Miércoles, 29 de julio, a las 7 de la mañana. Protección Civil, única asociación autorizada por la prefectura, atraviesa a toda prisa la localidad costera de Wimereux. En La Pointe aux Oies, un grupo de unos 30 exiliados lleva cuatro horas en el agua. Hay hombres, mujeres y niños.

En un aparcamiento, a toda prisa, los rescatistas atienden a los supervivientes. Se monta una carpa y se les da ropa. Los bomberos habían rescatado un poco antes a cuatro niños en estado de hipotermia. Utopia 56 y el colectivo ciudadano "Alors on aide” (Entonces, ayudamos), organizaciones que prestan ayuda a los exiliados, también están allí para asistir a los náufragos.

La escena es habitual en la Costa de Ópalo. Últimamente, las travesías de migrantes hacia Inglaterra se realizan cada vez más al sur de Calais para evitar los controles.

Una de las familias, cuya hija de 14 años tiene una discapacidad y no puede caminar por la arena —su padre tiene que llevarla a hombros y luego subirla al barco—, afirma que este es su decimotercer intento de travesía. Ha sido acogida varias noches por una red de personas solidarias que ofrecen alojamiento. El servicio 115 de aquí no admite a personas en situación irregular, tal y como reveló Mediapart. Esta familia kuwaití, cuya madre está embarazada de cuatro meses, será trasladada esta vez a un hotel por decisión de la prefectura. El resto del grupo vuelve a la carretera, al vagabundeo.

Al mismo tiempo, a unos treinta kilómetros más al sur, en Hardelot, un grupo de unos sesenta exiliados se encuentra bloqueado por la gendarmería entre las dunas. Adultos y niños esperan bajo el sol, con los chalecos salvavidas puestos. Aprovechando los días soleados y con la esperanza de que el mar esté en calma, muchas familias intentan la travesía. El acuerdo franco-británico denominado one in, one out, renovado en junio, no cambia nada. Esperan su “taxi lancha”, esas embarcaciones ligeras que parten de la bahía del Somme y recorren la costa para recoger a sus pasajeros directamente en el agua, para luego poner rumbo a Inglaterra.

Cuatro voluntarias de la asociación local Opal’Exil les ofrecen ayuda. Los gendarmes les permiten que instalen sus mesas plegables en la arena, a los pies de los edificios turísticos. Pan, leche, compota, mermelada y agua. Se atiende primero a los niños, por decenas. Los turistas, en bañador, observan la escena, atónitos. Varios llevan discretamente botellas de agua a las voluntarias.

Se acercan más migrantes. Ellos también esperan un “taxi lancha” y acaban de pasar varios días en los bosques de los alrededores, lejos de los campamentos de Calais y Dunkerque, a la espera de una ventana meteorológica favorable.

Brigitte, una voluntaria de 67 años, cura las heridas de un afgano a la sombra de los edificios. “Esta gente está destrozada. Les falta de todo y lo pasan mal. Estamos aquí porque no se hace nada por ellos. Ni siquiera se cubren las necesidades básicas, como beber, comer o que les cambien la ropa cuando se han caído al agua”.

Unos minutos más tarde, este miércoles, unas cien personas se adentran en el agua. Llega la lancha neumática y recoge a sus pasajeros en medio del tumulto, donde cada uno se juega la vida. No todos llevan chaleco salvavidas. Un hombre casi se ahoga y vuelve a la orilla con el torso desnudo sobre la arena. Reza. Los servicios de rescate marítimo recogen a las personas que no han podido subir a la embarcación.

A bordo de esa pequeña lancha, una mujer grita. Sus gritos son desgarradores. No ha podido irse, pero sus hijos están en el barco que zarpa hacia Inglaterra, solos. Los voluntarios de Opal’Exil se acercan e intentan tranquilizarla. Los servicios de rescate intentarán alcanzar el barco y rescatar a sus hijos. Poco después son llevados de vuelta a tierra varios adolescentes y niños, pero no son los suyos. La escena es una mezcla de turistas, gendarmes y fotógrafos.

Cien metros más allá, el bote se detiene. Avería en el motor. A diez metros de la orilla, los exiliados esperan a que el motor vuelva a arrancar. Los fotógrafos se acercan. Chris Philp, diputado conservador británico, se graba con el agua hasta las rodillas, de cara a la cámara, con los exiliados a sus espaldas. Se arregla un poco el pelo y comenta para sus seguidores: “Mirad, estos migrantes ilegales van a llegar a nuestro país y la policía francesa no hace nada”.

Al ser preguntados por Mediapart, los gendarmes explican que no intervienen “en cuanto la embarcación flota”. “Ya no es de nuestra competencia. Depende de la prefectura marítima. No detenemos las embarcaciones cuando están en el agua.”

En el agua, otros videógrafos, algunos de extrema derecha, profieren comentarios xenófobos, se acercan a la embarcación y les hacen preguntas. Los exiliados se dan cuenta de la trampa, les gritan que se vayan y les lanzan un chaleco salvavidas. El ambiente se caldea. Los gendarmes, que tienen órdenes de permanecer en tierra firme, dan órdenes en inglés para pedir calma. Las asociaciones presentes (las cuatro mujeres de Opal’Exil y tres voluntarios de Utopía 56) se meten en el agua y, sin violencia, interponen sus cuerpos delante de las cámaras.

Desde hace varios meses es frecuente ver la presencia de activistas de extrema derecha antiinmigración en territorio francés. En ocasiones, esto va acompañado de actos de violencia contra los exiliados. La técnica es sencilla: provocar y grabar sus reacciones para generar revuelo. El 23 de julio, por ejemplo, un influencer inglés, “The Nowhere Photographer”, grabó a escondidas a unos voluntarios que repartían víveres a los náufragos. En sus vídeos, grabados en un tono belicoso, acusa a las asociaciones de ayudar a los migrantes, de lo que estas se defienden.

Treinta minutos más tarde, tras detenerse frente a las dunas de Hardelot, mientras los ánimos se caldeaban en la playa, la embarcación zarpó de nuevo entre los gritos de alegría de los exiliados. Mientras tanto, la madre había logrado subir a bordo para reunirse con sus hijos. Unas horas más tarde, su embarcación llegaría sin incidentes a la costa, escoltada por la Armada francesa hasta aguas británicas.

Brigitte, Cindy, Nathalie y Émilie, de Opal’Exil, recogen sus mesas. Hay abrigos y mochilas esparcidos por el suelo. Recogen una parte para sus futuras rondas y limpian la basura. A continuación, se marchan en sus coches cargados de víveres y ropa seca para reunirse con otro grupo de 90 personas, sin agua ni comida, en las dunas de Sainte-Cécile, a 12 kilómetros al sur.

Más tarde, en esa misma playa de Hardelot, durante la noche, un hombre murió al intentar subir a bordo de otro “taxi lancha”. Al día siguiente, jueves 30 de julio, se descubrieron otros tres cadáveres de exiliados en Dunkerque.

Traducción de Miguel López

En la sala 16 del juzgado de Londres (Old Bailey) se respira un ambiente enrarecido más allá de los formalismos en el comportamiento y las sutilezas lingüísticas que usan la docena de pulcros abogados —todos ellos blancos—, con túnica negra y peluca de pequeños tirabuzones ordenados y rizados en simetría.

La tradición, para la abogacía, se mantiene, al menos, en el aspecto y en los modales. El semblante de los letrados contrasta con el de los 12 miembros del jurado popular (seis hombres y seis mujeres de distintas procedencias; alguno con pantalón corto y sandalia playera, camisetas de algodón y calzado deportivo).

Los ocho encausados, por su catadura, podrían ser también transeúntes de la calle; una con el pañuelo musulmán, uno de aspecto africano. En la sala 16, las apariencias no engañan. Al contrario, letrados, jurado y encausados responden a los estereotipos típicos y tópicos del clasismo inglés.

La sala del juzgado, de madera marrón y color verde en los tapizados, acoge el juicio a ocho de los 25 conocidos como Filton25, miembros de Palestine Action (Acción Palestina) que irrumpieron en la fábrica israelí de armas y drones Elbit Systems en Filton, Bristol (a dos horas de Londres), el 6 de agosto de 2024.

Destrozaron varios drones que, a su parecer, estaban destinados a matar palestinos en Gaza. Este es el segundo de los cuatro juicios en los que se han repartido a los detenidos bajo la ley antiterrorista. Algunos han estado hasta 18 meses en prisión preventiva sin cargos.

Los cargos ahora no son de terrorismo, sino de robo agravado, daños o perjuicios a la propiedad y desorden o disturbios violentos. Es lo que hace rara (sin precedentes en la jurisprudencia inglesa) la vista judicial: detenidos por terroristas y acusados de ladrones y provocadores violentos. La pertenencia a una organización ilegal está castigada en el Reino Unido con penas de prisión que van de tres a 14 años.

Acción Palestina era legal hasta que se produjo una segunda acción: la entrada en la base aérea de Brize Norton el 20 de junio de 2025 para rociar con pintura de color rojo dos aviones militares de los que, según los encausados, se han utilizado o hubiesen podido ser utilizados para la destrucción de Gaza.

Esta acción, posterior a la de los drones, protagonizada por varios miembros de los Filton25, provocó la decisión del Gobierno británico de ilegalizar Acción Palestina y calificarla de terrorista. Los daños a la propiedad se han valorado en más de dos millones de libras.

La ilegalización ha provocado protestas en las que se ha acusado a 700 personas de apología del terrorismo y se han detenido a unas 3.300. ¿Serán juzgadas todas ellas también? Se preguntan algunos de ellos, como la sacerdotisa Sue Parfitt, una de las 700 acusadas.

Parfitt, de 84 años, residente en Bristol, como las armas israelíes, cuenta a infolibre que “la ilegalización de Acción Palestina no solo atañe al humanismo y a la defensa de los palestinos que están siendo masacrados impunemente, sino que deteriora nuestros derechos civiles en términos de libertad de expresión y de asociación; en lo que hace Acción Palestina no muere nadie ni hay violencia como la que se ejerce en la destrucción de Gaza de la que nuestro Gobierno es cómplice”.

En febrero de este año, un tribunal de tres jueces tumbó la ilegalización de Acción Palestina, abriendo un paréntesis de apelación por parte del Gobierno británico. El presidente del tribunal adujo lo siguiente: “Pese a que Acción Palestina promueve una causa política mediante tácticas delictivas, el alcance de las actividades no justifica la prohibición de la organización”.

En junio, cuatro meses después de la sentencia, un tribunal de cinco jueces (dos más que en el anterior) avaló la ilegalización de Acción Palestina en otra sentencia en la que la jueza Sue Carr, presidenta del tribunal, rebatía diciendo que “no es una propuesta sostenible presentar a Acción Palestina como una organización no violenta; con células encubiertas para destruir propiedad en empresas de defensa y en bases militares”. Dos pareceres distintos procedentes de la judicatura de túnicas negras y pelucas con tirabuzones simétricos.

En la sala que juzga a los ocho de la segunda tanda, los miembros del jurado dirigen sus miradas de vez en cuando a los encausados, que bien toman notas de la narrativa judicial, leen algún libro o muestran indiferencia en el supuesto banquillo que aquí tiene forma de fila de butacas de cine.

El juicio comenzó el pasado 15 de junio y está previsto que dure de seis a ocho semanas; una semana más aproximadamente. Ya empieza a cansar la rutina judicial en días de calor. En el espacio destinado al público, familiares y amigos de los encausados escuchan con atención a los abogados de la acusación y de la defensa. Se cruzan miradas inevitables en todas direcciones. El juez ha puesto restricciones a la presencia del público: solo se pueden ocupar 21 de los 32 asientos, o la segunda y tercera fila; quienes quieran presenciar el juicio deben proveer dos tipos de identificación: una con documento en vigor y foto y otra de dirección postal permanente, y manifestar su interés en el caso.

Entre el público asistente, los padres de Alexandra Herbich han asistido a la vista desde el primer día. Él toma notas con atención; ella, nacida en Polonia, dice a este medio que vino a este país en la década de 1970, "dejando un régimen autoritario, para disfrutar de los derechos y libertades que se ofrecía aquí; ahora todo está en retroceso”. La procesada es hija única, su madre solloza al manifestar: “Alexandra me dice que, comparado con los palestinos, ella tiene una buena vida”. Otra madre, Anne Farooque, defiende el pacifismo de su hija, también juzgada en este proceso.

Cinco de los ocho juzgados en el segundo turno de juicios han declarado ante la sala. Uno de ellos, William Nyerere Plastow, conocido como Will, de los que mira con rareza la sala 16, es licenciado por la Universidad de Cambridge, nieto de Julius Nyerere, activista anticolonial y primer ministro de la Tanzania independiente.

Will preguntó en voz alta: “¿Cómo se supone que te debes sentir viendo niños con el cuerpo a pedazos, y que te digan que no se puede hacer nada al respecto?”. El acusado argumentó que “el Tribunal Internacional de Justicia ha considerado...”. Fue interrumpido por el juez. Le dejaron cambiar de tema para explicar que durante la prisión preventiva, falleció su madre de cáncer. “Me perdí el último año de su vida”, añadió.

El primer juicio a seis de los Filton25, dirigido por el juez Jeremy Johnson, tuvo que repetirse por falta de veredicto unánime en algunos de los cargos. Tres cargos de ladrones y maleantes con conexiones terroristas (a determinar por el juez) a ocho encausados pronostican una sentencia tan compleja como la del primer juicio y su repetición. La judicatura británica, a diferencia de la española, tiene que compatibilizar las sentencias con la llamada natural law o jurisprudencia, lo que tensa este caso (el macrojuicio o cuatro separados a 25) todavía más, puesto que no hay precedentes. Habrán de hallar el vínculo entre terrorismo (político) y ladrones para sentar jurisprudencia para el futuro.

Una de las circunstancias más curiosas, desde mi punto de vista, que he vivido a lo largo de mi vida, cuando se ha puesto en primer plano de actualidad el asunto de Gibraltar, es la diferencia tan radical de la valoración en función de que esta la hiciera lo que aquí, en el Campo de Gibraltar, llamamos “gente de fuera” o “gente de aquí”.

Otros criterios como solvencia profesional, erudición académica, conocimientos geoestratégicos, etc. no lograban superar en intensidad la visión cercana, por muy sesudos que fueran.

Por una parte, pienso que es lógico que así sea, pero, por otra parte, al poder tratarse de un asunto de Estado, entiendo que podía suscitarse la duda.

