Una veintena de personas han declarado esta semana en la Audiencia Nacional en relación con la llamada operación Kitchen. Han sido cuatro sesiones intensas en las que, por vez primera, el foco ha salido del Ministerio del Interior, que el instructor fijó como "centro nuclear" de la trama, para colocarse sobre la rama política, en referencia a la posible conexión del PP con el supuesto operativo parapolicial para evitar que información comprometedora que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas acabase en la investigación de Gürtel. Una batería de interrogatorios que, además, han dado algo de oxígeno a la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que por el momento no ha salido muy dañado de las primeras semanas de juicio.

Dos son los elementos que salpican al exdirigente conservador en la causa. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Por otro, los mensajes que el exnúmero dos de Interior protocolizó ante notario. Es, básicamente, lo que le sitúa como conocedor de la Kitchen. Y lo que llevó en su día al instructor a concluir: "En una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, Jorge Fernández Díaz [...] con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez [...] a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Luis Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación [...] denominada papeles de Bárcenas".

Los mensajes en cuestión, todos ellos recibidos por el ex secretario de Estado de Seguridad, fueron protocolizados ante dos notarios distintos en los meses de junio y octubre de 2019, en un momento en el que la investigación judicial se encontraba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013 en el que se hacía mención al exchófer del tesorero, el topo alrededor del cual giró toda la operación: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y otro del 2 de agosto de ese mismo año en el que se daba respuesta a un mensaje de Martínez relacionado con un contacto: "Lo tendré al acabar el Consejo, así hemos quedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info".

Y en la segunda, se recogía un mensaje fechado el 18 de octubre de 2013: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación..: eso es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención..). // Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... veremos. Te informo".

Las fechas son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, 12 días después del mensaje que arrancaba con aquel "Chófer B.". Y el de "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo" fue enviado, precisamente, un día después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo apuntase en su agenda, junto a la palabra "Big" –es como se refería a Enrique García Castaño, comisario jefe de la UCAO– lo siguiente: "Relación cocinero-copiando Tfnos [sic]". Dos agentes confirmaron la pasada semana en el juicio que clonaron a mediados de octubre de 2013 dispositivos electrónicos de Bárcenas.

Martínez acudió al notario por primera vez dos días después de que su exjefe saliese públicamente a desvincularse de la operación con aquel "me estoy enterando ahora", unas declaraciones que irritaron a su exnúmero dos: "Está haciendo lo mismo que con las grabaciones. Pero esta vez sí se va a arrepentir. Ni se imagina la que le espera" –dijo a quien fuera director de comunicación del Ministerio del Interior–. Los mensajes, según comprobaron ambos notarios, fueron enviados desde un número que Martínez tenía guardado en su terminal con el nombre de "Jorge Fernández Díaz". Y dada la importancia que los mismos tienen en el caso, la estrategia del exministro ha pasado en todo momento por negar su existencia, presentando en instrucción un peritaje que cuestiona su "autenticidad e integridad".

Tiene, en este sentido, elementos que juegan a su favor. Por ejemplo, el "borrado" de los mensajes que llevó a cabo Martínez tras su documentación ante notario, lo que impidió a la Policía acceder a los mismos. La investigación trató entonces de cubrir esa laguna a través del móvil de Fernández Díaz. Tras su declaración como investigado, se revisó, con su permiso, su dispositivo, sin que se hallaran mensajes cruzados entre ambos. La explicación era sencilla: había cambiado de terminal hacía unos meses. El juez pidió entonces que entregase el anterior y, sobre todo, el que utilizaba en 2013. El exministro, sin embargo, dijo que no disponía de aquel que usaba en el momento de los hechos. Solo entregó, por tanto, el que acababa de cambiar, un teléfono en el que no había un mensaje con su exnúmero dos.

"La única constancia de estos mensajes es impresa a través de las actas notariales, pues los mensajes no han sido aportados por el Sr. Martínez ni localizados en ningún terminal", rezaba el escrito de defensa del exministro de cara al juicio. Una vista oral en la que ya han comparecido, de hecho, los dos fedatarios. El abogado de Fernández Díaz se empleó a fondo en ambos casos. Y consiguió lo que estaba buscando: que los notarios reconocieran que dejaron constancia de lo que vieron y de lo que le dijeron, pero nada más. "¿Usted puede dar fe de cuál es el origen del mensaje?", preguntó a uno de ellos, que respondió con un "No". "Yo nunca puedo acreditar esa procedencia", lanzó esta misma semana el segundo.

Queda, sin embargo, algún fleco alrededor de esta cuestión. Aunque ambos notarios señalasen que ellos no podían certificar que el móvil desde el que se enviaron dichos mensajes fuera el del exministro, lo cierto es que los investigadores sí comprobaron durante la fase de instrucción los datos de titularidad de esa línea móvil. "Se ha comprobado cómo en el año 2013 su titular es el Ministerio del Interior (de 31.12.2011 a 01.10.2015) y a partir del 05.07.2019 Jorge Fernández Díaz", recoge la Unidad de Asuntos Internos en un informe. La defensa de Martínez reclamó hasta el último momento que se oficiase a la compañía telefónica para que informara sobre llamadas, mensajes SMS y consumo de datos entre julio y octubre de 2013 de ese número. Pero la instrucción se cerró sin dicha diligencia.

Pero no son solo los mensajes lo que incrimina a Fernández Díaz. También está el testimonio de su exnúmero dos, quien le señaló directamente. Ante el instructor, dio la misma versión que ya había ofrecido en entrevistas previas. "Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito", dijo a El País. Una versión que habrá que ver si sigue manteniendo. Jefe y subordinado están, desde hace años, enfrentados, si bien hasta el momento las defensas parecen estar trabajando de forma coordinada en el juicio.

Al rescate de uno y otro salieron esta semana sus antiguos compañeros de partido y de Gobierno. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó durante su declaración el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", completó el exlíder del Ejecutivo. Esa es, precisamente, la tesis que mantienen las defensas. Una versión que, sin embargo, se tambalea, dado que la información que se iba recabando ni se incorporaba al sistema interno policial ni se facilitaba a juez, fiscales o investigadores de la Gürtel.

Fernández Díaz y Martínez son, de hecho, quienes podrían hacer escalar el caso en el organigrama. Y, de hecho, la defensa del primero ya vino a insinuar en alguno de sus escritos que igual había que empezar a mirar más hacia el PP en la búsqueda del origen de la Kitchen. Pero los letrados de ambos evitaron poner en aprietos al expresidente. Y se limitaron a plantear algunas preguntas inofensivas para apuntalar su defensa. Y él, a cambio, les lanzó un salvavidas vendiendo una imagen de una cúpula del Ministerio del Interior que ni maneja fondos reservados –ambos están acusados, precisamente, de malversación– ni se entera de las operaciones policiales ni conoce a los confidentes.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición del PSOE de suspender el juicio del caso Kitchen para poder imputar de nuevo a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fue sacada en su día del procedimiento, y que se cite al partido como partícipe a título lucrativo o responsable civil, según informa EFE.

El fiscal César de Rivas ha respondido así a una de las principales peticiones que formuló la acusación popular que ejerce el PSOE en la fase de cuestiones previas planteadas al tribunal en la primera jornada del juicio del caso Kitchen a la cúpula de Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

En su respuesta, el fiscal ha recordado que la clausura de la instrucción de esta causa fue confirmada por la Sala de lo Penal en 2022 y ahora el tribunal que enjuicia los hechos carece de competencia para dejar sin efecto esas resoluciones como propuso el PSOE con el objeto de que se investigue "la rama política" del caso Kitchen.

Según el fiscal, no procede abrir una "instrucción suplementaria" que lleve a la suspensión del juicio porque no existe ninguna revelación novedosa que suponga un cambio "sustancial" en los elementos, que solo puede afectar a las personas respecto a las que se decretó la apertura de juicio oral.

En este sentido ha señalado que a Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, no se les incluyó en el auto de procesamiento tras haberles tomado declaración como imputados a petición de la Fiscalía por lo que no se les introdujo en ese auto de apertura de juicio oral.

