El caso Kitchen ha quedado esta semana visto para sentencia. Tras cuatro intensos meses y cerca de un centenar de testigos, el juicio ha finalizado prácticamente como comenzó: con algunas acusaciones insinuando que no se sientan en el banquillo todos los responsables y las defensas trabajando en bloque en busca de la absolución. Pese a las manifiestas desavenencias personales entre algunos de ellos, los acusados han mantenido hasta el final prietas las filas. Y lo han hecho en torno a una idea, la de la legalidad del operativo que se encuentra bajo la lupa, que choca con algunas de las pruebas recopiladas y expuestas durante la vista oral.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias, que en su mayor parte se llevaron a cabo en el verano de 2013 por agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de una operación parapolicial orientada a obtener y destruir pruebas en poder de Bárcenas que pudieran resultar incriminatorias para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel.

Los acusados, cuya situación procesal les permite mentir, han mantenido hasta el final que lo que se hizo fue "totalmente legal". Y que la captación como confidente de Sergio Ríos, exchófer de la familia Bárcenas, y los seguimientos estaban orientados a localizar el dinero que el extesorero pudiera tener en el exterior. "Estamos ante una operación de inteligencia", sostuvo en su informe final el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "Existía una operación real policial lícita y legal de inteligencia para buscar el dinero y el patrimonio del señor Bárcenas y su familia", insistió el letrado del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Una tesis defensiva que Anticorrupción, que ha mantenido las mismas peticiones de pena que al inicio del juicio –entre otras, 15 años de cárcel para el exministro y su ex número dos–, ha buscado derribar. "Desde el momento en el que fue concebido, ya se puso de manifiesto la finalidad bastarda, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel. Todo lo contrario, estaba dirigida a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar, la investigación de Gürtel", resaltó el fiscal César de Rivas durante su informe final.

Esta afirmación se apoya, entre otros elementos probatorios, en las agendas de José Manuel Villarejo, uno de los personajes principales de las llamadas cloacas del Estado –y para quien se piden 19 años de cárcel–. Con fecha 20 de febrero de 2013, el comisario jubilado anotó "Grabaciones BARCEN" –en referencia a supuestos audios incriminatorios que decía tener con dirigentes conservadores– junto a "Chisco", que es como se refería al ex secretario de Estado de Seguridad. Un mes después, el 25 de marzo, volvió a escribir en relación a Martínez: "Propone más acercamiento y mejor control sobre BAR". "Quiere plan estratégico para salir del caso LB", anotó, también junto al nombre de "Chisco", con fecha 11 de julio.

El primer informe de seguimiento del que se tiene constancia en relación a Kitchen está fechado el 25 de julio de aquel mes. Dos días antes, Villarejo escribió en su agenda la información que le iba trasladando el "Chef", que era como se refería a Ríos –aunque también le llamaban "Coci"–. E hizo una larga lista, rematada con un "OPER: LB", en la que se incluían cuestiones como "SMS Arenas" o "Dos disc. duros", que anotó sobre un "anular y/o destruir". Esto evidencia que la operación nada tenía que ver con la vendida por los acusados. "Nada tiene que ver con la localización de bienes en el extranjero pero sí con documentación referida al caso Gürtel o con grabaciones que Bárcenas pudiera tener en su poder", resaltó el fiscal en su turno de última palabra.

También las grabaciones del comisario jubilado apuntan en esa misma dirección. Destaca, por ejemplo, una del 2 de octubre de 2013 en la que se advierte el interés de Villarejo por hacerse con grabaciones comprometedoras que Bárcenas pudiera tener sobre dirigentes del PP. "Lo único es que ese tipo de conversaciones, macho, en ese pendrive, es algo que de alguna manera hay que darle al tarro para, para encontrarlo", le dijo Villarejo a Ríos, al tiempo que insistía en "recuperar" las "grabaciones" y "discos duros". En aquella conversación, el exchófer informaba de que al día siguiente trasladaría a los "abogados" unos "poderes notariales" en los que aparecía la firma de Álvaro Lapuerta, extesorero del PP.

El comisario jubilado plasmó el contenido de dicha reunión en su agenda, lo que para el fiscal evidencia la "veracidad tanto del archivo del audio como de las anotaciones". Las defensas han restado importancia al contenido de las libretas durante el juicio. "¿Qué escribe una persona en un diario? Pueden ser hechos reales, pero también pueden ser hipótesis, informaciones no verificadas, escenarios, líneas de investigación, evaluaciones preliminares, valoraciones personales... O simples rumores", resaltó el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera. "Cuando escribe en sus agendas, Villarejo no se engaña a sí mismo. Es decir, plasma exactamente lo que está ocurriendo en cada momento", defendió, por su parte, el fiscal.

La tesis defensiva también choca con la confesión que hizo en fase de instrucción Enrique García Castaño, alias El Gordo, quien fuera durante más de dos décadas jefe de la UCAO y que no se sienta en el banquillo de los acusados por motivos de salud. Según dijo, a él le hicieron varios encargos. Uno de ellos, que partió del director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, estaba orientado a conseguir información sobre el patrimonio en el extranjero que pudiera tener Bárcenas. Pero luego, Martínez introdujo un "plus" a ese operativo. Le dijo que existía "preocupación" por unos "discos duros" que se habría llevado el extesorero con la "contabilidad". "Y todo lo que hacía en el partido: pagos en A, en B, donaciones...", concretó. "Estaba muy interesado", añadió.

El Gordo, cuyo testimonio han negado los acusados y han tratado de desvirtuar sus defensas durante la vista oral, aseguró que nunca llegó a los famosos discos duros. Pero sí tuvo acceso a varios dispositivos móviles de Bárcenas que, aseguró, le fueron entregados por Ríos. Un equipo de la UCAO volcó, y así lo han confirmado durante el juicio, el contenido de aquellos teléfonos. En ellos, había contactos, correos electrónicos, mensajes. Entre otros, el famoso "Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos" que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió a Bárcenas. Toda esa información, que entregó al instructor durante la investigación de Kitchen, se copió en una memoria USB que, afirmó, entregó al secretario de Estado de Seguridad.

En junio y octubre de 2019, cuando la investigación aún se encontraba bajo secreto, Martínez protocolizó ante notario una serie de mensajes. Los mismos, dijo, le fueron enviados desde el teléfono de Jorge Fernández Díaz. "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica", reza uno fechado el 18 de octubre de 2013, un día después de que Villarejo anotase en su agenda junto a "Big" –es así como se refería a García Castaño– lo siguiente: "Relación cocinero-copiando Tfnos".

Esos "mensajes de contenido absolutamente incriminatorio", en palabras del fiscal Anticorrupción, son una de las principales pruebas de cargo contra Fernández Díaz, que en todo momento ha negado haber tenido conocimiento de la operación llevada a cabo sobre el extesorero del PP y su familia. Sin embargo, en el marco de la estrategia conjunta de defensa y aprovechando que las conversaciones fueron borradas en su momento, el abogado del exministro del Interior ha restado credibilidad a las mismas –"no existieron nunca"– mientras la defensa de su ex secretario de Estado de Seguridad miraba hacia otro lado, renunciando al propio perito informático con el que se buscaba confirmar la veracidad de los mensajes.

Durante su declaración en fase de instrucción, El Gordo terminó señalando que entendía que lo que se buscaba con la operación Kitchen no era facilitar la información al juez instructor, sino "ocultarla". "Todas las cosas que hice yo de los testaferros no sé dónde han ido a parar", llegó a señalar. "¿Usted esta carpeta [la del volcado de móviles de Bárcenas] se la entregó al juez?", insistió el fiscal. "No", respondió el investigado. Durante el juicio, se ha puesto de manifiesto que los acusados no tuvieron interlocución alguna ni con el magistrado de Gürtel ni con los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y que la captación de Ríos se hizo al margen de los mismos. 

"Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que pudiera presentar la investigación del caso y que necesitase ser completada a través de ningún tipo de operativo", resaltó en su informe final el representante del Ministerio Público, que también recordó que "nunca se elaboró" ningún acta de los seguimientos realizados "dirigida a ser incorporada al procedimiento judicial". Pero es que, además, para cuando se puso en marcha el supuesto "operativo de inteligencia" para localizar patrimonio en el extranjero de Bárcenas, hacía meses que constaba en la causa la información relativa a los fondos del extesorero en Suiza. La respuesta de la Confederación Helvética a la comisión rogatoria cursada había llegado a finales de 2012.

