Ya venía siendo una tendencia habitual en los últimos años, pero ahora con un porcentaje mucho más elevado. Cuando el Gobierno de España no está en manos del PP, las propuestas de resolución populares en el debate de política general del Parlamento de Galicia, como el que se está celebrando esta semana, disparan el número de peticiones al Estado. En anteriores debates las reclamaciones al ejecutivo central solían situarse en alrededor de la mitad del total de las propuestas de resolución, pero en el debate de este año 27 de las 40 propuestas contienen peticiones expresas al Gobierno de Sánchez.

Por su parte, las peticiones de BNG y PSdeG se centran en reclamar actuaciones a la Xunta, sobre la que tiene las competencias de control e impulso el Parlamento gallego. Pero mientras las 40 propuestas del PP tienen garantizada su aprobación gracias a su mayoría absoluta, las formuladas por nacionalistas y socialistas deben ser negociadas con los populares para que estos acepten apoyar alguna en la votación final que se producirá este viernes.

En este documento puedes consultar las 160 propuestas, 40 por grupo, formuladas por PP, BNG, PSdeG y DO:

Las propuestas de resolución del PP piden actuaciones del Gobierno de Sánchez en cuestiones tan dispares y habituales en su discurso político como volver a rechazar el terrorismo de ETA, impulsar el Xacobeo o que el pazo de Meirás no solo recuerde la dictadura de Franco sino también a Pardo Bazán. Son resoluciones que reclaman al Estado mejores infraestructuras, le atribuyen responsabilidades en la situación de la sanidad gallega o le piden mayor implicación en el desarrollo industrial del país.

Las propuestas del PPdeG fueron presentadas por la número 2 del partido, Paula Prado, quien volvió a criticar a la oposición, como también hizo este miércoles en el debate su portavoz, Alberto Pazos, tirando de una supuesta "ouija bloqueira".

Por su parte, desde la oposición el BNG apuesta con sus propuestas de resolución por "quitarle el freno de mano" a la Xunta. Según la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, el presidente debe "una disculpa por criminalizar a las y los trabajadores tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas". Los nacionalistas también ponen el foco en sus propuestas en reclamar más vivienda pública, el refuerzo de la atención primaria y la dependencia o una financiación autonómica justa.

Por el PSdeG fue su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, quien presentó sus propuestas de resolución destacando que "Galicia necesita un gobierno que actúe ya". Los socialistas ponen el foco en la vivienda, la sanidad o en una "implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial de fútbol".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, centró sus propuestas de resolución en peticiones que reclaman un mejor reequilibrio territorial con el interior de Galicia.

A 6 de abril, Galicia ya había sufrido su primer Gran Incendio Forestal (GIF) del año, al superar el fuego iniciado en Ponteareas las 500 hectáreas, umbral a partir del cual se incluyen los focos en esta categoría. El año pasado, que fue el de los peores fuegos de la historia de Galicia, el primer GIF no llegó hasta inicios de agosto en Vilardevós. A partir de ahí, una veintena más de grandes incendios —varios de ellos uniéndose en un único frente—, cuatro por encima de las 24.000 hectáreas y un total de entre 120.000 y 144.000 arrasadas teniendo en cuenta los datos de la Xunta o los de las mediciones de los satélites Sentinel 2 del programa europeo Copernicus.

En lo que va de año, y solo en esta primavera, son más de 1.000 las hectáreas calcinadas en Galicia, más de 900 de ellas en unas pocas horas de este pasado lunes, en una jornada en la que coincidieron varias de las condiciones propicias para la expansión del fuego: altas temperaturas, viento fuerte y cálido y matorral denso y abundante favorecido por las elevadas precipitaciones del pasado invierno.

Los incendios en Ponteareas y en la zona de Carballo y A Laracha, en el primer día de temperaturas anormalmente altas del año en Galicia —rozando los 30 grados en muchas localidades y batiendo marcas para la época— suponen de nuevo un aviso del importante desafío que afronta Galicia con unos incendios cada vez más peligrosos, virulentos, incontrolables e imprevisibles por el impacto del cambio climático. Las lluvias ayudaron a apagar lo que antes habían contribuido a favorecer.

Porque en este caso, la crisis climática impacta de dos maneras: intensificando las lluvias torrenciales —tal y como confirmaron los primeros estudios científicos sobre este invierno— y, por lo tanto, facilitando el rápido crecimiento de combustible vegetal en primavera, y con un aumento de las temperaturas y de las épocas de sequía que provocan la situación más favorable para la extensión del fuego.

Este mismo martes, Meteogalicia hizo públicos los datos que indican que Galicia registró un mes de marzo muy cálido y muy seco, con una temperatura media nueve décimas por encima del valor habitual y un 65% menos de precipitaciones en comparación con lo habitual en este período. Fue el octavo mes de marzo más seco de la serie histórica. Lluvias intensas en invierno y calor y sequía justo en las semanas posteriores: la tormenta perfecta. Todo en un contexto en el que los últimos cuatro años fueron los más cálidos de siempre en Galicia.

Ya lo advertía un informe del Ministerio para la Transición Ecológica que sirve de base para las políticas de adaptación al calentamiento global. En él, alerta de que el “cambio de régimen de lluvias (mayor irregularidad) y el aumento de las temperaturas favorece las condiciones propicias para que los incendios forestales sean más virulentos y extensos”, pero también más difíciles de extinguir por “un mayor volumen de combustible expuesto a periodos de sequía cada vez más prolongados”. Y señala a Galicia por ser uno de los territorios más afectados y donde las temporadas de peligro por el fuego pasan a ser “más largas”.

El fuego, una vez más, confirmó las advertencias, esta vez muy pronto. En Ponteareas, como explican bomberos forestales de la zona, el incendio que calcinó más de 600 hectáreas y se extendió este pasado lunes a Mos y Pazos de Borbén “se desmandó” por las condiciones climáticas y puso en riesgo a varios brigadistas. En la misma zona donde las llamas ya habían arrasado cientos de hectáreas en agosto de 2005 y en octubre de 2017.

“Las abundantes lluvias del invierno hacen que ahora el matorral crezca mucho, pero los temporales provocaron también que haya mucho ramaje, ramas y árboles caídos que ahora se secan y son combustible para arder. Hay mucho ‘restroballo’ en muchos montes que en condiciones climáticas como las de este lunes suponen un peligro”, explica un brigadista del Baixo Miño, uno de los trabajadores del servicio contraincendios de la Xunta que empezó su trabajo durante nueve meses a principios del pasado marzo.

Pese a no ser la época de mayor riesgo, los meses de marzo y abril son históricamente un período con picos de mayor incidencia de fuego —tal y como se puede comprobar en los datos y en el gráfico que aporta el Pladiga 2025—, aunque atenuados en la última década y no comparables a los que se dan en verano. El millar de hectáreas ardidas en las últimas semanas pone a Galicia en alerta y vuelve a confirmar las advertencias, sobre todo de cara al próximo verano.

“Por desgracia, en Ourense buena parte del monte quedó arrasado y no queda mucho por arder; la franja atlántica es ahora la de mayor riesgo y el mayor o menor peligro dependerá de que las condiciones climáticas sean desfavorables y del tiempo que se mantengan”, explican bomberos forestales en conversación con Praza.gal, que advierten de servicios “a medio gas”, por las vacaciones o por procesos selectivos de estabilización pendientes estos días, y que echan en falta reuniones de evaluación que permitan “abordar y mejorar sobre los errores y los aciertos de la anterior campaña”.

En esta franja atlántica, pero especialmente en el sur de Galicia, el temor de los profesionales contra incendios es mayor por ser una zona más poblada, con una “pésima planificación urbanística y un gran desorden territorial” y plantaciones de pinos y eucaliptos “pegadas a muchas casas”. De nuevo, uno de los riesgos “clave” en Galicia sobre los que llevan años advirtiendo desde la ciencia.

El número de personas expuestas al fuego por su “proximidad a la interfaz urbano-forestal (IUF) y al tipo de urbanismo predominante” aumenta la peligrosidad, alerta el citado informe de Transición Ecológica. “En regiones como Galicia, donde existe una importante continuidad entre el bosque y los asentamientos urbanos, la IUF es extensa”, avisa. Una investigación de la Universidade de Santiago (USC) ya había alertado de que los incendios cada vez se inician más próximos a las viviendas.

Las consecuencias influyen también en la capacidad de extinción y control del fuego. “Cuando, lógicamente, la prioridad de los servicios de extinción es salvar vidas, hay que dejar incendios en el monte que acaban acelerándose y descontrolándose”, recuerdan brigadistas, que insisten en la dependencia de que las condiciones climatológicas que hicieron del verano de 2025 un infierno en Ourense no se repitan en otras zonas en riesgo en Galicia.

Porque todo cambió en 2017. Fueron los graves incendios de aquel año —los de junio en Portugal que provocaron la catástrofe de Pedrógão Grande y los de otoño que asolaron el país vecino y Galicia en un fin de semana— los que sirvieron de advertencia de lo que estaba por venir.

Los incendios más virulentos, incontrolables y peligrosos ya están asentados en Galicia, ayudados por el impacto de la crisis climática. Ante la llegada de esta tipología de fuego forestal, el informe técnico encargado por la Assembleia da República en Portugal sobre Pedrógão de 2017 concluyera que la política antiincendios debía ser modificada por el cambio climático. Y la propia Xunta reclamó lo mismo poco después en la comisión parlamentaria que analizó la oleada de fuego del mismo año en Galicia.

A la espera de que sea aprobado definitivamente, el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga) de 2026 prevé el incremento del 30% en la red de videovigilancia, la implantación de una aplicación para alertar sobre incendios, la incorporación de 42 nuevas brigadas o el aumento del presupuesto del convenio para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, según anunció la Xunta.

En el Pladiga de 2025, un análisis completo apunta a diversos factores detrás del “complejo” problema de los incendios, desde políticas forestales perjudiciales hasta la estructura de la propiedad de la tierra en Galicia. Y, como antes otros documentos y estudios, ni siquiera menciona la tesis de las “tramas” o del supuesto “terrorismo” que se suelen resucitar en los argumentarios oficiales tras épocas más virulentas como la de este año.

Una aportación que completa el diagnóstico sobre un problema que afecta de lleno a Galicia, que ya está en el epicentro del área con mayor riesgo de incendio en Europa, como detalló un estudio de un equipo internacional liderado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia, en el que participan otras entidades científicas como la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Una problemática que, además, llega cada vez más pronto.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

El pasado 6 de marzo María Azucena Recio tomó posesión como nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Menos de una semana después, el día 12, esta magistrada encuadrada convencionalmente en el sector conservador de la judicatura tomó una de sus primeras decisiones: trasladar a la fuerza a dos de los cuatro miembros de la Sección Tercera de la Sala, que trata sobre cuestiones como la legalidad de los parques eólicos o diversos contratos del Gobierno gallego: Luís Villares y Dolores López.

Estos traslados forzosos, que Praza.gal pudo confirmar a través de fuentes judiciales, están generando un notable revuelo en el seno del alto tribunal gallego por su celeridad y también por su justificación. Especialmente en el caso de Villares, que viene siendo cuestionado públicamente por el PP y por el Gobierno gallego en los últimos años a causa de decisiones de la Sala como paralizaciones cautelares de parques eólicos, que los populares atribuyen no a cuestiones legales, sino al pasado político del magistrado como portavoz de la desaparecida formación En Marea.

La resolución en la que Recio decide el traslado forzoso de Villares, a cuyo contenido pudo tener acceso este diario, lo justifica citando tres sentencias en las que el Tribunal Supremo anuló resoluciones previas del TSXG que obligaban a la empresa concesionaria del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a pagar el IBI al Ayuntamiento o que rechazaban las peticiones de la empresa para obtener diversas compensaciones por servicios prestados durante la apertura del centro. La causa de esas anulaciones fue que el Supremo observó riesgo de que Villares, uno de los tres magistrados que las adoptó, no fuese imparcial por las posiciones políticas de En Marea sobre el asunto cuando él la lideraba, con independencia de que fuesen “correctas”.

