La cultura no se reduce a destacar los sentidos del arte y la literatura, lo que ocurre en las paredes de un museo, los escenarios, las pantallas y las páginas de un libro. Necesita también analizar las dinámicas del mundo que habitamos. Tomar conciencia de nuestros sentimientos y nuestras razones es inseparable de la apuesta por la dignidad humana que sostiene desde la ilustración nuestros valores democráticos. El fenómeno de la transformación tecnológica y las redes sociales ha supuesto una nueva oportunidad para el feudalismo, ya que las supersticiones se mueven por nuestras vidas en forma de bulos y de pseudoperiodismo. El pensamiento democrático tiene motivos serios para estar preocupado. Y es una trampa que el uso masivo y popular de internet sea convertido en argumento contra el pretendido paternalismo de los intelectuales de siempre, dispuestos a distanciarse de las costumbres generalizadas para dar lecciones de alta cultura. La conciencia crítica frente a las nuevas formas de dominio ideológico no supone ninguna forma de paternalismo, sino una responsabilidad intelectual en defensa de la convivencia democrática.

Jordi Gracia acaba de publicar el panfleto La izquierda ante el tecnofascismo (Anagrama), decidido a denunciar la situación de unas sociedades en las que el poder económico y los medios controlados de información quieren disponer de las directrices políticas en beneficio de los oligarcas. Asume el tono del panfleto para destacar el compromiso urgente del pensamiento crítico en esta situación. La izquierda democrática no sólo debe superar las críticas de paternalismo, sino que tiene que aprender a legitimar modelos serios de regulación y control para defender el estado del bienestar. Y, además, debe ser consciente de lo que ahora se esconde en las viejas banderas de la rebeldía y la libertad. La libertad es hoy ley del más fuerte y las banderas de su rebeldía son un peligro para la paz, el medio ambiente, la igualdad y la fraternidad.

Como Jordi Gracia alude en sus argumentos a los posibles esclavos involuntarios del sistema y a los nuevos rebeldes de la contrarreforma, la lectura de su libro me ha recordado una distinción en la que he pensado mucho cada vez que necesito discutir sobre las redes sociales, los tecnooligarcas y las nuevas formas de comunicación. No es lo mismo un tonto que un idiota. Según el diccionario de la RAE, tonta es la persona falta de razón y de entendimiento. La palabra idiota añade un matiz decisivo en nuestro tiempo: engreído sin fundamento.

El éxito manipulador de las redes del pensamiento reaccionario puede explicarse por la manipulación de esclavos involuntarios que son engañados hasta conseguir que una población vote en contra de sus propios intereses. El pobre que necesita la sanidad pública vota en favor del oligarca que acaba con la sanidad pública para favorecer el negocio de la medicina privada. Ese es un dato llamativo, pero la tontería no basta para explicar la profundidad de las estrategias de un sistema enemigo que nos conoce bien. Hay una apuesta cultural más profunda.

El neoliberalismo ha desplazado poco a poco las ilusiones colectivas en favor de un individualismo radical. Soy dueño de mis triunfos y responsable de mis fracasos, así que me sobran la política y las vigilancias de un Estado social. En esta lógica, los oligarcas no piensan sólo en tontos a los que manipular, sino en idiotas engreídos que se conviertan en activistas de una contrarreforma y olviden en nombre de su hedonismo consumista el conocimiento, la meditación y el estudio, animados por el populismo y la rabia de los insultos. Los engreídos llegan a creerse dueños de sus idioteces y las consumen con avaricia. Basta con pasearse un momento por las redes para ver hasta qué punto están habitadas, más que por tontos que son engañados, por idiotas engreídos que se creen en posesión rabiosa de su verdad.

Y cuando las redes se presentan como nuevas formas de agrupación dicen una verdad sesgada. No es que acaben con el individualismo en sus nuevas formas de comunicación, es que convierten los rencores individuales en el argumento prioritario de cualquier reunión. De ahí el éxito populista de los movimientos reaccionarios que se agrupan en nombre de los rencores personales y no en favor de las ilusiones colectivas.

No soy intelectual paternalista, sino un ciudadano preocupado por el mundo que habita. Por eso aconsejo la lectura de este ensayo de Jordi Gracia: La izquierda ante el tecnofascismo. Que los tontos y los idiotas sigan sin perdonarme. Ya estoy acostumbrado a sus insultos.

El objetivo está claro. Ahora toca renunciar. Sin olvidar cada ideología, llega el momento de priorizar, de decidir no solamente quién se presenta sino también con qué programa se presenta.

Antecedentes ha habido, aunque los resultados no fueron los esperados. Al menos para algunos. Si el primer ministro canadiense Mark Carney se mostró partidario de que unirse da fuerza frente a Donald Trump, en España no parece que sumen bien personalidades y programas. Claro que hay ejemplos de distintos estilos y métodos. Tanto en la izquierda como en la derecha. Por un lado la ideología está subsumida en un partido, que asume las prédicas más o menos radicales de otros. Por eso la ultraderecha apenas aparece en algunas comunidades donde la derecha utiliza su ideología.

En la parte ideológica de la izquierda los movimientos van por otro lado. Parece que las propuestas del partido mayoritario las asume un minoritario y los votos han ido del menor al mayor, al menos en ciertas comunidades, por eso suele ocurrir que en una coalición el menor va perdiendo valor y en las siguientes elecciones deja muchos votos y muchos puestos.

Aunque el minoritario es más atrevido y promueve las leyes más avanzadas porque el mayoritario no se atreve a cumplir en algunas materias y el pequeño, más radical, sí se atreve. Pongamos que en un Consejo de Ministros se consensúan las propuestas de ambos coaligados, lo que no significa renunciar a unas ideas, y sí buscar un límite por abajo que atraiga al elector.

Entiendo que la propuesta hecha por Gabriel Rufián consiste en que en cada comunidad o distrito electoral los partidos a la izquierda del Partido Socialista consensúen un candidato único (en una jurisdicción ganará uno, en otra ganará otro, según su implantación) y Rufián en la suya, en una provincia de Cataluña, no se iba a presentar en varias, claro. Las palabras del diputado de ERC fueron esquemáticas, lo que provocó cierta confusión inicial. La concentración en una candidatura agrupa votos e ideologías, que se convierten en escaños luego. Claro que la izquierda en este país es toda matices y será muy difícil alcanzar acuerdos, sin pensar que los matices se han de dar una vez elegidos. Así se entiende la derecha, una vez conseguidos los escaños.

Es decir, toca renunciar. En cuanto a personal y en cuanto a ideas o métodos. Es mejor tener detrás un grupo asesor, aunque no sea ideológicamente compacto, que no tener escaño. Quizá sea un posibilismo excesivo pero puede ser un modo de conseguir frenar a la ultraderecha. El mantenimiento de la democracia tiene su peaje porque la democracia no es un sistema fijo, permanente, hay que sostenerlo, mantenerlo vivo cada día. El poder económico busca apropiarse de él y arrebatarlo al ciudadano, por lo que hay que luchar contra ese intento de apropiación. Eso es lo que nos queda.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

En la era de la saturación digital, las estadísticas selectivas sirven para construir grandes mentiras. Es el viejo truco del cherry picking o el sesgo de selección: se trata de acudir a un árbol, recoger únicamente las frutas maduras o podridas que convienen al relato y mostrar la cesta como si fuera la radiografía exacta de todo el bosque. Cuando esta técnica se aplica a dramas humanos tan desgarradores como la explotación sexual de menores, el resultado es gasolina flotando en una opinión pública a punto de estallar.

La historia reciente demuestra que los datos étnicos sesgados o falsos no se quedan en el plano académico; saltan a las calles en forma de disturbios, violencia y fractura social, como los vividos en el Reino Unido en el verano de 2024 tras los bulos de Southport.

El ultraderechista Javier Negre emplea estructuras narrativas de deshumanización, pánico moral y victimización de la mayoría, enfocándose sobre todo en los musulmanes. En su retórica son comunes términos como “invasión islámica”, “ideología que carcome” o “colapso de Occidente”. Es una falsa teoría conspirativa rechazada categóricamente por la comunidad académica, verificadores de datos y organismos internacionales.

Pese a la falsedad del discurso y lo rastrero de su argumentación, la extrema derecha sigue creciendo y ganando adeptos.

Lo más peligroso es que la desinformación no nace de una mentira completa. De hecho, una parte sustancial de los hechos es cierta, pero se presenta de manera que conduce al público hacia conclusiones falsas. Tan irresponsable es negar la realidad como exagerarla, por eso debemos diferenciar entre el periodismo serio y la propaganda.

Numerosos estudios criminológicos demuestran que más del 80% de los abusos infantiles se producen en entornos familiares conocidos o cercanos a las víctimas. El propagandista Javier Negre, ha tomado los datos observados en determinados municipios y los ha proyectado matemáticamente al conjunto del país, los presenta como si describiera una realidad nacional homogénea donde ser musulmán es sinónimo de violador o abusador sexual. El problema adquiere una relevancia moral, porque cuando Negre convierte artificialmente una excepción documentada en regla universal, la consecuencia es la estigmatización colectiva de millones de personas que no tienen ninguna relación con los delitos.

La ciencia social lleva décadas advirtiendo sobre este tipo de manipulación que persigue dejar de informar y tratar de persuadir, y en la actualidad la inteligencia artificial añade más complejidad al problema.

Muchos ciudadanos acudimos a la IA buscando una respuesta neutral, ajena a los intereses ideológicos de partidos, medios de comunicación o grupos de presión. Pero las máquinas no piensan en el vacío. Tienen los sesgos de los seres humanos que las crearon. El historiador y filósofo Yuval Noah Harari advierte en su obra Nexus que los sistemas algorítmicos no distinguen necesariamente entre verdad y viralidad. Una información puede expandirse masivamente no porque sea correcta, sino porque resulta emocionalmente poderosa, genera indignación o confirma prejuicios previos. Hasta el papa León XIV nos lo acaba de advertir en su encíclica “Magnifica humanitas” donde nos invita a replantearnos el papel de la tecnología subrayando que la IA no es neutral y aboga por “desarmarla” de lógicas de dominio, exclusión y control. No se trata de una conspiración tecnológica, sino de una limitación inherente a algoritmos entrenados por seres humanos sesgados. Cuando una determinada narrativa domina el ecosistema informativo, el riesgo de que también influya en las respuestas algorítmicas aumenta significativamente.

Por ejemplo, en Torrepacheco se presentó un acto concreto de delincuencia como consecuencia directa de la inmigración en su conjunto, circularon vídeos descontextualizados, imágenes procedentes de otros lugares y mensajes interesados en señalar a comunidades enteras como criminales. Los mensajes más alarmistas eran los más compartidos y comentados. La emoción viaja más rápido que la verdad.

Tras el asesinato de varias niñas en Southport, se difundieron rápidamente informaciones falsas sobre la identidad del autor. Antes de que las autoridades reaccionaran, miles de usuarios compartieron interesadamente la atribución del crimen a colectivos inocentes. Esta desinformación alimentó disturbios, ataques contra mezquitas y enfrentamientos callejeros. Posteriormente se comprobó que muchas de las afirmaciones iniciales eran falsas.

La tecnología no necesita mentir para desinformar; a veces basta con amplificar selectivamente una parte de la verdad y silenciar el contexto necesario para comprenderla. La democracia necesita investigaciones honestas, la justicia necesita pruebas y la inteligencia artificial ciudadanos capaces de pensar críticamente. Cuando Javier Negre utiliza palabras como “invasión total” despoja al musulmán de su individualidad civil, lo transforma en un enemigo uniformado, en un “varón en edad militar”. Y cuando afirma que la inmigración “carcome el corazón de la civilización occidental”, lo compara con una enfermedad que corrompe al cuerpo sano desde dentro. Negre no busca debatir datos, sino contribuir a un mito literario cerrado donde el musulmán es una amenaza existencial que nos obliga a elegir entre la sumisión o la confrontación.