Otro de los elementos que han sido utilizados por las acusaciones para ahondar en la opacidad alrededor del operativo es la falta de incorporación del mismo a las bases de datos policiales hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras. La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla.

La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha pedido su absolución en el juicio de Kitchen porque no se han acreditado "ninguno de los delitos que se le atribuyen", ya que las únicas pruebas en que se sustentan son los mensajes "manipulados" que aportó el que fuera su número dos, Francisco Martínez, para incriminarle en esta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El abogado que representa al exministro del Gobierno de Mariano Rajoy en este juicio, Jesús Mandri, además de acusar al exsecretario de Estado de Seguridad de manipular pruebas, ha apuntado a los contactos que este habría mantenido con la trama de Leire Díez en busca de beneficios en el juicio de Kitchen.

A lo largo de su informe final, la defensa de Fernández Díaz ha sostenido que el exministro nunca estuvo informado de esta operación pese a lo que pueda constar en los mensajes que protocolizó Martínez ante notario y con los que ha pretendido demostrar que su superior estaba al tanto de todo.

"Estos mensajes resultan inverosímiles", ha reiterado la defensa del exministro, al destacar que este nunca escribía con la letra "k" en lugar de la "q", ni informaba al secretario de Estado sobre algo relativo a una operación que desconocía o que hablase de un supuesto contacto de Cecilio, que aludiría al CNI, cuando se ha descartado en el juicio cualquier participación del Centro Nacional de Inteligencia en estos hechos.

De este modo, ha defendido "la tesis de que son mensajes que no existieron nunca y si existieron no fueron enviados por Fernández Díaz".

Se trata, ha insistido, de una "manipulación" y ha considerado "muy relevante" que la defensa del exsecretario de Estado no formulara preguntas a los notarios que protocolizaron esos mensajes, ni tampoco a los peritos judiciales y de parte.

"La única persona que ha presentado fuentes de prueba para acreditar que no recibió esos mensajes ha sido Fernández Díaz", ha subrayado el abogado, que ha recordado que no han aparecido en el volcado de sus teléfonos ni de los de Martínez, y se ha preguntado si es que no existieron o si los borró, y en ese último caso qué sentido tendría borrarlo cuando pueden ser exculpatorios.

Además de desacreditar el valor de las actas notariales con los mensajes que supuestamente el ministro le envió a Martínez, el letrado ha restado valor a las anotaciones de Villarejo en sus agendas y al testimonio del empresario Javier Pérez Dolset en relación a unas grabaciones en las que el exscretario de Estado incrimina en Kitchen a Fernández Díaz.

Respecto a esto último, la defensa del exministro ha puesto de relieve las reuniones, conocidas recientemente, que Martínez mantuvo con Leire Díez y Pérez Dolset en las que le pidieron información que perjudicara al PP a cambio de ayudarle con la Fiscalía en Kitchen.

En cuanto a los delitos de los que se le acusa, y por los que se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, su abogado ha hablado de "absolución clamorosa" con respecto al delito de malversación de fondos públicos por el pago de fondos reservados al chófer de Bárcenas captado para la operación Kitchen, Sergio Ríos, quien también se sienta en el banquillo.

Sobre ese asunto, el letrado ha expuesto que no ejercía el control de los fondos reservados, que no hay prueba de su participación en la captación y el pago a Ríos, ni que tuviera conocimiento del volcado de los dispositivos de Bárcenas, si estos se produjeron, lo que también ha puesto en duda.

De ser absuelto por malversación, ha considerado que el resto de delitos de los que se le acusa están prescritos.

Uno no pretendía que esta soflama semanal fuera un permanente ejercicio de comentario de textos, pero sus señorías —los "yo no soy usted" de la vida— ejercen un manejo de la lengua y de sus normas de articulación tan retaco que sus togas se tornan en enaguas de transparencias señoreando las vergüenzas peludas de su patente agenda política y, a menudo también, su pobre desempeño con el Derecho. Alguien podría obstar que la inclinación ramplona de nuestros togados al literalismo, esa forma de analfabetismo funcional de la que ya hemos hablado (ya saben: "Incapacidad para decodificar la metáfora, la alegoría, la sinécdoque, la hipérbole, la ironía, la farsa, el sarcasmo, la comedia o cualquier forma de ficción o sentido figurado del lenguaje") que llevó a la cárcel a Pablo Hasel y hostiga al guionista y cómico Héctor de Miguel Quequé, obedece a su deber de ajustamiento a la ley, pero la ley no es solo letra —mal que le pese a un positivista como el que suscribe—, tiene ánima porque tiene ánimo. Es decir, la ley es lo que dice, como los guasaps, pero para la correcta interpretación de lo que pretende, hay que considerar el emoticono que acompaña. Y los emoticonos son dos, principalmente: los principios generales del derecho y la intención del legislador, es decir, el llamado —he aquí el alma— "espíritu de la ley". En España ya sabemos que los segundos son soslayables. En teoría, no deberían, pero con la aplicación del 155 a Catalunya ya vimos que se ignoró la intención de las Cortes Constituyentes, que habían rechazado de forma expresa y en sucesivas votaciones (así consta en las actas) las enmiendas que pretendían incluir en él la capacidad del gobierno central de disolver un parlamento autonómico. 

Así que no cabe sorprenderse ante el hecho de que el Supremo conspire a plena luz del día y a calzón quitado contra el sentido y el propósito de la ley de Amnistía. (Luego aprietan puñitos cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les pinta la cara un par de veces por año).

Sin embargo, los segundos, los principios generales del Derecho, no deberían ser soslayados en ningún caso porque son un ex ante. Por ejemplo, que en una sociedad libre, en una democracia liberal, la carga de la prueba corresponde siempre y sólo al acusador. O que los tipos penales tienen que ser muy precisos y ajustados en su descripción para que no quepan atropellos mediante el concurso de la arbitrariedad judicial. En España esto ya no es así, sobre todo a raíz de la reforma practicada por el exministro y beato Jorge Fernández Díaz en 2015, conocida como ley mordaza, en la que muchos delitos quedaron configurados con una redacción deliberadamente ambigua (y mala, por qué no decirlo) para que cada juez pueda aplicar el procedimiento conocido como “delito es lo que diga el menda”. Las sucesivas reformas, todas punitivistas y todas escritas con una literatura vaga e insidiosa, han permitido que hoy, según la doctrina Marchena —un cruce de menendezpidalismo y rezo del rosario—, el tipo conocido como “malversación” se pueda aplicar a aquellos electos que destinen recursos a iniciativas políticas de signo distinto al que los togados de la adoración nocturna consideran óptimo. 

Pero aun con el tremendo margen para interpretar que da el texto, se ve que a la agenda desplegada por sus señorías no les da la manta para tapar los pies y esta semana las Audiencias Provinciales de Badajoz y Madrid se han dedicado a la invención. Nos han explicado que, donde el código penal dice que un determinado delito —la prevaricación, por ejemplo— es privativo de los funcionarios de la administración pública, esa reserva solo aplica a los que no sean familiares en primer grado de parentesco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con todo, como sudoroso oficiante del lenguaje, los pasajes más irritantes de los disparates judiciales de las Provinciales de Badajoz y Madrid son los que corresponden al uso del lenguaje. Atiendan: "Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno". Ese "canon de la simple probabilidad" debería tener un rango específico porque la palabra probabilidad es anchísima. Entiéndanme, existen probabilidades ciertas de que mañana un meteorito caiga sobre la madrileña plaza de la Villa de París, o que un terremoto con epicentro en ese parquecito abra una sima que se trague al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, con todas sus togas, refajos y polainas. Pero esas probabilidades son infinitesimales. Desconocemos el rango que maneja la Audiencia Provincial. 

Las cautelas propias del momento procesal no explican que en el breve auto aparezca docena y media de veces conjugado el verbo "parecer", casi siempre acompañado de lo "verosímil", pero no deja de ser otra ambigüedad tenebrosa que queda resuelta con el añadido tremendo —que hiede a rancio machismo—, donde los cinco juristas enseñan la patita de su mundo de club de tenis con artesonados, oleos con lamparita dorada y señoras de: "La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente". Es decir, una señora de su señor prevarica cuando sonríe. Aunque sea en forma de "presión moral". Pues así, cada folio. 