Según la nueva presidenta de la Sala, esos pronunciamientos del Supremo “motivan” el traslado forzoso de Villares fuera de la Sección Tercera y su recolocación en la Cuarta. Lo hace, justifica, para “salvaguardar la apariencia y la realidad de la imparcialidad con la que funciona esta Sala” y también para la “salvaguarda del magistrado cuya imparcialidad fue sometida a valoración judicial por el Supremo”. También apunta a “necesidades reorganizativas” y al “refuerzo” del “buen funcionamiento” de la Sala.

Entiende María Azucena Recio que el traslado forzoso va a implicar además para Villares un “crecimiento profesional” y “una oportunidad” al “abordar nuevas materias que también son competencia” de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La resolución concluye con un agradecimiento al “apoyo y comprensión de todos/as”.

Las tres sentencias conocidas hasta el momento en las que el Supremo anuló resoluciones previas del TSXG porque Villares participó en ellas junto con otros jueces no dicen que aquellas fuesen incorrectas o parciales. El Supremo dijo que esas resoluciones no tenían “signos manifiestos que permitan levantar, por sí solos, sospechas sobre la ausencia de parcialidad”, pero aun así consideró que se había vulnerado el derecho de la empresa recurrente a un juez imparcial. En aquellos procesos la Xunta incluso defendió al magistrado diciendo que el supuesto “vicio de parcialidad” que le atribuían no se había producido porque “la sentencia es correcta en derecho en cuanto al fondo”.

Por otra parte, el Supremo ya ha avalado resoluciones del TSXG en las que participó Villares, en particular sobre el sector eólico. Y, al mismo tiempo, el PP incluso criticó a Villares por la anulación en firme por parte del Supremo de un parque eólico en cuyo proceso judicial no participó ese juez.

Ante los ataques del PP al TSXG por sus resoluciones sobre el sector eólico, participe o no Villares en ellas, el propio tribunal y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia se pronunciaron públicamente en defensa de la “independencia judicial”, subrayando que “su respeto por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones” y “sin perjuicio de que quien esté disconforme con las resoluciones judiciales utilice los medios que le garantiza la legislación procesal”.

Los traslados forzosos decididos por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, especialmente el de Villares, causan “preocupación” en la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. El colectivo que agrupa el sector progresista de la judicatura, del que el magistrado ahora trasladado fue coordinador en Galicia, considera que la decisión “puede afectar a las garantías de inamovilidad e independencia judicial”.

Destaca la sección territorial gallega de XpD que este “desmantelamiento” de la Sección Tercera de la Sala, “no previsto en el programa de gobierno sometido a examen del Consejo General del Poder Judicial” con el que María Azucena Recio llegó al cargo, “supone de facto deshacer la composición de un órgano judicial que venía resolviendo asuntos de materias concretas”, ya que “afecta a la mitad de las personas que la componen”. Se trata, añaden, de un movimiento “inusual” tanto por su “envergadura” como por las “formas con las que se realiza”.

“El procedimiento habitual de cambio de magistrados entre secciones es el concurso interno voluntario cuando existen vacantes”, detallan, y “cuando la Presidencia propone una reorganización, lo normal es la consulta previa” con los afectados y aplicar los cambios “de modo individual” para no “perturbar” el trabajo. Pero en este caso los movimientos, entre los trasladados y los que llegan, “afectan a cuatro magistrados” de dos de las cuatro secciones de la Sala y “fue adoptado sin audiencia previa ni consultas informales” con los implicados.

En junio de 1996 el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Pontevedra publicó una nueva normativa urbanística del Ayuntamiento de Oia, una localidad sur de las Rías Baixas, que, entre otras cuestiones, pretendía facilitar un balneario de agua de mar en pleno cabo Silleiro, un emplazamiento de alto valor paisajístico. Pero alguien se olvidó de publicar la ordenanza concreta, la número 13, que regularía esa construcción, así que nunca entró en vigor. Eso no impidió al gobierno local del PP otorgar en 2000 la licencia al amparo de esa ordenanza fantasma de 1996. Y cuando la justicia estableció en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, que había sido ilegal, el edificio ya llevaba seis años funcionando.

Treinta años después, aquella ordenanza fantasma es ahora una amenaza real de quiebra para el Ayuntamiento de Oia. Porque si el derribo se concreta, como vuelve a insistir la justicia, los propietarios podrían exigir una indemnización millonaria a las arcas municipales.

La sentencia que en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, declaró ilegales las licencias del Ayuntamiento de Oia para construir el hotel y centro de talasoterapia de cabo Silleiro refleja así lo sucedido: “La Ordenanza nº 13, de equipamiento hotelero-balneario, de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Oia de 1996 no aparece en el texto que fue publicado en el BOP de Pontevedra de 18/6/96 y por lo tanto nunca entró en vigor”. Y concluía que “al no entrar en vigor dicha ordenanza ninguna licencia podía ser concedida a su amparo”.

Pero iba más allá e incluso decía que lo construido tampoco respetaría lo establecido en la ordenanza fantasma “en lo referente a altura y número de plantas de los edificios”.

Lo finalmente construido fueron varias plantas de altura, en teoría cinco sobre la rasante del terreno. Pero sobre un terreno en fuerte pendiente que hace que desde la carretera de acceso se puedan contar hasta ocho alturas distintas en el complejo. Todo ello a apenas cien metros del mar y a 500 metros del emblemático faro de cabo Silleiro, en un lugar de especial tranquilidad pero a tan solo 5 kilómetros de la muy turística Baiona.

Inaugurado en 2003, durante este tiempo el talaso de Oia, pese a su ilegalidad, recibió diversas ayudas públicas de la Xunta y del Estado e incluso albergó una conferencia internacional de ministros de Pesca en el marco de la World Fishing Exhibition celebrada en Vigo a los pocos meses de su apertura. Al tiempo, diversas administraciones le abrieron varios expedientes no solo por la ilegalidad de la construcción o por obras posteriores, sino también por vertidos al mismo mar del que obtiene el agua para el funcionamiento de sus piscinas de talasoterapia.

Con la sentencia firme de 2009 que estableció la ilegalidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento se instó el derribo del edificio, que también fue sentenciado por la justicia en 2012. Pero eso supondría que los propietarios del hotel podrían pedir una indemnización municipal, ya que ellos construyeron con una licencia en la mano que daban por válida. Con una población de apenas 3.000 habitantes y unos presupuestos municipales que apenas superan los 2 millones de euros, indemnizar el derribo de semejante complejo llevaría a las arcas municipales a la quiebra.

Para evitar la indemnización el Ayuntamiento lleva década y media intentando legalizar lo ilegal, de momento sin éxito. La justicia fue aplazando la ejecución del derribo ante la promesa de tramitación de un plan urbanístico específico para legalizar el hotel reduciendo su altura y reestructurando sus volúmenes para así adaptarlo supuestamente a lo que permite la legislación urbanística en ese entorno. Pero ese plan municipal sigue sin ser aprobado porque la Xunta no acaba de ver que la topografía del terreno vaya a quedar como estaba.

También consideró que el uso de talasoterapia está permitido en el tipo de suelo del litoral en el que se levanta el complejo, a apenas cien metros del mar, pero no así “los usos residenciales o terciarios asociados a estas instalaciones”. Esto es, el hotel.

A falta de un plan urbanístico que legalice el complejo, el juzgado de Pontevedra, que conoce del caso desde hace dos décadas, se cansó de esperar y acaba de emitir un nuevo auto en el que da al Ayuntamiento diez días para iniciar el proceso de derribo instando al propietario a que lo acometa. La amenaza surgida de la ordenanza fantasma de 1996 está más cerca de hacerse real.

La guerra de Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha provocado fuertes caídas en las bolsas e importantes incrementos en los precios del petróleo y del gas, incrementando casi de inmediato lo que los consumidores finales deben pagar por los combustibles de automoción, como la gasolina 95 o el gasóleo A, con subidas que esta semana ya superan el 17% en la gasolina y el 30% en el gasóleo.

Sin embargo, aún mayor es la subida que en los últimos 18 días experimentó el precio del gasóleo B, conocido popularmente como gasóleo agrícola, pues es el más empleado en la maquinaria del campo. Mientras que el 28 de febrero el litro se adquiría a un precio medio de 1,2 euros en Galicia, en la actualidad esa cifra ya se acerca a los 1,6 euros, un ascenso del 32%. El precio medio en Galicia se sitúa seis céntimos por litro por encima de la media española.

El precio del gasóleo B se sitúa ya cerca del máximo alcanzado en las semanas posteriores al inicio de la guerra de Ucrania (1,66 euros por litro) y el ritmo de encarecimiento es muy similar al que se produjo en ese momento.

Productores agrícolas y ganaderos, al igual que los sindicatos del sector, vienen alertando de estas subidas y exigiendo a las distintas administraciones medidas que ayuden a paliar este encarecimiento, que se suma a las subidas que en los últimos años vienen experimentando otros costes de producción, como los piensos, reduciendo así su margen de beneficios. Además, advierten de otro efecto derivado de la guerra en Irán que también puede tener graves consecuencias para el sector en los próximos meses: el encarecimiento de los fertilizantes. Cerca del 30% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados pasa cada año por el estrecho de Ormuz.

Uno de los sindicatos que viene denunciando esta situación es el Sindicato Labrego Galego, que alerta del componente “especulativo” que se añade a la subida de los precios del petróleo. Las personas agricultoras que llaman para encargar el gasóleo agrícola se encuentran “con enormes diferencias” y precios que cambian “de hora en hora o de lugar en lugar”, señalaba el sindicato hace unos días.

El SLG denuncia que “las subidas realizadas hasta este momento responden a una anticipación especulativa por parte de los distribuidores, realizando esas subidas sobre stocks comprados a bajo precio que ya tienen en los almacenes”.

En paralelo, denuncia el SLG, los productores gallegos ya están sufriendo un descenso en la nueva renovación de contratos en el precio al que les compran la leche. “En vísperas de renovaciones de contratos de la leche, pedimos que en los nuevos contratos que se renueven se tenga en cuenta esta crisis del gasóleo y lo que supone y va a suponer la subida de los costes en las granjas gallegas”, dice el sindicato.

Sobre la subida de los fertilizantes, el SLG denuncia igualmente que una parte del encarecimiento no tiene justificación. “Las importaciones de fertilizantes nitrogenados proceden esencialmente de Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia y ninguno de esos orígenes depende del estrecho de Ormuz”, explica el sindicato. “Estamos hablando de una amenaza para las personas agricultoras y ganaderas”, dice el SLG, que, al final, advierte, estas subidas también van a repercutir en el coste final de la alimentación para las personas consumidoras.

El SLG reclama la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Gobierno del Estado y de los gobiernos autonómicos, entre ellos la Xunta, “en un momento de crisis excepcional como esta”. “Hay fondos financieros y capital especulativo comprando contratos de futuros para obtener ganancias millonarias”, denuncia el sindicato, que recuerda que “los carburantes y fertilizantes que se están distribuyendo en este momento llegaron al Estado español con contratos previos a la guerra de Irán”.

Este martes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, demandó al Gobierno de la Xunta ayudas directas al sector agroganadero para afrontar el aumento de los costes de combustibles, fertilizantes y alimentación animal. Lo hizo desde Mazaricos, en una visita a una de las granjas afectadas por la crisis inflacionista consecuencia de la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.

Pontón reclamó a Alfonso Rueda que deje de “arrastrar los pies” y comience a tomar medidas para hacer frente a la escalada de precios que sufre un “sector estratégico” para la economía de muchas comarcas. Galicia cuenta con un “enorme potencial” para producir alimentos y, sin embargo, tiene “un gobierno que no está a la altura y no está apoyando como debería al sector”, denunció la líder del BNG.

Desde la Granxa Pazos de Mazaricos, Pontón abogó también por la “estricta aplicación de la ley de cadena alimentaria” para garantizar un precio justo para que los productores “no tengan que producir a pérdidas” y apostó igualmente por que no entre en vigor “un acuerdo con Mercosur que va a afectar a una parte del sector gallego”.

