A estas horas, 121.000 evacuados y confinados en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón (16.000 en Vall d'Uixó). 220.000 en la región de Gironda, al suroeste de Francia. En Argelia, más de 1.550 incendios en 12 días. La lista es interminable. El Mediterráneo arde por los cuatro costados y las pérdidas son ya incontables.

Entre las causas, lo que ya sabemos: la crisis climática lleva ya tiempo produciendo estragos. Lo hace mostrando que el clima ya es otro, como otros son los incendios de quinta y sexta generación, tan difíciles de sofocar que obligan a gestionar de forma radicalmente distinta el territorio. Junto a esto, el abandono del medio rural dificulta el mantenimiento de los bosques de forma natural mediante ganadería extensiva, y fuerza a implementar otras medidas de prevención y conservación.

Hasta aquí lo ya sabido. Si quieren profundizar más, hay multitud de artículos explicando con detalle la situación, como este en de The Conversation. Mientras tanto, otro factor entra en juego. Lo hizo en la dana de Valencia, en el tren de borrascas que inundó el sur de la península ibérica la pasada primavera, apareció también en los incendios del norte de España el año pasado, y lo hace cada vez que hay una crisis. Se trata de la desinformación. Un poderoso jinete que cabalga, en temas ambientales, a lomos de la ultraderecha, y ensucia y contamina la conversación de mentiras y medias verdades avivando el cabreo general e incendiando la sociedad.

Así, se asegura que las leyes ambientales impiden limpiar los montes, cuando es exactamente lo contrario. El artículo 48 de la ley de montes establece que: “1. Las Comunidades Autónomas, ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales”. Y se incluyen en el punto 4.e) “Los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año, en particular los tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de ejecución”.

Por si hubiera dudas, por tratamiento selvícola se entienden aquellas labores que se realizan en los bosques y masas forestales para mejorar su estado e incluyen limpias, podas, clareos, desbroces, eliminación de vegetación, etc. Es decir, no sólo no se prohíbe “limpiar” el bosque, sino que es obligatorio. ¿Quién debe hacerlo? En el 73% de masas forestales, que son de propiedad privada, su propietario. En el resto, los municipios o la Administración competente. Incluso si el propietario privado no lo hiciera, es el municipio quien debe hacerlo de forma subsidiaria. ¿Y si los ayuntamientos carecen de recursos para esto? Bien, empecemos a hablar de políticas públicas y de cómo garantizar los medios a esos municipios u otras formas de gobernanza.

Otro de los bulos más extendidos es el de las piñas: “No se puede ni coger una piña”, dicen paisanos de unos y otros lugares. Nuevamente, es falso. Las piñas en el suelo no hay nadie que impida cogerlas. Las que están en las ramas tienen propietario, y por tanto, tendrá que dar permiso para poder cogerlas. Así de simple. E insisto en un dato: el 73% de las masas forestales en España son de titularidad privada. Si quiere coger una piña del árbol, el dueño tendrá que darle autorización.

Hay muchos más ejemplos de desinformación como se puede comprobar en estos trabajos de Greenpeace o de WWF. Con todo, el más peligroso, por lo que tiene de irresponsable, es el que intenta separar el cambio climático de la aparición de estos incendios. Lo hemos visto en declaraciones de Abascal culpando de los incendios al “fanatismo climático”, en editoriales de periódicos conservadores, artículos de opinión y en intervenciones de negacionistas en televisiones públicas. Mientras esto no termine, mientras haya quien aproveche la tragedia para cargar contra ecologistas, mientras no entendamos que el clima ha cambiado, que los montes y el mundo rural son otros y que eso exige gestionar de otra manera, la tragedia aparecerá en forma de dana, de Filomena, de incendios o de olas de calor con miles de muertos.

Afortunadamente, mientras tanto, hay multitud de profesionales, de científicos de diferentes disciplinas, de responsables políticos y de ciudadanos y ciudadanas que trabajan cada día para mitigar el cambio climático y adaptarnos a la nueva realidad. A partir del próximo lunes, contaré en esta columna algunos ejemplos que demuestran cómo la (buena) política salva vidas.

¡Sorpresa! La celebración de los 250 años del nacimiento de EE. UU. incluye el lanzamiento de un programa para financiar a la sociedad civil europea. ¿Se ha convertido Trump en un filántropo? Mucho mejor. Ha entendido que el rechazo que puede recibir de países europeos puede cambiar si sus gobiernos cambian y, como ya anunció en su Estrategia de Seguridad Nacional, está decidido a "estimular la resistencia dentro de las naciones europeas al rumbo actual de Europa".

En aquel momento se interpretó que lo que Trump anunciaba era su intención de financiar a los partidos de extrema derecha, de lo que a estas alturas ya quedan pocas dudas. Pero lo que no se alcanzó a ver es que no se limitaría a ayudar a esos partidos, sino que intentaría también comprar a entidades de la sociedad civil europea. Pues bien, el momento ha llegado. En un ejercicio de cinismo muy propio del trumpismo, ha reconvertido la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, que llevaba 40 años apoyando a la sociedad civil frente a los regímenes autoritarios, en "el instrumento y la fuente de financiación de los actores de la sociedad civil que, entre los aliados europeos, se movilizan contra sus propias instituciones", en declaraciones de Maya Kandel a Le Grand Continent.

En efecto, el Departamento de Estado de EE. UU. acaba de aprobar un programa de subvenciones de hasta tres millones de dólares para grupos de la sociedad civil europea afines al movimiento MAGA que luchen contra la "censura" y fomenten los "lazos civilizatorios" entre EE. UU. y el viejo continente. El objetivo lo define así: "abordar los retos relacionados con la soberanía nacional, la migración, la censura y la guerra jurídica, en consonancia con una filosofía política compartida, el derecho y nuestro patrimonio civilizatorio occidental común".

En Europa, hasta el momento, sólo el canciller Merz se ha opuesto a esta iniciativa. Hace unos días, en respuesta al anuncio de este programa, declaró: "Por nuestra parte, no interferimos en las elecciones estadounidenses. Del mismo modo, no quiero que el Gobierno estadounidense ni las instituciones cercanas a él interfieran en las elecciones alemanas".

Alemanas, españolas, francesas… El trumpismo, lejos de lo que en su momento se interpretó, no busca desentenderse del conjunto del planeta para ocuparse sólo de EE. UU. en una nueva versión del proteccionismo autárquico. Ya Steve Bannon lo tuvo claro en 2018, cuando intentó desarrollar en Italia su "Escuela de Gladiadores". El objetivo de MAGA pasa por crear una internacional trumpista, una alianza global de la "Ilustración oscura" y, en ese camino, Europa es territorio por conquistar.

Para ello, es necesario apoyar y financiar a fuerzas políticas afines, lanzar campañas de desinformación, desestabilizar las democracias y contar con organizaciones de la sociedad civil que se orienten activamente en la misma dirección. Aquí llega Trump, dispuesto a subvencionar a organizaciones de la sociedad civil europea para extender su "Ilustración oscura" allá donde nacieron las luces.

¿Tienen algo que decir los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias? Y, por cierto, ¿qué opina nuestra sociedad civil organizada?

El pensador camerunés Achille Mbembé define en su libro Necropolítica (Melusina, 2011) este concepto como la capacidad de los gobernantes para exponer a poblaciones enteras a la muerte. Para ellos el sentido de la política ya no sería proteger la vida, sino seleccionar quién o quiénes se exponen a la muerte. La soberanía y el poder, según Mbembé, vendrían a ser, de esta manera, la capacidad de decidir quién se expone a la muerte, quién muere.

La pasada semana un incendio de sexta generación en Almería acabó con 13 fallecidos y 23 desaparecidos (la cifra incluye personas con las que no se ha podido contactar y que podrían estar entre los evacuados). No son ni los primeros ni los últimos cuerpos calcinados o asfixiados por un incendio. Sumen a ellos los 237 muertos por la dana de Valencia y añadan también las muertes provocadas por las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas. Los datos provisionales de junio hablan de 900, pero sabemos que serán más cuando todos los casos se reporten y analicen. Todos estos ejemplos —y otros muchos más que no caben en esta columna— tienen su raíz en el cambio climático. Ese que todo lo cambia y que nos obliga a cambiarlo todo para poder hacerle frente.

Y mientras esto pasa, los acuerdos PP-Vox en las comunidades autónomas cuestionan las políticas ambientales y reducen las medidas de adaptación y de protección. Cojamos como ejemplo el último, en Andalucía: “Rechazo a la reforma de la PAC y la condicionalidad climática”, “Andalucía, libre de cargas climáticas derivadas del Pacto Verde Europeo”, etc. Y, como colofón: “La Junta de Andalucía se compromete a no promover, financiar, subvencionar ni incentivar con fondos propios la creación, ampliación, o endurecimiento de las zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces”. Si no han ido más lejos es porque es contrario a los planes de la Unión Europea, y acciones más rotundas podrían acabar provocando multas y sanciones. Todo esto en una comunidad en que el presidente Moreno Bonilla anunciaba en 2019 toda una “revolución verde” y la dotaba con 350 millones de euros (para ver más sobre las referencias ambientales en el resto de acuerdos PP-Vox en las comunidades autónomas, consulten este artículo de Daniel Lara en infoLibre).

Cuando desde las instituciones no se protege la vida, sino que se van limitando o anulando aquellas medidas destinadas a ello, están poniendo en peligro la salud y, por tanto, a las personas. Los que entendemos que el fin último de la política es proteger y mejorar la vida, podemos pensar que esto es un ejercicio de antipolítica, pero Mbembé lo definió de forma más precisa cuando habló de “necropolítica”. En efecto, en la medida en que hay no un descuido ni una desatención, sino una actitud activa, se trata de una política. Mbembé se refirió a esta necropolítica pensando fundamentalmente en las “máquinas de guerra” en que se han convertido algunos Estados y grupos de mercenarios en países donde la violencia campa a sus anchas. Pero la ausencia premeditada —ya no cabe alegar ignorancia— de medidas eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, o lo que es peor, el retroceso y la reducción de lo que ya existe, ¿no es también un ejercicio de necropolítica?