Toda vez togados e impostores compartimos la necesidad de componer relato para nuestras producciones literarias, sin duda lo mejor del auto es la descripción que firman los cinco pimpantes de cuál es el plan criminal de Begoña Gómez. Verán, según el auto de la Audiencia Provincial, la señora Gómez usó su tremenda influencia —igual sin querer, que ya hemos dicho que, por razón de esponsales, ella es precorrupta a efectos legales— pero no para obtener dinero, casas, joyas... Ustedes, avezados lectores, se estarán preguntando “entonces, ¿para obtener qué? ¿¿¿QUÉ???”. Pues según estos linces, para obtener influencia. Usó su influencia para obtener influencia. ¿Cómo te quedas? Usó su enorme influencia —recuerden "vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación"— para obtener otra más chiquitica, concretamente "prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos". O sea, han escrito y pasado a limpio que Gómez necesitaba esa cátedra para acceder a recursos e ir a eventos. La que, insistimos, está unida por “vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación”. Hércules Poirot ha saltado del vapor por la borda.

Begoña Gómez necesita delinquir para ir a eventos. ¿Como cuál? ¿La final de un Mundial?

Una veintena de personas han declarado esta semana en la Audiencia Nacional en relación con la llamada operación Kitchen. Han sido cuatro sesiones intensas en las que, por vez primera, el foco ha salido del Ministerio del Interior, que el instructor fijó como "centro nuclear" de la trama, para colocarse sobre la rama política, en referencia a la posible conexión del PP con el supuesto operativo parapolicial para evitar que información comprometedora que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas acabase en la investigación de Gürtel. Una batería de interrogatorios que, además, han dado algo de oxígeno a la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que por el momento no ha salido muy dañado de las primeras semanas de juicio.

Dos son los elementos que salpican al exdirigente conservador en la causa. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Por otro, los mensajes que el exnúmero dos de Interior protocolizó ante notario. Es, básicamente, lo que le sitúa como conocedor de la Kitchen. Y lo que llevó en su día al instructor a concluir: "En una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, Jorge Fernández Díaz [...] con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez [...] a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Luis Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación [...] denominada papeles de Bárcenas".

Los mensajes en cuestión, todos ellos recibidos por el ex secretario de Estado de Seguridad, fueron protocolizados ante dos notarios distintos en los meses de junio y octubre de 2019, en un momento en el que la investigación judicial se encontraba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013 en el que se hacía mención al exchófer del tesorero, el topo alrededor del cual giró toda la operación: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y otro del 2 de agosto de ese mismo año en el que se daba respuesta a un mensaje de Martínez relacionado con un contacto: "Lo tendré al acabar el Consejo, así hemos quedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info".

Y en la segunda, se recogía un mensaje fechado el 18 de octubre de 2013: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación..: eso es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención..). // Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... veremos. Te informo".

Las fechas son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, 12 días después del mensaje que arrancaba con aquel "Chófer B.". Y el de "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo" fue enviado, precisamente, un día después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo apuntase en su agenda, junto a la palabra "Big" –es como se refería a Enrique García Castaño, comisario jefe de la UCAO– lo siguiente: "Relación cocinero-copiando Tfnos [sic]". Dos agentes confirmaron la pasada semana en el juicio que clonaron a mediados de octubre de 2013 dispositivos electrónicos de Bárcenas.

Martínez acudió al notario por primera vez dos días después de que su exjefe saliese públicamente a desvincularse de la operación con aquel "me estoy enterando ahora", unas declaraciones que irritaron a su exnúmero dos: "Está haciendo lo mismo que con las grabaciones. Pero esta vez sí se va a arrepentir. Ni se imagina la que le espera" –dijo a quien fuera director de comunicación del Ministerio del Interior–. Los mensajes, según comprobaron ambos notarios, fueron enviados desde un número que Martínez tenía guardado en su terminal con el nombre de "Jorge Fernández Díaz". Y dada la importancia que los mismos tienen en el caso, la estrategia del exministro ha pasado en todo momento por negar su existencia, presentando en instrucción un peritaje que cuestiona su "autenticidad e integridad".

Tiene, en este sentido, elementos que juegan a su favor. Por ejemplo, el "borrado" de los mensajes que llevó a cabo Martínez tras su documentación ante notario, lo que impidió a la Policía acceder a los mismos. La investigación trató entonces de cubrir esa laguna a través del móvil de Fernández Díaz. Tras su declaración como investigado, se revisó, con su permiso, su dispositivo, sin que se hallaran mensajes cruzados entre ambos. La explicación era sencilla: había cambiado de terminal hacía unos meses. El juez pidió entonces que entregase el anterior y, sobre todo, el que utilizaba en 2013. El exministro, sin embargo, dijo que no disponía de aquel que usaba en el momento de los hechos. Solo entregó, por tanto, el que acababa de cambiar, un teléfono en el que no había un mensaje con su exnúmero dos.

"La única constancia de estos mensajes es impresa a través de las actas notariales, pues los mensajes no han sido aportados por el Sr. Martínez ni localizados en ningún terminal", rezaba el escrito de defensa del exministro de cara al juicio. Una vista oral en la que ya han comparecido, de hecho, los dos fedatarios. El abogado de Fernández Díaz se empleó a fondo en ambos casos. Y consiguió lo que estaba buscando: que los notarios reconocieran que dejaron constancia de lo que vieron y de lo que le dijeron, pero nada más. "¿Usted puede dar fe de cuál es el origen del mensaje?", preguntó a uno de ellos, que respondió con un "No". "Yo nunca puedo acreditar esa procedencia", lanzó esta misma semana el segundo.

Queda, sin embargo, algún fleco alrededor de esta cuestión. Aunque ambos notarios señalasen que ellos no podían certificar que el móvil desde el que se enviaron dichos mensajes fuera el del exministro, lo cierto es que los investigadores sí comprobaron durante la fase de instrucción los datos de titularidad de esa línea móvil. "Se ha comprobado cómo en el año 2013 su titular es el Ministerio del Interior (de 31.12.2011 a 01.10.2015) y a partir del 05.07.2019 Jorge Fernández Díaz", recoge la Unidad de Asuntos Internos en un informe. La defensa de Martínez reclamó hasta el último momento que se oficiase a la compañía telefónica para que informara sobre llamadas, mensajes SMS y consumo de datos entre julio y octubre de 2013 de ese número. Pero la instrucción se cerró sin dicha diligencia.

Pero no son solo los mensajes lo que incrimina a Fernández Díaz. También está el testimonio de su exnúmero dos, quien le señaló directamente. Ante el instructor, dio la misma versión que ya había ofrecido en entrevistas previas. "Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito", dijo a El País. Una versión que habrá que ver si sigue manteniendo. Jefe y subordinado están, desde hace años, enfrentados, si bien hasta el momento las defensas parecen estar trabajando de forma coordinada en el juicio.

Al rescate de uno y otro salieron esta semana sus antiguos compañeros de partido y de Gobierno. "En todo este tema no ha habido una operación política", lanzó durante su declaración el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Más bien, continuó, se trataba de una "operación policial" cuyo "objetivo fundamental" era "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros". "Y estoy convencido de que se ajustó a la legalidad", completó el exlíder del Ejecutivo. Esa es, precisamente, la tesis que mantienen las defensas. Una versión que, sin embargo, se tambalea, dado que la información que se iba recabando ni se incorporaba al sistema interno policial ni se facilitaba a juez, fiscales o investigadores de la Gürtel.

Fernández Díaz y Martínez son, de hecho, quienes podrían hacer escalar el caso en el organigrama. Y, de hecho, la defensa del primero ya vino a insinuar en alguno de sus escritos que igual había que empezar a mirar más hacia el PP en la búsqueda del origen de la Kitchen. Pero los letrados de ambos evitaron poner en aprietos al expresidente. Y se limitaron a plantear algunas preguntas inofensivas para apuntalar su defensa. Y él, a cambio, les lanzó un salvavidas vendiendo una imagen de una cúpula del Ministerio del Interior que ni maneja fondos reservados –ambos están acusados, precisamente, de malversación– ni se entera de las operaciones policiales ni conoce a los confidentes.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición del PSOE de suspender el juicio del caso Kitchen para poder imputar de nuevo a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fue sacada en su día del procedimiento, y que se cite al partido como partícipe a título lucrativo o responsable civil, según informa EFE.

