias condenatorias por delitos sexuales son menos de un 20%. ¿Qué mensaje se manda a las mujeres?

Así y todo, de las diez mujeres asesinadas en lo que va de año, seis habían denunciado el caso. Unas estaban en el programa VioGén y otras tenían órdenes de alejamiento. Algo falló. En el fondo todo falló, porque cuando tras superar todas las barreras para denunciar, una mujer acude a comisaría, denuncia y recibe algún tipo de protección por parte del Estado, y este falla, es todo el sistema el que falla.

Desde el Ministerio de Igualdad se dice que quizá la evaluación de los casos no se hace con suficiente profundidad y se alude a la falta de medios. ¿Cómo es posible que, con 1.353 mujeres asesinadas por violencia machista desde que hay registros (2003), todavía no se cuente con los recursos suficientes? ¿Cómo es posible que no exista un preciso mecanismo de evaluación de políticas públicas que detecte los fallos del sistema y permita corregirlos de inmediato? Se apunta también a que la distancia que no debe rebasar alguien con una orden de alejamiento debería incrementarse de 100 a 350 metros. ¿Cuántos asesinatos hacen falta para reconocer que, si el agresor llega a cien metros, el margen de reacción es muy pequeño? Mañana mismo debería modificarse esta cifra. Sin esperar a la siguiente víctima.

Todo esto ocurre en un momento en el que una parte del avance de la derecha cabalga a lomos de la reacción antifeminista, especialmente en los chicos jóvenes (ver aquí). Si bien en estas actitudes hay una muestra de rebeldía contra lo establecido, es llamativa la diferencia entre ellos y ellas. Todo indica que el feminismo no ha sido capaz de convencer a esos jóvenes de que en una sociedad feminista ellos también vivirán mejor, que no se trata de perder poder en beneficio de ellas, sino de ganar todos y todas en una sociedad más igualitaria. La revancha de algunos jóvenes ante lo que consideran una pérdida de privilegios, la ausencia de referentes de nueva masculinidad, y la inseguridad y el descoloque que tienen algunos de estos chavales les llevan a abrazar opciones negacionistas y de ultraderecha.

Tampoco la conversación pública está ayudando a acabar con el feminicidio. En lugar de focalizar la conversación en estas cuestiones, cada vez tienen más espacio en algunos medios y redes sociales los falsos debates sobre las denuncias falsas, tan mínimas que el espacio que ocupan no es más que un intento de distracción, de “inundar la zona”, tan propio de la estrategia trumpista. 

Visto el panorama, urge revisar las políticas públicas, analizar a fondo desde la empatía la reacción de ese grupo de varones jóvenes que se revuelven con virulencia ante el avance del feminismo, seguir mejorando en la comunicación y en cómo se cuentan estas noticias. Todo esto requerirá estudio, análisis, profundización, debate y acuerdos. 

Pero hay algo que podemos hacer desde hoy mismo y, en especial, vosotros, esos hombres que no estáis incluidos en la pregunta de "¿qué les pasa a los tíos?", y a quienes sin duda os ofenderá tal interrogante, pero que en vuestro día a día participáis de conversaciones con amigos, compañeros de trabajo o vecinos, que apoyados en la barra del bar siguen ridiculizando a las mujeres, haciendo bromas sobre los casos de acoso, exhibiendo testosterona o extendiendo bulos. Es fácil. Basta con que pongáis pie en pared y les digáis: "¡Por ahí no!". Porque, en efecto, algo les pasa a los tíos… a algunos tíos; y los que no estáis entre ellos, tenéis un enorme poder para parar la violencia machista. 

Estamos encantadas de teneros a nuestro lado el 8-M, pero necesitamos algo más. Necesitamos que seáis feministas todos los días y en todos los ámbitos, de lo público y de lo privado. También en la barra del bar.

Las personas son respetables, las ideas no. Las ideas están para ser discutidas, matizadas, enmendadas o pisoteadas. Sólo así consiguen evolucionar y mejorar, sólo así consiguen su cometido, que es mover el mundo. Contra lo que suele creerse, estoy convencida de que el mundo no lo mueven el dinero o el poder, sino ideas que empujan en una u otra dirección, incluyendo, por supuesto, aquellas que únicamente tienen como objetivo el dinero o el poder. 

Así las cosas, creo que nuestra conversación pública mejoraría notablemente si, en lugar de criticar a personas, criticáramos las ideas que propugnan. De esa forma, el debate giraría del ‘González sí/González no’, a por qué es un error, en clave democrática, plantear que pactar con Bildu es peor que hacerlo con Vox. Básicamente, porque Bildu, con todas sus contradicciones, ha sido una herramienta fundamental para acabar con la violencia y la barbarie en Euskadi, con liderazgos como el de Oskar Matute, que nada tuvo que ver con ETA, salvo que alguna vez estuvo amenazado por los asesinos. Vox, por el contrario, es una de las organizaciones que lleva como bandera el cuestionamiento de la democracia y de los valores de convivencia democráticos. No me preocupa tanto que González sea denostado o querido, allá cada cual con sus filias y sus fobias, sino que pueda calar esa idea de preferir acordar con Vox, por lo que tiene de antidemocrática.

De la misma forma, no creo que sea trascendente generar un debate sobre la simpatía que cada cual tuviera a Javier Lambán, presidente socialista del Gobierno de Aragón fallecido el pasado verano. Lo relevante, creo, es analizar por qué buena parte de la política que el presidente Lambán llevó a cabo, azuzando el anticatalanismo y el agravio entre vecinos, o desarrollando infraestructuras de renovables y centros de datos de espaldas al territorio (sí, empezó con Lambán, aunque ahora el presidente Azcón se adjudique estas inversiones), sembró el terreno para que el Partido Popular ganara las elecciones en Aragón. Pero no las del pasado domingo, como se ha querido hacer ver, sino las del año 2023. Entonces, Azcón quedó ungido como heredero natural de Lambán y sus políticas. En ese momento Aragón ya estaba derechizado y sometido a renovadas prácticas de extracción y vaciamiento. El debate social al respecto había sido laminado. Si se analiza esto, se podrá aprender de lo hecho y no repetir errores.