Ojalá me equivoque, pero temo que las consecuencias derivadas del cambio climático como incendios de sexta generación, inundaciones, olas de calor o aquellas enfermedades que provocan la contaminación atmosférica van a seguir creciendo, y este verano es más que probable que tengamos muchos más casos. Es difícil paralizar el cambio climático, pero por cada 0,1ºC de incremento medio de temperatura que se consiga evitar y por cada medida de adaptación que se pueda implementar se estarán salvando millones de vidas humanas. Recuerden esto cuando voten.

Hay veces que parece que no pasa nada y de repente pasa todo. Durante años la derecha europea, y por ende la española, ha estado debatiendo qué relación quería tener con la ultraderecha. Aquí, en suelo patrio, hace apenas cuatro años que Feijóo, en el congreso del PP en Sevilla que lo encumbró presidente por aclamación, hizo un discurso llamando a la moderación, distanciándose de Vox y la crispación, llamando a grandes pactos de Estado para hacer frente a los problemas. Lo hizo en Sevilla, entonces ya bastión de otro dirigente, también moderado, de buenas maneras y gestos amables. Hoy, uno y otro hacen causa común para conquistar el espacio político de la ultraderecha.

El acuerdo que PP y Vox han firmado para gobernar en Andalucía (ver aquí) va todavía más lejos, si cabe, de los que previamente se habían firmado en Aragón, Castilla y León y Extremadura. El contenido ya lo conocen: Incorpora la gran bandera de Vox, la prioridad nacional, afirma en negrita “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”, deja a más de 1800 estudiantes de centros públicos sin la enseñanza de lengua y cultura árabe (financiada por Marruecos), asume los postulados ultras contra la Agenda 2030, el Pacto Verde, la PAC y cualquier cosa que suene a políticas ambientales incluyendo la revisión de la ley andaluza de cambio climático. Por si esto fuera poco, hace un auténtico ejercicio de necropolítica al acordar “no promover, financiar, subvencionar ni incentivar […] la creación, ampliación o endurecimiento de las zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces”. ¡Viva el humo, la contaminación y las enfermedades cardiacas!. Y por supuesto, no se olvida ni de sindicatos ni de memoria democrática. A los primeros se le recortará un 50% las ayudas, y no le ha temblado el pulso a la hora de firmar la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, que se aprobó en 2017 sin votos en contra. Y todo esto, por dos votos.

Mientras todo ello ocurría, Feijóo, preso de la ansiedad, emprendía una guerra sin sentido contra la concesión de la nacionalidad a los nietos de los exiliados, derivada de la Ley de Memoria Democrática. Cuando toda la evidencia se le volvió en contra y quedó claro que no hay manipulación del censo posible y que incluso ellos lo llevaban en su programa electoral, adujo que iba a tener un “impacto enorme” en los servicios públicos. ¿Sí? ¿De quiénes? ¿Cuánto? Un auténtico delirio. Quizá una explicación a esta locura es que quería tapar el tuit que lanzó unas horas antes felicitando a Keiko Fujimori –sí, la hija del corrupto dictador que promete más mano dura que su padre– por su victoria en Perú.

Y para completar el panorama, la Asamblea de Madrid acabó la semana aprobando una surrealista ley del concebido no nacido –para lo que no tiene competencia– que Miguel Ángel Rodríguez celebraba así en X: “Ley de Ayuso del concebido no nacido. Esto significa que, según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia. Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”. No hacen falta muchos comentarios.

Tras estas tres muestras, sólo tres, se puede concluir que el auténtico problema lo tiene VOX. El Partido Popular les ha ganado el espacio, que es lo último que se puede perder en política, para liderarlo ellos, sin complejos. Se agradece, eso sí, la claridad. Tras años de disonancia entre el dicho y el hecho, entre el discurso y la acción, ahora al fin la decisión está tomada. El Partido Popular le ha arrebatado el espacio a la ultraderecha de Vox, que a su vez no tendrá más remedio que dar un paso más en esa dirección. La carrera hacia el radicalismo reaccionario carece de meta de llegada. Siempre habrá un nuevo horizonte más ultra.

Mientras, España –como otros países europeos– queda huérfana de una opción democrática conservadora. Durante años hemos coexistido con una derecha unificada bajo las siglas del PP. Allí, la ultraderecha permanecía agazapada dentro para esperar su momento, encarnando sin duda la verdadera vocación extremista de unas gentes de orden que en realidad nunca superaron sus instintos profundamente reaccionarios. Ahora su particular ventana de oportunidad se ha abierto de par en par, en un mundo que gira hacia el autoritarismo más brutal. El momento ha llegado. Se acabaron los disimulos.

La filtración de la agenda personal del presidente Zapatero ha levantado las iras de los socialistas, ha hecho correr ríos de tinta y ha llevado al juez Calama a ordenar una investigación para dilucidar quién ha filtrado esa información a los medios de comunicación. Ciertamente resulta inaudito que una serie de actos de obvia naturaleza privada y que nada tienen que ver con investigación alguna se hayan dado a conocer, comentados además de manera que parezcan altamente sospechosos. ¿Demuestra algo que la secretaria del expresidente le organizara a este la cita con su peluquero? ¿Cómo es posible que tal detalle, y otros similares, se hayan incluido en una actuación judicial para acabar siendo utilizados en informaciones tan sesgadas como absurdas?

Esta ha sido (a la hora de escribir estas líneas) la última filtración, pero no hace falta decir que la aparición en los medios de comunicación de todo tipo de informaciones y documentaciones asociadas a un procedimiento judicial se han convertido en algo habitual. Tanto, que lo hemos normalizado en la opinión pública y hemos olvidado que es manifiestamente ilegal, algo que tienen que recordar juristas y expertos cada vez que se produce una filtración de alto impacto mediático.

De tal manera, se filtran a los medios, y se publican por partes, de acuerdo con las líneas editoriales de cada cual, informes policiales de la UDEF o de la UCO como si fueran hechos probados, o documentaciones de los sumarios como si fueran sentencias. Con titulares como “Zapatero se reunió con….”, que no explican ni para qué se reunió ni aclaran que tal reunión fuera ilícita, se dan a entender cosas que luego el desarrollo del artículo no confirma ni detalla, pero como si fuera lluvia fina, se va generando un estado de ánimo en la sociedad. La conversación pública, que es donde se crean las percepciones y opiniones, queda así contaminada.

Pero hay más: el Derecho Procesal salta por los aires. La presunción de inocencia no tiene posibilidad alguna cuando algo que –salvo para las partes– es materia reservada, porque el procedimiento judicial quiere protegerlo hasta el momento oportuno, es conocido por la opinión pública. Nuestro ordenamiento jurídico es garantista y por eso establece diferentes momentos del procedimiento. Algunos, de carácter secreto mientras se instruye una causa; y otros, en el momento en que el juez determina que es dado a conocer al conjunto de la sociedad. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice así:

“Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.

El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta.

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.”

Así las cosas, para proteger la presunción de inocencia y los derechos de quienes están siendo investigados, caben dos caminos: extremar las precauciones para evitar las filtraciones, asegurar que se aplican las sanciones y aumentar su cuantía, o modificar nuestro Derecho Procesal de forma que asuma que toda información es susceptible de ser conocida y publicada en todo momento. Lo que no es sostenible es que se haya normalizado que cualquier documento que se produce en una actuación judicial pueda ser conocido por cualquiera en cualquier momento, y manipulado interesadamente de acuerdo con determinados objetivos políticos. En ese caso, y como viene siendo más que habitual, si se filtra, contamina. Y hablamos, nada menos, que de la justicia.

La confianza es la materia prima de las sociedades, y más aún de las sociedades democráticas. En la actualidad ese preciado elemento está en horas bajas. Se mire donde se mire se comprueban mínimos históricos de confianza en las instituciones, en los agentes de intermediación e incluso en nosotros mismos como sociedad.

Quienes se dedican a cuestiones públicas, y en especial a la política, saben que construir confianza es la única manera de que las cosas vayan bien. Y saben también que es un material muy sensible; puede tardar décadas en construirse y se dinamita en un segundo. Así las cosas, una de las formas más eficaces que se conocen de crear confianza es pasar de las palabras a los hechos.

Autos como el dictado por el juez Peinado en relación a las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y su asistenta, Cristina Álvarez, dinamitan la confianza en una institución esencial, nada menos que la justicia. Si ya la ciudadanía la valoraba por debajo del cinco, en los últimos años se comprueba cómo la desconfianza crece más entre los progresistas que entre los conservadores (aquí pueden ver los datos que ofrece el profesor Coller y aquí un estudio de More in Common, con similares conclusiones).

Si hay hechos que destrozan la confianza, también hay otros que la crean, o ayudan a ello. De ahí que sea difícil de entender que el Partido Socialista no pase de las palabras a los hechos e inicie las acciones judiciales contra los entornos de Leire Diez y Cerdán por haber creado –supuestamente– una oscura red de chantajes, presiones y corrupción, que no por fallida deja de ser grave.

Ya no basta con decir que actuaban por su cuenta. Si así es, la querella criminal está tardando. Es más, al no hacerlo, puede levantar la sospecha de que, tal como la propia señora Díez declaró recientemente en una entrevista en El Diario Montañés, la cántabra vale más por lo que calla que por lo que dice. Querellarse contra ambos sería una forma de demostrar que no hay nada que ocultar y marcar distancias. Un buen argumento con el que los militantes socialistas podrían mantener, fortalecer o recuperar la confianza en sus líderes.

