La política británica atraviesa uno de los momentos más paradójicos de su historia reciente. Tras una década marcada por el Brexit, la inestabilidad institucional, el deterioro de los servicios públicos y una creciente sensación de declive nacional, el Partido Laborista regresó al poder en 2024 con una mayoría parlamentaria aplastante. Sin embargo, apenas dos años después, el entusiasmo que acompañó la llegada de Keir Starmer a Downing Street se ha transformado en una mezcla de frustración, impaciencia y escepticismo.

Es en este contexto donde hace su aparición la figura de Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester. Sin embargo, su creciente popularidad no se explica únicamente por sus capacidades políticas o por la gestión de una de las regiones más dinámicas del país, sino que refleja, sobre todo, el vacío estratégico existente en la política británica y la ausencia de un proyecto nacional capaz de responder a los desafíos estructurales que el Brexit no solo no resolvió, sino que amplificó.

Diez años después del referéndum de 2016, resulta evidente que el Brexit fue mucho más que una decisión sobre la pertenencia a la Unión Europea. Representó una enorme promesa de transformación nacional. Sus promotores prometieron recuperar el control, revitalizar las economías locales olvidadas por la globalización, fortalecer la soberanía democrática y construir un Reino Unido más próspero y cohesionado. Nada de eso ha sucedido.

Las dificultades económicas acumuladas desde entonces son conocidas. El crecimiento británico ha sido sistemáticamente inferior al del resto de las economías de su entorno. La productividad permanece estancada. Las barreras comerciales con el mercado europeo han afectado especialmente a pequeñas y medianas empresas. La inversión extranjera ha perdido dinamismo. Sectores enteros, desde la agricultura hasta la sanidad, sufren escasez de mano de obra derivada de un nuevo régimen migratorio mucho más restrictivo.

Pero quizás el fracaso más profundo del Brexit no sea económico sino político. La salida de la Unión Europea nunca fue acompañada por una visión coherente sobre qué tipo de país quería ser el Reino Unido después. El Brexit funcionó como un objetivo en sí mismo. Una vez alcanzado, emergió el vacío. Así, el país pasó años atrapado en una discusión obsesiva sobre los términos de salida, mientras cuestiones fundamentales —modelo productivo, transición energética, cohesión territorial, desigualdad social o papel internacional del país— quedaban relegadas a un segundo plano.

Y ahí es cuando llegó al poder Keir Starmer. Un líder que prometía estabilidad después del caos. Tras los gobiernos de Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, esa oferta resultaba comprensible e incluso necesaria. El país estaba exhausto tras años de escándalos políticos, crisis económicas y confrontación permanente. Sin embargo, la estabilidad no es un proyecto político.

Y es ahí donde ha residido la principal debilidad del gobierno laborista. Starmer ha apostado por una estrategia basada en la prudencia fiscal, la moderación ideológica y la gestión eficiente de los asuntos públicos. Ha buscado reconstruir la confianza en las instituciones y restaurar la credibilidad internacional del Reino Unido. Pero gobernar no consiste únicamente en administrar mejor lo existente. También implica ofrecer una dirección colectiva. Y lo que hay en este momento es una sensación creciente entre amplios sectores de la sociedad británica de que el gobierno carece de una narrativa transformadora. El Ejecutivo parece concentrado en minimizar riesgos más que en generar expectativas. En evitar errores más que en impulsar cambios.

Las dificultades económicas han agravado esta percepción. El deterioro del NHS, la crisis de vivienda, los problemas de financiación de las autoridades locales y las persistentes desigualdades regionales exigen respuestas de mayor alcance. Sin embargo, el laborismo se muestra reacio a asumir los costes políticos de reformas ambiciosas o de una revisión profunda de las restricciones fiscales heredadas. El resultado es una paradoja puesto que si bien Starmer ha logrado devolver cierta normalidad a la política británica, no ha conseguido devolver esperanza.

