Dictadura

Las asociaciones de memoria histórica recuerdan las tareas pendientes: desacralizar el Valle, la exhumación judicializada de las fosas y una ley de víctimas.

El calendario flexible diseñado por el Gobierno le facilita situar la exhumación en la fecha que más le convenga, pero a día de hoy baraja que se produzca entre el 19 y el 22 de octubre.

El Ejecutivo anunciará 24 horas antes la fecha y la hora exactas en las que procederá a trasladar los restos del dictador. 

El dirigente ultraderechista las acusa de delitos que ni siquiera formuló el Tribunal de Guerra fascista que las mandó al paredón.

El Alto Tribunal avala el procedimiento del Gobierno para exhumar al dictador, declara que el Ejecutivo no necesita licencia de obra para la exhumación y tumba los argumentos de la familia en temas como la inviolabilidad de los lugares de culto.

Desde 1959 hasta 1983 fueron enterradas en Cuelgamuros 33.847 personas, de las que 21.423 están perfectamente identificadas, según los datos de Patrimonio Nacional. Algunos de estos restos fueron exhumados de fosas comunes y reinhumados en el mausoleo franquista.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tendrá que decidir, por un lado, si da luz verde a la exhumación del dictador y, por otro, si prima el derecho de la familia de elegir el lugar para la reinhumación de los restos.

La asociación asegura en un comunicado que obligar a las vícitmas a mantener con sus impuestos la tumba "es una forma de maltrato y una patología democrática".

Las víctimas de torturas por parte de miembros de la Brigada Político Social en los últimos compases del franquismo llevan desde 2010 intentando, sin éxito por el momento, que los culpables sean juzgados.

La única opción sería que la Abogacía del Estado solicitase una corrección del auto al entender que existe un error material, aunque algunos juristas creen que esta vía tampoco tendría éxito.

El ministerio señala en una publicación editada en 2018 que la Junta de Defensa Nacional emitió un decreto el 29 de agosto de 1936 "por el que se recuperó la bandera tradicional".

El tribunal federal de San Martín juzga a los responsables del centro de detención clandestino Campo de Mayo: más de 5.000 personas fueron ilegalmente detenidas y torturadas.

El líder de Podemos Pablo Iglesias ve "una auténtica barbaridad" en la redacción de este párrafo y recuerda que uno de los magistrados de ese tribunal es afín a la Fundación Franco.