También el presidente Zapatero a su salida de la Audiencia Nacional pedía en un comunicado que confiemos en él. En este caso será su abogado quien tendrá que asesorarle sobre cómo se consigue tener o retener la confianza de los suyos y al mismo tiempo preservar su defensa ante el juez, que, según hemos oído en los audios filtrados, no parecía muy convencido de las respuestas que iba dando el presidente Zapatero. A veces es muy difícil atisbar dónde acaba la confianza y empieza la cuestión de fe.

Quien estos días, sin embargo, ha mostrado que los suyos pueden confiar en él ha sido Alberto Núñez Feijóo, aunque el proceder ha sido al contrario: no ha pasado de las palabras a los hechos, sino de los hechos a las palabras. ¡Al fin! Después de años negando que se planteara gobernar con Vox en caso de que llegue a la Moncloa, tras acuerdos en decenas de ayuntamientos y en no pocas comunidades autónomas, por fin la pasada semana, movido por la ansiedad y aprovechando algo tan institucional como el programa El Hormiguero de Pablo Motos, reconoció que, en efecto, si los números lo requieren —como indican todas las encuestas— llegará a un acuerdo con Abascal para gobernar España.

El líder de Vox ya tiene la sartén por el mango; podrá pedir lo que quiera, le acaban de dar un cheque en blanco. Resultado: los votantes de Feijóo ya pueden confiar en que, si suman —no adelantemos acontecimientos—, Abascal será vicepresidente y los suyos dirigirán unos cuantos ministerios. No es que antes se dudara de ello, a la vista de los hechos, pero ahora lo han dejado meridianamente claro, tras haber prometido lo contrario en el congreso del PP celebrado hace un año. “Solo hay dos opciones: o Sánchez o yo. Y yo quiero un Gobierno en solitario. El único Gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros”. Pues bien, sus votantes ya pueden confiar en que, si sus principios no funcionan, tiene otros. Y sin ninguna duda, gobernará con VOX (salvo que Abascal no quiera, que todo puede suceder).

España ha vivido una apoteosis de eso que Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo. Tanto si ustedes viven en las ciudades por las que el papa ha pasado como por las que no, habrá visto televisiones —incluida la pública— con una sucesión de programas especiales, coberturas mediáticas desbordadas —no así este periódico, lo cual se agradece—, y una opinión publicada que obligaba a suplicar a creyentes y ateos: ¡elogio de la mesura, por Dios!

Los análisis de las palabras de Su Santidad han provocado ríos de tinta. Unos advirtiendo de su discurso favorable a la inmigración y la paz, otros al aborto. Apenas se ha reparado en que la doctrina cristiana hace compatible una cosa con la otra; algo que desde el punto de vista político hoy no tiene encaje alguno en nuestra paleta de opciones ideológicas donde nos movemos en muchos ejes, pero sobre todo en el que diferencia la izquierda de la derecha. Si las palabras del papa han creado cierta sorpresa en algunos sectores, posiblemente se debe a que buena parte de la jerarquía eclesiástica española sí está nítidamente situada en el ala derecha, y en la mayoría de casos en la derecha de la derecha o, directamente, en la ultraderecha. Subrayo: la jerarquía, no todos sus fieles, ni mucho menos. 

Así las cosas, el jefe de un Estado que no admite mujeres en sus órganos de gobierno ni migrantes en su territorio fue aplaudido entusiásticamente por prácticamente todo el Parlamento español —en sesión conjunta de Congreso y Senado—, como si de un ser superior se tratara, capaz de eliminar los conflictos, las tensiones y la crispación… Eso sí, durante 48 horas. ¿Qué hacían sus señorías aplaudiendo discursos con los que discrepaban, al menos, cada uno de ellos en el 50%? y por cierto, ¿qué hacía un líder religioso —no en su calidad de jefe de Estado— hablando en la sede de la soberanía nacional?

Sentí perplejidad como ciudadana y escándalo como analista al contemplar la escena. A la salida, cada uno enfatizó aquello con lo que coincidía: “de la A a la Z”, decía Feijóo, sin caer en que la prioridad nacional que firma en los gobiernos que comparte con Vox no entra en la visión de la migración unida a los derechos humanos que defiende el papa. Para Bolaños las palabras de Su Santidad "apuestan de manera tan clara por la paz y por el derecho internacional, palabras de tanto valor moral que pongan las cosas en su sitio", sin reparar en que no tuvo ni un gesto para pedir perdón a las víctimas de pederastia en la Iglesia. Es más, tuvo la osadía de visitar el epicentro de los abusos en Cataluña, la Abadía de Montserrat, donde muchos —ingenuamente— pensamos que haría una rotunda condena de esos hechos, pediría perdón a las víctimas y anunciaría algo relevante. Nada de eso ocurrió.

No obstante lo anterior, creo que la visita del papa deja algunas enseñanzas de las que tomar nota. Los discursos que hacían las delicias de los fieles conectaban con algo que hoy se echa en falta en nuestras sociedades y por donde crece un estado de ánimo de impotencia que aprovecha la ultraderecha. El discurso del papa fue, en todo momento, un discurso de esperanza. De mirada al futuro en positivo. Una llamada a construir ese futuro, a “alzar la mirada”. Todo un antídoto para estos tiempos de descontento, frustración, malestar e impotencia. Una llamada a la esperanza como forma de conectar con una sociedad hiperindividualista, donde los lazos sociales y comunitarios se van disolviendo, carente de referentes, en busca de guías. No por causalidad Rosalía con su espectáculo, la película Los Domingos o el aclamado ensayo Instrucción de Novicias de Ana Garriga y Carmen Urbita (Blackie books) han triunfado entre jóvenes y no tan jóvenes. Hay un clamor social que busca orientación. Hay quienes lo hacen en la religión. Otros podrán hacerlo en otros campos, pero conviene tomar nota: la esperanza, y no el miedo, es el antídoto contra la impotencia. 

En las últimas semanas se está poniendo de manifiesto algo que, sin ser nuevo, asombra ver con tanta claridad. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tiene serias dificultades para entender la realidad del país que aspira a gobernar.

Se comprobó la pasada semana en la reunión del Cercle d’Economía, uno de los principales think tanks en Cataluña que reúne a personalidades del ámbito académico, económico, financiero y cultural. El día anterior a la intervención de Feijóo en las jornadas anuales de este foro, el Partido Popular había anunciado su intención de solicitar a PNV y Junts apoyo para presentar una moción de censura. Pues bien, ante la plana mayor del establishment catalán Feijóo tiró de soberbia para decir que no iba allí a pedir favores ni a hacerlos. ¡Toda una muestra de empatía, diplomacia y seducción política! Para ser justos, hay que decir que se manifestó así tras conocer la respuesta que Junts daba a su propuesta: si Feijóo tiene algo que plantear, nos vemos en Waterloo, dijo Turull ejerciendo de portavoz de los independentistas. ¿Quién lo iba a imaginar? No es la primera vez que el líder conservador hace algo así. El año pasado, en las mismas jornadas, y en pleno debate sobre la OPA del BBVA al Sabadell, se mostró partidario de la OPA delante del establishment económico catalán, que jugaba, por supuesto, en el equipo contrario.

Feijóo tampoco entiende al PNV ni a Euskadi. Tras insultarles permanentemente a lo largo de estos últimos años, ahora les pide su apoyo para esa moción de censura. Para facilitar las cosas, el portavoz Miguel Tellado intentó hacer amigos con estas declaraciones: “O se está con Sánchez y se sostiene a la mafia en el poder, o se apoya un cambio de gobierno en España”. La respuesta del PNV no se hizo esperar: “¿Tú crees que somos masoquistas?”

En el fondo, lo que Feijóo y los suyos no entienden –y cuesta creerlo, puesto que han gobernado este país y lo siguen haciendo en comunidades autónomas y ayuntamientos– es que España es un país plural y diverso, eso que ahora llamamos un país plurinacional –con las diferentes versiones y variantes que pueda adoptar– y que es muy difícil mantener una posición de poder en el conjunto de la geografía hispana sin tener o una presencia notable o alianzas firmes en todos los territorios. Y hoy el Partido Popular no las tiene. Si llegara a gobernar en estas condiciones, sufriría en aquellos territorios donde carece de tales lazos.

En este contexto, lo que el Partido Popular tampoco entiende –o parece no entender– es que su actual alianza con VOX impide que pueda tener mayores aliados. Cuando se dice que hoy el Parlamento tiene una mayoría negativa se está indicando que la mayoría parlamentaria hoy es contraria a la ultraderecha. Lo que une a las fuerzas de la investidura es su repulsa a la ultraderecha. La aparición de Vox en la ecuación de una posible moción de censura o mayoría parlamentaria repele a otros posibles socios. Salvo giros copernicanos que a priori no interesan a nadie, los populares no tienen opción de juntar los votos necesarios para acabar con este Gobierno.

Finalmente, el PP tampoco entiende que nuestro ordenamiento jurídico sólo prevé dos maneras de acabar una legislatura una vez que el Ejecutivo ha echado a andar: o con la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno o con esa moción de censura que hoy resulta imposible. Si ninguna de las dos se da, no hay forma de que los socios del gobierno “le dejen caer”, como repiten obstinadamente los líderes conservadores. No hay, por tanto –de momento–, ninguna vía que les lleve a un inminente cambio de Gobierno.

Si todo lo anterior es grave, más lo es, a mi entender, que Feijóo y los suyos no entiendan, o parezcan hacer ver que no entienden, que la moción de censura instrumental no existe. Podrá ser una triquiñuela política, pero está claramente contra el espíritu que el legislador quiso darle a esta figura. Nuestra moción de censura tiene carácter constructivo, y por eso exige proponer un/a candidato/a a la presidencia del Gobierno, que deberá presentar un programa para poder ser votado. El objetivo es garantizar la estabilidad y evitar cualquier vacío de poder. Con la idea de “moción instrumental” todo esto queda en entredicho.