Cuando me pregunto por qué no se suscita, quizás esté la razón en la percepción de que somos una zona olvidada de España que, a duras penas, aparece en los telediarios cuando se habla de marginalidad.

Coincido en la calificación de momento histórico o, por lo menos, peculiar.

Evidentemente, el Brexit y el paso cambiado de Gibraltar ante la metrópoli han sido el detonante del estado de la cuestión actual.

Pero vayamos a un paso anterior. La metrópoli no atraviesa su mejor momento. La globalización ha laminado los imperios, la economía del Reino Unido se trastoca de tal manera que la población, con o sin maniobra conspiranoica, ve el Brexit como una salida. Los acontecimientos se encargan, a estas alturas, de evidenciar que no era solución.

En esta tesitura, la metrópoli hace ver a la colonia que tiene que buscarse la vida autónomamente porque no hay recursos ni para pintar los colegios.

Gibraltar, y el poder allí instalado por conveniencia, entienden el mensaje a la primera, listos con pedigrí como son.

España, que lee sagazmente, desde mi punto de vista, la ocasión, se pone a la tarea.

Sabe que si intenta llegar a un acuerdo con los de “a lo que sea, NO”, el tema no sale y decide que el negociador visible sea la UE, bajo su atenta mirada y su veto.

Todos están de acuerdo en que notoriedad la mínima, discreción total.

En esas estamos: Reino Unido se quita un lastre económico inasumible, Gibraltar se asegura de que no se toque lo intocable y entra en una dinámica de “mantente mientras cobro” que tan acreditadamente maneja, y España, también aplazando lo intocable, busca una salida a la degradada zona del Campo de Gibraltar, en la idea de inyectar parte del PIB de Gibraltar en el entorno, sin ningún ánimo de ocultarlo, bautizando la situación como de prosperidad compartida.

Veremos cómo rueda el invento porque, para los habitantes del Peñón, eternos becarios de la metrópoli, la fluidez y la libertad de movimientos van a tener un coste al que se irán incorporando paulatinamente, pero a cuya mejora de calidad de vida les va a ser difícil renunciar.

Es posible que del lado español surjan increíbles equilibrios, sesudos análisis de Derecho internacional, cutreces varias, etc., en la derecha extrema y en la extrema derecha para aparentar el pataleo sin modificar la situación creada de facto, que estabiliza una parte muy sensible del Estado español.

Puedo entender que alguien de Cuenca, con todos mis respetos para los conquenses, no vea el pragmatismo y empiece su razonamiento en Utrecht o Castilla, pero debe comprender que ni España es China, aunque abunden los bazares, ni Gibraltar es Hong Kong.

Solo deseo, desde este rincón del mundo, que sea para bien.

____________

Manuel María Garcés Puerto es socio de infoLibre.

Desde hace años no ha dejado de apretarse y aflojarse el cerco judicial en torno a Andrew Tate, uno de los influencers masculinistas más tóxicos del planeta, para gran disgusto de las víctimas que lo acusan de violaciones y de trata de personas, en una vertiginosa vorágine jurídico-diplomática.

Esta vez, el sábado 18 de julio, este figura de la “machosfera” de 39 años, con doble nacionalidad estadounidense y británica, seguido por 11 millones de personas en la red social X y que vende a precio de oro sus consejos a seguidores alimentados con el odio hacia las mujeres, fue detenido en Miami, en Estados Unidos, junto a su hermano Tristan.

Esta detención, cuyas imágenes se filtraron de inmediato en la web de cotilleos TMZ, se llevó a cabo a petición del Reino Unido, que ya en 2024 había dictado una orden de detención internacional contra ellos por hechos cometidos en territorio británico.

En la actualidad, la Fiscalía británica solicita su extradición, en particular por “violaciones, complicidad en explotación sexual y delitos relacionados con imágenes indecentes de menores”, basándose en nuevas acusaciones relacionadas con actos presuntamente cometidos entre 2010 y 2017.

En un comunicado publicado el sábado, la Fiscalía británica dice que hay siete posibles víctimas. Aunque se protege su identidad, dos de ellas habrían trabajado para una empresa de cámaras web de Andrew Tate en 2015, mientras que otras dos habrían mantenido relaciones con él en 2013 y 2014.

Andrew Tate se enfrenta a un total de cuarenta y dos cargos, y su hermano a diecisiete, pero ambos se declaran inocentes. Al igual que de todo lo que se les imputa en todo el mundo. Para su abogado, que tiene previsto impugnar esta detención ante los tribunales y asegura que serán puestos en libertad próximamente, se trataría de una simple “maniobra política”.

La justicia británica ha tenido que recurrir a los US Marshals porque los hermanos Tate, que residieron durante años en Rumanía, donde habían establecido sus negocios, se fueron en 2025 de Bucarest escapando de las graves acusaciones presentadas contra ellos por la fiscalía rumana, para refugiarse en la tierra de Donald Trump.

Aunque los dos habían pasado tres meses detenidos en Rumanía en 2022, acusados, entre otras cosas, de haber obligado a mujeres a participar en su negocio pornográfico (entre ellas una menor), posteriormente fueron puestos en libertad bajo control judicial, con la prohibición de abandonar el territorio. Andrew Tate también está acusado allí de violación.

Pero un mes después de que Donald Trump se instalara en la Casa Blanca, se beneficiaron de una decisión inesperada de las autoridades rumanas, en febrero de 2025, que les permitió recuperar sus pasaportes.

Esta decisión se habría tomado bajo la presión del enviado especial del presidente estadounidense en Europa, Richard Grenell, según revelaciones detalladas de varios medios de comunicación estadounidenses, que han destacado las afinidades entre Andrew Tate y varias figuras del movimiento MAGA (Make America Great Again), como Tucker Carlson, llegando incluso a desvelar una videollamada entre Barron Trump, el hijo menor del presidente, y el influencer masculinista.

Aunque Bucarest ha negado públicamente esta presión por parte de las autoridades estadounidenses, un medio de comunicación rumano ha informado de que el ministro de Asuntos Exteriores del país sí había confirmado haber mantenido una conversación sobre el caso de Tate con Richard Grenell, con motivo de una conferencia sobre seguridad celebrada en Alemania.

“Estados Unidos no debería intervenir en función de los caprichos y las preferencias políticas de Elon Musk y del dinero que Tate le reporta en X”, había declarado, como reacción, el abogado inglés de varias víctimas, sabiendo que el multimillonario seguía siendo asesor de Donald Trump en aquel momento.

Expulsado de Instagram y TikTok por sus comentarios misóginos, el influencer había sido readmitido en X tras la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk. Ahora promueve ahí más que nunca sus teorías masculinistas, popularizando un lenguaje en clave (“la matriz” en la que, según él, los hombres se habrían dejado encerrar por las feministas), haciendo alarde de puros y coches de lujo, además de mensajes homófobos y racistas.

Desde su llegada a Florida, los dos influencers vivían tranquilamente en Miami, donde Andrew Tate, exprofesional del kickboxing, tenía previsto presentar, la misma noche de su detención, un evento de boxeo. Además de un viaje a Dubái, los hermanos también estuvieron en Rusia a principios de junio, donde las autoridades les tendieron la alfombra roja con motivo del “Davos ruso”. Se grabaron frente al Kremlin para sus millones de seguidores, pero también con uniformes militares rusos, sobre tanques o en una trinchera, lanzando granadas —para gran satisfacción de los propagandistas de Vladímir Putin, sin duda alguna.

En el Reino Unido, entre los procesos que amenazan a los hermanos Tate, se encuentra un caso reabierto en marzo de 2026, por presuntos delitos de violación y agresión sexual cometidos contra tres mujeres entre 2014 y 2015. Archivado inicialmente en 2019, el caso se ha reabierto desde cero después de que el organismo británico encargado de la ética policial indicara que un antiguo investigador podría ser objeto de un procedimiento por falta grave debido a posibles “incumplimientos”.

“Nos comprometemos a […] velar por que las denuncias de tal gravedad sean objeto de una investigación rigurosa, exhaustiva y minuciosa, independientemente de la fecha a la que se remonten”, ha señalado la policía de Hertfordshire en un comunicado.

Además, los dos hermanos están acusados de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el Reino Unido, donde la policía ya ha recibido autorización para embargarles más de 2,5 millones de euros, tras una resolución judicial de diciembre de 2024. Las fuerzas del orden han señalado que no pagaron ningún impuesto sobre los 25 millones de euros de ingresos que obtuvieron entre 2014 y 2022 por sus actividades en Internet. Según Andrew Tate, si se había instalado en Rumanía era porque le gustaba “el hecho de que allí la corrupción sea accesible para todos”.

Traducción de Miguel López

The Twelfth es una fiesta unionista que se celebra en casi toda Irlanda del Norte. La comunidad protestante organiza hogueras y desfiles militares y musicales cada 12 o 13 de julio. Se trata de un evento que, en teoría, pretende ser festivo y familiar, desde que han perdido intensidad los enfrentamientos con los católicos. Este año, las celebraciones se han visto especialmente perturbadas por la aparición, mientras el desfile aún estaba en marcha en Belfast, de pintadas misóginas en el escaparate de una tienda del barrio de Sandy Row.

En ellos se mencionaba el nombre de Gisèle Pelicot, a la que se calificaba de “zorra”, así como la frase Free Dominique (Liberad a Dominique), una referencia a su exmarido, condenado a veinte años de prisión en diciembre de 2024 por haber drogado y violado a su esposa durante casi diez años y por haber reclutado por Internet a decenas de desconocidos para que la violaran mientras estaba inconsciente. También se pintaron con spray mensajes racistas en los alrededores.

Esas pintadas, que ya han sido borradas, han sido condenadas por parte de la clase política de Irlanda del Norte, tal y como informa The Irish News. “No se trata de simples pintadas. Reflejan actitudes que siguen estando demasiado extendidas y que se banalizan con demasiada frecuencia”, afirmó la diputada laborista de Belfast Claire Hanna. “Cuando la misoginia se normaliza en el espacio público, envía un mensaje a las mujeres y a las niñas sobre lo que se tolera”, prosigue. “Cuando va acompañada de insultos racistas, se convierte en un intento de intimidación dirigido a sectores enteros de nuestra comunidad. No debemos minimizarlo ni mirar hacia otro lado.”

Por su parte, el concejal del Partido Verde, Brian Smyth, declaró en una publicación en las redes sociales: “Veo que el grupo local que pretende ‘proteger a nuestras mujeres y nuestras hijas’ ha recibido la visita de nazis franceses este fin de semana.”

La prensa local destaca que se avistó en Sandy Row a activistas de extrema derecha franceses “invitados a Belfast por lealistas” unas horas antes de que se descubrieran en el barrio pintadas misóginas dirigidas a Gisèle Pelicot. “Doza”, una cuenta de X dedicada a denunciar el racismo en Irlanda, ha publicado fotos de las pintadas indicando que, según un vecino, estas eran obra de “nazis franceses”.

Hay varios indicios que los incriminan. La pintura azul usada coincide con la de otras pintadas atribuidas a esos franceses. La forma y el contenido del mensaje misógino llaman la atención: el nombre “Gisèle” está escrito correctamente con acento grave, algo difícil de saber para los angloparlantes; el término salope, escrito en francés, suele ser desconocido para la mayoría de los angloparlantes (los periodistas norirlandeses que se hicieron eco del caso admitieron que tuvieron que buscar la traducción de este insulto, que sería zorra); por último, el nombre del exmarido de Gisèle Pelicot, Dominique, apenas ha traspasado las fronteras de Francia.

Según la información recabada por The Irish News, los activistas franceses de extrema derecha habían sido invitados a Belfast por lealistas del barrio de Shankill Road. Durante el fin de semana, una web de extrema derecha vinculada a este barrio describió al grupo de “veinte patriotas franceses” como “buena compañía”. La publicación también mostraba un mural local, realizado con toda probabilidad por los visitantes franceses, en el que se leía el lema No Surrender (Sin rendición).

El domingo, el grupo francés acudió a la hoguera de Sandy Row, donde fueron grabados entonando consignas fascistas, según vídeos visionados por The Irish News. Según la información recabada por Mediapart, se trata de identitarios procedentes de los grupúsculos Les Normaux (Ruán), Les Natifs (París) y Furie française (Toulouse).

En las redes sociales, los activistas de Ruán se identifican con la etiqueta “Expats 1066”. La fecha hace referencia a la partida de Guillermo el Conquistador desde Normandía para conquistar Inglaterra. Según nuestra información, los primeros “identitarios” franceses habrían llegado en avión la tarde del viernes 10 de julio y, al menos uno de ellos, tenía previsto regresar el miércoles 15.

Durante el fin de semana, se lo pasaron en grande con la gente del lugar. Se les ve subir a una hoguera, una torre construida con palés en la que se cuelgan objetos odiados —a menudo banderas irlandesas, pero también pancartas contra la inmigración, según ha señalado la BBC— para luego prenderle fuego.

En varios vídeos, un identitario francés se divierte haciendo zoom sobre una pequeña bandera argelina colgada en la hoguera — aunque Argelia nunca ha sido motivo de preocupación para la extrema derecha norirlandesa. Hay un grafiti de un barco en llamas con exiliados a bordo hecho por un francés que lo acompaña de un mensaje hostil hacia los migrantes: Stop the invasion, stop the boats (Detengamos la invasión, detengamos los botes). No muy lejos, otra pintada proclama Sink the Boats (Hundamos los botes). Un último mensaje afirma que “Le Pen es eterno” y reproduce una llama con el logotipo del FN.

Pero desde que los políticos se han hecho eco de la polémica y la policía de Irlanda del Norte ha lanzado un llamamiento a testificar para localizar a los autores de la pintada sexista dirigida a Gisèle Pelicot, al menos tres de los “identitarios” franceses que se desplazaron hasta allí han eliminado sus fotos y vídeos relacionados con su estancia en Belfast, cuando no han borrado directamente sus cuentas.

El que más publicaciones ha compartido utiliza como nombre de usuario “Portepot”, cuyo nombre real es Paul Reaney. Es un activista muy activo desde hace más de cinco años, primero en Génération identitaire (disuelta), Argos (tapadera del grupo anterior), Les Normaux de Rouen, luego en los bretones de An Tour-Tan y, actualmente, en Les Natifs de París.

