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El coronavirus agudiza el riesgo de repliegue identitario y autoritarismo, pero también permite imaginar una solución que trascienda fronteras.
Alegan que el Gobierno "ha expropiado de hecho" el cadáver de su abuelo porque deben pedir autorización para visitarlo.
Los demandantes piden que el dirigente de Vox sea condenado a cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, así como una indemnización de 10.000 euros y que se retracte de sus afirmaciones.
Los constitucionalistas Ana Valero y Joaquín Urías no creen que la propuesta del PSOE pueda tener cabida "en nuestro modelo de democracia no militante", mientras que el jurista Sebastián Martín y el abogado Eduardo Ranz no la ven con malos ojos.
"España ahora está habitada por una dictadura económica en la que no se toca a los grandes establecimientos de poder: es una democracia con límites poco respetables", ha asegurado.
La vista previa del pleito se cierra sin acuerdo: mientras que la Abogacía mantiene que la operación de compraventa en 1941 fue "simulada", la familia Franco defiende que el documento puesto en cuestión es "totalmente válido".
Ramón Lobo
Jesús Maraña
Raquel Martos
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