El Partido Popular tiene una extraña habilidad. Cuando su adversario está en sus peores momentos, es capaz de hacer girar los focos apuntando a sí mismo. Y deja ver, de esta manera, todo lo que no entiende. Ver para creer.

El pasado miércoles, a su entrada a la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo atendía a los medios —algo que no es habitual, según dicen los periodistas parlamentarios—. Además de dar a conocer que el diario El Confidencial contaba que la UCO estaba “registrando” la sede de Ferraz decía: “Estamos en una situación agónica”. Y agregaba: La situación de este Ejecutivo es “absolutamente indecente”, es “un Gobierno que apesta”. La pregunta se formula sola. ¿Por qué no presenta usted entonces una moción de censura?

La respuesta oficial desde la cúpula del PP es que sabe que no tiene —a día de hoy— los votos necesarios y que eso, al impedir el éxito de la moción, daría alas al propio Gobierno. Sin embargo, a nada que acudamos a la historia reciente, veremos que es un argumento extremadamente débil. En la actual etapa democrática se han presentado seis mociones de censura. La primera, contra el presidente Suárez, le sirvió a Felipe González para ganar visibilidad y erigirse como el líder del momento. La segunda, en 1987, la presentó Hernández Mancha contra González. Rajoy tuvo que enfrentarse a dos, una primera en 2017 impulsada por Podemos y la de 2018 que llevó a la presidencia a Pedro Sánchez. Éste, a su vez, ha superado ya dos: una en 2020, presentada por Vox con Abascal como candidato y otra en 2023, que proponía a Ramón Tamames como presidente del Gobierno. Como se podrá comprobar, de las seis planteadas sólo una ha sido aprobada, y ni siquiera esa tenía la seguridad de salir adelante cuando se presentó por parte del PSOE, sino que fueron los movimientos de último minuto los que consiguieron los votos necesarios. Además, salvo la de Tamames —que requiere otro análisis— y la de Hernández Mancha, el resto han servido para que sus proponentes ganaran visibilidad y expusieran su programa alternativo. ¿Por qué, entonces, Feijóo no la presenta? A mi entender, por una de estas tres causas o por una mezcla de ellas.

En primer lugar porque subir a la tribuna de oradores supone expresar liderazgo y exponer un programa de gobierno, algo que a día de hoy es un problema para los populares. Corren el riesgo de mostrar debilidad en el liderazgo, ausencia de programa y visibilizar la disputa con Vox dentro del espacio conservador. ¿Qué programa iba a presentar Feijóo? ¿El de la derecha “institucional” o el que están pactando con Vox en las Comunidades Autónomas en que gobiernan en coalición?

El segundo motivo es que iba a quedar de manifiesto, una vez más, su extrema soledad. Mientras Vox esté en la ecuación es muy difícil que nadie más, tampoco las derechas nacionalistas, puedan unirse. A todas ellas les supondría un problema explicarlo en su territorio y recordemos que su prioridad es Euskadi en el caso del PNV y Cataluña en el de Junts. No harán nada en el Congreso de los Diputados que perjudique su posición allí.

El tercero, y a mi juicio definitivo, fue el consejo que Felipe González les dio hace unos días a los dirigentes del PP: no distraigan ahora la atención con una moción de censura que desvíe el foco. Dejen que la conversación pública siga discurriendo entre una trepidante sucesión de informaciones, sospechas, indicios, sumarios y autos que someten al PSOE a una larga agonía. No les maten tan pronto —vino a decir—, que sufran.

En el fondo, es la misma estrategia que los populares tenían cuando decidieron adelantar elecciones en Extremadura y Aragón: evidenciar —y potenciar— la debilidad de los socialistas, y no, como dijeron, intentar depender menos de Vox. Sabían, porque conocen la realidad demoscópica, que esto último era prácticamente imposible, pero qué más daba. Se trataba de dejar en evidencia a los socialistas.

El Partido Popular acostumbra a dar argumentos que no resisten un análisis. Ni adelantaron elecciones en Extremadura y Aragón para dejar de depender de VOX, ni se abstienen de presentar la moción de censura por la posibilidad de perderla. No, el objetivo no es ese. No se trata de ganar, sino de ver agonizar al contrario. Y siendo cierto que la espera está desatando los nervios en no pocos ámbitos de la derecha, sobre todo entre los más radicales, no es menos verdad que el hundimiento lento y aparentemente irreparable del Gobierno progresista constituye un espectáculo digno de verse desde el patio de butacas tranquilamente, disfrutando, sin correr riesgos. Imagínense qué placer para el señor Aznar acabar de grabar un vídeo recordando la importancia de su frase “quien pueda hacer que haga” y luego sentarse a esperar en una butaca mientras acaricia al gato.

Quiero pensar que fue por la intensidad informativa de estos últimos días, y no por esa manía de fijarnos sólo en lo que no funciona y dejar de valorar los logros, que el pasado jueves pasó por debajo del radar de buena parte de los medios una noticia de alcance, de esas que desmienten los mantras instalados de la polarización, la imposibilidad de acuerdos y el “España se rompe”: todas las comunidades autónomas, todas, acordaron de forma unánime con el Ministerio de Vivienda el reparto de los 7.000 millones del nuevo Plan de Vivienda Estatal.¿Qué ocurrió para que obrara el milagro?

Como es habitual, no encontraremos un solo motivo, sino varios: la habilidad negociadora del ministerio, el correcto planteamiento del propio plan que permitirá ampliar el parque de vivienda asequible —especialmente la vivienda pública y protegida—, movilizar y dignificar la vivienda existente, e incrementar la protección para los colectivos con más dificultades… Pero más allá de todo esto, hay algo incuestionable: el papel que ha tenido la sociedad civil poniendo en el top de sus preocupaciones y sus movilizaciones la cuestión de la vivienda.

No es la primera vez que ocurre. De hecho, un recorrido que estudie la preocupación por la vivienda en los últimos años nos dice que ya en 1995 se encontraba —según el CIS— en el tercer puesto (por delante estaba el terrorismo de ETA y la crisis económica que golpeó con fuerza en 1992). Ya entrados en el siglo XXI, la vivienda volvió a ser objeto de enorme preocupación en los años posteriores a la crisis de 2008. De hecho, aunque ha desaparecido de la memoria colectiva, fue uno de los asuntos que hizo estallar la indignación el 15M, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos similares. A partir de 2013 va bajando en el listado de prioridades y en la primavera de 2023 empieza a repuntar.

Hoy, es un clamor: Oxfam analiza cómo la condición de inquilino es una brecha de desigualdad que atrapa en la “trampa del alquiler”, haciendo que, aun con mayores ingresos que los propietarios, los inquilinos tengan menor capacidad de ahorro; el Observatorio de la Emancipación acaba de publicar un informe en el que dice que la edad media de emancipación se ha elevado a los 30,2 años debido, fundamentalmente, al problema de poder hacer frente a un alquiler…. Los informes se suceden y las cifras no dejan lugar a dudas.

El clamor ha llegado a la calle en forma de una gran movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas, a la que se han sumado los sindicatos CCOO y UGT, además de otros colectivos sociales. Sin duda, el consenso político en torno al plan de vivienda no es ajeno a este clamor social. Luego podrán discutirse modelos de políticas de vivienda; habrá quien pondrá más el acento en la construcción de nuevos pisos y quién en el hecho de que sean públicos y/o asequibles, etc. Pero nadie puede negar que el problema de la vivienda ha entrado en la agenda política gracias a la preocupación y a la movilización social. Quien consiga dar con la tecla de cómo solucionarlo a corto —si es que eso es posible—, medio y largo plazo, contará con la confianza de la ciudadanía. 

Mientras tanto, extraigamos la lección y apliquémosla a otras cosas: cuando la sociedad civil se moviliza, la política no puede permanecer quieta.

A estas horas ustedes ya conocerán las grandes cifras de las elecciones en Andalucía. ¿En qué se diferencian de los anteriores comicios en Extremadura, Aragón y Castilla y León? En que la tendencia ha cambiado y por primera vez en este ciclo electoral, la izquierda ha ganado 4 escaños y dos puntos.

La pregunta clave es a qué se debe este cambio y, a falta de mayor detalle en el análisis, una primera mirada advierte lo obvio: que Adelante Andalucía, esa izquierda rebelde, identitaria, es la que ha recogido buena parte del descontento, y lo ha hecho en un espacio político distinto al de Por Andalucía. En el resto de la izquierda, la bajada de 1,5% de los votos y dos escaños del PSOE no la rentabiliza Por Andalucía –la suma de IU, Podemos y Sumar– , que mantiene escaños aunque pierde algo más de un punto.

La otra formación que ha conseguido arañar un escaño más ha sido Vox, que se queda con el 13,85% de los votos, apenas 3 décimas más que en 2022, frenando claramente su tendencia alcista. Siguen recogiendo descontento, pero su cercanía al trumpismo y los acuerdos con el PP en Extremadura y Aragón le han frenado un crecimiento que se intuía mayor. 

Los dos grandes partidos siguen cosechando pérdida de votos, al igual que en Extremadura y Aragón. Juanma Moreno no ha conseguido repetir la anomalía estadística de hace cuatro años, cuando los “restillos” en cuatro provincias cayeron todos de su lado. Vox le sigue ganando terreno, en especial en aquellos municipios con fuerte presencia de población inmigrante, donde el discurso de la prioridad nacional y anti-inmigración le da más réditos a Vox que a los populares. Curioso que, en Algeciras, Adelante Andalucía también haya tenido un incremento importante, con un discurso en defensa de los servicios públicos.

