Memoria histórica

El Pazo de Meirás regresa a manos de sus legítimos propietarios: “Es una alegría ver que se hace justicia con mi abuela”

Casa expoliada a Josefa Portela en agosto de 1961, seis años después de ser reformada con fondos del Ministerio del Ejército.
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El jueves 3 de marzo de 1938, en una Galicia controlada prácticamente desde el principio por las tropas golpistas, un grupo de personalidades políticas, económicas y mediáticas constituyeron la Junta Pro Pazo del Caudillo con un único objetivo: regalar al líder de la sublevación militar una residencia de verano en su tierra natal. No importaba el precio ni tampoco las vías para recaudar esos fondos. Si era necesario recurrir a las donaciones bajo amenaza, se hacía. Y si había que expulsar a vecinos de sus tierras y sus casas para conseguir un grandioso inmueble en el término municipal de Sada, en A Coruña, a nadie le temblaría el pulso. Pronto lo descubrió Josefa Portela Abel, una vecina de la localidad a la que las autoridades franquistas arrebataron su modo de vida para agasajar al dictador. Su nombre apenas aparece reflejado en los relatos de la Guerra Civil y la posterior dictadura. Sin embargo, su historia es el punto de inicio del tortuoso camino seguido para devolver a la sociedad gallega el patrimonio que un día le fue arrebatado. Un Pazo de Meirás cuyas llaves ya han sido entregadas por la familia del dictador, según La Razón.

Nacida en 1890, durante el reinado de Alfonso XIII, la vida de Portela Abel comenzó a torcerse en noviembre de 1935, cuando perdió a su marido Francisco Babío en plena revuelta labriega de Meirás. Pero la estocada definitiva le llegó tres años más tarde, en plena Guerra Civil. Viuda y con cinco hijos a su cargo, la mujer recibió en mayo de 1938 la visita de una persona que trabajaba en la Junta Pro Pazo exigiéndole, bajo amenazas, que abandonara su casa, un inmueble humilde de tipo tradicional levantado junto a las Torres de Meirás. Ella, en un principio, se negó categóricamente. Aquella vivienda, con su parcela, era lo único que tenía. Pero las advertencias, y la presión sobre la familia se fueron incrementando hasta tal punto que resultaron insostenibles. “Los falangistas le dieron a ella y a sus hijos un plazo máximo de cuarenta y ocho horas para que abandonaran la casa. Si no se marchaban, serían llevados a la ‘zona roja’ y abandonados allí a su suerte”, cuenta su nieto Carlos Babío junto con el historiador Manuel Pérez en el libro Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio, editado por la Fundación Galiza Sempre.

“Las fincas que tenían la mala suerte de ser colindantes al Pazo fueron tomadas y anexionadas por las autoridades franquistas para dar una forma más rectangular a la parcela que le iban a regalar al dictador”, relata al otro lado del teléfono, ocho décadas después, su nieto. Josefa se vio, de un día para otro, en la calle con los niños. No solo le arrebataron un techo bajo el que resguardarse. Su techo. También, le privaron de su modo de vida y la escasa capacidad económica que podía tener. “Por aquel entonces, se autoabastecían con pequeños terrenos para labrar la patata, el maíz, el trigo o el centeno o con una explotación ganadera”, dice Babío. En el caso de la propiedad de su abuela, el labradío y la huerta en la que se levantaba la casa, con sus alpendres, tenía una extensión de unos tres ferrados, unos 1.320 metros cuadrados. Pero no fue la única. Su nieto calcula que las expropiaciones forzosas de los terrenos colindantes al palacete de estilo románico que un día fue refugio e inspiración de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán afectaron a más de una docena de grandes propietarios y, por extensión, a unos 60 arrendatarios que vivían de trabajar esas tierras.

Tras ser expulsada de su casa, Josefa y sus hijos se vieron “en la indigencia absoluta”. Primero, les acogió un cuñado en su casa, ubicada en la parroquia de Carnoedo. Allí, sin medios con los que ganarse la vida, malvivieron en una situación totalmente precaria durante algunos meses. Posteriormente, en lo que su nieto califica como un lavado de imagen del régimen ante los desmanes ligados a Meirás, las monjas del convento de La Milagrosa, cercano al Pazo, le cedieron temporalmente una de sus propiedades. Hasta entonces, Josefa ni siquiera había recibido una contraprestación económica por el que había sido su hogar. De hecho, esto no llega hasta los primeros compases de los años cuarenta. En los documentos de la época que se ha encargado de rescatar su nieto, se referencia una suma desorbitada de dinero por la casa junto al Pazo. Se habla de 50.000 pesetas. Sin embargo, la labriega nunca tuvo en sus bolsillos esa cantidad que figura en el contrato de compraventa. Como mucho, se le entregaron 5.000 pesetas con las que, luego, compró una casa y una parcela para cultivos agrícolas. Nadie sabe qué pasó con el dinero restante.

Una investigación que sirve de apoyo a la Abogacía

“Aunque al final hubiera compensación económica, el abuso que se cometió sigue presente. Esto no quita que te hayan expulsado de tu casa y te hayan tenido durante tres años tirado en la indigencia absoluta”, explica su nieto. Aquel acontecimiento marcó profundamente la historia familiar. Nadie quería hablar de lo sucedo. El mutismo era absoluto, algo habitual en los procesos represivos del franquismo. “Era algo que no querían revivir. Si yo preguntaba a mi tía mayor, que era la que más se podía acordar de todo aquello, entraba en pánico y lloraba. Nadie quería decir nada, probablemente por eso de proteger a los hijos o los nietos”, dice Babío. Pronto entendió el nieto de Josefa que reconstruir aquella historia era clave para poder comprender lo que le sucedía a su abuela. Y se puso manos a la obra. Con la ayuda del joven historiador Manuel Pérez, comenzó una ardua investigación que se prolongó durante dos décadas y que se terminó plasmando en Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio, uno de los estudios más documentados sobre lo que sucedió en el concello coruñés de Sada en los últimos compases de los años treinta.