Y aquí es donde merece la pena prestar atención a uno de los principales problemas no resueltos del país, el de la creciente fractura territorial. La promesa de "levelling up" impulsada por Boris Johnson pretendía reducir las enormes desigualdades entre Londres y el resto del país. Como tantas otras promesas del Brexit, quedó en gran medida incumplida. Las diferencias económicas entre regiones siguen siendo enormes. La concentración de riqueza, inversión y oportunidades en el sureste de Inglaterra continúa generando tensiones sociales y políticas. Escocia mantiene vivo el debate independentista. Irlanda del Norte sigue enfrentándose a las complejidades derivadas de su singular relación con la Unión Europea. Incluso dentro de Inglaterra crece la percepción de que Westminster gobierna desde una lógica excesivamente centralizada. Aquí es donde figuras como Andy Burnham han ganado relevancia.

Desde el Gran Mánchester, Burnham ha construido una identidad política basada en la defensa de los intereses territoriales frente al centralismo londinense. Durante la pandemia protagonizó enfrentamientos públicos con el gobierno conservador en defensa de mayores recursos para las regiones. Desde entonces ha consolidado una imagen de político cercano, pragmático y conectado con los problemas cotidianos de la ciudadanía. Su éxito apunta a una cuestión fundamental que es la necesidad de gobierno de un país real, no sólo aquel ensimismado en las idas y venidas londinenses.

En este sentido, conviene evitar las idealizaciones puesto que Burnham no representa una ruptura radical con el laborismo actual ni dispone de soluciones mágicas para los problemas estructurales del Reino Unido. Pero sí que encarna algunas ideas que son fundamentales de cara a una nueva etapa política que ahora se abre paso.

En primer lugar, una visión más descentralizadora del Estado. Frente a décadas de concentración de poder en Londres, Burnham defiende mayores competencias y recursos para los gobiernos locales y regionales. Esta perspectiva conecta con una realidad evidente que pone en el centro la manera de dar respuestas adaptadas a los desafíos en territorios muy diversos. En segundo lugar, mantiene una sensibilidad socialdemócrata más visible que la del actual liderazgo laborista. Aunque no pertenece al ala izquierda del partido, ha mostrado mayor disposición a intervenir en cuestiones como transporte público, vivienda o protección social.

Y finalmente, y muy importante, representa una forma de hacer política menos tecnocrática y más vinculada a las experiencias concretas de la ciudadanía. En una época de creciente desafección política, este elemento no es menor, especialmente si se observa cómo operan otras fuerzas a derecha e izquierda del espectro político.

En ese sentido, el Reino Unido vive una crisis que trasciende los ciclos electorales y los liderazgos individuales. Es una crisis de propósito colectivo. Durante décadas, la pertenencia a la Unión Europea funcionó, en parte, como marco de referencia para la proyección económica y geopolítica británica. El Brexit eliminó ese marco sin sustituirlo por otro. Ni los conservadores ni el laborismo han logrado responder con eficacia y propósito a muchas de las cuestiones abiertas a día de hoy y que tienen que ver con temas que abarcan desde la definición del modelo económico en un contexto de competencia tecnológica y transición verde, pasando por la relación estratégica con la UE o el papel que el Reino Unido quiere jugar en el nuevo escenario internacional que se dibuja a estas horas.

Por eso la discusión sobre Andy Burnham resulta relevante. No porque represente necesariamente al próximo primer ministro, sino porque simboliza la búsqueda de alternativas en una sociedad que percibe que la página del Brexit aún no ha sido realmente pasada. La principal lección que, por el momento, se puede extraer de estos diez años es que el Brexit no era en sí mismo una estrategia de país, sino que era el inicio de una conversación sobre el futuro nacional. Una conversación que el Reino Unido todavía no ha sabido mantener consigo mismo.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Hace una década del referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y la gazmoñería inglesa fluctúa. El 23 de junio de 2016, el 51,89% de británicos votó por salir de la UE; el 48,11%, por quedarse. Sin precedentes para tal osadía, el proceso todavía no ha acabado. El Brexit entró en vigor el 31 de enero de 2020; se hizo efectivo el 1 de enero de 2021 con la ruptura comercial y fronteriza. Irlanda del Norte aún está siendo una pesadilla política, mientras que Gibraltar se ha acomodado mejor. Escocia votó por quedarse, pero ha sido forzada a salir. El actual reset (reajuste) del Gobierno laborista marca tres líneas rojas (exclusión del Mercado Común, de la Unión Aduanera y de la libre circulación de personas); el resto, todo para renegociar, perpetuando así el proceso de nunca acabar.