También la portavoz de Industrias Alimentarias del BNG en el Parlamento, Ariadna Fernández, acusa a la Xunta de tener el sector ganadero “abandonado frente a la bajada que se prevé en el precio de la leche y el aumento de costes por la guerra”. Un escenario que, advierte, anticipa una bajada “drástica” en el margen de beneficios que hará que cierren aún más explotaciones ganaderas. “Pese al escenario que se avecina, la Consellería do Medio Rural sigue en posición de espectadora y no actúa con responsabilidad para defender al sector”, critica.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su disposición a seguir yendo "de la mano" con el Gobierno central para recurrir contra la indemnización a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos que les ocasionó el Pazo de Meirás.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha considerado que sería "positivo" este recurso desde el punto de vista político y solo queda que los expertos jurídicos de cada uno de los dos Gobiernos, el central y el autonómico, estudien los argumentos jurídicos.

Tras confirmar la semana pasada el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del pazo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó que el Ejecutivo central "dará la batalla" contra la indemnización que el mismo tribunal reconoce para los herederos del dictador por los gastos realizados en el inmueble.

Una vez obtenida esta sentencia de devolución, por la que hay que "felicitarse", ha dicho Rueda, ahora "si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable", ha constatado.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia provincial, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Rueda ha destacado que para conseguir la titularidad pública del Pazo de Meirás, la Xunta y el Gobierno central fueron "de la mano" lo que demuestra que cuando hay voluntad de colaboración "se salda con éxito", así que este "es el camino" a seguir.

Ha recordado que la Abogacía del Estado utilizó documentación aportada por la Xunta y "salió bien" y ahora si el Gobierno se está planteando recurrir la indemnización y considera que "hay argumentos" el Ejecutivo autonómico tiene la intención de "seguir de la mano también".

Sobre el informe aportado por la Xunta y si fue un elemento clave para decidir la indemnización, en contra del voto particular del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) —donde se sitúa el pazo— Rueda se ha limitado a argumentar que el Gobierno autonómico hizo la colaboración que se le solicitó y el documento "fue aprobado por el Parlamento gallego" y sus argumentaciones sirvieron para la "sentencia favorable" a la devolución.

Por eso, ha apuntado que "otras consideraciones" que fuera tenidas en cuenta por el tribunal quedan a la interpretación del mismo y a otras valoraciones jurídicas. 

Organizaciones memorialistas, formaciones políticas y administraciones celebraron este jueves la sentencia del Supremo que confirma la propiedad pública del Pazo de Meirás y pone fin a una lucha de años por la recuperación del inmueble.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña destacó la “victoria del memorialismo gallego y de la memoria histórica antifranquista”, así como de la “movilización social y ciudadana”.

“El dictamen del Supremo confirma la propiedad pública del Pazo y también las prácticas fraudulentas, ilícitas y coercitivas y de expulsión sobre la vecindad de Meirás que perpetraron el dictador Franco y los aparatos del Estado”, dice la entidad, que reprocha, no obstante, que los herederos del general fascista tengan que ser indemnizados por un “error procesal de la Abogacía del Estado” en la demanda, tal y como “ya se había advertido”. “Hay que acatarlo, guste o no”, dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La CRMH insta a las administraciones a que en el trámite de ejecución de sentencia referido a la cuantificación de la liquidación posesoria “se opongan y combatan las pretensiones de los Franco”.

Para la entidad, con el dictamen del Supremo el Estado “ya no va a tener excusa ni motivo que impida proceder a la ejecución de las obras necesarias para poner la integridad del Pazo al uso y servicio público, incluyendo todas las dependencias”. “Es preciso con urgencia resignificar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria”, dice la CRMH, que reclama también la “cesión” de las Torres a la Xunta de Galicia, aunque la futura gestión recaiga en el Gobierno gallego, junto con el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Sada.

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que con la sentencia del Supremo la ciudadanía gallega “ganó una batalla muy importante” y confirmó que el Pazo “no era propiedad de la familia Franco, sino que es propiedad de los gallegos y de las gallegas”.

Pontón defendió la transferencia del Pazo a Galicia para su apertura al conjunto de la ciudadanía y para su “conversión en un espacio de memoria con el objetivo de no olvidar lo que pasó en este país”. “Creo que es la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en el conjunto del Estado español y como gallega me siento tremendamente orgullosa”, dijo, tras aclarar que ni comparte ni entiende que la familia del dictador tenga que ser indemnizada.

Desde el PSdeG, su secretario general, José Ramón Besteiro, recuerda que “tuvo que llegar un gobierno socialista para que la recuperación del Pazo fuese posible”. El líder socialista asegura que la sentencia del Supremo “es para celebrar por parte de todas las personas e instituciones que lucharon durante años para que se hiciera justicia y, sobre todo, por parte de las víctimas de la represión”.

También el Ayuntamiento de Sada celebró que el Pazo de Meirás “es del pueblo” y pide que se proceda al “cambio de titularidad registral —que a día de hoy todavía figura a nombre de la familia Franco— para que el Estado pueda ejecutar las actuaciones necesarias que permitan la apertura completa del inmueble y su plena puesta al servicio de la ciudadanía”.

Además, la Diputación de A Coruña, a través de su presidente, Valentín González Formoso, valoró que el inmueble regrese “a las manos de las que no debería haber salido, las del pueblo gallego”, y mostró su satisfacción porque el Tribunal Supremo coincida con los informes jurídicos e históricos de la institución provincial, “que avalaron desde el primer minuto que el edificio era patrimonio público y no privado”.

También el Gobierno central celebró una “magnífica noticia”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aplaudió la sentencia del Supremo por “instar” a los herederos del dictador a “devolver el Pazo a lo público”.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra esa sentencia, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

El Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, fue residencia de verano de Franco durante toda la dictadura, tras un proceso que simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la guerra civil.

A partir de la muerte del dictador, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

La sentencia, fechada el 11 de marzo y adoptada por unanimidad, hace hincapié en que, durante la dictadura, resultaba complicado distinguir entre los bienes personales de Franco y del Estado, al tratarse de una "autocracia personalista".

Realiza un relato extenso de lo ocurrido desde el inicio de la guerra civil y la adquisición del inmueble a la viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, Manuela Esteban Collantes, por parte de una junta de notables de la zona, para después regalárselo a Franco y posteriormente simular la venta directa desde la propietaria al dictador -este acto es nulo, pues realmente ya lo había vendido-, así como la falta de entrega del dinero fijado en la escritura.

El Supremo da la razón a los fallos previos al anular todo aquel proceso de regalo y venta, así como a descartar la posible propiedad de los Franco por usucapión o prescripción adquisitiva, pues considera que el pazo nunca dejó de ser un bien de dominio público y, sobre los plazos, defiende que como mínimo hasta la década de 1990 no poseyeron la finca como dueños, por lo que no transcurrió el plazo legal de treinta años.

De forma paralela, en otro proceso judicial el Estado logró la propiedad de 559 elementos que siguen en el edificio, pues la demanda sobre la propiedad del inmueble no incluía su contenido.

Las administraciones públicas recurrieron el hecho de que la Audiencia Provincial de A Coruña determinó en 2021 que los Franco debían ser indemnizados por los gastos que tuvieron en la propiedad, al considerarlos poseedores de "buena fe". Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que en la demanda original no se discutía esta cuestión y no es posible añadirla en un momento procesal posterior.

"La demanda no contenía pretensión alguna sobre la liquidación del estado posesorio", resume el fallo, sobre el escrito presentado en su momento para abordar el proceso. Entiende que las administraciones "alteraron sustancialmente la demanda" al añadir ahora que los herederos de Franco deben ser considerados poseedores de "mala fe".

Menciona también el hecho de que las primeras propietarias del Pazo de Meirás, tras la muerte de Franco, fueron su viuda, Carmen Polo, y luego la hija de ambos, Carmen Franco, ambas ya fallecidas. "La buena o mala fe debe ser la de ellos, y no la de la viuda e hija de Franco, cuya posesión no fue discutida, ni por tanto, hubo de ser liquidada", continúa.

El Tribunal Supremo concluye, por tanto, que debe abordarse esta liquidación del estado posesorio y los Martínez-Bordiú Franco deben ser indemnizados.

El PPdeG ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) que reclamaba la oposición, a la que ha instado a llevar al juzgado sus "mentiras" y "difamaciones" sobre la tramitación de este expediente, cuyo archivo ya anunció la Xunta, según recoge EFE.

Los votos del PPdeG han hecho que no saliera adelante este martes, en el pleno del Parlamento, la iniciativa presentada por el BNG, y apoyada por el PSdeG, para "conocer toda la verdad" sobre las "irregularidades" que creen que hay tras este proyecto de macrocelulosa y han pedido que se "desclasifiquen los papeles" del acuerdo firmado por la Xunta con la multinacional portuguesa.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha instado a la oposición a continuar en el juzgado con esta petición planteada por el BNG ante el Tribunal Superior de Galicia (TSXG), que la ha admitido a trámite, porque si la justicia dice que se puede hacer pública esta documentación que es confidencial, según la Xunta, quedaría acreditado "todo lo que lleva mentido" la oposición.

Pazos ha reprochado que acusan a la Xunta de "graves ilegalidades" y solicitan una comisión de investigación para "prolongar su campaña de difamaciones" en el Parlamento, pero no son capaces de "trasladarlas" al juzgado lo que evidencia su "enorme cobardía".

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, está claro que el proyecto de Altri es un ejemplo de que la Xunta es "capaz de cometer todo tipo de irregularidades para favorecer intereses privados" y "tiene miedo de que se conozca la verdad" sobre esta "traición" que el pueblo gallego "no olvidará", ha advertido al PP.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha llegado a hablar de "posible tráfico de influencias" en la tramitación del proyecto de Altri y ha asegurado que si la Xunta sigue negando información, también su partido valora "acudir a los tribunales" para conocer toda la documentación al respecto.

Aparte de pedir conocer el memorandum de entendimiento entre la sociedad público-privada Impulsa -con un 40% de participación de la Xunta- y Altri firmado en octubre de 2021, la oposición ha reiterado sus sospechas sobre la "rebaja de protección" de una zona en la Serra do Careón cercana a donde se iba a instalar el proyecto, sobre lo que ya hay una sentencia del TSXG tras una denuncia presentada por Adega.

El pleno municipal de A Coruña ha aprobado este jueves continuar con el proceso iniciado para buscar la recuperación de la Casa Cornide para el patrimonio público, en la actualidad en manos de los herederos de Franco, según informa EFE. 

La Casa Cornide es un palacete situado en el centro de A Coruña y del siglo XVIII, ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también del dictador Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña. 

En 2024, el Ayuntamiento de A Coruña inició un procedimiento de revisión de oficio de aquel proceso, que en su momento tenía un plazo de seis meses, que ya han pasado, por lo que los Franco han solicitado su caducidad. 

El pleno, por unanimidad del PSdeG, el PPdeG y el BNG, ha aprobado la "declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio" y continuar por tanto con el citado procedimiento de revisión al considerarlo de interés general. Asimismo, los Franco también han llevado la cuestión a la vía judicial, ante lo que el pleno también ha aprobado de forma unánime la personación del Ayuntamiento de A Coruña para evitar la caducidad del proceso y el archivo del expediente. 

En este proceso está también implicado el Gobierno a través de los Ministerios de Educación y Hacienda, al haber pasado el edificio por su patrimonio. De forma paralela a este proceso de recuperación, anunciado desde hace años, la Xunta ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el inmueble, aunque ha excluido los bienes contenidos en su interior y los Franco la vaciaron antes de abrirla. 

Como BIC, la obligación es permitir visitas gratuitas al menos cuatro días al mes, un régimen que se cumple desde el pasado mes de agosto y tras una sanción de 3.000 euros por no haberlas permitido durante dos años. 

Al mismo tiempo, está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), con una decisión ya tomada, pero que todavía no se ha hecho pública y que, por ahora, mantiene el inmueble y la mayor parte de sus bienes en manos del Estado.

Ana Pontón (Sarria, 1977) acaba de cumplir diez años como portavoz nacional del BNG. Asumió el liderazgo en el momento más crítico de la historia de la formación y, una década después, encabeza la oposición al frente de un grupo parlamentario cuatro veces más amplio que el logrado en las primeras elecciones en las que fue cabeza de cartel del Bloque, en aquel mismo 2016. En un momento de avance global de las derechas, al frente de un BNG que “no tiene techo”, Pontón dice estar convencida de que hacen falta “políticas valientes” y de que, en el caso gallego, existe ya una “nueva mayoría que quiere políticas alternativas” a las de un PP al que, sostiene, solo le resta hacer “propaganda para ver si convence de que va a hacer lo que no hizo en 20 años”. Conversamos con ella sobre estos años, la situación política del país y del Estado y asuntos clave como la vivienda, la transición ecológica o la industria tras el fracaso de Altri.

