El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de imponer "censura y persecución" y le ha comparado con el dictador Francisco Franco. "Censura y persecución a quien ose criticarle: No se veía una cosa así desde Franco", ha advertido el popular en el Congreso, donde ambos líderes han mantenido su primer cara a cara del curso político y en el que el líder del Ejecutivo ha pedido al conservador que "deje esa oposición avinagrada", según informa EFE.

"Cambie el chip, cambie el chip. Llevan 6 años diciendo que España se hunde y España está creciendo más que la media europea", ha indicado Sánchez ante las críticas de Feijóo. "Los datos invitan al optimismo, pero enfrente tenemos a una oposición avinagrada", ha apostillado.

Durante su turno de intervención, el principal líder de la oposición ha criticado el Plan de regeneración democrática presentado este martes por el Ejecutivo, que ha definido como "una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación" y un "plan de censura". También ha criticado al Gobierno por su política con Venezuela o por nombrar al ex ministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España.

Además, ha cargado contra Sánchez por, en su opinión, no comparecer lo suficiente en el Congreso. "Usted cuando fue presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años, solamente compareció en el Parlamento de Galicia en 10 ocasiones. Yo como presidente del Gobierno en 6 años he comparecido en 39 ocasiones", ha contestado Sánchez.

Sobre la estabilidad de su Gobierno, que Feijóo ve sin "socios estables" y con una legislatura "bastante cerrada", Sánchez ha garantizado que a su Ejecutivo "le quedan tres años".

En su turno de intervención, Sánchez también ha celebrado el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea, destacando que "jamás" una mujer española "ha tenido esa influencia" en el órgano europeo.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha planteado a los estibadores un plan de prejubilaciones voluntarias, al que podrán acogerse los trabajadores que estén a sesenta meses o menos de su edad de jubilación, esto es, los que cuenten con 50 años o más, que podrán retirarse con el 70% del sueldo medio que, por todos los conceptos, hayan cobrado los seis meses anteriores, ha informado Europa Press.

La medida forma parte de la propuesta de acuerdo con que De la Serna ha acudido a la reunión entre patronal y sindicatos de la estiba convocada para la tarde de este miércoles, la víspera de que el Decreto Ley afronte mañana la votación de su aprobación definitiva en el Congreso para la que, hasta el momento, no contaba con apoyos suficientes.

El ministro no facilitó el importe que puede suponer la ayuda que el Estado otorgará para este plan de prejubilaciones, dado que "por su carácter voluntario", no se puede determinar el número de trabajadores que se acojerán.

"No obstante, el importe de la multa que la UE puede imponer a España por incumplir el sector de la estiba la normativa comunitaria siempre sería mayor que el importe al que ascenderán las ayudas por bajas voluntarias", aseguró De la Serna en relación a la sanción que Bruselas puede imponer al país si no adapta el sector de la estiba a la normativa comunitaria.

"El esfuerzo que realiza el Gobierno es muy importante", remarcó el ministro, que además indicó que el plan de bajas contempla unas condiciones mejores a las pactadas en las reconversiones de otros sectores, que además estaban en crisis.

El plan de ayudas a la prejubilación es uno de los cuatro puntos del documento que el ministro ha presentado a sindicatos y patronal bajo el epígrafe de "Acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad en el sector de la estiba".

El resto de los puntos pasan por la garantía de empleo de los estibadores que quieran seguir en la actividad a través de su subrogación por parte de las empresas de la estiba, el compromiso de las partes a negociar medidas para mejorar la productividad en los puertos y la garantía de que el Gobierno velará por el cumplimiento del eventual acuerdo mediante la constitución de una comisión de seguimiento.

Con esta propuesta in extremis, el Gobierno pretende fomentar la consecución de un acuerdo entre patronal y sindicatos en el plano laboral que, a su vez, lleve a los grupos parlamentarios a respaldar mañana en el Congreso la convalidación de la reforma de la estiba.

Regresan para votar 'no'

Las tres diputadas de la oposición (una de Unidos Podemos, otra de Esquerra y otra de Compromís) que estaban de viaje oficial en Nueva York para asistir a una reunión de Naciones Unidas sobre empoderamiento femenino han adelantado su regreso a España para poder acudir este jueves al Pleno del Congreso y votar en contra de la convalidación del decreto ley que liberaliza la estiba, según ha informado Europa Press.

Ángela Rodríguez (Podemos), Teresa Jordà (ERC) y Marta Sorlí (Compromís) forman el grueso de la delegación española que tenía previsto estar en Nueva York hasta el viernes para participar en la 61ª edición de la Comisión de la Condición Jurídica la Mujer.

Lo ajustado de la votación para la convalidación del decreto ley, que el Gobierno ya retiró del orden del día del Pleno de la semana pasada por falta de apoyos, ha obligado a estas tres parlamentarias a modificar sus planes y regresar a Madrid tres días antes de lo previsto.

Las tres han garantizado a través de sus cuentas de Twitter que estarán en Madrid para emitir su voto negativo. En concreto, si se cumple el horario previsto de su vuelo aterrizarán en el Aeropuerto Adolfo Suárez a las seis y media de la madrugada.