La batahola de acuerdos y desacuerdos en torno al Brexit genera un bochinche de encuestas (Ipsos, YouGov, etc.) que apunta al aumento de los arrepentidos de haber votado Brexit: el 56% es partidario de la reincorporación, el 35%, contrario; el 48% apoya un segundo referéndum en un lustro, el 27% está en contra de otra consulta. Los resultados, entre los jóvenes, son más favorables a Europa que entre los mayores de 35 años.

Las cifras macroeconómicas indican que el Brexit ha perjudicado la economía. Según un estudio de la London School of Economics, el producto interior bruto (PIB) está entre 6% y 8% por debajo de lo que estaría si Reino Unido no hubiese salido de la UE; las inversiones se habrían reducido entre el 12% y el 18%; y el paro habría subido un 3% por el Brexit, según el estudio citado, en el que se reconoce que resulta difícil separar las consecuencias del Brexit de las del covid, la crisis energética, los aranceles de Donald Trump u otros factores que afectan a la economía británica.

Junto a la macroeconomía, el Brexit ha repercutido negativamente en la microeconomía; la del ciudadano de a pie que aquí dibujaré como el matrimonio formado por el británico John Smith y la española, residente fiscal en Reino Unido, María García, los nombres más frecuentes en la nomenclatura anglo-española, ambos (pongamos) de 65 años: John y María fueron de viaje a Grecia, visitaron la Acrópolis de Atenas; ella, con pasaporte español, pagó 17 euros por la entrada; él, británico, 25, puesto que la rebaja para mayores de 60 años se aplica a los ciudadanos de los 27 países de la UE. De turismo masificado o restringido, el Brexit ha encarecido los viajes de los británicos por Europa.

María alquila un piso, heredado (digamos) en Salamanca, por una cifra mensual de tres dígitos, del que ella paga el IBI y del que salda el impuesto sobre el alquiler a la Agencia Tributaria española. Antes del Brexit abonaba el 19% del alquiler y desgravaba los gastos generados por el uso de la vivienda. Con el Brexit, el 19% ha subido al 24% sin desgravación de ningún tipo para propietarios de fuera de la Unión Europea. El Brexit va sumando también a los británicos que viven en las costas españolas.

Para Navidad o cumpleaños de familiares, María tenía la costumbre de mandar un paquete a España hasta que la golpeó el Brexit con la declaración de contenido y valor de los paquetes, puesto que Reino Unido no comparte la unión aduanera de la UE. Por Correos o empresas de transporte, hay que detallar medidas, materiales y tiquismiquis acerca del envío. Un valor superior a 45 euros incurre en un 21% de IVA, aranceles si el objeto es originario de fuera de Reino Unido e impuestos especiales. A una sobrina de María, destinataria en Segovia de un regalo hecho en Nueva Zelanda, enviado desde Inglaterra, le costó casi los 50 euros que (digamos) abonó María por el obsequio. Paga el remitente y paga el destinatario.