Los programadores y los modelos de IA no pueden ser meros espectadores asépticos. El rigor informativo debe pasar por encima de la complacencia o del algoritmo de interacción. Cuando un informe miente o manipula con las cifras globales, la obligación ética de la tecnología debe ser desmontar la falacia de inmediato, de forma directa y sin preámbulos. De lo contrario, seguiremos permitiendo que quien mira un árbol crea que todo el bosque está podrido.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

Todo empezó con una posición antidemocrática: la idea de que este gobierno es ilegítimo porque no gobierna la fuerza más votada. No se trata de un desconocimiento del funcionamiento del sistema parlamentario español, en el que la ciudadanía vota al poder legislativo y gobierna quien logra reunir una mayoría suficiente en el Congreso. Lo que había detrás era el resentimiento de una oligarquía que ya se veía vencedora.

En el fondo, la cuestión es siempre la misma: la existencia de poderes, dentro y fuera del Estado, que pretenden coaccionar al legislativo, el único poder elegido directamente por la ciudadanía. Las elecciones se celebraron en julio de 2023 y, ya en otoño de ese mismo año, José María Aznar dio el toque de corneta con su célebre llamamiento: «Quien pueda hacer, que haga».

La corrupción, para quienes —en la estela de Donoso Cortés— consideran que la aristocracia es un elemento de libertad y la democracia un elemento de tiranía, nunca ha sido un problema especialmente preocupante. Las grandes fortunas y muchas de las familias que las poseen hunden sus raíces históricas en formas de apropiación y expropiación vinculadas a la corrupción por sistema.

Se actúa de una u otra forma dependiendo de a quién afecte. El caso Aldama resulta paradigmático. Mientras que José Luis Peñas, el concejal del PP que contribuyó decisivamente a destapar la trama Gürtel, sufrió, junto a su familia, un auténtico calvario, Víctor de Aldama, tras reconocer delitos cuando fue descubierto, ha sido elevado a la condición de referente moral por buena parte de la derecha mediática en su supuesta cruzada contra la corrupción.

Imaginemos por un momento que familiares directos del presidente del Gobierno se hubieran enriquecido mediante negocios vinculados a la pandemia, del mismo modo que se ha normalizado que ocurra en el caso de Ayuso. Resulta fácil imaginar cuál sería la magnitud del escándalo.

Las razones que explican el clima de olla a presión que vivimos no pueden entenderse únicamente a partir de los casos de corrupción. Aunque estos existan y sean graves, el problema de fondo es todavía más peligroso. La idea sería la siguiente: hasta hace poco, el PSOE era funcional al régimen del 78; de hecho, constituía uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, cuando da muestras de querer emanciparse parcialmente de los límites establecidos, comienzan las advertencias. Y eso, desde determinados centros de poder, no se tolera. Al PNV ya le han mostrado la primera cabeza de caballo.

Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no son los episodios concretos de corrupción, por escandalosos que sean, sino la existencia de relaciones de poder capaces de ocultar o exhibir la corrupción según convenga a determinados intereses. Lo que quiero destacar es que hay algo todavía más grave que la corrupción de las tramas organizadas: el poder para decidir qué corrupción se persigue, cuál se silencia y cuándo se hace cada cosa en función de la obediencia política al poder oligárquico. Esa arbitrariedad es la que convierte la corrupción en democracia en una corrupción de la democracia.

Esto no pretende relativizar ni minimizar la gravedad de los casos que afectan al PSOE. Lo que busca es situarlos en un contexto más amplio, en el que la consideración de quién es corrupto y quién no parece depender menos de los hechos que de los intereses. Cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un mecanismo estructural de disciplinamiento político.

Quizá todo este contexto de corrupción estructural ayude a explicar por qué el PSOE, incluso en una coyuntura tan delicada como la actual, no quiere pasar a la ofensiva e impulsar una agenda profunda de reformas democráticas. Actuar cuando aparece la corrupción es necesario —qué menos—, pero resulta insuficiente. Eso significa actuar sobre los efectos y no sobre las causas.

La peor consecuencia de la corrupción no es económica. El daño fundamental es político: la subordinación de la cosa pública a intereses privados. La corrupción es un disolvente de la democracia y, al contrario, reforzar la democracia —a saber, reforzar la igualdad y blindar la cosa pública frente a los agentes privados— significa llevar a cabo medidas extraordinarias que cuestionan a poderes de dentro y de fuera del Estado. Y eso ya significa alterar sustancialmente la manera de funcionar y organizar el poder en España. Y hasta ahí podíamos llegar en la lucha contra la corrupción.

Aznar lanzó su llamamiento contra el Gobierno en 2023. En junio de 2026, el destinatario de sus advertencias ya no parece ser únicamente el presidente, ni siquiera el Ejecutivo. El mensaje se dirige directamente a la sociedad española: si no ganan quienes deben ganar, la convivencia está en riesgo. Quedarse quietos no va a frenar su voracidad. Quien quiera entender, que entienda.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

La corrupción ocupa un lugar privilegiado en la conversación pública. Escándalo tras escándalo, la política parece dividirse entre corruptos y perseguidores, entre quienes cometen los abusos y quienes los denuncian. La escena resulta familiar: una investigación, una filtración, una comisión parlamentaria, una portada, una declaración solemne y, finalmente, una nueva promesa de regeneración democrática.

Sin embargo, quizá hemos dedicado demasiado tiempo a preguntarnos quién es corrupto y demasiado poco a preguntarnos quién vive de la corrupción.

No me refiero a quienes se enriquecen ilegalmente gracias a ella. Sobre esos existe un consenso razonable: deben ser investigados y, si corresponde, condenados. Me refiero a otra cuestión más incómoda. ¿Qué incentivos genera la existencia permanente de la corrupción para quienes tienen la misión de combatirla?

La pregunta puede parecer provocadora, pero en realidad es bastante clásica. La sociología lleva décadas recordándonos que toda organización desarrolla intereses propios además de los fines para los que fue creada. Los medios necesitan informar, pero también audiencia. Los partidos necesitan representar a sus votantes, pero también diferenciarse de sus adversarios. Las instituciones necesitan resolver problemas, pero también justificar recursos, visibilidad y relevancia. La corrupción no escapa a esta lógica.

Alrededor de ella se ha configurado un ecosistema formado por partidos, medios, expertos, organizaciones, plataformas y actores diversos que cumplen funciones necesarias para la vida democrática. Sin embargo, la existencia continuada de la corrupción también alimenta dinámicas de competencia política, movilización y producción de atención pública.

Quizá por eso la corrupción ha dejado de ser únicamente un problema de integridad institucional para convertirse también en un instrumento de desgaste político.

La cuestión ya no es sólo quién roba. La cuestión es quién logra erosionar la legitimidad de su adversario.

En las democracias contemporáneas, donde la competición es permanente y la atención escasa, la sospecha puede resultar casi tan valiosa como la condena. Una investigación abierta durante años, una sucesión constante de titulares o una cadena ininterrumpida de acusaciones pueden producir efectos políticos profundos con independencia del desenlace judicial.

No se trata de negar la existencia de la corrupción ni de cuestionar la necesidad de perseguirla. Todo lo contrario. Una democracia necesita instituciones capaces de investigar y sancionar conductas ilícitas. Pero también necesita comprender qué incentivos aparecen alrededor de esa persecución.

Porque una sociedad sana no sólo debe preguntarse quién es corrupto. También debería preguntarse qué ocurre cuando la corrupción se convierte en el centro permanente de la conversación pública. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones. Pero la sospecha permanente también puede hacerlo.

Y entre ambas cosas existe una pregunta que apenas nos atrevemos a formular: ¿quién obtiene poder cuando la corrupción nunca desaparece del debate?

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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral, socióloga y analista.

Hay procesos judiciales que no se entienden tanto por sus autos como por su eco. Se desvirtúan al hacerse públicos. Sus reglas internas se ven contaminadas por el escenario. El expediente pertenece al ámbito de lo verificable, pero su resonancia se rige por reglas inestables, donde el Derecho deja de ser un sistema de garantías y se vuelve relato colectivo.

El caso de Begoña Gómez se ha desplazado a un territorio donde el Derecho, la política y la conversación mediática conviven en una simbiosis perversa que se retroalimenta de los otros elementos.

El Derecho penal moderno se sostiene sobre una tensión permanente entre dos principios: la presunción de inocencia y la necesidad de asegurar la eficacia del proceso. Las medidas cautelares —como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país o la obligación de comparecencias periódicas— forman parte de ese equilibrio inestable.

Su finalidad es preventiva, no punitiva. Técnica, no simbólica.

Esa distinción, nítida en los manuales, se vuelve menos evidente cuando el procedimiento afecta a figuras de alta exposición pública. Entonces ya no se interpreta solo la medida, sino su contexto, y éste a veces pesa tanto como la norma.

La teoría jurídica rara vez logra preservarse intacta cuando entra en contacto con casos de alta densidad política.

Conviven la literalidad de una decisión y su traducción pública en un entorno mediático saturado de interpretación inmediata. Cada resolución judicial es fragmento de una narración mayor, ya en marcha antes que el procedimiento comenzara.

La discusión sobre la proporcionalidad y la motivación de las medidas cautelares en contextos de alta exposición institucional es recurrente. Algunos juristas sostienen que deben ajustarse al marco ordinario de apreciación judicial. Otros subrayan que la intensidad de la exposición pública exige una justificación rigurosa, para evitar lecturas distorsionadas. Ambas posiciones conviven en el ordenamiento legal.

El caso de Begoña Gómez ha sido absorbido por la política, que lo interpreta según sus propios códigos. El Gobierno denuncia una judicialización excesiva del conflicto político. La oposición interpreta el proceso como síntoma de deterioro institucional. Y con frecuencia la opinión pública no discrimina entre lecturas jurídicas e interpretaciones del poder.

En esa superposición de planos —jurídico, mediático, político— emerge una vieja pregunta que España conoce bien. ¿Qué ocurre cuando la justicia deja de ser percibida como un espacio de resolución y es percibida como un espacio de confrontación?

El problema no es nuevo. Lo novedoso es la aceleración “vertiginosa”. Entre el auto judicial y su interpretación política apenas transcurren minutos. Segundos. Entre la decisión y su transformación en consigna no hay apenas mediación. El relato se impone de forma automática, antes de que el hecho haya terminado de formularse.

Javier Cercas insiste en que las democracias no se sostienen en la unanimidad, sino en la aceptación de procedimientos imperfectos que permiten la convivencia. Y esa aceptación depende de una condición frágil: la confianza. Cuando se mina, el procedimiento pierde la capacidad de generar legitimidad compartida.

El efecto erosivo es acumulativo.

También la literatura ha descrito esa tensión entre realidad y relato. Javier Marías desconfiaba de las narraciones cerradas y las explicaciones demasiado limpias acerca de asuntos sucios. Esa desconfianza, trasladada al presente, adquiere una dimensión casi institucional. La opinión pública se siente impulsada a hacer suyos los mensajes de interpretación sesgada, que se le ofrecen de forma inmediata.

Y ya nadie advierte que esa inmediatez de “ver el árbol que uno tiene en frente” tiene consecuencias: impide alzar la vista para contemplar el bosque.

El caso de Begoña Gómez deja de ser solo procedimiento judicial y se convierte en espacio simbólico donde se proyectan tensiones más amplias. Jurídicas, políticas y mediáticas. El expediente en apariencia respeta la lógica interna, pero su percepción pública lo desborda.

Las personas implicadas son al tiempo sujetos procesales y figuras “juzgadas públicamente”. Sobre ellas se proyectan sospechas, expectativas e interpretaciones interesadas.

Miguel Hernández lo expresó desde otro tiempo histórico, con una intensidad que aún hoy resulta incomoda. En su El hombre acecha escribió: “Para la libertad, sangro, lucho, pervivo.”

No es un lema. Es una condensación de experiencia histórica. La libertad entendida no como abstracción, sino como algo que se ejerce incluso en condiciones adversas.

Hernández no escribía desde la distancia. Escribía desde la urgencia. Quizá por eso su voz reaparece en momentos en los que la noción misma de libertad vuelve a ser objeto de debate público.

En esa misma tradición de pensamiento crítico sobre la democracia, María Zambrano propuso una idea que hoy cobra una resonancia particular. La democracia, decía, no es solo un sistema político. Es también una forma de razón. Una “razón poética” capaz de sostener la complejidad sin reducirla a esquemas cerrados.

Una forma de pensamiento que no se apresura a cerrar el sentido.

Esa idea es relevante en un entorno donde la realidad pública se acelera hasta volverse casi instantánea y todo tiende a interpretarse de inmediato, desdeñando el posible error de apreciación y la pérdida del matiz diferencial.