Algo parecido puede pasar con los movimientos que empiezan a aparecer en la izquierda. La charla entre Emilio Delgado y Rufián ha agotado sus entradas en cuatro minutos; el evento organizado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid el próximo sábado está acaparando todas las miradas. ¿Será esa parte de la izquierda capaz de resetearse de nuevo y ofrecer un proyecto ilusionante? Es conocido que en las alianzas electorales 2 y 2 no son 4, que siempre hay alguna pérdida de voto por los vetos cruzados, y que la única forma de superar eso es ofreciendo un proyecto que levante una ola de ilusión. Una ilusión que no puede izarse tan sólo sobre una cara que movilice. Cuando las democracias occidentales atraviesan, como ahora, una crisis de sentido, no vale quedarse en un lema, en una figura y una campaña de redes. El electorado, y más el de la izquierda, necesita ideas potentes que le lleven a pensar y sentir que pueden dar respuestas a sus malestares y descontentos. Para dar “Un paso al frente” es necesario poner sobre la mesa un proyecto político que dé respuesta a los retos del momento. Que conjugue el papel del territorio y lo cercano con los retos globales, que no esquive debates incómodos como el de la seguridad o la defensa, que plantee propuestas viables sin mentir al electorado, porque todos sabemos que el problema de la vivienda no se soluciona en seis meses, que los servicios públicos necesitan mucha mayor y mejor inversión para cumplir sus cometidos de lo que se está haciendo hasta la fecha y que el fenómeno migratorio hay que gestionarlo bien para que sea un fuente de riqueza en todos los sentidos y no genere rechazo.

Quizá una buena manera sería empezar por decidir cómo quiere llamarse esa parte de la izquierda. ¿Alternativa, transformadora, confederal…? Porque situarse como “la izquierda a la izquierda del PSOE” no define ningún proyecto y te sitúa como subalterna al propio PSOE.

Vivimos tiempos de profundos cambios. Quien consiga entenderlos mejor y darles respuestas se llevará el gato al agua. Es, por tanto, tiempo de ideas (si es que alguna vez no lo fue).

Aragón ha votado con una movilización muy similar a la de hace dos años. Pese a elegir sólo cámara autonómica, sin ayuntamientos, y en momento de descontento, Aragón demuestra con un punto más de participación, y al contrario de lo que ocurrió en Extremadura, que la política sigue interesando, aunque parece que más en las ciudades y menos en el mundo rural. Dos tendencias emergen con fuerza: el castigo al sistema y la resistencia del territorio como trinchera frente a las tendencias globales.

Si Jorge Azcón adelantó la convocatoria electoral para liberarse de la dependencia de Vox por no haberle permitido aprobar presupuestos, la jugada no ha podido salirle peor. Le ha alimentado y le ha cedido una parte de su electorado. Cosa distinta es que el objetivo de Azcón fuera evidenciar la debilidad del PSOE, en cuyo caso, en efecto, lo ha conseguido. Sin embargo, como un boomerang, el resultado le devuelve una pérdida de votos y escaños y le hace más dependiente de aquel de quien pretendía liberarse.

Este fracaso de los populares no oculta el de los socialistas. El electorado le ha dado una bofetada a Pedro Sánchez en la cara de Pilar Alegría. Cinco puntos y cinco escaños menos llevan al PSOE a repetir su mínimo histórico. Y como cuando el ciclo cambia no hay consuelo, ni Podemos ni IU-Sumar han recogido voto, sino que han perdido juntas el 3,17%. Habrá que esperar a las encuestas postelectorales para ver en qué medida hay movimiento en sentido contrario, es decir, votantes de Podemos - IU - Sumar que han podido acudir al PSOE llamados por el voto útil. En cualquier caso, mensaje para los morados, para IU y para Sumar.

¿Quién gana? Indiscutiblemente, en primer lugar, Vox. Siguiendo tendencias que las encuestas ya venían advirtiendo, la ultraderecha asciende imparable. Recogiendo voto de la izquierda, la derecha, la abstención y los jóvenes, y sin olvidar tampoco que Se Acabó la Fiesta quedó rozando el escaño, con un 2,74% (2,92% en Zaragoza), a 0,25 puntos de IU- Sumar.

El otro ganador es el territorio, probablemente como espacio de resistencia frente a lo lejano y en defensa de lo propio frente a una campaña protagonizada por refriegas referentes a temas de ámbito nacional, con la propuesta de financiación como telón de fondo. El aragonesismo en su conjunto queda muy lejos del 20% de representación que obtenía históricamente, pero CHA ha doblado su representación, terminando así una larga travesía en el desierto que empezó en 2007. ¿Es la defensa del territorio una trinchera frente a las tendencias globales? Se podrá objetar que Existe –cuyo corazón late en Teruel– ha perdido 10.000 votos, y es cierto. Será interesante conocer las encuestas postelectorales para saber hasta qué punto su ansiada transversalidad les ha podido pasar factura.

Así las cosas, ahora llega el momento de trazar acuerdos para gobernar, y en coherencia con el motivo que llevó a Azcón a disolver las Cortes, aprobar unos presupuestos para la comunidad autónoma. Si en la anterior legislatura era complicado, ahora lo es bastante más. La estrategia de Vox en Extremadura lleva a pensar que Vox va a vender muy caro su apoyo a una investidura, quizá haciéndola imposible. No es descartable que Extremadura, Aragón y Castilla y León queden bloqueadas en espera del botín que Vox ansía, el Gobierno de España. 

Aragón ha mostrado tendencias coherentes con lo que la demoscopia va indicando. El futuro no está escrito, pero para variar la dirección hay que dar un volantazo.