Al decretarse el sobreseimiento para ambos, ha proseguido, Anticorrupción lo recurrió, y tanto el juzgado de instrucción como la Sala de lo Penal confirmaron esa decisión. Además, en 2022, el Ministerio Fiscal solicitó la reapertura de la causa por elementos nuevos respecto a Cospedal, pero también se rechazó por el juzgado y por la Sala, con lo que la causa está sobreseída para ambos y "el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocarlo", ha destacado.

Por ello ha propuesto que si el PSOE entiende que existen nuevos elementos lo que tiene que hacer es solicitar la reapertura de la causa como se hizo en 2022 y como hizo este partido en 2025, petición que también fue rechazada por el juzgado de instrucción.

Lo mismo sucede, ha dicho, con el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo, una cuestión que ya se solicitó en su momento y que, primero el juzgado y después la Sala, rechazaron por lo que, considera, que es una cuestión sobre la que la Sala de enjuiciamiento carece de competencia.

En el juicio del caso Kitchen se sientan en el banquillo diez acusados, entre los que figuran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel, así como buena parte de la cúpula policial en esa época y comisarios como José Villarejo, de cuyo caso procede esta causa, la pieza número 7 del caso Tándem.

Las defensas de los acusados en el caso Kitchen, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al considerar que hubo errores en la instrucción o que este no es el tribunal competente para juzgar el procedimiento.

En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido el primero en pedir la nulidad, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede; a este motivo se han adherido el resto de defensas.

Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.

Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.

También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.

La defensa de Francisco Martínez quiere que sean nulas las diez grabaciones de audio incautadas al excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen al caso, lo que anularía el resto del procedimiento, al considerar que el comisario las obtuvo de manera ilícita y que no se ha podido comprobar la autenticidad ni acceder al total del material.

Esta parte pide anular también tres audios en los que Francisco Martínez habla con el excomisario, que fueron aportados a la justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en otras causas como la de Leire Díez.

El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que esta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa, porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.

Durante esta primera jornada han pedido también nulidades los letrados del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente habría cobrado por el espionaje 54.000 euros, o del exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas.

Al letrado Javier Ignacio Navarro, que representa al chófer, quien también logró una plaza en la Policía, le ha reprendido la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por sostener que a su defendido "le coaccionaron" los fiscales del caso y le amenazaron con pena de prisión.

En este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, el exministro del Interior y su ex número dos enfrentan una petición de cárcel de 15 años por parte de la Fiscalía, que les acusa de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo parapolicial en el que se habrían empleado supuestamente 57.943 euros procedentes de fondos reservados.

La vista se reanudará este martes, cuando las acusaciones podrán responder a las cuestiones previas expuestas por las defensas. 

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha calificado de "invento" la llamada operación Cataluña, orquestada presuntamente bajo su mandato para dañar al independentismo a través de una trama parapolicial, de la que nunca, ha dicho, oyó hablar a nadie en su departamento, informa EFE.

Fernández Díaz, que fue ministro del Interior entre 2011 y 2016, ha comparecido tras el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la comisión de investigación que indaga sobre estas presuntas maniobras para atacar al independentismo.

En su tercera comparecencia ante una comisión sobre las presuntas prácticas de la llamada policía patriótica -asistió en 2017 y 2021-, el exministro ha acudido al Congreso junto a su abogado, pues está procesado y se enfrenta a 15 años de prisión en la causa judicial de la operación Kitchen sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Al igual que ha hecho Rajoy, Fernández Díaz ha criticado la creación de esta comisión y ha defendido la actuación del Gobierno de entonces frente al procés, que quiso dar un golpe de Estado contra el artículo 2 de la Constitución para que Cataluña se fuera de España y ha añadido que "ahora es el Estado quien se está yendo de Cataluña".

De hecho, ha llegado a revelar que se entrevistó personalmente con el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para que, "con la autoridad" que éste tenía, evitara el procés, que según él, comenzó en enero de 2013 cuando Artur Mas declaró en el Parlament que había llegado la hora de que Cataluña ejerciera su derecho de autodeterminación.

Respecto a la operación Cataluña, el exministro ha aseverado que es un "invento", que no vio a nadie hablar nunca de ella en su departamento y que la primera vez que tuvo referencias fue después de que su director de comunicación le enseñara un teletipo en el que el excomisario José Villarejo citaba esa supuesta operación en una comparecencia judicial.

"A partir de entonces se empezó a hablar de la operación Cataluña", ha apostillado Fernández Díaz, que ha negado insistentemente haber despachado alguna vez con Villarejo, al que ha saludado dos veces en cinco años, y contra el que ha vuelto a arremeter "por sus grabaciones, pregrabaciones y postgrabaciones".

El diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, se ha interesado por una grabación aparecida recientemente de una supuesta conversación con Villarejo y otras personas. Fernández Díaz ha insinuado en que estaba manipulada, que en ella se aprecia que los interlocutores se encontraban en distintos lugares y ha dicho que "no hace falta la Inteligencia Artificial para saber las maravillas que se pueden hacer en un audio".

El supuesto espionaje a 69 diputados de Podemos ha vuelto a centrar la intervención de su líder, Ione Belarra, a quien Fernández Díaz ha asegurado que nunca tuvo ningún interés en espiarles. "Estoy contestando la verdad", ha aseverado.

"Si alguien cree que el ministro del Interior conoce las cuestiones operativas en una estructura de más de 150.000 personas entre policías y guardias civiles...", ha añadido el exministro antes de reiterar que si algún policía espió debe responder por ello y que si hubiera sabido de estas prácticas habría preguntado si era legal y cuál era el motivo para llevarlas a cabo.

Como experto en apariciones marianas -ha escrito un libro sobre ellas como aficionado a la historia de la Teología- Belarra le ha preguntado si consideraba una aparición mariana el M.Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas.

"No hace falta ser doctor en ciencias", ha respondido entre risas, para traducirlo como Mariano Rajoy, pero no ha querido pronunciarse más sobre este asunto. Simplemente ha ironizado con que no había ninguna aparición mariana en la que saliera M.Rajoy.

Uno de los momentos más incómodos de la comparecencia ha sido durante las preguntas de la diputada de Sumar Aina Vidal, quien ha recordado al exministro que "la historia no absuelve a los conspiradores" y al que ha augurado que será recordado por haber resucitado los momentos más macabros de la historia de la democracia.

Vidal ha eludido al pasado del exministro y a sus creencias religiosas, lo que ha irritado a Fernández Díaz, que ha pedido respeto por ellas y ha asegurado que no se avergonzaba de todo lo que hizo en el Ministerio del Interior, a la vez que ha recalcado que Rajoy jamás le dio una orden que fuera ilegal.

El nieto de Miguel respetó la voluntad de Manolo y conservó, tras la reforma integral del negocio, el reloj de “cu–cu” que el fundador se trajo del exilio en Suiza y el viejo dominó con el que se seguía jugando cada día desde las cinco en punto de la tarde hasta las seis y media. La caja de madera, oscurecida y lisa por el uso, y las fichas de celuloide bicolor con un punto de latón atraían a los curiosos, pero eran las reglas del juego y la destreza de los jugadores adivinando jugadas lo que asombraba a la clientela que acudía a mirar.

También continuó la costumbre de la tertulia durante la partida entre jugadores y mirones, hecho ilegal debido a los sucesivos desarrollos de la ley mordaza, hasta veintiséis desde la original redactada por el ministro Fernández Díaz a principios de siglo. A la planta –2 nunca bajaban las policías, lo que daba alas al desarrollo de actividades proscritas de poderoso atractivo para muchísima clientela procedente de las plantas superiores de la ciudad.

La inteligencia artificial había tomado el mando de la civilización y era difícil imaginar la sociedad sin ella. “Si no es por los científicos, se hubiera extinguido la especie, como pasó con los dinosaurios —opinó un jugador colocando la pito doble”. “No creas —intervino otro poniendo la pito cinco—. En realidad, la inteligencia de la humanidad ha sido siempre artificial…”. “¡¿Qué dices, tío?! —cortó una jugadora que cerró la otra puerta con la tres dos— La Inteligencia Artificial es ciencia en estado puro y lo de antes era ideología…”.