Cuando todo se juzga ¡ya! nada se comprende jamás.

El caso de Begoña Gómez no puede reducirse a una sola lectura sin empobrecerlo. Es al tiempo procedimiento judicial —con sus tiempos y garantías—, acontecimiento político —en un contexto de alta polarización— y fenómeno mediático que amplifica, selecciona y reorganiza la información según sus propias dinámicas.

El riesgo no reside en la existencia de estas capas, sino en su colisión constante.

Cuando un caso concreto se vuelve “símbolo total” —de legitimidad institucional o de su cuestionamiento—, el espacio intermedio desaparece. Y sin ese espacio la democracia se ahoga y pierde una de sus condiciones esenciales: la capacidad de convivir con la incertidumbre.

“Begoña somos todos” no es una afirmación literal. Tampoco es una consigna. Es una advertencia sobre el peligro que corremos todos. Dañar la justicia, la política y la imparcialidad de los medios es dañar los fundamentos de la democracia y del estado de derecho.

Cualquier figura situada en el centro del foco institucional deja de pertenecer exclusivamente a su individualidad. Se convierte en superficie de proyección colectiva.

Y esas proyecciones no son neutrales. Simplifican. Ordenan. Condensan.

En ese proceso se pierden los elementos que el Derecho necesita para funcionar: los matices, los tiempos largos, las distancias necesarias para deliberar sin urgencia.

La cuestión de fondo no es quién tiene razón. Sino cómo evitamos la progresiva demolición del Derecho.

La vida necesita tiempo. Es decir, tiempos distintos.

Tiempos en los que el Derecho pueda operar sin ser inmediatamente absorbido por la política o por el ruido mediático.

Cuando todo se interpreta al mismo tiempo, el juicio deja de ser posible. Y solo queda el reflejo.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

¿Debe dimitir el presidente del Gobierno? La historia nos enseña que aquí no dimite casi nadie, como muestra este conciso y contrastable relato. ¿Por qué apoyar una dimisión sin saber cómo funcionará la alternativa? O tal vez sí, pues ya hay situaciones y hechos palpables en algunas comunidades autónomas. 

Suárez dimitió, pues los sables y otros poderes, la España negra, se le echaron encima y forzaron su salida; eran los inicios de la democracia, los conocidos como poderes fácticos no iban a ponerlo fácil, ni entonces ni ahora. Las cloacas huelen mal. Le sustituyó Calvo Sotelo, quien dimitió, convocó elecciones y perdió; lo cesó el pueblo. El país seguía en una situación relativamente caótica. Ni Suárez ni Calvo Sotelo se atrevieron a limpiar el alcantarillado para eliminar los olores de la dictadura y el entorno. Un dicho popular nos advierte que cuando la justicia escasea, tener razón es peligroso.

Llegó González, una brisa fresca, pero no era la fragancia GAL. Sí aparecieron los GAL, organización parapolicial, y también el espionaje del CESID; dimitieron altos cargos, González no dimitió; también lo echó el pueblo. Ya antes, en 1996, los de CIU, los padres de Junts, apuntaban maneras y le zancadillearon. En el 2000 perdió frente al PP; su acre fragancia aún perdura.

Le sucedió Aznar. Tuvo un mandato complicado, marcado por asuntos como el Prestige, el Yak-42, el 11M y las peregrinas explicaciones de aquel terrible crimen y, finalmente, los aires guerreros de Irak. Lo cesó el pueblo mediante las urnas; la cosa no olía bien. 

Zapatero llegó en 2004, con una crisis en puertas y el coletazo final del terrorismo de ETA. Los progresos sociales no taparon la fragancia de los ERE, ni la crisis de 2008. El mandato le pasó por encima y dimitió. Le sustituyó Rubalcaba, quien perdió las elecciones el 20 de noviembre de 2011 frente a Rajoy. El mandato popular cesó a los socialistas.

Rajoy tuvo unas legislaturas jalonadas por el caso Gürtel, caso Bárcenas, el uso de fondos reservados y la implicación del Estado, Ministerio del Interior, en las llamadas cloacas; hasta ese momento solo en el caso GAL se había utilizado a instituciones del Estado.

En 2018, una moción de censura legítima le echó del Gobierno, le apeó Sánchez, quien gobernó hasta 2020. Llamó a las urnas en 2020 y 2023, gobernando en ambas legislaturas en coalición con otras fuerzas; no soportaba el olor de algún socio. Su mandato finalizaría en 2027.

Conclusión: ningún mandatario dimite motu proprio; al gobernante de turno lo cesa el pueblo o la moción de censura, cuando los aires de poder lo descomponen. Ante el fin del bipartidismo se avecinan nuevas fórmulas coalicionistas cuya mezcla produce olores insoportables que obligarían a llevar máscara.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Acabo de leer La república por venir, de José Antonio Pérez Tapias, que me parece llega en un momento oportuno porque la democracia atraviesa una crisis que ya no puede explicarse únicamente por el desgaste de los gobiernos o por la polarización política. Lo que está en cuestión es algo más profundo: la capacidad de los ciudadanos para influir realmente en las decisiones que afectan a sus vidas.

Pérez Tapias ofrece un diagnóstico sólido de esa crisis y recupera una vocación política que merece mayor atención, el republicanismo. Su idea de la libertad como ausencia de dominación resulta especialmente pertinente en una época en la que millones de personas experimentan formas de dependencia económica, laboral y tecnológica que limitan de hecho la libertad.

Sin embargo, al cerrar el libro me quedó una impresión que considero importante compartir. El republicanismo contemporáneo ha desarrollado con notable éxito una teoría de la democracia deseable, pero sigue teniendo dificultades para formular una estrategia de transición que permita alcanzarla.

Sabemos la república que queremos. Pero no cómo construirla.

Durante décadas, una parte significativa del pensamiento progresista ha concentrado sus esfuerzos en la crítica. Ha denunciado la desigualdad, la concentración del poder económico, la degradación de la esfera pública y la insuficiencia de las democracias representativas. Esa crítica era necesaria. Pero hoy resulta insuficiente. Los ciudadanos no sólo necesitan diagnósticos; necesitan propuestas capaces de traducirse en instituciones.

Si hablamos de libertad como no dominación, debemos preguntarnos qué reformas concretas reducen esa dominación. Si hablamos de participación democrática, debemos identificar mecanismos efectivos para ampliarla. Si defendemos una sociedad más igualitaria, debemos explicar mediante qué instrumentos políticos y económicos puede hacerse realidad.

La república por venir necesita una hoja de ruta, y se podría comenzar por fortalecer los espacios de deliberación ciudadana. Garantizar la libertad de conciencia, los procesos participativos vinculantes o nuevas formas de consulta pública no sustituyen a la democracia representativa, pero pueden complementarla y revitalizarla.

También exige abordar la dimensión material de la libertad. Resulta difícil hablar de ciudadanía plena cuando el acceso a la vivienda se convierte en un privilegio, cuando la precariedad laboral condiciona proyectos vitales enteros o cuando amplias capas sociales perciben que trabajan más para vivir peor. La libertad política necesita condiciones materiales que la hagan posible.

Al mismo tiempo, el ideal cosmopolita defendido por Pérez Tapias requiere una traducción institucional más concreta. La cooperación internacional es indispensable para afrontar desafíos como la crisis climática, la fiscalidad de las grandes corporaciones digitales o los movimientos migratorios. Pero el cosmopolitismo ganará apoyo social si demuestra que puede mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos y no sólo expresar una aspiración moralmente encomiable.

Existe además una cuestión que la izquierda democrática no debería seguir ignorando. El auge de opciones populistas y de extrema derecha no puede entenderse exclusivamente como una anomalía ideológica. En muchos casos expresa frustraciones reales relacionadas con la pérdida de control sobre las condiciones de vida, la inseguridad económica o la percepción de distancia respecto a las élites políticas. Combatir esas opciones exige defender la democracia, pero también escuchar los problemas que las alimentan.

Por eso creo que el debate abierto por Pérez Tapias merece continuar. No para corregir el ideal republicano, sino para completarlo. El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en imaginar una democracia más libre, más igualitaria y más fraterna. Consiste en identificar las reformas, las instituciones y las alianzas sociales capaces de hacerla posible.

La república por venir necesita una teoría de la transición. Necesita puentes entre el horizonte normativo y la realidad política. Porque las democracias no cambian sólo cuando aparecen buenas ideas. Cambian cuando esas ideas encuentran la manera de convertirse en poder ciudadano organizado.

Y quizá esa sea hoy la tarea pendiente más urgente para quienes siguen creyendo que la democracia puede ser algo más que la administración de lo existente.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Confieso que cada vez me cuesta más leer determinados titulares políticos sin sentir una mezcla de repugnancia, preocupación y desconfianza.

No porque la política no deba ser vigilada. Debe serlo. No porque un gobierno no deba rendir cuentas. Por supuesto que debe. Y no porque Pedro Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero estén por encima de la crítica. Nadie lo está. La crítica política es necesaria. La prensa libre también.

Lo que me inquieta es otra cosa.

Me inquieta comprobar cómo una parte del debate público español parece haber renunciado al análisis para entregarse a la sospecha permanente. Cómo cada día aparece un nuevo titular construido para provocar impacto inmediato, indignación automática y condena anticipada. Cómo se lanza una acusación con grandes letras y después, cuando llega el matiz o la rectificación, apenas queda espacio para contarla. Porque ya no importa la verdad. Basta con haber dejado la huella de la duda.

Y esa dinámica no es provocada.

La manipulación mediática rara vez funciona inventándolo todo desde cero. Funciona de forma mucho más eficaz, seleccionando, recortando, exagerando, sacando de contexto, repitiendo. Transformando indicios en certezas. Filtraciones en relatos cerrados. Hipótesis en culpabilidades políticas. Hasta que lo que empezó siendo una posibilidad termina instalado en la opinión pública como si fuera un hecho probado.

Lo hemos visto demasiadas veces con dos líderes políticos, Pedro Sánchez y también con Zapatero.

A Sánchez se le critica no sólo por lo que hace, sino por una caricatura cuidadosamente construida sobre quién supuestamente es. Cada decisión se interpreta desde el prejuicio previo. Cada movimiento político se presenta como maniobra oscura. Cada noticia parece redactada no para explicar, sino para confirmar una sentencia ya escrita de antemano.

Con Zapatero sucede algo parecido desde hace años. Su papel internacional, su interlocución política o su capacidad de mediación son leídos muchas veces desde la insinuación constante, como si alrededor de él hubiera que mantener siempre encendida una sombra de sospecha. Da igual lo que haga: el marco narrativo ya está construido antes de que empiecen los hechos.

Porque el problema ya no es sólo contra quién se dirige. El problema es lo que provoca en todos nosotros.

Cuando el espacio público se llena de un calculado ruido, la ciudadanía deja de estar informada y pasa a estar dirigida. Cuando el titular sustituye al contexto, dejamos de comprender. Cuando la sospecha se convierte en método de oposición política, la democracia se debilita desde dentro.

La degradación democrática no siempre llega con grandes gestos. A veces llega poco a poco. Se instala en la conversación cotidiana. En la intoxicación permanente. En el descrédito sistemático de instituciones, adversarios y medios que no encajan en un determinado discurso. Llega cuando ya nadie espera conocer la verdad, sino únicamente confirmar aquello que quiere oír.

Y eso es profundamente peligroso.

Porque la democracia puede soportar gobiernos buenos, malos o mediocres. Puede soportar alternancia, conflicto, polarización y desgaste. Lo que no soporta indefinidamente es vivir instalada en una atmósfera de sospecha prefabricada, donde el escándalo pesa más que los hechos y el impacto vale más que la verdad.

Se puede discrepar radicalmente de Pedro Sánchez. Se puede criticar políticamente a Zapatero. Pero otra cosa distinta, y mucho más grave, es aceptar como normal una maquinaria de señalamiento permanente construida desde la manipulación mediática.

Cuando la sospecha se convierte en estrategia, el ruido en herramienta y el desgaste en objetivo, ya no está sólo en juego el prestigio de un político. Lo que está en juego es avanzar en democracia.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.

La labor de zapa o trabajo de zapa es una expresión que define el trabajo que se realiza de forma oculta, sutil y progresiva para conseguir un fin, especialmente si busca debilitar o socavar los intereses de alguien.