El PP, desde Sevilla y desde Madrid, quiso sacar pecho de una victoria pírrica. Porque a partir de ahora el proyecto “centrista” que estaba vendiendo con aparente éxito en Andalucía se ha venido abajo. Moreno Bonilla ha fracasado.

El PSOE, por su parte, no ha conseguido movilizar a los 580.000 electores que cogieron su papeleta en las generales pero no así en las anteriores autonómicas. Como muestra, un botón: El municipio tradicionalmente socialista de Dos Hermanas, donde en las autonómicas de 2022 ganó el PP y en las generales el PSOE, ha vuelto a votar por los conservadores. Las declaraciones de su candidata Montero, en la noche postelectoral, tampoco eran verosímiles. Es muy difícil disfrazar una derrota. 

En este análisis de urgencia, tres conclusiones se abren paso:

Primero, que a diferencia del resto de elecciones autonómicas de este ciclo, la izquierda recupera espacio.

Segundo, que lo hace no izando la bandera de la unidad –que mantiene bien el tipo–, sino con un proyecto fresco, ilusionante, que incorpora identidad, territorio y proximidad, y sobre todo, que ha hecho suyo a Benedetti, defendiendo la alegría.

Y tercero, y creo que lo más relevante: sigue habiendo un clima de descontento que es lo que domina la sociedad española. Quien lo entienda y sepa darle respuesta ganará las próximas elecciones generales. Ahí está la partida. 

Esta pregunta me la hizo Françesc Miró, periodista y escritor valenciano, en la presentación de mi último ensayo, Contra el descontento. Por una alianza para construir futuros deseables (premio Paidós 2026) en la Fira de Valencia hace unos días. Pensé que, ahora que se cumplen 15 años de aquél 15M, la pregunta no podía ser más acertada. Un Goodbye Lenin a la española, en efecto.

Si esa persona despertara hoy y su último recuerdo fueran aquellas plazas llenas de indignación, tendría que explicarle muchas cosas. La primera, que aquel movimiento fue una sacudida en la historia democrática de este país. Que puso fin al bipartidismo imperfecto que se había instaurado durante casi cuatro cuatro décadas e inauguró un ciclo de multipartidismo e inestabilidad hasta tal punto que el sistema de partidos sigue hoy sin consolidarse. 

Tendría que contarle que la sacudida que supuso el 15M propició, aceleró o motivó una renovación de las élites: desde la abdicación del rey hasta el cambio en los liderazgos de los partidos políticos, las instituciones financieras, grandes corporaciones e incluso los medios de comunicación. Una nueva generación ascendió a los primeros puestos de responsabilidad, y aunque no sería riguroso atribuir todos estos cambios a la fuerza de los indignados, no es menos ingenuo pensar que no tuvieron nada que ver.

Supongo que me preguntaría si aquello tuvo repercusiones políticas, y tendría que contarle que dos nuevos partidos, Podemos por la izquierda y Ciudadanos por la derecha (más allá del Ciutadans catalán), recogieron esa ola de indignación y la convirtieron en propuestas electorales exitosas, que miraban cara a cara a los dos grandes partidos y que, por momentos, rozaron lo que se llamó el “sorpasso”. Se abrió una era de las “primeras veces”: primera moción de censura exitosa, primeras repeticiones electorales, primer gobierno de coalición… Estas fuerzas llegaron a las instituciones y a los gobiernos. Gobernaron ayuntamientos, comunidades autónomas y hasta cinco ministerios y una vicepresidencia del Gobierno de España, como ocurre en la actualidad. 

Imagino que a continuación me preguntaría qué han hecho esas fuerzas y para qué ha servido su movilización. Me tocaría explicarle que ahora la “transparencia”, la “participación” o la “rendición de cuentas” son conceptos incorporados a la política de forma habitual, y no sólo algo de cuatro politólogos o frikis de la democracia. Que el feminismo ha dado un salto cualitativo de una magnitud inimaginable cuando en Sol los indignados decidieron quitar una pancarta que decía “La revolución será feminista o no será” porque alguien dijo que creaba división. Que España es referencia global en transición ecológica y que buena parte de la electricidad que hoy consumimos procede de fuentes de energía renovable. Que llegó una pandemia y el Gobierno levantó un “escudo social” que protegió a los más vulnerables y evitó que la desigualdad volviera a dispararse (hay informes que hablan de dos puntos del PIB).

Como la recién despertada era una mujer informada y preocupada por los asuntos públicos, preguntaría por aquellos temas que cuando ella entró en coma eran los principales problemas de preocupación de la ciudadanía: la vivienda, la corrupción, la desigualdad. Ahí tendría que decirle que por mucho que se haya ido avanzando, el núcleo de los problemas siguen ahí… y entonces tendría que explicarle que la rabia ha cambiado de bando y que ahora existen partidos de ultraderecha que dicen cosas que recuerdan al peor de los pasados.

Sería el momento de contarle que quienes mejor entendieron el momento de indignación perdieron enseguida el olfato para comprender la evolución de la sociedad española, que se encontraron con los límites propios de las instituciones y el sistema, que enseguida reprodujeron los peores vicios de los partidos tradicionales, que no supieron ni pudieron ensanchar más los márgenes de lo posible, y que habían generado tantas expectativas que la decepción fue más de la que cabía esperar.

Ojalá con esto consiguiera hacerle ver que vivimos tiempos en que nos estamos jugando la democracia, y que de la misma manera que la crisis de 2008 tuvo la contestación en la indignación del 15M el momento actual exige levantar un movimiento de construcción de alternativas y futuros que siga avanzando en la construcción de más y mejor democracia.

Alberto Tarradas, diputado de Vox, defiende en el Parlament el grito de la hinchada racista, “¡musulmán el que no bote!”, y le dice a la diputada de ERC Najat Driouec que esté tranquila, que a ella no la van a deportar “de momento”. Vito Quiles persigue a Begoña Gómez por la calle en un acto de agresión haciendo cualquier cosa menos periodismo. Acabo de ver una pintada en una marquesina de autobús que dice “Pedro Sánchez cámara de gas”. He dudado si hacerle una foto y subirla a redes, no lo he hecho.

¿Qué hacer ante estas situaciones? ¿Cuándo se debe denunciar públicamente y cuándo esa denuncia puede transformarse en dar a estos hechos mayor visibilidad que la que por sí mismos puedan alcanzar? Buena parte de la dificultad radica en que no son iguales. Cuando un diputado, en sede parlamentaria, hace una afirmación como la que hizo el señor Tarradas en el Parlament, está operando en un marco institucional y actuando como cargo público. No voy a recordar aquello de que se supone que representa al conjunto de los catalanes y no sólo a quienes le han votado porque entra la risa, pero en un sistema democrático, aunque como el nuestro no tenga una “Constitución militante” –es decir, que acepta el planteamiento de posiciones antidemocráticas–, estas afirmaciones racistas y xenófobas deberían motivar el rechazo de todos los presentes y quedar reflejadas como tales en la conversación pública. Habrá quien diga que eso supone darle mayor protagonismo, y en efecto así es, pero una vez que estas ideas entran a las instituciones, no reflejar su contenido y lo que representan es blanquear las posiciones antidemocráticas. 

De la misma manera, cuando un agitador de ultraderecha como Vito Quiles protagoniza la enésima persecución de alguien vinculado al espectro progresista –aunque en este caso ni siquiera sea un responsable político–, el conjunto de la ciudadanía, empezando por su (supuesta) profesión, debe denunciar el uso espurio de quien hace pasar estos hechos como propios de un periodista. Deben hacerlo en defensa de su profesión y de sí mismos. ¿Y si no se hubiera hecho viral?, se podrá pensar, ¿eso le disuadiría de la siguiente persecución? Si no se difunde desde posiciones críticas, lo difundirá él por sus medios en clave victimista y no faltará –como ha ocurrido con la portavoz del PP– quien diga que el agredido ha sido él.

Ninguna de estas situaciones tiene la misma entidad que una pintada hecha con rotulador en la marquesina de un autobús. Si, tras pensarlo, decidí no hacer la foto, es justamente porque creo que en este caso esa fotografía daría más entidad de la que tiene a este acto de vandalismo.

¿Dónde poner el límite entre unos casos y otros? No estoy segura. De hecho, probablemente no sea posible trazar una línea nítida, pero hay dos valoraciones que pueden ayudar a decidir, una cualitativa y otra cuantitativa. La primera consiste en establecer espacios especialmente sensibles donde no dejar entrar de ninguna manera la xenofobia, el odio o la intolerancia. Las instituciones, claramente, son unos de ellos. Y el periodismo, en efecto, también. Quienes pueden hacerlo, además, son quienes forman parte de esos ámbitos. Sería de esperar que el señor Tarradas tuviera una sanción –la mesa del Parlament ha pedido informes jurídicos al respecto y ha enviado la transcripción a la Comisión del Estatuto del Diputado para que estudie si ha vulnerado el Código de Conducta–, como sería deseable que el conjunto de la profesión periodística reaccionara ante las actuaciones de Vito Quiles, quien aún tiene acreditación de periodista en el Congreso de los Diputados.

El segundo criterio es más cuantitativo y me recuerda a quienes criticaban que los medios de comunicación entrevistaran a líderes de Vox cuando se convirtieron en tercera fuerza política del país. Mientras eran algo minoritario, apenas visible, en efecto, cualquier exposición mediática les ayudaba en su crecimiento sin ser representativos. Pero en el momento que alcanzan relevancia electoral y social, invisibilizarlos es falsear la realidad. Cosa distinta es cómo se hable de ellos, con qué marcos y enfoque, pero por no nombrarlos, no desaparecen. He aquí una de las claves: si al nombrarlos se les hace existir, o si por no nombrarlos no dejan de existir.