Hace ahora diez años que asumía la portavocía nacional del BNG, en lo que posiblemente fue el momento más crítico de la organización, cuando ya se esbozaban escenarios en los que incluso parecía posible que se convirtiesen en fuerza extraparlamentaria y en un momento además de crisis en muchos niveles. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza al recordar aquella Asamblea Nacional y aquel momento político?

La descripción que hace en la pregunta refleja lo que pasaba en aquel momento. Estábamos en un momento de crisis económica y también del sistema de partidos. Y todo esto afectó al BNG; seguramente estábamos en el momento más difícil de toda nuestra historia. Recuerdo que yo tenía absoluta confianza en que el Bloque era un proyecto necesario para este país y que si éramos capaces de analizar en qué estábamos fallando y resintonizábamos con la sociedad gallega teníamos un gran porvenir, porque el nacionalismo es necesario para Galicia y Galicia necesita una fuerza como el BNG; siempre digo que es un proyecto que si no existiese habría que inventarlo, porque este país necesita a alguien que lo defienda, que confíe en sus potencialidades y sea capaz de romper con el guion de discriminación, de dependencia y de agravio que significa el centralismo. En aquel momento era consciente de la responsabilidad que teníamos, pero tenía absoluta confianza en que si éramos capaces de acertar con el discurso, el BNG tenía un gran futuro. Y, afortunadamente, estos diez años demuestran que era cierto.

En aquella altura yo escuchaba muchas voces fuera, también algunas dentro, que pensaban que un proyecto como el BNG ya no tenía cabida, pero yo pensaba en todos esos hombres y mujeres que durante tanto tiempo trabajaron para levantar un proyecto que nace del pueblo, que no está sustentado en ningún grupo económico ni mediático y decía que la fuerza de nuestro amor no puede ser inútil. Y hoy estamos en el mejor momento de la historia del BNG. Tuvimos unas elecciones gallegas hace dos años en las que uno de cada tres que fueron a votar cogieron nuestra papeleta y lo hicieron con ilusión y convicción. Y estoy convencida de que ese cambio que empezó a abrirse ahí, esa grieta que abrimos al Partido Popular, va a verificarse en las próximas elecciones y podremos tener un gobierno dirigido por el BNG.

Tres elecciones después de aquella asamblea ese crecimiento se tradujo en cuadriplicar la representación respecto a las elecciones de 2016. En esas elecciones de hace dos años a las que se refería el objetivo del BNG fue muy claro, gobernar y liderar el Gobierno. ¿Qué diría que falta? Porque el crecimiento fue obvio, pero también lo fue que la disminución del Partido Popular fue mucho menor que el crecimiento del BNG...

Los cambios transformadores como los que significa el BNG a veces tardan más de lo que quisiéramos, pero estamos ahí impulsando. Y esta legislatura está demostrando que hay una pulsión social de cambio: lo que acabamos de ver con Altri no es un hecho cualquiera. Es la evidencia de que en la sociedad gallega hay una nueva mayoría que quiere políticas alternativas a las del Partido Popular; porque Altri no era un proyecto más, Altri era el gran proyecto, primero de Feijóo y luego de Rueda, de modelo de desarrollo económico del país, que consiste básicamente en volver a un franquismo industrial de las macrocelulosas de Ence y ahora, una macrocelulosa diez veces mayor. Pero el resultado es que el pueblo mandó y venció frente a la soberbia y la prepotencia de un PP que estaba haciendo de comercial de Altri. Esto es un síntoma, igual que muchas otras luchas que estamos viendo en este momento y que el BNG también está acompañando en la defensa de la sanidad pública, de la enseñanza, del derecho a vivir aquí, de la reclamación de políticas de vivienda, de que no podemos seguir con un modelo de expolio de nuestro territorio, de defensa de la lengua... Están evidenciando un país que se está abriendo y que hay un cambio que es imparable.

Viendo los números de la evolución electoral, todo apunta a que el BNG consiguió captar electorado que en otros momentos apoyó otras fuerzas de la izquierda como el Partido Socialista o las antiguas mareas. El crecimiento, ese salto adelante que les falta, ¿tendría que llegar por electorado que en algún momento estuvo próximo o cogió la papeleta del PP?

Siempre digo que los votos no son de las fuerzas políticas, que son de las personas y que en cada momento deciden a quién quieren apoyar. Si analizamos lo que pasó en las últimas elecciones vemos cómo el BNG crece mucho más de los votos que pierde el Partido Socialista; creo que estamos conectando con muchos sectores de la sociedad que quieren una alternativa propia para Galicia. Por lo tanto, quizá tengamos que romper ese marco que funcionó más en otras etapas políticas, porque la sociedad ha cambiado mucho y quizá el nivel de fidelidad que hay con las organizaciones políticas no tiene nada que ver con lo que podía haber en el siglo pasado, antes de esta crisis. Y también es un escenario que nos permite abrir grandes oportunidades. Nosotros nos dirigimos a todos los gallegos y gallegas que quieren más para este país. Que quieren que en Galicia nuestra lengua siga teniendo futuro, que quieren empleo digno, que quieren vivienda a precios que puedan asumir, que quieren que Galicia no sea una tierra de sacrificio, que quieren que nuestros recursos estén al servicio del país. Yo creo que ahí hay una nueva mayoría social que se está articulando en torno al BNG y si acertamos en nuestra línea de trabajo como estamos acertando en estos últimos años, el BNG lo que está demostrando es que no tiene techo. Quien tocó techo fue el Partido Popular. Yo siempre soy poco creyente de las encuestas en cuanto a la foto fija que nos quieren hacer, pero sí de las tendencias. Y lo que estamos viendo es cómo el Partido Popular está bajando y el BNG está subiendo. Esto lo que nos dice es que hay un descontento evidente con estos 20 años de gobierno del Partido Popular que nos están dejando una Galicia donde la gente vive peor, donde hay menos oportunidades, donde los salarios cada vez dan para menos o los servicios públicos están más deteriorados. Y frente a todo eso la única alternativa que hay es el BNG.

¿Cree, entonces, que de alguna manera Galicia puede quedar, no sé si al margen, pero sí tener una dinámica diferente en un momento global en el que esa —llamémosle— internacional reaccionaria está cobrando fuerza en muchas elecciones? A nivel del Estado, por ejemplo, ¿cree que hay margen para que las próximas generales no den lugar a una mayoría absoluta de PP y Vox que parece que, en algunos ámbitos, se da casi por descontada?

Primero, Galicia es un sitio distinto y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Porque lo cierto es que en Galicia la extrema derecha es irrelevante. Tiene cero diputados en el Parlamento gallego, cero concejales y concejalas, cero representantes en el Congreso. Creo que esto habla bien de Galicia, pero a lo mejor tenemos que hacer una reflexión un poco más profunda. Porque en muchas partes lo que estamos viendo es cómo gente que en algún momento no apoyó a la derecha ahora se está agarrando a la extrema derecha como a un clavo ardiendo ante una situación de crisis evidente que está provocando una brecha social importante. Tenemos que preguntarnos por qué muchas de esas personas dejaron de ver a las fuerzas progresistas como su alternativa. Y yo eso lo entiendo. Porque, claro, cuando uno ve lo que era el centro de la socialdemocracia defendiendo la agresión a Palestina, como puede ser la socialdemocracia alemana, el disparate es evidente. Cuando hay un gobierno que se dice el más progresista de la historia pero que no está siendo capaz de poner soluciones ante graves problemas que tiene la población de acceso a la vivienda, de pérdida de poder adquisitivo... Una también entiende que haya una decepción con personas que se presentaron a las elecciones con un programa que no están cumpliendo. O cuando vemos cómo en el Estado español con tantas necesidades sociales lo que se está haciendo es multiplicar el gasto militar. En Galicia, a diferencia del Estado, hay muchas personas que tienen una alternativa transformadora como es el BNG. Y quizá lo que deberíamos pensar no es qué va a pasar en las elecciones, sino qué tiene que hacer el Gobierno, porque tiene un margen muy importante de actuación para que todos esos sectores sociales que ahora pueden estar mirando a la extrema derecha como una alternativa desesperada, vean que hay otra opción. Porque no es que esas fuerzas estén fuera del gobierno; tienen instrumentos muy importantes y deberían avanzar en la agenda social. En el Estado hay un escenario que está muy abierto y ya vivimos otra legislatura donde todas las encuestas decían que iba a gobernar la derecha con la extrema derecha y eso no fue lo que pasó en las elecciones.

En este sentido, a nivel de Estado hay una cierta reestructuración en lo que se da en llamar la izquierda del Partido Socialista. ¿Cómo valoran o cómo observan en el BNG propuestas como la que lanza Gabriel Rufián sobre la necesidad de coordinar esfuerzos, de algún tipo de confluencia? No sé si incluso tuvieron algún ofrecimiento en ese sentido...

Gabriel Rufián es una persona que conozco, que aprecio y valoro. Es una persona a la que hay que escuchar y, evidentemente, desde el BNG compartimos la preocupación por el avance de la derecha o de la extrema derecha. Pero en Galicia la gente sabe que el BNG es una garantía de que nunca vaya a gobernar la derecha ni la extrema derecha. Y nosotros ya somos un frente amplio que aglutina una mayoría que nos permite precisamente algo tan importante como que en Galicia la extrema derecha ya sea irrelevante. Por lo tanto, creo que la izquierda estatal tiene que ser capaz de solucionar sus propios problemas, sus dilemas y su situación, pero en Galicia tenemos un panorama muy distinto. Es más, nuestra experiencia colectiva como país o con fuerzas políticas que transitaron su camino... El resultado fue el que fue. La mejor manera de garantizar derechos y de frenar a la derecha en Galicia es el BNG.

Estamos, en el caso gallego, en la mitad de una legislatura que comenzó marcada por una cuestión a la que antes se refería, el proyecto de Altri. Entiendo por sus palabras que cree que el anuncio de archivo por no entrar en los planes eléctricos del Estado es un punto final definitivo, que no va a haber una reactivación, que el gobierno de la Xunta o la empresa o ambos no van a encontrar un camino para retornar.

Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero lo evidente en este momento es que el pueblo gallego hizo que Altri se paralizase. Y es más, viendo la sentencia que conocimos esta semana respecto de que el Tribunal Superior de Xustiza le decía a la Xunta que no podía dejar de proteger los terrenos en los que iba Altri, quizá ese anuncio se hace deliberadamente antes de esta sentencia para tener una coartada que no sea la evidencia de cómo el Partido Popular estaba trabajando directamente para Altri y en contra de la legislación vigente. Este es un hecho gravísimo y el PP tiene que dar explicaciones de por qué un gobierno se salta la normativa y desprotege espacios protegidos única y exclusivamente para beneficiar a una empresa portuguesa que además viene a contaminar nuestro país. Estamos ante un punto muy grave donde el presidente de la Xunta tiene que comparecer en el Parlamento de Galicia, porque el nivel de ocultación que hay con Altri es brutal. Empezando ya por ese acuerdo secreto que está guardado bajo siete llaves en la Xunta de Galicia y que se nos oculta a los gallegos y a las gallegas. ¿Por qué no podemos conocer los documentos que firmó el Partido Popular con Altri? ¿Por qué no podemos conocer esa documentación oficial? ¿Qué le esconde el señor Rueda a los gallegos y a las gallegas? Creo que cada vez es más evidente que detrás de Altri había intereses económicos, no sé si alguna puerta giratoria que ahora se truncó y por eso estaba tan enfadado el señor Rueda en el último pleno. En todo caso, tenemos derecho a saber la verdad y desde el BNG no vamos a parar hasta que aparezca.

El BNG está intentando obtener ese pacto secreto a través de la Justicia, en el Tribunal Superior. ¿Confían en que esa vía pueda fructificar? Teniendo en cuenta que por la vía parlamentaria ya se toparon con algunas respuestas como que la Consellería de Industria dice que no conoce el contenido del acuerdo que firmó el anterior titular de la Consellería...

