Hace 50 años, el 11 de agosto de 1976, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno desde el mes anterior, se reunió con Felipe González, secretario general del PSOE. Aquel encuentro (uno entre los muchos de aquel hervidero de relaciones entre contrarios) muestra la importancia de la iniciativa política para marcar el curso de los acontecimientos o ser arrastrados por la corriente. Sobre todo en las situaciones críticas, en los tiempos convulsos e inciertos, cuando el liderazgo se mide por la capacidad de dirigir las filas propias e influir en las ajenas.

Aquellos lo eran.

El régimen franquista había perdido la iniciativa desde 1973, cuando la crisis económica agudizó su descomposición política. El año 1975 evidenció que su pervivencia solo podría imponerse a través de la represión, el control de la calle y la violencia.

La sucesión en la jefatura del Estado —de un dictador a un rey, en una España que no se sentía monárquica— era un problema y también una oportunidad, no resolubles en un acto.

El primer Gobierno de Juan Carlos I (un intento de retomar la iniciativa perdida) había sido tumbado; pero el rey seguía siendo el único pivote sobre el que intentar agrupar a las diversas familias del régimen.

Juan Carlos I, esta vez a través de Suárez, tenía que intentar de nuevo tomar la iniciativa.

Era más difícil que en diciembre de 1975.

Ahora, enfrente, había una alternativa pacífica en ciernes: la lábil alianza plasmada en Coordinación Democrática (CD), resultante de la fusión a comienzos de abril entre la Junta (debida a la iniciativa del PCE en 1974) y la PCD (debida a la iniciativa del PSOE, en 1975).

Además, a Suárez, presidente desde el 3 de julio, no se le dio tregua alguna. La iniciativa cívica de movilizaciones en la “Semana por la Amnistía” (del 5 al 11 de julio) exigía una que fuera completa; cuya conquista conllevaría, de hecho, el ejercicio de las libertades de reunión, manifestación y asociación.

Consecuencia de aquello fue el Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre Amnistía. Sus preceptos legales no contenían la exigida por las movilizaciones, aunque su preámbulo presentaba a la corona como símbolo de reconciliación; y las medidas de gracia como una muestra de que España se dirigía “a una plena normalidad democrática”.

Coordinación Democrática valoró ese real decreto-ley en su comunicado del 7 de agosto, destacando que “a pesar de sus limitaciones, algunas graves, es un hecho importante en el camino a la distensión política nacional”; después señalaba que el éxito cuantitativo de las movilizaciones, su actitud pacífica, el apoyo mayoritario de la prensa, de la Iglesia y de la opinión internacional habían sido los factores “determinantes para que este Gobierno, a diferencia del anterior, y a pesar de algunas resistencias internas, haya asumido la importancia política de esta reclamación popular, aunque sin llevarla a sus plenas consecuencias”. Finalmente, CD se atribuía “la autoridad que le confería ser la expresión de las fuerzas democráticas mayoritarias en el Estado”, anunciaba la continuidad de la movilización por la amnistía total y por la libertad para todos los partidos políticos sin exclusiones, e invitaba a los organismos unitarios de nacionalidades y regiones, a hacer efectiva su articulación.

Esa era la coyuntura en que se produjo el encuentro del 11 de agosto entre el presidente y el líder de un partido, tolerado en precario, pero aún ilegal.

Antes, a finales de julio, había habido otro, que no se dio a luz pública. Una entrevista, realizada en la sede oficial de la presidencia del Gobierno, que necesitaba tener un sentido justificado. El real decreto-ley y el comunicado citados se lo daban.

Suárez no era el líder de ninguna de las familias del Régimen. Era el hombre del Rey y de su preceptor, Torcuato Fernández Miranda, franquista desde la sublevación militar; este, en su toma de posesión de la presidencia de las Cortes, discurseó: “Me siento absolutamente responsable de todo mi pasado. Soy fiel a él. Pero no me ata, porque el servicio a la patria y al rey es una empresa de futuro. La clave de mi comportamiento será servir a España en la persona del rey”.

Servir al rey sin atarse al pasado: ese era el eje de la estrategia. Todo lo que hacen Suárez y su Gobierno solo cuenta, en principio, con la fuerza de ese origen y esa vocación. Ni siquiera dispone aún de la Ley para la Reforma Política que le dé la iniciativa legal y vis atractiva para reagrupar filas y marcar curso.

González es el secretario general de un PSOE que solo ha empezado a remontar el vuelo desde Suresnes, 1974. Allí se ha roto el veto a mantener relaciones con el PCE porque desde esa posición no puede disputarle la hegemonía, alcanzada por este en el largo movimiento general contra la dictadura; ni tampoco reagrupar a los socialistas dispersos en numerosos embriones de partido que aspiran a federarse al margen del PSOE. La iniciativa de formar la PCD, con demócratas-cristianos y liberales (base política plural que sustenta la CEE) incorpora a ORT y al MCE, que han roto el monopolio de representación política de la clase obrera movilizada, que se venía arrogando en exclusiva El Partido. Finalmente, ante la creciente movilización obrera y cívica, González se aviene a la fusión de JDE y PCD (donde se encuentra con el PCE) que surge como un factor de presión sobre el Gobierno y como un embrión de posible alternativa.

Suárez, para ganar iniciativa, tiene que empezar malogrando el desarrollo de ese embrión, consiguiendo que las evidentes diferencias políticas entre sus integrantes les lleven a una respuesta distinta ante las acciones de su Gobierno. También necesita mostrar que, aunque la monarquía se va a mantener, de todas todas habrá elecciones que no serán las de la “democracia orgánica" del Régimen sino las de una democracia liberal que dé cabida en su representatividad no solo a sus familias políticas y a su base sociológica. Unas elecciones tales pueden ser el espacio sobre el que proyectar la iniciativa de Suárez y la de González.

Porque el PSOE también necesita elecciones. Su partido lo fue de Gobierno en la II República y tiene que mostrar que va a serlo en la democracia por llegar. Pero aún no tiene la hegemonía en las izquierdas, en las bases sociales que las sustentan. Unas elecciones en que pueda contender es el camino más factible a su alcance para conseguirla; y a partir de ahí, pugnar por la hegemonía en España. Para ello necesita que esa hegemonía en la izquierda se la otorgue la voluntad de esas bases, expresada en votos libres, no la condescendencia, el “favor” del poder establecido en unas elecciones con resultados “prefabricados” como se hacía en la restauración canovista. Fraga antes —siendo vicepresidente y ministro de Gobernación— ya se lo ofreció a González —sin éxito— en la entrevista, si no secreta sí algo más que discreta.

De la reunión del 11 de agosto no consta ningún acuerdo concreto.

Nos queda el escueto y ambiguo comunicado de la secretaría de prensa del PSOE: discrepamos del método para llegar a la democracia, mantendremos el diálogo. El comportamiento que González tuvo a partir de aquel encuentro lo esclarecen mejor las palabras que mucho más tarde dijo en un acto conmemorativo de Suárez, 2024, décimo aniversario de su fallecimiento: “Esperaba encontrarme con un hombre del aparato franquista y descubrí un político decidido a cambiar el sistema. Me sorprendió”.

De aquella reunión se ha contado con verosimilitud que Suárez le preguntó sobre la actitud del PSOE ante unas elecciones sin legalización previa del PCE. Así que, en aquella entrevista, hubo un convidado de piedra, Santiago Carrillo, que desde febrero de 1976 había concentrado la actividad de su partido en conseguir su legalización, visto que la de los partidos a su derecha, incluido el PSOE, parecía prácticamente cantada, mientras la del suyo era una línea roja infranqueable, sin torcer antes la voluntad del generalato franco-juancarlista y todo lo más una promesa de futuro a la que, por corto que fuera el plazo, contestaba “para largo me lo fiáis”. Ese zorro no iba a retirarse del empeño diciéndose que las uvas de su legalización “no están maduras”.

Es verosímil que la respuesta de González, maestro de la ambigüedad calculada, hiciera depender su actitud de las circunstancias venideras.

En síntesis: ambos, Suárez y González, no tenían aún una capacidad de iniciativa propia que pudiera marcar decisivamente el curso de los acontecimientos, pero junto a la clara voluntad de desplegarla veían la oportunidad de aumentarla confluyendo progresivamente. Uno para lograr convocar unas elecciones que ganara el partido del gobierno, aún por formar. El otro para ganar la hegemonía en el seno de la izquierda en esas elecciones, requisito imprescindible para lograr después la hegemonía en España. Sus respectivas capacidades de iniciativa no eran contrarias; incluso puede decirse que se interaccionaban positivamente. El peso, la responsabilidad principal, la asumía el presidente del Gobierno y González la aceptaba, chupaba rueda, siempre que pudiera justificar que se avanzaba en la conquista de “parcelas de libertad”. Cuando llegaran las elecciones podría decirle a millones de votantes: "La libertad está en tus manos”. Sería su lema.

De casi todo hace 50 años. Fue el tiempo de la Transición política, referente histórico de nuestra actual democracia. Los líderes de hoy pueden sacar lecciones de ese pasado que tanto invocan; y que aunque es tan diferente al actual, cursaba también marcado por el signo de la confrontación, incluso con sangre en las calles y torturas en las comisarías.

Le planteo al lector: ¿Es necesaria (para la distensión política) y posible una entrevista en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder del partido mayoritario en el Congreso y el Senado en el comienzo de este curso político —que será el último, y breve, de la presente legislatura—?

La necesidad me parece evidente. Se puede expresar con las dos palabras que han marcado este verano: incendios y Ceuta. Mientras el Senado (supuesta cámara territorial) se ha convertido en el flagelo de Sánchez con comisiones de investigación que no descubren ni el Mediterráneo, más de 290.000 hectáreas quemadas por fuegos que las Comunidades Autónomas tendrían que prevenir y extinguir, con la colaboración del Gobierno de España, dado que la crisis climática está agravando todas las dificultades para hacerles frente. En Ceuta, Trump y Netanyahu juegan sucio contra España contando con la colaboración de Marruecos, ¿socio fiable? En todo caso, vecino inevitable. Un verano más largo y tórrido volverá el próximo año y Marruecos y Ceuta seguirán también ahí tras las próximas elecciones.

Además, hay una creciente preocupación ciudadana —aunque sofocada en las redes— que demanda mayor colaboración entre el PP y el PSOE, entre el Gobierno y la oposición.

Sin embargo la posibilidad de ese eventual encuentro parece negada por algunas evidencias.

Feijóo llegó a la presidencia del PP con aires de moderación, pero se ha ido entrelazando cada vez más en la estrategia de deslegitimación de Sánchez, que nació de la iniciativa de Vox.

¿Va a renunciar a esa estrategia cuando tantas encuestas le dicen que junto a Vox contará con mayoría absoluta tras las ya próximas elecciones? ¿Ahora cuando los escándalos de corrupción que afectan al PSOE dan cobertura a esa estrategia radicalmente deslegitimadora? ¿Se atreverá siquiera a ir a Moncloa, temiendo perder votos ante Vox?

Sin embargo, hay un factor que debiera hacerle pensar. Su pérdida de iniciativa ante este partido es cada vez mayor. En su intento de investidura apeló a la Transición (“lo mejor que hicimos, fue porque lo hicimos juntos”), se mostró pactista con el PSOE (“no vengo como líder de ningún bloque “, "iniciemos un diálogo esta tarde... Lo haré desde el Gobierno o la oposición") y afirmó que por sus 33 votos Vox “no exige estar en el Gobierno”. Fallido su intento de investidura, en la de Sánchez dijo “nace de un fraude”, a cuenta de la Amnistía, una medida de distensión política en Cataluña convertida en causa de confrontación en toda España y de distorsión en las relaciones entre los poderes del Estado.

Ahora, ante el proceso electoral que se avecina, dirá lo que quiera pero sabe que Vox no solo le podrá exigir formar parte de ese gobierno, sino que, a instancias del amigo americano, le empujará en la escalada de tensión geopolítica en la que se degradan las democracias europeas.

¿Y Sánchez?

Su ya larga permanencia en el gobierno ha tenido que enfrentarse con situaciones gravísimas (pandemia, guerra en Ucrania y creciente dinámica belicista, Gaza, Irán...). Crisis que demandaban una estrategia de ampliar la gobernabilidad, implicando a la oposición en una colaboración sin incluirse en el Gobierno ni declinar su control al mismo.

Sánchez no quiso, no supo o no pudo. Por eso en las elecciones de julio de 2023 perdió la hegemonía electoral ante el PP. A pesar de lo cual desplegó una iniciativa para volver a formar gobierno mediante una amnistía que era posible y conveniente, aunque negada antes. El modo en que ganó la investidura creaba una base inestable que amenazaba desde su inicio con una progresiva pérdida de iniciativa transformadora, pues el “bloque de la investidura” ni existía ni se haría a lo largo de la investidura.

Así ha ocurrido: aunque un Gobierno y su presidente siempre conservan reductos de capacidad de iniciativa, creando circunstancias, episodios que puedan ser punto de inflexión en la posición de los otros en el curso de los acontecimientos.

¿Llamará Sánchez a La Moncloa a Feijóo para hablar en serio ya que tan difícil resulta hacerlo en el Congreso? Ahora podría interpretarse como un gesto de debilidad, pero también puede ser interpretado como gesto de responsabilidad.

La cuestión a la que ambos se enfrentan es la de si saben descubrir un espacio común para aumentar su capacidad de iniciativa.

No es imaginable ni necesario que de esa eventual reunión surgieran acuerdos concretos. Bastaría con que comenzara a cambiar dos diagnósticos: uno falso (vivimos bajo la dictadura sanchista); y otro erróneo (tenemos una democracia plena que funciona). Si se produjera en ella habría un convidado de piedra: Abascal.

Ayer la disyuntiva era si el curso de los acontecimientos llevaría a la conquista de la democracia o se descontrolaría hasta la violencia del ¡pártalo Dios! Hoy es si nos lleva a una degradación incontrolable de la democracia existente en un escenario geopolítico de guerras.

Quizá ante esa disyuntiva pudieran encontrar ambos un espacio común en el que cada cual podría recuperar su propia iniciativa. No parece posible ese hallazgo si no hablan en serio en la sede oficial de la presidencia.

Tantas veces se ha invocado, venga a cuento o no venga a cuento, "el pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”, que también podría acabar este artículo con esa tesis gramsiana.

Prefiero hoy la frase final del prólogo de urgencia del último libro, La vacuna contra la estupidez, de José Antonio Marina: “El pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece”.

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José Sanroma Aldea es abogado y ex secretario general de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).

En España, un número reducido de grupos familiares y fondos de inversión, a los que se suman los obispos, concentra el control de la mayoría de los medios de comunicación con audiencia nacional. Esa propiedad determina buena parte de las narrativas que consumen millones de ciudadanos a través del papel, la radio, la televisión y las plataformas digitales.