Quienes nos preguntamos en 2016, cuando Trump llegó al poder por vez primera, cuáles serían los efectos que provocaría tener un presidente así en la Casa Blanca, nos debatíamos entre dos tipos de previsiones. Por un lado, quienes consideraban que el sistema tiene suficientes resortes para resistir los embistes de la barbarie, los famosos check and balances, los contrapesos establecidos en la primera democracia del mundo. Por otro, había quienes no dudaban de que el destrozo iba a ser inevitable. El primer mandato de Trump pareció dar la razón a los primeros, aunque los signos de deterioro de la convivencia habían arraigado ya. El segundo mandato que ahora vivimos bascula hacia el lado contrario. ¿Hemos de asumir que, inevitablemente, Trump va a arrasar con todo? No tan rápido.

Un análisis detallado de lo ejecutado en lo que va de mandato, como este que publica Le Grand Continent, conduce a la locura, no hay consuelo. Pero aquí no acaba la Historia: las movilizaciones de estos días en Minneapolis pueden ser un punto de inflexión en dos sentidos. En primer lugar, porque ha obligado a Trump a echar el freno y se han abierto discrepancias serias entre los suyos. Las protestas le llevaron a destituir a Greg Bovino, jefe del operativo antiinmigración, y su sustituto empezó a hablar de “desescalada”, lo que provocó la reacción inmediata de Steve Bannon, que pedía más madera. Al mismo tiempo, las críticas de Trump al hecho de que Alex Pretti, el enfermero asesinado por el ICE, portara un arma, provocó la respuesta airada de la Asociación Nacional del Rifle, apoyo imprescindible de los republicanos. Se abren grietas entre los bárbaros mientras la aprobación de Trump cae en las encuestas a un 37%, su mínimo.

Lo más relevante, sin embargo, a mi juicio, es lo que está sucediendo al otro lado. La violencia, asesinatos, detenciones de niños y la mentira sistemática ha acabado con la paciencia de los ciudadanos, y la sociedad civil, ¡al fin!, ha saltado a las calles. Movilizaciones multitudinarias, redes de apoyo entre los vecinos, asociaciones prestando ayuda a quien lo necesita y articulando colaboración. Una sociedad civil que tradicionalmente ha sido fuerte y bien estructurada en EEUU, parecía haberse rendido ante la barbarie, pero ha resucitado. Ha empezado a ser consciente de su poder y a ejercerlo. Ha sido capaz de lanzar un grito de dignidad al mundo que debemos escuchar.

Junto a ese tejido social, la cultura ha reaccionado. Streets of Minneapolis de Springsteen quedará ya para la historia como un canto de guerra contra la barbarie. ¡Por algo es el Boss! Junto a él, Neil Young, Mark Ruffalo, Madonna, Whoopi Goldberg, Harrison Ford o Stephen King, como cuenta aquí David Gallardo, han entendido el poder de la cultura, que, junto a una sociedad civil movilizada, puede ser imparable. De Niro clama contra el neofascismo, Michael Keaton se dirige a los propios votantes de Trump para advertirles: “¿No os dais cuenta de que esa gente a la que apoyáis os desprecia, se ríe de vosotros?

Lo que queda de democracia en EEUU hay que buscarlo hoy en las calles de Minneapolis y en los escenarios de quienes están dando pasos al frente. Ojalá sea una ola que se extienda al resto del país. En noviembre se celebran las elecciones de medio mandato donde se eligen 435 congresistas, 33 de los 100 senadores y 34 de los 50 gobernadores que dirigen los Estados. Trump sabe que no lo va a tener fácil. “Si pierdo, buscarán una excusa para destituirme”, ha declarado. Mientras acabo esta columna llega la noticia de que en Texas los demócratas han arrebatado el escaño a los republicanos, que lo habían ganado en 2024 con 17 puntos de ventaja. 

Viendo las imágenes de las manifestaciones multitudinarias y la fuerza con la que hablan quienes las lideran, me gustaría pensar que, al menos como hipótesis, todavía podemos creer en esa visión que defendía que las democracias tienen los contrapesos suficientes para parar la barbarie. Ojalá. Si así es, y coincidiendo con el nobel Acemoglu (ver aquí), estoy segura de que todo dependerá, como siempre, de la movilización de la sociedad civil, del pueblo.

Si esto ocurre, Trump irá perdiendo hegemonía. Pero aquí tampoco acabará la Historia. Desde que las ultraderechas emprendieron la ofensiva en el conjunto de occidente, han llegado al poder en algunos casos, han caído en otros y vuelto a subir después…. La alternancia se sigue produciendo en unos y otros gobiernos, pero hasta la fecha, nadie ha conseguido dar respuesta a los malestares y descontentos que fundamentan el apoyo a los bárbaros.

Ese es el auténtico desafío. Tomemos nota también en esta parte del mundo.

Hace una semana dedicaba esta columna a la reunión que iban a mantener Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo sobre el posible envío de tropas de paz a Ucrania y las amenazas de Trump sobre Groenlandia; todo ello en vísperas del Davos más disruptivo que se recuerda. Esa reunión no llegó a celebrarse. El terrible accidente ferroviario que se llevó la vida de 45 personas en Adamuz paró en seco la actividad política. Incluso la crispación siempre al alza de la derecha se detuvo ante la magnitud de la tragedia, en una inteligente respuesta por parte del presidente andaluz Moreno Bonilla.

Mientras se desarrolla el duelo colectivo que toda sociedad necesita pasar ante un horror como el vivido, una sensación, en absoluto novedosa, adquiere más fuerza: la inseguridad. Es posible que sea la palabra que mejor defina lo que llevamos de siglo. Si los atentados de las Torres Gemelas desataron en Occidente una ola de inseguridad ante el terrorismo global, la crisis financiera de 2008 nos enseñó hasta dónde puede llegar la inseguridad económica, la pandemia nos hizo temer por la mayor de las inseguridades, la que se proyecta sobre nuestra salud y la de los nuestros; la invasión de Ucrania por Putin nos recordó que cuando despertamos la inseguridad extrema, la guerra, seguía ahí; y cada vez que vemos a Trump sentimos la inseguridad que da caminar por terreno desconocido comprobando cómo la crueldad de las SA, las camisas pardas norteamericanas, el ICE, dispara a inocentes a quemarropa o detiene a niños de cinco años. Sensibles, como estamos, a estas inseguridades, un accidente como el sufrido en Adamuz multiplica los fantasmas. Esta vez no por riesgos globales, ni por grandes desafíos como los que habitualmente citamos (la crisis climática, el desarrollo incontrolado de la digitalización, las encrucijadas geopolíticas), sino por algo tan cotidiano como subirse a un  tren. 