Es todo un disparate. Están tan llenos de soberbia y de absolutismo que creen que pueden pasar por encima de las leyes y del Parlamento. Es gravísimo además que la Consellería nos diga a la cara que miente. ¿Cómo puede decir que no conoce un documento que firmó un vicepresidente del Gobierno gallego y que lo firmó porque la Xunta tiene el 40% de esa sociedad? No era su negocio particular y privado; estaba ahí representando al Gobierno gallego. ¿Y cómo puede ser, además, que se atrevan a poner por escrito que no lo conocen y dos días después tengamos al presidente de la Xunta diciendo que él conoce el contenido de ese acuerdo? Y a la propia conselleira de Industria, en sus entrevistas, también reconociendo que sabe cuál es el contenido de ese acuerdo. Estamos ante un abuso claro de poder y ante un Gobierno que algo tiene que temer para ocultar esta documentación.

Usted reprochaba al presidente Rueda también en este último pleno que Altri fuese hasta ahora su única política industrial. ¿Por dónde debería ir esa política para el BNG, teniendo en cuenta que Altri como mínimo está arrumbada, fuera del carril?

El problema de Altri es que significa un modelo de expolio y destrucción de nuestro territorio que condena nuestro rural a ser una gran masa de eucalipto. En el rural tenemos una capacidad enorme, primero en todo el sector agroganadero, que además en la comarca de A Ulloa es un ejemplo de la capacidad de transformación con pequeñas y medianas empresas que no solo producen leche, que la están transformando. Y esta es una industria vital para nosotros, para asentar población y cuidar el territorio. Y después tenemos la otra pata, que es el modelo de política forestal que queremos. Y nosotros decimos que Galicia tiene que apostar por un nuevo modelo sostenible. Estamos en pleno cambio climático, acabamos de ver las consecuencias de los incendios y me parece un auténtico disparate y una irresponsabilidad querer extender la política del eucalipto a todo el país. Necesitamos apostar por producciones de madera de calidad, por una industria que transforme en segundas y terceras transformaciones esta madera, y si la Xunta en vez de apostarlo todo a la carta perdedora como era Altri apostase, como dijo el BNG en su momento, por proyectos que realmente transformasen nuestro sector forestal quizá hoy no estaríamos donde estamos. Yo también me pregunto quién va a asumir las responsabilidades por decidir apostar todo a la carta perdedora de Altri en vez de apoyar otros sectores económicos que en ese momento tenían proyectos muy interesantes sobre la mesa para recibir fondos Next Generation. El señor Rueda es el máximo responsable de esta situación y este es un fracaso industrial que lo único que nos demuestra es que no tienen una política industrial de futuro. Su única apuesta son las industrias del siglo XX cuando estamos en pleno siglo XXI y hace mucho tiempo que está superada la falsa dicotomía entre medio ambiente o industria. La industria o es sostenible o no tiene futuro y si no aprendemos esta lección es que no sabemos nada. Claro que hay alternativas; el problema es que el PP no tiene ni confianza ni ningún proyecto de futuro para Galicia.

Si hablamos de medio ambiente y de industria hablamos de transición energética. La ausencia de plan eólico desde la cancelación del del Gobierno de PSdeG y BNG, por un lado, y también las paralizaciones cautelares en la justicia de proyectos eólicos, por otro, están condicionando el sector de las renovables. El BNG viene reiterando que está a favor de esa transición y del desarrollo eólico pero no del modo en que se está haciendo. ¿Por dónde debería ir? Porque lo cierto es que hace más de diecisiete años que la potencia es prácticamente la misma y el sector está estancado...

La responsabilidad de que el sector esté estancado es del PP, que paralizó un plan eólico perfectamente legal única y exclusivamente porque lo pidieron las grandes empresas eléctricas que mandan en el Estado español y que parece que también tienen una silla en el Consello de la Xunta. La situación actual también es responsabilidad del PP, porque el desarrollo eólico necesita planificación y seguridad jurídica, dos cuestiones que el PP no está haciendo porque quiso imponer la ley de la selva. El BNG defiende que el desarrollo energético, que no es solo eólico porque hay muchas más energías renovables que pueden entrar en el mix, tiene que hacerse primero teniendo en cuenta cuáles son las necesidades energéticas de Galicia y segundo, respetando a la gente de nuestro medio rural y del mar frente a los intereses del lobby eléctrico. Y esto tiene que revertir en nuestro país: tenemos que tener una tarifa eléctrica más barata para compensarnos por los costes sociales y ambientales de la producción de electricidad; la propuesta del BNG, que supone una rebaja de entre un 10% y un 15% de la factura de la luz, es mejor aliciente para que vengan empresas a Galicia que cualquier otra política. Y también tenemos que tener una empresa pública de energía como los países de nuestro entorno, que además permite que esos beneficios redunden en el conjunto de la sociedad y no en que cuatro se hagan ricos a costa de la electricidad de Galicia.

Se refería antes, cuando hablábamos del Estado, a la crisis de vivienda como uno de los elementos que está condicionando el panorama político. Es posiblemente el gran tema político, también en nuestro país. Después de 15 años de escasez los planes de la Xunta hablan de 4.000 viviendas en esta legislatura. Suponiendo que se materialicen, cubrirían alrededor del 20% de la demanda. ¿Cómo lo abordaría el BNG desde el Gobierno?

Hay que tener mucha fe para creer eso... Lo primero es que en política de vivienda estamos como estamos porque el Partido Popular lleva 17 años dinamitando la política social de vivienda. Si cogemos los históricos es la etapa en la que menos vivienda pública se puso a disposición a pesar de que se sabía que había un problema que ya viene de 2008. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Yo creo que propaganda. Es cierto que se está licitando alguna vivienda, pero las promesas de Rueda son un bluff, porque las políticas de vivienda del PP son un bluff propagandístico. ¿Qué habría que hacer? Dar soluciones para aquí y ahora. Todo el mundo sabe que esas viviendas que está anunciando Rueda no se van a construir en esta legislatura; si se construyen de aquí a 2030 ya me parece un poco más realista. En todo caso, la gente no puede esperar 4, 5, 6 años o 10 años para que haya solución a los problemas de la vivienda. ¿Qué haría falta en este momento? Primero, topar los precios del alquiler y en las zonas donde estamos viendo que hay incrementos desmesurados la Xunta podría. No lo hace porque no le da la gana. De hecho, acaba de boicotear esa declaración en el Ayuntamiento de Santiago y tengo muy claro que ese boicot es única y exclusivamente para hacerle oposición al gobierno de Goretti Sanmartín sin importar que eso suponga que la gente pueda pagar menos de alquiler. ¿Qué más podría hacer el Gobierno? Un programa de compra pública de vivienda ya construida para ponerla en alquiler; es mucho más rápido y ecológico y además hay recursos públicos para poder hacerlo. Y la tercera: que se limiten las viviendas de uso turístico con un tope de su número y lo primero, que se quiten todas las ilegales. La pregunta es por qué no lo quieren hacer.

Lo que hay es un cambio como mínimo de discurso por parte del Gobierno gallego después de años. ¿Detectan si el PP, de alguna manera, intentó —no sé si— arrebatarles o hacer suyas algunas de las que fueron banderas en su campaña en 2024? La vivienda fue una de ellas; pienso también en otras como pueden ser los traspasos de competencias. Ustedes hablan de “abrir grieta” en el PP; ¿detectan que el PP quiere hacer lo contrario y hacer ver que algunas políticas que ustedes reivindicaban también pueden ser del Partido Popular y por eso no hace falta un cambio?

El PP se está dando cuenta de que tiene un problema muy grave en Galicia porque sus políticas están haciendo que la gente viva peor. Y en estos dos últimos años vemos un ejercicio de propaganda terrible en esos ámbitos mientras la realidad sigue siendo la misma. Si la gente tiene más problemas de acceso a vivienda que hace dos años, en muchos casos es responsabilidad del PP; si tenemos un deterioro de la sanidad pública que es mayor porque los problemas cada vez son más grandes, el PP puede intentar echarle la culpa a Madrid, pero todo el mundo sabe que la responsabilidad de la gestión sanitaria está en la Xunta. Igual que sabemos que le recortó 1.600 millones de euros a la Atención Primaria y que por eso tenemos lista de espera para poder ir a nuestro médico de cabecera. El PP es consciente de que se está agotando su ciclo y está haciendo un ejercicio de propaganda para ver si convence a los gallegos y gallegas de que ahora va a hacer lo que no hizo en 20 años. Pero esto tampoco cuela, porque cuando no hay voluntad real para cambiar la situación, los problemas siguen creciendo.

Se refería ahora a la sanidad. Esta semana publicábamos en Praza.gal que el Sergas quiere impulsar que haya menos gente que rechace ir a operarse a la privada financiada con fondos públicos. ¿Cómo valora que materialicen en un documento oficial este objetivo?

Está bien que por lo menos no escondan que están trabajando para la sanidad privada, aunque su objetivo tendría que ser que cada vez la sanidad pública tenga mayor capacidad de resolución. Y pueden hacerlo contratando más personal, haciendo que nuestras instalaciones hospitalarias funcionen por la mañana, por la tarde y los fines de semana si es necesario. Lo único que se necesita es voluntad política y recursos, justo lo que no quiere destinar el PP.

Estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral. De momento tenemos una fecha, la de las municipales de mayo del año que viene. El BNG llega a esos comicios teniendo la alcaldía de Santiago, de la que ahora hablaba, también la de Pontevedra, gobierna Lugo y las diputaciones de Lugo y de A Coruña... ¿Con qué expectativas las afrontan? El PP está transmitiendo una sensación de que tienen unas expectativas muy altas tanto en los sitios en los que lleva mucho tiempo sin gobernar como puede ser Lugo, como también por ejemplo en el Ayuntamiento de Santiago, que parecen tener en el blanco de una manera especialmente significativa. ¿Se ven en condiciones de revalidar y ampliar o va a ser un ejercicio de resistencia de la izquierda?

Nosotros vamos a por todas y con el objetivo de mejorar la posición del BNG en todos los ámbitos, no solo manteniendo las alcaldías que tenemos sino también incrementándolas e incrementando la representación. En estas elecciones municipales vamos a dar un gran salto adelante en todo el país que va a acreditar que el BNG es la fuerza política que avanza, en la que cada vez confían más gallegos y gallegas. En los ayuntamientos tenemos un modelo de gobierno municipal en el que demostramos la capacidad de transformación y esto es lo que molesta al Partido Popular. Lo llevamos demostrando muchos años en muchos ayuntamientos pero decía usted sobre el caso de Santiago de Compostela: es paradigmático cómo vemos un PP volcado en trabajar en contra de Santiago única y exclusivamente por intereses partidistas. Es un escándalo que se nieguen a la declaración de zona tensionada, pero también cómo se está utilizando la Xunta como ariete contra un gobierno democráticamente elegido. Creo que les va a salir mal, porque Santiago está viendo que el PP es un partido que está trabajando en contra de la ciudad única y exclusivamente por sus intereses partidistas. Y además, en Santiago ya sabemos lo que significa un gobierno del PP: tres alcaldes en un mandato y un gobierno que única y exclusivamente trabajaba para defender intereses espurios. Frente a eso, Goretti Sanmartín está demostrando que tiene un proyecto de ciudad. Creo que lo que necesita es una mayoría sólida para poder llevar adelante las grandes transformaciones que se están iniciando en este mandato, porque aun en un contexto tan complejo se desbloquearon temas estratégicos para la ciudad.

Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones gallegas, ¿cree que puede ser el momento en el que avancen significativamente en las dos ciudades más pobladas? Fueron primera fuerza en Vigo y tuvieron un resultado muy significativo en A Coruña...

Vamos a avanzar en todas las ciudades, vamos a dar un nuevo gran salto adelante y el BNG va a ser la fuerza que más crezca en esas elecciones municipales.

Tras archivar el proyecto de Altri, el pasado lunes 23 de febrero el presidente de la Xunta aseguró conocer el contenido del pacto secreto firmado con la empresa en octubre de 2021 para su llegada a Galicia, que el Gobierno gallego se viene negando a revelar. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una petición oficial de transparencia a la Presidencia de la Xunta para acceder a la información que obre en poder de ese departamento. La respuesta dada por el gabinete de Rueda, firmada apenas dos horas después de recibir la solicitud formal y sin motivación alguna, fue desentenderse de ella y remitirla a la Consellería de Industria, que previamente ya había negado conocer ese documento ante la Comisión de la Transparencia de Galicia.