Entre unos cuantos trabajos ocasionales para ganarse la vida, "Portepot" se dedica al activismo. Y mucho. Aunque tiende a multiplicar las cuentas y las identidades, se le reconoce en numerosas acciones y manifestaciones organizadas por grupúsculos de extrema derecha en Francia y en el extranjero.

En febrero de 2026, participó junto a los Natifs en una acción en la que se rociaron con sangre falsa las oficinas de los diputados de La Francia Insumisa, con el supuesto objetivo de denunciar la responsabilidad del partido de izquierdas en la muerte de Quentin Deranque. También estuvo presente en Lyon durante la manifestación en homenaje al joven neonazi.

El 30 de mayo, Paul Reaney también fue visto en la Remigration Summit, en Oporto (Portugal), un gran encuentro de la extrema derecha europea destinado a promover la expulsión masiva de inmigrantes.

En consonancia con estas convicciones, algunos de sus mensajes en las redes sociales dejan entrever su racismo, su nostalgia por el III. Reich y su afán por las peleas. “Nada une más a los jóvenes que la violencia”, afirmaba en Twitter (ahora X) en 2022. “La de la calle es la más adecuada para forjar hombres.” Se jacta de salir siempre con un protector bucal.

“Portepot” suele publicar comentarios homófobos, así como hostiles hacia las mujeres: “No respeto a las mujeres”, “mujer = puta”, “las odio”, “las mujeres no piensan”. Todas estas declaraciones se hacen eco de los insultos pintados contra Gisèle Pelicot en Belfast.

En las redes sociales, quien a veces se define como “anarco-racista” da a entender que ha “trabajado” para la Agrupación Nacional (RN), sin precisar la naturaleza de sus funciones, ni siquiera si recibía una remuneración. Lo cierto es que, en junio de 2023, aparece en una foto de los afiliados de RN en Morbihan.

Hijo de madre bretona y padre irlandés, Paul Reaney trabaja como guía turístico y se encarga de promocionar las expediciones a Belfast. Ya había estado allí con otros “identitarios” franceses en 2024 y 2025. Y, por supuesto, también este año.

A su lado, su hermano pequeño Allan, activista de Les Normaux de Ruán; Édouard Gouraud, líder del grupúsculo normando; así como un miembro de Les Natifs que, según nuestras informaciones, fue condenado por injurias públicas tras desplegar una pancarta racista contra la cantante Aya Nakamura.

Mediapart se puso en contacto con ellos a través de diversas cuentas ocultas que pudimos atribuirles y de las cuentas oficiales de sus grupúsculos. Solo Édouard Gouraud respondió afirmando: “No soy en absoluto el autor de las pintadas señaladas por los medios de comunicación en Sandy Row. Y puedo afirmar que no proceden de ningún miembro de los grupos políticos a los que estoy afiliado.” (Versu respuesta completa en los anexos.)

Desde hace años se han estrechado los vínculos entre los activistas de extrema derecha franceses y de las islas británicas. Los irlandeses del National Party han mantenido contactos con varios grupos regionales franceses, como An Tour-Tan en Bretaña o el Red de Angers.

El 7 de junio de 2026 tuvo lugar una concentración en la plaza del Panteón de París. Se desplegó una pancarta White lives matter (Las vidas de los blancos importan» y tomaron la palabra varios portavoces de grupos identitarios y neofascistas, entre ellos Paul Reaney y Stanislas Tyl, de Les Natifs.

El tema principal fue la “remigración” y el asesinato en el Reino Unido de Henry Nowak, un joven al que la policía esposó mientras agonizaba, porque su agresor lo había acusado de racismo. Paul Reaney aprovechó la concentración para promocionar el nuevo partido de extrema derecha Restore Britain, creado unos meses antes.

A ambos lados del Canal de la Mancha, los racistas se unen en torno a su odio común hacia los migrantes. Pequeños grupos británicos, como Raise the Colours (Izad las banderas), se presentan a menudo en la costa de Nord-Pas-de-Calais para atemorizar a quienes desean llegar a Gran Bretaña.

Existen vídeos generados por inteligencia artificial que incitan a la violencia al mostrar falsos ataques a los campamentos de migrantes. En realidad, estos activistas acuden a los campamentos para interpelar a los migrantes y preguntarles por qué quieren ir a Inglaterra. Si encuentran botes que aún no están inflados, los pinchan con un cuchillo.

La figura que aglutina a los racistas británicos y franceses se llama Tommy Robinson. Este activista, condenado en varias ocasiones por la justicia británica, fundó en 2009 la English Defence League, un movimiento ultranacionalista, islamófobo y antiinmigración, conocido por organizar manifestaciones que suelen degenerar en actos violentos.

En agosto de 2025, los grupos identitarios de Ruán (Les Normaux) y de Lille (Nouvelle Droite) llevaron a cabo una acción conjunta de comunicación en una playa. Se desplegaron pancartas con los mensajes Support Tommy Robinson (Apoyemos a Tommy Robinson) y Stop the Boats (Detengamos los botes). Estos grupúsculos llamaban a sumarse a la manifestación organizada por Tommy Robinson en Londres el 13 de septiembre, donde el colectivo femonacionalista Némésis fue invitado a intervenir en el escenario. En la primavera de 2026, Les Normaux de Ruán volvieron a celebrar una conferencia dedicada a Tommy Robinson.

Estas interconexiones no han pasado desapercibidas para la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI). En una nota, sus servicios de inteligencia subrayan que “el movimiento francés muestra su admiración y ve a su vecino del otro lado del Canal como un ejemplo a seguir”.

Al día siguiente del estrepitoso fracaso de la incursión en Romans-sur-Isère (Drôme) de unos activistas que querían vengar la muerte de Thomas Perotto en Crépol, en noviembre de 2023, uno de ellos había expresado su envidia de esos “ingleses alcohólicos que se mueven más que los franceses”. Los actos de violencia contra los migrantes en Irlanda habían electrizado a los matones franceses, dos días antes de su expedición racista.

Con motivo de los disturbios racistas en agosto de 2024 en el Reino Unido, tras la matanza de Southport en la que un adolescente galés de origen ruandés había matado a puñaladas a tres niñas, la DGSI, una vez más, constataba que “la extrema derecha francesa se mostraba muy entusiasmada con los disturbios que tenían lugar en el Reino Unido”. Según los servicios de inteligencia interior, el movimiento francés ve en la movilización de los activistas británicos “la encarnación de una revuelta legítima contra un invasor”.

Y los servicios de inteligencia interior se muestran preocupados por que tales acontecimientos hagan aparecer “un ideal de fraternidad blanca” entre los activistas británicos y franceses. “La conclusión de que los mismos males producen los mismos efectos en todas partes, difundida mediante una intensa propaganda, permite a los activistas impulsar sus ideas, en particular la de la necesidad de pasar a la acción para proteger a Occidente del genocidio blanco”, concluye la DGSI.

Traducción de Miguel López

La coreografía que crean en Reino Unido para la ceremonia de cambio de gobierno empieza a ser tan habitual que ha perdido brillo: siete en diez años. El horario de la visita del lunes al palacio para que Sir Keir Starmer ceda el mando a Andy Burnham ha estado sometido a los resultados del fútbol hasta el miércoles pasado. Si Inglaterra hubiese jugado la final el domingo contra España, hubiese viajado para ver el partido y la coreografía palaciega se hubiese retrasado a mediodía o tarde (suponiendo que los vuelos de los primeros ministros ni se cancelan ni se demoran). Ahora se mantiene para la mañana el trajín entre el Palacio de Buckingham, donde el rey despide a uno y recibe a otro, y Downing Street, de donde uno sale y el otro entra, de la mano de la esposa. 

Andy Burnham, exalcalde de Manchester, ha sido elegido como líder del Partido Laborista y, automáticamente, primer ministro en un proceso que, atendiendo a las reglas del partido, se ha convertido en una "coronación", un visto y no visto. La derrota electoral en las elecciones municipales del pasado mes de mayo resultó ser la gota que colmó el vaso contra Keir Starmer. El diputado laborista Josh Simons dimitió de su escaño en Makerfield (Manchester) para que Andy Burnham lo obtuviera. El 18 de junio ganó la elección parcial y con ella el acta de diputado, necesaria para liderar el partido. Obtuvo también los suficientes apoyos de diputados, asociaciones locales y organizaciones afiliadas para retar a Starmer, que dimitió al ver la fuga del grupo parlamentario hacia Burnham. Las ganas de los laboristas de deshacerse de Starmer eran tales que cinco días antes de cerrarse el plazo para otras candidaturas, Burnham tenía el aval de 349 diputados de los 403 que forman el grupo parlamentario laborista. No ha habido primarias ni se las espera.

Esta es la tercera vez que Andy Burnham se presenta para dirigir el Partido Laborista; en 2010 perdió contra Ed Miliband; en 2015 le ganó Jeremy Corbyn, quien condujo el laborismo a la izquierda política, perdiendo las elecciones de 2019. Por entonces, Andy Burnham dejó Westminster o centro político de Londres y se dedicó a la alcaldía de Manchester, en la que su perfil político ha crecido como la espuma, ganándose el calificativo de “el rey del Norte”. A la tercera ha ido la vencida y, encima, sin rivales.

El acceso de Andy Burnham a la presidencia del gobierno ha generado una larga retahíla de interrogantes sobre qué hará con la crisis de la vivienda, con el Brexit, con las pensiones, con los impuestos, etc. Él ha dicho que mantendrá el programa electoral del partido con el que Starmer ganó las elecciones de 2023. No obstante, se ha distanciado del sionismo de Starmer a través de un mensaje de tres minutos en las redes sociales en el que se disculpa por la reacción del Gobierno laborista a la ofensiva militar israelí contra Gaza y califica la muerte de palestinos (sin pronunciar la palabra genocidio) y la expansión israelí como “una herida en nuestra conciencia”. En la alocución reconoce que se han dado algunos pasos positivos, no suficientes, como “el reconocimiento del Estado palestino, las sanciones a ministros israelíes y a los colonos violentos y sus organizaciones en los Territorios Ocupados”.

Como primer ministro, antes de serlo, anunció lo siguiente: "Trabajaré con mis socios internacionales para que finalice el sufrimiento del pueblo palestino y para cerciorarme de que el gobierno israelí cumple la ley internacional y facilite la existencia de los dos Estados, para palestinos e israelíes. Están aumentando las pruebas de que se cometen crímenes de guerra en la destrucción de Gaza, y eso es intolerable". La declaración de buenas intenciones para contribuir a una solución al conflicto israelí-palestino está servida por el nuevo primer ministro. Se verá si las palabras se las lleva el viento, como ha ocurrido a menudo respecto al Oriente Medio.

El que espera que las buenas intenciones de Burnham se cumplan es el exlíder laborista Jeremy Corbyn, quien manifiesta a infoLibre que "Burnham es mejor que Starmer, pero tendremos que aguardar para ver qué políticas aplica; yo he tratado con él muchas veces; sin embargo, cuando se presentó a candidato para liderar el partido, le escribí para que se retratase sobre el genocidio de Gaza y denunciase la complicidad de este Gobierno en él y todavía no me ha contestado". Corbyn es ahora diputado independiente, como Diane Abbott, tras la expulsión del Partido Laborista. Otros miembros del ala izquierda, como el diputado John McDonnell, permanecen en el partido presionando para un giro a la izquierda.

En el Partido Laborista permanecen también miembros de Momentum, el movimiento de base que aupó a Jeremy Corbyn durante su liderazgo. Adam Klug, uno de los fundadores de Momentum, explica a infoLibre que "Andy Burnham, seguramente, aglutinará los diferentes sectores del laborismo para mantener la conciliación, puesto que el partido se ha derechizado mucho con Keir Starmer. Yo voté por Rebecca Long-Bailey en las primarias que eligieron a Starmer; ahora, espero, que ella u otras personas en su línea política tengan algún papel en la nueva etapa del partido y del gobierno". Klug reside actualmente en España y dirige Social Movement Coaching, una organización global de formación de activistas por la justicia social. El politólogo considera que Pedro Sánchez es a día de hoy "el modelo a seguir para Andy Burnham y otros en su posición".

Uno de los mayores retos para Andy Burnham será el de avenir a todas las familias ideológicas del laborismo; un objetivo que suelen marcarse todos los candidatos a líder del partido, tanto si acaban como no como primeros ministros. Todos se lo proponen, pero no todos lo consiguen. Ahora le toca el turno al exalcalde de Manchester.

He aquí un clásico entre los clásicos. Un policiaco británico contado con humanidad, con hechos interesantes y con riqueza de detalles, con un ambiente gris que acaba dejando salir a la luz la épica del trabajo bien hecho.

Así como el sueño americano solía ser la posibilidad de buscar un destino propio en el país en el que todo era posible, algo que se ha resquebrajado, el sueño de la ficción del Reino Unido es el de la felicidad profunda que proporciona la ética laboral.

Innumerables novelas, películas y series británicas muestran a trabajadores encontrando el sentido de la vida en el mimo a la tarea encomendada. Lo hemos visto con mayordomos que trascienden un empleo en principio humilde.

Y especialmente lo vemos en los policiacos. Sus agentes, inspectores o inspectoras y detectives trabajan con denuedo por adversas que sean las circunstancias y escasos los medios.

Leyendas ejemplifica esta fórmula. Y le suma la potencia de lo basado en hechos reales. El origen de la miniserie de Netflix de seis episodios está en un libro que contaba desde la no ficción un sorprendente despliegue policial.

En 1991 se produjo una operación encubierta para infiltrarse en una red de tráfico de droga que trataba de popularizar la heroína en Gran Bretaña. El asunto ya tiene interés en si mismo.

Lo que le añade atractivo es que los agentes que llevaron a cabo la misión eran empleados de aduanas. Funcionarios con vidas tranquilas y sin preparación para algo tan peligroso como lo que se les encomendó.

Por problemas burocráticos, no se podía hacer esta infiltración con otros cuerpos policiales y el tiempo apremiaba antes de que las redes narcotraficantes se asentaran en el país.

A partir de estos hechos, el guionista Neil Forsyth compone un grupo diverso de voluntarios que no temen nada y nada tienen que perder. Que buscan salir de sus monótonas vidas aun poniéndolas en riesgo.

Gracias a su duración la historia no tiene tiempos muertos y avanza ordenadamente mientras los personajes desarrollan ese crecimiento personal tan característico poniéndose al servicio de una tarea mayor que ellos mismos.