"Mañana estaremos para votar NO al decreto de la estiba cueste lo que cueste. No permitiremos al Gobierno su juego sucio", ha escrito Sorlí. "Alguien pretendía cerrar también el espacio aéreo. La perseverancia de tres mujeres puede más que la mala fe", ha asegurado Jordà.

Por su parte, el Ejecutivo mantiene abierta una negociación con el PNV que, si da sus frutos, finalmente podría llevar a los cinco diputados nacionalistas vascos a apoyar también el decreto ley.

De concretarse un acuerdo, el decreto podría sumar hasta 174 apoyos sumando los votos del PP y de sus socios de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, más los 32 de Ciudadanos y los cinco del PNV.

En la votación no se requiere una mayoría reforzada, sino que basta lograr más votos a favor que en contra, lo que supone que, a falta de sufragios afirmativos, el Gobierno puede salirse con la suya si consigue que parte de la oposición pase del no a la abstención.

De momento, el resto de la oposición sigue condicionando su apoyo a un acuerdo entre representantes del sector y los trabajadores y se mantiene de momento en el no, lo que supone alcanzar 176 noes, si no hay ausencias. Los independentistas del PDeCAT ya han adelantado que "ni en broma" facilitarán la convalidación del decreto ley.

"En este asunto, queremos ser un fiel reflejo de la dirección federal. Me adhiero a las palabras de Cayo". 

Pedro Escobar, coordinador de Izquierda Unida Extremadura, quiere evitar suspicacias en ese "asunto" que recorre la agenda política de los últimos días, los escraches a políticos. Este martes, 2 de abril, su número dos, Leonor Jiménez, aseguraba a este diario que la federación entendía que la familia del cargo público, su ámbito privado, no tenía por qué sufrir el "acoso" de los manifestantes. La secretaria de Organización también apuntaba que, a falta de lo que pudiera determinar la Presidencia Ejecutiva Regional, la formación se inclinaba por apoyar una declaración institucional de rechazo a los señalamientos públicos de dirigentes, promovida por PP y PSOE. 

La Presidencia se reunió ayer miércoles por la tarde. Y en ella, según manifestó Escobar a este diario, no se consensuó una postura común. "Debatimos mucho si los escraches son la fórmula adecuada de protesta, pero no tomamos ninguna decisión. Nos mantenemos en la misma ambigüedad que la dirección federal. A nosotros nos pasa como a ellos: tenemos posiciones diferentes. Hay que tener en cuenta que estas acciones promovidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son una novedad". Durante la discusión, relataba el coordinador esta mañana a infoLibre, se discutió si esta podía ser una "nueva forma de protesta de la izquierda" o por qué no se señala, por ejemplo, a "los jueces", en la medida en que ellos son los que ordenan los lanzamientos, aplicando la ley. "No lo tenemos muy claro, la verdad. Porque, ¿dónde empieza y dónde acaba el escrache?". El límite, citado por todos los dirigentes de IU, es el uso de la violencia. 

Lo importante son los desahucios

Entonces, ¿IU Extremadura apoyará o no una declaración institucional? "Hasta que no veamos el texto que nos propongan PP y PSOE, no podemos adelantar nada. Cuando lo tengamos delante, veremos. Ahora bien, la predisposición que vimos ayer en la Presidencia es la de no condenar los escraches". ¿Y si en la propuesta figura el término rechazo, que no condena? Escobar prefiere no trabajar con hipótesis y esperar a mañana, cuando los dos grandes grupos presenten su borrador. El grupo parlamentario, del que él forma parte, decidirá entonces qué hacer, teniendo en cuenta las "orientaciones" de la organización. IU, por su parte, no llevará ningún documento relativo a los escraches. En Extremadura, por cierto, no se ha producido ningún caso de persecución de cargos públicos del PP hasta la puerta de su casa. 

La posición de IU Extremadura tiene, pues, "matices", como asume Escobar. Más incluso que un tuit de anoche mismo: 

El martes, la dirección de Cayo Lara, aunque no amonestó a sus compañeros extremeños, sí estaba "informada" de que el planteamiento original era respaldar la declaración anti-escraches, según señaló un miembro de la cúpula a este periódico. El líder regional, sin embargo, negó que su formación haya reculado y que, en todo caso, la opinión de Jiménez el martes era más "personal" que colectiva. "Tenemos la misma ambigüedad que en Madrid. Esta forma de protesta produce algo de desconcierto a la gente. Porque lo que no debe suceder es que encima el PP quede como víctima. Pero vamos, no quiero separarme del federal. Ya sé que nosotros en Extremadura solemos estar en el foco, pero ¿por qué a nosotros se nos pide ser más claros que ellos? Coincido además con Cayo en que lo importante es centrarse en los desahucios, en la gente que está desesperada, que sufre los mordiscos de la crisis por leyes inmorales e injustas". 

"Yo no participaría en un escrache"

Lara, en su rueda de prensa de ayer en Madrid, no pronunció exactamente la palabra "apoyo" a los escraches, en buena medida porque ningún órgano de dirección ha tomado aún decisión alguna, pero sus palabras traslucían un respaldo implícito a estas movilizaciones de la PAH. Siempre dejando claro que IU no "instiga" los señalamientos. Escobar dijo compartirlo y agregó: "Yo ya he dicho que no participaría en un escrache". 