La concentración mediática en España no es una hipótesis: es un hecho documentado por instituciones europeas y académicos, y sus efectos se dejan sentir en la calidad informativa, en la independencia editorial y en la salud de la democracia. El Media Pluralism Monitor (MPM), elaborado por el Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) con financiación de la UE, sitúa al país en riesgo medio-alto en pluralismo, alerta de que la concentración de audiencia supera el 75% en televisión, radio y prensa, y subraya la opacidad en la propiedad.

El deterioro es reconocido también desde Bruselas. La Comisión Europea lo advirtió el 19 de julio de 2026 en su informe anual sobre el Estado de derecho en España. En el mismo sentido, el Liberties Media Freedom Report 2026, publicado en mayo, destaca un avance de la “concentración monopolística” como una de las principales amenazas a la libertad de prensa en nuestro país.

La evidencia académica corrobora el diagnóstico. Un estudio de 2025 (Media Ownership and Transparency in Spain) identifica que un núcleo duro de conglomerados —Grupo Planeta, Mediaset España, Grupo Prisa y Grupo Vocento— ejerce un control sustancial sobre el paisaje informativo, con estructuras de propiedad complejas, gran internacionalización y financiación que dificultan la transparencia editorial. 

Un informe posterior de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en el marco del proyecto europeo EurOMo (2026), confirma que el poder mediático se concentra en cinco grandes grupos (Planeta, Prisa, Media For Europe, RSC y Vocento), con fuerte presencia de inversores extranjeros y actores financieros, lo que complica identificar a los propietarios finales.

Este entramado se asienta sobre vacíos regulatorios y prácticas opacas. La propiedad cruzada de medios no está regulada en España, y cuando las empresas publican su estructura de propiedad, lo hacen de manera tan compleja que resulta incomprensible para el público general. 

Atresmedia, el grupo audiovisual que lidera las audiencias de televisión con Antena 3 y laSexta como canales principales, resume bien esa lógica. Su control reside en el Grupo Planeta, propiedad de la familia Lara, que comparte el mando con los italianos de De Agostini. Planeta se divide hoy en tres linajes de los nietos del fundador: los Lara García, los Lara Hoces y los Falcó Lara. Cada rama posee un tercio del capital. Las tensiones por la posible venta de algunas de esas participaciones han marcado la agenda interna del grupo en los últimos meses.

Vocento representa la fusión de dos culturas periodísticas distintas. Por un lado, la aristocracia monárquica madrileña que dio origen a Abc. Por otro, la prensa regional del norte, con El Correo y El Diario Vasco como cabeceras principales. Las familias Ybarra, Bergareche y Luca de Tena mantienen una presencia histórica en el consejo y capacidad de veto sobre las decisiones clave. Pero el grupo ha vivido un cambio de guardia financiero silencioso. El fondo Cobas Asset Management, de Francisco García Paramés, se ha convertido en el primer accionista individual de Vocento. Su entrada presiona por la rentabilidad y la disciplina de costes en un momento de crisis estructural del papel.

En Cataluña, el Grupo Godó mantiene un modelo de control familiar casi absoluto. Javier Godó es el titular real del holding que edita La Vanguardia y Mundo Deportivo. Tras un relevo generacional planificado, su hijo Carlos Godó asume ya la presidencia ejecutiva del grupo. Godó ha sabido blindar su influencia en el territorio catalán moviéndose, históricamente, cerca de los centros de poder institucional.

Ese control familiar convive con un fenómeno menos visible mediante el cual el capital extranjero decide el rumbo de cabeceras que se presentan como profundamente españolas. Unidad Editorial, responsable de El Mundo, Marca y Expansión, es en un 96% propiedad del grupo italiano RCS MediaGroup. Detrás de esa participación está Urbano Cairo, un empresario que construyó su imperio en la publicidad y el fútbol italianos. Cairo decide hoy el rumbo estratégico de uno de los principales focos de opinión de la derecha española, sin haber ejercido nunca el periodismo.

Un fenómeno similar ocurre en Mediaset España, la matriz de Telecinco y Cuatro. El poder reside allí en los herederos de Silvio Berlusconi. A través de Media For Europe y el holding familiar Fininvest, los hermanos Marina y Pier Silvio Berlusconi controlan la mayoría de los votos. El gigante francés Vivendi, del empresario Vincent Bolloré, queda como actor de presión minoritario tras años de conflictos judiciales entre ambas partes.

El caso de Prisa, editora de El País y la Cadena SER, es quizás el más claro de entrada del capital financiero puro en un medio de referencia. El grupo está bajo el mando de Joseph Oughourlian, empresario francoarmenio y líder del fondo Amber Capital. Su autonomía, sin embargo, está condicionada por una deuda que supera los 750 millones de euros. Esa deuda otorga un poder indirecto pero decisivo a los acreedores del grupo, entre ellos la gestora Pimco, vinculada a su vez a BlackRock. En ese mismo tablero aparece de nuevo Vivendi, cuya participación en Prisa ronda ya el 12% del capital, con aspiraciones declaradas de ampliar su control en el mercado de habla hispana.

Fuera de Madrid y Barcelona, el mapa cambia de escala, pero no de lógica. El Grupo Prensa Ibérica, liderado por Javier Moll, es el máximo exponente de una estrategia construida a base de adquisiciones sucesivas. La compra del Grupo Zeta en 2019 le dio el control de El Periódico y del diario Sport. Con 24 diarios bajo su gestión, Prensa Ibérica domina hoy la opinión pública en doce comunidades autónomas. Opera como un gigante con presencia en todo el territorio, pero con perfil discreto en la capital.

En Aragón, Henneo ha pasado de gestionar el Heraldo de Aragón a convertirse en un conglomerado con proyección nacional. La familia Yarza mantiene el control, con el respaldo financiero de Ibercaja Banco como socio de referencia. En Galicia, la propiedad de La Voz de Galicia ha quedado en manos de una fundación tras el fallecimiento de Santiago Rey, su histórico editor. De esa entidad depende la continuidad del diario como eje de la vida política gallega. En Andalucía, el Grupo Joly mantiene una estructura puramente familiar, con diez cabeceras provinciales que lideran el mercado regional.

En Castilla y León, el panorama mediático se reparte entre dos empresarios con perfiles marcados por procesos judiciales. Promecal está vinculado a Antonio Miguel Méndez Pozo. Edigrup pertenece al constructor José Luis Ulibarri. Ambos mantienen un control férreo de la prensa y la televisión autonómica en sus respectivos territorios, pese a los antecedentes legales que arrastran.

La Iglesia católica también es actor mediático de primer orden. A través de Ábside Media, la Conferencia Episcopal Española controla la Cadena COPE y el canal de televisión Trece. Ambos medios funcionan como herramientas de la batalla cultural de la derecha y la ultraderecha españolas. El holding ha logrado beneficios récord gracias a la radio, pero mantiene una televisión crónicamente deficitaria. Esas pérdidas se cubren en parte con inyecciones de capital procedentes de los excedentes de la asignación tributaria del IRPF. En el accionariado de Ábside figura también el naviero Vicente Boluda como socio estratégico.

La crisis del modelo tradicional y la fragmentación de audiencias han permitido la eclosión de medios nativos digitales, que se dividen en dos filosofías de propiedad opuestas. Un primer bloque actúa como laboratorio ideológico. La Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, adquirió y relanzó gaceta.es con el objetivo declarado de librar una batalla contra lo que llama el “consenso progre”. En una órbita similar se mueven proyectos como edatv.news, controlado por Javier Negre, u okdiario.com, de Eduardo Inda, cuya estructura societaria es a menudo opaca, aunque está vinculada a redes de inversores del ámbito empresarial y la derecha política. eldebate.com representa, en ese mismo espacio, la apuesta de la Asociación Católica de Propagandistas por influir en la agenda conservadora desde el entorno digital.

Frente a ese bloque existe otro grupo de medios digitales que ha explorado modelos de propiedad alternativos para proteger su independencia editorial. En eldiario.es, su director, Ignacio Escolar, es el accionista principal, y gran parte del capital está en manos de los propios trabajadores de la redacción. Publico.es es propiedad del productor audiovisual Jaume Roures. Elsaltodiario.com funciona bajo un modelo de cooperativa en el que los suscriptores son copropietarios del medio y no existen accionistas individuales. infoLibre cuenta con un accionariado dominado por José Miguel Contreras y repartido entre periodistas, lectores y socios editoriales como el francés Mediapart, y destaca como uno de los modelos más transparentes a la hora de identificar quién es su dueño.

El negocio de los medios españoles ya no consiste solo en vender información. Casi todos los grandes grupos han iniciado una huida hacia adelante que los lleva a diversificar su actividad hacia sectores donde su influencia mediática funciona como activo comercial. 

Planeta ha convertido la educación superior en una de sus divisiones más rentables, con universidades como UNIE y escuelas de negocios como EAE presentes en varios países. Henneo ha encontrado su motor económico en Hiberus, una consultora tecnológica que ya factura más que sus periódicos. Vocento se ha expandido hacia la gastronomía, con eventos como Madrid Fusión, y hacia las agencias publicitarias. Godó, por su parte, apuesta por el marketing de experiencias y la organización de eventos corporativos.

Esa hibridación genera conflictos de interés potenciales. Cuando un mismo grupo controla universidades, editoriales, constructoras o consultoras tecnológicas, y a la vez gestiona los medios informativos que deben cubrir esos sectores, la independencia editorial queda sometida a una tensión constante entre lo que el negocio necesita y lo que la información exige.

El resultado es un mapa de la propiedad mediática española donde conviven sagas familiares que luchan por no perder el control, corporaciones internacionales con intereses políticos propios y fondos de inversión que tratan los medios como un activo financiero más. Frente a esa estructura, los digitales independientes representan hoy una fracción de la audiencia total cuyo peso en la conversación pública crece con cada ciclo electoral.

El Partido Popular acude, en materia de Justicia –aunque no solo–, a la brocha gorda y a la hipérbole en su estrategia contra el Gobierno, al que acusa, sin mucho éxito, de vulnerar la Constitución. Lo hizo con la amnistía y perdió. También lo señala por atacar la separación de poderes o la independencia judicial cuando cuestiona procesos con actuaciones judiciales más que dudosas, como la condena al ex fiscal general o el caso Begoña Gómez. Esta supuesta pureza en la defensa de la norma fundamental cede, sin embargo, cuando entran en juego sus intereses partidistas. Y uno de ellos es volver a dominar el Tribunal Constitucional (TC) con una mayoría afín. Al igual que hizo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), provocando una crisis constitucional sin precedentes, hace ya ocho meses que bloquea la renovación en el Senado de cuatro magistrados del órgano de garantías.

Lo escribió en su cuenta de X el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. "Hace ocho meses que el PP incumple la Constitución", señaló Félix Bolaños en su publicación del pasado 17 de agosto. "Ocho meses sin renovar los cuatro magistrados del TC que tocan al Senado con excusas baratas. Con el CGPJ estuvieron más de cinco años incumpliendo la obligación de renovación", prosiguió. Y terminó haciendo referencia a una de las últimas polémica político-constitucionales huecas del partido de Feijóo, que exigió la comparecencia inmediata de cuatro ministros para explicar la crisis de Ceuta cuando el Ejecutivo ya había avanzado que daría las explicaciones pertinentes. "El PP en el Senado: numeritos, muchos; cumplir la Constitución Española, nada", concluyó.

Así pues, para el PP, que el Gobierno se niegue a comparecer en la Cámara que controla, el Senado, en el momento exacto en que sus senadores quieren, es una vulneración constitucional de la obligación del Ejecutivo de someterse al control del Parlamento, por la que su presidente, Pedro Rollán, está meditando adoptar "acciones legales". Acciones legales que ya ha ejercido –planteando un conflicto de atribuciones en el TC– por la incapacidad de Pedro Sánchez de reunir apoyos suficientes para sacar adelante unos Presupuestos. Sin embargo, como decía Bolaños en su tuit, Rollán y los suyos llevan ocho meses vulnerando el mandato que les impone el artículo 159.3 de la Constitución: "Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres". Toca ahora al Senado. Pero se niega a hacerlo.

Y todo indica en que persistirá en su negativa al menos un año más. Así lo vino a anunciar, sin decirlo expresamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cuando le preguntaron por ello en un desayuno informativo. Dijo que su partido no había "podido" iniciar los trámites para la renovación porque había “incertidumbre” por los procesos electorales y, por tanto, tocaba “esperar”. Pero Muñoz también dejó meridianamente claro que la actual mayoría del Constitucional no le gusta, pese a que el PP de Pablo Casado participó en su renovación en octubre de 2021 y eligió a magistrados como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

Justificó el bloqueo –y el incumplimiento por su formación del mandato constitucional de renovar– como si su partido estuviera estuviera prestando un servicio a España: “Ojalá volviéramos a tener un Tribunal Constitucional en el que no todos sepamos de antemano cómo van a acabar las votaciones, en el que las decisiones no terminen siempre con un 7-5 y con magistrados de reconocido prestigio que piensen antes en los intereses de España que en los intereses de quien les ha puesto". El Tribunal Constitucional tiene, por su propia configuración, una clara dimensión política: sus miembros son designados a propuesta de los tres poderes del Estado: el Legislativo (Congreso y Senado), el Ejecutivo y el Judicial.

Si el objetivo del bloqueo durante más de cinco años de la renovación de CGPJ fue no ceder el control de la cúpula judicial a través de los nombramientos a una mayoría de vocales progresista, el bloqueo del Constitucional busca hacerse con la única institución que podría actuar como contrapeso si el PP llegara al Gobierno. En condiciones normales, la mayoría progresista en el órgano de garantías tendría que durar, al menos, hasta 2031, ya que alcanzar los tres quintos de los votos para nombrar a los nuevos magistrados exige negociar a los dos principales partidos, que se suelen repartir dos designaciones para cada uno. La "incertidumbre" de la que hablaba Muñoz para justificar el bloqueo es, en realidad, una expectativa: la de conseguir, por sí mismo o con Vox, los tres quintos de senadores necesarios y así no tener que ceder puestos al PSOE. Eso permitiría nombrar a los cuatro jueces y supondría un revolcón inmediato al juego de mayorías en el Constitucional.

Todas las esperanzas del PP están puestas en las autonómicas de la próxima primavera y las generales, que como muy tarde llegarán en julio del año que viene. Los populares esperan un fuerte batacazo de Sánchez y sus socios que les permita ampliar su mayoría en la Cámara Alta –con o sin Vox– en 11 senadores y llegar así a los tres quintos. Tras sus éxitos en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, un gran resultado en las autonómicas de mayo (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla) podría contribuir a ese objetivo gracias a los senadores de designación autonómica. En la renovación del tercio del Constitucional que corresponde al Senado, son las asambleas regionales las que, en primer lugar, deben proponer candidatos a magistrado.