El próximo jueves comienza una campaña electoral, la última de esta serie de comicios autonómicos, esta vez en Andalucía. Casi siete millones de andaluces están llamados a las urnas en una convocatoria con algunas preguntas sin fácil respuesta.

¿Revalidará Moreno Bonilla su mayoría absoluta o tendrá que depender de Vox? ¿Se confirmará el frenazo de la ultraderecha? ¿Será cierto que el PSOE registra su peor resultado histórico? ¿Habrá sido creíble para los electores la unión de la izquierda en Por Andalucía y qué diferencia habrá entre el resultado de esta coalición y el de Adelante Andalucía?

Estos son los interrogantes que, encuestas en mano, planean hoy sobre esos comicios. Su análisis no puede hacerse sin contextualizar el momento en que los andaluces y andaluzas irán a votar. En el plano externo, la situación geopolítica. Sabemos que Trump hoy es una amistad peligrosa que contamina a quien tiene cerca —ver datos aquí—. ¿Es este el motivo del estancamiento de Vox que ven algunas encuestas? Es posible.

Por otro lado, repercute de forma insoslayable la política nacional, con las evidencias que dejan los pactos de PP y Vox en Extremadura, Aragón y previsiblemente en Castilla y León. Acuerdos ambos que se firman desde el marco de la ultraderecha en cuestiones tan sensibles como la migración —de ahí el debate sobre la “prioridad nacional”—, la impugnación de las políticas ambientales, el cuestionamiento de la fiscalidad o ese concepto indeterminado que es la “desregulación” y que en Aragón tendrá el rango de una vicepresidencia.

Andalucía tiene ahora una buena ocasión para calibrar si quiere seguir apostando por estas prioridades nacionales o por otras. Y aquí viene la segunda parte de la cuestión. ¿Cuáles son las prioridades nacionales de quienes concurren por la izquierda?, ¿de qué manera las formaciones progresistas van a anteponer a la deriva neoconservadora y neofascista un programa alternativo claro y bien definido?, ¿o se pondrán de perfil ante cuestiones esenciales como la migración, la defensa de los derechos o el sostenimiento de los servicios públicos? A un modelo político no se le puede oponer la nada, sino un planteamiento estratégico en el que se dibujen esas prioridades por la izquierda, resignificando la expresión de la ultraderecha francesa.

Queda toda una campaña electoral por delante para que unos y otros expongan cuáles son esas prioridades. Vox no engaña a nadie: en Aragón y Extremadura —y con pretensiones de extenderlo más allá— han aplicado las políticas que defienden en sus discursos habituales, ninguna sorpresa. Al Partido Popular parece que se le han acabado ya los tiempos de la indeterminación; esos en los que el presidente Azcón pactaba con Vox pero no lo firmaba él personalmente y mandaba a la secretaria general a hacerlo. Ahora presume de ello y dice que es un pacto para dar estabilidad y avanzar “en la dirección adecuada”. De la misma manera, la presidenta Guardiola ha pasado de negarse a pactar con la ultraderecha a proclamar en sede parlamentaria: “He alcanzado un acuerdo con Vox. Lo digo con la naturalidad y con la serenidad de quien sabe lo que hace”. Recordemos lo que decía la misma Guardiola en 2023: “Iremos a elecciones, si hay que ir. [...] No puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”.

Ha llegado, por tanto, el final de la ambigüedad en el PP. Y si hay líderes críticos con estos acuerdos —Moreno Bonilla a escasos días de comenzar la campaña y Ayuso en su papel de eterna díscola— habrá que recordarles que la dirección nacional ha estado detrás de estos acuerdos y cuentan con todo su aval.

Queda en el aire la segunda pregunta: ¿Qué modelo oponen las izquierdas a estas “prioridades nacionales”?

Este próximo martes el Gobierno aprobará el Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros y con una apuesta clara por incrementar la vivienda pública y asequible. Un plan imprescindible en cuya ejecución y eficacia el Gobierno de coalición se juega mucho. Pero la apuesta no puede quedarse aquí.

La próxima semana, el 28 de abril, llegará al Congreso de los Diputados el Real Decreto sobre la prórroga extraordinaria del alquiler que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo. Podría pensarse que es una votación rutinaria en la que, en todo caso, se establecerá nuevamente un pulso entre las izquierdas; pero es mucho más. Es un ejemplo de cómo las democracias se erosionan o fortalecen en función de decisiones como esta.

Conviene recordar que la gran promesa de las democracias es la lucha contra la desigualdad, o lo que es lo mismo, la apuesta por la equidad. La desigualdad actúa como un corrosivo para la cohesión social y, por tanto, como disolvente de la confianza y del espacio común. 

Pues bien, los últimos datos publicados por Oxfam –La vivienda, cimiento de desigualdades– apuntan a que los alquileres son hoy uno de los principales factores de desigualdad. Entre otras cosas, el estudio muestra que una persona propietaria con ingresos sobre 1.200 euros tiene más probabilidad de ahorrar que una inquilina que gane 2.000. Es decir, la situación de propietaria/no propietaria determina hoy más la capacidad de ahorro que el nivel salarial. Esta desigualdad se proyecta también sobre el futuro, dado que un 53% de las personas inquilinas consideran que nunca podrán acceder a una vivienda en propiedad. 

Esta es la base de lo que se conoce como la “trampa del alquiler”: el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%, pero como puede verse, los inquilinos están atrapados, en efecto, en una trampa que les impide en buena medida salir de su condición de no propietarios, en caso de que quisieran, lo que a su vez les dificulta también su capacidad de ahorrar… la espiral de la desigualdad se activa.

Los problemas de acceso a la vivienda no son privativos de ningún colectivo. Ni de los jóvenes, ni de las grandes ciudades o las rentas más bajas. Afectan de forma transversal al conjunto del territorio, a todas las edades y a casi todos los niveles económicos (salvo las clases altas, nadie se libra). Ahora bien, hay sectores en los que golpea de forma especial, y el de los inquilinos es uno de ellos. De ahí la importancia que esta votación sobre la prórroga de los alquileres tiene en varios sentidos. 

En primer lugar, para aliviar la situación de cerca de tres millones de personas, según el informe de Oxfam, que quedarían abocadas a un “desahucio invisible”, es decir, a tener que renunciar al alquiler ante la subida de precios de acuerdo a la evolución del mercado. Por otro lado, para mandar señales firmes de que en momentos de incertidumbre como el actual, y mientras se ponen en marcha políticas integrales de vivienda –como el plan que se prevé aprobar con más de 7.000 millones de inversión–, los más vulnerables en relación con la vivienda –y por extensión, con su capacidad de ahorro– sean protegidos de forma especial y prioritaria. 

Podrá pensarse que esto es un parche y que no se pueden plantear medidas excepcionales permanentemente y, en efecto, así es. Sin embargo, la enorme crisis de vivienda, que hace que este asunto vuelva a encabezar las preocupaciones de la ciudadanía como lo hizo ya hace quince años –cuando la indignación inundó las calles y plazas y dio un puñetazo al tablero político de este país–, exige medidas extraordinarias al tiempo que acelerar las inversiones y acciones necesarias para desarrollar una política integral de vivienda. En este tema –también– nos jugamos la legitimidad de las democracias.

La guerra no es indiferente ni a la ultraderecha. Como canta Ana Belén, “es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”. Incluso la de aquellos que creyeron que Vox venía a devolverles la seguridad y el orden, como Dios manda. Tanto es así que varias encuestas –aunque no todas– ven ya un frenazo en la intención de voto a los ultras en toda Europa. Cuando escribo estas líneas, en Hungría se puede estar poniendo punto final al mandato de Orbán. Aunque esto no se confirmara por las dificultades que él mismo ha establecido para impedir que otros lleguen al poder, las movilizaciones de estos últimos días muestran que algo se mueve en el fondo de la sociedad húngara. También en EEUU la popularidad de Trump sigue en fase descendente, y hasta el movimiento MAGA se ha escindido al escuchar al presidente junto a un conejo de Pascua anunciar que iba a aniquilar toda una civilización.

En este contexto, y en un mundo donde todo está conectado, Vox sigue deshojando la margarita de qué hacer en Extremadura, Castilla y León y Aragón. ¿Facilitará la formación de gobiernos autonómicos, entrará a formar parte de ellos o se arriesgará a una repetición electoral? ¿Cuánto están dispuestos a cobrar los ultras y cuánto a pagar el Partido Popular?

Si la guerra en Irán no hubiera estallado, Vox no tendría ningún incentivo para facilitar la formación de gobiernos. Seguía avanzando cabalgando a lomos de su pretendida identidad antisistema, la misma que le hace ser especial, diferente, falsamente auténtico a los ojos de sus electores. ¿Para qué mancharse gobernando, gestionando con otros y por tanto dejándose pelos en la gatera, apoyando a los mismos que luego acusa de ser los socios del sanchismo en Europa?

Pero llegó la guerra y lo cambió todo. Según los datos de 40dB., el 37,8% de los votantes de Vox ven a EEUU como una amenaza y prácticamente los mismos, el 36,5%, consideran que Trump es un peligro. No obstante, según el mismo estudio, los votantes de Vox son los únicos que creen en alguna medida que EEUU e Israel deben proseguir con los ataques a Irán hasta que caiga el régimen islámico. Concretamente, un 33,7%. El asunto no es baladí porque la posición que los ultras tengan hoy sobre la guerra determina la relación con el trumpismo y el resto de la ultraderecha. Meloni lo ha visto claro y se ha desmarcado de forma contundente, pero no así sus amigos españoles. 