La dignidad de los partidos y sus contextos oportunistas sin visión global están centrados en la pesca del voto y no en programas o idearios, en la conquista por asientos o privilegios que el poder facilita. Sin instrucción será difícil hallar la convicción.

Cuando la oposición consiste en el descrédito personal sin sustanciar alternativas políticas, no es progreso lo que se busca para la sociedad. Es poder presupuestario lo que se busca, y prueba de ello la tenemos en las acciones de privatización de sectores públicos, que se llevan a cabo por los partidos políticos que alientan la discordia, incluso refugiándose en etapas superadas ya en nuestra historia común.

El afán por demonizar, en esta ocasión a Zapatero, nos conduce a un escenario revelador de la condición humana y sus motivaciones.

Dicen que Aristóteles ya habló de ello cuando señaló que: “El ser humano, en su mejor momento, es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor”. Ya sabemos que no es lo mismo tener tabulado a un animal en un “Goro” que bajo una Constitución.

Gian María Volante, en Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, protagonizó a un importante funcionario de la policía que asesina a su amante, pero pone en evidencia pruebas contra sí mismo por que no soporta que se burle el orden establecido y que los culpables queden impunes.

Finalmente, el comisario confiesa desesperadamente el crimen ante sus superiores, en un intento por no subvertir la esencia de la autoridad, pero todos se niegan a creerle, obligándolo a retractarse de su confesión, con la aprobación del jefe de la policía. Es aquello de que no sólo hay que serlo, sino parecerlo.

La narración desde la insidiosa interpretación de los investigadores, donde se indica lo que se quiere decir, o se apunta lo que se quiere construir, y no lo que se dice o se hace, no debe ser acogida a las primeras de cambio.

En este país nuestro, las sospechas se nos quieren presentar como evidencias, teniendo las mismas la aprobación por los supervisores de las indagaciones. Pero se va más allá. Desde la denominada política, se ilumina el camino a los jueces, llegando en el presente caso a instar la prisión provisional o retiradas de pasaporte, u otras medidas cautelares, con el único fin de generar un ambiente de urgencia social.

Ahora sí, Z es Zapatero, y, M. Rajoy es un ignoto presidente con quien esa misma policía, que en aquel momento fue estigmatizada como “patriótica”, colaboró y participó en la demonización de adversarios políticos y en la destrucción de pruebas que imputaban a los miembros del Partido Popular, e intentó la inmolación de Bárcenas con aquella sentencia: “Luis, sé fuerte”. Estoy por ver en qué momento judicial se llevará a cabo la deducción de testimonios incriminatorios para con M. Rajoy, quien afirma: “Yo me llamo como me llamo y cada uno me llama como quiere”.

La difamación como pretexto, usando el auto inculpatorio contra el principio de inocencia, se desluce por la precipitación de sus autores e intérpretes para el desgaste político de los adversarios, buscando la portada periodística que ya queda indeleble. ¡Difama, que algo queda!

El poder económico ya fue aventado por el disparo de salida de Aznar, al pronunciarse como lo hizo: “Quien pueda hacer, que haga”. Sólo se da la salida si los corredores están preparados y coordinados para ello, y la articulación mediática cuesta dinero; luego, abonado con subvenciones o acuerdos de explotación de lo público.

Existen excepciones conocidas, como la que encarna Àngels Barceló, protagonista de un periodismo no discursivo, sino indagatorio, y quien no se ha plegado a los requerimientos de su grupo editorial; y habrá otras voces por dar a luz.

La precipitación suele marcarnos los pasos más intuidos que precisos.  La cautela conlleva tiempo para la reflexión, el acomodo y lo más certero. Da tiempo al tiempo, que este te dará tiempo.

Me vino a la memoria la película Zorba el griego, en la que la disputa entre la lógica y la razón se enfrentan a la visión de disfrutar de la vida, subyaciendo a su vez la realidad de otra constante que no terminamos por vencer, cual es que “el hombre es un lobo para el hombre”, como enunciara Thomas Hobbes. Hay una escena en esta película en la que se muestra con toda crudeza, tras fallecer Madame Hortensia, una cortesana francesa retirada y propietaria de un pequeño hotel en el pueblo cretense donde se desarrolla la historia. Ella vivía aferrada a sus recuerdos de juventud y a un mundo de fantasía sobre sus antiguos romances con oficiales de la marina... Llegó su hora, y tras su entierro, su casa, sus objetos y recuerdos fueron desvalijados para mejor encomio de sus depredadores.

Hoy la comunidad cristiana debe estar consternada. ¿Quién les iba a decir que Zapatero iba a ser otro líder supuesto, pero visible, y guía intelectual de la trama? Uno y trino. ¡Qué zozobra intelectual!

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Fernando Sagaseta es socio de infoLibre.

Cuando este artículo salga yo estaré de viaje lejos de España. Cuando lo entregue, puede que se haya quedado viejo, pero… he querido ordenar algunas impresiones básicas que creo que no caducarán tan rápido.  

1. El 15M identificó muy bien que las puertas giratorias son una forma de corrupción sistémica y las llamadas consultorías no le andan lejos. No debería ser normal que alguien que se ha dedicado a la política acabe siendo millonario. Sí, es legal, pero para muchas personas de izquierdas no es ético. Por eso supuso un pequeño escándalo el anuncio de Alberto Garzón de que iría a trabajar a la consultoría de Pepe Blanco. Lo cierto es que muchas de las consultorías donde terminan la mayoría de quienes han sido altos cargos de la Administración son un engendro capitalista que no aporta ningún valor real; son montajes que sirven para el enriquecimiento de algunos y para aumentar la capacidad de influencia de quienes les contratan. A ello se dedican la mayoría de los expresidentes y altos cargos. Lo que venden son sus contactos, su agenda; nadie lo ha cuestionado y mucho menos investigado. Hasta ahora, hasta Zapatero.

2. Zapatero se convirtió en un referente moral porque planteó una idea de España que rompía en parte con la que se sostenía desde la transición: una España verdaderamente plurinacional, que reconociera la memoria histórica y que avanzara en derechos sociales. 

Como activista feminista y LGTBI podría contar mis experiencias con los anteriores dirigentes del PSOE, capaces de hacer chistes homófobos y machistas en nuestra presencia. Sé muy bien que Zapatero se plegó a la Troika, que aumentó la edad de jubilación, que abrió la era de los recortes, que modificó la Constitución… Zapatero nos libró de la caspa, no del capitalismo. Allá quien pensara que en cuestiones económicas el PSOE era otra cosa que un partido social liberal dispuesto a hacer lo que fuera por salvar el capitalismo financiero. Por eso, hoy pueden ser un referente en lo que tiene que ver con Palestina, pero no puede abordar de ninguna manera el problema de la vivienda. Una cosa no quita valor a la otra. 

3. Pero… el mundo ha cambiado desde que gobernaba Zapatero y hoy hay una ofensiva muy diferente a otras que hemos vivido. Ya no se trata de hacer recortes y acabar con los restos de la socialdemocracia, sino con la propia democracia. Los tecnooligarcas no están dispuestos a permitir que nada pueda poner límite a su poder, ningún límite a la destrucción del planeta, a la privatización de todos los servicios públicos, a la implantación de las inteligencias de la vigilancia, etcétera. Utilizan la crueldad, la represión, la fuerza, el desprecio por la ley y el conocimiento etc. Es fascismo (llámalo X) y da miedo. 

4. Trump y el genocidio palestino han sacudido el tablero. En Palestina se juega el futuro ético de Europa y de la humanidad. Cualquiera que manifieste la más ligera oposición es un enemigo declarado. El papel de Sánchez en esta cuestión ha sido muy importante. No discuto si se han dejado de vender armas a Israel o no, puede que su oposición al genocidio haya sido simbólica pero lo simbólico es fundamental en un mundo que quiere negar que la matanza de palestinos se esté produciendo, que busca encarcelar y multar a quien pronuncie la palabra “genocidio”. Pronunciarse contra el genocidio y a favor de la legalidad internacional es ponerse en la diana de Israel, de EE. UU y de todos sus entramados de Inteligencia. A nadie se le escapa que EE. UU e Israel harán cualquier cosa para que España vuelva a ponerse incondicionalmente del lado de Israel. Esto no es ser conspiranoico, es política real. Quizá de todo lo que nos va a pasar si gana el PP/VOX esto sea lo que más me duele. 

5. Todo lo que sabemos del sumario contra Zapatero es que no hay una sola prueba del delito de tráfico de influencias y que, si este no está, tampoco están los otros dos delitos de los que se le acusa. El juez Calama se ha limitado a copiar el informe de la UDEF que está lleno de errores y de alguna mentira. Lo hace destrozando una de las razones de ser de los jueces de instrucción, que debería ser la de ejercer cierto control sobre las investigaciones policiales. A estas alturas tenemos ejemplos claros de que la UDEF ha hecho antes informes falsos (hay altos cargos de la UDEF y de la UCO imputados por delitos varios) Sabemos que con estos indicios ningún otro presidente hubiera sido imputado (ni ningún cargo del PP). También parece evidente que hay un ataque mediático coordinado (incluido, a estas alturas, PRISA) para acabar con Sánchez.

6- Cuando lo de Zapatero parecía lo peor que le podía pasar al PSOE, aparece otra trama vinculada a la interna en la que se supone que diversos personajes parece que buscaban influir en (“desestabilizar”) los procesos judiciales. Más allá de que estas personas (Leire Díaz, Santos Cerdán…) ya están imputadas e investigadas, y si han cometido un delito que a nadie le quepa duda de que les van a condenar, la capacidad del PSOE para influir en la marcha de estos procesos (véase Begoña Gomez o David Sánchez) es nula por la propia naturaleza de lo verdaderamente existente: una judicatura cooptada en gran parte por la derecha y que considera que su papel es corregir la anomalía de que pueda gobernar la izquierda. La trama montada en el PSOE parece cosa de unos cuantos, pero también parece algo de Mortadelo y Filemón y más bien da cuenta de su incapacidad real para abordar uno de los problemas de esta democracia: la corrupción judicial.  

7- En mi opinión, se equivocan quienes pretenden equiparar todos los comportamientos con apelaciones genéricas a la defensa de la democracia que no hacen sino abonar la idea de que todos son iguales. Repetir como un mantra que hay que confiar en la justicia no va a hacer que la justicia española sea más confiable. Cualquiera sabe a estas alturas que no se puede confiar en esta justicia. Llevamos muchos años comprobando que una parte de la justicia está corrupta, así como una parte de la policía. Negar esto es ridículo y es hacer el juego a los corruptos. Y esta es una de las grandes limitaciones del PSOE para poder salir vivo de esto. No está genéticamente preparado para convertirse en antisistema. Recordemos que el PP ya dio un golpe en la Comunidad de Madrid con el Tamayazo y que el PSOE se lo tragó. Ahora Esperanza Aguirre, que nunca fue imputada, se permite encabezar manifestaciones contra la corrupción. Recordemos también que cuando se ha perseguido judicialmente a otros partidos con informes evidentemente falsos, el PSOE no lo ha denunciado, sino que ha declarado esa confianza en la justicia; esa misma justicia que ahora se lo va a tragar. Y se lo va a tragar entre otras cosas porque pienso que una parte del PSOE estaría contenta de volver al bipartidismo y a la oposición, a sus escaños tranquilos en los que esperar a que cuando el PP y Vox se lo hayan cargado todo se les llame de nuevo a sus políticas moderadas, ya sin nadie a su izquierda. Hay una parte del PSOE que desea que acabe ya esta aventura. 