El control del Constitucional por magistrados afines al PP sería el broche al ciclo de mayor acumulación de poder de la derecha y la ultraderecha en España en democracia. Si se cumplen sus objetivos, además de ambas cámaras, el Gobierno y la mayoría de los Ejecutivos autonómicos, la derecha seguirá controlando el Poder Judicial (donde no ha perdido su influencia tras la renovación de 2024 gracias al nombramiento de Isabel Perelló como presidenta). Volcar el juego actual de mayorías en el órgano de garantías, en el que los magistrados progresistas siguen siendo más, acabaría con el último reducto de poder de la izquierda rompiendo dramáticamente el equilibrio de poder hacia PP y Vox. Y para lograrlo, no basta con nombrar a dos o tres magistrados, algo que no tumbaría la mayoría actual. Necesitan designar a los cuatro.

En la historia de las guerras, la información objetiva brilla por su ausencia. Se ganan o se pierden con dos tipos de armas: las que matan y la desinformación que ayuda a matar. Siempre fue así, desde que un poder se quiere imponer a otro. No se admiten campos neutrales. Uno de los contendientes intentará trasmitir sus noticias —que no información—, pagará por ello, impondrá sus normas y se terminó la cuestión. O conmigo o contra mí.

Pero esta lógica no se limita a los campos de batalla, sino que infiltra en el día a día de la política con la que convivimos y complica la res pública. La lucha por el poder sin ética ni principios puede arruinar a todo un país. Lo estamos viendo en el conflicto de Ucrania o en Palestina. La información es contradictoria dependiendo de las fuentes. Las noticias bailan al son del más fuerte.

En la política mundial, y también en nuestra política diaria, pasa algo similar. Hay un conflicto abierto. Se palpa ese afán del Ejecutivo por gobernar, con unas alianzas que le otorga la mayoría —es su obligación—, frente a una oposición que, peligrosamente, no quiere aceptar la derrota. Es aquí cuando surge el problema: cuando no se aceptan las reglas de juego y las mentiras, los insultos, las medias verdades o, lo que es peor, la ausencia de ética sustituyen a la dialéctica política.

La consecuencia más grave es que falla el ejemplo que la buena política tiene la obligación de trasmitir a la ciudadanía. Sin duda alguna, ese fue el gran fallo de la Transición: no hubo suficiente pedagogía política sobre lo que significa la democracia, que está muy lejos de consistir simplemente en cambiar de chaqueta.

La amnistía catalana, los pactos con el nacionalismo vasco, la gestión de la pandemia, la tragedia ferroviaria en Adamuz o, más recientemente, la entrada masiva de migrantes a Ceuta son utilizados por la oposición al Ejecutivo como armas arrojadizas para dividir a la población, recurriendo con frecuencia a sentimientos patrioteros que enrarecen la política y enfrentan a los ciudadanos.

Pero lo que está ocurriendo en el mundo con falsos líderes populistas alejados de toda ética, que se extienden como una peste y contaminan incluso nuestro país, encuentra también reflejo en la alianza de Feijóo y Vox. Es la actitud del mal deportista que no acepta la derrota, reclama faltas inexistentes o culpa al arbitro.

Es aquí cuando el papel del árbitro, la Justicia, es fundamental. Pero, si hay sospechas de que el árbitro está comprado o, lo que es más grave, el perdedor no acepta las reglas del juego, se crea un campo abonado para que empiece la violencia. El ciudadano es sustituido por el hooligan y hay peligro de trasformar un debate político lógico en una tragedia. Grave irresponsabilidad.

Se denuncia la utilización de la Justicia para bloquear al Ejecutivo y, al mismo tiempo, voces conservadoras estimuladas por la ultraderecha, ponen en duda órganos institucionales que no aprueban sus consignas. Una mala encrucijada que obliga a las fuerzas democráticas a estar atentas.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre

El proyecto de reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional anunciada por el Gobierno fue aprobado el 24 de febrero, pero dos años después de la promesa de la limitación de los anuncios, la nueva regulación –que afectará únicamente a la publicidad procedente de la Administración del Estado pero no de los gobiernos autonómicos o municipales–, no termina de arrancar. Un informe de la Federación de Periodistas Europeos (EFJ, en sus siglas en inglés, que une a asociaciones y sindicatos de los Veintisiete) para la Comisión Europea reprocha además al Ejecutivo que, aunque la reforma esté en marcha, los ministerios y organismos que dependen de él desoyen las peticiones de los periodistas para que publiquen los criterios por los que distribuyen sus campañas dando solo "respuestas genéricas".

La reforma, que se encuentra en un estado todavía embrionario, viene impuesta desde Europa. Su objetivo es adaptar la legislación española al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). El texto aprobado establece un límite máximo en la asignación de esos fondos equivalente al 35% de la cifra de negocio de los medios que los reciban. La finalidad es limitar la excesiva influencia de las administraciones en las redacciones y la proliferación de pseudomedios vendidos a ellas, que en muchos casos, tienen en estas campañas como única fuente de ingresos.

El último Informe del Estado de Derecho de la UE, publicado el pasado julio, y que recoge, entre otras, parte de las aportaciones de la EFJ, explicaba cómo desde la profesión y otros sectores, ante la lentitud de la reforma prometida, se sigue usando la publicidad institucional "para ejercer influencia política (...) especialmente en períodos electorales". Las administraciones siguen dando "un trato discriminatorio" a determinados medios y sigue existiendo "una falta de información pertinente sobre los beneficiarios de dicha financiación y los importes de esta". Según la Comisión, hoy por hoy, existe una "ausencia de criterios justos para la asignación de fondos públicos".

La federación europea –cuyos socios españoles son la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y los sindicatos UGT, CCOO y ELA– explica que, mientras se tramita la nueva ley que modificará la actual, vigente desde 2005, "algunos medios se han quejado y han reclamado al Gobierno que explique los criterios que usa para distribuir su publicidad". Sin embargo, pese a la obligación procedente de la normativa comunitaria (aún no traspuesta), "los ministerios implicados solo han dado respuestas genéricas". La información se ha reclamado por transparencia e incluso ha originado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que todavía no se ha pronunciado.

El texto aprobado por el Gobierno, además de establecer que esta publicidad no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige la inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público, tal y como publicó infoLibre en mayo. Lo que no hace, y ahí está el problema y la principal queja de asociaciones y sindicatos, es regular el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. El Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, riega de millones a sus medios afines.

La edición de 2025 del Informe del Estado de derecho contenía una recomendación a España para que reformara la Ley de Secretos Oficiales. En la de este año, la Comisión considera un "significativo avance" el hecho de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley de Información Clasificada, para reformar la todavía vigente regulación franquista. En su informe al Ejecutivo comunitario, la federación europea asegura, sin embargo, que la iniciativa gubernamental ha sido muy criticada por la amplitud de los plazos para desclasificar determinados documentos.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), aprobado en 2024, obligó también a designar un regulador para los medios de comunicación. El Ejecutivo otorgó esa función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su proyecto de ley de Servicios Digitales prevé la creación en su seno de una dirección de medios de comunicación dotada con 32 nuevos puestos. Los periodistas europeos desconfían, sin embargo, de ese organismo. "Las personas que ocupen su presidencia y sus directivos pueden ser prestigiosos e independientes, pero siempre estarán bajo sospecha al ser nombrados por el Gobierno", sostiene la EFJ, que además se queja de que la nueva dirección no haya sido todavía creada ni dotada de medios para ejercer su función.

En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, la verdad se ha convertido en la primera víctima de la inmediatez. No nos enfrentamos solo a una crisis de datos, sino a un cambio de paradigma en el que el impacto emocional ha desplazado al rigor de los hechos.

Vivimos en la era de la "post-realidad", un ecosistema digital diseñado no para informar, sino para retener nuestra atención a toda costa. El bulo moderno no es un error accidental, es un producto de ingeniería social que aprovecha la lógica algorítmica para encerrarnos en cámaras de eco. Estos sistemas nos rodean exclusivamente de contenidos que refuerzan nuestros prejuicios, haciendo que cualquier dato discrepante se perciba como una agresión. En este escenario, el sesgo de confirmación actúa como el combustible perfecto: preferimos abrazar una mentira reconfortante antes que aceptar una verdad incómoda.

A este fenómeno se suma un salto tecnológico sin precedentes. La inteligencia artificial ha democratizado la creación de evidencias falsas mediante deepfakes y clonación de voz, volviendo lo falso hiperrealista e indistinguible de lo auténtico. Sin embargo, el mayor peligro no radica únicamente en dar credibilidad a montajes, sino en la erosión sistemática de la confianza: cuando todo resulta sospechoso, el ciudadano deja de creer en cualquier prueba, incluso en las legítimas. Esta desconfianza generalizada constituye el terreno fértil para la polarización y el negacionismo, minando las bases del sistema democrático.

Frente a este escenario de intoxicación, la respuesta no pasa por la censura, sino por la higiene digital y la responsabilidad individual. Difundir un contenido sin verificar es un acto con consecuencias directas en la convivencia y la salud pública. En este contexto, la alfabetización mediática deja de ser un complemento educativo para convertirse en una herramienta de supervivencia urbana: aplicar la "pausa táctica", verificar las fuentes y cuestionar aquello que nos provoca una indignación instantánea son los filtros necesarios para contener la viralización de la mentira.

En última instancia, defender la verdad en el siglo XXI exige un esfuerzo activo que no siempre estamos dispuestos a realizar. Si la desinformación es un virus que se propaga a través del impacto emocional, el pensamiento crítico es nuestra única vacuna. Recuperar el valor de la duda y el hábito de contrastar información es, hoy más que nunca, un acto imprescindible de ciudadanía digital.

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Rafael Casado Ortíz es socio de infoLibre.

Las principales asociaciones judiciales conservadoras, a las que están asociados más del 50% de los jueces y juezas españoles, han vuelto a criticar ante la Unión Europea todas y cada una de las reformas judiciales planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, contra las que hicieron una huelga ilegal en julio de 2025. Los tres colectivos –la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Francisco de Vitoria (FdV), segunda en número de asociados, y Foro Judicial Independiente (FJI, que sostiene, en contra del sentir generalizado de la carrera, que no es de derechas)– han vuelto a pintar ante la Comisión Europea un panorama desolador en el que el Ejecutivo atenta sistemáticamente contra la separación de poderes y la independencia judicial, y busca a la desesperada colocar a jueces afines.

Pero en sus contribuciones enviadas a Bruselas para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho de la UE, publicado el pasado julio, destaca, por su hipérbole, la de la FdV. La asociación más numerosa detrás de la APM ha vuelto a comparar la España de Pedro Sánchez con la Polonia de los populistas ultras del PiS que, hasta la llegada del nuevo primer ministro polaco Donald Tusk, fueron un auténtico quebradero de cabeza para la comisión por su deriva antiliberal. Además, el colectivo vuelve a pedir a Europa que intervenga en defensa de la democracia, como hizo en su momento con Varsovia y con la Hungría del iliberal Víktor Orban.

En plena ola de descrédito de la magistratura y con dos encuestas recientes –publicadas por El País y La Vanguardia– que mostraban una percepción muy amplia (sobre todo entre los votantes de izquierda) de falta de imparcialidad de una judicatura muy mayoritariamente escorada a la derecha, las reclamaciones de la Francisco de Vitoria (de centroderecha o moderada) a la Comisión son un dato relevante. En primer lugar porque se trata del segundo colectivo en número de asociados (952), que representan casi el 20% de los 5.431 jueces y juezas españoles. Uno de cada cinco jueces o magistrados pertenece a esta asociación que, sin embargo, carece de representantes en el Consejo General del Poder Judicial.

En Europa, según fuentes de la Comisión consultadas por infoLibre, no entienden estas reclamaciones y comparaciones exageradas con socios en los que el Estado de derecho sí estuvo en franco peligro, como Hungría o Polonia. No es la primera vez que un colectivo judicial conservador español, alineándose con el PP, pide la intervención de Bruselas, con la consiguiente perplejidad del organismo que dirige Ursula von der Leyen. APM, FdV y Foro reclamaron la apertura de un procedimiento sancionador (que hubiera supuesto un recorte de fondos europeos) con la reforma que impidió nombrar cargos a un CGPJ prorrogado en 2021 y más tarde con la ley de amnistía.

El informe enviado por la FdV a la Comisión recuerda que, desde que se creó el informe que supervisa la calidad democrática de los Veintisiete en hace ya siete años, la asociación ha venido advirtiendo "de serios problemas para el Estado de derecho en España que nos parecen similares a los de Polonia", dice el escrito. "Este año se ha consumado la toma de control por el Ejecutivo del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado", añade el colectivo conservador. "Es precisa una intervención urgente para proteger el Estado de derecho en España", concluye. Pese a la insistencia de FdV y el resto de asociaciones de derechas, la Comisión nunca ha adoptado ningún procedimiento de este tipo contra España por falta de calidad democrática. Su órgano judicial, el Tribunal de Justicia (TJUE), no ha apreciado ningún riesgo sistémico para nuestra democracia. Tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que no pertenece a la UE sino al Consejo de Europa.

Como en el caso de las opiniones de las otras asociaciones judiciales conservadoras, la de FdV critica lo que en su opinión, son "ataques permanentes a la función judicial desde el poder Ejecutivo y el Parlamento" que, a su juicio, "erosiona la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y deslegitima su independencia al asimilar a los jueces con la opción política de la derecha o la ultraderecha". Sin embargo, hay datos objetivos que confirman el sesgo conservador de la magistratura, como las elecciones a las salas de gobierno de los principales tribunales que, en su última edición, dieron a la derecha judicial 104 de las 118 plazas en liza. O las sucesivas renovaciones de la Comisión de Ética del CGPJ, la única del órgano de gobierno de los jueces que eligen directamente todos los miembros del cuerpo y en la que sistemáticamente entran candidatos de derecha.

FdV, como el resto de colectivos conservadores, interpreta como intentos de control de los jueces y fiscales las reformas impulsadas por el Gobierno de Sánchez, como la que busca la democratización del sistema de acceso a ambas carreras para hacerlas accesibles a aspirantes de sectores desfavorecidos, la que pretende blindar la independencia de los fiscales o el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará al Ministerio Público la investigación de los delitos, históricamente en España en manos de los jueces de instrucción. Sin embargo, la edición de 2026 del Informe del Estado de Derecho de la UE, desoye tanto los avisos de riesgo sistémico para la democracia como las críticas a los proyectos del Ejecutivo.

Así, el informe europeo, publicado en julio, considera la propuesta de nueva ley de enjuiciamiento y la reforma del Ministerio Fiscal un avance del sistema judicial español. "Ha habido un significativo progreso en la recomendación de fortalecer el estatuto del fiscal general con un proyecto de ley sometido a discusión en el Parlamento", afirmaba su edición de 2026, que valoraba especialmente "que el fiscal general permanezca en el cargo durante un mandato no renovable de cinco años que ya no coincida con el del Gobierno”, una de las recomendaciones de años anteriores, y "que la responsabilidad de dirigir las investigaciones penales pase de los jueces a los fiscales", algo que, según el documento, hará que las causas penales sean "más efectivas". Otro de los aspectos subrayados por la Comisión es la propuesta de reforma de la acusación popular que contiene la reforma, también criticada por los colectivos de derechas, y que, según el Ejecutivo europeo, "busca prevenir los abusos que se perciben".