Con referencias a la ciencia y a la historia, iba pasando el tiempo, controlado en el bar por el anacrónico “cu-cu”, con o sin salida del pájaro. Increíblemente, el mecanismo del reloj no había fallado ni una sola vez y su fiabilidad era comparable a la de los omnipresentes relojes digitales. “Yo creo —se animó una mirona— que el sistema computacional es resultado del desarrollo de artefactos como las varillas y el ábaco en Asia o el quipu inca”. “Lo importante es saber quién ha controlado estos instrumentos —insistió la jugadora”. “Explícate —pidió el cuarto jugador al que cerró la puerta del cinco mientras movía fichas”.

El jugador miró alrededor. No había nadie aparte de sus compañeros, de quienes miraban y de dos colegas del camarero hablando con él en la barra. A pesar de que todo el mundo sabía que las policías no bajaban a ese nivel de la ciudad, las palabras eran las mayores responsables de la detención de personas acusadas de ejercer el pensamiento crítico en contra de lo establecido por el Decreto 8.002/2055. Todos los presentes eran habituales de la casa, se conocían y habían participado en numerosas tertulias; los de la barra estaban aislados por el sonido psicodélico que emitía la ya obsoleta pantalla de 50 pulgadas.

“La ciencia y la llamada ‘cultura’ siempre han estado en manos y al servicio del poder —expuso el jugador— mediante el monopolio de la educación y de la fe. Por eso digo que era inteligencia artificial, inculcada”. “Eso son leyendas urbanas hoy desmentidas —objetó la jugadora”. “Seguimos igual —contraatacó el jugador bajando la voz a nivel de susurro—, sólo que hoy no son las Iglesias ni los Estados quienes controlan a las masas, sino los herederos de los imperios globales levantados por Gates, Jobs, Zuckerberg, Musk, Bezos o Page & Brin. En la planta –3 hay una biblioteca que os recomiendo visitar algún día”.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conocía las actividades de la llamada policía patriótica desde el año 2012, según ha revelado esta lunes el programa de radio El món de Rac1 basándose en dos documentos que atribuye al Ministerio del Interior. Según la emisora de radio, estos archivos confirman que el expresidente y no solo el por entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaban al corriente de las actividades de guerra sucia contra sus enemigos políticos que llevaba a cabo una parte de la policía española.

Rac1 explica en su exclusiva que uno de los documentos, fechado el 25 de octubre de 2012 y de una página y media de extensión, llevaba el título de Nota secreta para el señor presidente sobre información sensible procedente de Cataluña. En él afirse resumen operaciones que practicaba la policía patriótica en el momento de la elaboración del informe sobre el independentismo y con el objetivo de perjudicar a la oposición, liderada por el PSOE.

La emisora catalana también revela que, según los metadatos del documento, su autor fue Francisco Martínez, la mano derecha de Fernández Díaz en el ministerio y por entonces su jefe de gabinete. Las fuentes consultadas por Rac1 aseguran que Martínez actuaba de nexo entre los policías que ejecutaban las operaciones, como el comisario José Manuel Villarejo, y la cúpula política del ministerio. Por ese motivo, él era quien elaboraba los informes para luego facilitarlos a sus superiores como Jorge Fernández Díaz y, según Rac1, también a Rajoy. Martínez se ha negado a hacer declaraciones a la emisora y se ha limitado a reiterar que él entonces aún no era secretario de Estado del Interior, sino un simple jefe de gabinete.

Las fuentes citadas aseguran que el 18 de octubre de 2012, poco después de comenzar la Operación Cataluña, Martínez se reunió con Villarejo, que le dio un informe donde se explicaban operaciones en marcha contra Convergència y el PSOE. Esta información, según la emisora, se habría trasladado a Fernández Díaz, que supuestamente resumió la nota y se la entregó a Rajoy. El presidente se habría enterado de todo en el Consejo de Ministros del 26 de octubre, unas semanas después de la reunión, ya que la reunión del Ejecutivo previa no había estado presidida por Rajoy sino por Soraya Sáenz de Santamaría, y, por tanto, Fernández Díaz no podría haberle entregado en persona al presidente el informe.

Ese 26 de octubre, el por entonces ministro del Interior se acercó a Rajoy y le entregó el informe, siempre según la información difundida por Rac1. Fue la primera vez que lo hizo, pero no la última, ya que a partir de ese día Fernández Díaz aprovechó los encuentros con el presidente del Gobierno para facilitarle nueva documentación sobre las actividades irregulares de algunos de los policías que tenía a su servicio. Rac1 asegura que en los archivos del Ministerio del Interior consultados no constan más resúmenes como el de octubre de 2012, pero sostiene que Fernández Díaz entregaba a Rajoy informes confidenciales enteros elaborados directamente por la policía, como los que relacionaban el independentismo con el yihadismo, o notas informativas escritas por Villarejo.

En este sentido, en los informes que habrían sido entregados a Rajoy se especifican desde los lemas que supuestamente iban a ser usados por el independentismo para su campaña como “Si continuamos en España, seremos Uganda; con la independencia, seremos Holanda”, que nunca utilizaron, hasta algunas revelaciones que acabaron teniendo recorrido. Por ejemplo, se informa de las cuentas en el extranjero (Andorra, Suiza o Liechtenstein) del entonces president de la Generalitat, Artur Mas, y de la familia Pujol, operaciones contra el exministro socialista José Blanco y un exconselleiro del BNG investigfados en el marco de la Operación Campeón o que Susana Monje, entonces tesorera del Barça con Sandro Rosell, podría estar pasando información a Convergència perjudicial para el PP.

El documento citado por la emisora catalana añade que las revelaciones proceden de fuentes de la policía infiltradas en bancos catalanes y andorranos, en varios medios de comunicación y hasta en los Mossos d'Esquadra. En él también se advierte de que la información que contiene no está 100% contrastada, pero que una parte ya se ha judicializado y que pronto recibirán copias de los sumarios. Esto último demostraría, según Rac1, que el Ministerio del Interior tenía línea directa con los jueces que instruían las causas a las que se refiere el informe.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre los cargos de la formación morada.

En un auto de este jueves, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admite la querella de forma parcial y en línea por lo solicitado por la Fiscalía, rechazando investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.

Cabe recordar que la querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desecha estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad este de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indica la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

En su auto, el juez Pedraz explica que una vez examinada la querella y verificado que algunos de los hechos serían competencia de la Audiencia Nacional y constitutivos de infracción penal procede su admisión, aunque de forma parcial.

En cuanto a los hechos y personas que inadmite, el magistrado afirma que del relato de la querella no aparece afirmada y sustentada indiciariamente que todos los querellados participaran en sus actuaciones con la finalidad criminal que se imputa.

En este sentido, dice, no se aprecia que Fernández Díaz, Cosidó o los excargos policiales Bonifacio Diez Sevillano, José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez López y Mariano Hervás intervinieran en la investigación de hechos relativos a diputados con la finalidad delictiva atribuida en la querella y sin el cumplimiento de las normas legales exigidas para realizar una investigación de los diputados.

"Debe señalarse que ni del ministro Jorge Fernández Diaz o del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no se relata más que una suposición de que por los cargos que ostentaban deberían conocer y autorizar los hechos. Dicha imputación es insuficiente para admitir la querella contra los mismos", explica el magistrado.

En este sentido, el magistrado solicita a su compañero del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, información que obra en la macrocausa Tándem -conocida como 'caso Villarejo- como las diligencias relativas al examen del contenido de los mensajes que hubiera en el móvil de Francisco Martínez.

En cuanto a las diligencias solicitadas por Podemos, el magistrado rechaza las declaraciones testificales de periodistas por cuanto se refieren a las fuentes de información de los medios, "no estando obligados a declarar los profesionales del periodismo sobre las mismas".