El fiscal César de Rivas ha respondido así a una de las principales peticiones que formuló la acusación popular que ejerce el PSOE en la fase de cuestiones previas planteadas al tribunal en la primera jornada del juicio del caso Kitchen a la cúpula de Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

En su respuesta, el fiscal ha recordado que la clausura de la instrucción de esta causa fue confirmada por la Sala de lo Penal en 2022 y ahora el tribunal que enjuicia los hechos carece de competencia para dejar sin efecto esas resoluciones como propuso el PSOE con el objeto de que se investigue "la rama política" del caso Kitchen.

Según el fiscal, no procede abrir una "instrucción suplementaria" que lleve a la suspensión del juicio porque no existe ninguna revelación novedosa que suponga un cambio "sustancial" en los elementos, que solo puede afectar a las personas respecto a las que se decretó la apertura de juicio oral.

En este sentido ha señalado que a Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, no se les incluyó en el auto de procesamiento tras haberles tomado declaración como imputados a petición de la Fiscalía por lo que no se les introdujo en ese auto de apertura de juicio oral.

Al decretarse el sobreseimiento para ambos, ha proseguido, Anticorrupción lo recurrió, y tanto el juzgado de instrucción como la Sala de lo Penal confirmaron esa decisión. Además, en 2022, el Ministerio Fiscal solicitó la reapertura de la causa por elementos nuevos respecto a Cospedal, pero también se rechazó por el juzgado y por la Sala, con lo que la causa está sobreseída para ambos y "el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocarlo", ha destacado.

Por ello ha propuesto que si el PSOE entiende que existen nuevos elementos lo que tiene que hacer es solicitar la reapertura de la causa como se hizo en 2022 y como hizo este partido en 2025, petición que también fue rechazada por el juzgado de instrucción.

Lo mismo sucede, ha dicho, con el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo, una cuestión que ya se solicitó en su momento y que, primero el juzgado y después la Sala, rechazaron por lo que, considera, que es una cuestión sobre la que la Sala de enjuiciamiento carece de competencia.

En el juicio del caso Kitchen se sientan en el banquillo diez acusados, entre los que figuran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel, así como buena parte de la cúpula policial en esa época y comisarios como José Villarejo, de cuyo caso procede esta causa, la pieza número 7 del caso Tándem.

Las defensas de los acusados en el caso Kitchen, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al considerar que hubo errores en la instrucción o que este no es el tribunal competente para juzgar el procedimiento.

En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido el primero en pedir la nulidad, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede; a este motivo se han adherido el resto de defensas.

Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.

Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.

También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.

La defensa de Francisco Martínez quiere que sean nulas las diez grabaciones de audio incautadas al excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen al caso, lo que anularía el resto del procedimiento, al considerar que el comisario las obtuvo de manera ilícita y que no se ha podido comprobar la autenticidad ni acceder al total del material.

Esta parte pide anular también tres audios en los que Francisco Martínez habla con el excomisario, que fueron aportados a la justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en otras causas como la de Leire Díez.

El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que esta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa, porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.

Durante esta primera jornada han pedido también nulidades los letrados del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente habría cobrado por el espionaje 54.000 euros, o del exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas.

Al letrado Javier Ignacio Navarro, que representa al chófer, quien también logró una plaza en la Policía, le ha reprendido la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por sostener que a su defendido "le coaccionaron" los fiscales del caso y le amenazaron con pena de prisión.

En este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, el exministro del Interior y su ex número dos enfrentan una petición de cárcel de 15 años por parte de la Fiscalía, que les acusa de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo parapolicial en el que se habrían empleado supuestamente 57.943 euros procedentes de fondos reservados.

La vista se reanudará este martes, cuando las acusaciones podrán responder a las cuestiones previas expuestas por las defensas. 

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha calificado de "invento" la llamada operación Cataluña, orquestada presuntamente bajo su mandato para dañar al independentismo a través de una trama parapolicial, de la que nunca, ha dicho, oyó hablar a nadie en su departamento, informa EFE.

Fernández Díaz, que fue ministro del Interior entre 2011 y 2016, ha comparecido tras el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la comisión de investigación que indaga sobre estas presuntas maniobras para atacar al independentismo.

En su tercera comparecencia ante una comisión sobre las presuntas prácticas de la llamada policía patriótica -asistió en 2017 y 2021-, el exministro ha acudido al Congreso junto a su abogado, pues está procesado y se enfrenta a 15 años de prisión en la causa judicial de la operación Kitchen sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Al igual que ha hecho Rajoy, Fernández Díaz ha criticado la creación de esta comisión y ha defendido la actuación del Gobierno de entonces frente al procés, que quiso dar un golpe de Estado contra el artículo 2 de la Constitución para que Cataluña se fuera de España y ha añadido que "ahora es el Estado quien se está yendo de Cataluña".

De hecho, ha llegado a revelar que se entrevistó personalmente con el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para que, "con la autoridad" que éste tenía, evitara el procés, que según él, comenzó en enero de 2013 cuando Artur Mas declaró en el Parlament que había llegado la hora de que Cataluña ejerciera su derecho de autodeterminación.

Respecto a la operación Cataluña, el exministro ha aseverado que es un "invento", que no vio a nadie hablar nunca de ella en su departamento y que la primera vez que tuvo referencias fue después de que su director de comunicación le enseñara un teletipo en el que el excomisario José Villarejo citaba esa supuesta operación en una comparecencia judicial.

"A partir de entonces se empezó a hablar de la operación Cataluña", ha apostillado Fernández Díaz, que ha negado insistentemente haber despachado alguna vez con Villarejo, al que ha saludado dos veces en cinco años, y contra el que ha vuelto a arremeter "por sus grabaciones, pregrabaciones y postgrabaciones".

El diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, se ha interesado por una grabación aparecida recientemente de una supuesta conversación con Villarejo y otras personas. Fernández Díaz ha insinuado en que estaba manipulada, que en ella se aprecia que los interlocutores se encontraban en distintos lugares y ha dicho que "no hace falta la Inteligencia Artificial para saber las maravillas que se pueden hacer en un audio".

El supuesto espionaje a 69 diputados de Podemos ha vuelto a centrar la intervención de su líder, Ione Belarra, a quien Fernández Díaz ha asegurado que nunca tuvo ningún interés en espiarles. "Estoy contestando la verdad", ha aseverado.

"Si alguien cree que el ministro del Interior conoce las cuestiones operativas en una estructura de más de 150.000 personas entre policías y guardias civiles...", ha añadido el exministro antes de reiterar que si algún policía espió debe responder por ello y que si hubiera sabido de estas prácticas habría preguntado si era legal y cuál era el motivo para llevarlas a cabo.

Como experto en apariciones marianas -ha escrito un libro sobre ellas como aficionado a la historia de la Teología- Belarra le ha preguntado si consideraba una aparición mariana el M.Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas.

"No hace falta ser doctor en ciencias", ha respondido entre risas, para traducirlo como Mariano Rajoy, pero no ha querido pronunciarse más sobre este asunto. Simplemente ha ironizado con que no había ninguna aparición mariana en la que saliera M.Rajoy.

Uno de los momentos más incómodos de la comparecencia ha sido durante las preguntas de la diputada de Sumar Aina Vidal, quien ha recordado al exministro que "la historia no absuelve a los conspiradores" y al que ha augurado que será recordado por haber resucitado los momentos más macabros de la historia de la democracia.

Vidal ha eludido al pasado del exministro y a sus creencias religiosas, lo que ha irritado a Fernández Díaz, que ha pedido respeto por ellas y ha asegurado que no se avergonzaba de todo lo que hizo en el Ministerio del Interior, a la vez que ha recalcado que Rajoy jamás le dio una orden que fuera ilegal.

El nieto de Miguel respetó la voluntad de Manolo y conservó, tras la reforma integral del negocio, el reloj de “cu–cu” que el fundador se trajo del exilio en Suiza y el viejo dominó con el que se seguía jugando cada día desde las cinco en punto de la tarde hasta las seis y media. La caja de madera, oscurecida y lisa por el uso, y las fichas de celuloide bicolor con un punto de latón atraían a los curiosos, pero eran las reglas del juego y la destreza de los jugadores adivinando jugadas lo que asombraba a la clientela que acudía a mirar.