Josefa Portela, en una fotografía. | Archivo de Juan Pérez Babío

El trabajo fue harto complicado. “La documentación estaba desperdigada por infinidad de archivos: estatales, autonómicos, municipales y militares. Y al principio era prácticamente imposible acceder a determinados documentos relacionados con Meirás”, apunta. Pero al final, consiguieron entre los dos cerrar el círculo y reconstruir con el mayor detalle posible la historia del expolio. Y las horas frente a montones de papeles terminaron dando su fruto a comienzos de 2019, cuando Babío recibió una llamada del entonces director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez. Era febrero cuando el alto cargo del Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció al nieto de Josefa en una reunión en el Ministerio de Justicia que iban a presentar una demanda civil reclamando a la familia Franco la devolución del Pazo y pidiéndole colaboración con los servicios jurídicos del Estado para organizar la enorme cantidad de documentación con la que se contaba, parte de ella procedente de las pesquisas de Babío y Pérez. “Estuvimos meses reuniéndonos con la Abogacía del Estado en A Coruña”, señala.

Al final, tras años de peticiones políticas y con dos dictámenes jurídicos a favor, el Ejecutivo socialista dio un paso al frente y abrió el melón judicial. Lo hizo con una demanda de un centenar de folios. Y poniendo sobre la mesa un documento clave para demostrar que la operación de compraventa de la propiedad fue “simulada y fraudulenta”. En concreto, un acta que demostraba que el 3 de agosto de 1938 se había otorgado escritura de compraventa entre la entonces propietaria del palacete –Manuela Esteban Collantes– y la Junta Pro Pazo del Caudillo por 406.346 pesetas, un dinero que había sido adelantado en hipoteca por el Banco Pastor y cuya financiación se planteó inicialmente a través de una suscripción popular que, al no dar el resultado esperado, se convirtió en recaudación forzosa. A ojos de los servicios jurídicos, esto demostraría que el contrato de compraventa entre la misma Collantes y el dictador por 85.000 pesetas que se celebró en escritura pública en mayo de 1941 y que permitió a Franco inscribir a su nombre el inmueble en el Registro de la Propiedad no habría sido otra cosa que “un negocio simulado” porque ya había sido vendido.

Expolio de bienes

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de A Coruña lo vio claro el pasado mes de septiembre: la propiedad se le donó a Franco como jefe del Estado –no a título particular– y, tres años después, el dictador realizó una compra “simulada” para quedarse con la propiedad, que en varias ocasiones la familia ha tratado de vender. Era la segunda vez que el Estado doblaba el brazo a los nietos del caudillo tras la victoria en el Supremo relativa a su exhumación. La sentencia está recurrida ante la Audiencia Provincial. Pero esto no retrasa la obligación de los Franco de cumplir con el fallo devolviendo el inmueble al patrimonio público. Este jueves era la fecha límite para la entrega en sede judicial de las llaves del pazo y de todos los muebles que en él se encuentran, cuyo depositario pasará a ser el Estado hasta que la sentencia sea firme –tan solo se permite retirar bienes de “estricto uso personal”–. Algo que este miércoles rechazaron los nietos del dictador, que en un escrito remitido al juzgado señalaron que tendrían que poder retirar todos al considerar que ninguno “aporta absolutamente nada a la significación del inmueble” como Bien de Interés Cultural (BIC).

Para evitar la tentación, la magistrada ordenó a comienzos de noviembre a Patrimonio Nacional que realizara un inventario de todos los objetos que se encontraban en el inmueble. Un trabajo que ha puesto de manifiesto el expolio de bienes públicos para uso y disfrute de la familia Franco. De la visita al lugar y del material gráfico recogido, el documento avisa sobre la presencia de “mobiliarios y enseres de carácter decorativo de índole marcadamente institucional”, algunos de ellos con origen “en las Colecciones Reales Españolas y cuya titularidad corresponde a Patrimonio Nacional”. Hace referencia a una pantalla de chimenea tapizada con un tejido de seda que fue encargado por Alfonso XII. También a un sofá de talla dorada tapizado con una tela que hasta mediados de los años veinte vistió la Sala de Recibir de la reina Victoria Eugenia en el Palacio Real, a una mesa vitrina que formaba parte de la decoración de la Sala de Música de la misma monarca o a un conjunto de escritorio y cómoda que podría corresponderse con el mobiliario que en su día, según está documentado, adquirió Carlos IV.

“Si una característica tuvo el franquismo es que el dictador se fue enriqueciendo sin abonar un solo duro. Y Meirás, como hemos visto, no fue una excepción”, sostiene Babío. Ahora, ocho décadas después, el pueblo gallego recupera las llaves de parte de su patrimonio tras décadas de lucha. Y el nieto de Josefa, que falleció justo antes de la llegada de la democracia, podrá visitar libremente aquellos terrenos que un día pertenecieron a su abuela y que terminaron arrebatándole bajo amenazas para ser convertidos en la residencia de los denominados guardias civiles hortelanos. “Es una victoria de la democracia pues se pone fin a nueve hectáreas de impunidad. Es una alegría ver que ochenta años después se hace justicia en el caso de mi abuela. Nadie va a devolverle la vida ni el sufrimiento que padeció: la machacaron. Ni ella ni sus hijos han podido ver en vida cómo se recuperaba Meirás, pero es mejor llegar tarde que no llegar nunca. Y seguro que mi abuela lo ve con una sonrisa”, sentencia Babío al otro lado del teléfono.

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