Mañana viernes, por tanto, IU examinará los borradores de los mayoritarios. Y dilucidará. En cualquier caso, el próximo pleno de la Asamblea extremeña se celebrará el 11 de abril. Sí es seguro que habrá acuerdo en la condena al ataque violento a la vivienda del diputado del PP y alcalde de Fuente del Maestre (Badajoz), Juan Antonio Barrios. El segundo texto, el de los escraches, sólo prosperaría si cuajara el consenso a tres bandas. 

La nueva comparecencia de este miércoles de José Antonio Griñán en el pleno del Parlamento andaluz por el caso ERE se saldó sin datos nuevos, con las acusaciones cruzadas de siempre y la garantía de Izquierda Unida de que no hará peligrar su pacto de gobierno con los socialistas. No hubo una mayor asunción de responsabilidades por parte del presidente, ni un salto cualitativo en las trilladas argumentaciones de los partidos. 

Griñán, en su primera intervención, insistió en que el Ejecutivo autonómico es "honrado", expresó su "indignación" y volvió a pedir disculpas por el "daño" que ha provocado el caso de los ERE. Mientras el Gobierno ha denunciado y ha colaborado con la Justicia para llegar al fondo y para que lo más rápidamente posible se castigue a los culpables y se recupere el dinero defraudado, dijo, existen numerosas evidencias de que el PP andaluz sólo tiene un "interés espurio que busca sacar un beneficio partidista" de este caso, sin "que realmente esté colaborando en investigar a fondo el mismo". Todos los escritos que el PP presentó en el juzgado que instruye el caso "buscan más implicar a los diversos responsables políticos". "Obsesivamente a mí, que descubrir a los verdaderos autores del fraude", lamentó. 

Griñán manifestó que es su deber y su derecho democrático comparecer, "comprometido con la verdad y con el control parlamentario" e indicó que nadie puede decir, sin mentir, que su Gobierno haya dado la espalda a la cuestión, que haya obstaculizado el conocimiento de la verdad, o que haya amparado a personas o cargos públicos que hayan actuado de forma ilícita. Asimismo, el presidente apuntó es totalmente "contrario a judicializar la política", pero que lo es mucho más a "politizar la Justicia", algo que, según indicó, parece que está ocurriendo en los últimos tiempos.

"El fraude que se ha podido perpetrar es de una enorme gravedad y no admite paliativos, pero a partir de él, lo que se puede hacer es reconocer errores, tratar de reparar el daño, y mejorar día a día los procedimientos", según Griñán. Agregó que el hecho de que la oposición trate de obtener réditos políticos no es censurable, pero sí lo es que se haga "faltando a la verdad, mintiendo, con medias verdades o tratando de implicar las más altas instancias del Gobierno sin fundamento alguno".

Defensa de la partida 31L

El presidente advirtió, desde la "indignación" que le produce este caso, que "por mucha tinta que se vierta o por muchas falsedades y mentiras que traten de arrojar" sobre su persona, sobre su Gobierno o sobre el PSOE, "no van a conseguir manchar ni detener unas trayectorias tan limpias y decentes de muchos años". La corrupción, remachó, "nunca es justificable, sino que merece la condena más rotunda, esté donde esté y afecte a quien afecte". 

El jefe de la Junta recordó todas las actuaciones de "colaboración" de la Junta con la jueza instructora, Mercedes Alaya. Colaboración que, dijo, no implicaba necesariamente "una absoluta conformidad con todas las actuaciones judiciales". No obstante, se congratuló de que la magistrada haya decidido seguir el "rastro del dinero" defraudado para esclarecer los hechos. Al tiempo, negó los bulos que ha intentado propagar, como que se hable de un "fondo de reptiles" –expresión que en un principio utilizó uno de los presuntos cerebros de la trama, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero–. Ni tampoco las ayudas sociolaborales eran ilegales ni era un fraude que afectaba a todo un programa presupuestario, sino una malversación de parte de los recursos públicos destinados a empresas en crisis. 

En la comisión de investigación abierta el año pasado a instancias de IU, se puso de manifiesto, según Griñán, que los fondos incluidos en la partida 31L eran aprobados por ley, con objetivos señalados también en la ley; sus modificaciones se hicieron conforme a la ley, y con todos los informes y documentación preceptiva; la Intervención General de la Junta manifestó discrepancias sobre el procedimiento seguido por Empleo, sin advertir fraude ni menoscabo de fondos públicos, y el destino de los recursos se planteó siempre para atender necesidades vinculadas con graves problemas de crisis empresarial.

IU: el PP, "obsesionado con los ERE"

A continuación salió a la tribuna el portavoz parlamentario de Izquierda Unida. José Antonio Castro aseguró que su formación no permitirá que un "pasado podrido", el caso de los ERE, pueda afectar al "presente" caso de los ERE, al pacto de gobierno entre IU y PSOE. Incidió en que su grupo confía en Griñán y apoya su Consejo de Gobierno –del que es vicepresidente el líder regional de la federación, Diego Valderas–: "Usted es la máxima expresión y el máximo representante de un compromiso que se plasma en un acuerdo de gobierno fundamentado en 250 medidas y 28 leyes". 