El juez añade que tampoco aparece en el relato de hechos que los medios participaran en la difusión de noticias falsas a sabiendas que lo eran, por lo que su actividad está amparada por el secreto profesional y por el artículo 20 de la Constitución, que reconoce el derecho a la información.

En su columna de opinión en el periódico La Razón de este martes, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hecho un llamamiento a la Virgen María para que "auxilie" a España tras la presentación el lunes de la ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas para su investidura. "A Dios rogando y con el mazo dando y esas masivas y pacificas concentraciones son el mazo, la cuota de actividad humana a aportar para que María que tiene a España muy adentro de su Inmaculado Corazón, atienda la súplica de tantos españoles, que no se resignan al desmembramiento de su Patria a manos de quienes la odian precisamente por ser tierra predilecta de ella", explica el que fuera titular de la cartera de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy desde 2011 hasta 2016.

"La grave situación en la que el nuevo Frente Popular sanchista ha colocado a España, ha movilizado al pueblo español, que ha salido a las calles y plazas de las 52 principales ciudades españolas, en una pacífica y ejemplar rebelión contra el intento de vender España a los que no ocultan su objetivo de acabar con ella", reconoce Fernández Díaz que pasa a detallar "destacados episodios que acreditan" el auxilio de la Virgen ante "situaciones de particular gravedad": Lepanto en 1571, el sitio de Viena por los otomanos en 1683 y la libertad de Austria en 1955.

En el siglo XVI, se derrotó al "imperio Otomano a manos de la alianza cristiana promovida por el Papa san Pío V". Fernández Díaz explica que en 1683 el sitio de Viena "fue levantado por la caballería al mando del rey de Polonia Juan III Sobieski que la capitaneó tras bendecirla y colocarla bajo la protección de la Virgen de Czestohowa, y será reconocido así por el papa Inocencio XI en acción de gracias por la victoria".

Por último, y según el exministro, en mayo de 1955 se retiraron "las tropas soviéticas ocupantes de un sector de Austria tras la derrota nazi de abril de 1945": "Una cadena de medio millón de austriacos se sumó al llamado del rezo del rosario para conseguirlo y el milagro se produjo como el propio presidente reconoció públicamente". "Es el ruego unido al mazo", concluye Fernández Díaz.

La defensa del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, procesado por su posible participación en la 'Operación Kitchen', se ha adherido a la pretensión tanto del PSOE como del que fuera su 'numero dos' Francisco Martínez y pide al juez instructor que en el auto de apertura de juicio oral se incluya al PP como partícipe a título lucrativo. Medida que considera "obvia, coherente y necesaria".

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Fernández Díaz, dirigida por Jesús Mandri, indica que del relato fáctico de los escritos de acusación se desprende que "el origen y epicentro de los hechos presuntamente delictivos fue el espionaje y la sustracción a la familia (de Luis) Bárcenas --extesorero del PP-- de información supuestamente perjudicial para los intereses del PP, siempre en su beneficio y utilizando para tales fines fondos reservados".

Por eso, apunta que siendo así y solicitándose en el auto de apertura de juicio oral una condena en vía de responsabilidad civil para la Administración del Estado, "resulta obvio, coherente y necesario incluir al PP como partícipe a título lucrativo".

Con este escrito, la defensa de Fernández Díaz responde a la diligencia del juzgado que pedía que las diferentes partes se pronunciaran sobre los diferentes recursos de apelación presentados contra el auto de apertura de juicio oral del pasado 13 de octubre.

Cabe recordar que el instructor, Manuel García Castellón, acordó enviar a juicio tanto al exministro como a la excúpula del Ministerio por esa operación parapolicial y a la vez rechazaba por "extemporánea" la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP en caso de condena.

Para justificar esa decisión explicaba que hasta el momento no se había dirigido pretensión alguna en este sentido contra la formación de Núñez Feijóo y que, por tanto, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resultaba extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realizaba sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emanaba dicha responsabilidad, "apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil".

El PSOE recurrió esa decisión señalando que la argumentación del magistrado de que su petición era extemporánea resultaba "sorprendente, además de ser contraria a la ley".

Recordaba al hilo que la petición de que el PP entrara como responsable a título lucrativo "fue formulada al mismo tiempo que la petición contra el otro responsable civil, el Estado" --que sí que fue admitida por el juez--. Y puntualizaba que en este tipo de causas "no existe norma alguna que contemple el llamamiento del responsable civil subsidiario al procedimiento durante la instrucción".

Además, se hacía eco del artículo 781.1 de la Ley Procesal para subrayar que "contempla la necesidad de que en sus escritos de conclusiones provisionales las acusaciones identifiquen a las personas responsables civilmente de los hechos".

"Por lo que será el auto de apertura del juicio oral el que determine el llamamiento al proceso de los responsables civiles", añadía, para sumar que "si esto es aplicable a los responsables civiles subsidiarios, aún con más razón resulta predicable de los participes a título lucrativo".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio por la denominada 'Operación Kitchen', el operativo policial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.

En un auto de 24 páginas, recogido por Europa Press, el magistrado rechaza por "extemporánea" la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 incluye todos los delitos planteados por las acusaciones y que incluyen delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.

Para García Castellón, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados, todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la fase de juicio oral.

En relación con la responsabilidad civil del PP solicitada por el PSOE, recuerda que hasta este momento, en esta pieza del caso Tándem, no se ha dirigido pretensión alguna en este sentido contra el PP y que, por tanto, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resulta extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad, "apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil".

Además de al exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta solicitud y pide al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o que renuncie al mismo.

Cabe recordar que los fiscales anticorrupción César de Rivas y Miguel Serrano interesaron en su escrito de acusación condenar Fernández Díaz y a Francisco Martínez a 15 años de cárcel, a Villarejo a 19 años de prisión.

El magistrado, en su auto, desestima también una diligencia complementaria solicitada por el PSOE al considerar que la instrucción está finalizada.

Y acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos, de 20.000 euros para Andrés Manuel Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto García Castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reactivado la comisión rogatoria emitida por Andorra para comunicar al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz su imputación en el procedimiento que se sigue en el Principado a raíz de la querella presentada por la Operación Cataluña. Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que los magistrados del TSJ madrileño han rechazado la petición de Fernández Díaz , tal y como hicieron con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria que libró Andorra.

Cabe recordar que la Justicia del Principado investiga a ambos excargos del Ejecutivo y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.

En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares.

El tribunal madrileño -al desestimar la solicitud de Fernández Díaz- ha acordado levantar la medida cautelarísima que habían adoptado la semana pasada para suspender de forma urgente la comisión rogatoria de Andorra. Así, tras esta decisión, el Principado recibirá la documentación requerida a España y tendrá luz verde para proceder contra el exministro.

Las fuentes consultadas por esta agencia han precisado que los magistrados han emitido una resolución "idéntica" a la dictada respecto a Rajoy al concluir que hay suficientes motivos para no acceder a la petición de suspender la comisión rogatoria de las autoridades andorranas.

El tribunal ya explicó al expresidente que el hecho de aceptar dicha comisión rogatoria no podía confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Los magistrados insistieron en que el auxilio judicial servía para notificarle que se había iniciado un procedimiento a raíz de una querella y para "garantizar una situación de igualdad" ante los tribunales.

El TSJ ha coincidido así con el criterio del Ministerio Público, que el pasado 26 de octubre mostró su oposición a paralizar el auxilio judicial reclamado por el Principado.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiso dejarlo meridianamente claro aquel viernes de diciembre de 2012. De ahí que repitiese la misma frase una y otra vez: "Esta conversación no ha existido". El problema es que uno de sus interlocutores era el comisario José Manuel Villarejo, aficionado a grabar todos y cada uno de los encuentros que mantenía. Y, casi una década después, el audio de aquella reunión al final ha visto la luz. La grabación, desvelada por El País, muestra cómo la llamada policía patriótica acordó con el ministro presentar varias denuncias contra dirigentes independentistas. Y pone al descubierto sus mentiras tanto en entrevistas como en sede judicial o en el seno de una comisión de investigación parlamentaria. Un falso testimonio que, en un órgano de estas características, está castigado con hasta un año de cárcel. Sin embargo, lo cierto es que este tipo penal nunca llega a aplicarse.