También continuó la costumbre de la tertulia durante la partida entre jugadores y mirones, hecho ilegal debido a los sucesivos desarrollos de la ley mordaza, hasta veintiséis desde la original redactada por el ministro Fernández Díaz a principios de siglo. A la planta –2 nunca bajaban las policías, lo que daba alas al desarrollo de actividades proscritas de poderoso atractivo para muchísima clientela procedente de las plantas superiores de la ciudad.

La inteligencia artificial había tomado el mando de la civilización y era difícil imaginar la sociedad sin ella. “Si no es por los científicos, se hubiera extinguido la especie, como pasó con los dinosaurios —opinó un jugador colocando la pito doble”. “No creas —intervino otro poniendo la pito cinco—. En realidad, la inteligencia de la humanidad ha sido siempre artificial…”. “¡¿Qué dices, tío?! —cortó una jugadora que cerró la otra puerta con la tres dos— La Inteligencia Artificial es ciencia en estado puro y lo de antes era ideología…”.

Con referencias a la ciencia y a la historia, iba pasando el tiempo, controlado en el bar por el anacrónico “cu-cu”, con o sin salida del pájaro. Increíblemente, el mecanismo del reloj no había fallado ni una sola vez y su fiabilidad era comparable a la de los omnipresentes relojes digitales. “Yo creo —se animó una mirona— que el sistema computacional es resultado del desarrollo de artefactos como las varillas y el ábaco en Asia o el quipu inca”. “Lo importante es saber quién ha controlado estos instrumentos —insistió la jugadora”. “Explícate —pidió el cuarto jugador al que cerró la puerta del cinco mientras movía fichas”.

El jugador miró alrededor. No había nadie aparte de sus compañeros, de quienes miraban y de dos colegas del camarero hablando con él en la barra. A pesar de que todo el mundo sabía que las policías no bajaban a ese nivel de la ciudad, las palabras eran las mayores responsables de la detención de personas acusadas de ejercer el pensamiento crítico en contra de lo establecido por el Decreto 8.002/2055. Todos los presentes eran habituales de la casa, se conocían y habían participado en numerosas tertulias; los de la barra estaban aislados por el sonido psicodélico que emitía la ya obsoleta pantalla de 50 pulgadas.

“La ciencia y la llamada ‘cultura’ siempre han estado en manos y al servicio del poder —expuso el jugador— mediante el monopolio de la educación y de la fe. Por eso digo que era inteligencia artificial, inculcada”. “Eso son leyendas urbanas hoy desmentidas —objetó la jugadora”. “Seguimos igual —contraatacó el jugador bajando la voz a nivel de susurro—, sólo que hoy no son las Iglesias ni los Estados quienes controlan a las masas, sino los herederos de los imperios globales levantados por Gates, Jobs, Zuckerberg, Musk, Bezos o Page & Brin. En la planta –3 hay una biblioteca que os recomiendo visitar algún día”.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conocía las actividades de la llamada policía patriótica desde el año 2012, según ha revelado esta lunes el programa de radio El món de Rac1 basándose en dos documentos que atribuye al Ministerio del Interior. Según la emisora de radio, estos archivos confirman que el expresidente y no solo el por entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaban al corriente de las actividades de guerra sucia contra sus enemigos políticos que llevaba a cabo una parte de la policía española.

Rac1 explica en su exclusiva que uno de los documentos, fechado el 25 de octubre de 2012 y de una página y media de extensión, llevaba el título de Nota secreta para el señor presidente sobre información sensible procedente de Cataluña. En él afirse resumen operaciones que practicaba la policía patriótica en el momento de la elaboración del informe sobre el independentismo y con el objetivo de perjudicar a la oposición, liderada por el PSOE.

La emisora catalana también revela que, según los metadatos del documento, su autor fue Francisco Martínez, la mano derecha de Fernández Díaz en el ministerio y por entonces su jefe de gabinete. Las fuentes consultadas por Rac1 aseguran que Martínez actuaba de nexo entre los policías que ejecutaban las operaciones, como el comisario José Manuel Villarejo, y la cúpula política del ministerio. Por ese motivo, él era quien elaboraba los informes para luego facilitarlos a sus superiores como Jorge Fernández Díaz y, según Rac1, también a Rajoy. Martínez se ha negado a hacer declaraciones a la emisora y se ha limitado a reiterar que él entonces aún no era secretario de Estado del Interior, sino un simple jefe de gabinete.

Las fuentes citadas aseguran que el 18 de octubre de 2012, poco después de comenzar la Operación Cataluña, Martínez se reunió con Villarejo, que le dio un informe donde se explicaban operaciones en marcha contra Convergència y el PSOE. Esta información, según la emisora, se habría trasladado a Fernández Díaz, que supuestamente resumió la nota y se la entregó a Rajoy. El presidente se habría enterado de todo en el Consejo de Ministros del 26 de octubre, unas semanas después de la reunión, ya que la reunión del Ejecutivo previa no había estado presidida por Rajoy sino por Soraya Sáenz de Santamaría, y, por tanto, Fernández Díaz no podría haberle entregado en persona al presidente el informe.

Ese 26 de octubre, el por entonces ministro del Interior se acercó a Rajoy y le entregó el informe, siempre según la información difundida por Rac1. Fue la primera vez que lo hizo, pero no la última, ya que a partir de ese día Fernández Díaz aprovechó los encuentros con el presidente del Gobierno para facilitarle nueva documentación sobre las actividades irregulares de algunos de los policías que tenía a su servicio. Rac1 asegura que en los archivos del Ministerio del Interior consultados no constan más resúmenes como el de octubre de 2012, pero sostiene que Fernández Díaz entregaba a Rajoy informes confidenciales enteros elaborados directamente por la policía, como los que relacionaban el independentismo con el yihadismo, o notas informativas escritas por Villarejo.

En este sentido, en los informes que habrían sido entregados a Rajoy se especifican desde los lemas que supuestamente iban a ser usados por el independentismo para su campaña como “Si continuamos en España, seremos Uganda; con la independencia, seremos Holanda”, que nunca utilizaron, hasta algunas revelaciones que acabaron teniendo recorrido. Por ejemplo, se informa de las cuentas en el extranjero (Andorra, Suiza o Liechtenstein) del entonces president de la Generalitat, Artur Mas, y de la familia Pujol, operaciones contra el exministro socialista José Blanco y un exconselleiro del BNG investigfados en el marco de la Operación Campeón o que Susana Monje, entonces tesorera del Barça con Sandro Rosell, podría estar pasando información a Convergència perjudicial para el PP.

El documento citado por la emisora catalana añade que las revelaciones proceden de fuentes de la policía infiltradas en bancos catalanes y andorranos, en varios medios de comunicación y hasta en los Mossos d'Esquadra. En él también se advierte de que la información que contiene no está 100% contrastada, pero que una parte ya se ha judicializado y que pronto recibirán copias de los sumarios. Esto último demostraría, según Rac1, que el Ministerio del Interior tenía línea directa con los jueces que instruían las causas a las que se refiere el informe.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre los cargos de la formación morada.

En un auto de este jueves, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admite la querella de forma parcial y en línea por lo solicitado por la Fiscalía, rechazando investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.

Cabe recordar que la querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desecha estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad este de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indica la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

En su auto, el juez Pedraz explica que una vez examinada la querella y verificado que algunos de los hechos serían competencia de la Audiencia Nacional y constitutivos de infracción penal procede su admisión, aunque de forma parcial.

En cuanto a los hechos y personas que inadmite, el magistrado afirma que del relato de la querella no aparece afirmada y sustentada indiciariamente que todos los querellados participaran en sus actuaciones con la finalidad criminal que se imputa.

En este sentido, dice, no se aprecia que Fernández Díaz, Cosidó o los excargos policiales Bonifacio Diez Sevillano, José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez López y Mariano Hervás intervinieran en la investigación de hechos relativos a diputados con la finalidad delictiva atribuida en la querella y sin el cumplimiento de las normas legales exigidas para realizar una investigación de los diputados.

"Debe señalarse que ni del ministro Jorge Fernández Diaz o del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no se relata más que una suposición de que por los cargos que ostentaban deberían conocer y autorizar los hechos. Dicha imputación es insuficiente para admitir la querella contra los mismos", explica el magistrado.

En este sentido, el magistrado solicita a su compañero del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, información que obra en la macrocausa Tándem -conocida como 'caso Villarejo- como las diligencias relativas al examen del contenido de los mensajes que hubiera en el móvil de Francisco Martínez.