Conocemos tanto la estructura y el tono de estas historias que se han convertido en una fórmula. Enseguida detectamos si el nivel es fiable, y aquí lo es. Series como Leyendas prometen y entregan una calidad muy alta durante toda su duración. A cambio no suelen hacer el milagro de esconder grandes sorpresas.

La gracia extra de esta propuesta está en el incidente elegido. Los improbables héroes que rebosan vulnerabilidad y el momento histórico, un instante decisivo para tratar de abortar un tráfico de drogas letal y proteger al país de sus devastadores efectos.

La serie ha conseguido destacar en el catálogo de la plataforma por su solidez. Ha sido respaldada por unas notables audiencias en un buen número de países, demostrando una vez más la fuerza de esta veta de la producción británica.

El reparto tiene miembros notables, Steve Coogan y Hayley Squires entre ellos. A pesar de su carácter global el personaje central está interpretado por un sombrío Tom Burke inspirado en el coautor del libro original, Guy Stanton, que pasó diez años como infiltrado a partir de lo que se cuenta en esta miniserie.

Por su parte, el creador y único guionista de la serie, el escocés Neil Forsyth encadena con esta serie una buena racha. Su propuesta anterior, la atractiva The gold, que puede verse en Filmin, también se basó en hechos reales, en el mayor atraco a la historia del Reino Unido y la posterior trama para blanquear el botín.

Forsyth afirma no querer especializarse en esta recreación de sucesos reales sino haber encontrado los hechos y considerarlos demasiado interesantes como para dejarlos pasar.

En Some Laugh, el guionista añade una mirada más panorámica que la de la propia serie y señala la ingenuidad policial de creer que atajando el tráfico se acabaría la drogadicción cuando está demostrado que es la caída demanda lo único que puede atajarla. Y eso implica otra clase de lucha, especialmente centrada en la erradicación de la pobreza y sus consecuencias.

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido firmaron este martes el acuerdo sobre Gibraltar, que supondrá el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español y definirá el nuevo encaje del enclave tras el Brexit.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, rubricaron el pacto en la sede de la Comisión Europea en Bruselas acompañados del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

La firma del acuerdo supone el último paso oficial antes de su entrada en vigor provisional el 15 de julio, a la espera de que el Parlamento Europeo lo ratifique, previsiblemente en diciembre, y lo haga también el Parlamento británico.

Los países miembros, entre ellos España, ya dieron su visto bueno a los textos legales que componen el pacto el pasado abril, y que completarán el marco jurídico de las relaciones entre la UE y el Reino Unido establecido por el acuerdo de comercio y cooperación entre las dos partes tras el Brexit.

El acuerdo acaba con todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguarda plenamente el espacio europeo sin fronteras Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera.

Con el desmantelamiento de la verja de Gibraltar se pondrá fin a años de colas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón desde La Línea de la Concepción (Cádiz), entre ellos los miles trabajadores transfronterizos.

Las llegadas de pasajeros al aeropuerto estarán sujetas a un doble control fronterizo: Gibraltar gestionará la inmigración y la policía, mientras que los funcionarios españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Schengen, en un modelo similar al que operan las autoridades francesas en la estación de St. Pancras de Londres para el tren que va a Francia por debajo del canal de la Mancha. Además, el acuerdo abre la puerta a vuelos directos entre Gibraltar y destinos de la UE.

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se reforzará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras.

En materia fiscal, el documento contempla una convergencia progresiva en determinados ámbitos: Gibraltar aplicará un tributo indirecto equivalente al IVA (impuesto del valor añadido), comenzando en el 15% desde la entrada en vigor del tratado, y completando la convergencia en un plazo de tres años.

En Gibraltar, están previstas celebraciones a medianoche del día 15 con motivo de la desaparición de ese paso fronterizo, en las que participarán autoridades gibraltareñas y de La Línea.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también tiene previsto acudir el miércoles a la zona para ser testigo de la demolición de la verja.

El pasado 2 de julio, la Cámara de los Comunes se convirtió en un valle de lágrimas y en escenario de un conato de unidad política raramente visto. A Sarah Pochin, diputada del ultraderechista Reform, se le rompía la voz narrando la historia de su madre, forzada a dar en adopción a su hijo por estar soltera. La diputada laborista Tracy Gilbert, adoptada en 1972, se conmovió y conmovió a diputados de todos los partidos con las averiguaciones que ha hecho sobre cómo fue tratada su madre biológica. Hasta los parlamentarios conservadores, cuyo partido no se prodiga en disculpas históricas, se sumaron a la dispensa en nombre del Estado por las adopciones forzadas de 1949 a 1976, unas 185.000 en Inglaterra y Gales.

El primer ministro, Sir Keir Starmer, se disculpó en nombre del Estado británico y calificó de “mancha en nuestra historia” el papel que tuvieron instituciones públicas —religiosas o políticas— y empleados del Estado —médicos, enfermeras o asistentes sociales—. “La vergüenza no es vuestra; nunca fue vuestra; es nuestra”, concluyó el premier dirigiéndose a las mujeres. Esta clemencia no surge de debajo de las piedras, sino que las mujeres citadas y otras han formado el Movement for an Adoption Apology (MAA, Movimiento por la Disculpa por las Adopciones) para que el Gobierno, en nombre del Estado, emitiera la absolución oficial e institucional.

Un miembro de MAA es Judy Baker, quien, en 1968, a los 18 años, quedó embarazada de un hombre que no quiso responsabilizarse de sus acciones. Ha pasado tiempo desde 1968; no obstante, a Judy recordarlo aún le afecta a la voz y a las emociones, que permanecen a flor de piel cuando lo cuenta a infoLibre en una entrevista que resulta terapéutica. “Entonces el aborto era ilegal, yo vivía en Londres y contacté con una amiga enfermera que me mandó a un psiquiatra, quien me dijo si quería matar a mi hijo; una asistente social contactó con mi madre y entre todos decidieron que la adopción era lo mejor; todos eran personas con autoridad”, cuenta Judy.

“Ingresé en una casa de acogida, di a luz en un hospital y volví a la casa con mi niña; tras unas semanas llegó una carta de la agencia de adopción con una cita, el día y la hora, que venían a lo que yo creía ver a mi hija; la asistenta social se la llevó; me quedé mirando la puerta cerrada, esperando que se abriera de nuevo y regresaran. Me sacaron de la casa, y me esperaba mi madre”, relata Judy, reviviendo cada pequeño detalle de aquella experiencia que todavía parece por superar emotivamente. La mayor crueldad que ella ha conocido.

Dos años permaneció Judy en Londres con el estigma y el trauma de lo ocurrido. La avisaron de que no revelara a nadie que tenía una hija, un secreto que carcomió a otras mujeres hasta la tumba. “En 1970 decidí irme a España y cambiar de geografía; aunque no iba a cerrar la herida que me traumatizaba, al menos allí no me conocían, podía empezar de nuevo”, continúa Judy.

Estuvo unos meses en Tossa de Mar, de allí fue a Barcelona a trabajar, gracias al inglés, en la primera agencia de Relaciones Públicas que se abrió en la ciudad. “Era una sociedad muy machista, tuve una relación de pareja muy negativa”, recuerda.

Tras cuatro años de refugio español, que coincidieron con la agonía del franquismo, Judy regresó a Inglaterra con su secreto y el deseo inalterable de formar una familia, de las que salen en los anuncios de pensiones o de turrones. Tras un matrimonio breve y un divorcio, se casó de nuevo con un hombre con el que se amaron hasta que él murió hace unos años, conocedor desde el primer día de la lesión psicológica enquistada en Judy.

Cada vez que ella cambiaba de casa informaba a las agencias de adopción que habían intervenido en la adopción de su hija, por si acaso la hija quisiera contactarla. “En el año 2000 se produjo lo tanto ansiado; me llegó una carta de alguien a quien había conocido en 1968”, recuerda. Por entonces ya empezaban internet y los correos electrónicos; así y todo, durante unos meses se enviaron cintas magnetofónicas con sus voces y fotografías.

“El 26 de junio de 2000 nos vimos cara a cara; el 26 de junio de 1968 la había visto por última vez; ella era un saco de nervios, yo un poco menos, pero anímicamente desbordada”, recuerda Judy, conmovida, 26 años después de conocer a su hija. La madre tenía 50 años; la hija, 32.

Las historias de padres y madres reencontrados con hijos biológicos adultos no son cuentos felices. Cierran una herida y, a menudo, abren otra. La hija de Judy se divide entre sus padres ancianos adoptivos y la madre biológica reencontrada tras un inmenso vacío. “Yo soy persona non grata para los adoptivos; sin embargo, la situación es más difícil para mi hija que para mí”, añade Judy, que no ha tenido más hijos.

Para obtener algo de consuelo, si no solución a su problema, buscó casos como el suyo. Primero para apoyarse entre ellas; después tomaron el cauce reivindicativo con el MAA, la disculpa histórica reciente y una lista de peticiones al Gobierno para ayudar a financiar terapias, garantizar el acceso a la documentación sobre las adopciones y facilitar el encuentro de los adoptados con sus familias biológicas.

“La disculpa es importante porque aquí hay miles de personas que han sido víctimas del comportamiento de ayuntamientos, instituciones religiosas y sociopolíticas o empleados del Estado como médicos, enfermeras o asistentes sociales”, reconoce Judy, quien calcula que los afectados son medio millón de personas, en lugar de 185.000.

Judy y otras mujeres fueron recibidas por el primer ministro antes de emitir la disculpa. Este perdón no es el único que ha pedido Keir Starmer dentro de la memoria histórica con la que tratan desde hace tiempo. Starmer se disculpó también en nombre del Estado ante la familia de los cinco asesinados en el barrio de Springhill, en Belfast, el 9 de julio de 1972. Esta dispensa se produce tras una larga investigación sobre los muertos citados. Con un lenguaje que hace auténticos malabares, el conflicto de Irlanda del Norte, desarrollado entre 1968 y 1998 y con 3.500 muertos, genera clemencias parciales por parte de Londres. Lo mismo ocurre con el esclavismo o el comportamiento imperialista en matanzas como la rebelión Mau Mau en Kenia o la hambruna de Bengala.

Las excolonias británicas de África y el Caribe reclaman una disculpa formal y compensaciones por el esclavismo. El rey Carlos III ha manifestado un “gran pesar y profundo lamento” por el comercio de esclavos. Del lamento, de momento, el monarca no ha pasado a la disculpa y menos aún a la compensación económica.

La política británica atraviesa uno de los momentos más paradójicos de su historia reciente. Tras una década marcada por el Brexit, la inestabilidad institucional, el deterioro de los servicios públicos y una creciente sensación de declive nacional, el Partido Laborista regresó al poder en 2024 con una mayoría parlamentaria aplastante. Sin embargo, apenas dos años después, el entusiasmo que acompañó la llegada de Keir Starmer a Downing Street se ha transformado en una mezcla de frustración, impaciencia y escepticismo.

Es en este contexto donde hace su aparición la figura de Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester. Sin embargo, su creciente popularidad no se explica únicamente por sus capacidades políticas o por la gestión de una de las regiones más dinámicas del país, sino que refleja, sobre todo, el vacío estratégico existente en la política británica y la ausencia de un proyecto nacional capaz de responder a los desafíos estructurales que el Brexit no solo no resolvió, sino que amplificó.

Diez años después del referéndum de 2016, resulta evidente que el Brexit fue mucho más que una decisión sobre la pertenencia a la Unión Europea. Representó una enorme promesa de transformación nacional. Sus promotores prometieron recuperar el control, revitalizar las economías locales olvidadas por la globalización, fortalecer la soberanía democrática y construir un Reino Unido más próspero y cohesionado. Nada de eso ha sucedido.

Las dificultades económicas acumuladas desde entonces son conocidas. El crecimiento británico ha sido sistemáticamente inferior al del resto de las economías de su entorno. La productividad permanece estancada. Las barreras comerciales con el mercado europeo han afectado especialmente a pequeñas y medianas empresas. La inversión extranjera ha perdido dinamismo. Sectores enteros, desde la agricultura hasta la sanidad, sufren escasez de mano de obra derivada de un nuevo régimen migratorio mucho más restrictivo.

Pero quizás el fracaso más profundo del Brexit no sea económico sino político. La salida de la Unión Europea nunca fue acompañada por una visión coherente sobre qué tipo de país quería ser el Reino Unido después. El Brexit funcionó como un objetivo en sí mismo. Una vez alcanzado, emergió el vacío. Así, el país pasó años atrapado en una discusión obsesiva sobre los términos de salida, mientras cuestiones fundamentales —modelo productivo, transición energética, cohesión territorial, desigualdad social o papel internacional del país— quedaban relegadas a un segundo plano.

Y ahí es cuando llegó al poder Keir Starmer. Un líder que prometía estabilidad después del caos. Tras los gobiernos de Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, esa oferta resultaba comprensible e incluso necesaria. El país estaba exhausto tras años de escándalos políticos, crisis económicas y confrontación permanente. Sin embargo, la estabilidad no es un proyecto político.

Y es ahí donde ha residido la principal debilidad del gobierno laborista. Starmer ha apostado por una estrategia basada en la prudencia fiscal, la moderación ideológica y la gestión eficiente de los asuntos públicos. Ha buscado reconstruir la confianza en las instituciones y restaurar la credibilidad internacional del Reino Unido. Pero gobernar no consiste únicamente en administrar mejor lo existente. También implica ofrecer una dirección colectiva. Y lo que hay en este momento es una sensación creciente entre amplios sectores de la sociedad británica de que el gobierno carece de una narrativa transformadora. El Ejecutivo parece concentrado en minimizar riesgos más que en generar expectativas. En evitar errores más que en impulsar cambios.

Las dificultades económicas han agravado esta percepción. El deterioro del NHS, la crisis de vivienda, los problemas de financiación de las autoridades locales y las persistentes desigualdades regionales exigen respuestas de mayor alcance. Sin embargo, el laborismo se muestra reacio a asumir los costes políticos de reformas ambiciosas o de una revisión profunda de las restricciones fiscales heredadas. El resultado es una paradoja puesto que si bien Starmer ha logrado devolver cierta normalidad a la política británica, no ha conseguido devolver esperanza.