8. Pero también creo que la izquierda que está a la izquierda del PSOE hace mal en tratar de sacar rédito de la situación porque lo que está en juego es mucho más grande que las próximas elecciones. Que hace mal en acogerse a esa falsa confianza en una justicia en la que no creemos. Aunque ahora le toque al PSOE que quiso sepultarnos, ya es hora de denunciar abiertamente que todo esto es un absoluto escándalo y que está en juego la democracia. Es un escándalo la imputación de Begoña Gómez y el juicio de David Sánchez; es un escándalo que Rajoy y Cospedal no estén imputados. Es un escándalo que haya audios de Villarejo hablando de que tiene al juez Pedraz, y no se sepa nada del asunto; que tampoco sepamos nada de Montoro; que Zaplana, qué tenía una enfermedad terminal, esté cada día más moreno por sus paseos por la playa; que Ayuso, su novio, su hermano y su madre se hayan hecho millonarios ante nuestras narices y las de los jueces. Comienzo a creer que no hay gran cosa en el caso “mascarillas” contra Ábalos y Koldo. Es un escándalo que el Tribunal Supremo dé crédito a un corrupto mentiroso como Aldama, y que este esté libre y, al parecer, también millonario. Escandaloso es que esté pasando mediáticamente desapercibido el mayor escándalo de corrupción política de la democracia española que es la Kitchen, que se haya programado un ruido atronador que no permite escuchar las grabaciones que se están ofreciendo (a puerta cerrada) en el juicio. Es un escándalo mayúsculo la condena a Álvaro García Ortiz, la madre de todos los escándalos, y que no fue más que la demostración de hasta dónde están dispuestos a llegar. Tenemos razones de sobra para poder afirmar que no tenemos por qué creernos nada de lo que dicen o hacen determinados jueces; que todo es una trama para tapar la corrupción del PP, para que este partido vuelva al poder como sea y para que la izquierda no vuelva a gobernar en 20 años. Cualquiera que ahora siga diciendo que confía en la justicia me parece o cómplice de la situación o muy ingenuo. 

Recojo este párrafo en el que Siri Husvedt se refiere a lo que pensaría Paul Auster de la victoria de Donald Trump: “¿Y si las instituciones estuvieran hechas de jabón y no de granito? Entonces bastaría con abrir las mangueras y todo desaparecería”. Y eso es exactamente lo que está pasando ante nuestras narices, que el Estado de derecho está roto, es un desecho y lo están barriendo. A lo mejor es el momento de una contundente reacción ciudadana. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Hace años se hablaba de ruido de sables cuando el malestar lo hacían suyo las fuerzas armadas, y con esa amenaza, la presión militar, caminábamos los ciudadanos mirando a todas partes.

Han pasado muchos años de aquello, la democracia está instaurada, pero hay colectivos y nostálgicos inadaptados al sistema; tememos y constatamos que seguirán así hasta no se sabe cuándo. La dictadura acabó; ojo, no el franquismo, como es evidente.

Ahora asistimos a lo que podíamos denominar ruido de autos, no confundir con ruido de coches. Un ramillete de causas, anticipadas y filtradas con evidente intención, que, independientemente de lo que resuelvan las instancias judiciales, buscaban una sentencia por una parte de la ciudadanía, un sesgo de confirmación condenatorio como si fuera un juicio con jurado popular. Quienes eso propician pueden encontrarlo en el futuro.

Otros juicios ofrecen declaraciones que espantan a quienes hemos oído grabaciones. Si la hemeroteca y videoteca a la que hoy tenemos acceso, los juzgadores también, permite que algunos se vayan de rositas, obliga a cavilar. ¿Cómo se las verían los administradores de justicia para confirmar la veracidad probatoria, sujeta a investigaciones con elementos rudimentarios?

Un libro titulado “Justicia política y polarización durante la República (1931/1936)” narra las vicisitudes y el ruido de togas entonces. Nada nuevo. Hay paralelismos en cuanto al fondo, si bien es cierto que los tiempos no permitirían aquellas formas. Los nostálgicos y revoltosos no han desaparecido, simplemente han cambiado los ropajes.

A la enmarañada espesura judicial con tanto auto, se suman movimientos políticos instalados en el borde de la legalidad, con acciones de escasa civilidad. Un totum revolutum donde unos y otros ocupan sitio en un ómnibus amalgamado, en un viaje de varios meses.

No faltan partidos del arco parlamentario, como los nacionalistas vascos, PNV, que advierten de la necesidad de que finalice la legislatura ¡ya! Dan una especie de ultimátum, casi amenaza. ¿Cómo recibiría su electorado que votara junto a VOX, ese partido que el 20 de febrero de 2024 pidió su ilegalización junto a la de ERC, BNG, Junts y todos los que cuestionasen la unidad de España? Además de inconstitucional, esa pretensión ultraderechista silenciaría a 1.300.000 ciudadanos votantes de los partidos citados. 

No olvidamos a los socios del ejecutivo que claman para que el Gobierno actúe ya, caso de Sumar. Se cumple aquello de intentar hacer leña del árbol caído, con el agravante de que aún no está caído, pero pudieran tumbarlo. Hablando de leña, algunos socialistas, viejos y actuales, se unen a las tesis de sus adversarios; sabemos que no hay peor cuña que la de la propia madera. Cuando un político es tonto, da mucho de sí.

Entre fiesta y funeral vendrá 2027. Que cada cual elija.

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 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

La tormenta perfecta llega a Ferraz como un acontecimiento movido por los vientos feroces de la UCO. Los análisis de jueces y fiscales, los medios de comunicación afines a la derecha española y, por supuesto, las opiniones de ciudadanos y ciudadanas, provistos de los juicios volcados en determinados medios de comunicación y redes sociales, dan ya por sentenciada cualquier causa abierta contra el PSOE, cualquier juicio de valor que se ponga sobre la mesa, cualquier informe. 

Nada se resiste a los procesos de análisis, a las valoraciones, a los juicios sumarísimos de opinadores y periodistas embarcados en el discurso de “quien pueda hacer, que haga”. Todo queda listo para que la miseria y el odio sean material necesario para desbancar a un gobierno progresista que ha puesto de manifiesto su capacidad para llevar a cabo las reformas sociales y económicas que han situado a España en la cima de la economía europea. 

La dimensión moral de este puño de hierro no importa, como no importa la indignidad que supone sembrar dudas, crear confusión como magma de cualquier opinión. Han venido construyendo un discurso político que ha evidenciado falta de rigor, amplificación del descrédito y falsedad manifiesta para alcanzar los fines que se proponen: Acabar de una vez por todas con la izquierda de este país nuestro.

El miedo no nos puede callar la necesidad de hablar de lawfare, porque desde las cloacas de la derecha y la ultraderecha, desde su ambición y sus miserias internas, se está despertando eso que ellos mismos criticaban, el fin de la división de poderes que garantiza el armazón de las democracias modernas. 

Pero, ¿qué va a pasar después?, ¿de qué manera los lobbies de presión van a pedir su parte del pastel cuando acaben con Sánchez?, ¿quiénes van a dirigir el rumbo de un país que ha evidenciado ser progresista en conductas sociales, en derechos de colectivos vulnerables o en posiciones económicas de igualdad y solidaridad? 

Recordemos que los flujos de nuestra sociedad se asientan en estas conductas, que, a poco que pensemos, nuestro rastro ciudadano está acreditando una naturaleza de españoles solidarios y acogedores, construidos como un todo dentro del contexto de nuestras necesidades, fuertes en nuestras demandas y libres para alcanzar nuestros objetivos e intereses. ¿Quién va a liderar esta máquina de afectos, de bondades, de empatías, de solidaridades y de comprensión? ¿Y quién va a fortalecer el odio como mecanismo político?

Hay un objetivo común de las derechas y las ultraderechas por acabar con todo esto, cueste lo que cueste y sea contra quien sea, pero no sabemos qué territorio pisaremos después de quemar la tierra para que sea infértil, qué rumbo tendremos, qué sociedad quedará después de todo.

Saben establecer criterios para hacer daño, pero ¿serán capaces de sostener políticamente el país que la mayoría quiere? ¿Abordarán políticas que no vengan colgadas de un solo eslogan que dicte: “Prioridad nacional”? ¿Tendrán una idea de país a la altura de los intereses y los anhelos de españoles y españolas?

Hoy la UCO entra en Ferraz, investiga las joyas de Zapatero, un juez habla de riesgo de fuga de Begoña Gómez, las portadas de medios afines marcan el ritmo de una conexión venezolana singular, de supuestas conversaciones y anotaciones en libretas, de rasgos distintivos de organización criminal. ¿Pero sabemos qué están dispuestos a hacer después? ¿Qué nos espera a todas y todos nosotros tras sus pesquisas? Y, lo más importante, ¿cómo quedará nuestra democracia?

La ola perfecta tras la tormenta está llegando para que sea surfeada por el colectivo de las derechas políticas y mediáticas de este país. Una ola torpe pero con capacidad para agitar las aguas de mares calmados. Hagamos que se rompa la tabla donde apoyan sus objetivos; y tumbemos su expectativas. Buscan acabar con las izquierdas y convocar elecciones. ¿Qué nos espera después?

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Javier Lorenzo Candel es poeta.

Baltasar Garzón ha investigado algunos de los mayores delitos cometidos en España, como crímenes contra la humanidad, terrorismo de Estado y corrupción política y económica. También ha ejercido, entre otros cargos, de asesor del Tribunal Penal Internacional de la Haya y de director de la defensa jurídica del periodista Julian Assange.

En este nuevo ensayo nos ofrece argumentos para reflexionar sobre asuntos que están impactando en nuestras vidas. Desde el aquelarre judicial a los casos evidentes de lawfare, la corrupción, el racismo, los bulos, el juicio incomprensible al exfiscal general o las nefastas consecuencias de la irrupción de Trump en el mundo.

El libro llegará este próximo 3 de junio a las librerías a través de la editorial Planeta, pero infoLibre adelante a sus lectores un fragmento.

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Lo he dicho públicamente y lo repito aquí: la Sala Segunda del Supremo es el órgano con más poder en España, más que el presidente del Ejecutivo o que el propio Parlamento, y no tiene un sistema de contrapesos, no hay segunda instancia para poder valorar pruebas de un procedimiento. La carga política de sus resoluciones es definitiva. Si no, que se lo pregunten a la magistrada Victoria Rosell, que, con la simple admisión por esta sala —al ser Rosell aforada como diputada en el Congreso por el partido político Podemos— de una querella instrumental presentada en abril de 2016 por el exministro José Manuel Soria, fue relegada de las listas de su formación política en aplicación de su código ético. Finalmente, la causa fue archivada en diciembre del mismo año. La ligereza en la admisión por el Tribunal Supremo supuso un daño irreparable para quien tenía legitimas expectativas de representación popular; expectativas que le fueron sustraídas. O el caso de un diputado del mismo partido, Alberto Rodríguez Rodríguez, que fue condenado por este tribunal en octubre de 2021, perdiendo su escaño, hasta que, casi tres años después, en enero de 2024, el Constitucional estimó su recurso de amparo por considerar que la pena de inhabilitación había sido desproporcionada e ilegal y dejó sin efecto la retirada de su escaño.

Pero también en otras jurisdicciones ha habido casos sangrantes. Por ejemplo, en la Audiencia Nacional y dentro del denominado caso Villarejo, con el punto de mira puesto en Pablo Iglesias en el denominado caso Dina; se elevó una exposición razonada al Supremo contra Iglesias que, en este caso, fue rechazada.

También son destacables los casos que han tenido como objetivo a otras militantes de ese partido, como Isa Serra o Irene Montero, con claro sesgo de género; o el denominado caso Neurona Consulting (consultora mexicana contratada por Podemos en 2019), que en julio de 2020 inició su andadura con la participación, como acusación popular, del partido de extrema derecha Vox, concluyendo con el archivo de todas sus piezas por parte de la Audiencia Provincial en octubre de 2024. El daño irreparable, nuevamente, ya estaba consumado.

Lo mismo podría decirse del caso de Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsellera de Igualdad por el partido Compromís, a quien sacaron de la carrera política por un acto delictivo cometido por su exmarido: el caso fue manufacturado por periodistas de derecha, con el claro objetivo de quitarle a Oltra su credibilidad y criminalizarla frente a la opinión pública en contexto electoral. Ni el fiscal ni el juez de instrucción estaban de acuerdo por ausencia de indicios sólidos, tratándose de una «situación relativamente inusual»; por eso la causa fue cerrada en abril de 2024. En mayo de 2025 fue reabierta y, finalmente, en diciembre de ese año, el juzgado volvió a rechazar la reapertura, pero, de nuevo, la Audiencia Provincial obligó a la jueza a abrir juicio oral, lo que hizo el día 3 de marzo de 2026. El impacto en la carrera política de Oltra y, sobre todo, en su persona y su entorno familiar, ha sido de máxima gravedad. El lawfare sobrevuela, desbocado, la cabeza de esta lideresa.