Por si fuera poco, al accidente de Adamuz le siguió otro en los Rodalies catalanes provocado por la caída de un muro tras las intensas y continuas lluvias que habían descargado sobre la zona. Esta vez la inseguridad ha llevado a cancelar de momento todos los trenes hasta que se compruebe el estado de las infraestructuras y ha vuelto a comprobarse cómo la crisis climática multiplica las inseguridades que ya teníamos y obliga a incrementar las inversiones y replantear las infraestructuras. 

Los días siguientes a la tragedia han discurrido entre la gestión del dolor y la zozobra provocada por las reducciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona y los comunicados de los maquinistas en los que manifiestan sus advertencias continuas sobre el estado de la vía. La inseguridad ha seguido propagándose hasta invadirlo todo. Acongoja ver en hora punta las estaciones de tren casi vacías, y los pocos viajeros que van a embarcar, en silencio y tensión contenida. Puedo decirles que escribo esta columna regresando de un viaje de Sevilla a Madrid y compruebo en primera persona cómo el dispositivo organizado por Renfe para poder ofrecer el servicio combinando trenes con un tramo en autobús funciona a la perfección, con el personal esforzándose por mostrar su mejor sonrisa y una dosis extra de amabilidad a pocos metros de la tragedia, con el dolor flotando en el aire.

Pero todos estos esfuerzos pasan ahora desapercibidos. La inseguridad se ha instalado en el ambiente, con más fuerza si cabe que lo que venía haciendo años atrás. Desde su proyección más concreta manifestada al subir al tren, hasta la amenaza abstracta de una guerra con tantos frentes abiertos que ya no se sabe a dónde mirar. Lo dice esta encuesta de Le Grand Continent: uno de cada cinco europeos cree que su país podría ser objeto de una guerra iniciada por EEUU y un 48% temen lo mismo respecto a Rusia. Entre los daneses, son casi la mitad, un 44%, los que consideran que pueden ser atacados por Trump, y si se pregunta en España, se comprueba que un 29% tienen ese temor.

Frente a este clima, cualquier gobierno y cualquier líder tiene una máxima prioridad: conseguir generar seguridad. Una seguridad que no se encontrará en un relato vacío ni en contradicciones o precipitaciones, o mucho menos en decir que el miedo no está justificado, como afirma el ministro Puente en esta entrevista. No, el miedo, hermano mayor de la inseguridad, no es algo racional. Si bien es necesario mostrar datos y estadísticas que corroboran que el tren en España sigue siendo seguro, lo más importante ahora es comprender la zozobra instalada en el ambiente y darle respuesta con una comunicación honesta y rigurosa que muestre lo que se sabe y lo que no, que reconozca errores y aciertos, y que cuente abiertamente cuáles son los siguiente pasos a dar para garantizar la seguridad; en los trenes y en un mundo convulso. Es hora de recordar que la política es empatía, como subrayaba la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, al cumplirse un año de la dana de Valencia. Ella lo sabe bien.

Presten atención al discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, en Davos. Muestra bien por dónde se puede empezar a caminar: "Sabemos que el antiguo orden no volverá. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia. Pero a partir de esta ruptura, podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo." Ese es el reto de todo líder cuando se enfrenta a una tragedia; sea un accidente ferroviario con 45 muertos y decenas de heridos o el fin del orden mundial: asumir que lo anterior no regresará y aprovechar el momento para construir algo mejor. Presidente Sánchez, escucharemos su comparecencia con atención, con la esperanza de que sea un ejercicio de empatía, transparencia y hechos concretos para que esto no se vuelva a repetir.

Estaba previsto para esta tarde a las seis un encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, el primero tras diez meses, después de que el 13 de marzo de 2025 se reunieran para hablar de la situación en Ucrania. Ha quedado suspendido –como es totalmente lógico– ante la gravedad del accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo en Córdoba.

El escenario de cara a ese encuentro que ahora queda pendiente de nueva fecha es muy distinto al de hace casi un año. Suenan campanas de un posible acuerdo en Ucrania, países europeos se muestran dispuestos a enviar tropas de paz, y nuevas amenazas cobran protagonismo. Un año de Trump en la Casa Blanca ha servido para comprobar cómo es capaz de poner el mundo patas arriba, resucitar la doctrina Monroe e iniciar una guerra por el dominio del planeta –su propio hemisferio y todo lo que caiga– y en especial de las materias primas –petróleo y gas, pero también las tierras raras y los minerales imprescindibles para la revolución digital y la transición energética–, mostrando qué cara tiene el fascismo del siglo XXI. Por cierto, no dejen de leer este alegato de Andrea Rizzi llamando a la resistencia antifascista.

La afrenta de Trump, del trumpismo y sus socios (Vox en España) no es contra la izquierda, ni contra la socialdemocracia, ni contra el buenismo o lo woke. Estos son sólo, para el tirano, chivos expiatorios. La guerra de Trump es contra la democracia, contra los principios de igualdad, libertad y fraternidad, contra las reglas basadas en el reconocimiento del otro, contra la justicia. Contra todo lo que dificulte que acceda a su espacio vital –el Lebensraum de Hitler– y domine territorios y materias primas allá donde le interese en una guerra perpetua contra cualquier otro que ose hacer lo mismo. Su principal enemigo hoy es China y su posición en el mundo, con acceso a buena parte de esas materias primas y una compleja red de alianzas bien trabada, en especial en América Latina y África. 