Y aquí es donde merece la pena prestar atención a uno de los principales problemas no resueltos del país, el de la creciente fractura territorial. La promesa de "levelling up" impulsada por Boris Johnson pretendía reducir las enormes desigualdades entre Londres y el resto del país. Como tantas otras promesas del Brexit, quedó en gran medida incumplida. Las diferencias económicas entre regiones siguen siendo enormes. La concentración de riqueza, inversión y oportunidades en el sureste de Inglaterra continúa generando tensiones sociales y políticas. Escocia mantiene vivo el debate independentista. Irlanda del Norte sigue enfrentándose a las complejidades derivadas de su singular relación con la Unión Europea. Incluso dentro de Inglaterra crece la percepción de que Westminster gobierna desde una lógica excesivamente centralizada. Aquí es donde figuras como Andy Burnham han ganado relevancia.

Desde el Gran Mánchester, Burnham ha construido una identidad política basada en la defensa de los intereses territoriales frente al centralismo londinense. Durante la pandemia protagonizó enfrentamientos públicos con el gobierno conservador en defensa de mayores recursos para las regiones. Desde entonces ha consolidado una imagen de político cercano, pragmático y conectado con los problemas cotidianos de la ciudadanía. Su éxito apunta a una cuestión fundamental que es la necesidad de gobierno de un país real, no sólo aquel ensimismado en las idas y venidas londinenses.

En este sentido, conviene evitar las idealizaciones puesto que Burnham no representa una ruptura radical con el laborismo actual ni dispone de soluciones mágicas para los problemas estructurales del Reino Unido. Pero sí que encarna algunas ideas que son fundamentales de cara a una nueva etapa política que ahora se abre paso.

En primer lugar, una visión más descentralizadora del Estado. Frente a décadas de concentración de poder en Londres, Burnham defiende mayores competencias y recursos para los gobiernos locales y regionales. Esta perspectiva conecta con una realidad evidente que pone en el centro la manera de dar respuestas adaptadas a los desafíos en territorios muy diversos. En segundo lugar, mantiene una sensibilidad socialdemócrata más visible que la del actual liderazgo laborista. Aunque no pertenece al ala izquierda del partido, ha mostrado mayor disposición a intervenir en cuestiones como transporte público, vivienda o protección social.

Y finalmente, y muy importante, representa una forma de hacer política menos tecnocrática y más vinculada a las experiencias concretas de la ciudadanía. En una época de creciente desafección política, este elemento no es menor, especialmente si se observa cómo operan otras fuerzas a derecha e izquierda del espectro político.

En ese sentido, el Reino Unido vive una crisis que trasciende los ciclos electorales y los liderazgos individuales. Es una crisis de propósito colectivo. Durante décadas, la pertenencia a la Unión Europea funcionó, en parte, como marco de referencia para la proyección económica y geopolítica británica. El Brexit eliminó ese marco sin sustituirlo por otro. Ni los conservadores ni el laborismo han logrado responder con eficacia y propósito a muchas de las cuestiones abiertas a día de hoy y que tienen que ver con temas que abarcan desde la definición del modelo económico en un contexto de competencia tecnológica y transición verde, pasando por la relación estratégica con la UE o el papel que el Reino Unido quiere jugar en el nuevo escenario internacional que se dibuja a estas horas.

Por eso la discusión sobre Andy Burnham resulta relevante. No porque represente necesariamente al próximo primer ministro, sino porque simboliza la búsqueda de alternativas en una sociedad que percibe que la página del Brexit aún no ha sido realmente pasada. La principal lección que, por el momento, se puede extraer de estos diez años es que el Brexit no era en sí mismo una estrategia de país, sino que era el inicio de una conversación sobre el futuro nacional. Una conversación que el Reino Unido todavía no ha sabido mantener consigo mismo.

______________________________

Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Hace una década del referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y la gazmoñería inglesa fluctúa. El 23 de junio de 2016, el 51,89% de británicos votó por salir de la UE; el 48,11%, por quedarse. Sin precedentes para tal osadía, el proceso todavía no ha acabado. El Brexit entró en vigor el 31 de enero de 2020; se hizo efectivo el 1 de enero de 2021 con la ruptura comercial y fronteriza. Irlanda del Norte aún está siendo una pesadilla política, mientras que Gibraltar se ha acomodado mejor. Escocia votó por quedarse, pero ha sido forzada a salir. El actual reset (reajuste) del Gobierno laborista marca tres líneas rojas (exclusión del Mercado Común, de la Unión Aduanera y de la libre circulación de personas); el resto, todo para renegociar, perpetuando así el proceso de nunca acabar.

La batahola de acuerdos y desacuerdos en torno al Brexit genera un bochinche de encuestas (Ipsos, YouGov, etc.) que apunta al aumento de los arrepentidos de haber votado Brexit: el 56% es partidario de la reincorporación, el 35%, contrario; el 48% apoya un segundo referéndum en un lustro, el 27% está en contra de otra consulta. Los resultados, entre los jóvenes, son más favorables a Europa que entre los mayores de 35 años.

Las cifras macroeconómicas indican que el Brexit ha perjudicado la economía. Según un estudio de la London School of Economics, el producto interior bruto (PIB) está entre 6% y 8% por debajo de lo que estaría si Reino Unido no hubiese salido de la UE; las inversiones se habrían reducido entre el 12% y el 18%; y el paro habría subido un 3% por el Brexit, según el estudio citado, en el que se reconoce que resulta difícil separar las consecuencias del Brexit de las del covid, la crisis energética, los aranceles de Donald Trump u otros factores que afectan a la economía británica.

Junto a la macroeconomía, el Brexit ha repercutido negativamente en la microeconomía; la del ciudadano de a pie que aquí dibujaré como el matrimonio formado por el británico John Smith y la española, residente fiscal en Reino Unido, María García, los nombres más frecuentes en la nomenclatura anglo-española, ambos (pongamos) de 65 años: John y María fueron de viaje a Grecia, visitaron la Acrópolis de Atenas; ella, con pasaporte español, pagó 17 euros por la entrada; él, británico, 25, puesto que la rebaja para mayores de 60 años se aplica a los ciudadanos de los 27 países de la UE. De turismo masificado o restringido, el Brexit ha encarecido los viajes de los británicos por Europa.

María alquila un piso, heredado (digamos) en Salamanca, por una cifra mensual de tres dígitos, del que ella paga el IBI y del que salda el impuesto sobre el alquiler a la Agencia Tributaria española. Antes del Brexit abonaba el 19% del alquiler y desgravaba los gastos generados por el uso de la vivienda. Con el Brexit, el 19% ha subido al 24% sin desgravación de ningún tipo para propietarios de fuera de la Unión Europea. El Brexit va sumando también a los británicos que viven en las costas españolas.

Para Navidad o cumpleaños de familiares, María tenía la costumbre de mandar un paquete a España hasta que la golpeó el Brexit con la declaración de contenido y valor de los paquetes, puesto que Reino Unido no comparte la unión aduanera de la UE. Por Correos o empresas de transporte, hay que detallar medidas, materiales y tiquismiquis acerca del envío. Un valor superior a 45 euros incurre en un 21% de IVA, aranceles si el objeto es originario de fuera de Reino Unido e impuestos especiales. A una sobrina de María, destinataria en Segovia de un regalo hecho en Nueva Zelanda, enviado desde Inglaterra, le costó casi los 50 euros que (digamos) abonó María por el obsequio. Paga el remitente y paga el destinatario.

Para John y María, además del dinero, lo peor que conlleva el Brexit son los interminables trámites administrativos. Aunque ellos están regularizados, hay españoles en el limbo administrativo por el Brexit. Los visitantes a Inglaterra necesitan desde hace unos meses una ETA (Electronic Travel Authorisation) o permiso de viaje, que cuesta 20 euros, para entrar en Reino Unido de visita o trabajo. Si alguien europeo, o del resto del mundo, quiere permanecer más de seis meses o 90 días de cada 180, necesitará un visado que solicitará a Home Office, el Ministerio de Interior británico. John Smith, que quiere moverse entre España y Reino Unido sin restricciones, ha optado por el TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero), que cuesta 20 euros más los trámites, renovable cada cinco años, para lo cual necesita estar empadronado en España, entre otros requisitos. María, en cambio, desde el Brexit, ha optado por la doble nacionalidad y dos pasaportes, al precio de 2.500 euros por los trámites de la nacionalidad y 120 euros por el pasaporte.

Para este verano, John y María planean con cierta cautela un viaje a Europa debido a que la aerolínea Wizz Air pide a sus pasajeros que lleguen con tres horas de antelación al aeropuerto por las colas que generan los controles de pasaportes (Brexit y la UE con el Sistema de Entradas y Salidas —EES— del espacio Schengen). Ryanair ha anunciado que no retrasará vuelos por pasajeros bloqueados en el control de pasaportes. De una duración de 20 a 25 segundos se ha pasado a 90 segundos, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que alerta de un verano de largas colas en los aeropuertos europeos.

Los que cumplen también diez años (de protesta) son el grupo de activistas SODEM Action (Movimiento Europeo de Desafío [al Brexit]). Cada miércoles de sesión de control parlamentario o preguntas al primer ministro, el grupo planta sus banderas europeas y sus eslóganes en Westminster. El fundador, Steve Bray, explica a infoLibre que “la prevista elección de Andy Burnham como líder laborista y primer ministro podría ser clave para la reincorporación a la UE”. Una esperanza compartida por pocos. En la protesta del miércoles 17 de junio, los activistas cantan Money, money y exhiben una foto del brexitero ultraderechista Nigel Farage en forma de billete de cinco millones de libras, la cifra de dinero que ha recibido de Rusia, según él para financiar su seguridad. Los fervientes brexiteros aducen que el Brexit, si no es un éxito, es porque se ha aplicado de forma inadecuada.

El primer ministro británico, Keir Starmer, cede ante la presión del Partido Laborista y anuncia el calendario para su dimisión tanto como líder del laborismo como jefe del Gobierno. El proceso, adelantado por varios medios, culminaría después de verano.

El todavía jefe del Gobierno hará todo lo posible por "conseguir una transición ordenada" ha dicho desde el atril en Downing Street, sede del Gobierno, después de confirmar que había comunicado su decisión al rey Carlos III.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer, que prometió "su apoyo total e inequívoco" a su sucesor que, todo apunta, será el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham.

En su discurso, Starmer ha valorado su acción dentro del partido tras 14 años en la oposición. "Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales, y mucho menos una aplastante, era imposible. Pero les demostramos que estaban equivocados, porque transformamos nuestro partido, erradicando el veneno del antisemitismo, restaurando la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional, y convirtiéndonos de nuevo en un partido", afirmó.

El discurso de dimisión también ha sido de balance de estos dos años, el primer ministro ha asegurado que con él al frente del Ejecutivo, "los salarios han crecido por encima de la inflación cada mes", ha reducido las listas de espera del Servicio Nacional de Salud, asegurado inversiones y mejorado los derechos de los trabajadores e inquilinos.

"Los cruces de pequeñas embarcaciones disminuyen, los hoteles de asilo cierran, protegemos a los jóvenes de las redes sociales y medio millón de niños han salido de la pobreza gracias a las decisiones que tomé. Nuestra reputación en el mundo se ha restaurado", ha dicho Starmer frente a sus ministros y trabajadores de Downing Street.

El 'premier' británico consiguió en 2024 la mayoría absoluta, pero su popularidad ha ido cayendo desde que tomase posesión como jefe del Ejecutivo. Los recortes en el Estado del bienestar, como cambios en el subsidio de combustible para los pensionistas, un límite de subsidios para las familias con un tercer hijo –que más tarde revocó–, o la subida de impuestos a las herencias familiares en el sector agrícola, fueron hundiendo su fama hasta alcanzar el 61% de desaprobación, según YouGov.

Pero, por si fuera poco, Starmer también se vio envuelto en una polémica después de que se revelase que él y varios de sus ministros aceptaron regalos de lujo, ropa y entradas para eventos musicales. Entre los últimos escándalos del Gobierno, la dimisión de la viceprimera ministra, Angela Rayner, tras verse envuelta en un escándalo fiscal relacionado con el impago de impuestos sobre una propiedad personal, que después resolvió.

Starmer terminó por perder toda su autoridad y el apoyo de sus compañeros de filas tras el varapalo electoral de los laboristas en las elecciones locales del pasado 7 de mayo, en las que avanzó el partido de ultraderecha y populista Reform UK.

Según apunta The Guardian, el primer ministro y su familia llevan todo el fin de semana meditando qué decisión tomar desde la residencia de Chequers y ya el sábado comenzaron a trabajar en un borrador sobre el discurso de dimisión. Pese a anunciar su renuncia, Starmer se mantendrá en el poder hasta que se haya resuelto quién será el nuevo líder del partido.

El anuncio de este lunes provocará que llegue un nuevo residente al número 10 de Downing Street, el séptimo en diez años.

Coincidencia, o no, el anuncio de Starmer se produce el mismo día que Burnham toma de posesión como diputado después de ganar el pasado jueves el escaño de Makerfield. Este paso era fundamental para que el ya exalcalde de Mánchester opte a convertirse en líder de su formación y primer ministro.

Hasta el pasado viernes, Starmer insistía en que no pensaba dimitir y que si había unas primarias en su formación para elegir a un nuevo líder se presentaría a ellas. Ahora parece que el primer ministro no acudiría a esos comicios, pero sí podría hacerlo cualquier otro diputado. Wes Streeting, quien renunció hace unas semanas como ministro de Salud, anunció la semana pasada en la BBC que se presentaría a cualquier contienda interna y que contaba con el respaldo de 81 diputados para hacerlo.

En cualquier caso, cualquiera de los diputados laboristas puede presentarse con el aval mínimo de 81 parlamentarios de la formación, equivalente al 20% de su grupo parlamentario.

Lo deseable por parte de las bases laboristas es que haya nuevo líder del partido antes de la conferencia anual del partido que se celebrará a finales de septiembre. Así, la intención de Starmer con este movimiento de dimisión es dejar todo atado para que el calendario para la apertura de las candidaturas para el liderazgo del partido el 9 de julio y su finalización antes del receso de verano. Esto propiciaría que el nuevo líder arranque ya en septiembre toda la actividad parlamentaria.

La laborista Barbara Castle (1910-2002), primera mujer en ocupar el cargo de primera secretaria de Estado en un Gobierno británico (1968-70), era tan exigente con su peluquera como con el ministro de Economía. En su tiempo, la peluquera siempre era mujer; el ministro de Economía, hombre. Hoy, Barbara, que era bárbara a la izquierda del partido, criticaría a la ministra de Economía, Rachel Reeves, por estar a la derecha del partido, si bien se congratularía de ver una ministra de Economía, el cargo más alto al que ha llegado una mujer en un Gobierno laborista. A las laboristas no les faltan credenciales históricas (Jennie Lee, Ellen Wilkinson, Margaret Bondfield o la misma Barbara Castle) de haber roto lanzas en la política británica. Pero algo pasa en las últimas décadas para que la formación se haya quedado varada, mientras su rival, el Partido Conservador, cuenta en su haber con tres ex primeras ministras (Margaret Thatcher, Theresa May y Liz Truss) y la primera líder negra, Kemi Badenoch.