Para John y María, además del dinero, lo peor que conlleva el Brexit son los interminables trámites administrativos. Aunque ellos están regularizados, hay españoles en el limbo administrativo por el Brexit. Los visitantes a Inglaterra necesitan desde hace unos meses una ETA (Electronic Travel Authorisation) o permiso de viaje, que cuesta 20 euros, para entrar en Reino Unido de visita o trabajo. Si alguien europeo, o del resto del mundo, quiere permanecer más de seis meses o 90 días de cada 180, necesitará un visado que solicitará a Home Office, el Ministerio de Interior británico. John Smith, que quiere moverse entre España y Reino Unido sin restricciones, ha optado por el TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero), que cuesta 20 euros más los trámites, renovable cada cinco años, para lo cual necesita estar empadronado en España, entre otros requisitos. María, en cambio, desde el Brexit, ha optado por la doble nacionalidad y dos pasaportes, al precio de 2.500 euros por los trámites de la nacionalidad y 120 euros por el pasaporte.

Para este verano, John y María planean con cierta cautela un viaje a Europa debido a que la aerolínea Wizz Air pide a sus pasajeros que lleguen con tres horas de antelación al aeropuerto por las colas que generan los controles de pasaportes (Brexit y la UE con el Sistema de Entradas y Salidas —EES— del espacio Schengen). Ryanair ha anunciado que no retrasará vuelos por pasajeros bloqueados en el control de pasaportes. De una duración de 20 a 25 segundos se ha pasado a 90 segundos, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que alerta de un verano de largas colas en los aeropuertos europeos.

Los que cumplen también diez años (de protesta) son el grupo de activistas SODEM Action (Movimiento Europeo de Desafío [al Brexit]). Cada miércoles de sesión de control parlamentario o preguntas al primer ministro, el grupo planta sus banderas europeas y sus eslóganes en Westminster. El fundador, Steve Bray, explica a infoLibre que “la prevista elección de Andy Burnham como líder laborista y primer ministro podría ser clave para la reincorporación a la UE”. Una esperanza compartida por pocos. En la protesta del miércoles 17 de junio, los activistas cantan Money, money y exhiben una foto del brexitero ultraderechista Nigel Farage en forma de billete de cinco millones de libras, la cifra de dinero que ha recibido de Rusia, según él para financiar su seguridad. Los fervientes brexiteros aducen que el Brexit, si no es un éxito, es porque se ha aplicado de forma inadecuada.

El primer ministro británico, Keir Starmer, cede ante la presión del Partido Laborista y anuncia el calendario para su dimisión tanto como líder del laborismo como jefe del Gobierno. El proceso, adelantado por varios medios, culminaría después de verano.

El todavía jefe del Gobierno hará todo lo posible por "conseguir una transición ordenada" ha dicho desde el atril en Downing Street, sede del Gobierno, después de confirmar que había comunicado su decisión al rey Carlos III.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer, que prometió "su apoyo total e inequívoco" a su sucesor que, todo apunta, será el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham.

En su discurso, Starmer ha valorado su acción dentro del partido tras 14 años en la oposición. "Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales, y mucho menos una aplastante, era imposible. Pero les demostramos que estaban equivocados, porque transformamos nuestro partido, erradicando el veneno del antisemitismo, restaurando la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional, y convirtiéndonos de nuevo en un partido", afirmó.

El discurso de dimisión también ha sido de balance de estos dos años, el primer ministro ha asegurado que con él al frente del Ejecutivo, "los salarios han crecido por encima de la inflación cada mes", ha reducido las listas de espera del Servicio Nacional de Salud, asegurado inversiones y mejorado los derechos de los trabajadores e inquilinos.

"Los cruces de pequeñas embarcaciones disminuyen, los hoteles de asilo cierran, protegemos a los jóvenes de las redes sociales y medio millón de niños han salido de la pobreza gracias a las decisiones que tomé. Nuestra reputación en el mundo se ha restaurado", ha dicho Starmer frente a sus ministros y trabajadores de Downing Street.

El 'premier' británico consiguió en 2024 la mayoría absoluta, pero su popularidad ha ido cayendo desde que tomase posesión como jefe del Ejecutivo. Los recortes en el Estado del bienestar, como cambios en el subsidio de combustible para los pensionistas, un límite de subsidios para las familias con un tercer hijo –que más tarde revocó–, o la subida de impuestos a las herencias familiares en el sector agrícola, fueron hundiendo su fama hasta alcanzar el 61% de desaprobación, según YouGov.