El portavoz parlamentario de IU, que dijo que su formación cree que hay que estar "tranquilos" y no responder como "un resorte al primer ladrido", se mostró convencido de que el PP andaluz tiene una "obsesión" que consiste en que la agenda política esté marcada por los ERE y en la "destrucción política" del presidente de la Junta. "Le ha tocado a usted ese sambenito", añadió. También es una "obsesión" del PP-A, a juicio de Castro, "la siembra de insidia y de cizaña política" en torno a IU, con el objetivo de "desestabilizar e intentar romper un Gobierno". Ha querido dejar claro que la federación está "tranquila, porque está libre de polvo y de paja. "Y sin preocupaciones por un pasado ajeno a nosotros y un presente del que somos protagonistas".

Castro, que ha agradecido la comparecencia del presidente de la Junta y ha asegurado que con actitudes como la suya muestra la confianza y el talante democrático que no pueden mostrar otros, ha insistido en que la verdad del caso de los ERE tiene que conocerse pronto y que este caso no tapa al de Bárcenas, "ni viceversa". "Ambos son sumamente graves, aunque vaya por delante que la Fiscalía ya aprecia posible financiación ilegal del PP en el caso Bárcenas", apuntó Castro, quien criticó las "dos varas" de medir del PP regional y de su presidente, Juan Ignacio Zoido, a quien ha situado en una "permanente guerra sucia". "Da la impresión de que Zoido está muy a gustito en el revival de los ERE y que no sabe vivir sin la jueza Alaya", señaló. 

Asimismo, garantizó que con IU en el Gobierno andaluz no volverá a ocurrir un caso como el de los ERE, pero que si se cometieran prácticas similares, "se actuaría de manera rápida y transparente". "Esta es la garantía que ofrece IULV-CA a esta Cámara y a todos los andaluces: no permitir que un pasado podrido pudrir el presente, algo que el PP no puede hacer", expresó. Tras pedir que se deje trabajar a la Justicia y que ésta actúe con agilidad, el portavoz parlamentario de IU expresó el deseo de su formación de que todos los responsables de este caso de corrupción, "el mayor de toda la democracia en Andalucía", paguen por lo sucedido. En su opinión, los andaluces necesitan que este fraude se cierre "porque el pueblo empieza a estar harto y con razón".

Castro centró buena parte de su intervención en poner en valor la propuesta de dictamen presentada por el presidente de la comisión de investigación creada en el Parlamento, Ignacio García (IU), en la que se pedían responsabilidades políticas para los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y que fueron rechazadas por PSOE-A y PP-A por "motivos partidistas".

"Todos los miembros del Gobierno conocían el sistema"

Zoido, mientras, exigió nuevamente a Griñán que asuma su "responsabilidad política" en el caso de los ERE por ser él el que "cebó" el denominado como 'fondo de reptiles', permitiendo así el establecimiento de una "organización criminal" en torno a ese asunto. "Y lo dice la Guardia Civil, no lo dice el PP-A", le avisó en diversas ocasiones durante su turno de intervención.

El líder del PP regional enumeró una docena de razones que, a su juicio, "avalan la responsabilidad política del presidente, por acción u omisión, en el mayor escándalo de corrupción de la democracia". Las dos primeras son que "conocía el sistema del fondo de reptiles desde el origen" porque ya en 1994-95, siendo ministro de Trabajo, corrigió las concesiones "para darle concurrencia, publicidad y objetividad". Pese a ello, no trasladó a la Junta esta modificación cuando volvió como consejero ni tampoco siendo presidente, por lo que el PP-A cree que "sólo cuando se vio acorralado por la investigación judicial dictó la Orden Reguladora de las ayudas sociolaborales de abril de 2011".

Como tercera razón que hace "responsable político" a Griñán, el conservador le lanzó que "todos los miembros de los Consejos de Gobierno conocían el sistema" por el que se otorgaban de forma "irregular" estas ayudas según han apuntado tanto la Guardia Civil como el ex interventor general Manuel Gómez. El también alcalde de Sevilla argumentó que era Griñán quien "controlaba las finanzas y el gasto público" como consejero de Hacienda y el que hizo modificaciones presupuestarias por importe total de 126 millones de euros.

En su etapa como presidente del Gobierno andaluz, Zoido vinculó su "responsabilidad política" al mantenimiento en sus respectivos cargos del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández (imputado y que ha pasado por prisión); al viceconsejero Agustín Barberá (imputado); al director general Juan Márquez (imputado) y de nombrar como director general a Daniel Rivera (imputado). "Y es responsable también de ratificar en su cargo al entonces delegado de empleo, Antonio Rivas, imputado en el escándalo de los ERE y condenado por el caso Mercasevilla", añadió.