Este jueves 18 de junio se han celebrado las elecciones en el distrito de Makerfield (Mánchester), provocadas por la dimisión del diputado laborista Josh Simons para que Andy Burnham, alcalde de Mánchester, consiga un acta de diputado que le permita retar el liderazgo de Sir Keir Starmer en el partido y, por ende, a la presidencia del Gobierno. Simons consiguió 18.202 votos en 2024, seguido del ultraderechista Robert Keyton, del partido Reform, con 12.803 votos y una participación del 52,4%. Si todo sale como predicen las encuestas, una parte de los laboristas que se quedaron en casa, descontentos con Starmer, acudirán el jueves a votar para que Andy Burnham se lance a la conquista de Downing Street, sede de la presidencia del Gobierno en Londres. Serán otras elecciones en el seno del laborismo en las que las mujeres han quedado relegadas a las filas de atrás.

La elección de Starmer como líder del partido en 2020, tras la derrota de Jeremy Corbyn en las elecciones de 2019, ya indicó que la misoginia pervive en el laborismo. La primera candidata a sustituir a Corbyn fue Rebecca Long-Bailey, de la izquierda del partido; la segunda, Lisa Nandy, que nadaba entre dos aguas políticamente y cuya campaña estaba financiada, parcialmente, por el lobby israelí, según ha reconocido ella misma en la ITV. El tercero en llegar, Starmer, con afán de unir izquierda y derecha o, como Nandy, contentar a todos, ganó las primarias y las generales de 2024 en las que salieron elegidas 265 mujeres (190 laboristas) de un total de 650 escaños. Starmer ha resultado ser un hombre ambiguo, indeciso, sionista y sin carisma u objetivo político claro, a diferencia de su predecesor, Tony Blair, en el Gobierno de 1997 a 2007.

Blair dimitió para dejar paso a Gordon Brown, quien nombró a la veterana Harriet Harman número dos del partido, pero no del Gobierno. Harman fue número dos del Partido Laborista entre 2007 y 2015 y, como tal, ejerció como líder interina del partido y de la oposición en 2010 y 2015, entre la dimisión de un líder y las primarias para elegir al siguiente. El mismo papel de líder temporal recayó en Margaret Beckett en 1994. tras la muerte de John Smith y antes de la elección de Blair. Beckett, diputada durante 45 años, fue la primera mujer ministra de Exteriores, y Harman ha sido titular de numerosas carteras. Pero ninguna mujer laborista ha roto el techo de cristal o cruzado la puerta del número 10 de Downing Street como inquilina oficial. Starmer nombró número dos a Angela Rayner, quien dimitió en septiembre de 2025. Según las predicciones electorales del próximo jueves, el liderazgo laborista continuará siendo cosa de hombres.

El desasosiego de muchas laboristas estalló a raíz del escándalo de Peter Mandelson, vinculado al pederasta convicto Jeffrey Epstein y nombrado embajador en EEUU. “El ambiente de club de chicos que rodea al primer ministro ha hecho posible el nombramiento, puesto que, de haber participado una mujer en el proceso decisorio, a Peter Mandelson no se le hubiese nombrado embajador en Washington”, sentenció Harriet Harman. La diputada y ministra Alison McGovern escribía en su blog que “la costumbre de no escuchar a las mujeres ha permitido que el poder de Mandelson durase demasiado tiempo”. La dimisión de Mandelson provocó la de otros tres varones con cargos en Downing Street. Starmer adujo que desconocía la relación de Mandelson con Epstein y que aceptó la recomendación de sus subalternos, entre ellos el asesor Morgan McSweeney, quien propuso a Mandelson como embajador en EEUU sabiendo que era amigo e, incluso, socio del pederasta. McSweeney dimitió; no obstante, el diario The i publicaba el fin de semana que continúa mandando en Downing Street.

Una portavoz de las laboristas críticas, entre ellas Harman, que han expresado su malestar tras el caso Mandelson ha concretado sus demandas a infoLibre: “Nombramiento de una vice primera ministra [cargo ocupado por un hombre], medidas políticas y administrativas contra la misoginia y hacer de la igualdad de géneros la sexta misión del Gobierno [alusión a cinco objetivos de Starmer]”. El primer ministro ha tomado nota y ha nombrado a Harriet Harman asesora en materia de igualdad de género, en una tarea a tiempo parcial, sin remuneración y con acceso directo al jefe del Ejecutivo.

La mirada de las laboristas está puesta ahora en la probable elección del jueves de Andy Burnham, quien llevaría el partido y al Gobierno al centro izquierda del espectro político. Como alcalde de Manchester, en 2023 remunicipalizó la red de autobuses urbanos y fijó un precio único del billete de dos libras (2,2 euros) para adultos y una libra para menores. Respecto a las mujeres, Burnham lanzó en 2021 un plan a diez años, la Gender-Based Violence Strategy, para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, aumentar su representación política, promover la igualdad de oportunidades e incrementar la igualdad de géneros. Un plan que, a medio camino (2026), ha visto, por ejemplo, el aumento de denuncias por agresión a mujeres y niñas. Con su liderazgo en el partido y en el Gobierno, podría arar el surco para la primera mujer al frente del laborismo, aunque eso llegaría ya varias décadas entrado el siglo XXI.

Los disturbios antiinmigración vuelven a sacudir Belfast por segunda noche consecutiva tras el apuñalamiento e intento de asesinato cometido este lunes por un ciudadano sudanés contra un británico.

Coches, autobuses y viviendas de extranjeros han sido el centro de las protestas de los ciudadanos de extrema derecha que han salido a las calles belfianas a condenar dicho atentado. La policía tuvo que utilizar cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afuera de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la policía que trataba de contenerlos. En estos disturbios, según asegura el medio británico Belfast Live, fueron detenidas 16 personas y 12 policías resultaron heridos.

Según este medio, el más popular en Irlanda del Norte, los manifestantes trataron de llegar al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político. Además, la Policía de Irlanda del Norte alertó horas antes de que se habían compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas, como la noche anterior, donde se quemaron casas para obligar a los migrantes a salir de las viviendas.

Las protestas no solo se han producido en Belfast, se han extendido a ciudades como Glengormley, Newtownabbey, Derry y Stormont, donde la mayoría de los disturbios han sido causados por grupos de jóvenes encapuchados y vestidos de negro.

En un gesto inusual en la política británica, tanto nacionalistas como unionistas publicaron un comunicado conjunto en el que pedían calma ante la ola de terror que se avecinaba tras una primera noche de caos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó las escenas de Belfast como "impactantes y completamente inaceptables" y aseguró que "no hay justificación para la violencia y el desorden que presenciamos, que amenazaron a nuestras comunidades, ni para quienes los incitaron, ya sea en línea o en cualquier otro lugar. Es evidente que anoche se atacó a personas por su origen y no lo toleraré", afirmó el jefe del Ejecutivo.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, calificó a los responsables de los disturbios como “actores de mala fe”, según recogió Reuters. En sus palabras, se trata de actores que “probablemente habrían tenido dificultades para localizar la provincia en un mapa, pero que han intentado instrumentalizar el miedo y la indignación comprensibles tras el acuchillamiento para atacar a personas con el mismo color de piel [del agresor]”.

Por su parte, la familia de Ogilvie ha pedido calma y publicado un comunicado condenando los "repugnantes" disturbios que se están viviendo en las calles belfianas, así como en otras ciudades del norte.

Mientras, el juez Steven Keown denegó la libertad bajo fianza a Alodid al alegar que los riesgos eran "demasiado grandes" y aceptar la posición de la Policía norirlandesa que advirtió de que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios ante el clima de tensión racial en la región.

Si bien unos políticos criticaron el hecho de los disturbios, otros como Tommy Robinson o Rupert Lowe, líderes de partidos de extrema derecha, centraban el tiro en el intento de decapitación de Stephen Ogilvie a manos de Hadi Alodid y animaban a salir a las calles. "Todo el Reino Unido se echa a las calles esta tarde [el miércoles] a las 7 de la tarde después de un nuevo ataque de los invasores contra nuestro pueblo", escribió Robinson en su cuenta de X.

Lowe se atrevió a afirmar que “debemos dejar de acoger a quienes desean decapitar niños. Un número enorme de personas debe ser expulsado de nuestro país; cuando digo enorme, lo digo en serio. Millones y millones deben irse o ser obligados a irse”.

Tras esto, Starmer alertó que los responsables de los disturbios sentirán "todo el peso de la ley" al tiempo que agradeció a las fuerzas del orden de la provincia británica de Irlanda del Norte la "valentía" para velar por la seguridad de la población.

Pero no solo han sido los británicos quienes han llamado a la acción en uno u otro bando, también Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y X, ha publicado varios tuits que han despertado el aviso de Ofcom, la agencia reguladora británica, para advertir que tomará medidas “para combatir el odio y el terrorismo” que circulan en las redes.

La ristra de tuits del fundador de Tesla ha ido desde pedir la deportación masiva hasta defender la violencia de los disturbios: “Millones deben irse (de aquí)”; “nada importa más que si la civilización cae”; “¡Migrantes asesinos que decapitan a personas inocentes en su ciudad natal es lo que está enfureciendo a la gente, no las redes sociales!“.

Por primera vez, un independentista juró el cargo de primer ministro de Gales. Fue el 12 de mayo, en Cardiff, capital de esta pequeña nación situada al oeste del Reino Unido. Rhun ap Iorwerth prometió “solemne y sinceramente […]servir […]a Su Majestad el rey Carlos III”, aunque su proyecto político pasa precisamente por romper el reino que encabeza el monarca. 

Su partido, Plaid Cymru, obtuvo una mayoría relativa en las elecciones municipales y autonómicas del 7 de mayo y puso fin a décadas de hegemonía del Partido Laborista. Es el inicio de una nueva etapa, que el propio Ap Iorwerth quiso subrayar minutos después, en las escaleras de Cathay Park, sede del Gobierno galés, al afirmar que su lealtad estaría, ante todo, “con el pueblo de Gales”.

Dijo que se esforzará por “colaborar de manera constructiva con el Gobierno británico”, y trabajará con “otros actores de estas islas cuando compartan puntos en común”. Al decir esto, Ap Iorwerth miraba hacia el norte, a 600 kilómetros, hacia Escocia. En Edimburgo, John Swinney también juró el cargo para seguir como primer ministro, tras la mayoría cualificada obtenida por el independentista Partido Nacional Escocés (SNP), también el 7 de mayo.

Ap Iorwerth aludía también a la situación política en Belfast. Michelle O’Neill es primera ministra de Irlanda del Norte desde febrero de 2024 y codirige el Sinn Féin, formación republicana a favor de la reunificación de Irlanda, hoy dividida entre la República de Irlanda, al sur, e Irlanda del Norte, integrada en el Reino Unido. Es la primera vez que el Sinn Féin ocupa la posición principal en el Ejecutivo norirlandés.

Aunque cuenta con mayoría en el Parlamento de Stormont, O’Neill comparte el poder en igualdad de condiciones con Emma Little-Pengelly, viceprimera ministra del partido de derecha DUP, el Partido Unionista Democrático. El Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte, prevé precisamente un ejecutivo bicéfalo que incorpora de forma automática a republicanos y unionistas. Tras las elecciones del 7 de mayo en Gran Bretaña, O’Neill habló de una nueva “dinámica” que conviene que cultivar.

Plaid Cymru, el SNP y el Sinn Féin “son tres partidos progresistas, de centroizquierda y socialmente liberales, que aspiran a una transformación profunda de la gobernanza de las islas británicas”, resume Richard Wyn Jones, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Cardiff. “Se consideran partidos hermanos”.

El SNP nació en 1935, diez años después de Plaid Cymru. Ambas formaciones encontraron pronto puntos en común. Además de invitarse mutuamente a sus congresos anuales, “cooperan muy estrechamente en el Parlamento de Westminster”, señala Wyn Jones. En 2022, por ejemplo, coordinaron sus intervenciones y su voto durante el debate sobre el límite máximo de los precios de la energía. También en los debates sobre la gestión del Brexit, estos dos partidos proeuropeos han hablado con una sola voz.

La relación que mantienen con el Sinn Féin es “muy diferente”, precisa Wyn Jones, aunque solo sea porque los diputados del partido republicano norirlandés se niegan a ocupar sus escaños en Westminster. Los vínculos establecidos por Plaid Cymru y el SNP con el Sinn Féin son más recientes. Durante mucho tiempo, el partido fue considerado la rama política de un grupo paramilitar, el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. La llegada de Michelle O’Neill, que nunca tuvo vínculos personales con el IRA, a la dirección del partido en 2017 lo cambió todo.

Los tres partidos llevan, por tanto, años conviviendo. Pero, por primera vez, en la próxima reunión con Keir Starmer, dentro del marco de relaciones intergubernamentales del Reino Unido, serán tres jefes de Gobierno independentistas quienes se sienten frente al primer ministro británico. Estas reuniones se celebran aproximadamente cada dos meses. Según la web del Gobierno, su objetivo es “fomentar la colaboración y evitar desacuerdos”.

Pero el sistema sigue siendo “vertical”, como explica Bettina Petersohn, de la Universidad galesa de Swansea: es el primer ministro quien convoca esas reuniones y propone los temas de debate, que solo pueden dar lugar a declaraciones de intenciones. Starmer, políticamente debilitado, se encontrará en una situación de uno contra tres (si se omite a la viceprimera ministra norirlandesa del DUP, que estará presente), pero aún puede contar con una amplia mayoría en el Parlamento de Westminster. Ninguno de los tres dirigentes de las naciones periféricas, recuerda Petersohn, dispone de mayoría absoluta en sus respectivos parlamentos.

Otra baza que Starmer puede jugar, según la politóloga, reside en el carácter asimétrico de la descentralización británica, la devolución. Aunque Escocia, Gales e Irlanda del Norte cuentan con gobiernos propios para defender sus intereses, no es el caso de Inglaterra. Ni siquiera Reform UK, el partido de extrema derecha cuyos miembros  exhiben con más frecuencia la bandera inglesa que la británica y que obtuvo una amplia mayoría en Inglaterra el 7 de mayo, propone la creación de un Parlamento inglés.