La Ley de Transparencia establece que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Sin embargo, la Xunta ha esquivado la aplicación de ese artículo en sucesivas peticiones de transparencia formuladas por Praza.gal con respecto al pacto con Altri.

En febrero del pasado año, cuando todo apuntaba a que el primer dictamen ambiental de la Xunta sobre el proyecto de Altri sería inminente —la declaración de impacto ambiental favorable para la factoría acabó siendo firmada el 5 de marzo—, Praza.gal solicitó a la Consellería de Economía e Industria acceder al acuerdo con la empresa. La consellería obvió la petición y solo contestó cuando intervino la Comisión de la Transparencia de Galicia, dependiente de la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo), tras un recurso de Praza.gal.

En su respuesta, la consellería inadmitió la petición de Praza.gal con el argumento de que el acuerdo no había sido firmado por la Xunta sino por una empresa privada, Impulsa Galicia, creada por la Xunta para apoyar proyectos como el de Altri pero en la que el capital público era del 48%. Al no llegar al 50%, la Xunta consideraba esa empresa privada y, por tanto, al margen de la Ley de Transparencia, pese a que el Consello de Contas insistió de manera reiterada y también sin éxito en que las características de Impulsa Galicia debían someterla a una mayor fiscalización pública.

Praza.gal recurrió esa inadmisión ante la Comisión de la Transparencia subrayando que el documento había sido firmado por el entonces titular de Economía, Francisco Conde, presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro. La respuesta que dio la Xunta a esa alegación fue que Conde no había firmado el acuerdo como conselleiro sino como parte de un "negocio jurídico privado".

Tras esa respuesta, Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia a Economía e Industria poniendo ahora el foco no en quién o cómo había firmado el documento, sino en que obraba "en poder" de la Xunta, como contempla la Ley de Transparencia, "en el ejercicio de sus funciones" de control de su propia participación en empresas. La respuesta de la Xunta, al límite del plazo legal, obvió el énfasis de la petición de Praza.gal en el hecho de que el documento estuviese en poder de la Administración en el ejercicio de sus funciones y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la petición previa, esto es, que había sido firmado por Impulsa Galicia, una empresa privada.

Praza.gal recurrió nuevamente esa respuesta ante la Comisión de la Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento sea público por estar "en poder" de la Administración. Pero la respuesta que dio Economía e Industria a la Comisión de la Transparencia, según reflejó esta, fue que la información solicitada era "desconocida" para la consellería y, por tanto, no podía facilitarla.

Tras esa alegación del pasado enero de que Economía e Industria "desconoce" el pacto firmado por quien en 2021 era conselleiro y como tal presidente de Impulsa Galicia, el pasado lunes 23 de febrero el presidente Rueda dijo que él sí conocía el acuerdo con Altri y que no contempla "ningún tipo de compensación" para la empresa. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una tercera petición formal de transparencia, pero esta vez ya no a la Consellería de Economía e Industria, que decía desconocer el documento, sino a la Presidencia de la Xunta.

En la petición se expusieron los antecedentes de las dos solicitudes de transparencia previas y se hizo hincapié en que se pide el pacto con Altri como documento conocido por el presidente. Un presidente de la Xunta que no tuvo ningún cargo en Impulsa Galicia y, por tanto, solo pudo conocer el documento como presidente de la Xunta, no como miembro de una empresa privada.

Pero la respuesta de Presidencia de la Xunta, firmada apenas dos horas después de que Praza.gal registrase su petición y sin incluir en ella ninguna motivación o argumentación de la decisión, fue remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria. Lo hace tergiversando y simplificando el texto de la petición de Praza.gal, obviando que la petición expresa es a la Presidencia de la Xunta y remitiéndola a un departamento que ya dijo que no conoce el documento solicitado. El gabinete de Rueda se desentiende así de la afirmación del presidente de que conoce el pacto con Altri y deja en manos de Economía e Industria explicar cómo pudo conocerlo si la consellería dice desconocerlo.

A través de los Acuerdos de Gestión (ADX), el Servicio Gallego de Salud formula cada año desde hace media década los objetivos anuales de las siete áreas sanitarias en diversas materias de organización interna y atención a la población. Se presentan como pactos firmados por las gerencias de cada área con los máximos responsables de Sanidad cuyo grado de cumplimiento, no obstante, la Consellería está evitando revelar a posteriori.

Varios de esos objetivos están ligados a las listas de espera para consultas, pruebas y operaciones. En lo que respecta a las cirugías, los ADX para 2026 dibujan un panorama en el que, en la mayoría de áreas sanitarias, la demora media se va a mantener o aumentar. Pero también un escenario en el que todas ellas asumen la obligación de reducir el número de pacientes que rechazan que la operación por la que esperan sea realizada en un hospital privado sufragado con dinero público —concertado— y no directamente en un centro del propio Sergas.

Esta derivación a la privada como vía para reducir demoras o cumplir objetivos de espera media lleva más de una década asentada en la legislación sanitaria gallega —desde la controvertida reforma del Gobierno de Feijóo en 2013—. Y los ADX fijan abiertamente para todas las áreas sanitarias desde 2025 el objetivo de "disminuir el porcentaje de pacientes en espera no estructural que rechazan un centro concertado".

Según la normativa estatal en materia de listas de espera y la gallega que la adapta al Sergas, los pacientes "en espera no estructural" son "aquellos que en un momento dado están pendientes de ser atendidos" pero "su espera no es atribuible a la organización de los recursos disponibles". Están clasificados en dos grandes grupos. El primero son enfermos "transitoriamente no programables" por "motivos clínicos" —una causa médica "desaconseja temporalmente" la operación— o por "voluntad del paciente" —por ejemplo, una razón laboral—.

El segundo grupo de personas en espera "no estructural" son las que aguardan "tras la negativa a la derivación a un centro concertado o a otro centro del Servicio Gallego de Salud", según explica el propio Sergas. Es este colectivo, concretamente el de pacientes que quieren atención en la pública y no en la privada, el que las áreas sanitarias se comprometen a reducir en un contexto en el que, sin embargo, no son públicos ni el número total de personas en lista "no estructural" ni su demora media.

En los ADX de 2025, los primeros con este indicador específico, las siete áreas sanitarias pusieron cifras al "porcentaje de pacientes en situación de espera no estructural" que aspiraban a tener en "situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" con "más de 365 días de espera". Los objetivos, como muestra la tabla que acompaña esta información, oscilaban entre igual o menos de un 2% en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y un máximo de un 30% en la de Lugo.

Para 2026, los ADX reformulan ligeramente el objetivo y la mayoría de las áreas sanitarias evitan las cifras, más allá de un compromiso genérico de reducir la cifra de enfermos que no quieren ir a operarse a la privada. El indicador es ahora el porcentaje de pacientes "en el registro de espera quirúrgica en situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" sobre "el total de pacientes en el registro de espera quirúrgica", sin el matiz de llevar más de un año esperando.

En este caso, solo las áreas de Santiago y Vigo firman un objetivo concreto: la compostelana, igual o menos de un 14%, y la viguesa, "reducir un 25% los cierres del anterior". En las cinco áreas restantes, lo pactado es que en 2026 haya, como máximo, el mismo porcentaje de pacientes que rechazan ir a la privada que en 2025.

Finalmente, Altri non. El proyecto de la compañía portuguesa Altri para, de la mano de la Xunta y de la gallega Greenalia, instalar en Palas de Rei una fábrica de celulosa y de fibras textiles a partir de este producto queda, a efectos prácticos, arrinconado definitivamente.

Casi media década después de ponerse en marcha y cuando ya ha transcurrido un año desde que el Gobierno gallego le otorgase su primer permiso ambiental, la propia Xunta confirma que se ha visto abocada a archivar el expediente. La clave para hacerlo, indica la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, es que la subestación que daría servicio a la factoría quedó fuera de la planificación de las redes eléctricas del Estado hasta 2030 y, por lo tanto, también la posibilidad de lograr posteriormente un permiso de conexión para una futura línea de alta tensión.

"Hemos iniciado ya el archivo de este expediente" y "acabamos de comunicar que el plazo que da la ley son tres meses para que justifique la conexión que presentó en el proyecto y, si no, se procederá inmediatamente al archivo formal del expediente de Altri", resumió Lorenzana este viernes en declaraciones a la prensa durante una visita a una empresa maderera en Lugo. "El archivo y la caducidad —resume— va vinculada a esa falta de conexión".

La conselleira evidencia que, tras la luz verde ambiental del año pasado, "la parte industrial estaba incompleta sin esa conexión" eléctrica y, "por lo tanto, estaba en manos de la empresa y del Ministerio para la Transición Ecológica el enchufe de la compañía". Altri tiene ahora ese trimestre para formular alegaciones en las que, "si no logra justificar la conexión", llegará "un archivo automático" que, según Lorenzana, va a ser lo que suceda.

En este contexto y preguntada por una eventual recuperación futura del proyecto, la conselleira de Industria se remite a la posición de la empresa al respecto, si bien matiza: "Estamos hablando de una planificación en la que hasta 2030 no va a haber una nueva". "Por lo tanto —añade— es largo de fiar".

La exclusión de la planificación eléctrica estatal no fue el único revés en los planes del denominado Proyecto Gama. Entre las condiciones que Altri había expuesto para realizar su inversión, que cifraba en unos 1.000 millones de euros, figuraba también la obtención de unos 250 millones en ayudas públicas. Entre ellas, fondos europeos de recuperación destinados a la descarbonización industrial, el PERTE de descarbonización: 30 millones de euros a los que optó sabiendo que incumplía los plazos, un motivo de exclusión al que se sumó el hecho de prever el uso de combustibles fósiles en la fábrica.

Esos portazos eléctricos y financieros fueron llegando mientras la compañía intentaba por varias vías frenar la amplia movilización social y política en su contra, clave en este proceso. Surgida en torno a la Plataforma Ulloa Viva, en las comarcas directamente afectadas, se extendió en estos años por Galicia de diversas maneras.

El grito de "Altri non" resonó de lo local a lo general. Desde pequeñas acciones divulgativas y de protesta hasta grandes manifestaciones, como la del pasado diciembre en Santiago; las celebradas también en Compostela en diciembre y junio de 2024; el histórico clamor en Palas aquel mismo año; o la simbólica marcha por tierra y mar, el año pasado en A Pobra do Caramiñal.

En una primera reacción "con toda la cautela", Ulloa Viva acoge el anuncio del archivo con "gran alegría". Llega, dicen, "tras el trabajo y la implicación de miles de vecinas y vecinos y de todo el pueblo gallego". "Si fuimos capaces de llegar a este punto fue gracias a la fuerza del trabajo colectivo, a la fuerza de todo un pueblo que quiere un futuro en su tierra", afirman.

También las dos fuerzas de la actual oposición parlamentaria, BNG y PSdeG, participantes activos en estas movilizaciones, celebran el archivo del proyecto. Por parte del Bloque, su portavoz nacional aplaude el fin del proyecto como "triunfo de la ciudadanía" y "derrota del PP". "Venció la dignidad", sostiene Ana Pontón, que en el próximo pleno del Parlamento preguntará a Rueda por el contenido del pacto secreto de la Xunta con la compañía portuguesa.

Desde el PSdeG, su secretario general celebra que el "triple no razonado" del Gobierno de España haya acabado frenando la "operación política" de Altri al quedarse la compañía sin ayudas europeas ni conexión eléctrica. En este contexto, José Ramón Gómez Besteiro considera que ahora hace falta aún más "transparencia inmediata" sobre el pacto secreto de la Xunta con la compañía para aclarar "si a los gallegos y gallegas les va a costar dinero esta apuesta fallida".

Los Acuerdos de Gestión (ADX) son una fórmula que el Servicio Gallego de Salud emplea desde hace media década para fijar objetivos anuales de organización interna y de atención a la población. El Gobierno gallego los materializa como pactos firmados entre la Gerencia del Sergas y los responsables de cada una de las siete áreas sanitarias, que rubrican metas concretas, muchas de ellas expresadas numéricamente, cuyo grado de cumplimiento la propia Consellería de Sanidad está evitando revelar a posteriori.