El audio, que pertenece al material requisado al expolicía y que no consta que esté incorporado al caso Tándem, recoge una reunión celebrada en Interior. En ella participan el entonces ministro, el comisario jubilado y el entonces jefe de la Policía, Eugenio Pino. Los tres hablan largo y tendido sobre la posibilidad de judicializar asuntos vinculados con el independentismo catalán. En concreto, mencionan a Jordi Pujol y Artur Mas. "Hay materia para la Audiencia Nacional. Por los datos que hay, por las cuentas...", explica el comisario jubilado, que se compromete a llevar ese mismo día una denuncia junto al jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). "Con el fiscal jefe del Estado se ha hablado, ¿eh?", llega a apuntar Fernández Díaz durante la charla.

El entonces ministro del Interior no quiere de ningún modo que la reunión salga a la luz. Es algo que trata de dejar claro en repetidas ocasiones. "El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido", señala mientras Villarejo ríe. Y así fue. Durante años, Fernández Díaz ha negado en repetidas ocasiones haber tenido una estrecha relación con el comisario jubilado. Siempre ha hablado de conversaciones cortas y muy puntuales. "Yo lo he visto dos veces y he hablado con él dos minutos", aseguraba en septiembre de 2020 en una entrevista con Vanity Fair. Solo la cita cuyo audio ha salido ahora a la luz, según el medio que la ha publicado, dura alrededor de un cuarto de hora.

Solo un mes más tarde, declaró en sede judicial en el marco de Kitchen. "Ni una sola relación con él", dijo Fernández Díaz ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Entonces comparecía como investigado, una condición que le permite mentir para defenderse. Otra cosa bien diferente es lo que tiene que ver con las comisiones de investigación parlamentaria, donde ha seguido al milímetro ese mismo relato. "En los cinco años que he ejercido de ministro del Interior jamás he despachado nada con el señor Villarejo", aseguró en abril de 2017 en el seno de una comisión del Congreso. "¿Por qué yo me atrevo a decir que no oirán ustedes ninguna grabación mía con el señor Villarejo? Porque no podía haberla, porque no he despachado nunca", sostuvo el pasado mes de diciembre en otra sobre la Kitchen.

Un falso testimonio que Unidas Podemos, al igual que diferentes partidos soberanistas, pretende que no quede impune. En un escrito registrado el pasado jueves, el grupo confederal ha pedido a la Mesa del Congreso que "tome las medidas que sean necesarias para que se cumpla" tanto el reglamento de la Cámara Baja como el Código Penal. Porque la ley, en su artículo 502.3, castiga con penas de prisión de seis meses a un año o multa de uno a dos años a quien convocado ante una comisión de investigación parlamentaria "faltare a la verdad en su testimonio". El problema es que se trata de un delito olvidado. "No se suele perseguir", asevera al otro lado del teléfono Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid.

El jurista no es el único que lo dice. De hecho, es algo que ya se encargaron de deslizar los servicios jurídicos del Senado antes de que estallara la pandemia. Lo hicieron en un informe redactado a petición del Grupo Parlamentario Popular tras las mentiras detectadas en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre la financiación de los partidos políticos, entre las que se encontraban las desveladas por infoLibre del entonces tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. El documento reconocía "el resultado infructuoso" de la "búsqueda" en las "bases jurídicas de datos" de "jurisprudencia" sobre este tipo penal. Y la "escasa" atención prestada a este delito "tanto en el campo del constitucionalismo como en el de la doctrina penal".

Uno de los análisis más exhaustivos sobre este artículo es el realizado por la catedrática de Derecho María del Mar Carrasco, incluido en el Tratado de Derecho Penal español (Tirant lo Blanch, 2016) que dirigió Álvarez. En él, la jurista explica que el tipo ha sido sumamente criticado por lo que supone de quiebra "de los principios de mínima intervención y última ratio del derecho penal". Y señala que su introducción en el Código Penal fue "fruto más de la carambola política que de la reflexión jurídica". Su origen se sitúa en una enmienda de IU. La propuesta, en principio, no cuajó ni en la Ponencia ni en las Comisiones de Justicia e Interior. Hubo que esperar al debate en el Pleno, donde los socialistas plantearon una transaccional que prosperó en la que se tipificaba el falso testimonio en comisión de investigación.

La jurista considera que el delito se puede cometer tanto por acción como por omisión. Es decir, tanto por lo dicho como por lo no dicho. En esto último, sin embargo, hay matices. Mientras que Carrasco no ve encaje en los casos de "ausencia total de declaración" –cuando el compareciente no abre la boca– o cuando se manifiesta falsamente "no saber" o "no recordar" algo, sí que considera que tiene encaje en este tipo delictivo la "omisión de información relevante" –silenciar datos importantes para la adecuada comprensión de los hechos, ya sea en el relato o en la respuesta a preguntas–.

Ahora bien, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III avisa que para este delito se exige "una alteración sustancial de la verdad". Además, tiene que incidir, recuerda la catedrática de Derecho Penal, "sobre aspectos esenciales para la investigación". No obstante, incluso encontrándonos con una comparecencia en la que se cumplen todos estos requisitos, hay otro matiz clave a tener en cuenta: la existencia de dolo. Es decir, el sujeto tiene que ser plenamente consciente de la falsedad que está declarando. "Si cree que lo que está manifestando se corresponde con la verdad material, cuando no es así, no habrá falso testimonio por ausencia de dolo", detalla en su artículo Carrasco.

Un escollo importante a la hora de perseguir este delito al que hay que sumar otro: la situación en la que se encuentre el compareciente. ¿Por qué? Porque, como recoge el informe de los servicios jurídicos de la Cámara Alta, si "tuviera la condición de acusado en un proceso penal" estaría "excluido del ámbito de aplicación" de este artículo. Es decir, el Senado prima el derecho constitucional a no declarar sobre sí mismo. Esto es importante en el caso de Fernández Díaz. Cuando el ministro negó haber "despachado nunca" el pasado mes de diciembre, ya estaba procesado en Kitchen. Solo quedaría, por tanto, agarrarse a lo que dijo en la comisión de investigación de 2017. Sin embargo, el delito prescribe a los cinco años. Es decir, que habría dejado de poder perseguirse el pasado mes de abril.

Rara vez los falsos testimonios se judicializan. Y cuando eso ocurre, los casos no tardan en ser archivados. El ejemplo perfecto es el que afectó a uno de los expresidentes del Gobierno. Podemos denunció en su momento a José María Aznar al entender que había mentido en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación irregular del PP. En concreto, la formación ponía el foco sobre el exlíder del Ejecutivo por haber afirmado en sede parlamentaria que no conocía o había mantenido una relación de amistad con el considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a pesar de haber sido uno de los invitados a la boda de su hija. Pero no solo eso. También, por negar la participación de soldados españoles en la Guerra de Irak de 2003 o la existencia de una caja B en el PP, a pesar de la sentencia de la Gürtel.

La denuncia, sin embargo, fue archivada por el juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. Podemos recurrió. Y la Audiencia Provincial de Madrid lo desestimó. En aquel auto, los magistrados alegaron que la conducta descrita no tenía cabida en este tipo penal al entender que las respuestas dadas o bien "son opiniones o interpretaciones del compareciente sobre una resolución judicial o un acontecimiento" o bien "carecen de relevancia para la investigación, siendo hechos notorios y conocidos públicamente".

También fue llevada ante la justicia la comparecencia de una doctora del SAMU durante la comisión en Les Corts del accidente del Metro de Valencia. En junio de 2016, la jueza que investigaba el siniestro, en el que murieron 43 personas, pidió que otro juzgado estudiase si las declaraciones de la facultativa asegurando haber visto los cuerpos del maquinista y de la interventora dentro de la unidad siniestrada y no en las vías, donde los ubicaban policías y testigos, podían ser constitutivas de un delito de falso testimonio.