Nigel Farage, líder de Reform UK, ha abandonado una idea que le era muy querida: la restauración del sistema English vote for English Laws (Evel, un voto inglés para las leyes inglesas), que consistía en restringir el derecho de voto de los diputados no ingleses sobre proyectos de ley que solo afectaran a Inglaterra. Establecido en 2015 por los conservadores, el mecanismo fue abolido por ellos mismos en 2021 debido a su complejidad.

En realidad, Inglaterra no necesita necesariamente un Parlamento propio. Incluso sin el sistema Evel, la nación domina en Westminster en cuanto a superficie, población y poder: 533 de los 650 diputados son ingleses. El Parlamento y el Gobierno de Londres “conservan la soberanía”, recuerda Murray Leith, profesor de ciencias políticas en la Universidad de West Scotland. “Técnicamente”, añade, “Westminster podría abolir los gobiernos descentralizados de Escocia y Gales”.

La perspectiva de una mayoría de Reform UK —muy poco favorable a la descentralización— tras las próximas elecciones generales, previstas como muy tarde para 2029, es una de las razones que empujan a las tres naciones a estrechar lazos. Pueden colaborar porque “no son competidoras”, subraya Leith. Todas quieren “reforzar la autoridad y el poder” de sus gobiernos dentro del Reino Unido antes de, en última instancia, desvincularse de Londres.

Aunque Gales votó mayoritariamente a favor de la salida de la Unión Europea en 2016, los tres partidos comparten también una orientación proeuropea. Y, sobre todo, rechazan la ley sobre el mercado interior aprobada en 2020, como consecuencia del Brexit. Esa norma busca evitar barreras comerciales internas, en particular con Irlanda del Norte, que permanece de facto dentro del mercado único europeo para no levantar fronteras aduaneras en la isla de Irlanda (la República de Irlanda es miembro de la UE) y reavivar un conflicto histórico.

Además, esta ley limita las competencias de los gobiernos descentralizados. Escocia, por ejemplo, quiere regular el precio de los alimentos básicos para combatir el aumento del coste de la vida. Pero Londres, en nombre de la armonización del mercado interior, podría impedir la aplicación de esta medida, incluso si fuera aprobada por la mayoría del Parlamento escocés.

En ausencia del Sinn Féin en Westminster, el SNP y Plaid Cymru cooperan con los diputados norirlandeses del DUP. Estos no desean la independencia, pero quieren que la descentralización funcione, y para ello están dispuestos a apoyar mociones parlamentarias iniciadas por los nacionalistas galeses o escoceses. En la década de 2010, todos ellos formaron así un frente común contra el proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad HS2 en Inglaterra, cuyos costes se dispararon.

Pero los intereses compartidos del DUP con los partidos independentistas llegan hasta ahí. Si el primer ministro británico rechaza las demandas comunes de las naciones que gobiernan, estas podrían convertir ese bloqueo en un nuevo argumento a favor de su emancipación.

Traducción de Miguel López

Keir Starmer resiste. El primer ministro británico aguanta el tipo y quiere convertirse en el primer jefe del Ejecutivo en aguantar una legislatura completa desde que David Cameron dimitiera por la victoria del referéndum sobre el Brexit. 

Desde entonces, la política británica se ha instalado en el caos: Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss y Rishi Sunak han sido los predecesores de Starmer en la “turbulenta” nueva realidad de Reino Unido alejada de los europeos. 

La derrota en los comicios locales y regionales del Partido Laborista ha levantado las alarmas dentro de sus filas que piden la dimisión de Starmer como líder, lo que conllevaría,que abandonase también sus responsabilidades en el número de 10 de Downing Street.

Las últimas elecciones dejaron una fotografía difícil de digerir para el votante laborista, pero mucho más para los miembros del partido. El partido de Starmer pasó de más de 2.500 concejales en todo el país a poco más de 1.000, mientras que Reform UK, partido del líder populista y de extrema derecha Nigel Farage, pasó de 2 a más de 1.400. 

Este golpe, sumado al deterioro de la popularidad de Starmer, ha impulsado una contestación sin precedentes. Al menos 70 diputados laboristas han pedido ya que dé un paso atrás. El primer ministro, sin embargo, se mantiene firme: solo aceptará un desafío formal si 81 parlamentarios respaldan una candidatura alternativa. Por ahora, nadie ha reunido ese apoyo.

Ninguno de los aspirantes lo tiene fácil. 

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, es el más popular de todos ellos. Pero no es diputado de la Cámara de los Comunes —condición indispensable para la sucesión—. 

En enero anunció su intención de disputar el escaño vacante en la circunscripción de Gordon y Denton, dentro de la región de la Gran Mánchester, pero Starmer maniobró —junto al Comité Ejecutivo Nacional—para que el alcalde no pudiera presentarse. El argumento esgrimido desde el partido fue que de ganar ese escaño, habría que convocar unas nuevas elecciones municipales para las que el partido no estaba preparado.

A favor de Burnham, existe la posibilidad de que algún aliado renuncie a su acta de diputado para dejarle el hueco y que se presentase, pero eso puede provocar otro bloqueo de Starmer o, como en el caso de Gordon y Denton, Reform UK o Los Verdes, les arrebaten el asiento en la Cámara de los Comunes. Demasiado riesgo.

Las últimas cifras manejadas por Ipsos señalan una aprobación y conocimiento del 17% de los electores hacia el alcalde de Mánchester, frente a la que sería su rival más inmediata, la ex viceprimera ministra, Angela Rayner, con una aprobación del 5%. 

Rayner está entre las favoritas del ala moderada, pero los problemas con Hacienda que le obligaron a dimitir y a abandonar el Gobierno, despiertan recelos. A su favor y en contra de Burnham: todavía conserva su escaño en Westminster.

El último en la terna de favoritos es Wes Streeting. El ya exministro de Sanidad se ha consolidado como el candidato preferido del ala centro-derecha y de los ‘blairistas’, aunque también ha logrado cierto respaldo entre los más progresistas gracias a su perfil social y su postura con Gaza. Sin embargo, también tiene problemas.

Los mensajes del titular de Sanidad con Peter Mandelson —amigo de Jeffrey Epstein— supusieron la primera gran crisis de Gobierno; y la deriva hacia la derecha del Laborismo está provocando la sangría de votos en favor de Los Verdes de Zack Polanski.

La dimisión de Streeting provoca un pequeño terremoto y busca provocar el movimiento de dimisión de Starmer o, en todo caso, la firma de los 81 avales necesarios que respalden su candidatura.

Mientras tanto, el sector más moderado de la izquierda laborista busca sus propias opciones: el exlider laborista, Ed Miliband y las actuales ministras y críticas con Starmer, Shabana Mahmood y Yvette Cooper constituyen la terna progresista.

Miliband ya fue líder del partido entre 2010 y 2015 hasta caer en las elecciones contra David Cameron; Mahmood gana peso gracias a su discurso en inmigración; y Cooper, veterana y ambiciosa, sigue siendo una figura respetada, aunque sin apoyos para liderar la rebelión.

Pese a la presión, Starmer no cede. La reunión del Consejo de Ministros del martes fue un brindis al sol. “No voy a dimitir”, dijo Starmer, que considera que la situación económica y geopolítica actual no merece la inestabilidad que provocan unas elecciones. “El país espera que nos centremos en gobernar”, dijo el premier británico. 

Y aduciendo esa inestabilidad, la ‘guardia pretoriana’ del primer ministro ha salido en su defensa. El titular de Vivienda, Steve Reed, aseguraba tras la reunión de los ministros que “no es un juego. La inestabilidad tiene consecuencias en la vida de las personas”.

Tras Reed, otros tres ministros respaldaron la continuidad de Starmer. Y, David Lammy, viceprimer ministro, comparecía para resumir la estrategia: “Starmer fue elegido para un mandato de cinco años. Pido a mis colegas que den un paso atrás, respiren hondo, y tengan en cuenta que, en las últimas horas, nadie ha querido presentarse como candidato. Los que sugieren al primer ministro que dimita, que digan quién debe sustituirle”.

Esto evidencia la fractura dentro del Gobierno. Cinco ministros a favor de Starmer, dos en contra y una dimisión ¿y el resto? Silencio. Eso sí, desde el martes, una cascada de dimisiones busca provocar que algún alto cargo dé el paso. Ese podría ser Streeting, pero de momento y tras reunirse con Starmer, prefiere esperar.

Quienes ya han dado el paso son Miatta Fahnbulla, Jess Phillips, Alex Davies-Jones, o Zubir Ahmed, todos cargos menores, pero todos ligados al partido y al Gobierno.

Para mantener el poder, Starmer ha movido ficha. Incorpora a su equipo, en calidad de asesores especiales, al ex primer ministro Gordon Brown, para aconsejarle en la estrategia económica, y Harriet Harman, ex número dos de Brown en el partido. Su tarea será la de ayudar al Gobierno en las políticas de protección de mujeres y niñas.

Mientras tanto, Carlos III leyó este miércoles el discurso con las líneas políticas del Gobierno para este año, lo que despertó las críticas del Partido Conservador.

Kemi Badenoch calificó de “ridículo” que el Gobierno esté presentando un programa “mientras varios de sus miembros están dimitiendo y un gran número de los diputados laboristas le están diciendo a su primer ministro que se tiene que largar. No tiene lógica alguna. Si todos ellos apoyan esta agenda legislativa, ¿por qué se quieren deshacer de su líder? Y si no la apoyan, ¿qué diablos estamos haciendo aquí?”.

El vehículo va directo hacia el abismo, pero Keir Starmer no tiene intención de ceder el volante. En una reunión con los miembros de su gabinete celebrada la mañana del martes 12 de mayo, el primer ministro británico, debilitado por los resultados de las elecciones locales del viernes en Gran Bretaña, dijo que no dimitiría.

“El Partido Laborista cuenta con un procedimiento que permite impugnar el liderazgo, pero no se ha puesto en marcha”, declaró Starmer ante sus ministros. “El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como Gobierno”. De hecho, nadie se ha atrevido aún a desafiarlo. Las normas del Partido Laborista estipulan, a este respecto, que un candidato debe contar con el apoyo de ochenta y un parlamentarios para aspirar al liderazgo.

Pero la presión contra él va en aumento desde las filas laboristas. Cerca de noventa diputados de la Cámara de los Comunes ya han pedido a Keir Starmer que dimita, ya sea a corto o medio plazo. Otros cien, como respuesta, han redactado una carta para afirmar que no es momento de celebrar unas elecciones internas. Un alivio para Starmer, aunque, en el momento de escribir estas líneas, se están empezando a anunciar ya dimisiones en su gabinete.

Miatta Fahnbulleh, la ministra de Comunidades, cercana al secretario de Estado de Energía, Ed Miliband, anunció la suya el martes y pidió al primer ministro que dimitiera. Otra, Jess Phillips, responsable de Protección de la Infancia, la siguió a lo largo del día. Alex Davies-Jones, responsable de Víctimas y originaria de Gales, donde el Partido Laborista sufrió una derrota muy abultada, también dimitió por la tarde.

Pauline Schnapper, profesora de civilización británica contemporánea en la Universidad de la Sorbona-Nouvelle, analiza las consecuencias de las elecciones del 7 de mayo, ya sean inmediatas, en lo que respecta al destino incierto de Starmer, o a más largo plazo, en lo que se refiere a los equilibrios políticos en las diferentes naciones que componen el reino.

Mediapart: Se estrecha el cerco en torno a Keir Starmer. ¿Cuáles son los factores y los cálculos que hacen que su posición sea más incierta que nunca, cuando no han faltado retos en los últimos dos años?

Pauline Schnapper: Hay un efecto de acumulación. Su impopularidad no es de ahora, se manifestó poco después de su llegada al 10 de Downing Street en el verano de 2024 y ha perdurado hasta ahora. La anterior oleada de elecciones locales en Inglaterra, el año pasado, ya estuvo marcada por una victoria de Reform UK [el partido de extrema derecha de Nigel Farage – ndr]. Las elecciones del pasado viernes se consideraban, por tanto, su última oportunidad para remontar el vuelo.

Starmer adolece de una personalidad muy poco carismática y de haber dado muy pronto la desafortunada impresión de no saber adónde va. Un ejemplo lo dice todo. Se ha visto perjudicado por dos decisiones consecutivas: suprimir las ayudas para la calefacción en invierno destinadas a los jubilados y luego dar marcha atrás. Desorientó al núcleo electoral del partido, demostrando al mismo tiempo que parecía carecer de una visión clara sobre su margen de maniobra. A esto se sumó el caso Mandelson [nombrado embajador en Washington a pesar de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein – ndr].

Además, no hay que subestimar un fenómeno que conocemos bien en Francia y en otros lugares de Europa: un desencanto político generalizado hacia la clase política tradicional. No es casualidad que Reform UK y el Partido Verde estén en auge en este momento. Se percibe una tendencia hacia el ¡váyanse! en el electorado.

Si Starmer fuera desafiado y dimitiera durante su mandato, ¿nos encontraríamos ante un caso sin precedentes en la historia de los primeros ministros laboristas?

Este caso ha sido relativamente frecuente en el bando contrario de los conservadores, que han sustituido a su primer ministro en varias ocasiones. Entre los laboristas, no hay realmente ningún precedente comparable desde 1945.

Hay sin embargo algo en común con la salida programada de Tony Blair, que se vio sometido a presión tras su tercera victoria, en 2005, a pesar de la impopularidad de la guerra de Irak y de una mayoría muy reducida en la Cámara de los Comunes. La presión sobre él era tal que anunció su salida para 2007. Hay que señalar, sin embargo, una diferencia con nuestra época: la existencia de un sucesor claro en la persona de Gordon Brown. En 2026 no aparece nadie como líder aglutinador.

Ya se empieza a vislumbrar una lucha entre la facción más centrista del partido (cuyo supuesto líder sería Wes Streeting, ministro de Sanidad) y su ala izquierda moderada, conocida como soft left (cuyos responsables más citados son el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, la diputada Angela Rayner, exvicepresidenta del partido, o incluso Ed Miliband, responsable de Energía en el Gobierno). Teniendo en cuenta que el ala más a la izquierda es muy débil, ya que muchas de sus figuras han abandonado el partido o han sido expulsadas, como el antiguo líder Jeremy Corbyn.