Otras razones esgrimidas para exigir a Griñán "responsabilidad" –que no dimisión, palabra que no ha usado durante toda su intervención pese a que su Grupo Parlamentario ha vuelto a pedir esta mañana– fueron que mantuvo en su cargo a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, después de que esta admitiera públicamente que le había ocultado el informe de la Intervención General con las advertencias acerca de la irregularidad del sistema; que impidiera "hasta en siete ocasiones" la celebración de una comisión de investigación y que "mintiera" en ella al asegurar que desconocía la ilegalidad de las ayudas a los Ayuntamientos con cargo al fondo de reptiles; que el exconsejero de Empleo Manuel Recio interfiriera en la labor de fiscalización de la Cámara de Cuentas para "mutilar" un informe inicial que le señalaba como responsable de "desviar el dinero" y, finalmente, que redujera "el escándalo a tres o cuatro golfos" cuando, a día de hoy, "ya son 75 imputados, siete de ellos altos cargos de la Junta, y más de una veintena de detenidos y varias personas en prisión".

Zoido tuvo palabras para el vicesecretario general del PSOE regional, Mario Jiménez (que intervino antes que él), para advertirle de que no iba a hacer "ninguna valoración" sobre el hecho de que "haya quebrado los principios de la división de poderes". Además de para el PSOE-A, también aludió a IU, y en concreto a Valderas, a quien reprochó el "paso atrás" dado en sus acusaciones a Griñán "tan sólo dos años y un pacto" antes.

Griñán vuelve a defender su honorabilidad

Griñán cerró el debate. Durante su turno de réplica, remarcó que no hay nadie que le pueda hacer un "solo reproche" durante sus años como servidor público, y volvió a lamentar las "mentiras" de Zoido. "No es lógico que un jurista" como el presidente del PP andaluz, "falte a la verdad y vulnere las normas básicas del derecho para construir una acusación".

En este sentido, le recriminó "lindezas" como que el presidente de la Junta es el "cajero" de los ERE o que vive pendiente de que alguien tire de la manta, cuando precisamente lo que ha hecho su Gobierno es pedir acusación, afianzamiento o imputación. "Lo que no puede hacer es despreciar al derecho, prejuzgar, condenar y faltar a la verdad", remachó. Asimismo, aseguró tajante que el PSOE andaluz no se ha financiado a través de la trama y preguntó a su rival si podría decir "si lo de Bárcenas no financiaba la operación Gürtel al PP". 

El Grupo Parlamentario Socialista de Castilla-La Mancha ha presentado este martes el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, en vigor desde el pasado 1 de enero, que eliminó la dedicación exclusiva de los diputados autonómicos en el Parlamento regional y les dejó sin retribución mensual fija, tal y como quería la presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero; el portavoz del PSOE en las Cortes regionales, José Luis Martínez Guijarro; y el secretario general del Grupo Parlamentario del PSOE en el Senado, José Miguel Camacho, han sido los encargados de dar registro de entrada del recurso.

En noviembre del año pasado, los socialistas anunciaron que estudiarían la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la proposición de ley del PP que buscaba suprimir los sueldos de los diputados, al considerar que la iniciativa vulneraba los artículos 71.4 y 23.2 de la Constitución española. Días más tarde, el PSOE avanzó que sus parlamentarios presentarían 21 recursos de amparo, tantos como diputados que se quedarían sin dedicación exclusiva, ante el Tribunal Constitucional y que, en caso necesario, agotarían la vía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) y acudirían al Tribunal Europeo de Estrasburgo como grupo parlamentario.

La modificación del Reglamento del Parlamento regional fue aprobada el pasado diciembre en el pleno de las Cortes, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, y como consecuencia, en la actualidad, sólo tienen dedicación exclusiva los cinco miembros de la Mesa y los dos portavoces. Un total de 42 diputados autonómicos sin dedicación exclusiva ingresan los 955 euros que les corresponden como indemnización y 150 euros más en concepto de dieta cuando acuden a un pleno o a una comisión.

Eso era noviembre. El 7 de febrero, Posada remitió una carta a los portavoces de los grupos para que le hicieran llegar propuestas, ideas. Algo más se empezaba a mover. Este martes, el presidente del Congreso trasladaba que su intención era convocar la Comisión de Reglamento para abril. Y en paralelo, el PP urgió a que se activasen los mecanismos para cumplir la propuesta de resolución sobre transparencia y lucha contra la corrupción que aprobó el pleno en el debate del estado de la nación. 

Este jueves, Izquierda Plural presentó, como hiciera hace seis meses, sus propuestas para "revitalizar el papel del Congreso". Algo que, como subrayó el primer portavoz adjunto del grupo, José Luis Centella, es a día de hoy "imprescindible, dada la pérdida de credibilidad que están sufriendo las instituciones". ¿Cómo atender pues a las peticiones de "más democracia" de los ciudadanos? IU-ICV-CHA recoge una serie de medidas y, de ellas, la más llamativa es esta: la posibilidad de celebrar "encuentros en sede parlamentaria, abiertos a la ciudadanía" con los diputados. "Podría establecerse que el Día de Puertas Abiertas, los distintos portavoces de los grupos contestasen a preguntas formuladas por los ciudadanos desde el mismo hemiciclo", reza el texto. 

La regulación de los 'lobbies'

Entre otras medidas, figuran la ampliación de las competencias de la Comisión de Peticiones –para permitir la explicación de personas, colectivos e instituciones y deje de ser un mero "buzón de reclamaciones"–, la regulación del debate del estado de la nación para que no quede al albur de la decisión del Gobierno, dar mayor facilidad para exigir la comparecencia del presidente, el aumento de los cupos de preguntas e iniciativas de los grupos de oposición o una nueva retribución de los diputados, para que se equipare con los niveles de la Administración. 