El caso cayó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, cuyo titular decidió remitir a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas. Esta decisión acabó siendo revocada por la Audiencia provincial. “[Los hechos] no revisten en los actuales momentos ninguna apariencia delictiva […] mientras no exista una sentencia o auto que ponga fin al procedimiento judicial en el que se haga constar la verdad formal sobre el lugar que ocupaban los cuerpos después del siniestro”, señalaron los magistrados, quienes destacaron también la “intrascendencia de la manifestación supuestamente falsa” tanto para la investigación judicial como para la parlamentaria.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha negado "rotundamente" que haya mantenido contactos con el ex comisario José Manuel Villarejo y ha insistido en ratificar íntegramente el contenido de sus declaraciones prestadas tanto en sede judicial como en sede parlamentaria, según un comunicado de su defensa recogido por Europa Press

Los audios difundidos esta semana por El País reflejan que Fernández Díaz habría recibido en el Ministerio de Interior varias veces entre 2012 y 2016 tanto al entonces comisario como al director adjunto operativo (DAO) de la época, Eugenio Pino, para orquestar la llamada Operación Cataluña.

Fernández Díaz podría enfrentarse a una investigación judicial por prestar falso testimonio en la comisión desarrollada en el Congreso de los Diputados sobre la Operación Kitchen, donde dijo que nunca había despachado con José Manuel Villarejo, algo que vendría a contradecir dichos audios, si bien las pesquisas escaparían al alcance de la Audiencia Nacional —que investiga al comisario— porque serían competencia de un juzgado ordinario.

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigió a una parte de la llamada "policía patriótica" en la operación Cataluña, dentro de la estrategia para detener el desafío independentista. El objetivo de la operación era investigar y denunciar por corrupción a líderes independentistas catalanes, como se desprende de una grabación recogida por el diario El País.

La grabación guarda una conversación de 2012 entre Fernández Díaz, el exdirector de la Policía Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo. Una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados ya concluyó la naturaleza de esta policía patriótica, que trabajó durante el Gobierno de Mariano Rajoy para investigar a adversarios políticos del PP, encontrar trapos sucios y filtrarlos a medios de comunicación afines a los conservadores. La policía patriótica estuvo dirigida principalmente contra los partidos independentistas catalanes y Podemos.

Fernández Díaz mintió en la comisión de investigación al hacer la siguiente declaración: “Durante los casi cinco años en los que he ejercido la responsabilidad de ministro del Interior, jamás he despachado nada con el señor Villarejo”. La grabación, extraída de los archivos de Villarejo, reproduce una conversación de 15 minutos en la que los tres hombres acordaron presentar varias denuncias en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Plaza de Castilla contra líderes independentistas; entre ellos Jordi Pujol y Artur Mas.

Villarejo compró el testimonio del empresario Javier de la Rosa, antiguo amigo de Pujol, y Victoria Álvarez, examante del hijo mayor del expresidente catalán. Interior y Policía estaban plenamente informados de las actuaciones del comisario.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión del juez Manuel García Castellón de dar por finalizada la investigación sobre la Operación Kitchen, al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

Los magistrados han confirmado el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, con el que puso fin a la investigación sobre Kitchen concluyendo que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a un total de once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de Kitchen. La Sala de lo Penal ha avalado ahora los indicios en los que se basa su imputación, recordando que fundamentalmente son las declaraciones del que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, y los mensajes que se intercambiaron.

Los magistrados entienden que la explicación que dio Fernández Díaz sobre su conducta, así como la valoración del informe pericial que aportó para desvirtuar dichos mensajes, deberá efectuarla el órgano enjuiciador. De momento, "la apariencia delictiva de los hechos imputados impide acordar el sobreseimiento interesado", concluyen.

Además de Fernández Díaz y Martínez, la Sala de lo Penal ha ratificado el procesamiento del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, de los ex mandos policiales José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, y del ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

La mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideraron un "cierre en falso" del caso. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusó al juez de dibujar una "línea roja" en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a "una posible responsabilidad" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a la que pidió volver a imputar junto a su marido, Ignacio López del Hierro.

La Sala de lo Penal ha optado por mantener el statu quo, de modo que De Cospedal y su marido quedan definitivamente fuera de la causa, al igual que el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, que nunca ha estado investigado pero que el Ministerio Público pedía interrogar como tal en el caso de que se reabrieran las pesquisas.

Para los magistrados, los indicios que señalan los fiscales anticorrupción para sostener la imputación contra Cospedal y su marido no son suficientes, toda vez que quedan debilitados por los testimonios de Villarejo, Gómez Gordo y Ríos.

A este respecto, subrayan que las reuniones que tanto Cospedal como López del Hierro reconocieron que habían mantenido con Villarejo fueron por "cuestiones al margen de los hechos investigados".

En la misma línea, creen que no hay indicos suficientes para imputar a Cosidó, el único eslabón de la cadena de mando policial de la época que ha quedado al margen de la investigación judicial de Kitchen.

La Sala de lo Penal ha rechazado asimismo las diligencias destinadas a determinar a quién pertenecía cada uno de los cinco números de teléfono con los que Villarejo dice que se comunicaba con Rajoy para tenerle informado sobre los avances del presunto espionaje a Bárcenas.

Se ha pronunciado específicamente sobre un número de teléfono de titularidad del PP para recalcar que tampoco hay indicio alguno de que Villarejo se comunicara con dicha línea. "En modo alguno implica necesariamente que quien disponga de esa información efectivamente se comunique con ese número", indican los magistrados.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha reiterado este lunes, durante el juicio en la Audiencia Nacional por Tándem, que su grupo empresarial, CENYT, era una tapadera para su trabajo como agente de inteligencia, asegurando que así se plasmó por escrito en 1995 y, más recientemente, en un informe de compatibilidad de actividades policiales y privadas que cree que encargó el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por iniciativa propia.

Así lo ha expuesto Villarejo durante la declaración que ha prestado como acusado en el marco del juicio donde se ventilan tres piezas separadas de la macrocausa Tándem, centradas en las labores de espionaje que habría realizado con CENYT para despachos de abogados, empresarios y particulares y por las que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a 109 años de cárcel.

A preguntas del fiscal Miguel Serrano, el ahora policía retirado ha reconocido que durante los años 2012, 2013 y 2014, en los que se desarrollaron algunos de esos trabajos, percibió una nómina como agente en activo, indicando que estaba obligado a ello para poder actuar "dentro de las estructuras del Estado", al tiempo que ejercía de "cabeza de familia" de CENYT y estaba dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid como letrado.

Serrano ha querido saber si hubo autorización oficial para que Villarejo actuara con esta triple vertiente, ante lo cual el acusado ha expuesto que ya en 1995, "cuando surgieron los primeros incidentes", hizo un escrito donde explicó "detalladamente" cuál era "el pacto" por el que accedía a volver al servicio activo como agente de inteligencia y con la "cobertura" de sus empresas. "Jamás me contestaron y me dijeron: Te has vuelto loco", ha zanjado.

Además, ha recordado que hay un expediente de compatibilidad de los años 2015 y 2016 que daba el visto bueno a que compaginara CENYT, la cual ha definido como "una empresa multidisciplinar que abarcaba el ámbito de cualquier despacho de abogados y el análisis de inteligencia", con su estatus policial.

Villarejo ha aclarado que él no solicitó que se elaborara este nuevo informe. "Yo no pedí nada (...) Yo estaba convencido de que estaba trabajando para mi país, para los distintos gobiernos, y, por tanto, pedir explicaciones al presidente de Gobierno de turno de cómo estaba o no estaba legalizada mi situación me parecía una auténtica incongruencia", ha subrayado.

Así, ha señalado que cree que dicho informe lo ordenó el ministro de Interior, entonces Fernández Díaz, "probablemente a sugerencia del presidente del Gobierno, que ya empezaría a preocuparse", por la aparición de las primeras informaciones en prensa sobre el comisario.

No obstante, ha declarado que sí colaboró en la elaboración del informe. En concreto, ha detallado que se reunió con el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y el director general de la Policía del momento, Eugenio Pino e Ignacio Cosidó, respectivamente, para facilitar datos con este propósito.