Sí, en la Justicia española hay un componente de soberbia muy grande que genera desconfianza en la ciudadanía. No de otra forma puede entenderse que más del 60 por ciento de los españoles considere que los jueces no son independientes, y que las interferencias políticas en la justicia estén normalizadas. A esto hay que añadir asociaciones judiciales o fiscales que hacen política de confrontación con el Gobierno. El deterioro es evidente. Reitero que, para mí, esa mezcla de instrumentalización degenera en una guerra jurídica o lawfare de consecuencias imprevisibles.

Los jueces tienen que juzgar con imparcialidad y no entrar en esta dinámica de confrontación política. Tampoco deben sumarse a dinámicas partidistas, como acontece con las supuestas reuniones, más o menos secretas pero, desde luego, no transparentes, de ciertas asociaciones profesionales conservadoras con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo para, al parecer, trazar estrategias y desmontar leyes del Gobierno.

Algún día se estudiará cómo en España los jueces y los fiscales (al menos un sector importante) perdieron la imparcialidad y se situaron fuera de la ley para convertirse en actores políticos, siendo conscientes del poder que ejercen en demérito de la soberanía popular. O cómo han humillado y llevado a una posición de desconfianza y de nula credibilidad a la Justicia española al exponer interesadamente en el extranjero, en la Unión Europea, una imagen irreal de institución agredida y acorralada supuestamente por el Gobierno. Un Gobierno que, por su parte, ha destilado miedo al no ejercer sus funciones ante una ocupación judicial más que evidente y que ha ido haciéndose fuerte, de forma soterrada, en los diferentes espacios.

Llego por tanto a esta reflexión: ¿es esta la Justicia por la que yo me he desvivido durante toda mi carrera profesional? No, desde luego que no. En gran medida, no reconozco como propio este modo de impartir justicia, con múltiples procesos penales instrumentales; con renuncias a actuar con firmeza para evitar la instrumentación de aquella; con apertura de investigaciones absurdas y prospectivas, que se debaten en los platós de televisión y las tertulias radiofónicas; con unos órganos de gobierno anquilosados y enfrentados ideológicamente, sin diálogo constructivo. Más aún, órganos consultivos que responden a filias y fobias dentro de la carrera respectiva; asociaciones de fiscales que ejercen de acusaciones populares; fiscales que asumen roles políticos y no jurídicos; mecanismos de destrucción de iniciativas válidas y ventajosas para la propia función por razones ideológicas; apariciones en redes sociales con insultos a otros actores públicos o políticos, llegando hasta la humillación y el insulto.

A pesar de todo, no puedo dar el partido por perdido, porque ello sería tanto como renunciar a lo que ha sido la lucha constante por una justicia mejor, verdaderamente imparcial e independiente, defensora de las víctimas y de los derechos humanos. Me aterra lo que acontece cuando observo que las nuevas promociones muestran escaso interés por el conocimiento y la defensa de los derechos humanos, mientras exacerban su fascinación por dinámicas sociales y de reconocimiento inmerecido, simples apariencias de lo que representa la verdadera justicia. No pierdo la esperanza de que las nuevas promociones sean conscientes de que no significan nada el reconocimiento ni el boato que desde determinadas esferas políticas o mediáticas se otorgan a quienes ocupan esos cargos de gran responsabilidad, por cuanto deciden con sus resoluciones la vida y el futuro de millones de personas, sino que ese reconocimiento debe ganarse día a día, sudando la camiseta, cumpliendo con la inmediación, estando abiertos a la sociedad, atendiendo a los justiciables, sin soberbia, sin olvidar que son servidoras y servidores públicos. La humildad en el desarrollo de la función judicial es la que te otorga el carácter de autoridad y debería ser la marca de quienes ejercen la jurisdicción.

Pero volvamos a la pregunta de inicio: hoy por hoy, ¿existe lawfare en España? La respuesta es sí, evidentemente, existe. Es una realidad insoslayable. No porque se niegue va a desaparecer. Solo lo hará cuando realmente pongamos todos los medios para que su desaparición sea una realidad. Mientras que, tal como se observa, antiguos y nuevos protagonistas favorezcan desde sus despachos judiciales a las formaciones políticas de su interés, con un desprecio claro a la independencia y la imparcialidad a las que se comprometieron, el problema seguirá existiendo. Y se agrandará hasta que sea imposible combatirlo. Y, de ahí, se pasará a su justificación y finalmente a su ejecución ilimitada. Para evitarlo, debemos desenmascarar a los actores que preconizan y apuestan por el lawfare, que, normalmente, son los que niegan su existencia. Las caretas caerán y se perderán los miedos a estas sus todopoderosas señorías, sobre las que, hay que decirlo, sobrevuela la sombra de la prevaricación. Del mismo modo que cada día es más patente que, en cada acción de este calibre, acecha el fascismo con todas sus consecuencias. Ya aconteció en la Alemania nazi y hasta hoy sufrimos sus efectos y estamos en riesgo de resucitarlos. No olvidemos que, en esas épocas pretéritas, tanto en España como en otros países, tales como Alemania, Italia o Francia, por citar solo los europeos, sin el apoyo del poder judicial no hubieran triunfado las ideologías y los regímenes fascistas.

El jurista italiano Luigi Ferrajoli, en entrevista para la revista mexicana Proceso, mantenía la necesidad de la independencia judicial: «Los jueces deben tener la posibilidad e incluso el coraje de emitir sentencias no populares e independientes de los intereses políticos, lo que garantizará el respeto entre el poder judicial y los poderes políticos (ejecutivo y legislativo) con miras a mantener vivos los gobiernos democráticos».

Pienso que los profesionales de la justicia son auténticos valedores de los principios democráticos y constitucionales, por lo que su comportamiento debe estar alejado de los políticos y de las miserias que, a veces, los rodean. Pero ¡qué difícil les resulta a algunos!

Con ello contribuyen al descrédito de la justicia, corrompida precisamente por quienes están obligados a defenderla. El mal funcionamiento de la Administración de justicia es una fuente de responsabilidades, como también lo es encubrir corporativamente una realidad palpable, especialmente cuando se refiere a quienes administran justicia, porque no solo tienen el deber de decidir, sino también el de convencer. Si el lawfare triunfa, se llevará por delante como un tsunami los derechos que a todos y a todas nos corresponden.

Durante la Transición española, el mapa de la inteligibilidad política parecía tener unas coordenadas fijas para la inmensa mayoría de la población: la izquierda era el hogar de las ideas claras, la base social, la intervención pública, mientras la derecha —y particularmente la extrema derecha— arrastraba lastres históricos irresolubles para ellos mismos. Tres o cuatro décadas después, ese péndulo ha oscilado. Consecuencia de ese cambio, hoy la derecha política ha encontrado en la simplificación emocional y en los significantes vacíos un eficaz mecanismo de movilización, mientras que la izquierda se debate en una maraña de matices, contradicciones ideológicas, compromisos institucionales y fracturas internas que la vuelven casi incapaz de articular un relato tan potente como aquel que la impulsó en los años 70 y 80.

Para comprender el cambio de paradigma, conviene recordar el escenario original. Tras la muerte de Franco, la izquierda acompañada de una derecha antifranquista asumió un papel que hoy podría parecer contradictorio: el de la síntesis narrativa. Frente al bloque reformista y al inmovilismo del búnker, las consignas de libertad, amnistía, estatutos de autonomía y Constitución operaban como condensadores de sentido. Cada uno de esos términos era, en esencia, un concepto polisémico, pero precisamente su ambigüedad permitía la unidad. Un comunista, un socialista o un nacionalista periférico podían discrepar en el contenido exacto de la libertad, los estatutos o de la amnistía, pero coincidían en la necesidad de proclamarlos como horizonte compartido.

La izquierda logró entonces lo más difícil en política: hacer de la complejidad de un proceso de ruptura pactada un relato lineal, comprensible y movilizador. Desde luego con cesiones, concesiones y renuncias, pero no va de eso esta reflexión. No necesitaba explicar, a la inmensa mayoría de la población, los matices de la Ley de Reforma Política o los entresijos del consenso constitucional; le bastaba con oponer la dictadura a la democracia, la represión a la amnistía, el centralismo a los estatutos, el régimen franquista a la Constitución. La audacia de aquella estrategia fue que la izquierda aceptó cargas enormes —la autocensura, la moderación de sus reivindicaciones económicas, la renuncia a la ruptura revolucionaria—, a cambio de colocar esos pocos conceptos como el vocabulario ineludible del nuevo régimen.

Mientras tanto, la derecha —y, de manera más aguda, la extrema derecha— vivía su propia complejidad irresoluble. Por un lado, su legitimidad histórica se asentaba en el alzamiento militar y 40 años de dictadura. Por otro, el contexto internacional y la necesidad de integrar a España en las democracias occidentales la empujaban a aceptar el proceso. Su contradicción fundamental era imposible de simplificar: ¿cómo oponerse a la democracia sin condenarse al ostracismo? ¿Cómo defender el legado franquista sin renunciar a la respetabilidad internacional? Las contradicciones, es decir, la complejidad argumentativa, estaban en su lado.

Esa complejidad estructural la abocó a discursos tímidos, a reformulaciones vergonzantes y a una constante sensación de ir a remolque y a aprovechar cualquier cesión, por mínima que fuera, de la parte democrática. La extrema derecha, representada entonces por Alianza Popular, y sus primeros líderes —Fraga incluido, con Blas Piñar creando más contradicciones—, tardó años en encontrar una fórmula de simplificación que le permitiera competir en igualdad de condiciones. Su complejidad era demasiado real, demasiado pesada, demasiado ligada a un pasado que no podía defender sin autoexcluirse del sistema.

Algo cambió en el tránsito al siglo XXI, algo que nace precisamente de la simplicidad de los mensajes construidos en aquella Transición y que la izquierda no pudo, no supo o no quiso seguir haciendo suya. La globalización, la crisis del relato socialista tras la caída del Muro y la aparición de nuevas realidades (incremento de la movilidad —migración y turismo—, terrorismo yihadista, crisis de soberanía ante Europa, luego la crisis financiera de 2008) ofrecieron a la derecha la oportunidad de reinventar su síntesis. Ya no se trataba de defender el pasado, sino de simplificar el presente.

Conceptos como prioridad nacional, unidad de España, rearme moral, ley y orden o gestión eficiente, empezaron a operar exactamente igual que la libertad o la amnistía 40 años antes: como significantes vacíos, pero políticamente operativos. "Prioridad nacional" no tiene un contenido económico y social concreto —¿prioridad en qué?, ¿en presupuestos?, ¿en política exterior?, ¿en seguridad?, ¿ayuda a la seguridad y al mantenimiento de la economía o la perjudica?—, pero permite, por su vacuidad, que cada votante llene ese vacío con su propia ansiedad, su propio malestar. Para un empresario será la competitividad; para un trabajador de la industria, la protección frente a la deslocalización; para un progenitor —padre o madre— de familia anclado en viejas formulaciones, la seguridad ciudadana. La derecha descubrió que la efectividad de un argumento no depende de su precisión semántica, sino de su capacidad para funcionar como un comodín emocional.

A ello se suma una estrategia procesal y mediática demoledora: la judicialización de la política. El señalamiento constante de que los líderes progresistas son el epicentro de tramas de corrupción, financiación ilegal o deslealtad institucional actúa como un mecanismo de complejidad forzada para la izquierda. Cada vez que un juez instructor —muchas veces con filtraciones selectivas— coloca a un dirigente socialista o de Podemos bajo la sospecha de una trama, la izquierda se ve obligada a desplegar un ejército de matices: distinguir lo judicial de lo político, explicar los plazos procesales, defender la presunción de inocencia, diferenciar la causa general del caso concreto. Esa es la complejidad que paraliza. La agenda le viene marcada.