El día que el señor Nuñez Feijóo y quienes le rodean entiendan esto, entenderán también que ellos forman parte del paquete. Que son también enemigos de Trump y su sucursal española, Vox. Que el que se equivoca de enemigos no es Abascal –como le dijo recientemente–, sino él, que no sabe reconocer que la afrenta le incluye, como jefe de un partido sistémico y defensor del establishment europeo. 

El Partido Popular en España está siguiendo la estela de Manfred Weber, como recuerda aquí el periodista Esteban Hernández. Una estrategia suicida que ignora la historia, que obvia las experiencias ya vividas y que aplica una mirada cortoplacista. Directos a los brazos de la ultraderecha con el pretexto de que así les frenarán. No me cansaré de recomendar el libro de Ginzberg, Síndrome 1933, donde recuerda cómo fue la derecha democrática la que le dio el poder a Hitler, no sin antes advertir que la Historia no suele repetirse, pero… ¡rima tanto!

El día que esta parte de la derecha europea (no es todo el PPE, de momento) y en particular la española entiendan que Trump les ha declarado la guerra, que Abascal no quiere ser vicepresidente de España, sino gobernar el conjunto del país arrebatando votos a izquierda  y derecha –como ya empieza a pasar: observen esta encuesta de 40dB donde ya se refleja un 4,8% de votos del PSOE y un 13% del PP que pueden ir a Vox–; ese día, la derecha europea en su conjunto, y en concreto la española, tendrán que ser capaces de plantear una propuesta propia, que no tiene por qué ser la de los socialdemócratas, pero que deberá pasar por subir su apuesta por la democracia, por las libertades, la justicia, y por una Europa que avance en la unión política. Ese día podría llegar tras la reunión pendiente entre Sánchez y Feijóo, pero mucho me temo que a su salida el líder de los populares volverá a hablar de Cataluña, de Koldo, de la mafia… y ‘Pedro Sánchez dimisión’. Ojalá me equivoque. Por el bien de todos, incluidos ellos. 

En el mundo que ahora desaparece, hace apenas seis meses y coincidiendo con el 80 aniversario del final de la II Guerra Mundial, medio centenar de empresas alemanas reconocieron su colaboración con los nazis para que Hitler pudiera llevar adelante su plan. Pidieron disculpas públicamente y llamaron a que nadie votara a fuerzas que pudieran volver a traer el horror. No eran empresas que nos sean ajenas, sino que sus productos nos rodean diariamente. Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa y Rheinmetall, entre otras. Su declaración fue nítida: “La toma de poder de los nacionalsocialistas en 1933 hubiera sido impensable sin el error de los que entonces tomaron decisiones en la política, el ejército, la justicia y la economía”, afirmaron. Y reconocieron: “Las empresas alemanas contribuyeron a consolidar el dominio de los nacionalsocialistas. Teniendo su propio beneficio en mente, muchas empresas y sus actores en aquel entonces estuvieron involucradas”.

Hoy, en esta nueva versión del autoritarismo y el fascismo (dejaré la discusión terminológica para otro día) en la que se inserta el imperialismo de Trump, las empresas también van a ser necesarias, y cada una de ellas se va a retratar. En el fondo siempre ha sido así, las empresas han jugado siempre un rol político que, aunque no les guste reconocer y a veces se ponga en duda, se muestra en cada una de las decisiones que toman, ya que configuran un modelo de sociedad. La empresa que acorta la distancia entre el salario más alto y el más bajo está contribuyendo a tener una sociedad menos desigual; la compañía que incorpora incentivos a sus directivos sobre el cumplimiento de objetivos ambientales está ayudando a tener un medio ambiente más sano; la que tiene políticas de diversidad ayuda a una sociedad más libre, diversa y equitativa, etcétera.

En ese viejo mundo que acaba, hace apenas unos meses, se seguían escribiendo toneladas de páginas sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, las políticas de ESG –gestión ambiental, social y de buen gobierno por sus siglas en inglés–, y las compañías emitían memorias de sostenibilidad donde contaban qué hacían para alcanzar estos objetivos. 

Como en el conocido momento gramsciano donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo empieza a nacer, hoy esas estrategias siguen en pie en algunas compañías, se ocultan en otras para evitar sanciones del trumpismo o, directamente, se niegan en una reunión con los principales CEO de las petroleras del mundo donde el consejero delegado de Repsol se mostró entusiasta con Trump anunciando que puede triplicar la extracción de petróleo de Venezuela. Y apostilló, en retórica genuflexión: “si usted nos lo permite, señor”. 

Atrás quedaron las preocupaciones por el cambio climático y el respeto a un país soberano como es Venezuela o al derecho internacional. Debe ser también una cuestión de “cursis”, como afirmó Ayuso. 

Más allá de estas consideraciones, hay otra de carácter estratégico y empresarial. Estos CEOs están poniendo en riesgo su empresa. En un momento en que el conjunto del sector petrolífero está diversificando sus inversiones, sabiendo que –pese al retardismo que busca prolongar todo lo posible el fin de los combustibles fósiles que provocan el cambio climático– el futuro pasa por energías limpias, iniciar la aventura de una inversión multimillonaria de dudosa rentabilidad, en un país con escasa estabilidad política, sujeto a los vaivenes de la geopolítica mundial bajo la tutela de unos Estados Unidos en situación de preguerra civil, es una decisión que ningún estratega político, ni mucho menos empresarial, tomaría. 

El impacto de la imagen de esos señoros –ni una sola mujer; hay que ver la foto– rodeando a Trump y eufóricos ante la expectativa de seguir extrayendo petróleo de un país humillado pasará, pero las inversiones previstas tendrán que ser aprobadas por los órganos correspondientes, y en última instancia, tendrá que rendirse cuenta ante los accionistas, entre los que hay grandes bancos y grupos de inversión, pero también el Fondo Soberano Noruego –que en los últimos años está aplicando una política estricta de reducción de inversión en fósiles– y miles de accionistas minoritarios. Ellos, en última instancia, decidirán. ¿Se convertirán en colaboracionistas del nuevo autoritarismo o seguirán la estela iniciada por las empresas alemanas, 80 años después del horror?