En cuanto a las diligencias solicitadas por Podemos, el magistrado rechaza las declaraciones testificales de periodistas por cuanto se refieren a las fuentes de información de los medios, "no estando obligados a declarar los profesionales del periodismo sobre las mismas".

El juez añade que tampoco aparece en el relato de hechos que los medios participaran en la difusión de noticias falsas a sabiendas que lo eran, por lo que su actividad está amparada por el secreto profesional y por el artículo 20 de la Constitución, que reconoce el derecho a la información.

En su columna de opinión en el periódico La Razón de este martes, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hecho un llamamiento a la Virgen María para que "auxilie" a España tras la presentación el lunes de la ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas para su investidura. "A Dios rogando y con el mazo dando y esas masivas y pacificas concentraciones son el mazo, la cuota de actividad humana a aportar para que María que tiene a España muy adentro de su Inmaculado Corazón, atienda la súplica de tantos españoles, que no se resignan al desmembramiento de su Patria a manos de quienes la odian precisamente por ser tierra predilecta de ella", explica el que fuera titular de la cartera de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy desde 2011 hasta 2016.

"La grave situación en la que el nuevo Frente Popular sanchista ha colocado a España, ha movilizado al pueblo español, que ha salido a las calles y plazas de las 52 principales ciudades españolas, en una pacífica y ejemplar rebelión contra el intento de vender España a los que no ocultan su objetivo de acabar con ella", reconoce Fernández Díaz que pasa a detallar "destacados episodios que acreditan" el auxilio de la Virgen ante "situaciones de particular gravedad": Lepanto en 1571, el sitio de Viena por los otomanos en 1683 y la libertad de Austria en 1955.

En el siglo XVI, se derrotó al "imperio Otomano a manos de la alianza cristiana promovida por el Papa san Pío V". Fernández Díaz explica que en 1683 el sitio de Viena "fue levantado por la caballería al mando del rey de Polonia Juan III Sobieski que la capitaneó tras bendecirla y colocarla bajo la protección de la Virgen de Czestohowa, y será reconocido así por el papa Inocencio XI en acción de gracias por la victoria".

Por último, y según el exministro, en mayo de 1955 se retiraron "las tropas soviéticas ocupantes de un sector de Austria tras la derrota nazi de abril de 1945": "Una cadena de medio millón de austriacos se sumó al llamado del rezo del rosario para conseguirlo y el milagro se produjo como el propio presidente reconoció públicamente". "Es el ruego unido al mazo", concluye Fernández Díaz.

La defensa del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, procesado por su posible participación en la 'Operación Kitchen', se ha adherido a la pretensión tanto del PSOE como del que fuera su 'numero dos' Francisco Martínez y pide al juez instructor que en el auto de apertura de juicio oral se incluya al PP como partícipe a título lucrativo. Medida que considera "obvia, coherente y necesaria".

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Fernández Díaz, dirigida por Jesús Mandri, indica que del relato fáctico de los escritos de acusación se desprende que "el origen y epicentro de los hechos presuntamente delictivos fue el espionaje y la sustracción a la familia (de Luis) Bárcenas --extesorero del PP-- de información supuestamente perjudicial para los intereses del PP, siempre en su beneficio y utilizando para tales fines fondos reservados".

Por eso, apunta que siendo así y solicitándose en el auto de apertura de juicio oral una condena en vía de responsabilidad civil para la Administración del Estado, "resulta obvio, coherente y necesario incluir al PP como partícipe a título lucrativo".

Con este escrito, la defensa de Fernández Díaz responde a la diligencia del juzgado que pedía que las diferentes partes se pronunciaran sobre los diferentes recursos de apelación presentados contra el auto de apertura de juicio oral del pasado 13 de octubre.

Cabe recordar que el instructor, Manuel García Castellón, acordó enviar a juicio tanto al exministro como a la excúpula del Ministerio por esa operación parapolicial y a la vez rechazaba por "extemporánea" la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP en caso de condena.

Para justificar esa decisión explicaba que hasta el momento no se había dirigido pretensión alguna en este sentido contra la formación de Núñez Feijóo y que, por tanto, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resultaba extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realizaba sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emanaba dicha responsabilidad, "apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil".

El PSOE recurrió esa decisión señalando que la argumentación del magistrado de que su petición era extemporánea resultaba "sorprendente, además de ser contraria a la ley".

Recordaba al hilo que la petición de que el PP entrara como responsable a título lucrativo "fue formulada al mismo tiempo que la petición contra el otro responsable civil, el Estado" --que sí que fue admitida por el juez--. Y puntualizaba que en este tipo de causas "no existe norma alguna que contemple el llamamiento del responsable civil subsidiario al procedimiento durante la instrucción".

Además, se hacía eco del artículo 781.1 de la Ley Procesal para subrayar que "contempla la necesidad de que en sus escritos de conclusiones provisionales las acusaciones identifiquen a las personas responsables civilmente de los hechos".

"Por lo que será el auto de apertura del juicio oral el que determine el llamamiento al proceso de los responsables civiles", añadía, para sumar que "si esto es aplicable a los responsables civiles subsidiarios, aún con más razón resulta predicable de los participes a título lucrativo".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio por la denominada 'Operación Kitchen', el operativo policial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.

En un auto de 24 páginas, recogido por Europa Press, el magistrado rechaza por "extemporánea" la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 incluye todos los delitos planteados por las acusaciones y que incluyen delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.

Para García Castellón, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados, todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la fase de juicio oral.

En relación con la responsabilidad civil del PP solicitada por el PSOE, recuerda que hasta este momento, en esta pieza del caso Tándem, no se ha dirigido pretensión alguna en este sentido contra el PP y que, por tanto, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resulta extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad, "apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil".

Además de al exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta solicitud y pide al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o que renuncie al mismo.

Cabe recordar que los fiscales anticorrupción César de Rivas y Miguel Serrano interesaron en su escrito de acusación condenar Fernández Díaz y a Francisco Martínez a 15 años de cárcel, a Villarejo a 19 años de prisión.

El magistrado, en su auto, desestima también una diligencia complementaria solicitada por el PSOE al considerar que la instrucción está finalizada.

Y acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos, de 20.000 euros para Andrés Manuel Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto García Castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reactivado la comisión rogatoria emitida por Andorra para comunicar al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz su imputación en el procedimiento que se sigue en el Principado a raíz de la querella presentada por la Operación Cataluña. Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que los magistrados del TSJ madrileño han rechazado la petición de Fernández Díaz , tal y como hicieron con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria que libró Andorra.

Cabe recordar que la Justicia del Principado investiga a ambos excargos del Ejecutivo y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.

En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares.

El tribunal madrileño -al desestimar la solicitud de Fernández Díaz- ha acordado levantar la medida cautelarísima que habían adoptado la semana pasada para suspender de forma urgente la comisión rogatoria de Andorra. Así, tras esta decisión, el Principado recibirá la documentación requerida a España y tendrá luz verde para proceder contra el exministro.

Las fuentes consultadas por esta agencia han precisado que los magistrados han emitido una resolución "idéntica" a la dictada respecto a Rajoy al concluir que hay suficientes motivos para no acceder a la petición de suspender la comisión rogatoria de las autoridades andorranas.

El tribunal ya explicó al expresidente que el hecho de aceptar dicha comisión rogatoria no podía confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Los magistrados insistieron en que el auxilio judicial servía para notificarle que se había iniciado un procedimiento a raíz de una querella y para "garantizar una situación de igualdad" ante los tribunales.

El TSJ ha coincidido así con el criterio del Ministerio Público, que el pasado 26 de octubre mostró su oposición a paralizar el auxilio judicial reclamado por el Principado.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiso dejarlo meridianamente claro aquel viernes de diciembre de 2012. De ahí que repitiese la misma frase una y otra vez: "Esta conversación no ha existido". El problema es que uno de sus interlocutores era el comisario José Manuel Villarejo, aficionado a grabar todos y cada uno de los encuentros que mantenía. Y, casi una década después, el audio de aquella reunión al final ha visto la luz. La grabación, desvelada por El País, muestra cómo la llamada policía patriótica acordó con el ministro presentar varias denuncias contra dirigentes independentistas. Y pone al descubierto sus mentiras tanto en entrevistas como en sede judicial o en el seno de una comisión de investigación parlamentaria. Un falso testimonio que, en un órgano de estas características, está castigado con hasta un año de cárcel. Sin embargo, lo cierto es que este tipo penal nunca llega a aplicarse.