Así las cosas, la guerra se cuela en la estrategia que Vox despliega en las comunidades autónomas, debiendo elegir entre mantener su posición antisistema y pro-trumpista –lo que le llevaría a planteamientos de máximos en la conformación de gobiernos autonómicos y a repetir elecciones si fuera necesario– o, por el contrario, dar un giro hacia posiciones más sistémicas facilitando la conformación de gobiernos de los que incluso forme parte, en un intento por limar su imagen antisistema. Esta segunda opción les posibilitaría un buen puñado de cargos públicos, poder vender cierta imagen de utilidad y responsabilidad, pero erosionaría su ADN antisistémico, el mismo que vieron peligrar tras entrar a formar parte de varios gobiernos autonómicos en el verano de 2023 y por lo que salieron apenas un año después.  

En las próximas semanas conoceremos cómo han resuelto el dilema, qué precio han puesto a su apoyo y hasta dónde el Partido Popular está dispuesto a pagar. No olvidemos que si el apoyo al trumpismo puede pasar alguna factura a Vox, al Partido Popular se la duplica: sus votantes tienen posiciones contrarias a Trump y Netanyahu más cercanas a los electores progresistas que a los de los ultras. ¿Cómo es posible –se preguntarán– que Feijóo no se desmarque de forma nítida de la barbarie que EEUU e Israel están cometiendo? Quizá en la negociación de estos gobiernos autonómicos se encuentre la respuesta, o parte de ella. La altura de miras y las posiciones éticas y morales mejor las dejamos para otro día…

Empieza la recta final del curso político con dos juicios por corrupción, cuya coincidencia, por cierto, no deja de ser curiosa. El caso Kitchen llega hoy a los juzgados, casi veinte años después de las primeras indagaciones sobre Gürtel, la trama de financiación ilegal del PP que llevó a una sentencia en la que se declaraba a dicho partido responsable a título lucrativo, y que motivó la moción de censura que condujo al primer gobierno de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018. De aquella Gürtel, esta Kitchen. Es decir, la trama por la que los populares intentaron tapar los casos de corrupción por financiación ilegal utilizando –presuntamente– a la cúpula del ministerio de Interior dirigido por Fernández Díaz para desactivar al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que amenazaba con hablar y contar hasta qué punto máximos dirigentes del partido, incluido un tal “M. Rajoy” que los jueces nunca llegaron a identificar, estaban involucrados en el cobro de sobresueldos y financiación irregular del Partido Popular con dinero procedente de contratos amañados y mordidas (la noticia la desveló entonces El País, en 2013, ¡hace 13 años!, por si alguien no la recuerda). 

Mañana la atención girará hacia Ábalos y Koldo, los socialistas acusados de corrupción por mordidas en contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, en el año 2020, cuando los muertos se contaban por centenares cada día. Una trama que ha llevado a que José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ingresara en prisión de forma preventiva. Un escándalo que llevó a especular con un caso de financiación ilegal del PSOE –hoy sin constatar– y que alumbró las sombras sobre Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos como secretario de organización en el Partido Socialista, y cuyas –supuestas– irregularidades se siguen investigando.

Pese a que el estallido de los escándalos se remonta en el primer caso a hace casi dos décadas, y el otro a aproximadamente dos años, ambos coincidirán en nuestras pantallas en esta semana que comienza. Bienvenida sea la agilidad de la Justicia en el último de los dos procesos; pero ojalá fuera siempre así y de manera generalizada, incluyendo a asuntos como el primero.

Esta coincidencia va a multiplicar las reacciones equidistantes. Parece sensato criticar con toda la vehemencia posible los casos de corrupción de socialistas y populares y clamar por una regeneración de la vida política que acabe con cualquier atisbo de corrupción. ¿Quién no firmaría esto? Más difícil es, sin embargo, mantener la misma implacabilidad contra la corrupción sin que ello lleve a fomentar la antipolítica. Que me perdonen Santiago Segura y su nuevo Torrente, pero no, no todos son iguales. 

No es lo mismo poner a tu servicio la mismísima Policía para –presuntamente– tapar un caso de financiación ilegal que afecta a numerosos dirigentes y destruir las pruebas después a martillazos, que descubrir que personas de máxima relevancia del partido han estado lucrándose forzando contratos en lo peor de la pandemia. En este último asunto se desvela –supuestamente– una insoportable utilización del dinero público; en el primero, sin embargo, hablamos del tipo más grave de corrupción que puede existir, la captura no ya de políticas, sino del propio aparato del Estado, para hacer callar a quien podría destapar la dimensión de un escándalo.

Tampoco la reacción ha sido igual. Los unos aún no han reconocido públicamente la gravedad de Gürtel y Kitchen y les cuesta distanciarse de aquello –es difícil reprimir una sonrisa cándida al recordar a Pablo Casado anunciar la venta de la sede cuya reforma se pagó con dinero de la Gürtel–. Los otros expulsaron inmediatamente a los presuntos corruptos e iniciaron una auditoría interna que indica que no hay financiación ilegal. Si se desvelara lo contrario, ni sus socios ni sus militantes ni sus votantes lo perdonarían. Los ya exsocialistas están en prisión desde hace meses; los conservadores procesados jamás han llegado a pisar una celda.

Existe una tercera diferencia, sustancial a mi entender, en lo que debe exigirse a cada uno. Al Partido Popular cabe pedirle el reconocimiento oficial de lo que aquello supuso y la depuración política de responsabilidades: Fernández Díaz está suspendido de militancia del PP desde 2021, pero no expulsado, y el resto de dirigentes implicados en Gürtel jamás dejaron el partido. Más hay que exigir, a mi juicio, a los socialistas, que llegaron al gobierno en 2018 izando la bandera anticorrupción. En sus manos está adoptar las medidas necesarias para que ni unos casos ni otros vuelvan a producirse, ni en el interior de los partidos ni mucho menos en las instituciones del Estado. Sin embargo, como se puede leer, la OCDE ha vuelto a afear a España que no tenga una adecuada regulación de lobbys –cuya tramitación ha sido iniciada al menos tres veces (ver aquí), sin llegar nunca a aprobarse–, ni de financiación, democracia interna e integridad de los partidos, algo que clama al cielo, considerando los dos casos que se van a juzgar estos días y que protagonizarán buena parte de la conversación ciudadana en lo que queda de curso. Por cierto, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas. Nada menos.

En definitiva, contra la corrupción cualquier demócrata debe ser implacable. Y justamente por ser demócrata, no debe dejar que esta implacabilidad se convierta en un ejercicio de antipolítica. Porque ni todos son iguales, ni todos los casos de corrupción son lo mismo. No se trata de cuál sea más grave, sino de quién o quiénes están implicados, cómo ha reaccionado el partido en cada caso y qué queda por hacer, o sea, a cada cual, según sus posibilidades.

Italia dijo no a la reforma de la justicia de Meloni. Francia no permitió que el partido de Le Pen arrasara en todos los municipios. Dinamarca ha vuelto a dar la espalda a la ultraderecha. Una demócrata, Emily Gregory, arrebató el distrito de Florida –sí, donde su ubica Mar-a-Lago– a los republicanos. Millones de norteamericanos se manifiestan estos días bajo el lema “No kings”, el mejor eslogan que han encontrado para decir “No Trump”. A ellos se han unido movilizaciones en ciudades como Roma o Londres. Las encuestas dicen que Orbán podría perder en Hungría.

Por mucho que la ultraderecha haya conseguido hacer creer que avanza imparable por Occidente, no es cierto. Es importante recordarlo y ponerles ante el espejo, porque los datos son hoy para los ultras como la luz para los vampiros: no, no avanzan imparables. Y lo que es más (y podría ser letal para ellos): funcionan y evolucionan como cualquier otro partido. A veces ganan y a veces pierden, alcanzan el poder en países como Holanda, Austria, Noruega o Polonia, y luego lo pierden, como un partido más. Llegan a los gobiernos autonómicos y salen despavoridos sabedores de que gestionar (algo para lo que han demostrado una incapacidad estridente) les pasa factura electoral. Se enredan en líos internos, acusaciones de autoritarismo y culto al líder y expulsiones, se enfrentan a los tribunales y les condenan por corrupción. Se acabó aquel hashtag tan exitoso que decía #SoloQuedaVOX. 

Es importante constatar esta realidad porque a veces las percepciones se construyen más sobre mitos que sobre realidades y entra a operar el famoso teorema de Thomas, según el cual, "si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias"; es decir, que la percepción de una situación, sea falsa o verdadera, determina el comportamiento y produce resultados, por ejemplo, electorales. Así que no lo olvidemos, la ultraderecha no avanza imparable. O lo que es lo mismo, en muchos países se les paró y se les sigue parando.

Constatado esto, llega la pregunta más difícil, la que se ocupa del día después. Porque si imprescindible es la discusión de qué hacer para cortarles el paso a las instituciones, igual o más trascendente es dar respuesta a los motivos que les aúpan. Una vez que la ultraderecha no consigue llegar al poder o es desalojada del mismo, los partidos demócratas no deberían dar la batalla por ganada. De hecho, ahí empieza el principal desafío. Si dichos partidos no son capaces de dar respuesta al descontento, identificando bien las causas y creando procesos para construir las salidas oportunas, la amenaza volverá a tomar cuerpo en la siguiente elección. 

Este creo que es el principal debate que deben afrontar hoy quienes se sienten demócratas, y en especial por la izquierda. Es más, avanzar por este camino es la mejor manera de hacer que los reaccionarios retrocedan. A la ultraderecha se le está parando en las urnas en algunos países –de momento–, pero, ¿qué hacer para desterrarla por completo de nuestras sociedades? 

El “No a la guerra” de Sánchez ha abierto un camino porque ha mostrado que la guerra no es inevitable, que se puede plantar cara al tirano y construir otras alternativas que pasen por defender el mundo basado en reglas (y de paso, quizá, mejorar esas reglas). Lo ha hecho generando confianza en quienes le escuchan y ganando credibilidad en los decepcionados y desencantados. Ese es el camino. Ahora toca recorrerlo también en otras áreas para dar respuesta a los malestares y descontentos por donde crece la ultraderecha.