A Trump le pone la Navidad. Si fue un 6 de enero cuando alentó el asalto al Capitolio, ha sido el tercer día del nuevo año cuando ha decidido dar un golpe en el tablero y secuestrar al matrimonio formado por Nicolás Maduro y Cilia Flores, mientras el mundo estaba atento a sus amenazas hacia Irán (aquí la portada del periódico El País el día 3 de enero). 

A estas alturas poco se puede aportar que no hayan dicho ya los cientos de análisis que en tiempo récord, y con notable calidad muchos de ellos, se han podido ir leyendo en este y otros medios. Es cuestión de esperar acontecimientos y recomponer la secuencia de los hechos de forma que permita entender cómo, con total facilidad, la Delta Force entró donde dormían Maduro y Flores y se los llevó. Mientras él espera un juicio acusado de narcotraficante en unos términos delirantes –según lo que se ha filtrado del acta de acusación–, Delcy Rodríguez, su segunda de abordo, asume el poder con el beneplácito de Trump. La oposición venezolana al chavismo y la propia derecha española se han quedado estupefactas. 

Por sintetizar, el America first es la nueva versión del “América para los americanos”, que expresa con absoluta nitidez sus pretensiones: todo el continente americano para EEUU en una vuelta a la Doctrina Monroe que Trump no esconde; esa que hizo de América Latina su patio trasero con el argumento de evitar la injerencia europea y luego la del comunismo. Es obvio que el pecado de Venezuela que Trump castiga no es su régimen autocrático ni haber violado con casi toda probabilidad el resultado salido de las urnas en las últimas elecciones de julio de 2024, sino ser la principal reserva de petróleo del mundo y pretender gestionarlo al margen de los intereses estadounidenses. Según cuenta Enric Juliana, China era el destinatario del 84% de las exportaciones petrolíferas de Venezuela, que el gigante asiático compraba sin usar el dólar como moneda de pago, y, al parecer, otros países productores querían seguir esa senda. Trump empieza a hacer realidad por la vía de los hechos, es decir, de la fuerza bruta, la división del mundo en áreas de influencia y el enésimo entierro –Gaza, Ucrania…– del derecho internacional. Y ahora ya sin disimulo, sin ni siquiera pensar en justificarlo. Sin complejos. Dejando el país al mando de la segunda figura del chavismo con su supervisión. Y Corina Machado, la flamante premio Nobel de la Paz, ya se sabe; una ‘chica maja’. 

De todo esto, lo que más sorprende es la escenografía crudamente pornográfica, porque el contenido ya estaba anunciado en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada el 10 de diciembre de 2025: “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Este "Corolario Trump" de la Doctrina Monroe es una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos”.

En un mundo tan interconectado nada de lo que pasa en la esfera global deja de tener efectos en las políticas nacionales, y aunque, al calor de lo vivido, nuestras pequeñeces domésticas parezcan eso, menudencias, pueden ser más trascendentes de lo que se antoja en un primer momento. El golpe dado por Trump la madrugada del 3 de enero en Venezuela fue saludado con alegría y efusividad por el líder de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo: “Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España. Hoy es un mal día para todos ellos. El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas".

Hasta la ultraderechista Marine Le Pen pasó al líder del Partido Popular por la izquierda: “Había mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario, había impuesto un manto de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos, cuando no los obligaba al exilio (…) Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Esto sería un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad. Ante esta situación, solo podemos esperar que el pueblo venezolano tenga voz lo antes posible. Son ellos quienes deben tener el poder de definir, soberana y libremente, el futuro que desean forjar como nación".

Si el secuestro de Maduro era algo ya previsto y anunciado en la citada Estrategia de Seguridad Nacional, sus planes para Europa no se ocultan tampoco: “Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este resurgimiento del espíritu, y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos sin duda da pie a un gran optimismo”. 

Que alguien le cuente a Feijóo, hoy ya ojiplático viendo a Delcy Rodríguez dirigir el país, que los aliados de Trump son aquellos partidos de la ultraderecha con los que las derechas no ultras disputan los votos. Su seguidismo acrítico de la intervención militar en Venezuela es otro aldabonazo más a que sus votantes opten por la papeleta de Vox. Le Pen, que se ha dado cuenta, ha leído el escenario y ha querido separarse del tirano. Lo incomprensible, en la aún democrática Europa, sería no hacerlo.

Un fantasma recorre Aragón, es el fantasma de las últimas elecciones municipales al Ayuntamiento de Huesca, donde cuatro partidos de la izquierda se quedaron sin representación, lo que facilitó la mayoría del Partido Popular.

Con la resaca de las elecciones extremeñas aún dando dolores de cabeza, se aproxima un nuevo adelanto electoral, esta vez en Aragón, con noticias que crean inquietud en las izquierdas. Los partidos que se sitúan en una izquierda no socialista, a saber Chunta Aragonesista (CHA), Podemos, IU, Movimiento Sumar y Equo no han alcanzado ningún acuerdo y concurrirán a los comicios en tres listas distintas: la de CHA, que intenta capitalizar el espacio aragonesista de izquierdas con una de sus pocas caras conocidas, la de Jorge Pueyo, hasta ahora diputado de Sumar en el Congreso, que se separa así de la candidatura que lo llevó a Madrid; la de IU y Movimiento Sumar, que a su vez han conseguido unir fuerzas en un espacio históricamente próximo con liderazgos que han ido migrando entre siglas pero manteniendo buenas relaciones personales; y aunque, de forma discreta y pegada a la realidad de esta tierra, a punto estuvieron ambas marcas de conseguir un acuerdo con Podemos, en el último minuto la operación fue vetada por la dirección nacional de esta última fuerza, que concurrirá por su lado como tercera en discordia, ansiosa de exhibir perfil como la esencia más pura y sagrada de un izquierdismo que no se sabe muy bien qué efectos busca. O quizá sí.

La noticia ha caído como una losa entre quienes ansiaban la unidad de la izquierda, sobre todo tras ver los excelentes resultados que la unión de IU y Podemos había dado en Extremadura. 