Paradójicamente, la izquierda ha heredado la vieja complejidad argumental de la derecha. Su éxito en la Transición —la institucionalización del Estado autonómico, la consolidación de derechos civiles, la participación en el diseño del Estado del bienestar— la ha convertido en gestora de un sistema cuyas contradicciones debe ahora explicar. ¿Cómo defender el gasto social sin caer en el déficit? ¿Cómo conciliar los derechos de las minorías con la estabilidad presupuestaria? ¿Cómo explicar que la libertad que antes era una consigna ahora se llama regulación de alquileres o impuesto a grandes fortunas? ¿Cómo desarrollar el estado federal sin caer en el independentismo? Demasiados matices, demasiada complejidad. La izquierda ya no puede resumir su programa en tres palabras. Necesita párrafos, estudios, informes, matices, y eso, en política contemporánea, es sinónimo de derrota comunicativa. El resultado es una izquierda con los pies atados: incapaz de encontrar los argumentos sencillos y comprensibles que permitan colocar su agenda y, al mismo tiempo, obligada a responder en el terreno de la complejidad forense y administrativa que le impone la derecha. La derecha, en cambio, puede decir "que investiguen", y ese imperativo se convierte en un relato completo. No necesita demostrar nada, solo insinuar.

Lo que este análisis sugiere no es que una ideología sea intrínsecamente más simple o más compleja, sino que la capacidad de simplificar —de convertir contradicciones reales en relatos movilizadores— es un recurso que cambia de bando según las épocas. En la Transición, la izquierda supo hacerlo porque su demanda era el futuro: y el futuro, por definición, puede ser simple. La derecha de entonces defendía un pasado que, por mucho que se adornara, no podía dejar de ser un laberinto de justificaciones.

Hoy, la derecha ha encontrado un nuevo futuro simple: la defensa de la nación –apropiándose de símbolos– frente a un progresismo que ella misma ha contribuido a presentar como fragmentario, dubitativo y atrapado en procedimientos. Y la izquierda, por su parte, defiende el presente institucional, las conquistas que ya están escritas en leyes y sentencias, y el presente es siempre más complejo que cualquier promesa. La lección es amarga: quien quiera gobernar deberá no solo tener razón, sino también encontrar las tres palabras que hagan comprensible la imagen para quien no tiene tiempo para leer las otras 997.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

La democracia siempre vive asediada por fuerzas antidemocráticas. Hay una corriente de fondo que, ante la situación actual, interpreta que los problemas de la democracia se solventan reduciendo la democracia en lugar de ampliarla. La actual puesta en duda de la democracia es una tendencia global: Nick Fuentes, un influencer norteamericano de extrema derecha, afirma que muchos colectivos no deberían poder votar, empezando por las mujeres, a las que devuelve a la minoría de edad. A las mujeres les siguen todos aquellos que viven directamente del Estado, como los pensionistas y los funcionarios; después vienen quienes no pueden acreditar el conocimiento mínimo para ejercer el voto. De toda esta criba, los que quedan con capacidad de voto son los que saben, que suele coincidir con los que tienen, lo cual les capacita para gobernar y decidir.

Esta es una posición que no varía en la historia y siempre apela a los mismos valores: los pobres, los que no saben, están incapacitados para gobernar porque esa es una tarea que les corresponde a la gente de bien, a los ricos, a los que saben y pueden hacerlo. La crítica de Jenofonte a la Constitución de Atenas es clara: la democracia tiene lugar cuando los peores, la gente corriente, gobiernan sobre los mejores, los ricos; lo mejor se opone a la democracia. La oposición a la democracia es siempre una afirmación de que el talento, las capacidades, la riqueza y la desigualdad son el resultado de una distribución natural que lo justifica. Ya sea por criterio de nacimiento, de sexo, de raza, de clase o de mercado, siempre existe un modo de justificar que la realidad desigual, tal y como es, refleja la realidad tal y como debe ser. Alterar esa relación y poner en duda el orden de la desigualdad es siempre percibido como una ventana al caos, al descontrol y al destape de las pasiones más bajas del pueblo: las cosas funcionan correctamente cuando cada uno cumple con su función y no se mueve del papel que le ha sido asignado. Trabaja, obedece, calla y agradece.

¿Cuál es la condición fundamental de la política que unos disfrutan y otros no? El tiempo. Por eso, a Sócrates le siguen los hijos de los más pudientes, que son los que cuentan con más tiempo de ocio; por eso, quien no depende de otro para vivir, de tener que vender su tiempo a un tercero, como un heredero rentista, es más libre para participar políticamente; por eso, recuerda Aristóteles, la democracia es el tiempo libre de los pobres, porque se liberan de su dependencia al recibir una remuneración. Pericles introdujo la mistoforia, la retribución económica de las funciones públicas, permitiendo así que los más pobres pudiesen acceder a los cargos y hacer real la participación del demos en la vida política. Es lo que les permite consagrar su tiempo a la ciudad del mismo modo que podía hacerlo la gente de bien. Remunerar la asistencia a las asambleas o a los jurados populares era también una forma de impedir que los poderes privados comprasen favores con su riqueza.

Hablamos del siglo V a.C., pero todo esto sigue siendo muy actual porque los elementos nucleares antidemocráticos se mantienen: naturalizar la desigualdad, poderes privados que gobiernan a través de su riqueza y dominan políticamente a quienes no tienen nada más que su tiempo y capacidad para trabajar. Lo económico, lo social y lo político es indisociable: las mismas tendencias que quieren socavar los derechos sociales y laborales, que pretenden blindar la concentración de riqueza, son las mismas que buscan acabar con los derechos políticos para concentrar el poder.

La democracia, más que un régimen, es una tensión inagotable entre avanzar o retroceder, entre el deseo del pueblo de no ser dominado y el de los poderosos de querer someterlo; por eso, la democracia nunca puede ser plena, ya que, por su propia naturaleza, no puede constituirse del todo. Que las democracias actuales tienen problemas es algo indudable, pero son problemas que se explican por un déficit de democracia y por una tendencia oligárquica de las mismas, en ningún caso por un exceso de democracia. La democracia liberal es un límite a la democracia del mismo modo que el trabajo asalariado es un límite a la libertad. La solución a esos problemas no puede ser reducir aún más la democracia; al contrario, debe ampliarse: más tiempo libre para una mayor capacidad de decisión sobre el poder.

El fundamento de la democracia es empobrecer a los ricos y enriquecer a los pobres: buscar la libertad en la igualdad, porque libre significa vivir liberado de la necesidad y de la dominación para así poder desplegar tu propia singularidad. Democracia significa que todo avance, recurso, conocimiento y posibilidad se ponga a disposición del pueblo, esto es, a disposición de cualquiera. Pero también significa impedir que ninguno de sus miembros sea tan poderoso o tan rico como para someter a otro; así es como se protege colectivamente la libertad individual. El amor a la libertad común propio del vivere libero de Maquiavelo: hacer ricos a los pobres y pobres a los ricos. Una igualdad que enriquece la vida civil porque se deshace de los grandes que destruyen la autonomía de los demás y los someten a la dependencia. Ese es el horizonte republicano para el renacimiento democrático.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

Leía este fin de semana un ejemplar de marzo de El País. Fue en el News Café de Miami, uno de los lugares favoritos de mi querido Miguel. Llamó mi atención una columna escrita por Torres Mora al alimón con un filósofo vasco, del que no recuerdo su nombre. Espero me disculpe. Una buena aproximación a la polarización asimétrica. Acabarla me dejó esa sensación punzante. Lanza unos dardos demasiado sibilinos. ¡Claro! Es de José Andrés. Él rezuma diplomacia por todas partes. Pero a mí su lectura no dejaba de generarme un pálpito agudo. De esos que duelen en las venas de las sienes. Sensación de un gusto metálico en la lengua. Dejo que fluyan las palabras.

Hay una forma de traicionar a un país que no requiere vender secretos a una potencia extranjera, ni desfilar con uniforme enemigo, ni esconder dinero en una cuenta en Suiza. Basta con algo mucho más sencillo y más rentable: convencer a millones de ciudadanos de que su democracia ya no merece respeto cuando no gobiernan los tuyos.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo en España.

Llevamos años escuchando que Pedro Sánchez no es un adversario político, sino una anomalía moral. Un usurpador. Un peligro público. Un okupa con Falcon. Un presidente ilegítimo pese a haber ganado una moción de censura parlamentaria, unas elecciones generales y varias investiduras conforme a la Constitución que quienes lo insultan dicen defender con una mano mientras la desgarran con la otra. Y claro, uno acaba acostumbrándose al ruido. España tiene esa capacidad mediterránea para convivir con el incendio mientras se comenta el partido del domingo.

Pero hay incendios que dejan humo en las paredes incluso cuando parece que ya se han apagado.

La pérdida de amistades de más de veinte años de antigüedad ha representado para mí uno de los grandes signos de alarma. Pero no quiero que parezca un simple ejemplo personal.

Los datos del CIS son demoledores. Dos de cada tres votantes del PP le ponen un 1 a Pedro Sánchez. La nota más baja posible. No es discrepancia política. No es “prefiero otro modelo económico”. No es “no comparto sus pactos”. Es otra cosa. Es el rechazo moral absoluto. El deseo de expulsión simbólica del adversario de la comunidad democrática. Mientras tanto, entre los votantes socialistas, ese rechazo existe, sí, pero en una proporción muy inferior. La diferencia importa porque desmonta una de las grandes mentiras contemporáneas: que todos polarizan igual.

No. No todos incendian igual el edificio.

Aquí hay una maquinaria perfectamente engrasada. Primero se deslegitima al Gobierno. Después se convierte al adversario en enemigo moral. Y finalmente se normaliza la alianza con quienes directamente consideran sospechosa la propia democracia liberal. El proceso es tan viejo como eficaz. Cambian los trajes, los platós y los algoritmos. El mecanismo sigue siendo idéntico.

Lo verdaderamente inquietante no es Vox. Vox hace exactamente lo que vino a hacer. Lo inquietante es ver a un partido que se autodenomina “de Estado” comportarse como si el Estado fuese un obstáculo molesto en su carrera hacia La Moncloa.

Porque un partido de Estado no es el que más veces pronuncia la palabra España con voz engolada y bandera de fondo. Eso lo hace cualquiera después de dos cafés y un puro. Un partido de Estado es el que entiende que las instituciones valen más que una legislatura. El que acepta perder sin dinamitar el tablero. El que sabe que erosionar la confianza en el Parlamento, en la justicia, en los medios y en el sistema entero puede darle votos hoy y destruir el país mañana.

Y aquí aparece la pregunta incómoda.

¿Qué clase de patriotismo es ese que necesita que España vaya mal para tener opciones electorales?

Porque llevamos demasiado tiempo viendo a dirigentes del PP actuar no como una alternativa de gobierno, sino como accionistas nerviosos esperando una OPA hostil sobre el Estado. Cada dato económico positivo se recibe con decepción apenas disimulada. Cada acuerdo internacional molesta. Cada avance institucional se interpreta como una tragedia estratégica. Como si hubiera un miedo secreto a que las cosas funcionen.

Las prisas por llegar al poder empiezan a parecer otra cosa. Y cuando un partido transmite la sensación de que necesita gobernar con urgencia no para mejorar la vida de la gente sino para volver a ocupar determinadas ventanillas, determinados despachos y determinados consejos de administración, entonces el problema deja de ser ideológico y empieza a ser moral.

España ya ha conocido esto antes: élites políticas que confundían el país con su cortijo y el Gobierno con un mecanismo de reparto. La diferencia es que ahora todo se retransmite en directo, con tertulianos asalariados haciendo de claque emocional y con una industria entera viviendo de fabricar indignación en serie. Hay demasiada gente ganando demasiado dinero con el odio.

Y el odio, como el tabaco barato, termina impregnándolo todo.

Lo más triste es que ni siquiera hace falta ganar unas elecciones para deteriorar una democracia. Basta con convencer a la mitad del país de que el otro medio país no es legítimo. Basta con erosionar lentamente la idea de convivencia. Basta con convertir cada sesión parlamentaria en una mezcla de linchamiento moral y programa de entretenimiento.

Después llegan los sorprendidos profesionales. Los que dirán dentro de diez años que no vieron venir nada. Los expertos en cara de inocencia retrospectiva. Los mismos que hoy siguen hablando de “polarización de ambos lados” mientras uno lanza piedras y el otro intenta proteger las ventanas con cinta adhesiva. Hace poco volvía a recordar el “Ich wusste es nicht”.

La historia europea está llena de gente elegantemente equivocada.

Y sin embargo, todavía hay salida. La democracia sigue dependiendo de una idea muy simple: aceptar que quien piensa distinto no es un enemigo a destruir. Parece poca cosa, pero es la diferencia entre una nación adulta y una comunidad histérica administrada por pirómanos con corbata.