En cualquier caso, Villarejo ha defendido que "todas las labores de Inteligencia suelen ser secretas", por lo que "hay muy pocas cosas que se escriben". Por ejemplo, ha apuntado, "tampoco creo que haya autorización por escrito para financiar a terroristas y que liberen secuestrados, y se ha hecho".

En su caso, ha incidido en que se dedicaba a "cuestiones muy delicadas referidas a intereses del Estado", de modo que —ha razonado— "si hubiese salido con luz y taquígrafos" sus funciones de agente de Inteligencia "no habrían tenido sentido".

El exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz ha defendido este jueves en el Congreso que no dio órdenes a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para montar un operativo como Kitchen, en el que se usó recursos de la Policía al margen de las investigaciones judiciales para supuestamente sustraer información del extesorero del PP Luis Bárcenas, informa Europa Press.

"Ni al señor Martínez ni a nadie. Sé muy bien lo que significa intentar obstruir a la justicia", ha comentado Fernández Díaz en respuesta al PSOE durante su comparecencia en la investigación del caso Kitchen. El exministro ha reconocido que su número dos le ha "decepcionado profundamente" y ha reiterado que él "nunca tuvo conocimiento" de nada relacionado con este operativo. "En el Ministerio del Interior hay casi 200.000 personas y un servidor tenía una agenda muy intensa en un Ministerio muy jerarquizado", ha subrayado en respuesta al PP.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que durante el registro que se llevó a cabo en la sede del PP en Génova se le puso "cara de tonto" porque, al ser por orden judicial, "el ministro no sabía nada". "Son las reglas del juego del Estado de derecho", ha apuntado sobre la necesidad de secretos en actuaciones judiciales.

Fernández Díaz ha recordado que ha presentado un escrito contra su procesamiento en la pieza Kitchen dentro de la macrocausa tras la detención del comisario José Manuel Villarejo, un polémico policía con el que, en cinco años en Interior, "no despachó" y sólo saludó "circunstancialmente" en dos ocasiones en actos del cuerpo.

El PSOE le ha preguntado si está dispuesto "salvaguardar" al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a lo que Fernández Díaz ha contestado que él no tiene conocimiento de la implicación del PP en el operativo bautizado como Kitchen. "No lo hubiera tolerado nunca, le doy mi palabra de que no. Todo el mundo tiene códigos", ha apuntado.

Sobre la posible implicación de Rajoy, Fernández Díaz ha dicho que él "no acusa a nadie". "Yo estoy ejerciendo mi derecho a la defensa, me estoy defendiendo", ha comentado sobre su imputación, quejándose de que "a veces se invierte la presunción de inocencia".

También ha dicho que fue su director en la Policía, Ignacio Cosidó, quien propuso a Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) y ha reconocido que su entrevista con el director Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, se grabó a propuesta del propio Pino, pasando luego a ser custodiado por Asuntos Internos al objeto de "tratar cuestiones operativas" extraídas de aquella conversación de 2014 y filtrada a la prensa en plena campaña electoral de 2016.

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana tal y como la conocemos parece que tiene los días contados. De todas las leyes aprobadas con la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy, la más conocida como ley mordaza ha sido como pocas de las más cuestionadas y criticadas, sobre todo por el poder excesivo que, según han venido alertando los expertos, se le da a las policías en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Han tenido que pasar casi siete años desde su aprobación y más de tres desde que el PP salió de la Moncloa para que el Ejecutivo de coalición se decida a impulsar una modificación sustancial de su articulado, al menos de los aspectos más controvertidos: las devoluciones en caliente, las sanciones por la toma de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad o las multas por manifestaciones o concentraciones no comunicadas. Su aplicación se disparó durante el estado de alarma declarado por la pandemia de coronavirus.

Desde su entrada en vigor en marzo de 2015, no son pocas las quejas recogidas, entre otros, por el Defensor del Pueblo, que en su informe anual ha ido reflejando año a año los excesos que, en su opinión, podían atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos en aplicación de la ley mordaza. También ha puesto de manifiesto año a año recomendaciones que, a diferencia de otras leyes sobre las que aconsejaba hacer ciertos ajustes, pasaban por una modificación sustancial. Es cierto que el Tribunal Constitucional (TC) avaló hace sólo un año la norma casi en su totalidad, pero esto no es óbice para que el Poder Legislativo, en tanto el encargado de redactar las leyes, pueda reformar o directamente derogar una norma concreta si cambian las mayorías.

En estos casi siete años de aplicación, no se puede hablar de un caso paradigmático de las consecuencias de la ley mordaza. Su aplicación puede pasar desapercibida en casos aislados, pero vistos en conjunto ofrecen un panorama desolador sobre el retroceso en derechos que ha supuesto esta norma ideada en el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, hoy procesado en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Y es que la ley tiene efectos muy concretos sobre numerosos aspectos que tienen incidencia en el día a día de los ciudadanos de una forma clara y directa. Para empezar, las multas las impone la policía misma y sólo pueden recurrirse ante la jurisdicción administrativa, donde suele haber menos garantías que en la penal por el plus de credibilidad que tienen los testimonios de policías en esta jurisdicción.

Así lo expone el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, quien considera que la ley mordaza ha dado a la Policía "un poder excesivo y una capacidad de amenazar que hay que quitarle cuanto antes", y aunque ve un gran avance en la propuesta de reforma pactada entre el PSOE y Unidas Podemos, advierte de que "no se acaba con la esencia de la mordaza: la facultad policial de ponerte una multa siempre que quiera". En sus primeros cinco años de aplicación, las sanciones contempladas en la norma permitieron recaudar más de 400 millones de euros.

Estado de alarma

El último informe del Defensor del Pueblo, el relativo a 2020, refleja un incremento de las quejas por supuestos malos tratos y por uso incorrecto de la ley. El pasado año se recibieron 38 quejas relativas a "malos tratos policiales", frente a las 17 de 2019, y se registraron también 206 quejas por "trato incorrecto", cuando un año antes fueron 89. Este aumento tiene una explicación muy concreta: el estado de alarma, sobre todo el primero, en el que se impusieron más de un millón de multas.

Aunque la institución que aún dirige en funciones Francisco Fernández Marugán –será sustituido próximamente por Ángel Gabilondo– aclaraba que detrás de estas cifras "se halla el rol que ha debido asumir la policía durante el estado de alarma y el rechazo de los ciudadanos a algunos comportamientos y denuncias interpuestas por presunta infracción de las limitaciones a la libertad de circulación, también recordaba su "posición crítica sobre la idoneidad" en el uso de la ley mordaza, la cual, en su opinión, no estaba pensada para abordar situaciones como la restricción a la movilidad con "multas exorbitantes a personas que, además, habían perdido su empleo o reducido drásticamente sus ingresos como consecuencia de los demoledores efectos económicos de la pandemia".

Este fue un argumento más que esgrimió el Defensor del Pueblo para recomendar una reforma de la ley e insistía en su último informe en la necesidad de abordar específicamente artículos como el 20.2.b de registros corporales externos, las infracciones del artículo 37 para que no limiten los derechos de reunión y manifestación, y, por último, que la infracción del artículo 36.23 no dificulte la libertad de expresión y el derecho a la información.

Devoluciones en caliente

Es la verdadera derogación de la reforma de la ley mordaza, pues todo lo que está relacionado con esto se va a sacar del articulado, según el acuerdo entre los socios del Gobierno de coalición, que se remiten a abordar este asunto dentro de la normativa específica en la materia. En 2015 se introdujeron las llamadas devoluciones en caliente en una disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana cuando, según los expertos, la regulación no tendría que haber salido de la ley de extranjería. Es la disposición que ha permitido devolver a Marruecos a miles de migrantes que trataban de llegar a España a través de las fronteras en Ceuta y Melilla, pues así lo dice claramente, sin ambigüedades: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

Un ejemplo muy reciente son las miles de personas devueltas a Marruecos tras la crisis migratoria del pasado mes de mayo. Apenas un día después de la entrada sin control de cerca de 8.000 personas, Interior informó de que había tramitado la devolución de aproximadamente la mitad y de que había habilitado un sistema de gestión de 24 horas para agilizar estos trámites y un nuevo aumento de efectivos policiales en la zona.