El documento elaborado y publicado por el Ejecutivo europeo, no toma en cuenta las quejas de los colectivos conservadores en cuanto al sistema judicial. No ve ningún intento de nombrar jueces afines al Gobierno en la reforma del acceso a la judicatura y la Fiscalía sino que entiende que “busca reformar el acceso a esas carreras y estabilizar la situación de jueces y fiscales sustitutos”. De todas las reformas, solo una, la ley de eficiencia, ha entrado en vigor. La norma que acabó con los juzgados unipersonales para convertirlos en tribunales de instancia solo ha generado caos en el sistema judicial, según los colectivos conservadores. Sin embargo, para el Ejecutivo europeo, esa modificación "ha mostrado ya resultados positivos".

La instrucción y el juicio que acabó con la condena por revelación de datos reservados e inabilitación del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mostró "irregularidades" que han generado entre la población "la percepción de una influencia real de la política en el sistema judicial español" y un incremento en la idea de "falta de independencia del Tribunal Supremo". Así lo refleja la contribución de la Fiscalía General del Estado, que dirige Teresa Peramato, para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, que la Comisión Europea publicó el pasado julio. El documento enviado a Bruselas por la jefa del Ministerio Público recuerda "la controversia y las críticas en ámbitos judiciales y legales" que ha recibido la sentencia contra su predecesor. Peramato recuerda a la Comisión que la Fiscalía ha recurrido en amparo la condena ante el Tribunal Constitucional "por la violación de los derechos fundamentales del acusado".

El informe, que evalúa la calidad democrática en cada uno de los Estados miembros de la UE, se elabora en la Comisión con las contribuciones de instituciones y organizaciones nacionales y europeas, que envían los aspectos que más destacan sobre los estándares democráticos de los Veintisiete. El de la Fiscalía General del Estado recoge una actualización sobre el desarrollo y la conclusión del proceso a García Ortiz, ya recogido en la edición anterior. Entre las "irregularidades" que denuncia se encuentra el recorte a la transparencia y publicidad que la Sala de lo Penal del Supremo impuso al que fue el juicio del año. Frente a otros procesos menos mediáticos, su presidente, Andrés Martínez Arrieta, prohibió a los medios la difusión en directo de la señal de la vista e impidió su reproducción via streaming, como se hizo con el juicio a Carles Puigdemont y el resto de dirigentes del proceso independentista catalán o con los casos más importantes que se siguen en la Audiencia Nacional (Gürtel, Kitchen...).

La institución que dirige Peramato subraya que la la condena a García Ortiz "ha sido muy controvertida y criticada en ámbitos judiciales y legales por varias razones". En primer lugar "porque no fue unánime" y los votos particulares que emitieron dos de las magistradas del tribunal –Ana Ferrer y Susana Polo– "se basaron en una grave violación del derecho de defensa del anterior fiscal general" al mantener que las pruebas de cargo contra él fueron "insuficientes", así como que "no todas las pruebas presentadas fueron tenidas en cuenta". La actual fiscal general se refiere, en concreto, a las declaraciones exculpatorias "de varios periodistas", de la Cadena SER, eldiario.es, La Sexta y El País que negaron que García Ortiz fuera su fuente. "El tribunal llegó a mostrar su desacuerdo con esos testimonios y a sentirse amenazado por ellos". Cuando el periodista del eldiario.es José Precedo negó el pasado 5 de noviembre en el juicio que García Ortiz fuera su fuente, el presidente del órgano, Andrés Martínez Arrieta, le respondió: "Una cosa es que no diga la fuente y otra es que nos amenace".

La jefa del Ministerio Público considera, además, que el anuncio del fallo condenatorio 19 días antes de notificar la sentencia condenatoria estuvo "fuera de toda lógica". "La condena se publicó el 20 de noviembre, antes de conocerse el contenido de la sentencia, que no se notificó hasta el 9 de diciembre", subraya la contribución de Peramato a la Comisión. "Los hechos en los que se basaba la condena no pudieron conocerse durante varias semanas", añade el escrito.

Pero además, durante el corto período de deliberación de los magistrados desde el final del juicio hasta que dieron a conocer su fallo (solo cinco días), "varios magistrados rompieron el secreto de las deliberaciones para mostrar en público su posición contra el fiscal general avanzando su condena", prosigue. En ese breve espacio de tiempo, el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, dijo en un curso del Colegio de la Abogacía de Madrid (que actuaba como acusación popular en el proceso) que tenía que irse para "poner la sentencia del fiscal general". Por entonces no se conocía todavía el fallo condenatorio, que se produjo tras renunciar Susana Polo a la redacción de la sentencia y anunciar un voto particular, quedando Arrieta como ponente de la resolución. Así pues, con sus palabras durante la formación, estaba anticipando la condena.

El documento de la fiscala general recuerda también que la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial ha asegurado en varios informes que la participación en actividades formativas financiadas por las partes de un proceso puede provocar "la falta de imparcialidad de los jueces". Además de Arrieta, en el curso en el Colegio de Abogados de Madrid participaron otros dos miembros del tribunal, Juan Manuel Berdugo y Antonio del Moral, actuando este último como coordinador. Todos ellos formaron parte de la mayoría que apoyó la condena de García Ortiz. El colegio profesional que organizó el curso y pagó por su participación a los magistrados pedía en ese momento cuatro años de prisión e inhabilitación para el anterior fiscal general. "Uno de los magistrados que firmó la sentencia fue, mientras se condujo el proceso, director de tesis de dos de los abogados de la acusación", refleja el informe de Peramato en referencia a Del Moral, mentor académico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y de uno de los letrados de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la que pidió la pena más elevada.

Por último, la contribución de Peramato al Informe sobre el Estado de Derecho de la UE incluye también críticas a la coherencia de la sentencia. "La sentencia fue publicada el 9 de diciembre y condena al fiscal general tanto por la nota de prensa (sobre la que el Supremo había dicho anteriormente que no era delito) como por un correo electrónico filtrado a los medios", expresa. "La resolución ha sido recurrida por la Fiscalía y la defensa por nulidad y violación de los derechos fundamentales del acusado", concluye el documento.

Como el verano nos ayuda a disponer de tiempo, a salir de las urgencias y valorar las realidades cotidianas, no quiero dedicar esta columna a las calamidades que afectan a la actualidad, sino a los privilegios habituales de la vida corriente y común. Por ejemplo, la suerte de colaborar en la prensa seria y de poder establecer con muchos lectores un diálogo sobre la convivencia, los bulos, las inquietudes más graves y las ilusiones que merece la pena sostener. Escribo esta columna de agosto para darle las gracias a los lectores de infoLibre.

He tenido la suerte de colaborar en programas de radio de Canal Sur, Radio Nacional de España o la Cadena SER. Desde joven colaboré en los periódicos de mi ciudad, Ideal y Diario de Granada, y poco después pude publicar columnas en El País, Público e infoLibre. La prensa supone una invitación a participar de manera cívica en la sociedad y heredar una tradición importante en el mundo de la literatura, vivida a lo largo de distintas épocas y contextos. Las firmas de Larra, Unamuno, Azorín, Francisco Ayala, Delibes, García Márquez, Rosa Montero, Elvira Lindo, Almudena Grandes y Antonio Muñoz Molina así nos lo recuerdan. Escribir es habitar la historia, vivir por dentro las experiencias humanas, comprender que la realidad se compone de acontecimientos y experiencias, datos e interpretaciones. Por eso resulta necesaria la información objetiva, pero también los espacios para las opiniones personales, opiniones que no se venden como noticia, sino como miradas, como meditación de lo vivido.

Cuando yo empecé a leer y escribir, los periódicos eran un lugar muy significativo en la transformación de la sociedad española y en la búsqueda de la democracia. Los testimonios se sumaban a las noticias sin censura y los titulares formaban parte de la atmósfera de una nación que se asomaba a la libertad, se transformaba y conseguía hablar, cantar, coser y escribir sin prohibiciones. Colaborar en prensa suponía dar testimonio y recibir la herencia de un esfuerzo cultural y profesional importante en busca de la emancipación y de una dignidad capaz de unir los compromisos públicos con la dignidad privada.

Las contradicciones nunca faltan, a veces son sigilosas y a veces se convierten en un ruido y en unas dinámicas que iluminan el estado de las cosas. Es imprescindible siempre oponerse a las tijeras del censor, pero no puede hablarse cómodamente de libertad cuando se piensa en las dependencias económicas, ideológicas y sociales de los medios de comunicación. Con más o menos decencia, las líneas editoriales se apartan de la objetividad en favor de los intereses de sus propietarios. Y en la degradación de las apuestas democráticas suelen ir de la mano la pérdida de imparcialidad de la administración de Justicia y la sustitución del periodismo por el pseudoperiodismo, los profesionales por los paniaguados, los informadores por los tejedores de crispación y los periódicos o radios por estercoleros. Así ocurrió siempre que se quiso generar odios legitimadores de dictaduras, nacionalismos fanáticos, identidades cerradas y genocidios.

La estrategia de los demagogos que disfrazan su falta de decencia es la generalización, todos son iguales… Pues no es verdad. Gracias a mis colaboraciones en la prensa he tenido la oportunidad de conocer y establecer amistad con periodistas muy decentes, puntos de referencia de la información democrática y la lucha contra las mentiras sistematizadas. Como este artículo está escrito para infoLibre, quiero aprovechar la ocasión para hablar bien de mi amigo Jesús Maraña. De él recibí la invitación para colaborar en el periódico, antes también en Público, y de participar en un proyecto que quiso unir la información con la libertad, no ya frente a la censura, sino frente a los tejidos económicos que procuran subvencionar y fijar los modos de decir. Jesús es el sentido común de la mirada conflictiva, la sensatez de la rebeldía.

La realidad nos envuelve, y con frecuencia los peligros que sobrevuelan la convivencia nos hacen olvidar lo conseguido. Por eso es importante ejercer la memoria histórica, y por eso conviene también reconocer el valor de lo que tenemos junto a nosotros. Yo aprovecho la paz íntima de las vacaciones de verano para agradecerle a Jesús Maraña la posibilidad que me dio de mantener una conversación semanal con los lectores de infoLibre. Frente a los sicarios del insulto, los partidarios de la prensa independiente y la democracia social tenemos muchas cosas que decirnos.

España no se entiende sin el Partido Socialista Obrero Español. Durante casi siglo y medio de historia, con sus luces y sus sombras, el PSOE ha sido mucho más que una organización política: ha funcionado como uno de los grandes arquitectos de la España contemporánea.

La democracia española, la construcción del Estado del bienestar, la ampliación de derechos civiles y la modernización económica del país llevan una profunda huella socialista. Pero precisamente porque su papel histórico es tan relevante, su crisis actual no puede analizarse con nostalgia ni con indulgencia. El PSOE solo podrá seguir siendo el caballo ganador de la izquierda si es capaz de mirar de frente sus errores, asumir sus responsabilidades y reinventarse para una nueva época.

La historia reciente de España tiene un punto de inflexión en 1982. La llegada de Felipe González al Gobierno representó la culminación de un largo proceso de reconstrucción democrática y la incorporación definitiva del país al proyecto europeo. Aquel PSOE transformó una nación todavía marcada por las desigualdades heredadas del franquismo en una democracia homologable a las grandes sociedades occidentales. La universalización de la sanidad pública, la expansión de la educación, la modernización de las infraestructuras, la entrada en Europa y la consolidación de una cultura de derechos forman parte de ese legado.

España no sería la misma sin aquella generación socialista que entendió que la democracia no consistía solo en votar cada cuatro años, sino en construir una sociedad donde la ciudadanía tuviera oportunidades reales. La sanidad universal, hoy uno de los mayores consensos nacionales, es una de las grandes obras colectivas de la izquierda española. También lo son avances como la ley del divorcio, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la ampliación de derechos sociales o la defensa de un Estado capaz de proteger a los ciudadanos frente a las incertidumbres del mercado.

Más tarde, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero impulsaron otra transformación profunda en el terreno de las libertades individuales. La aprobación del matrimonio igualitario, la ley de dependencia, la ampliación de derechos de las mujeres o la retirada de las tropas españolas de Irak formaron parte de una agenda política que situó a España en la vanguardia europea de determinadas conquistas sociales.

Y en los últimos años, pese a las dificultades y la polarización extrema, los gobiernos socialistas han participado en reformas relevantes: la respuesta económica durante la pandemia, la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios, el incremento del salario mínimo o la apuesta por la transición energética y la digitalización. Con aciertos y errores, el PSOE ha mantenido una vocación reformista que lo diferencia de una izquierda puramente testimonial.

Pero ningún legado histórico inmuniza contra la decadencia. El principal problema del PSOE actual no procede de sus adversarios políticos; nace de sus propias contradicciones. La corrupción ha sido la gran herida moral que ha atravesado su historia reciente. Desde los escándalos de los años 90 vinculados a los fondos reservados y al caso Filesa hasta episodios posteriores como los ERE de Andalucía, pasando por otros casos que han afectado a dirigentes y administraciones socialistas, el partido ha sufrido una erosión profunda de su credibilidad.

La corrupción no puede explicarse como una anomalía inevitable de la política. Es una enfermedad que destruye la confianza ciudadana y alimenta el discurso de quienes presentan todo el sistema democrático como un mecanismo corrupto. Cuando un partido que nació con una fuerte identidad ética aparece asociado a redes clientelares, financiación irregular o abusos de poder, el daño es especialmente grave porque no afecta solo a una organización: mina la propia política como herramienta de transformación social.

El PSOE también ha cometido errores políticos. En ocasiones ha confundido pragmatismo con falta de rumbo, gestión con proyecto y supervivencia parlamentaria con horizonte ideológico. Ha tenido dificultades para conectar con sectores jóvenes, con las nuevas clases trabajadoras urbanas, con los autónomos, con quienes viven la precariedad de la vivienda o con una generación que observa el futuro con incertidumbre climática, tecnológica y laboral.

La izquierda española atraviesa una creciente fragmentación. Las nuevas fuerzas progresistas demandan renovación, pero su división y rivalidad interna entrega a la derecha una ventaja estratégica. Y la historia europea demuestra que los grandes cambios sociales requieren partidos amplios capaces de combinar ideales y capacidad de gobierno.

El PSOE sigue siendo, probablemente, el único partido progresista español con capacidad estructural para liderar una mayoría social. No porque sea perfecto, sino porque posee algo que ninguna otra fuerza ha conseguido reunir: historia, implantación territorial, experiencia de Estado y capacidad de representar a sectores sociales diversos.

Pero para seguir siendo ese caballo ganador necesita una transformación profunda. La fórmula del futuro no consiste en regresar al pasado, sino en recuperar su mejor tradición adaptándola al siglo XXI.

