Dictadura

Los demandantes piden que el dirigente de Vox sea condenado a cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, así como una indemnización de 10.000 euros y que se retracte de sus afirmaciones.

Los constitucionalistas Ana Valero y Joaquín Urías no creen que la propuesta del PSOE pueda tener cabida "en nuestro modelo de democracia no militante", mientras que el jurista Sebastián Martín y el abogado Eduardo Ranz no la ven con malos ojos.

"España ahora está habitada por una dictadura económica en la que no se toca a los grandes establecimientos de poder: es una democracia con límites poco respetables", ha asegurado.

La vista previa del pleito se cierra sin acuerdo: mientras que la Abogacía mantiene que la operación de compraventa en 1941 fue "simulada", la familia Franco defiende que el documento puesto en cuestión es "totalmente válido".