La sustitución de Starmer no se decidirá únicamente en función de la línea política, sino también de una dimensión más personalista. No se descarta que sea sustituido por un dirigente con una línea muy similar a la suya, pero cuya visión y capacidad de liderazgo sean más claras.

Andy Burnham, que pertenece a la soft left, es sin duda el más popular dentro del partido. Su problema es que no es parlamentario en este momento, algo necesario para convertirse en primer ministro. Por eso sus partidarios desean ganar tiempo, con el fin de organizar su regreso. No quieren una dimisión inmediata de Starmer, sino que sea programada para los próximos meses. Los partidarios de Streeting, por el contrario, presionan para que se celebren elecciones rápidas con el fin de evitar que la línea política cambie en lo fundamental.

Hace años que se habla de la ruptura del bipartidismo británico. En este sentido, ¿cómo interpreta los resultados de las elecciones del 7 de mayo?

En términos de votos, el bipartidismo desapareció hace tiempo, pero ha quedado oculto por el sistema electoral, muy restrictivo. Este elimina todas las candidaturas que no están en cabeza en cada circunscripción, lo que amplifica la victoria del partido que va por delante de los demás. Eso se vio muy claramente en 2024. La avalancha de escaños del Partido Laborista se logró con apenas un tercio de los votos, cuando antes los partidos vencedores estaban más cerca del 40 %.

Si observamos y proyectamos los resultados de las elecciones locales del 7 de mayo en Inglaterra, nos encontramos con cuatro partidos muy igualados, situados entre el 15 % y el 20 %, y un partido de extrema derecha que los supera, Reform UK, con alrededor del 25 %. En unas elecciones nacionales con un sistema electoral sin cambios, tal configuración le permitiría, si no obtener la mayoría absoluta, al menos acercarse a ella. Sería algo inédito.

Pero hay que ser muy cautelosos: la incertidumbre es lo que más caracteriza este periodo. El panorama político nunca ha sido tan cambiante como desde 1945.

Nigel Farage afirma que Reform UK es “el único partido nacional auténtico”. ¿Qué quiere decir con eso?

Esa afirmación se debe a que Reform UK y su predecesor, el UKIP, que Farage dirigió durante veinte años, han sido partidos considerados muy “ingleses”. En Escocia y Gales, este tipo de partido no se percibía como un movimiento al que se pudiera votar si se tenía una conciencia nacional.

Eso ha cambiado radicalmente: Reform UK ocupa el segundo puesto en Gales, algo impensable hace unos años. El Partido Laborista ha quedado relegado al tercer puesto, lo que para él supone una catástrofe ya que marca el fin de una tradición muy antigua. Y Reform UK también ha irrumpido con fuerza en Escocia. El partido ha captado parte del electorado unionista en ambas regiones, con ciudadanos opuestos a los nacionalistas locales.

Número de escaños ganados en el Parlamento

Tampoco hay que olvidar que el caballo de batalla de Reform UK es el sentimiento anti inmigración. Circulaba una especie de mito según el cual solo los ingleses eran más hostiles a la inmigración que las otras naciones. En realidad, ese sentimiento existía y estaba documentado en las encuestas de opinión, al igual que el rechazo a las élites y la sensación de ser maltratados por el Gobierno central. Estas actitudes encontraron una salida electoral común.

En general, a los partidos tradicionales les cuesta construir una oferta que responda a las preocupaciones identitarias y culturales del electorado. El Partido Conservador va a la zaga de Reform, sin que eso le haya permitido recuperar votos por el momento, y el Partido Laborista se ve en apuros con una parte de su electorado que quiere más gasto público y que es bastante hostil a la inmigración.

Por primera vez, los tres nacionalismos periféricos están en el poder en las asambleas parlamentarias “otorgadas” del Reino Unido. ¿Es esto una señal de que esta descentralización funciona, o hay que ver en ello los gérmenes de una desintegración?

La desintegración del reino es poco probable a corto plazo. El sentimiento independentista no es mayoritario en Escocia, donde apenas ha avanzado desde el referéndum de 2014. En Gales, ha progresado en las últimas dos o tres décadas, pero no supera el 20-30 %. Por lo demás, el tamaño y la fragilidad económica de la región hacen poco creíble el escenario de una independencia a medio plazo.

Escaños ganados en el Senedd, el Parlamento galés. Debido al nuevo sistema de votación, un sistema proporcional plurinominal, el número de diputados ha pasado de 60 a 96.

Desde 1999, la transferencia de competencias se limita a asuntos importantes a nivel local (como la sanidad o la educación), pero no estratégicos a nivel nacional. Por lo tanto, la distribución de poderes no puede afectar realmente a la coherencia de la actuación del Gobierno central.

Lo que es más probable que ocurra son tensiones en las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno. Al Gobierno escocés le puede interesar mostrar hasta qué punto sus políticas difieren de las que se aplican en Londres. En Gales también es posible, pero los nacionalistas galeses tendrían que aliarse con otro partido para obtener la mayoría, lo que podría limitar sus intentos de mantener tensiones con Londres.

Traducción de Miguel López

La crisis política abierta en el Reino Unido tras la debacle laborista en las elecciones municipales y locales va mucho más allá de un simple castigo electoral. Lo que emerge es un cuestionamiento profundo del proyecto político de Keir Starmer y, en términos más amplios, de una socialdemocracia europea que hace ya tiempo que renunció a disputar el conflicto social para refugiarse en la mera gestión tecnocrática del deterioro.

Las dimisiones y tensiones internas dentro del Gobierno británico son solo la expresión visible de un problema más profundo que es el agotamiento acelerado de un liderazgo que llegó al poder prometiendo estabilidad, competencia y moderación, pero que empieza a ser percibido por amplios sectores sociales como incapaz de ofrecer una agenda real de transformación. Los laboristas demuestran, de nuevo, que la “apisonadora” del social-liberalismo de Toni Blair sigue pesando como una losa sobre ellos, algo a lo que regresan para recoger nuevos fracasos.

La paradoja de Starmer resulta especialmente significativa. El líder laborista obtuvo una amplia mayoría parlamentaria hace apenas dos años. Sin embargo, aquella victoria descansaba sobre una base extraordinariamente frágil, más que una adhesión entusiasta al proyecto laborista, lo que existía era un enorme rechazo social hacia el colapso conservador posterior al Brexit, Boris Johnson y el caos económico y político acumulado durante más de una década.

El problema aparece cuando la “normalidad” prometida por Starmer deja de ser suficiente. Porque las sociedades europeas ya no atraviesan simplemente una crisis de gobernabilidad institucional; atraviesan una crisis social profunda marcada por la precarización, el deterioro de los servicios públicos, la crisis de vivienda, el aumento de las desigualdades y la creciente sensación de inseguridad económica. Y frente a ello, el laborismo británico ha respondido con una mezcla de prudencia fiscal, cálculo electoral y moderación política que lejos de ser eficaz espanta a su electorado que huye a derecha (Reform) e izquierda (The Greens) según el caso.

Starmer construyó su liderazgo sobre una operación muy concreta, la derechización del Labour con el objetivo de neutralizar el legado de Jeremy Corbyn y reconstruir la confianza de los sectores empresariales y financieros británicos. La operación fue eficaz para ganar elecciones. Pero también implicó abandonar buena parte de las expectativas de reconstrucción social que habían movilizado a amplios sectores progresistas en los años anteriores. De este modo, el actual Gobierno laborista ha asumido, en gran medida, los límites fiscales y económicos heredados del consenso neoliberal británico. La insistencia en la disciplina presupuestaria, la ausencia de una agenda ambiciosa de inversión pública y las vacilaciones en materia de transición ecológica han terminado alimentando una creciente frustración entre sectores jóvenes, urbanos y progresistas que esperaban algo más que una gestión más amable del statu quo.

Precisamente ahí debe leerse también el crecimiento de los Verdes en las últimas elecciones locales. El avance del Green Party of England and Wales no responde únicamente a una preocupación ambiental creciente. Expresa también una fuga política de votantes progresistas decepcionados con el giro centrista del Labour y con la sensación de que Starmer ha vaciado de contenido transformador a la izquierda británica.

La cuestión ecológica resulta especialmente reveladora. Mientras la crisis climática exige políticas de transformación económica y social de gran escala, el Gobierno laborista ha optado por posiciones extremadamente cautelosas para no incomodar determinados intereses económicos ni aparecer como fiscalmente “irresponsable”. El resultado es una percepción creciente de falta de ambición política precisamente entre los sectores sociales más sensibles a la emergencia climática y a las nuevas desigualdades.

Al mismo tiempo, el crecimiento de Nigel Farage y de Reform UK evidencia otra fractura más profunda, la persistencia del malestar social y territorial incubado durante el Brexit. Starmer ha intentado disputar parte de ese electorado endureciendo parcialmente su discurso sobre inmigración y seguridad. Pero la estrategia no solo no ha frenado a la extrema derecha, sino que además ha contribuido a desdibujar aún más el perfil ideológico del Labour. Y ese es probablemente el principal problema político del actual primer ministro británico, y de otros antes que él, cuyas propuestas se focalizaron en construir un proyecto excesivamente centrado en la gestión y demasiado poco en el conflicto político y social real que atraviesa el Reino Unido contemporáneo. Porque el deterioro de las condiciones materiales de vida no se neutraliza únicamente con mensajes de estabilidad institucional. Y porque las sociedades europeas atraviesan un momento de profunda ansiedad económica y democrática que exige proyectos capaces de ofrecer horizontes reconocibles de protección social, redistribución y transformación ecológica.

La actual crisis laborista refleja, en el fondo, el bloqueo de una parte importante de la socialdemocracia europea, la dificultad para romper con los límites económicos y culturales del neoliberalismo al tiempo que intenta contener el auge de las extremas derechas. Esto también explica cómo se ha ido desdibujando esta opción política a lo largo y ancho del continente: Francia, Italia e incluso Alemania están atrapadas en esta trampa. Quizás la única excepción a esta epidemia europea sea Pedro Sánchez, pero ¿por cuánto tiempo?

El resultado suele ser políticamente problemático. Es bien sabido que, cuando el centroizquierda renuncia a disputar con claridad el modelo económico y social, otros actores ocupan el espacio del malestar. En la actualidad lo hace la extrema derecha, que lo controla desde el resentimiento identitario. En otro momento (ahora que se cumplen los 15 años del 15M conviene recordarlo también) fueron aquellas fuerzas progresistas las que articularon una feroz crítica al inmovilismo político de los partidos de Estado.

En todo caso, la pregunta que empieza a abrirse en el Reino Unido es si Starmer podrá reconstruir políticamente una mayoría social que hoy comienza a fragmentarse aceleradamente. Aunque la cuestión de fondo tiene más que ver con el margen que le queda a la socialdemocracia europea no solo para gestionar el modelo económico y social sobre el que se sostiene la Unión Europea, sino para sobrevivir a una ola de nacional conservadurismo que, cada vez que se abren las urnas, hace más pequeñas a las opciones socialdemócratas.

______________________________

Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su gabinete este lunes que no tiene intención de dimitir ante las crecientes presiones dentro del Partido Laborista para que lo haga de inmediato o, al menos, presente un calendario para dejar el poder, según informa EFE.

Según sus palabras hechas públicas por su oficina, el partido "dispone de un mecanismo para contestar (la autoridad) de un líder, y no se ha puesto en marcha", en referencia a los 81 diputados necesarios para forzar unas elecciones primarias dentro del partido y buscar un sustituto para Starmer.

El primer ministro aludió a las consecuencias económicas que puede traer al país la inestabilidad que provocaría su sustitución: "Las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el Gobierno y esto tiene un coste económico claro para el país y las familias".

Con ello, se refiere a los catastróficos resultados cosechados por el Partido Laborista en las elecciones del pasado jueves, municipales en Inglaterra y regionales en Escocia y Gales, en las que el partido sufrió una sonora derrota a manos del populista Reform UK y de los nacionalistas de esos dos territorios históricos.

Esos resultados se tradujeron en una presión creciente dentro del Partido Laborista para que Starmer deje el cargo: 82 diputados han pedido ya su dimisión, y a ellos se han unido la ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la de Exteriores, Yvette Cooper, que han pedido al primer ministro que establezca un calendario claro para dejar su cargo. Quienes sí han respaldado a Starmer son la ministra de Ciencia, Liz Kendall y el titular de Vivienda, Steve Reed.

Además, minutos antes de la reunión del gabinete, una miembro del Gobierno, la secretaria de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó su dimisión y apremió a Starmer a que "haga lo correcto" y también que él ponga su cargo a disposición del partido.

En este momento, tres secretarios de Estado (entre los que se encuentra la ya mencionada Fahnbulleh) ya han presentado su dimisión: la de victimas para la violencia de género, Alex Davies-Jones; y la de protección a la mujer, Jess Phillips.

Phillips, considerada una figura influyente en el partido y a nivel ministerial, ha dicho sentirse cansada de observar cómo "las oportunidades de progreso se ven relegadas o frenadas". Pero en la primera línea, la de los ministros, ninguno de ellos ha renunciado a su cargo. 

Por el momento, Starmer aguanta la presión, cuando solo queda un día para que presente su programa de Gobierno en el nuevo periodo de sesiones parlamentario en el llamado "discurso del rey", un discurso pronunciado por el monarca pero que recoge los planes del gabinete para los próximos meses.

"El país espera que sigamos gobernando. Es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como Gobierno", dijo Starmer a los miembros de su gabinete.

Un centenar de diputados laboristas británicos, que equivalen a la cuarta parte del grupo parlamentario del partido (403), han firmado una carta de apoyo al primer ministro en la que subrayan que "no es hora de discutir por el liderazgo del partido" justo después de que el pasado jueves el partido sufriera "un resultado electoral devastador que demuestra que tenemos un duro trabajo por delante para recuperar la confianza del electorado", según recogen los medios británicos.

El problema de los opositores es que no parecen estar unidos, ya que no han logrado consensuar un nombre que aglutine los apoyos de todos los críticos como posible reemplazo de Starmer. Incluso los estatutos del partido posibilitan que se fuercen las primarias solamente si los críticos están unidos detrás de un nombre.

Aun así, la sensación en el Partido Laborista es de gran tensión y confusión. Esta misma tarde, Starmer acaba de cancelar una reunión que tenía prevista con líderes sindicales cercanos al laborismo, según la agencia estatal Press Association.

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.