El audio, que pertenece al material requisado al expolicía y que no consta que esté incorporado al caso Tándem, recoge una reunión celebrada en Interior. En ella participan el entonces ministro, el comisario jubilado y el entonces jefe de la Policía, Eugenio Pino. Los tres hablan largo y tendido sobre la posibilidad de judicializar asuntos vinculados con el independentismo catalán. En concreto, mencionan a Jordi Pujol y Artur Mas. "Hay materia para la Audiencia Nacional. Por los datos que hay, por las cuentas...", explica el comisario jubilado, que se compromete a llevar ese mismo día una denuncia junto al jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). "Con el fiscal jefe del Estado se ha hablado, ¿eh?", llega a apuntar Fernández Díaz durante la charla.

El entonces ministro del Interior no quiere de ningún modo que la reunión salga a la luz. Es algo que trata de dejar claro en repetidas ocasiones. "El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido", señala mientras Villarejo ríe. Y así fue. Durante años, Fernández Díaz ha negado en repetidas ocasiones haber tenido una estrecha relación con el comisario jubilado. Siempre ha hablado de conversaciones cortas y muy puntuales. "Yo lo he visto dos veces y he hablado con él dos minutos", aseguraba en septiembre de 2020 en una entrevista con Vanity Fair. Solo la cita cuyo audio ha salido ahora a la luz, según el medio que la ha publicado, dura alrededor de un cuarto de hora.

Solo un mes más tarde, declaró en sede judicial en el marco de Kitchen. "Ni una sola relación con él", dijo Fernández Díaz ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Entonces comparecía como investigado, una condición que le permite mentir para defenderse. Otra cosa bien diferente es lo que tiene que ver con las comisiones de investigación parlamentaria, donde ha seguido al milímetro ese mismo relato. "En los cinco años que he ejercido de ministro del Interior jamás he despachado nada con el señor Villarejo", aseguró en abril de 2017 en el seno de una comisión del Congreso. "¿Por qué yo me atrevo a decir que no oirán ustedes ninguna grabación mía con el señor Villarejo? Porque no podía haberla, porque no he despachado nunca", sostuvo el pasado mes de diciembre en otra sobre la Kitchen.

Un falso testimonio que Unidas Podemos, al igual que diferentes partidos soberanistas, pretende que no quede impune. En un escrito registrado el pasado jueves, el grupo confederal ha pedido a la Mesa del Congreso que "tome las medidas que sean necesarias para que se cumpla" tanto el reglamento de la Cámara Baja como el Código Penal. Porque la ley, en su artículo 502.3, castiga con penas de prisión de seis meses a un año o multa de uno a dos años a quien convocado ante una comisión de investigación parlamentaria "faltare a la verdad en su testimonio". El problema es que se trata de un delito olvidado. "No se suele perseguir", asevera al otro lado del teléfono Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid.

El jurista no es el único que lo dice. De hecho, es algo que ya se encargaron de deslizar los servicios jurídicos del Senado antes de que estallara la pandemia. Lo hicieron en un informe redactado a petición del Grupo Parlamentario Popular tras las mentiras detectadas en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre la financiación de los partidos políticos, entre las que se encontraban las desveladas por infoLibre del entonces tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. El documento reconocía "el resultado infructuoso" de la "búsqueda" en las "bases jurídicas de datos" de "jurisprudencia" sobre este tipo penal. Y la "escasa" atención prestada a este delito "tanto en el campo del constitucionalismo como en el de la doctrina penal".

Uno de los análisis más exhaustivos sobre este artículo es el realizado por la catedrática de Derecho María del Mar Carrasco, incluido en el Tratado de Derecho Penal español (Tirant lo Blanch, 2016) que dirigió Álvarez. En él, la jurista explica que el tipo ha sido sumamente criticado por lo que supone de quiebra "de los principios de mínima intervención y última ratio del derecho penal". Y señala que su introducción en el Código Penal fue "fruto más de la carambola política que de la reflexión jurídica". Su origen se sitúa en una enmienda de IU. La propuesta, en principio, no cuajó ni en la Ponencia ni en las Comisiones de Justicia e Interior. Hubo que esperar al debate en el Pleno, donde los socialistas plantearon una transaccional que prosperó en la que se tipificaba el falso testimonio en comisión de investigación.

La jurista considera que el delito se puede cometer tanto por acción como por omisión. Es decir, tanto por lo dicho como por lo no dicho. En esto último, sin embargo, hay matices. Mientras que Carrasco no ve encaje en los casos de "ausencia total de declaración" –cuando el compareciente no abre la boca– o cuando se manifiesta falsamente "no saber" o "no recordar" algo, sí que considera que tiene encaje en este tipo delictivo la "omisión de información relevante" –silenciar datos importantes para la adecuada comprensión de los hechos, ya sea en el relato o en la respuesta a preguntas–.

Ahora bien, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III avisa que para este delito se exige "una alteración sustancial de la verdad". Además, tiene que incidir, recuerda la catedrática de Derecho Penal, "sobre aspectos esenciales para la investigación". No obstante, incluso encontrándonos con una comparecencia en la que se cumplen todos estos requisitos, hay otro matiz clave a tener en cuenta: la existencia de dolo. Es decir, el sujeto tiene que ser plenamente consciente de la falsedad que está declarando. "Si cree que lo que está manifestando se corresponde con la verdad material, cuando no es así, no habrá falso testimonio por ausencia de dolo", detalla en su artículo Carrasco.

Un escollo importante a la hora de perseguir este delito al que hay que sumar otro: la situación en la que se encuentre el compareciente. ¿Por qué? Porque, como recoge el informe de los servicios jurídicos de la Cámara Alta, si "tuviera la condición de acusado en un proceso penal" estaría "excluido del ámbito de aplicación" de este artículo. Es decir, el Senado prima el derecho constitucional a no declarar sobre sí mismo. Esto es importante en el caso de Fernández Díaz. Cuando el ministro negó haber "despachado nunca" el pasado mes de diciembre, ya estaba procesado en Kitchen. Solo quedaría, por tanto, agarrarse a lo que dijo en la comisión de investigación de 2017. Sin embargo, el delito prescribe a los cinco años. Es decir, que habría dejado de poder perseguirse el pasado mes de abril.

Rara vez los falsos testimonios se judicializan. Y cuando eso ocurre, los casos no tardan en ser archivados. El ejemplo perfecto es el que afectó a uno de los expresidentes del Gobierno. Podemos denunció en su momento a José María Aznar al entender que había mentido en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación irregular del PP. En concreto, la formación ponía el foco sobre el exlíder del Ejecutivo por haber afirmado en sede parlamentaria que no conocía o había mantenido una relación de amistad con el considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a pesar de haber sido uno de los invitados a la boda de su hija. Pero no solo eso. También, por negar la participación de soldados españoles en la Guerra de Irak de 2003 o la existencia de una caja B en el PP, a pesar de la sentencia de la Gürtel.

La denuncia, sin embargo, fue archivada por el juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. Podemos recurrió. Y la Audiencia Provincial de Madrid lo desestimó. En aquel auto, los magistrados alegaron que la conducta descrita no tenía cabida en este tipo penal al entender que las respuestas dadas o bien "son opiniones o interpretaciones del compareciente sobre una resolución judicial o un acontecimiento" o bien "carecen de relevancia para la investigación, siendo hechos notorios y conocidos públicamente".

También fue llevada ante la justicia la comparecencia de una doctora del SAMU durante la comisión en Les Corts del accidente del Metro de Valencia. En junio de 2016, la jueza que investigaba el siniestro, en el que murieron 43 personas, pidió que otro juzgado estudiase si las declaraciones de la facultativa asegurando haber visto los cuerpos del maquinista y de la interventora dentro de la unidad siniestrada y no en las vías, donde los ubicaban policías y testigos, podían ser constitutivas de un delito de falso testimonio.