El nuevo PSOE debería construirse sobre cinco pilares. Primero, una regeneración democrática radical: tolerancia cero con la corrupción, más transparencia, controles internos independientes y una cultura ética que no dependa de la presión judicial o mediática. Segundo, un nuevo contrato social que responda a los grandes problemas actuales: vivienda, inteligencia artificial, envejecimiento, desigualdad territorial y cambio climático. Tercero, recuperar una relación emocional con las clases medias y trabajadoras que durante décadas fueron su base electoral y que hoy se sienten abandonadas o tentadas por discursos populistas. Cuarto, defender un patriotismo democrático e inclusivo que no deje la idea de España en manos de la derecha. Y quinto, abandonar viejas trincheras identitarias para recuperar una política basada en resultados, derechos y oportunidades.

El PSOE no necesita negar su pasado, sino reconciliarse con él. Sus mejores hitos históricos demuestran que la política puede cambiar la vida de millones de personas. Sus peores capítulos recuerdan que ningún partido está por encima de la sociedad a la que pretende servir.

En un momento en que las democracias occidentales viven una oleada de desconfianza y las fuerzas iliberales avanzan prometiendo soluciones simples a problemas complejos, España necesita una izquierda fuerte, moderna y fiable. La pregunta no es si el PSOE tiene pasado. Lo tiene y muy relevante. La cuestión de fondo es si tiene futuro.

La respuesta dependerá de su capacidad para repetir algo que ha sabido hacer en sus momentos álgidos: cambiar para seguir siendo reconocible.

El caballo ganador de la izquierda española no conservará intacta su vieja montura.

Correrá con la velocidad de los nuevos tiempos.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

La Comisión Europea considera que la reforma del Reglamento del Congreso que permitió prohibir el acceso a la Cámara a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo camuflados como periodistas supone un avance bien valorado por todas las partes afectadas. Así lo recoge el capítulo dedicado a España del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. La Mesa del Congreso suspendió el pasado 13 de mayo indefinidamente las acreditaciones de Quiles, candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pérez, y Ndongo, exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, por su acumulación de expedientes provocados por grabar a diputados en zonas no autorizadas, reventar ruedas de prensa y hostigar a parlamentarios y periodistas.

El apartado dedicado a los medios del informe anual de la Comisión que analiza la calidad democrática de cada uno de los 27 socios europeos bendice la reforma del Reglamento. "En 2025, se modificaron las normas internas de procedimiento del Parlamento para introducir un marco formal de reglas de acreditación y estándares de comportamiento que definen el acceso de los periodistas y las condiciones de trabajo dentro del Parlamento", afirma el documento. Después añade que la modificación supuso "un avance que fue generalmente bien recibido por las partes interesadas". La reforma ha sido reivindicada durante meses por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), además de otros colectivos.

La modificación de la norma con rango de ley que regula el funcionamiento de la Cámara baja se aprobó el 22 de julio de 2025 con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra del PP y Vox. El nuevo texto encomendó a la Mesa la regulación "del procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". También atribuyó a ese órgano parlamentario la fijación "de los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

Entre esos requisitos, aprobados por la Mesa dos meses después, se recogía expresamente la prohibición de "dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso", uno de los métodos de acoso más comunes de los agitadores ultras. También quedó vetada "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa", limitando esa actividad informativa a los reporteros gráficos y operadores del televisión.

La reforma del Reglamento ahora avalada por Bruselas recoge como infracciones muy graves algunos de los comportamientos reiterados de Quiles y Ndongo, como "la falta de respeto a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", añadía. También "la grabación de imágenes o sonidos mediante el uso de dispositivos ocultos" en los despachos y en las oficinas de los grupos o fuera de los espacios habilitados para ello "que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas", así como la difusión de estas grabaciones "en medios y redes sociales".

Los expedientes más avanzados sobre Vito Quiles, que permitieron a la Mesa la suspensión indefinida de su acreditación en mayo, se abrieron por dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La APP denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y, después, otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. El excandidato de SALF acumula otras seis quejas por denuncias del PSOE y Podemos, además de varias causas judiciales, como la presunta agresión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expediente que motivó la suspensión de Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, también creado por la reforma del Reglamento para atajar estos comportamientos, ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia ante los medios de comunicación y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. El agitador camerunés protagonizó un incidente con la diputada de Sumar Aina Vidal, a la que insultó –le llamó "idiota"– en una rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.

Lo estamos viendo en los fuegos, en la corrupción de todo tipo y en los mismos comportamientos humanos de ciertos políticos, se autodenominan asi. El hecho de tener comprados todas las instituciones además de los medios que se venden en papel hace imposible la lucha. Trump invade países saltándose cualquier ley y le aplauden los que compran todo, o sea, los fascistas, que durante años se hicieron con el poder económico.

Nos quedan los pocos medios digitales que todavía no se han vendido, como infoLibre, que nos cuentan las verdades, pero esta lucha es muy precaria porque también las RRSS están manejadas en su mayoría por esa derecha económica que todo lo invade y que sabe que los medios digitales tienen menos audición, aún. Pero también llegara a ellos. No hay más que ver ciertos juicios que dan vergüenza ajena con videos que nadie investiga, aunque los hayamos escuchado todos. A Zapatero y a Begoña, poco a poco les investigan hasta las mudas que se puedan poner cada mañana y a Rajoy y Cospedal, los padres de la mayor vergüenza nacional ni se les nombra. La batalla desigual es algo que nadie podrá discutir- Y su ejército civil o lo defenderá o estará en silencio, los que aun les queda algo de vergüenza.

A todo esto, incluso hay jóvenes que no conocen nuestra historia y les votaran porque creen que les mejoraran en algo. Serán los primeros que sufrirán sus delirios. Es el fascismo, amigo. Que podemos esperar de todo esto. Pues la invasión del fascismo de nuevo en España, aunque tengamos un héroe que todo lo soporta, Pedro, pero al que le han llamado de todo, pero todo lo soporta. Cuanto durara en esta lucha no lo sabemos, pero es para quitarse el sombrero, por lo menos el mío.

Lo mas triste para mi es donde ha llegado la Justicia con mayúsculas, aquella que era una profesión maravillosa capaz de juzgar sin el poder del dinero o por personas que no se vendían. Jueces que imponían respeto y lo imposible de vencer, el sentido común. Pero hoy también a esos que pueden ser buenos se les expulsa o se les manda a pueblos en donde nada pueden incordiar a los poderosos. En España se pueden dar nombres de algunos que ya están olvidados.

Solo nos falta ver que al militar que deseaba el fusilamiento de 26 millones de españoles en un WhatsApp Ayuso le condecore con alguna medallita que en este caso será de oro. Pero no dejo de pensar que al final los buenos ganaran a los malos, pero la batalla será muy larga y penosa. Y que la juventud deje de pensar en que todos somos iguales. No es verdad y yo espero que al final ganen los buenos. Será larga la lucha y yo no la veré, pero es que son muchos más los buenos, aunque no se les note.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Vivir es crecer junto a los demás, con los demás, mientras los demás crecen en nosotros. Las vacaciones nos invitan a descansar, lo cual no supone sólo distanciarse del trabajo diario, o tomárselo con una tranquilidad de playa, sol, luna y montaña. Nos rodea también la necesidad de alejarse en lo posible de las agresividades que definen nuestra realidad histórica, la crispación de un mundo que se olvida de las olas y las orillas naturales, dispuesto a inundarlo todo con la espuma de las crispaciones, los odios y los abismos. Descansar no es olvidar, basta con encontrar algo de tiempo para uno mismo.

Me gusta pasear por la orilla del mar y mirar viejas fotos para caminar por el tiempo. Como crecer es vivir junto a los demás, cuando uno encuentra los caminos de su propia vida empieza a compartir el tiempo con los amigos y surgen con ellos complicidades más profundas que con los propios hermanos. El activismo alentaba las aulas, las asambleas y los pasillos de la universidad en los años 70. La inquietud política era un síntoma más de la necesidad de vivir, como la energía de los bares nocturnos y el deseo de buscar libros o periódicos para estar al día. Buscar a Galdós o a Marx era un modo de estar al día, y comprar los periódicos por la mañana, una forma de recuperar el tiempo perdido con la censura y la represión del franquismo. Las atmósferas nuevas ofrecen amigos convertidos en hermanos, amigos que nos hacen activistas en otras preocupaciones ya no tan familiares.

Veo en las fotos a Alfonso Martínez Foronda, un compañero de curso que me llevó hasta su pueblo, Villacarrillo, por las carreteras de Jaén, después de haber compartido movilizaciones estudiantiles y asambleas en las Aulas Magnas tomadas por la rebeldía. Filosofía, Medicina, Ciencias, Empresariales… Y recuerdo las visitas a Puente Genil, el pueblo de otro compañero de curso, Lorenzo Aguilar Pérez, y los apuntes de clase o las discusiones sobre los destinos del mundo en el bar que regentaba su familia. La amistad fue una forma de activismo que animó las movilizaciones, las protestas contra el deterioro de lo público disfrazado de modernidad, la entrada de España en la OTAN o los bombardeos sobre Irak.

El diálogo generacional es también un asunto propio. Cumplir años supone un peligro de convertirnos en viejos cascarrabias contra los jóvenes, pero también la maldición de perder la necesidad de los amigos, la costumbre de vivir en los otros y con los otros. En la juventud había que defender la propia conciencia para no ser arrastrado por los hermanos o los compañeros en un activismo compartido. Al cumplir años, se corre el peligro contrario de quedarse encerrado en una conciencia solitaria y en una habitación que no necesita abrir la puerta a los amigos. Naufraga así el compromiso del activismo.

El diálogo generacional de la democracia española no debe limitarse a las dinámicas propias de las distintas edades. La democracia debe pensar en sí misma y preguntarse si ha envejecido de mala manera, si tiene la tentación de quedarse encerrada en su casa, y si las espectaculares estrategias de la crispación acaban por hacer que desaparezca el activismo de las casas, la política nos dé miedo o asco, nos alejemos de los compañeros y nos quedemos encerrados en la desilusión.

Conviene crecer con los demás, en los demás, a la hora de defender los derechos públicos y privados de una democracia. Conviene recordar la importancia del activismo, no ya en la defensa de un partido, sino en la definición de las propias vidas y las vocaciones. Una democracia no puede ser una vieja cascarrabias en la que dominen los ruidos y se silencien las ilusiones individuales y colectivas.

El Mediterráneo se calienta por efecto del cambio climático. No lo digo yo, lo dice la Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC) que añade que lo hace un 20% más rápido que la media mundial. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia climática.

Este calentamiento provoca olas de calor cada vez más intensas y altera los ecosistemas, algo que facilita la expansión de especies propias de países más cálidos. Algunas de ellas son peligrosas para el ser humano: tiburones toro, mosquitos tropicales transmisores de enfermedades como el dengue o el zika o escorpiones amarillos cuya picadura, sin ser mortal, duele mucho.

Mis disculpas a los lectores y lectoras por este alarmismo impropio en mí, pero era necesario llamar vuestra atención. Todavía conservo trazas de ese guionista que fui.

Pero en el Mediterráneo –y más allá– no solo se calienta el agua. También se calientan, grado a grado, las aguas políticas facilitando la expansión de peligrosas ideologías propias de otras épocas que pensábamos que no volverían. Me estoy refiriendo, como habréis podido imaginar, a la ultraderecha.

No, no llegó de golpe. Primero calentó el ambiente democrático hasta que un día descubrimos que nuestro ecosistema olía raro. Mal. Y ya no era el que era. La culpa de este caldeo, igual que el de otros, fue nuestra. Les dejamos que pasaran al grito de “no pasarán”. Porque en política ocurre como en la naturaleza: lo excepcional acaba pareciendo normal. Pero solo para algunos.

El fallo, creo yo, está en pensar que hoy nada ha cambiado porque se parece bastante a ayer. Pero ese es precisamente el camino de la degradación democrática. Y climática.

No hay, de sopetón, un día en que una sociedad deja de ser democrática para ser totalitaria, intransigente, transfóbica, xenófoba, insolidaria, machista, negacionista... fascista en definitiva. Hay muchos pequeños pasos que la llevan a ser cada día un poco más totalitaria. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia democrática.

Y te levantas un día y ves por la ventana “trumpaldos”, colorido gusano violador que solo se dejaba ver en campos de golf de Florida y en Washington en raras ocasiones. O “mileinubos”, mamífero palermitano que se reproduce apareándose con sus hermanas de camada. O “lepenuras”, especie de hiena tabernaria gala que se alimenta matando y devorando a sus progenitores de instintos supremacistas. O “abascalos”, inusual parásito bilbaíno alopécico de mentón huidizo que se pasa 12 horas al día durmiendo y las otras 12 desvalijando fundaciones financiadas con dinero público a la vez que emite sonidos repugnantes. O “feijoolinos”, diminuta ave que se esconde de sus depredadores entre las hojas de coca y vive en nidos que pagan otros. Incluso “ayusitas”, serpiente con un cerebro básico y diminuto para su tamaño que acaba con los mayores de su misma especie por placer.

Ese es el verdadero peligro: no darse cuenta de que la fauna política cambia. Y que animales peligrosos que pensábamos que no pasearían a sus anchas por España conviven con nosotros. Sí, habéis leído bien. Les estoy llamando animales peligrosos. Y de nuevo presento mis disculpas. Esta vez a los animales.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Recientemente he terminado de leer Visto para sentencia, del magistrado emérito del Tribunal Supremo y fiscal de carrera José Antonio Martín Pallín, publicado por Siglo XXI Editores.

Me ha parecido un libro muy interesante y de lectura amena. Como neófito en la materia, reconozco que en ocasiones he tenido que releer algún párrafo para comprender plenamente su significado, aunque nada que no pueda entender cualquier lector dispuesto a profundizar un poco en el texto.

La obra comienza con un recorrido por los antecedentes históricos de la justicia y su evolución a lo largo del tiempo, generalmente acompasada con los avances de la sociedad, salvo en aquellos periodos marcados por regímenes autoritarios y dictaduras, donde se produjeron claras involuciones.

Martín Pallín aborda la justicia como uno de los pilares fundamentales del Estado democrático y reflexiona sobre la necesidad de que cumpla de forma ejemplar las funciones que la sociedad le encomienda: juzgar, proteger, amparar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Para el autor, la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales deben constituir la razón última de ser del sistema judicial.

El libro analiza el papel de jueces y fiscales, llamados a actuar conforme a las leyes que obligan a todos por igual. El autor no elude las críticas cuando considera que determinados comportamientos o resoluciones no han estado a la altura de lo exigible, citando diversos casos que, desde su experiencia y conocimiento de la judicatura, merecen una reflexión crítica.

Uno de los aspectos más interesantes de la obra es el reconocimiento de que jueces y fiscales son seres humanos, con convicciones políticas, creencias religiosas o éticas y una determinada visión de la sociedad. Sin embargo, insiste en que esas convicciones nunca deberían interferir en la imparcialidad exigible a la hora de administrar justicia. Aunque admite que no siempre ocurre, también subraya que nuestro sistema dispone de garantías y mecanismos de control destinados a corregir posibles desviaciones o malas prácticas.