Izquierda Plural espera que "en uno o dos meses" los grupos sean capaces de culminar sus trabajos y elevar al pleno una amplia reforma del Reglamento de la Cámara, que data de 1982. El PP está de acuerdo con una mayor apertura del Parlamento a la sociedad, y aboga por regular los lobbies, aplicar a sus señorías las normas de transparencia y poner en funcionamiento una eterna propuesta: la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Tras la Semana Santa, se verá qué posibilidades de acuerdo hay y si, como en otras ocasiones, se cruza una demanda que ha hecho imposible la reforma en pasadas legislaturas: el uso de las lenguas cooficiales.

El "error", el "grave error" de Ponferrada "se ha corregido". Óscar López, cuando compareció ayer en la sede federal del PSOE con gesto contrito, en una de las ruedas de prensa quizá más difíciles de su carrera política, ante una sala ávida de información y de explicaciones, se aplicó en subrayar que lo peor había pasado, que esos "señores" se habían dado de baja del partido y que el partido, por tanto, ya no gobernaba la ciudad leonesa. En efecto, los socialistas han sufrido la amputación de su grupo municipal, han perdido la alcaldía, han perdido a su alcalde, Samuel Folgueral, y de camino se ha zambullido en una sonora crisis interna y en un nuevo cuestionamiento de la autoridad del líder. 

Pero la historia no ha concluido todavía. Porque el relato oficial se pierde y se hace oscuro en los días previos a la moción de censura pactada con Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), la formación con la que el acosador sexual Ismael Álvarez retornó a la política en 2011. Y más difuso queda todavía el cronograma del viernes negro, el 8 de marzo, Día de la Mujerviernes negro, cuando el PSOE pasó de justificar el acuerdo en la localidad a reprobarlo, en cuanto Alfredo Pérez Rubalcaba fue "consciente" de los "pormenores" del asunto. Un elemento clave en la riada de hechos que atropelladamente se sucedieron ese día fue la intervención y presión de la federación andaluza, la más poderosa del PSOE, y singularmente de su líder, José Antonio Griñán. 

La mañana amanecía con la previsión en todos los medios. Ya se conocía qué iba a pasar: que Folgueral asumiría el poder gracias al apoyo imprescindible de Álvarez en una moción de censura que iba a discutirse en el pleno del Ayuntamiento a partir de las 12 horas, bajo la condición "inexcusable" de que el propio Álvarez dejara el Consistorio en cuanto se consumara el cambio de color del Gobierno local. Un grupo de militantes de León había advertido su rechazo en las jornadas anteriores, recordando que no se podía violar la máxima de "tolerancia cero" con la violencia de género. A las 11.13 horas del viernes, la diputada Carme Chacón lanzaba un tuit (en castellano y en catalán). Fue este: 

La voz de alarma de la ministra de Defensa de las 11.13 –Twitter refleja en la reproducción una hora menos, la hora GMT– fue replicada por las agencias y las webs. Al poco comenzó el pleno en Ponferrada en medio de una gran expectación mediática. Pasada las 13 horas, Folgueral ya era alcalde. Con el voto de Álvarez, claro, quien prometió que al día siguiente, sábado, renunciaría a su acta de concejal. A las 15.53, en los correos de los periodistas que cubren la información del PSOE, entró una nota de prensa: "Desde hoy hay un alcalde socialista en Ponferrada y un acosador menos en política". Ferraz bendecía así oficialmente la moción de censura. 

Tuits de Rubiales, Díaz y Caravaca

El revuelo en las redes sociales ya era patente. A las 13.17, Amparo Rubiales, presidenta de los socialistas andaluces, mujer de la máxima confianza de Griñán e ilustre feminista, comenzaba a "impugnar" la operación de Ponferrada, primero retuiteando un mensaje genérico a favor de la igualdad de Griñán y después resaltando su condena sin ambages: 

Los mensajes no podían pasar sin pena ni gloria. Procedían de la histórica Rubiales. En esas primeras horas de la tarde, López telefonea a Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), según confirmó a infoLibre un alto responsable de la federación. El secretario federal de Organización explica lo sucedido en Ponferrada y Jiménez responde que "no era compartido por Andalucía" y le avisa de que el PSOE-A "seguirá defendiendo su posición" en todos los foros, "donde hiciera falta". El número dos de Griñán le traslada que el PSOE-A estaba "impugnando" la moción que "nunca tenía que haberse producido" y que lo que opinaba Rubiales "lo opinaba igual hasta el último militante de Andalucía". Queda claro, como no podía ser de otra manera, que el partido apoya a Rubiales o, mejor dicho, que sus mensajes gozan del pleno visto bueno del jefe de la Junta. 

A las 18.36, Susana Díaz, consejera de Presidencia de la Junta, secretaria provincial de los socialistas sevillanos y mano derecha de Griñán, escribe en Twitter: 

19.16. María Teresa Caravaca, mujer de Griñán, avisa: 

Rubiales le contesta: "¡Di que sí! Eso es". Como ayer dijo Griñán, la presidenta de los socialistas andaluces había estado movilizando el partido y expresando desde el primer minuto su discrepancia.