Gobernar exige pactar. Ceder. Tragar saliva. Rectificar. Todo lo contrario de la masculinidad tóxica de gimnasio emocional que domina hoy la derecha española. Esa épica testosterónica donde cualquier acuerdo se considera una humillación y cualquier moderación una traición.

La política seria nunca fue eso. La política seria consiste en mejorar la vida de la gente aunque no haya aplausos inmediatos. Lo otro es merchandising patriótico.

Y un país no se destruye solo por culpa de quienes gritan. También se destruye por culpa de quienes, pudiendo frenarlos, decidieron que el poder era más importante que España.

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José Manuel Nevado es director de Comunicación Institucional de la Secretaría de Estado de Comunicación.

¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando la ciudadanía se entregó en brazos de su poderoso poder. No han faltado en estos años los agasajos, las celebraciones, las festividades, los aniversarios. Todo ha sido un rosario de alegrías que con el paso del tiempo han ido mermando hasta quedarse como una mojama, hasta convertirse en  filete seco  y casi salobre, que a fuerza de secado ha perdido su salero. Alguien dijo que “un hombre se divorcia, cuando encuentra a otra mujer; y una mujer se divorcia, cuando se encuentra a sí misma”. Cuando la vida se complica, no se puede perder mucho tiempo en buscar culpables y aventar infidelidades. No podemos decir que el poder se ha entregado a los brazos rollizos de los mercados y ha olvidado las ternuras que le propiciaba la ciudadanía, pero sí podemos pensar que se ha instalado, como se ve fácilmente, al levantar nuestras vistas y nuestras mentes, en la corte del imperio.                                                                                                                       

Alguien nos contó que “mirando alrededor, se daba cuenta de que era utilizada”, pero también era una mujer de las que aman demasiado. Cuando se ama demasiado se puede entrar en una espiral casi suicida, una relación casi autista que cada día cobra más distancia. Estamos a pocos pasos de una gran distancia, sin apenas levantar la vista, porque se comprende, se da por sabido, que “las cosas son como son”, sin caer en la cuenta de poder pensar: “hasta que dejan de serlo”.                                     

Conocemos a infinidad de hombres “buenos en su trabajo, incluso”, pero que se creen dueños de todo su salario y disponen de él a su antojo, sin reparar en que han adquirido un compromiso conyugal o familiar. Hay muchísimos casos en que la mujer se ha tenido que tirar a la calle para fregar suelos, por lo menos, para poder sacar su casa y su prole adelante. Cuando la mujer recupera su conciencia y no renuncia a sus obligaciones familiares, empieza a pensar que no tiene que aguantar mentiras ni penurias.

 La ciudadanía ha tomado conciencia, la ciudadanía se ha encontrado consigo misma y se echa a la calle. Los que siguen con la matriz de súbditos no sienten que están siendo utilizados ni se percatan de que su querido poder ha encontrado cómo alegrar su vida, sin reparar en las privaciones a las que condena a su propia compañera de vida y viaje. Puede haber sucedido que incluso los súbditos no hayan oído la voz del pueblo que nos dice que “del amo y el mulo mientras más lejos más seguro”. Tampoco parece que no nos hayamos enterado de que no se trata de cambiar de amo, sino de que los amos dejen de serlo. Sobre todo, si se trata de un asalto a voto armado, sobre todo, de mentiras, de cheques en blanco y de leyes del embudo.

No sabemos si la historia se repite o si la historia es infinita o si, al menos, es cíclica. Desde los ya pasados siglos vienen los ecos de aquel “buen vasallo, si tuviese buen señor”, que ha llegado de boca en boca hasta nuestros días. Es el boca a boca, quien lleva y trae la información, la noticia, el dicho o el canto popular, que rueda entre todos y se presta a convocar un corro de oídos, que están como nuevos, porque no han sido atendidos. Un corro amplio que ansía que le hablen de sus cosas importantes, donde se escucha más que se habla, donde se aprende más que se enseña, donde, incluso, se piensa más que se aplaude.

La ciudadanía puede ser ignorante de muchas cosas, pero no puede consentir por mucho más tiempo ser ignorada. Por eso la ciudadanía abandona el ordeno y mando del imperio y se reúne en la plaza, para escuchar y aprender y no para oír palabras vacías y oscuras, que el poder tilda “de meridiana claridad”, y que se clonan hasta el infinito. La ciudadanía sale de sus casillas, se encuentra consigo misma y se resuelve en visible, porque la visibilidad le cura aquella alergia que le producía el haber sido ignorada.

Si el poder se encastilla, se tira al monte, se camufla en el maquis de los mercados, será difícil su aproximación al pueblo. Además nadie lo reconocería por haber estado tanto tiempo alejado de su gente, pues quiso que lo dejaran solo. Sobre todo, se perderá el vivo murmullo de la plaza al atardecer, a la hora en que las golondrinas se congregan, en corro, antes de retirarse a descansar a sus nidos para soñar.

Quizá por todos los derrumbes de derechos, por toda la construcción de privilegios, por toda la proliferación de corrupciones y por toda la ingeniería financiera, la ciudadanía está ya que no se quiere casar con nadie. No quiere que le engañen más y por eso, no quiere promesas de rebaja, sino programas que sepan cubrir las verdaderas necesidades de la gente, sin rebajas ni componendas frágiles y que les haga acudir a las urnas, en la única ocasión en que se les concede participar, a pesar de las leyes tan conservadoras que jalonan la participación ciudadana. No podemos perder otros cincuenta años.

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José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

La democracia mundial está de celebración (moderada). Tras casi una década en caída libre, con un leve repunte tras la pandemia, el Índice de Calidad Democrática (ICD) de The Economist ha subido dos centésimas, hasta 5,19 puntos sobre 10, después de que en 2024 marcase su mínimo histórico: 5,17.

La Unidad de Inteligencia de la revista económica rebaja, eso sí, el entusiasmo y califica este repunte como una “pausa frágil”. La serie histórica obliga a la prudencia porque el deterioro sigue siendo considerable, con  una caída de casi cuatro décimas en la última década.

“Lo que vemos no es una mejora estructural, sino un ajuste”, admiten desde The Economist. El medio atribuye el ligero repunte a dinámicas compensatorias entre regiones: cierta recuperación en América Latina, mayor movilización política en África y Asia, y un fortalecimiento puntual de consensos institucionales en algunos países occidentales. 

The Economist destaca, entre esas correcciones compensatorias, los casos de Canadá, que subió cinco puestos al registrar mayor participación electoral; Rumanía, que contribuyó a contener el avance de un candidato nacionalista; y Dinamarca, que reforzó su posición por su respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

Esta mejora a nivel mundial contrasta con la evolución de Estados Unidos. El “país de la libertad y la democracia” ha caído dos décimas, —de 7,85 a 7,65 puntos— por “los intentos de redibujar distritos electorales, el uso del Ejército y del ICE para sofocar protestas y las presiones sobre los medios de comunicación”, destaca The Economist. Todo ello apunta, indica la revista, a un deterioro de los derechos civiles.

Desde Egipto, Ahmed Abed, guía turístico, cuestiona en infoLibre el optimismo global: “Viendo cómo está todo Oriente Próximo, no entiendo que el índice mejore cuando hay varias guerras abiertas en el mundo”.

Mayra Martínez, profesora de Sociología de la Universidad Camilo José Cela, recuerda a este medio que cualquier medición de calidad democrática debe partir de una base más exigente que la simple estabilidad electoral. “La dimensión más básica y transversal, sin la cual las demás colapsan, es el Estado de Derecho”, y concreta, “que las leyes se apliquen por igual a gobernantes y gobernados, que exista independencia judicial y que estén garantizados los derechos fundamentales”.

Martínez insiste en que elecciones periódicas no bastan para garantizar una democracia sólida. “Sin pluralismo político o rendición de cuentas, una democracia puede derivar hacia formas delegativas o iliberales”, explica. En otras palabras, votar no es suficiente. La historia egipcia tras 2015 lo ejemplifica. “La Primavera Árabe consiguió echar a Mubarak, pero Al Sisi es mucho peor, más controlador. Votamos, pero las elecciones siempre han estado bajo la sombra del pucherazo”, resume Abed.

Freedom House, con sede en Washington, concluye en su informe Freedom in the World 2026 que la libertad global cayó por vigésimo año consecutivo. En 2025, 54 países empeoraron en derechos políticos o libertades civiles, frente a solo 35 que mejoraron.

El Instituto V-Dem (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), dirigido por el politólogo Staffan I. Lindberg, describe un proceso de “autocratización” en el mundo y alerta del deterioro en democracias consolidadas. Su informe indica que la proporción de la población mundial que vive bajo autocracias ha pasado del 50% al 74%, mientras que quienes residen en democracias liberales han caído del 17% al 7%.

A esto se suma el estudio del Carnegie Endowment for Peace, firmado por Murat Somer y Jennifer McCoy, que habla sobre la reversión de un sistema deteriorado. El informe concluye que las recuperaciones democráticas sostenidas son excepcionales. “De 25 países que experimentaron retrocesos desde 1990, solo cuatro lograron recuperar sus niveles previos, y únicamente uno mantuvo esa mejora durante más de cinco años”, señalan.

Lindberg coincide con Somer y McCoy al afirmar que “los procesos de erosión democrática suelen ser graduales y acumulativos” y, por eso, más difíciles de revertir.

Estos datos contrastan con el ICD y, como apunta Martínez, podría ser debido a las diferentes metodologías, aunque todos tienen un rasgo común: “Se basan en evaluaciones de académicos y analistas, no en percepciones ciudadanas directas”. The Economist agrega variables institucionales, culturales y participativas; Freedom House prioriza libertades civiles; y V-Dem profundiza en diferentes dimensiones.

Ese sesgo institucional puede generar una desconexión entre datos y experiencia. “Un ciudadano puede vivir en una democracia con instituciones formalmente impecables y aun así sentir que el sistema no trabaja para él”, explica. “Si no puede acceder a una vivienda digna, a una sanidad o educación de calidad, o si percibe que la ley no se aplica igual a poderosos y ciudadanos corrientes, aparece una distancia entre democracia formal y democracia vivida”.

La experiencia de Jaseem Aldhaen, manager de Product Coordination para Europa, África y Oriente Medio en Kuwait Finance House, describe el sesgo del que habla Martínez: aunque Kuwait está en la posición 130 del ránking ICD, él no tiene tal percepción “por mi trabajo o mi posición social”.

“No estamos en conflicto como muchos países de la zona, votamos en elecciones democráticas, las mujeres pueden votar, somos la democracia más liberal de todas las de la región, vivimos bien y con seguridad...”. Las palabras de Aldhaen reflejan el sesgo que señala la socióloga, pese a que el Parlamento kuwaití ha sido disuelto hasta cuatro veces en cuatro años por el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Esos enfrentamientos, añade Martínez, alimentan directamente la desafección política y el auge de los populismos, pero matiza que no son causa principal del deterioro democrático, sino síntoma.

En paralelo, un análisis sobre el papel del periodismo y la democracia de Jeroen van den Bergh y Pablo Núñez Yebra apunta a otra dimensión crítica: el deterioro del espacio público informativo. Cuando la confrontación sustituye al contraste factual y la equidistancia se impone sobre la verificación, el debate democrático pierde uno de sus pilares esenciales. Otro síntoma que afecta a la calidad democrática.

La consecuencia es “una ciudadanía peor informada, más desconfiada y más vulnerable a la desinformación”, señalan estos investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La filósofa Elvira Durán Costell añade una dimensión estructural a este diagnóstico. La crisis democrática no se explica únicamente por fallos institucionales, sino también por transformaciones sociales de largo alcance: profesionalización de la política, desconexión entre élites y ciudadanía, y debilitamiento de la participación cívica.

“La democracia se resiente cuando deja de ser un proyecto compartido y se convierte en un ámbito gestionado por minorías especializadas”, sostiene. En este contexto, fenómenos como el 15M o la Primavera Árabe aparecen como intentos de reactivar la implicación ciudadana, pero con efectos limitados si no se traducen en cambios estructurales.

Martínez introduce aquí una dimensión menos habitual en los grandes rankings, pero decisiva para entender la calidad democrática contemporánea: la igualdad política real. “Esta igualdad difícilmente puede materializarse sin un mínimo de igualdad económica”, afirma. “Cuando la riqueza se concentra, el poder político tiende a concentrarse con ella”.