El magistrado defiende igualmente la necesidad de dotar a la Administración de Justicia de más recursos humanos y materiales para reducir los tiempos de respuesta y mejorar su eficacia.

Especial atención dedica a la acción popular, cuya regulación considera susceptible de reforma. Critica que determinadas organizaciones la utilicen con fines políticos o de desestabilización institucional y cuestiona la admisión de algunas investigaciones con bases probatorias insuficientes.

Asimismo, reflexiona sobre la tendencia a trasladar a los tribunales conflictos que deberían resolverse en el ámbito político y parlamentario, así como sobre las dificultades que, en ocasiones, surgen para aceptar e interpretar determinadas leyes aprobadas democráticamente.

Se trata de una obra rica en matices y llena de temas para la reflexión. Creo que todos los ciudadanos deberíamos tener un conocimiento básico del funcionamiento de las instituciones que sostienen nuestra democracia. No estaría de más que escuelas, institutos y universidades incorporasen una verdadera educación cívica y democrática que fortaleciese nuestra capacidad crítica y nos permitiera comprender mejor asuntos complejos que, con demasiada frecuencia, terminamos reduciendo a simples opiniones o lugares comunes.

Me dejo mucha tinta en el tintero. El libro aborda numerosos temas que apenas he mencionado y que merecerían un análisis más detenido. Estas líneas no pretenden ser una crítica literaria ni un examen exhaustivo de la obra, sino tan solo una invitación a su lectura. Visto para sentencia es un libro que invita a reflexionar sobre la justicia, la democracia y el papel que desempeñan quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes. Merece la pena leerlo, pensar sobre lo que plantea y extraer cada uno sus propias conclusiones.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

El domingo 26 de julio de 2026 se celebró en la ciudad de Palma, capital de las Islas Baleares, una protesta no contra los turistas, sino contra un modelo económico que ha empezado a tratar a sus habitantes como un obstáculo.

La manifestación, convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, reunió a unas 25 000 personas según la Policía, y a 70 000, según la organización. Pueden discutirse las cifras de asistencia a la protesta, pero resulta más difícil poner en entredicho la escena: salieron a la calle decenas de miles de personas reclamando el derecho a seguir viviendo en uno de los destinos más celebrados del planeta. No pedían que Mallorca dejara de recibir visitantes, no. Pedían que no haya que expulsar a su población para alojarlos.

Participaron vecinos, ecologistas, agricultores y numerosos trabajadores del propio sector turístico. Sus demandas no dejan mucho espacio para la interpretación: limitar las viviendas vacacionales, reducir las plazas de avión y los vuelos disponibles a las islas, y abandonar un monocultivo económico que consume territorio, vivienda y vida cotidiana.

Hubo cargas policiales y heridos, pero reducir la manifestación a esos incidentes sería una manera bastante eficaz de no escucharla. El conflicto de fondo no es entre residentes educados y turistas inocentes. Es entre dos derechos que han dejado de pesar lo mismo: el derecho temporal a disfrutar de un lugar y el derecho permanente a habitarlo.

Durante décadas, el éxito de los lugares turísticos se ha medido en términos de llegadas, pernoctaciones, ocupación y gasto. Cuando esas cifras aumentan se habla de una buena temporada. Pero una economía puede crecer mientras desmantela las condiciones que permiten vivir en ella.

Puede aumentar la rentabilidad de cada metro cuadrado y reducir simultáneamente su utilidad social. Puede producir más riqueza y hacer que una enfermera, un policía, un profesor o un camarero no encuentren vivienda. Puede ofrecer al visitante una libertad extraordinaria de movimiento mientras obliga al residente a marcharse. Ese es el dato que rara vez aparece en las estadísticas: un destino puede prosperar como producto y fracasar como sociedad.

El alquiler vacacional no explica por sí solo la crisis de vivienda. Influyen también la inversión internacional, la escasez de suelo, la compra especulativa, la falta de vivienda pública y unas políticas largamente insuficientes. Pero sería intelectualmente tramposo minimizar su papel.

Agustín Cócola-Gant ha descrito las viviendas turísticas como un nuevo frente de la gentrificación. Su investigación muestra que la llamada economía colaborativa encubre con frecuencia una oportunidad de acumulación para inversores y propietarios. En ese proceso, el residente de larga duración deja de ser el destinatario de la vivienda y pasa a convertirse en un impedimento para extraer de ella mayor rentabilidad.

La expulsión, además, no siempre tiene forma de desahucio. Puede ocurrir piso a piso. Una vivienda queda libre y no vuelve al mercado residencial. Desaparece una tienda cotidiana y aparece otra orientada al consumo fugaz. Se marchan los vecinos, cambia el idioma económico del barrio y quien permanece descubre que sigue teniendo domicilio, pero ya no un lugar.

Mallorca forma parte de una revuelta territorial más amplia.

En Venecia, el movimiento contra los grandes cruceros convirtió aquellos barcos desproporcionados cruzando la laguna en la imagen de una industria cuya escala ya no guardaba relación con la ciudad.

En Canarias, decenas de miles de personas han marchado bajo una frase difícil de mejorar: “Aquí vive gente”.

En Barcelona, las pistolas de agua dirigidas contra algunas terrazas turísticas ocuparon más espacio informativo que los alquileres que motivaban la protesta.

La palabra turismofobia completa la operación. Convierte un conflicto sobre vivienda, salarios, movilidad, agua, suelo y democracia en una reacción emocional contra los extranjeros. Despolitiza el problema y, de paso, infantiliza a quien protesta.

Los expertos en sobreturismo Claudio Milano, Marina Novelli y Joseph Cheer han mostrado que la saturación no consiste solo en la presencia de demasiados visitantes. Aparece cuando el crecimiento altera de manera permanente la vida de los residentes, limita su acceso a servicios y espacios y deteriora su bienestar. Sus trabajos también relacionan las movilizaciones sociales con la impugnación de economías basadas en el monocultivo turístico y en la obligación aparentemente indiscutible de seguir creciendo.

Por tanto, la pregunta no es cuántas personas caben físicamente en una isla. La pregunta es qué debe sacrificar la población para que sigan cabiendo.

La academia ha construido conceptos útiles para comprender esta transformación.

El decrecimiento turístico, defendido por los profesores Robert Fletcher, Ivan Murray, Asunción Blanco-Romero y Macià Blázquez-Salom, plantea que algunos territorios no necesitan gestionar mejor el crecimiento, sino reducir materialmente la presión: menos plazas, menos vuelos, menos consumo de suelo y menor dependencia económica del turismo.

No debe confundirse con la fórmula “menos turistas que gasten más”. Puede que esa propuesta reduzca ciertas aglomeraciones, pero también convierte el territorio en un club para rentas altas. Aunque llegue con equipaje discreto, el turismo de lujo ocupa espacio, consume recursos y eleva precios.

La investigadora Freya Higgins-Desbiolles ha desplazado la atención desde la cantidad de riqueza producida hacia su distribución: quién recibe los beneficios, quién soporta los costes y qué derechos deben prevalecer cuando entran en conflicto el negocio turístico y la vida de las comunidades.

La justicia de la movilidad, formulada por Mimi Sheller, permite observar otra desigualdad: no todos los movimientos tienen el mismo poder. El visitante cruza Europa durante un fin de semana pero la camarera de piso debe recorrer cada día decenas de kilómetros porque ya no puede vivir cerca de su empleo. La movilidad fácil de unos puede producir la movilidad forzada de otros.

Y la soberanía turística, vinculada por Carter Hunt, María José Barragán-Paladines, Juan Carlos Izurieta y Andrés Ordóñez a las luchas comunitarias por el control de sus medios de vida, formula la pregunta decisiva: ¿quién tiene autoridad para determinar el futuro de un destino?

A partir de estas aportaciones propongo una figura adicional: el turista situado.

El turista situado reconoce que no llega a un decorado disponible, sino a un territorio ya habitado, atravesado por relaciones de poder y conflictos concretos. Entiende que su libertad de movimiento sucede dentro de la vida menos móvil de otros. Y acepta algo que el turismo responsable suele evitar: hay alojamientos, actividades e incluso destinos que pueden dejar de estar moralmente disponibles.

No se limita a reducir su huella. Está dispuesto a renunciar.

Un turista situado dejaría de elegir Mallorca para hacer cicloturismo. No porque pedalear sea inmoral ni porque cada ciclista constituya un problema. Lo haría porque una actividad deja de ser inocente cuando su concentración deteriora la movilidad cotidiana de quienes usan esas carreteras para trabajar, estudiar, cuidar o regresar a casa. Elegiría otro territorio menos saturado. Otra época. Otra actividad.

Y no usaría Airbnb –ni cualquier otra plataforma equivalente– en zonas gentrificadas, donde la vivienda turística contribuye a que los jóvenes nacidos allí deban marcharse porque no pueden pagarse una casa.

Podemos discutir la intensidad concreta de cada efecto, la regulación más eficaz o el peso relativo de las distintas causas. Pero cuando existe un proceso visible de expulsión residencial, utilizar una vivienda como alojamiento vacacional deja de ser una elección privada sin consecuencias.

La conciencia turística consiste en viajar sabiendo cuándo uno debe escoger otro destino.

El turista situado se hace una pregunta previa a todas las recomendaciones, certificaciones y listas de buenas prácticas: "¿Debo estar aquí, haciendo esto?"

A veces la respuesta será sí. Otras exigirá cambiar de temporada, alojamiento o actividad. En determinados lugares y momentos será sencillamente no.

La soberanía turística significa que una comunidad puede decidir cuánto turismo quiere, dónde, cuándo y bajo qué condiciones.

Puede determinar que determinadas viviendas deben servir para vivir. Puede limitar cruceros, vehículos, plazas turísticas o vuelos. Puede cerrar un espacio saturado, retirar licencias y anteponer la continuidad de una comunidad al rendimiento máximo de sus activos.

No equivale a cerrar fronteras. La soberanía turística no es pureza identitaria sino capacidad democrática.

Venecia pertenece prioritariamente a su población, no a las navieras. Barcelona, a quienes la habitan, no a las plataformas turísticas. Mallorca, a quienes sostienen aquí una vida, no a una industria que comercializa su disponibilidad.

El visitante merece hospitalidad, no soberanía. Una población debe poder conservar el derecho a retirar partes de su territorio del mercado turístico, aunque exista demanda y aunque alguien esté dispuesto a pagar.

El turismo no es ya únicamente una actividad económica. Ha adquirido capacidad para organizar el territorio, el empleo, la vivienda, las infraestructuras y el calendario político. Ha empezado a actuar como un poder constituyente sin haber sido elegido.

La cuestión no es ya si el turismo genera riqueza. La genera. La cuestión es qué clase de pobreza puede producir al hacerlo: pobreza de vivienda, de tiempo, de espacio público, de expectativas y de futuro.

Se empiezan a ver pintadas y carteles en los coches de los habitantes locales. Incluso yo he usado uno –una vez–, que escribí en alemán, harto ya de carreteras terciarias colapsadas por cicloturistas.

Es patético, sí. Es cutre, también. Y es delicado. Pero los turistas, e incluso los residentes extranjeros de los lugares que se han gentrificado, necesitan recibir urgentemente ciertos mensajes, respetuosos pero claros.

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Julio Batle Lorente es profesor titular de la Universitat de les Illes Balears. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La libertad de prensa no consiste en que los periodistas publiquen aquello que satisface a un determinado partido, sustituyendo el criterio profesional por consignas ideológicas diseñadas desde los gabinetes de prensa de las organizaciones políticas. Necesitamos medios libres, periodistas independientes y ciudadanos capaces de distinguir entre información, opinión y propaganda.

En los últimos años, el debate sobre la libertad de información se ha ido contaminando por un fenómeno preocupante: algunos partidos no discuten el trabajo periodístico desde la crítica legítima, sino que cuestionan la propia legitimidad de los medios que no se alinean con sus intereses. El objetivo, más que mejorar el periodismo, pasa a convertirse en controlar quién informa y cómo lo hace.

En este contexto, resulta especialmente relevante analizar la relación entre determinadas fuerzas políticas y los medios públicos. El caso de Vox ha generado controversias por la incorporación de personas próximas a su entorno político a puestos de responsabilidad en organismos de comunicación. Uno de los nombres que ha estado en el centro del debate es el de Álvaro Zancajo. Investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por cobrar de Canal Sur y de Vox. Como ocurre en cualquier Estado de derecho, una investigación no equivale a una condena, pero sí plantea interrogantes sobre la necesidad de preservar la independencia de las instituciones públicas.

La preocupación no se limita a los nombramientos. También afecta a la gestión editorial. Durante la etapa en la que Zancajo dirigió los informativos de Canal Sur, diversas decisiones fueron objeto de una intensa polémica política y profesional. Entre ellas, las críticas por el tratamiento informativo de asuntos de gran relevancia nacional, como la sentencia del caso Gürtel, o cuando un diputado de Vox se dirigió a la presidenta de la Cámara, a la que literalmente mandó “a tomar por culo”. Aquellas controversias alcanzaron tal dimensión que el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, compareció en el Parlamento andaluz y pidió disculpas por errores en el tratamiento informativo de determinados contenidos.

Más allá de la valoración concreta de esos episodios, la cuestión de fondo es otra: ¿puede un medio público cumplir su función cuando la ciudadanía percibe que existen interferencias políticas en sus contenidos? La credibilidad de un servicio público de comunicación depende precisamente de su capacidad para informar con independencia de quien gobierna.

La libertad de prensa tampoco puede convertirse en un privilegio reservado únicamente para quienes comparten una determinada orientación ideológica. Los periodistas deben poder investigar tanto a gobiernos de izquierdas como de derechas, denunciar casos de corrupción con independencia del partido implicado y ejercer su profesión sin campañas de intimidación, descalificaciones personales, intentos de señalamiento y amenazas de motosierra y bombas atómicas cuando ellos se hagan cargo.

Resulta paradójico que quienes afirman defender la libertad de expresión propongan, al mismo tiempo, mecanismos destinados a condicionar la actividad de los medios o a desacreditar sistemáticamente a aquellos que publican informaciones incómodas. La pluralidad informativa exige precisamente lo contrario: más independencia, más transparencia y menos control partidista.

No se trata de impedir que existan periodistas conservadores, progresistas o liberales. La diversidad ideológica forma parte de cualquier sociedad democrática. Lo preocupante aparece cuando la fidelidad a un partido pasa a ser el principal criterio para acceder a puestos de dirección en medios públicos o cuando la información queda subordinada a intereses políticos —es lo que yo llamo “síndrome Urdaci” o “enfermedad del Ce Ce o o”—.

Necesitamos periodistas incómodos, profesionales capaces de hacer preguntas difíciles al poder, sea cual sea el color del Gobierno. Cuando la información se convierte en una extensión de la estrategia de un partido, ya no sirve al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad de los hechos.