Jiménez participa en la tarde del viernes en un acto de partido en Huelva. Mismo mensaje, como martillo pilón: el Gobierno de Ponferrada, sostiene, no va a "merecer la pena" porque está "manchado" por la sombra de "una persona que ha sido capaz de ejercer el acoso contra otra". 

Los máximos escuderos del partido en Andalucía han dictado sentencia. Griñán también lo hace. Llama a Rubalcaba, según ratificaron a infoLibre fuentes próximas al presidente de la Junta. Le dice lo mismo, que Andalucía no tolerará esa moción y que debe dar marcha atrás.

A las 19.50, comunicado de Rubalcaba. Exige "rectificar" la decisión de la moción de censura y declara que "no comparte cómo se han hecho las cosas". Según el relato de López, es en torno a esa hora cuando el secretario general fue "consciente" de todos los "pormenores" y determinó cortar de raíz la polémica.

¿Fue la intervención del jefe del Ejecutivo andaluz absolutamente determinante? Un alto cargo del PSOE-A cree que Rubalcaba "ya iba a ordenar la rectificación en cualquier caso", después de escuchar y conversar con muchos otros cuadros, pero sí había recibido de forma nítida "la posición de Andalucía", el territorio de más peso en todo el partido. También Elena Valenciano y Purificación Causapié, dos mujeres en el máximo nivel de dirección, habían trasladado su disgusto con la moción desde días atrás. 

López no se quiso pronunciar ayer en rueda de prensa en Ferraz sobre esa llamada de Griñán. Posteriormente, su entorno no quiso ni confirmar ni desmentir la conversación con Jiménez. 

Comparecencia "honesta y valiente" de López

El secretario de Organización, que ha asumido en primera persona todos los costes de la desastrosa gestión de lo ocurrido en Ponferrada y ayer dio "la cara", como subrayó, apuntó que había puesto su cargo a disposición de la dirección, y esta le había arropado y rechazado su dimisión. "Ha recibido un apoyo unánime –sostenía horas después de la comparecencia un miembro de la cúpula–. Ha sido un error grave y se ha rectificado, y eso es lo importante. Debemos sacar una lectura en positivo de este desastre, que ha sido muy doloroso, y es que todos asumimos que la igualdad importa y mucho, que a la gente le duele lo mismo que a la corrupción, y eso hace 20 años no ocurría". Otra dirigente lo ratificaba: "Respaldamos la labor de Óscar. Él ha dado la cara y no es fácil. Errores los cometemos todos, y todos somos responsables de lo que ha pasado por no haber estado más encima". 

Los integrantes del aparato calificaban de "honesta y valiente" la intervención de López, y rechazaban la tesis de que a la larga el batacazo de Ponferrada le mermaría poder. Ni siquiera porque, según anunció el secretario de Organización, se revisará el protocolo de toma de decisiones, para que en los temas delicados se consensúe la salida de forma colectiva. "Habrá más cooperación, más coordinación, más colaboración. Pero no se plantea si pierde o gana. En el equipo hay buena relación, buen ambiente". 

Andalucía, mientras, dice "respaldar" las decisiones de este fin de semana de Rubalcaba y las disculpas dadas por López. Sin embargo, Griñán advertía esta mañana de que quería una explicación de lo ocurrido en los órganos del partido. Tomás Gómez, el barón madrileño, insistía en su idea del domingo, que el "grave error" de Ponferrada debía acarrear "dimisiones" en la cúpula. 

"El PSOE ya no gobierna en Ponferrada", constataba López ayer. Distinto es que el caso no tenga mayores secuelas. 

En su intervención inicial durante el debate sobre el estado de la nación, Rubalcaba ha explicado que las "tensiones territoriales" que se han puesto de manifiesto en los últimos meses, sobre todo a raíz de las pretensiones soberanistas de la Generalitat de Catalunya, hacen necesarios cambios en la Constitución para que ésta recoja las "singularidades" de las comunidades autónomas.

"De paso", ha añadido, se podría aprovechar este proceso para avanzar hacia un modelo federal con el que quedaran delimitadas las competencias del Estado y las comunidades autónomas para así "evitar duplicidades", convertir al Senado en una verdadera Cámara de representación territorial y cambiar el sistema de financiación para "defender la igualdad de los españoles vivan donde vivan".

Una comisión independiente

En cuanto a la reforma del sistema electoral, Rubalcaba ha propuesto cambiar la ley para hacer unas circunscripciones electorales más pequeñas y desbloquear las listas de los partidos para así acercar los ciudadanos a la política y "fomentar su participación". Por último, el líder de la oposición ha sugerido al presidente del Gobierno la creación en el Congreso de una "comisión independiente formada por personas de reconocimiento general" que se dedique a hacer un "diagnóstico" de la corrupción política y proponga "vías de solución" para evitar esta lacra.

Se trata, ha dicho, de buscar soluciones "fuera" de lo que los políticos no han podido hacer "dentro". A su juicio, los ciudadanos "no están contra la política, sino contra la mala política" y lo que quieren son partidos "más transparentes, más honestos y más cercanos".