El caso cayó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, cuyo titular decidió remitir a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas. Esta decisión acabó siendo revocada por la Audiencia provincial. “[Los hechos] no revisten en los actuales momentos ninguna apariencia delictiva […] mientras no exista una sentencia o auto que ponga fin al procedimiento judicial en el que se haga constar la verdad formal sobre el lugar que ocupaban los cuerpos después del siniestro”, señalaron los magistrados, quienes destacaron también la “intrascendencia de la manifestación supuestamente falsa” tanto para la investigación judicial como para la parlamentaria.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha negado "rotundamente" que haya mantenido contactos con el ex comisario José Manuel Villarejo y ha insistido en ratificar íntegramente el contenido de sus declaraciones prestadas tanto en sede judicial como en sede parlamentaria, según un comunicado de su defensa recogido por Europa Press

Los audios difundidos esta semana por El País reflejan que Fernández Díaz habría recibido en el Ministerio de Interior varias veces entre 2012 y 2016 tanto al entonces comisario como al director adjunto operativo (DAO) de la época, Eugenio Pino, para orquestar la llamada Operación Cataluña.

Fernández Díaz podría enfrentarse a una investigación judicial por prestar falso testimonio en la comisión desarrollada en el Congreso de los Diputados sobre la Operación Kitchen, donde dijo que nunca había despachado con José Manuel Villarejo, algo que vendría a contradecir dichos audios, si bien las pesquisas escaparían al alcance de la Audiencia Nacional —que investiga al comisario— porque serían competencia de un juzgado ordinario.

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigió a una parte de la llamada "policía patriótica" en la operación Cataluña, dentro de la estrategia para detener el desafío independentista. El objetivo de la operación era investigar y denunciar por corrupción a líderes independentistas catalanes, como se desprende de una grabación recogida por el diario El País.

La grabación guarda una conversación de 2012 entre Fernández Díaz, el exdirector de la Policía Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo. Una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados ya concluyó la naturaleza de esta policía patriótica, que trabajó durante el Gobierno de Mariano Rajoy para investigar a adversarios políticos del PP, encontrar trapos sucios y filtrarlos a medios de comunicación afines a los conservadores. La policía patriótica estuvo dirigida principalmente contra los partidos independentistas catalanes y Podemos.

Fernández Díaz mintió en la comisión de investigación al hacer la siguiente declaración: “Durante los casi cinco años en los que he ejercido la responsabilidad de ministro del Interior, jamás he despachado nada con el señor Villarejo”. La grabación, extraída de los archivos de Villarejo, reproduce una conversación de 15 minutos en la que los tres hombres acordaron presentar varias denuncias en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Plaza de Castilla contra líderes independentistas; entre ellos Jordi Pujol y Artur Mas.

Villarejo compró el testimonio del empresario Javier de la Rosa, antiguo amigo de Pujol, y Victoria Álvarez, examante del hijo mayor del expresidente catalán. Interior y Policía estaban plenamente informados de las actuaciones del comisario.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión del juez Manuel García Castellón de dar por finalizada la investigación sobre la Operación Kitchen, al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

Los magistrados han confirmado el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, con el que puso fin a la investigación sobre Kitchen concluyendo que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a un total de once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de Kitchen. La Sala de lo Penal ha avalado ahora los indicios en los que se basa su imputación, recordando que fundamentalmente son las declaraciones del que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, y los mensajes que se intercambiaron.

Los magistrados entienden que la explicación que dio Fernández Díaz sobre su conducta, así como la valoración del informe pericial que aportó para desvirtuar dichos mensajes, deberá efectuarla el órgano enjuiciador. De momento, "la apariencia delictiva de los hechos imputados impide acordar el sobreseimiento interesado", concluyen.

Además de Fernández Díaz y Martínez, la Sala de lo Penal ha ratificado el procesamiento del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, de los ex mandos policiales José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, y del ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

La mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideraron un "cierre en falso" del caso. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusó al juez de dibujar una "línea roja" en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a "una posible responsabilidad" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a la que pidió volver a imputar junto a su marido, Ignacio López del Hierro.

La Sala de lo Penal ha optado por mantener el statu quo, de modo que De Cospedal y su marido quedan definitivamente fuera de la causa, al igual que el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, que nunca ha estado investigado pero que el Ministerio Público pedía interrogar como tal en el caso de que se reabrieran las pesquisas.

Para los magistrados, los indicios que señalan los fiscales anticorrupción para sostener la imputación contra Cospedal y su marido no son suficientes, toda vez que quedan debilitados por los testimonios de Villarejo, Gómez Gordo y Ríos.

A este respecto, subrayan que las reuniones que tanto Cospedal como López del Hierro reconocieron que habían mantenido con Villarejo fueron por "cuestiones al margen de los hechos investigados".

En la misma línea, creen que no hay indicos suficientes para imputar a Cosidó, el único eslabón de la cadena de mando policial de la época que ha quedado al margen de la investigación judicial de Kitchen.

La Sala de lo Penal ha rechazado asimismo las diligencias destinadas a determinar a quién pertenecía cada uno de los cinco números de teléfono con los que Villarejo dice que se comunicaba con Rajoy para tenerle informado sobre los avances del presunto espionaje a Bárcenas.

Se ha pronunciado específicamente sobre un número de teléfono de titularidad del PP para recalcar que tampoco hay indicio alguno de que Villarejo se comunicara con dicha línea. "En modo alguno implica necesariamente que quien disponga de esa información efectivamente se comunique con ese número", indican los magistrados.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha reiterado este lunes, durante el juicio en la Audiencia Nacional por Tándem, que su grupo empresarial, CENYT, era una tapadera para su trabajo como agente de inteligencia, asegurando que así se plasmó por escrito en 1995 y, más recientemente, en un informe de compatibilidad de actividades policiales y privadas que cree que encargó el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por iniciativa propia.

Así lo ha expuesto Villarejo durante la declaración que ha prestado como acusado en el marco del juicio donde se ventilan tres piezas separadas de la macrocausa Tándem, centradas en las labores de espionaje que habría realizado con CENYT para despachos de abogados, empresarios y particulares y por las que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a 109 años de cárcel.

A preguntas del fiscal Miguel Serrano, el ahora policía retirado ha reconocido que durante los años 2012, 2013 y 2014, en los que se desarrollaron algunos de esos trabajos, percibió una nómina como agente en activo, indicando que estaba obligado a ello para poder actuar "dentro de las estructuras del Estado", al tiempo que ejercía de "cabeza de familia" de CENYT y estaba dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid como letrado.

Serrano ha querido saber si hubo autorización oficial para que Villarejo actuara con esta triple vertiente, ante lo cual el acusado ha expuesto que ya en 1995, "cuando surgieron los primeros incidentes", hizo un escrito donde explicó "detalladamente" cuál era "el pacto" por el que accedía a volver al servicio activo como agente de inteligencia y con la "cobertura" de sus empresas. "Jamás me contestaron y me dijeron: Te has vuelto loco", ha zanjado.

Además, ha recordado que hay un expediente de compatibilidad de los años 2015 y 2016 que daba el visto bueno a que compaginara CENYT, la cual ha definido como "una empresa multidisciplinar que abarcaba el ámbito de cualquier despacho de abogados y el análisis de inteligencia", con su estatus policial.

Villarejo ha aclarado que él no solicitó que se elaborara este nuevo informe. "Yo no pedí nada (...) Yo estaba convencido de que estaba trabajando para mi país, para los distintos gobiernos, y, por tanto, pedir explicaciones al presidente de Gobierno de turno de cómo estaba o no estaba legalizada mi situación me parecía una auténtica incongruencia", ha subrayado.

Así, ha señalado que cree que dicho informe lo ordenó el ministro de Interior, entonces Fernández Díaz, "probablemente a sugerencia del presidente del Gobierno, que ya empezaría a preocuparse", por la aparición de las primeras informaciones en prensa sobre el comisario.

No obstante, ha declarado que sí colaboró en la elaboración del informe. En concreto, ha detallado que se reunió con el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y el director general de la Policía del momento, Eugenio Pino e Ignacio Cosidó, respectivamente, para facilitar datos con este propósito.

En cualquier caso, Villarejo ha defendido que "todas las labores de Inteligencia suelen ser secretas", por lo que "hay muy pocas cosas que se escriben". Por ejemplo, ha apuntado, "tampoco creo que haya autorización por escrito para financiar a terroristas y que liberen secuestrados, y se ha hecho".

En su caso, ha incidido en que se dedicaba a "cuestiones muy delicadas referidas a intereses del Estado", de modo que —ha razonado— "si hubiese salido con luz y taquígrafos" sus funciones de agente de Inteligencia "no habrían tenido sentido".