El pasado viernes, los expertos de ENTSO-E, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, hizo público su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril en España (ver aquí). Casi 500 páginas donde se describe minuciosamente lo sucedido y se apunta a una serie de errores en cadena, una suerte de tormenta perfecta donde fallaron muchas cosas a la vez. ¿Dónde quedan ahora las horas de tertulias y centenares de columnas que clamaban contra las renovables como las culpables del desastre? Un sistema de la complejidad que tienen hoy las redes eléctricas difícilmente se viene abajo por un solo motivo. Y aunque ha hecho falta casi un año de indagaciones para saber con exactitud qué ocurrió, a las pocas semanas ya se tenía información suficiente como para descartar acusaciones infundadas que apuntaban a las renovables como chivo expiatorio. Sin embargo, a las pocas horas de recuperarse el suministro eléctrico, analistas de muchos medios –sobre todo los conservadores– pontificaban acusando con vehemencia a unas u otras causas. Curiosamente, quienes querían exhibir su crítica a este Gobierno apuntaban sin recato a las renovables, y sólo a ellas, como las causantes del desaguisado.

Lo que me ha animado a traer aquí este asunto no es el informe en sí, cuyas conclusiones y recomendaciones ya han sido difundidas y a las que yo no tengo nada que aportar. Tampoco pretendo aprovechar la ocasión para hacer una –otra– defensa de las renovables, que saben que hago cada vez que tengo ocasión. Lo que me lleva a traer aquí este episodio es la reflexión sobre la necesaria rendición de cuentas de quienes tenemos un espacio en la conversación pública. Quienes nos asomamos con asiduidad a micrófonos radiofónicos, cámaras de televisión y columnas como esta tenemos una responsabilidad importante. Nuestros análisis ayudan a quienes nos siguen a formarse una opinión sobre los asuntos de actualidad, conformando la conversación pública, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Esto debería llevarnos a elevar los estándares de exigencia del oficio.

Nos critican llamándonos “todólogos”, y es cierto. Nadie sabe de todo. Pero la virtud del analista –lo de tertulianos lo dejo para otros géneros– consiste justamente en saber de qué sabe y de qué no. En aquellos asuntos que maneja porque tiene una sólida formación o porque forman parte de algunas de sus áreas de expertise podrá emplearse a fondo. Lo reconocerán porque reaccionará con rapidez, hablará con precisión y será capaz de cartografiar la complejidad, lo que se sabe y lo que falta por conocerse, las cuestiones seguras y esas otras que navegan la incertidumbre respecto al tema en cuestión. 

Del resto de asuntos, aquellos de los que no se es especialista, cabe diferenciar dos tipos: los que suelen formar parte de la conversación de forma habitual y cualquier analista tiene el fondo de armario conceptual necesario, y aquellos que necesitan de conocimiento especializado. Entre los primeros se encuentran eso que suele llamarse politics, el histórico de las relaciones de los líderes y corrientes de las formaciones políticas, las tensiones que recorren la vida política habitual, etc. Para no equivocarse mucho en este campo, bastará con que el analista, aunque no siga con minuciosidad el día a día de una formación o un líder, tenga buena información –propia o la que le proporcionan los periodistas–, algo de memoria y un poco de perspectiva histórica, nada más. Su inteligencia le hará valorar cuándo puede arriesgar más y cuándo menos.

El problema viene cuando ese o esa analista que tiene que sentarse delante de un micro cuando casi no ha amanecido se encuentra con un tema de fuerte impacto social, del que nada sabe y cuya complejidad y especificidad imposibilita que pueda tener un juicio razonable, como ocurrió con el apagón. En ese caso son muchos y muchas los que buscan a alguien que pueda saber más que ellos y ellas y que ideológicamente esté en su bando y se limitan a repetir lo que aquel sujeto dice. Se darán ustedes cuenta porque reproducen argumentos que no entienden, y se nota. ¿Recuerdan a quienes nos hablaban de la generación asíncrona como si cada día pasaran unas horas en el CECRE (Centro de control de energías renovables, en las instalaciones de Red Eléctrica, digno de ver, por cierto)? Otros, no pocos, van buscando razonamientos de un lado y otro e intentan articular discursos de ambigüedad medida, sabedores ya de que caminan de puntillas por el asunto en cuestión. Sólo unos pocos, unas pocas, se atreven a decir aquello que parece prohibido: “no lo sé”. Probablemente serán penalizados por sus seguidores, que les leen o escuchan ansiosos de conocer su veredicto, pero estarán ejerciendo su función democrática con la honestidad intelectual y la responsabilidad imprescindible.

El del apagón es sólo un ejemplo de los muchos que se encuentran en la conversación pública. Si ha sido este asunto el que me ha llevado a esta reflexión es porque es un aspecto del que algo conozco por mi desempeño profesional y del que sé perfectamente qué sé y sobre todo, qué ignoro (que es mucho más), incluso todo lo que se ignoraba –porque no se podía saber aún– mientras corrían ríos de tinta. Seguro que hay otros temas que no me han llevado a plantear este asunto porque desconozco su complejidad, y probablemente yo habré caído también en la tentación de repetir lo que otros dicen sin saber exactamente qué es lo que está en cuestión.

Quienes disponemos de una tribuna pública tenemos una enorme responsabilidad. Ejercerla implica decir “no lo sé” cuando no lo sabemos, aunque cueste. La ciudadanía sabe distinguir entre quien habla de oídas y quien lo hace con propiedad. Desconfíen de quien pretenda hacer creer que es capaz de conocer y opinar de todo y en todo momento. Carece de lo fundamental: saber qué es lo que no sabe. 

Las elecciones de Castilla y León dejan muchas lecciones. Para mí, la más relevante es que contra la guerra, vuelta al territorio. En el fondo, no es nada nuevo. La globalización, ese fenómeno que alejó la política de la ciudadanía y generó una sensación de desamparo que está hoy en la base de muchos de los descontentos, ha generado un movimiento de refugio en lo local, lo cercano, lo territorial. Ulrich Beck le llamó a esto “glocalización” en 1997.

Pero volvamos a Castilla y León. Por la derecha, Vox ha crecido menos de lo que las encuestas decían, pero el Partido Popular de Mañueco, que ha hecho una campaña más pegada a las cuestiones del territorio, ha crecido dos escaños, ampliando por tanto en tres procuradores y cinco puntos el bloque de derecha y ultraderecha. El seguimiento de los trackings apunta a que los últimos días Vox fue descendiendo en intención de voto coincidiendo con la guerra y el protagonismo de Trump. Eso explica que ninguna de las encuestas realizadas estimaran bien el resultado de Vox, y que todas le dieran más representación. Alguna apuntando a 19 procuradores y a más del 21% de los votos. Esto es clave porque apuntaría que si Vox no ha crecido más no ha sido por no haber pactado con PP en Extremadura o Aragón, sino por su cercanía a los postulados trumpistas.

Por la izquierda, la candidatura de Carlos Martínez, alcalde de Soria desde hace 19 años y muy pegado al día a día, ha sido clave para dar el vuelco en Soria. Tanto que en la ciudad de Soria el PSOE incrementa más de 18,5 puntos, y Soria Ya! pierde 27. Es, curiosamente, el único partido de carácter provincial/territorial que pierde escaños. Tanto Unión del Pueblo Leonés como Por Ávila resisten manteniendo el número de procuradores.

¿Y la guerra? Esa es otra de las preguntas de la noche y, en efecto, sería un tanto extraño considerar que no ha influido en nada, pero tampoco resulta creíble que haya sido el motivo del incremento de dos procuradores para el PSOE. También IU-Sumar y Podemos tienen posiciones nítidas contra la guerra y han quedado barridos de las Cortes de Castilla y León. Se podrá aducir el consabido voto útil de la izquierda, y, en efecto, sería un sinsentido no tenerlo en cuenta, pero para que el voto útil se active tiene que tener un lugar concreto en el que refugiarse, y ahí es donde la figura de Carlos Martínez ha sido muy relevante a la hora de explicar el resultado.

Con este panorama, hay que esperar a las encuestas postelectorales para conocer con profundidad los movimientos de fondo, pero hay algunos datos curiosos. El porcentaje de voto a Vox fue bajando conforme el escrutinio avanzaba, es decir, conforme iban entrando las mesas con más votos; o, lo que es lo mismo, de municipios mayores. Justamente donde más porcentaje de jóvenes hay. En este caso, es muy posible que el voto joven no haya sido la clave del avance, aunque tímido, de Vox. No se debe olvidar que en Castilla y León Vox ya pegó el estirón en las anteriores autonómicas de 2022.

Las lecciones de Castilla y León son muchas. A modo de síntesis: que los adelantos electorales, como se vio en 2019, no estimulan la participación y generan mayor desafección y voto antisistema. En este caso, con una convocatoria ordinaria cuatro años después, la participación ha vuelto a las cifras de 2019.

Por otro lado, el rechazo a la guerra, a esta guerra y a todo lo que Trump supone, tiene un enorme respaldo de la ciudadanía. El PSOE lo supo ver desde el primer momento y ha sido capaz de generar un marco en torno a esta cuestión. Un marco que beneficiaría también al resto de la izquierda si fuera capaz de trasladar que tiene una opción viable y eficaz para competir electoralmente. Como por el momento no parece ser así, el bloque progresista, en su conjunto, retrocede y retrocede, lo cual nos advierte de que, de una u otra forma, las derechas están consolidando su posición.

Finalmente, disculpen la insistencia: el territorio, los candidatos pegados a la tierra, el conocimiento del día a día, la política de proximidad.

Tomen nota unos y otros para lo que viene por delante.