El deterioro de la libertad de información rara vez comienza con el cierre de periódicos o la censura explícita. Suele empezar de forma mucho más sutil: mediante la ocupación de espacios de influencia, el cuestionamiento permanente de los medios independientes, la presión sobre las redacciones y la normalización de que la lealtad política pese más que el mérito profesional. Ello da lugar a ciertas invisibilizaciones —por ejemplo, relegando las masivas manifestaciones de las Mareas Blancas a lugares secundarios en los informativos—, ocultando datos clave —como que las listas de espera sanitarias en Andalucía están entre las mayores de España— o no prestando la debida atención a la terrible degradación de la sanidad pública.

Por ello, el debate sobre la libertad de prensa en España no debería centrarse en qué partido controla más medios, sino en cómo garantizar que ningún partido pueda controlarlos. Porque la independencia periodística no pertenece a la izquierda ni a la derecha; pertenece a los ciudadanos. Y cuando esa independencia se debilita, no pierde solo el periodismo, sino la calidad de nuestra democracia.

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Francisco Barba Cañete es escritor, politólogo y socio de infoLibre.

Ya hemos ganado el Mundial de fútbol y creo que eso hace ver la clase de país que somos. Un país abierto, solidario y admirado en el mundo por mucha gente. Un país que cree en la democracia bien entendida. Un país que se pone del lado de la Justicia de verdad, la escrita con mayúsculas, criticando el hecho de entrar en la guerra sin respetar las leyes que defendimos desde jóvenes, o sea, saltándose toda ley hasta ahora en uso. Y manteniendo el tipo aunque chillen.

Pero todo esto, hoy en España, tiene una oposición que se resume en la victoria de la selección de una manera clara, pero que trataré de explicar mejor. La selección de España está compuesta por catalanes, vascos, personas del resto de España e inmigrantes y homosexuales, aunque quizá en la selección actual no haya ningún homosexual. Nunca España estuvo tan alto en todo el deporte y ese es un escaparate de país. Con Franco nadie sabía de nosotros ni les interesaba. Esto es lo que está estorbando a la derecha de Aznar y a todos sus muñecos. Y me hace pensar en la España que desea la derecha y no coincide en absoluto con esos deseos, aunque se feliciten porque representa a la «España real», esa palabra mágica que tanto les ayuda, pero engañando hasta a sus votantes. Es como oponerse al aborto, pero luego opinan a favor de aquel que asesina niños vivos en Gaza o en cualquier guerra. Aplauden a quien toma países por su gracia de dios, sin ajustarse a leyes eternas. Y odian el perdón o la amnistía a catalanes que erraron en el comportamiento, pero sin originar víctimas.

El absurdo de esta oposición y su ejército civil de medios y judicatura es este precisamente. Para ello se paga con el dinero de todos a los que cuentan mentiras y a los que hacen juicios solo hacia un lado político, obviando los suyos. Porque a mí personalmente me da mucho asco que mi dinero se utilice para esos pagos a Jiménez Losantos o Inda, por nombrar a los más conocidos. Y deberíamos ya decirlo en plazas y calles de este país. Y pagando a mercenarios que persiguen a políticos hasta su casa, y si es mujer aún más, o ya el colmo, aplaudir las homilías del papa cuando está diciendo totalmente lo contrario de lo que dicen y hacen realmente, como el amor al prójimo reflejado en odio hacia quienes se les amnistía por un error cometido, y reconocido por muchos. El odio es la máxima que manejan y eso sirve para votarles. Mis impuestos no son para eso.

No sé si esa es una oposición sensata o se volverá en su contra, porque los excesos producen hastío y cansancio y, a veces, hasta sonrisa. Llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno en muchas partes no es vivir en una dictadura, según creen. Y nunca los he visto definir el sanchismo, que no sé si será hacer una amnistía para acabar con el lío catalán, como de hecho ocurrió, o subir el SMI o expulsar del partido a quien es corrupto. Han cometido errores, pero como todos. Puede que a ellos les gusten más los diálogos escuchados de Cospedal y muchos más en juicios que sabemos que son impunes por la gracia de dios, como quizá lo es también el corrupto Aldama porque juega en el mismo equipo. Cuánto echo de menos la IA para sentenciar los juicios, porque no podemos seguir así.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

El segundo mandato de Ursula von der Leyen encadena episodios que erosionan el modelo democrático de la Unión Europea: el avance de una extrema derecha que exige “mandar de vuelta” a los migrantes, la presencia de representantes talibanes en Bruselas y, ahora, el uso sistemático de la inteligencia artificial en el corazón de las instituciones europeas. 

La Unión Europea tiene previsto poner en marcha EPGenAI Hub, una plataforma de inteligencia artificial que incorporará modelos de Meta, OpenAI, Anthropic y la francesa Mistral adaptados a tareas legislativas. El objetivo del Parlamento Europeo es ofrecer a los eurodiputados una alternativa más segura a las herramientas de IA disponibles públicamente.

Su uso, sin embargo, no es nuevo en Bruselas. Algunos legisladores llevan tiempo alertando del creciente empleo de estas herramientas en los organismos europeos. Ante una práctica ya extendida, la Unión Europea ha optado por regularla y canalizarla a través de una plataforma propia que reduzca el riesgo de filtración de información sensible. 

El eurodiputado irlandés del grupo Renew, Barry Andrews aseguró a Politico que existen indicios evidentes del uso de la IA en todo el Parlamento Europeo. “Lo entiendo perfectamente, dada nuestra carga de trabajo, pero, personalmente, considero que estas son funciones democráticas esenciales para las que los votantes nos eligieron”, añadió.

El exeurodiputado y uno de los negociadores de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, Iban García del Blanco, en cambio, considera que ofrecer a los representantes una plataforma institucional puede resultar más seguro que tratar de impedir una práctica que ya se produce. “Si no se usa de manera reglada, se usará por la puerta de atrás”, afirma a infoLibre.

Pese a los intentos de la Unión Europea por evitar que la información sensible quede en manos de compañías estadounidenses, las organizaciones de defensa de los derechos digitales y los expertos advierten de que el problema trasciende la protección de los datos parlamentarios. La incorporación al trabajo diario de estas herramientas puede afectar directamente al debate, el pluralismo y la confianza en los organismos democráticos.

Itxaso Domínguez, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi), alerta a infoLibre de que el riesgo de EPGenAI Hub no se limita a la seguridad de la información, sino que alcanza a la propia incorporación de la inteligencia artificial al proceso deliberativo del Parlamento. “El problema no es solo la utilización, sino la institucionalización, porque se delega parte de ese proceso en sistemas en los que no queda claro cuál es el componente humano”, sostiene.

Su implantación generalizada puede uniformar la forma en la que los eurodiputados y sus equipos redactan informes, enmiendas, intervenciones o preguntas parlamentarias. “Todo el mundo va a empezar a estructurar igual los textos, a utilizar algunos conceptos y a repetir los mismos argumentos”, señala Domínguez.

Esta tendencia, según la experta, choca directamente con la función del Parlamento Europeo como representación de la diversidad política, ideológica y social de la ciudadanía. “Lo que el Parlamento representa es diversidad democrática, diversidad de formas de pensar y espíritu crítico, y eso es lo que limita la IA”, incide la experta.

La homogeneización, no obstante, no se produce únicamente en el estilo de los textos. Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid, advierte de que los modelos seleccionan y jerarquizan la información a partir de los criterios definidos por las empresas que los desarrollan y de datos en los que predominan determinadas perspectivas culturales y políticas. Estas herramientas, sostiene, “tienden a homogeneizar, simplificar y, de alguna forma, a empobrecer los discursos y las ideas”.

A esa uniformización del discurso se suma, según Domínguez, el riesgo de alimentar la desconfianza política y reforzar las narrativas que presentan a los representantes públicos como prescindibles. Si una parte creciente de su producción procede de sistemas automatizados, se abre la puerta a cuestionar qué aportan realmente los diputados y sus equipos. “En algún momento alguien puede decir que los diputados europeos pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial y, si seguimos por esta vía, al final el argumento no parece tan absurdo”, señala.

El próximo 2 de agosto comenzarán a aplicarse las obligaciones de transparencia recogidas en el artículo 50 de la Ley europea de Inteligencia Artificial. Las nuevas normas pretenden que los ciudadanos puedan reconocer cuándo están interactuando con una máquina o cuándo reciben imágenes, vídeos, audios y textos creados o manipulados mediante IA.

Los proveedores, como OpenAI, Anthropic o Google, deberán introducir mecanismos que permitan detectar automáticamente este tipo de contenidos. Los responsables del despliegue, es decir, las organizaciones que utilizan estos sistemas, tendrán que identificar los deepfakes y los textos generados con IA que se publiquen para informar sobre asuntos de interés público, entre ellos la política, los procesos democráticos, la actividad de las administraciones o los derechos fundamentales.

Estas obligaciones, sin embargo, no implican que los eurodiputados deban señalar necesariamente cada informe, enmienda, discurso o pregunta parlamentaria elaborada con ayuda de EPGenAI Hub. El artículo 50 exime del etiquetado a los textos sometidos a una revisión humana sustantiva o a un control editorial y sobre los que una persona asuma la responsabilidad final. Es decir, una simple corrección gramatical no sería suficiente, pero bastaría con que un diputado o un miembro de su equipo revisara el contenido para que este pudiera difundirse sin advertir del uso de la inteligencia artificial.

Ante ese vacío, el Parlamento Europeo estudia acompañar la puesta en marcha de la plataforma con sus propios requisitos de transparencia. García del Blanco defiende que el hemiciclo establezca controles que permitan conocer cuándo y para qué se han utilizado estas herramientas. “Ya es técnicamente posible exigir o plantear controles sobre el uso de la herramienta”, señala. Esa rendición de cuentas, explica el exeurodiputado, podría incluir no solo el etiquetado de los contenidos, sino también registros sobre los modelos empleados y las tareas que se han delegado.

Domínguez, por su parte, teme que la responsabilidad de detectar errores, sesgos o manipulaciones vuelva a trasladarse a quienes fiscalizan desde fuera el funcionamiento de la institución. “Tengo miedo de que todo esto vuelva a recaer sobre la sociedad civil y los periodistas, como siempre, cuando ya está empezando a afectar al proceso democrático”.

El lanzamiento de la plataforma llega, además, en un momento en el que la Comisión Europea está tratando de reducir o retrasar las obligaciones regulatorias impuestas al sector tecnológico. Bruselas ha planteado debilitar o simplificar normas como el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento General de Protección de Datos y la futura regulación sobre privacidad electrónica.

La reforma de la Ley de IA ya ha alcanzado un acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo. Como consecuencia, las principales obligaciones para los sistemas utilizados en ámbitos de alto riesgo —como el empleo, la educación, las infraestructuras críticas, la migración o el control de fronteras— no se aplicarán hasta diciembre de 2027. En el caso de la inteligencia artificial incorporada a productos, el plazo se retrasa hasta agosto de 2028.

El giro tomó forma en noviembre de 2025, cuando la Comisión presentó dos propuestas conectadas bajo el nombre de Ómnibus Digital. La primera estaba dirigida a modificar el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva ePrivacy y otras normas relacionadas con los datos. La segunda abría la reforma de la recién aprobada Ley de IA.

Domínguez atribuye esta nueva actitud a una combinación de la presión empresarial y el temor a que Europa pierda la carrera tecnológica frente a Estados Unidos y China. “El diagnóstico de que la UE tiene un problema de competitividad puede ser compartido, pero no necesariamente la receta elegida. La Comisión ha asumido que para desarrollar más inteligencia artificial necesita disponer de más datos y, para acceder a ellos, rebajar las normas que limitan su recopilación y tratamiento”, detalla.

García del Blanco cuestiona igualmente la premisa de que una regulación más débil conduce necesariamente a un mayor desarrollo tecnológico. “Es una frase que está muy bien para repetir, pero que no se cumple en la práctica”, señala. A su juicio, no existe una relación directa demostrada entre la reducción de las garantías y un aumento de la innovación o la competitividad europea.

1. El curso 1976/77 estudiaba 8º de EGB en el colegio salesiano de Santander. Como aquel niño Alcántara de ficción, uno estaba atento a las cosas que oía en el barrio y en casa, pues los padres empezaban a ser más permisivos y también se expresaban con más libertad, al menos en el ámbito doméstico, y les oías comentar las noticias del telediario de la noche —"hijoputa", solía decir mi padre cuando en el televisor aparecía Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Laborales, pues nunca anunciaba subidas salariales y siempre hablaba de apretarse el cinturón; "¿más?", solía añadir mi padre después del improperio saludo y escuchar sus declaraciones—, pero sobre todo uno estaba atento a la tele.

Los menores teníamos los viernes, antes del telediario, hasta un espacio informativo propio, La semana: informativo infantil y juvenil, dentro del programa Un globo, dos globos, tres globos. Algún viernes de abril de 1977, después del "Sábado Santo rojo", según el título de Joaquín Bardavío que conservo, escucharía con el rostro hacia adelante, las manos apoyadas en la cara y los codos sobre las piernas con pantalones cortos, la adaptada información al público adolescente de La semana sobre la legalización del PCE, pero no lo recuerdo.

Sin embargo, mi memoria tiene tallado el primer mitin al que asistí un mes antes, el 13 de marzo, en el paraninfo de Las Llamas de la UIMP. De cómplice llevé a mi amigo Carlos, un año menor que yo. En aquel salón de actos se hacían actos culturales. Pero esa mañana de aquel domingo, cuando aún no se habían convocado las elecciones del 15 de junio de 1977, quien actuaría no era un poeta, ni un cantautor ni una compañía teatral, sino un jovencísimo dirigente político, Felipe González, y de telonero un aún más joven dirigente de las Juventudes Socialistas, el paisano Tino Brugos, de dilatada militancia sociopolítica tras su expulsión por "trotskista" del PSOE, sindicalista y sempiterno activista, fallecido en noviembre de 2025. Tengo para mí que este es el primer acto legal del PSOE en España desde 1936, pues fue legalizado un mes antes, el 11 de febrero.

De aquel mitin, al que asistieron según las crónicas 3.000 personas —y dos menores de 14 años—, me vine con una chapa roja y en blanco las siglas PSOE que llevé entre gozoso y preocupado algunos días en el colegio de marzo a junio. Un día, un profe seglar, el Cipri, me llamó a la tarima, pero no me afeó, más bien quería que se viera la chapa porque me pidió que bajara el brazo que yo había recogido sobre el codo para ocultarla, y aprovechó para llamar pistoleros a los de UCD cuando en ese momento pasó un coche con altavoces anunciando un mitin de Suárez —a nosotros nos llamaba pistoleros y él era el sheriff—. A quienes no les hizo mucha gracia mi outfit fue a los religiosos, a pesar de la abierta pastoral juvenil salesiana: una cosa es cantar con guitarras en misa y otra hacer propaganda política en el colegio. De hecho, el jefe de Estudios me cesó como delegado de clase. Al curso siguiente comencé 1º de B.U.P. en el instituto José María de Pereda.