La famosa unidad de la izquierda no socialista se ha convertido en un mantra en los momentos en que todos los mantras recogidos en los manuales de ciencia política han saltado por los aires. Desde 2015, ni es cierto que más participación signifique cambio de gobierno, ni que cuando más se vota se beneficie inexorablemente a la izquierda. Las reglas del juego del bipartidismo saltaron por los aires con éste, como es lógico. 

Así, una pregunta emerge: ¿Es la unión de las izquierdas no socialistas garantía de éxito? ¿Es lo contrario el anuncio de un fracaso? ¿En qué casos sí y en cuáles no? La unión de las izquierdas no socialistas funcionó en Extremadura, lo hizo de forma clara aunque un tanto agónica ya en las generales de 2023, y por supuesto en las generales de 2019.

Sin embargo, la unión de las izquierdas no socialistas no funcionó de igual manera en 2016, cuando la coalición de Unidas Podemos perdió más de un millón de votos respecto a lo que ambas formaciones habían obtenido por separado apenas seis meses antes, en diciembre de 2015, recordando la máxima que dice que en las coaliciones hay que descontar la pérdida de los electores que no se sienten cómodos con los nuevos compañeros de viaje.

¿Es, por tanto, la unión de esas izquierdas garantía de éxito? En absoluto. Depende, como siempre, de varios factores, entre los que está el sistema electoral. Si en Extremadura la barrera electoral para obtener representación era del 5% –lo que ayuda a cerrar acuerdos entre fuerzas minoritarias–, en Aragón lo es del 3%, lo que hace menos apetecible el pacto. Por otro lado, la proporcionalidad o desproporcionalidad de cada sistema también hace lo suyo. También las trayectorias difieren: la tierra del Ebro, en elecciones autonómicas, nunca ha visto una alianza entre las izquierdas.

No obstante, con permiso del sistema electoral, lo fundamental para valorar si la unidad de esa parte de la izquierda es o no favorable a sus intereses hay que buscarlo sobre todo en el estado de ánimo de sus electores, que no de sus militantes.

Si en 2016 los seguidores de IU y Podemos se miraban de reojo y acumulaban reproches, hoy, en todo el país, piden recomponer ese espacio político –diverso, plural, puntilloso, y a menudo cortoplacista– en alianzas amplias que sean capaces de tirar de la oreja izquierda del PSOE y ayudar a plantar cara a una derecha que amplía su espacio gracias al ascenso de los ultras. 

En Aragón, además, se ha instalado en la memoria de las izquierdas el fantasma del Ayuntamiento de Huesca. Cuatro formaciones de la izquierda no socialista se quedaron sin representación al no conseguir superar la barrera electoral del 5% que se exige en las municipales. Podemos alcanzó el 4,68%, Cambiar Huesca (donde se integró IU) el 4,47%, CHA el 4,43% y Verdes-Equo, el 4,3%. En total, casi un 18% de votos sin representación que facilitaron una mayoría simple  para el Partido Popular.

No es, por tanto, muy osado aventurar que la división en tres candidaturas de la izquierda no socialista en Aragón no augura nada bueno. Pero no porque la unidad siempre sea garantía de éxito, o porque el sistema electoral empuje en una u otra dirección, sino porque desvela la incapacidad de quienes la han impedido para hacer lo más importante que debe hacer un líder político: saber leer e interpretar el estado de ánimo de quienes querrían votarles. 

Permítanme empezar con una exclamación: ¡Un poco de respeto para extremeños y extremeñas! Porque si bien es cierto que la conversación pública está cada vez más protagonizada por los asuntos a nivel nacional y menos por los locales, las elecciones de este domingo se convocaron para elegir la Asamblea de Extremadura, no la composición del Congreso de los Diputados. Las extrapolaciones, por tanto, han de ir acompañadas de la prudencia. Lo contrario sería una falta de respeto a la ciudadanía extremeña. 

Lo primero que llama la atención es que un 37% de quienes tenían derecho a voto decidieron no ejercerlo. La abstención siempre es una mezcla de apatía, desencanto y enfado, pero si le unimos el 17% de porcentaje alcanzado por Vox, tenemos que un 55% del censo no se siente atraído por los partidos sistémicos. No incluyo aquí a los votantes de Unidas por Extremadura, pese a que en cierto sentido podrían incluirse también.

El siguiente nivel de análisis nos lleva al porcentaje de bloques. La derecha ha ensanchado su espacio llegando al 60% del voto, 13 puntos por encima de los anteriores comicios en 2023. La izquierda, que llegó a tener el 54% de voto en 2001 y casi el mismo porcentaje en 2019, ha quedado en poco más del 36%.

Por la derecha, y tal como señalan distintas encuestas para otras comunidades autónomas y para el conjunto de España, su crecimiento no llega por una subida significativa del PP, sino que su avance tiene como gran protagonista a la ultraderecha. Si el argumento para convocar estas elecciones era la imposibilidad de aprobar unos presupuestos, ahora será, si cabe, más difícil, en caso de que no se llegue a un bloqueo político. Ahora bien, habrá quien diga que el PP ha fracasado porque no se ha alejado de Vox, y es cierto, pero los populares tenían otro objetivo: evidenciar la debilidad del PSOE. Y en eso han vencido.

Por la izquierda no hay consuelo. En el peor momento del PSOE extremeño, con una pérdida de 10 escaños y un 14% de voto, Unidas por Extremadura recoge tres escaños. Quizá algunos sectores de ese espacio lo celebren por las repercusiones que pueda tener en las negociaciones internas que se están dando en ese ámbito, pero el resultado final es una pérdida para el conjunto de la izquierda. La debacle del PSOE se podrá leer en clave local, con el imputado Gallardo como candidato, pero es indudable que la tendencia general a la baja no es leve ni muchísimo menos. 

Me guardo una pregunta para terminar: ¿Les sorprenden estos resultados? Porque no dejan de reflejar las tendencias que venimos viendo desde hace tiempos: un descontento creciente que aprovecha la ultraderecha y que el resto de organizaciones no consiguen identificar ni entender del todo. He aquí la principal tarea para todos ellos… y para todos nosotros y nosotras.