Entre los indicadores medibles para los que estos acuerdos de gestión fijan objetivos anuales se encuentran las listas de espera quirúrgica. En este 2026, en la mayoría de las áreas sanitarias el pronóstico es que los tiempos medios de demora para acceder a una operación apenas se reduzcan o incluso aumenten, según los ADX firmados a comienzos de febrero.

El objetivo más inmediato que fijan en este ámbito los ADX es la demora quirúrgica media en el mes de junio, es decir, la media de días que espera cada paciente desde su inclusión efectiva en la lista, la denominada lista “estructural”. Las cifras oscilan entre los 77 días que esperan tener de media en el área sanitaria de Santiago y los 54 de la de Lugo.

Como muestran los gráficos que acompañan esta información, el cumplimiento de los objetivos de los ADX implicaría que a mediados de este año únicamente el área de Santiago-Barbanza experimentase una reducción significativa de la espera media. Prevén que haya que esperar casi nueve días menos en comparación con junio de 2025, cuando había experimentado una subida muy notable, hasta superar los 85.

En el área de A Coruña-Cee la expectativa es reducir la demora media unos dos días y en las demás, apenas un día, con dos excepciones: Lugo y Ourense. Para el área ourensana lo pactado es una espera media de 61 días y medio en junio de 2026, es decir, exactamente el mismo dato publicado por el Sergas como real para junio de 2025. Y en el área lucense la gerencia contempla una demora media de 54 días: un año antes eran 53,9.

El segundo umbral para el que los ADX fijan objetivos concretos de espera quirúrgica es el final del año, diciembre de 2026. En este caso aún no es posible realizar una comparación con los datos reales del cierre de 2025, que el Sergas todavía no ha publicado, por lo que la referencia más próxima son las cifras del cierre de 2024.

Al realizar esa comparación, los objetivos de descenso de la demora quirúrgica solo se encuentran en tres áreas encabezadas por la de Ourense, donde prevén que la demora media sea de 62 días, una semana menos que al cierre de 2024, año marcado por sus malos datos. En la de A Coruña se proponen que a finales de 2026 haya que esperar de media cuatro días menos que al cierre de 2024 —74 días y medio frente a 78 y medio— y en la de Pontevedra una reducción de tres días, hasta los 59.

En las otras cuatro áreas el propio Sergas asume que la demora quirúrgica seguirá siendo más elevada cuando termine este año que a finales de 2024. El incremento más acusado sería el de Lugo, con siete días y medio más hasta llegar a los 55; en Vigo el objetivo es cerrar el ejercicio con una demora media de 70 días frente a los menos de 64 de finales de 2024. Mientras, tanto en Santiago como en Ferrol la previsión es que la espera media sea unos cinco días superior a la registrada al cierre de aquel año.

El Sergas traza estos objetivos por áreas en un contexto en el que el dato más reciente para el conjunto del sistema situaba en junio del año pasado la espera media quirúrgica en 69 días. El dato, ligeramente inferior al del cierre de 2024, siguió siendo mucho más elevado que el alcanzado justo antes de la pandemia de la COVID, cuando se había situado en algo menos de 55 días al finalizar 2019.

Pese a estas cifras, la propia Consellería de Sanidad señala la “reducción en los tiempos de acceso a cirugías” como una de las “prioridades más destacadas” de los Acuerdos de Gestión para 2026. Tras su firma, el conselleiro señaló los ADX como muestra de la “voluntad de la Xunta de ofrecer a la ciudadanía tiempos de acceso cada vez más cortos poniendo el acceso en las prioridades clínicas”.

Se trata, matizó Antonio Gómez Caamaño, de un objetivo con “dificultades”. Estos obstáculos, considera, se deben a razones ajenas a la gestión del Gobierno gallego. Cita como causas el “escenario marcado por la falta de profesionales” y “las huelgas contra el Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad”. El Ministerio, precisamente, acaba de lanzar su plan para “unificar” y “modernizar” la información de las listas de espera en todo el Estado apelando, entre otras razones, a una “creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas” al respecto.

Impulsa Galicia, la empresa creada por la Xunta a comienzos de 2021 para captar fondos europeos y promover proyectos industriales como la fábrica de Altri en Palas de Rei, ya es historia. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) acaba de publicar, el 29 de enero, el cese de su última responsable, la liquidadora encargada de cerrar la sociedad por encargo de sus socios: la Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama.

Impulsa Galicia desaparece así definitivamente sin que se conozca el pacto que firmó con Altri para su desembarco en Galicia, que la Xunta viene negándose a desvelar con diversos argumentos. El último, desvelado por Praza.gal hace unos días, que desconoce su contenido pese a haberlo firmado el entonces vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde. Un pacto que el BNG reclama ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acaba de admitir a trámite su petición, y que el PSdeG quiere investigar en el Parlamento.

La disolución de Impulsa Galicia —Sociedad para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Galicia SL, según su nombre oficial— fue anunciada por la propia empresa el pasado 7 de agosto al considerar que ya había logrado “cumplir su propósito fundacional”. Entre ellos citaba la creación de una segunda sociedad —Recursos de Galicia, para la participación directa en proyectos energéticos o mineros concretos—, un centro de datos en Curtis o la fábrica de Altri en Palas, de la que decía que “prácticamente concluyó su tramitación administrativa y se encuentra a la espera de la obtención de apoyo económico y conexión eléctrica por parte del Gobierno central”.

Sin embargo, finalmente la fábrica quedó sin conexión eléctrica y sigue a la espera de la autorización ambiental final de la Xunta sin concretar aún su financiación.

Tras esa decisión de cerrar Impulsa Galicia, adoptada por su junta general el 5 de agosto y anunciada el día 7, la fase de liquidación concluyó el 23 de diciembre en una nueva junta general extraordinaria, según reveló la pasada semana en el Parlamento el secretario general de la Consellería de Industria, Nicolás Vázquez. En esa nueva reunión se aprobó el proyecto de liquidación y se repartieron los activos de la empresa “en relación con el porcentaje de los socios”, según Vázquez, que no detalló cuánto de lo invertido recuperó cada uno.

Esa fase de liquidación la asumió María Posada Enríquez, secretaria de Xesgalicia, otra sociedad de la Xunta de capital riesgo para impulsar proyectos industriales. Y ahora, concluida esa liquidación, el BORME del 29 de enero publica el cese de Posada Enríquez como liquidadora de Impulsa Galicia.

Impulsa Galicia desaparece sin que se conozca el acuerdo que alcanzó el 1 de octubre de 2021 para la llegada de Altri a Galicia. Ese acuerdo fue firmado por el entonces vicepresidente y conselleiro de Economía, Francisco Conde, pero la Xunta esgrimió, para mantenerlo en secreto, que lo hizo no como cargo público sino como representante de Impulsa Galicia “en un negocio jurídico privado”. Pese a que Conde era presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro de Economía y ser la Xunta el principal accionista de la empresa, con el 48,2%, la Xunta también acaba de responder oficialmente que no posee el documento en el ejercicio de sus funciones de control de su propia participación en empresas. Incluso comunicó a la Comisión de la Transparencia de Galicia, ante un recurso de Praza.gal, que esa documentación “es desconocida para ella”.

Esa documentación tampoco pudo analizarla el Consello de Contas, que lleva varios años reclamando a la Xunta mayor transparencia sobre su participación en Impulsa Galicia y en su sucesora, Recursos de Galicia. Del mismo modo, tampoco tuvieron éxito las sucesivas reclamaciones en el Parlamento desde hace años de BNG y PSdeG.

Ahora el BNG acaba de recibir una primera respuesta positiva por parte de la justicia tras reclamar el acceso a la documentación ante el TSXG. El tribunal acaba de admitir a trámite el recurso presentado por los nacionalistas, pero su decisión definitiva aún puede tardar, como ocurrió hace unos años con una petición similar para conocer documentación sobre la fusión de las cajas.

Fue el diputado Antón Sánchez (AGE 2012-16 y En Marea/Común da Esquerda 2016-20) quien pidió desde 2013 en el Parlamento documentación sobre las gestiones de la Xunta para la fusión de las cajas y, ante la negativa reiterada del Gobierno gallego, recurrió a la justicia. Ya no era diputado cuando acabó obteniendo en 2020 la condena de la Xunta. El TSXG censuró el “escaso deber de diligencia” del Gobierno gallego y su vulneración del derecho de participación política del exdiputado. Esa documentación acabó revelando que la Xunta despachó en cinco páginas su aval a la fusión de las cajas.

También el PSdeG lleva años intentando acceder al pacto con Altri. Ahora, tras la revelación de Praza.gal de que la Xunta dice desconocer su contenido, los socialistas acaban de reclamar una investigación en el Parlamento y la comparecencia de Francisco Conde y del propio Alberto Núñez Feijóo.

Un déjà vu. El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, avanzó el pasado martes en el Parlamento la creación de dos grupos de trabajo para impulsar una reforma de la atención primaria que será presentada antes del verano. Es otra vuelta más de la Xunta en la búsqueda de un nuevo modelo para los centros de salud y los PAC (Puntos de Atención Continuada), después de que el presentado también por Caamaño a los sindicatos el pasado otoño fracasara ante el rechazo frontal del personal sanitario y varias convocatorias de huelga.

Un nuevo proyecto a la vista —salpicado de medidas aisladas también contestadas por el personal— mientras el Sergas negocia desde hace seis años, precisamente, un nuevo modelo para la atención primaria con cientos de profesionales. En 15 grupos de trabajo (en este caso llamados comisiones técnicas) y con el diagnóstico y las medidas a aplicar redactadas, pero sin hacerse públicas.

Tras la presentación de aquel plan para la primaria en octubre, sindicatos y otras entidades —con el apoyo a las protestas del sector sanitario en pleno— convocaron varias jornadas de huelga. Tras largas y urgentes negociaciones con el Sergas, que acabó por aceptar buena parte de las demandas, tan solo CIG-Saúde y O’Mega mantuvieron los paros. CCOO, CSIF, UGT o Simega celebraron unos compromisos en los que Sanidad basa ahora su enésimo intento de reforma de la atención primaria para “adaptarla a las necesidades actuales de la asistencia, teniendo en cuenta tanto a pacientes como a profesionales”.

Para hacerla “efectiva”, Caamaño anunció en el Parlamento la creación de dos grupos de trabajo: uno de recursos humanos “centrado en la ordenación del personal y en su régimen retributivo” y otro en el ámbito asistencial para “adaptar los tiempos y número de consultas de los médicos a las necesidades de una asistencia más humanizada y de calidad”.

Mientras estos dos nuevos grupos de trabajo se forman, el Consello Técnico de Atención Primaria (CTAP) —un órgano colegiado creado en 2019, presidido por el conselleiro y con representantes de sociedades científicas, colegios, sindicatos y asociaciones profesionales— sigue a la espera de que se convoque una nueva reunión tras la última celebrada el pasado mes de junio.

En esa próxima reunión, aún sin fecha pese a estar prevista en septiembre, debería darse el visto bueno al informe final con las conclusiones para un nuevo modelo de atención primaria, tras las aportaciones y alegaciones de psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, fisioterapeutas, odontólogos o personal administrativo. Un documento aprobado por unanimidad de las 23 entidades todavía presentes y también por Sanidad, que ni es público ni ha sido aprobado definitivamente.

Este documento, “para establecer los mapas de competencias de los diferentes estamentos profesionales de atención primaria”, según especifica la Consellería, fue presentado en el Consello de Dirección del Sergas y difundido entre los órganos de dirección de la Consellería de Sanidade y de las áreas sanitarias. Profesionales que participaron en su redacción y debate advierten de que incluye medidas “para implementar ya” junto a otras que precisarían de “recursos económicos”. Y recuerdan que la mayoría de puntos abordados coinciden con los que reclaman los sindicatos y organizaciones médicas que provocaron las últimas movilizaciones y huelgas.

Desde Sanidad, por su parte, aclaran que ese trabajo fruto de seis años de debates y análisis “se entiende como una primera aproximación y un documento abierto al que se pueden incorporar las nuevas aportaciones que se consideren oportunas”. Después de seis años de debates y propuestas.

Ana Lestón, secretaria nacional de CIG-Saúde, sindicato mayoritario en la sanidad en Galicia, asegura que es “difícil de entender” el modus operandi de la Consellería a la hora de abordar el cambio de la atención primaria; y aclara que en la última mesa sectorial Sanidad se limitó a indicar que los grupos de trabajo creados ahora se centrarían “en los términos acordados con los sindicatos que desconvocaron la huelga” hace ya algunas semanas.