Derechos y libertades fundamentales

Ha sido una constante en los informes del Defensor del Pueblo durante los años de aplicación de la ley mordaza la necesidad de la reforma para encontrar el necesario equilibrio entre seguridad y libertad, pues constata que no se está produciendo. "Sería necesario también aquí encontrar los consensos suficientes para abordar la reforma de los aspectos más polémicos buscando al adecuado equilibrio entre seguridad y libertad propio de una norma de esta naturaleza, por otra parte necesaria en un Estado democrático de Derecho", subraya la institución. 

En este sentido, el último informe recuerda que "los límites impuestos al ejercicio de los derechos fundamentales deben ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva y no deben ser más intensos de lo necesario para preservar otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos". Es decir, "la limitación debe ser la mínima indispensable y, por ello, está sometida al principio de proporcionalidad, al objeto de evitar sacrificios innecesarios o excesivos de esos derechos, lo que exige que las resoluciones que aplican los referidos límites tengan una motivación suficiente para poder controlar la proporcionalidad y la constitucionalidad de la medida aplicada".

Según el Defensor del Pueblo, "la aplicación del régimen sancionador de la ley no puede prescindir de la circunstancia de que los ciudadanos a los que se imputa la infracción estén ejerciendo un derecho fundamental", pues "la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que los límites de los derechos fundamentales han de ser interpretados con carácter restrictivo en el sentido más favorable a la eficacia y esencia de tales derechos, siendo exigible una rigurosa ponderación de cualquier norma o decisión que coarte su ejercicio”.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) encuadra esta recomendación en las quejas recibidas por vulneraciones a la libertad de expresión, en concreto por casos como el de la periodista Mercè Alcocer, que fue multada con 601 euros por "desobediencia a unos agentes de la autoridad" mientras trabajaba frente a la Audiencia Nacional durante una comparecencia del expresidente catalán Jordi Pujol. 

El trabajo periodístico se podía también ver afectado por la ley mordaza en tanto en cuanto contemplaba también, en su artículo 36.23, la infracción grave por "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Fue el caso de otra periodista, también denunciado por la PDLI, que trataba de documentar identificaciones selectivas por perfil étnico. Estos controles selectivos también han sido recriminadas por el Defensor del Pueblo en sus informes por estar "basados en perfiles étnicos y raciales".

Finalmente, la expresión "no autorizado" fue declarada inconstitucional por el TC hace un año. El tribunal señalóque el término "uso" debe interpretarse en el sentido de que para que pueda apreciarse infracción grave es necesaria la publicación o difusión ilícita, no bastando la mera captación no seguida de publicación o difusión; y el término "imágenes o datos personales o profesionales" comprende también las relativas a la vida privada, elemento este que deberá tomarse en cuenta para determinar si prevalece o no el derecho a la información.

Pero es que la ley abarca muchas más limitaciones de derechos como el de reunión y manifestación, pues prevé multas por concentraciones en lugares públicos sin autorización para "impedir que se perturbe la seguridad ciudadana", siempre sin garantías judiciales. En concreto, califica como infracción grave "la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas". Una reacción clara a la manifestación Rodea el Congreso, que se saldó con altercados y cargas policiales. Años más tarde, seis jóvenes fueron condenados por desórdenes públicos.

La ley también contempla sanciones por no mostrar el DNI a requerimiento de los agentes de la autoridad, aunque éstos no ofrezcan ninguna razón concreta, e incluso si se les falta al respeto, siempre según el criterio del policía en cuestión. Todo queda al albur de lo que declaren los agentes, a los que se da un plus de credibilidad, según el artículo 52 de la norma: "En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta ley, las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles".

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal está completamente de acuerdo con el final de la instrucción de la operación Kitchen, la pieza 7 del caso Tándem. Seguir investigando le supondría continuar imputada y quizá, dar más explicaciones sobre sus reuniones con el comisario José Manuel Villarejo. Esos encuentros son definidos por la exdirigente conservadora, en el escrito en el que se opone a la reapertura de diligencias, como citas "de carácter social" en las que "comentaron cuestiones de la actualidad política y judicial del momento, también alguna noticia de prensa". Sin embargo, tanto lo que ella misma declaró ante el juez como las grabaciones difundidas por Moncloa.com del primer encuentro entre el expolicía y la ex número dos del PP discrepan de lo que se suele considerar una reunión social.

Por un lado, la propia Cospedal dijo ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, cuando declaró como investigada, que accedió a recibir a Villarejo en el verano de 2009 porque temía que el partido, entonces en la oposición, estuviera siendo espiado por el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba. En los audios publicados sobre la reunión que mantuvieron en la sede del PP de la calle Génova se revela el interés de la ex secretaria general del PP en conocer el papel de su compañero de partido Javier Arenas en la Fundación de Estudios Europeos, asunto sobre el que su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, encargó al comisario jubilado un "dossier pagado", tal y como se evidencia en otra grabación.

En un momento dado de la conversación entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo, éste pide discreción al matrimonio sobre el asunto, algo en lo que está de acuerdo la exsecretaria general: "No puede trascender", dijo la exdirigente conservadora, cirunstancia que tampoco parece ajustarse a ese "carácter social" del que habla en su escrito entregado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso infoLibre. El marido de Cospedal, que también estuvo, como ella, imputado menos de dos meses por la operación Kitchen, ha entregado su propio escrito pero adhiriéndose al de su mujer, que tiene 46 páginas, y apuntando únicamente que él nunca ha sido militante del PP y mucho menos dirigente.

Según Cospedal, después de ese primer encuentro con Villarejo en julio de 2009 hubo otras "tres o cuatro" reuniones. Su exjefe de gabinete José Luis Ortiz recordaba que fueron más y elevó la cifra de los encuentros a entre "ocho y diez". En cualquier caso, unas citas que también distan bastante de lo que suele ser un encuentro social: el comisario jubilado esperaba en una calle cercana a la sede del PP, un coche oficial con las lunas tintadas iba a buscarle y el vehículo entraba en Génova por el garaje, esto es, sin pasar por el control de seguridad de la entrada.

La ex secretaria general aceptó reunirse con Villarejo, según dijo ella misma, por la gran red de contactos que tendría el comisario, pero si bien le pareció importante en 2009 que él le facilitara información, ahora en su escrito pone en duda la credibilidad del expolicía, afirmando que sus declaraciones judiciales tienen "cero" valor probatorio.

Insiste en la trama policial para que se descarte al PP

Por otra parte, la ex número dos del PP expone en su escrito que no tiene dudas de que las pesquisas en torno a la supuesta trama política, es decir, las que llevaron a apuntar que el cerebro de la operación Kitchen estaría en el partido conservador, están "agotadas" sin "indicios sólidos", lo que conduciría a la conclusión de que sólo fue una "operación policial", como ya dijo en su declaración judicial, en la que limitó el operativo a una actuación policial cuya responsabilidad, en todo caso, sólo se podría atribuir al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, cree que el magistrado debe seguir investigando la llamada "conexión política", que habría dado la cobertura necesaria para que Interior y la cúpula policial pudieran poner en marcha la operación. En este paraguas político, los fiscales incluyen a Cospedal y apuntan también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y consideran que aún hay hilos de los que tirar para investigar.

A la ex secretaria general le parece bien la "línea roja", en palabras de Anticorrupción, que habría puesto el juez García Castellón para seguir indagando en una posible implicación de dirigentes del PP. Por eso, considera improcedente la petición del Ministerio Público de investigar los cinco números de teléfono que Villarejo aportó a la causa asegurando que a través de ellos mantenía a Rajoy al corriente de Kitchen. Aquí, vuelve a cuestionar la credibilidad del comisario jubilado: "Sabido es que la declaración incriminatoria de un imputado por sí sola no puede constituir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia", sino que debe ser corroborada por "datos objetivos".