Hoy lunes, 15 de diciembre, el presidente Sánchez hará su tradicional balance del año. Exhibirá logros, que no son pocos, y hará un resumen de su ejercicio de rendición de cuentas al que se bautizó como Cumpliendo, una iniciativa pionera que se inició en 2020 y que ojalá se consolide. Al acabar su discurso será obligado que los periodistas le pregunten por los casos de corrupción, por las denuncias de acoso machista en el interior del PSOE y por las exigencias de explicaciones y cambios que los socios del Gobierno piden al presidente.

Más allá de este balance, hay otro de carácter estratégico que Sánchez está obligado a hacer. Quizá ya lo haya hecho en la intimidad, aunque es posible que no quiera compartirlo. Se trata de determinar si aún es posible hacer políticas progresistas efectivas desde el actual Gobierno de coalición. No si merece la pena o no gobernar, como insistió este domingo en el mitin de Cáceres, sino si es posible hacerlo para impulsar políticas progresistas. 

El contexto es conocido: Junts tensando la cuerda –aunque no llegue a romperla, al menos, hasta que Puigdemont vuelva a España amnistiado–, el PNV pidiendo elecciones si el PSOE no cierra la hemorragia de escándalos, ERC diciendo que la corrupción es sistémica y Sumar, consciente de que su cercanía al PSOE le puede pasar factura ante los casos de acoso y corrupción, pidiendo un cambio drástico en el Gobierno.

El papel de los socios y de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo es complicado. Saben que pueden salir salpicados si no marcan distancias. Por eso se esfuerzan en mostrarse tajantes y exigen medidas contundentes que incluyen una remodelación del Consejo de Ministros, si bien los problemas están más en el Partido Socialista que en el Ejecutivo. Si su órdago no genera reacción en Moncloa, sólo les queda una opción: retirar el apoyo parlamentario unos, abandonar el Gobierno otros, y encomendarse a todos los dioses para que nadie presente una moción de censura que les obligue a retratarse. ¿Se atreverán a hacerlo, sabiendo que podría ser la puerta de entrada de Vox al Gobierno de España? Entre lo malo y lo peor.

La situación no es mejor en el interior del PSOE. Asediado por las presuntas tramas de corrupción que se van conociendo y por denuncias de acosos ocultados o no gestionados con la diligencia debida, el fuego amigo se multiplica. Quienes llevan tiempo esperando su momento empiezan a moverse, y los que ven que llegan curvas se posicionan para el día después. Todo se mezcla en un mejunje de presunta corrupción, acoso, amistades peligrosas y vendettas pendientes. ¿Cuándo caen los líderes? Cuando su partido les deja caer.

Así las cosas, el presidente Sánchez sigue afirmando su voluntad de agotar la legislatura para avanzar en el camino del progreso y cerrar el paso a un gobierno de la extrema derecha y la derecha extremada. La pregunta es obligada: en el caso de que los socios y los parlamentarios propios mantengan su apoyo, y el interior del partido no acabe por implosionar, ¿sigue siendo posible avanzar en políticas progresistas, o la situación va a exigir un ejercicio de contorsionismo como el que se exhibió en el proyecto de ley de multirreincidencia propuesto por Junts y que contará con el apoyo de PP, Vox y el PSOE?

Si la respuesta es positiva, Sánchez deberá esforzarse no sólo en cortar de cuajo, como secretario general que es del PSOE, los problemas de acoso y la negligente gestión de las denuncias y  limpiar cualquier atisbo de corrupción de su entorno. Tendrá que hacer creíble, además, que pone todo su empeño en ello y demostrarlo con hechos concretos. Los cinco días de abril en los que el presidente reflexionó sobre su continuidad acabaron con el anuncio de un plan de regeneración del que nada más se supo; el escándalo provocado por el informe de la UCO donde se destapaban las presuntas tramas de corrupción alrededor de Ábalos, Koldo y Cerdán dio lugar a un nuevo anuncio de un plan de integridad del que tampoco se conocen apenas avances. Es difícil que los socios vuelvan a confiar por tercera vez si se les vuelve a pedir un acto de fe. 

Si, por el contrario, la continuidad de las políticas progresistas no es posible, ya nada tendrá sentido, y cuanto antes termine el drama, antes podrán los socialistas, y el conjunto de la izquierda, iniciar la travesía por el desierto. 

La próxima semana, si las encuestas no se equivocan mucho, el PSOE sufrirá una dura derrota donde en otro momento tuvo uno de sus feudos, nada menos que Extremadura, con un candidato imputado que provocó la dimisión de cinco compañeros para conseguir el aforamiento. Hasta el verano, al menos, tres convocatorias más –Aragón, Castilla y León y Andalucía–, con perspectivas poco halagüeñas para los progresistas. La suicida estrategia de situar a ministras como secretarias generales y candidatas en sus territorios ha puesto en bandeja que los populares se vayan cobrando piezas. A tenor de las previsiones, la primera, la de la portavoz y ministra de Educación Pilar Alegría; la segunda, nada menos que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Lo peor que podrían hacer quienes dirigen La Moncloa, el PSOE y el país es negar la gravedad de la situación, esperar a que las vacaciones y el tiempo desinflen el soufflé y aguardar a que los acuerdos PP-Vox que se van a ir cerrando en las Comunidades Autónomas vuelvan a producir una movilización de la izquierda y una desmovilización de los conservadores más moderados, como ocurrió el 23J. Se olvidan de que el electorado progresista no perdona tan fácilmente, que estos casos pesan como losas en la memoria y la moral de su militancia, y que Vox, a tenor de todas las encuestas, ha dejado de dar miedo para pasar a normalizarse como una opción más. Podrán consolarse con que el PP, en el peor momento de la izquierda, no acaba de despegar, y es cierto. Pero soñar con que la subida de la ultraderecha humille a los populares no deja de ser incubar el huevo de la serpiente. Presidente, haga el balance.