2. El 15-J fueron las primeras elecciones libres desde 1936, pero no fueron pluralistas del todo, pues estaban prohibidas las candidaturas republicanas y no todos los partidos fueron legalizados para los comicios. ERC tuvo que amputar la erre para presentarse a las elecciones e Izquierda Republicana, el partido histórico fundado por el presidente Manuel Azaña en 1934, fue legalizado en noviembre, cinco meses después de las elecciones.

Las cartas estaban marcadas, pero era tanta el ansia de libertad —y el egoísmo competitivo— que los partidos de izquierdas legalizados miraron para otro lado cuando otros no fueron legalizados a tiempo para las elecciones del 15-J y tuvieron que presentarse con marcas blancas. También se compitió con las normas electorales aprobadas el 18 de marzo de 1977 por el segundo Gobierno del recién rey restaurado, aunque tampoco creo que fuera posible rechazarlas. El PSOE pudo modificar esa normativa electoral cuando la mayoría absoluta del cambio, por ejemplo, no manteniendo el mínimo de dos diputados por provincia, que favorece la representación de las hectáreas en lugar de las personas, como tampoco estableció ampliar hasta los 400 diputados del Congreso, previsto en la Constitución, y repartir así los 50 diputados para aprovechar los restos en las circunscripciones electorales provinciales como se hace en otros países. Con la LOREG de 1985, el PSOE consolidó la arquitectura electoral aprobada por aquel Gobierno no democrático de Adolfo Suárez, incluido el sistema mayoritario, las listas abiertas y el voto limitado para el Senado.

Precisamente, para evitar las condiciones mayoritarias del sistema electoral del Senado en las elecciones de 1977, se ensayó un experimento unitario de las izquierdas, aunque no en todas las circunscripciones. El PSOE y el PCE presentaron sus propias candidaturas en una treintena de circunscripciones y en el resto formaron parte de candidaturas unitarias o las apoyaron. Hubo siete candidaturas bajo la denominación Senado Democrático, cuatro de la Entesa dels Catalans en Cataluña y otras tantas del Frente Autonómico en el País Vasco y Navarra, mientras la Candidatura Democrática Gallega se presentó en tres circunscripciones y una fue la Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática en Zaragoza, Rioja Democrática y la agrupación electoral Fuerzas Democráticas en Cantabria, entonces provincia de Santander.

Esta última candidatura, presentada bajo el lema "Senadores por la Democracia, otra política y otra gente", estaba formada por el abogado Benito Huerta Argenta, que salió elegido senador, y los catedráticos de instituto Tomás González-Quijano y Eduardo Obregón Barrera.

3. Quijano y Obregón fueron mis profesores de filosofía y de griego en el INB José María de Pereda. Haber conocido sus rostros en los carteles sobre fondo verde, pegados en las paredes de mi ciudad, antes que en el aula, me hizo disfrutar y estar atento a sus clases en aquel «tiempo-ahora» —Jetztzeit—, en aquellos días de transición de la dictadura a la democracia.

Recuerdo aquellas clases magistrales de Tomás González-Quijano, casi asambleas, pues socráticamente nos sometía a todo tipo de deliberaciones, donde iba desgranando el pensamiento de las históricas luminarias de la filosofía y, alternativamente, lanzaba una sucesión de preguntas en el aire que sus alumnos interiorizábamos y los más atrevidos levantábamos la mano para torpemente debatir o enmendar al filósofo de turno y a nuestro querido profesor. De aquellas clases recuerdo cómo germinó en mí el interés por la ética y por las obras del joven profesor José Luis López Aranguren, a quien tuve el honor de conocer en los estudios de RNE 1 y conversar con él en su estudio de la calle Zurbarán a mediados de los años ochenta.

De las clases de Eduardo Obregón aún conservo La Constitución de Atenas, de Aristóteles, nuestro libro de texto en edición bilingüe. Aún resuena en mi cabeza aquella definición de ζῷον πολῑτῐκόν, el animal político que caracteriza la naturaleza del ser humano, e ἰδιώτης, el que no participaba —durante los años ochenta así nos referíamos al moderno pasota—. También las magistraturas Βασιλεύς, Πολέμαρχος y Ἄρχων, la diferencia entre monarquía, oligarquía y poliarquía frente a la tiranía, y aquella frase ἡ πέν oúv πρώτη πολιτεία, "la primera constitución" —forma de gobierno—, que en mi cabeza religiosa traducía: "Y en el principio fue la política", por aquello del Génesis aprendido en los salesianos.

Lo primero que llama la atención de aquella agrupación electoral al Senado de Quijano, Huerta y Obregón era que se llamaba Fuerzas Democráticas y, sin embargo, sus candidatos eran "independientes", más allá de la proximidad de Benito Huerta a Izquierda Democrática, el partido fundado en 1975 por Joaquín Ruiz-Giménez. Desde el Partido Carlista hasta el Movimiento Comunista, pasando por el PSOE y el PCE, todas las fuerzas políticas realmente existentes de la disuelta Platajunta apoyaron la candidatura de los tres senadores por la democracia.

Aquella candidatura unitaria democrática era una expresión antifranquista, pues sus tres candidatos fueron luchadores contra la dictadura, bien desde su militancia en la Hermandad Obrera de Acción Católica —HOAC—, como era el caso de Eduardo Obregón, o bien desde el trabajo profesional de abogado de detenidos y detenidas, como Benito Huerta, o bien desde su acción educativa y cultural como firmante de dramaturgias y manifiestos, como Tomás González-Quijano. Los tres acumulaban detenciones y multas.

Los "tres tenores" hicieron una campaña muy pegada al terreno, barrio a barrio. Las campañas de Jaime Blanco, del PSOE, y del PCE, con Nicolás Sartorius a la cabeza, centraban sus esfuerzos en sus propias candidaturas al Congreso, pero sí acompañaron sus militantes, junto a la pléyade de militancias de las otras izquierdas y aquella juventud no partidaria, pero opositora, los actos político-culturales de la candidatura unitaria, que comenzaban con la representación de La pancarta, antes de tomar la palabra los candidatos al Senado de Fuerzas Democráticas. Eran mítines con teatro documental y, al recordarlo ahora, me explico por qué en las elecciones de 1982, durante los dos meses que pasé por Murcia reorganizando las Juventudes Comunistas, tras la escisión prosoviética de los cejotace, y organizando la campaña electoral con mi amigo Javier Alcázar, entramos en contacto con dos mimos, Pedro y Pablo, que vimos actuar y a quienes planteamos que hicieran unas performances antes de los mítines que improvisábamos en plazas y jardines —aquellos mimos eran Pedro Reyes y Pablo Carbonell, nómadas por tierras murcianas—.

Esto fue ayer, "el presente de las cosas pasadas", en palabras del santo de Hipona. Pero ¿qué pensar sobre "el presente de las cosas futuras", el mañana, porque hoy, "el presente de las cosas presentes", aún no hay convocatoria electoral?

4. Esta última legislatura llegará a su fin en 2027, como muy bien defiende con criterio y razón el presidente Sánchez. No ha sido tan fructífera legislativamente como la anterior, que aprobó doscientas normas, incluidas un centenar de leyes. Sin embargo, no ha sido menor la producción del segundo Gobierno de coalición y la mayoría de investidura, aunque esta última ha sido más inestable que la anterior mayoría, claramente progresista. Desde la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, hasta la Ley 1/2026, de impulso integral de la economía social, pasando por decretos tan importantes como el de regularización de las personas migrantes, esta segunda legislatura del Gobierno de coalición progresista ha aprobado 56 leyes y 28 reales decretos leyes. Cierto que aún quedan algunas asignaturas pendientes como la llamada ley mordaza o la Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española.

Más allá de la producción legislativa y las dificultades para articular una mayoría estable, lo cierto es que esta legislatura se ha caracterizado por una pinza de togas para intentar torcer el brazo del Congreso y del poder ejecutivo, togas de color negro y otras de púrpura senatorial —como aquella antigua "toga pretexta" que distinguía a los senadores romanos—.

El antecedente fue esa reunión de fiscales en abril de 2023 con Feijóo donde se conjuraron para desregular la legislación del primer Gobierno de coalición progresista, pero se quedaron con la miel en los labios con la distribución parlamentaria de las elecciones del 23 de julio de 2023. Aquel acto sin consecuencias legales para los fiscales que violentaron su independencia hizo que, al poco de empezar la legislatura actual, los jueces —y también fiscales— con sus togas negras y vuelillos blancos se manifestaran ilegalmente a la puerta de los juzgados de España contra una ley que aún no había sido ni presentada, por no hablar de esta orgía judicial que lo mismo lleva ante un jurado a la mujer que condena penalmente al hermano del presidente Sánchez por una plaza administrativa, o que condena al fiscal general del Estado por si a alguien de su entorno se le ocurrió filtrar unos correos, cuando en este país se filtra de los juzgados hasta la agenda personal de un expresidente del Gobierno.

Como toda pinza, son necesarias dos puntas o mandíbulas, además de la caja de traba o resorte helicoidal para hacer funcionar el mecanismo, que en este caso se llama Aznar y su proclama "quien pueda hacer, que haga". No bastaría la punta judicial, hace falta otra mandíbula y, sin duda, esta es la mayoría absoluta en el Senado que ostenta el PP, teniendo solo un tercio de los votos que el sistema electoral mayoritario transforma en más del 51 % de los senadores de elección directa.

El sistema mayoritario de elección de senadoras y senadores implica un premio desorbitado para la lista de candidatos que obtiene la mayoría relativa de los votos en cada circunscripción y supone una penalización extrema para el resto de las candidaturas. Castilla y León, con nueve provincias y una población de 2,4 millones, elige 36 senadores frente a la Comunidad Valenciana, que con 5,4 millones de habitantes elige 12 senadores, y aunque por senadores autonómicos la proporción poblacional hace que se elijan tres senadores por las Cortes castellanoleonesas y seis por Les Corts, es evidente la sobrerrepresentación de las hectáreas frente a los electores. El resultado es obvio: si obtienes la mayoría relativa, te quedas con un buen botín electoral.

El PP ha utilizado el Senado como enmienda a la labor legislativa del Congreso, aprobando 30 leyes, cuando solo tiene potestad constitucional de iniciar la labor legislativa para el Fondo de Cooperación Interterritorial. Mientras aún no ha comparecido en la comisión de investigación del Senado de la DANA el expresidente Mazón, proliferan en el palacio de la plaza de la Marina Española paseíllos de comparecientes con pena de telediario y un casting permanente de portavoces populares, a cuál más bronco. El PP ha aprobado sin consenso la cuarta reforma del Reglamento del Senado para limitar el tiempo de los ministros en la sesión de control del Gobierno, para que el Senado pueda recurrir al Tribunal Constitucional si el Congreso bloquea las leyes aprobadas en el Senado, para que los jueces y magistrados no tengan que asistir a las comisiones de investigación, entre otros cambios que han llevado a que se presenten recursos ante el Tribunal Constitucional sobre ocho artículos del nuevo reglamento.

Dadas las competencias del Senado para elegir su cupo del Consejo General del Poder Judicial y para nombrar a un tercio de los doce miembros del propio Tribunal Constitucional, parece claro que cuál sea la mayoría del futuro Senado es cuestión mayor, que diría Mariano Rajoy. Más aún, cuando los bárbaros están a las puertas de Roma y la posibilidad de que la coalición reaccionaria PP-Vox obtenga tres quintas partes del Senado puede hacernos un destrozo constitucional de difícil reparación.

5. Ciertamente, nos jugamos mucho, demasiado, en la convocatoria electoral por venir. Ya solo simbólicamente, celebrar el centenario de la Generación del 27 y llegar al centenario de la Segunda República con un Gobierno de coalición progresista parece de justicia poética.

No somos ingenuos. Hemos visto en esta legislatura cómo se ha apagado el incendio independentista, cómo el crecimiento del PIB nos coloca a la cabeza de las economías más desarrolladas, cómo por primera vez superamos los 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, cómo se ha reducido del 27 % al 12 % la tasa de empleo temporal y cómo se ha incrementado un 60 % el SMI. También cómo las pensiones han subido por encima del 9 % y un 35 % las no contributivas de viudedad; cómo las becas y ayudas al estudio han alcanzado el máximo histórico de los 2.559 millones de euros y el importe medio de las becas universitarias se ha incrementado un 60 %; cómo se van a financiar el 50 % de las ayudas a la dependencia con 6.200 millones de euros y cómo se va a financiar el 60 % del Plan de Vivienda con 7.000 millones de euros…

Y así podríamos seguir enumerando virtudes de la acción del Gobierno, aunque quedan cosas aún por hacer y seguro que habrá buenas sorpresas en los próximos meses. Pero el ruido judicial, mediático y político es ensordecedor. Tiene por finalidad tapar los logros gubernamentales y aburrir a la mayoría social para que nos resignemos a un Gobierno PP-Vox, o sea, al regreso de «los siete magníficos» de aquella AP, hoy reconvertida en Alianza Popular 2.0 o "coalición antisanchista".

Habrá tiempo para hablar de todo esto, pero hoy quiero subrayar que en las elecciones generales de 2027 no solo nos jugamos la mayoría del Congreso. Hay que ir a esas elecciones a ganar también la mayoría del Senado si no queremos asistir a un retroceso constitucional. Para ganar el Senado hay que recuperar el espíritu y la fórmula de aquellas candidaturas de Senadores por la Democracia de 1977 de mis profesores Quijano y Obregón, aquellas entesas, frentes y unidades, con dirigentes políticos y representantes sociales, con actos político-culturales como aquellos de 1977 —seguro que las fuerzas de la cultura se animarían a participar activamente en favor de estas candidaturas unitarias al Senado—. Confío en la sociedad civil para empujar la razón democrática y persuadir a las dirigencias políticas frente a la legítima, pero inútil, competición por el Senado.

Un gran acuerdo de todas las fuerzas progresistas y de izquierdas para concurrir agrupadas en las candidaturas al Senado no solo permitiría rivalizar por la mayoría relativa en las circunscripciones, evitando así una nueva mayoría senatorial del PP, sino que la conjunción con las candidaturas nacionalistas podría dar al Senado por primera vez una mayoría federal y plurinacional para hacer de la Cámara Alta una auténtica cámara territorial. Unas candidaturas unitarias de las izquierdas al Senado, además, serían un factor de motivación e ilusión que redundaría también en la necesaria movilización electoral progresista y de izquierdas para las candidaturas al Congreso.

El dilema en las elecciones de 2027, cincuenta años después, estoy convencido, será democracia y progreso versus reacción y democracia iliberal. Que no sea porque no hicimos todo lo posible para articular una mayoría en el Congreso, sí, pero también en el Senado. Ojalá así sea.

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Jesús Montero es socio de infoLibre.