Crear empleo primero para "estimular el crecimiento"

En materia económica, Rubalcaba ha propuesto al Ejecutivo que destine la mitad del dinero que anualmente recauda por la lucha contra el fraude fiscal a crear empleo. Le ha pedido que cambie las prioridades de sus políticas económicas, y le ha señalado que el objetivo debería ser, "en lugar de lograr el crecimiento para crear empleo, empecemos creando empleo para estimular el crecimiento".

En ese sentido, ha explicado que la mitad de los 10.000 millones de euros que el año pasado se recaudaron por lucha contra el fraude vayan "por ley, obligatoriamente", a combatir el desempleo. Particularmente, ha mencionado la posibilidad de diseñar nuevas ayudas para las empresas que no despidan, o crear bonificaciones a quienes contraten nuevos trabajadores.

Además, parte de esos fondos también podrían servir para "proteger mejor a los parados" a través de una mejor dotación de la Renta Activa de Inserción o del Plan Prepara; así como para aumentar los recursos con los que contará el Plan de Empleo Juvenil. En este punto, Rubalcaba ha criticado que se destinen 800 millones de euros a ese nuevo programa "cuando hay quitado 4.000 millones" a las políticas activas de empleo en los dos últimos presupuestos. "Tiene que rectificar y dar más dinero al Plan de Empleo", ha insistido, añadiendo a renglón seguido que "para crear empleo hay que empezar por suspender los aspectos más dañinos de la reforma laboral y abrir el diálogo para acordar un nuevo marco laboral".

Asimismo, ha planteado al Gobierno que se garantice por ley que una parte del Producto Interior Bruto (PIB) de España vaya destinado "obligatoriamente" al Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la crisis que afecta al actual sistema sanitario. 

"Deberíamos garantizar por ley que haya una parte de nuestro PIB que se dedica obligatoriamente a la sanidad", ha señalado, al tiempo que ha pedido que en el Congreso se apruebe una ley sanitaria que avale un sistema "universal", "sin barreras de acceso", y "descentralizado", de modo que "se garantice la movilidad de los enfermos y de los profesionales". A su juicio, debido a que "el sistema nacional de salud ha sido una conquista colectiva", la sanidad "no debería estar sometida ni a vaivenes políticos ni a la jurisprudencia o el arbitraje del Tribunal Constitucional".

Por otra parte, ha pedido que se implante la financiación selectiva de medicamentos y se permita la subasta de medicamentos como una fórmula para ahorrar, "una fórmula para pedirle a la industria farmacéutica un esfuerzo en lugar de solicitar el copago a los pensionistas", ha apostillado. "Si ustedes se empeñan en seguir privatizando hospitales nosotros emplearemos todos los medios a nuestro alcance para impedirlo y cuando gobernemos los volveremos a hacer públicos; si ustedes se empeñan en seguir cobrado a los pensionistas, nos vamos a oponer frontalmente en esta cámara y cuando gobernemos recuperaremos sus derechos; y si se empeña en seguir mantenido colectivos excluidos de la sanidad pública nosotros lo vamos a denunciar, y cuando recuperemos el poder, que será pronto, volveremos a recuperar los derechos de esos colectivos", ha adelantado.

Garantía de la sanidad

"Deberíamos llegar a un acuerdo sobre todo esto", ha señalado el líder de los socialistas. En su discurso, ha denunciado la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos, y ha echado en cara al Gobierno que valore la sanidad por lo que cuesta y no por el sufrimiento que evita. "El valor de la sanidad se mide sobre todo en la cantidad de miedo, dolor y sufrimiento que evita y han conseguido que haya personas mayores que abandonan sus tratamientos porque prefieren dedicar el dinero de sus medicamentos en dar de comer a sus familias", ha advertido.

Así, ha recordado que "ninguna persona tendría que añadir al sufrimiento de la enfermedad el miedo a ser una carga para los suyos", le ha advertido, del mismo modo, que le ha echado en cara que su Gobierno haya expulsado a "colectivos enteros" de la cobertura sanitaria, impuesto el copago de medicamento y reducido las prestaciones del sistema sanitario.

Rubalcaba ha dedicado parte de su discurso a denunciar la externalización de los servicios sanitarios de hospitales públicos, y ha denunciado que el PP "llevaba años buscando el negocio de la sanidad", como muestra el que algunas de las comunidades autónomas dirigidas por él se hayan "embarcado" en una privatización de los centros y hospitales. "El objetivo de la sanidad pública no es que alguien gane dinero, es curar a los ciudadanos tengan o no tengan recursos sus familias", le ha recordado a Rajoy, señalándole que este discurso es el que "llevan diciendo hace algún tiempo los pacientes y los profesionales de los hospitales".

A su juicio, el modelo sanitario que pretende el Gobierno está apoyado por la privatización y la ruptura de la universalización, y significa "un cambio de modelo sanitario que es hospitales privados para enfermos baratos y hospitales públicos para crónicos y enfermos caros". "Doble red sanitaria: hospitales de primera para los asegurados de primera y hospitales públicos depauperados para el resto de los ciudadanos", ha denunciado, al tiempo que le ha advertido de que "están construyendo una sociedad dual cuyos efectos va a pagar la sociedad durante mucho tiempo".