“La situación es de incertidumbre total”, añade Lestón, que preguntada sobre si el Sergas tiene o no en cuenta los trabajos llevados a cabo en el CTAP durante tantos años, indica que sí se “hace referencia” a algunas aportaciones pero sin detalle. “No sabemos en qué queda la cosa ni qué quieren hacer más allá de titulares y anuncios sin concretar”, insiste, quien recuerda que desde la llegada de Caamaño a la Consellería “no se hizo nada”. “Ahora nos dicen que empiezan a trabajar en un nuevo modelo que llevamos reclamando desde hace dos años, un período en blanco que ahora terminará con unas conclusiones para esa reforma que no llegarán antes de abril o mayo”, añade.

Otra vuelta más. Mientras, el conselleiro informó en la Cámara del “cumplimiento” de varios de los compromisos “cerrados con los sindicatos” antes de las últimas jornadas de huelga que solo secundaron CIG-Saúde y O’Mega. Así, dio cuenta de la progresiva reconversión de las vacantes de la categoría de facultativo especialista de atención primaria en plazas de medicina de familia, de avances en la voluntariedad para cubrir las guardias en los PAC de forma incentivada o de un concurso específico en enfermería familiar y comunitaria que deberá terminar este año. También de los acuerdos para reforzar la continuidad asistencial, potenciar la labor investigadora o para la mejora de las condiciones del personal enfermero y médico en los PAC.

Medidas que, en muchos casos, ya habían sido tratadas en el Consello Técnico de Atención Primaria, cuyos trabajos el Sergas aclara ahora que “sirven de fundamento para la labor de los grupos de trabajo internos constituidos en la Consellería de Sanidade para abordar la reforma de la atención primaria, conforme a lo acordado con las fuerzas sindicales el pasado otoño”. El trabajo en 15 grupos de trabajo durante seis años como base para dos nuevos grupos de trabajo.

Al tiempo, y ante el anuncio de los trabajos para un nuevo intento de reforma, la oposición lamentó la “falta de explicaciones” del conselleiro ante la “crisis de la atención primaria”. La diputada del PSdeG, Elena Espinosa, acusó a la Xunta de “huir de sus responsabilidades” y señaló que un “verdadero refuerzo” de los centros de salud y de los PAC “debería comenzar por un plan integral con más profesionales, mejor accesibilidad, menos tiempos de espera, más financiación y apoyo organizativo”.

La diputada del BNG Montse Prado, por su parte, criticó la falta de un plan para la atención primaria, que cree que el PP ve “como cosa de andar por casa, atendiendo enfermos como si colocasen ladrillos”. Además, advirtió de la situación de “excepcionalidad permanente” que atribuye a una Xunta que “no es capaz de planificar los y las profesionales que se precisan”.

El 1 de julio del pasado año 2025 entró en vigor el registro obligatorio de pisos turísticos, puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda. Desde ese día todas las viviendas de uso turístico y los alquileres de temporada están obligados a contar con un número de registro emitido por el Ministerio en colaboración con el Colegio Oficial de Registradores, que acredita que cumplen con los requisitos legales existentes en cada lugar. Estos establecimientos deben hacerlo constar en las plataformas en las que se anuncien (Airbnb, Booking...) y en otros materiales promocionales.

La implantación de este registro avanza con lentitud y, por ejemplo, el pasado mes de septiembre menos de la mitad de los pisos turísticos existentes en Galicia (si tomamos como referencia los registrados por la Xunta) habían iniciado los trámites para legalizar su situación.

En cualquier caso, parece que la implantación de este registro está contribuyendo a limitar el número de viviendas de uso turístico en funcionamiento. Sobre todo si atendemos a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que este lunes publicó la actualización de sus indicadores, con datos correspondientes al pasado mes de noviembre. Según el INE, en ese momento había 15.236 viviendas de uso turístico, frente a las 19.996 de mayo de 2025, un 23% menos, una cifra que en realidad ya venía en descenso, desde el máximo alcanzado en agosto de 2024 (21.984).

La fuerte reducción en el número de estos establecimientos parece tener relación con la puesta en marcha del registro obligatorio y con un mayor control sobre la presencia en plataformas como Airbnb o Booking de pisos turísticos no registrados legalmente. Por ejemplo, en diciembre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comunicó la imposición de una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por la publicación de anuncios de alojamientos que carecían de licencia, 6.956 de ellos en Galicia. La multa llegó después de la publicación de varias advertencias previas y de su envío a la Xunta.

La publicación de los nuevos datos del INE, además de mostrar este importante descenso en el número de viviendas de uso turístico, incrementa la brecha con los datos del registro abierto por la Xunta para estos establecimientos (el Registro de Empresas y Actividades Turísticas). El último dato publicado por el Gobierno gallego, correspondiente al 1 de febrero, señala que en Galicia existen 32.231 pisos turísticos, más del doble de los indicados por el INE.

Hay que tener en cuenta que ambos indicadores parten de metodologías muy diferentes, lo que en parte puede explicar la disparidad que se abre entre ellos. Mientras que el de la Xunta es un registro realizado por los propios propietarios y propietarias de los establecimientos, que son quienes los dan de alta (o de baja), el INE emplea la técnica del web scraping, que mediante programas de software extrae los datos de las tres plataformas más utilizadas de alojamiento turístico en España.

En cualquier caso, hasta el año 2024 los dos indicadores mostraban una realidad similar, con cifras algo superiores en lo ofrecido por la Xunta; desde entonces las diferencias no han dejado de aumentar. Con todo, hay que señalar que el registro del Gobierno gallego empieza también a mostrar un pequeño descenso en la cifra total de viviendas de uso turístico desde el máximo alcanzado el pasado mes de agosto (32.914), inmediatamente después de la entrada en vigor del registro obligatorio del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la reducción desde entonces (683 pisos turísticos menos, un 2%) es muy inferior a la que muestra el INE.

Los nuevos datos publicados por el INE suponen que, en este indicador, el porcentaje que representan las viviendas de uso turístico sobre el total de viviendas censadas en Galicia pasa del 1,14% de mayo de 2025 al 0,87% de noviembre de 2025, por debajo de la media estatal, que también cae del 1,43% al 1,24%. Galicia es la octava comunidad autónoma con una mayor saturación de pisos turísticos, por detrás de Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Cantabria y Asturias.

Con todo, hay algunos concellos gallegos en los que, pese al descenso en los datos del INE, la saturación de viviendas turísticas supera ampliamente la media. Es el caso, por ejemplo, de Fisterra (6,3% de VUT sobre el total de viviendas), Sanxenxo (5,5%), O Grove (4,8%), Muxía (4,6%), Carnota (4,5%), Corcubión (4,4%), Parada de Sil (4,4%) u O Vicedo (3,9%).

La comparación de los datos publicados por el INE este lunes, correspondientes a noviembre, y los anteriores, de mayo, previos a la entrada en vigor del registro obligatorio, muestra importantes diferencias en muchos concellos, encabezados por Sanxenxo (-482), A Coruña (-301) y Vigo (-206). De hecho, el importante descenso experimentado en Sanxenxo deja a la ciudad olívica como el concello con más pisos turísticos en Galicia (1.180), según la exploración realizada por el INE.

No sucede lo mismo en las cifras de la Xunta, en las que Sanxenxo sigue liderando con claridad (3.943). Este dato es una muestra de las enormes diferencias que existen entre uno y otro indicador en prácticamente todos los concellos. Así, mientras que la Xunta informa de que en A Coruña existen 1.422 VUT registradas, el INE deja la cifra en 435. Las disparidades llegan a duplicar e incluso triplicar las cifras en la mayoría de localidades.

La presente legislatura va a ser la primera en década y media en la que, si se cumplen los anuncios, el Gobierno gallego finalice el mandato con un número significativo de nuevas viviendas protegidas en general, y de promoción pública en particular. Tras años de práctica parálisis —desde el fin del Ejecutivo de coalición PSdeG-BNG y durante la gran recesión, pero también en los años posteriores de recuperación económica—, en los que la vivienda protegida cayó a la mínima expresión en nuestro país, los actuales planes de la Xunta apuntan a un relativo cambio de rumbo que, no obstante, apenas va a cubrir el 20% de una demanda disparada.

El gabinete de Alfonso Rueda marcó al inicio del mandato (2024) la intención de finalizarlo (2028) con unas 4.000 nuevas viviendas de promoción pública —viviendas protegidas en las que el promotor es el propio Gobierno—, de las que, aseguraba a finales de enero, “ya hay 3.000 en diferentes fases de ejecución”. Recientemente, al anunciar el II Pacto de Vivienda de Galicia, sumó otras 2.000 al objetivo con el horizonte de 2030. Esto es, en cifras redondas, 6.000 viviendas de promoción pública para un número de peticiones de pisos protegidos que comienza 2026 avanzando hacia las 30.000.

Tras la renovación de su plataforma web, durante la que mantuvo parcialmente inactiva la actualización de datos, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) volvió a permitir recientemente el acceso a las cifras del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, en el que la inscripción es imprescindible para poder optar a cualquier piso de protección. En la mañana del 3 de febrero —la actualización de datos es continua, sin posibilidad de consulta de su evolución—, estaba compuesto por 28.690 solicitudes, un 50% más que a mediados de febrero de 2025.

Los anuncios de nuevas promociones públicas, que la Xunta viene amplificando, se combinan con el escenario de precios crecientes y dificultades de acceso a la vivienda en el mercado privado, tanto en alquiler como en compra, y contribuyen a alimentar unas peticiones que se concentran, sobre todo, en las principales ciudades y sus entornos. Algo más del 75% de las peticiones están en alguna de las siete principales urbes.

Concretamente, tres de cada diez peticiones de vivienda protegida tienen su origen en la ciudad de Vigo, con más de 9.000. Otro 20% corresponde a A Coruña, con casi 6.000 peticiones. En apenas un año las solicitudes coruñesas se dispararon un 64% y las viguesas, un 57%. En Vigo la Xunta sitúa en 920 las viviendas que tiene actualmente “en distintas fases de ejecución”, todas ellas en el polígono de Navia, y en A Coruña las cifra en 476, la mayoría en el nuevo barrio de Xuxán.

También crecen a doble dígito las peticiones en el resto de la Galicia urbana y en la ciudad donde menos aumentan proporcionalmente, Lugo, lo hacen aun así con un relevante 25% interanual. En total, las más de 22.000 peticiones de viviendas protegidas registradas en las siete principales ciudades son, en conjunto, un 54% más que las de hace un año, según los datos que pudo recuperar del registro Praza.gal.

A la espera de que se cumplan o no los anuncios, lo que resulta innegable es que incluso en el escenario más optimista —el de la incorporación de esas prometidas 6.000 nuevas viviendas de promoción pública hasta 2030—, lo harán en un contexto marcado por la paralización de la vivienda protegida en la década anterior. Buena muestra de ello es que los datos oficiales disponibles acreditan que los sucesivos gobiernos presididos por Alberto Núñez Feijóo llegaron a encadenar cuatro años seguidos en los que no superaron las cinco viviendas protegidas iniciadas.

La tendencia más reciente, según la información disponible en el Ministerio de Vivienda, es de relativa remontada. Entre enero y septiembre de 2025 —los datos del trimestre final del año que acaba de terminar aún no están disponibles— en Galicia comenzaron su construcción 320 viviendas protegidas, la mayoría de promoción pública (221), y quedaron terminadas 138. Son cifras relevantes en comparación con los años de la parálisis, pero insignificantes en comparación con las de los gobiernos de Fraga y con el mandato de PSdeG y BNG.

A dichos planes de viviendas de promoción pública, la Xunta dice poder sumar hasta 20.000 más protegidas de promoción privada y otras 5.000 sin protección. Son las que contempla en su estrategia de suelo residencial, un proyecto parcialmente ya en marcha. Su actuación más reciente es la aprobación del plan en el barrio lucense del Sagrado Corazón para urbanizar terrenos donde se podrían construir unas 1.200 viviendas a partir de 2028.

Esta estrategia vino a sustituir en 2024 al Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo tras anunciar una reformulación que nunca llegó.