Pero, por si fuera poco, Starmer también se vio envuelto en una polémica después de que se revelase que él y varios de sus ministros aceptaron regalos de lujo, ropa y entradas para eventos musicales. Entre los últimos escándalos del Gobierno, la dimisión de la viceprimera ministra, Angela Rayner, tras verse envuelta en un escándalo fiscal relacionado con el impago de impuestos sobre una propiedad personal, que después resolvió.

Starmer terminó por perder toda su autoridad y el apoyo de sus compañeros de filas tras el varapalo electoral de los laboristas en las elecciones locales del pasado 7 de mayo, en las que avanzó el partido de ultraderecha y populista Reform UK.

Según apunta The Guardian, el primer ministro y su familia llevan todo el fin de semana meditando qué decisión tomar desde la residencia de Chequers y ya el sábado comenzaron a trabajar en un borrador sobre el discurso de dimisión. Pese a anunciar su renuncia, Starmer se mantendrá en el poder hasta que se haya resuelto quién será el nuevo líder del partido.

El anuncio de este lunes provocará que llegue un nuevo residente al número 10 de Downing Street, el séptimo en diez años.

Coincidencia, o no, el anuncio de Starmer se produce el mismo día que Burnham toma de posesión como diputado después de ganar el pasado jueves el escaño de Makerfield. Este paso era fundamental para que el ya exalcalde de Mánchester opte a convertirse en líder de su formación y primer ministro.

Hasta el pasado viernes, Starmer insistía en que no pensaba dimitir y que si había unas primarias en su formación para elegir a un nuevo líder se presentaría a ellas. Ahora parece que el primer ministro no acudiría a esos comicios, pero sí podría hacerlo cualquier otro diputado. Wes Streeting, quien renunció hace unas semanas como ministro de Salud, anunció la semana pasada en la BBC que se presentaría a cualquier contienda interna y que contaba con el respaldo de 81 diputados para hacerlo.

En cualquier caso, cualquiera de los diputados laboristas puede presentarse con el aval mínimo de 81 parlamentarios de la formación, equivalente al 20% de su grupo parlamentario.

Lo deseable por parte de las bases laboristas es que haya nuevo líder del partido antes de la conferencia anual del partido que se celebrará a finales de septiembre. Así, la intención de Starmer con este movimiento de dimisión es dejar todo atado para que el calendario para la apertura de las candidaturas para el liderazgo del partido el 9 de julio y su finalización antes del receso de verano. Esto propiciaría que el nuevo líder arranque ya en septiembre toda la actividad parlamentaria.

La laborista Barbara Castle (1910-2002), primera mujer en ocupar el cargo de primera secretaria de Estado en un Gobierno británico (1968-70), era tan exigente con su peluquera como con el ministro de Economía. En su tiempo, la peluquera siempre era mujer; el ministro de Economía, hombre. Hoy, Barbara, que era bárbara a la izquierda del partido, criticaría a la ministra de Economía, Rachel Reeves, por estar a la derecha del partido, si bien se congratularía de ver una ministra de Economía, el cargo más alto al que ha llegado una mujer en un Gobierno laborista. A las laboristas no les faltan credenciales históricas (Jennie Lee, Ellen Wilkinson, Margaret Bondfield o la misma Barbara Castle) de haber roto lanzas en la política británica. Pero algo pasa en las últimas décadas para que la formación se haya quedado varada, mientras su rival, el Partido Conservador, cuenta en su haber con tres ex primeras ministras (Margaret Thatcher, Theresa May y Liz Truss) y la primera líder negra, Kemi Badenoch.

Este jueves 18 de junio se han celebrado las elecciones en el distrito de Makerfield (Mánchester), provocadas por la dimisión del diputado laborista Josh Simons para que Andy Burnham, alcalde de Mánchester, consiga un acta de diputado que le permita retar el liderazgo de Sir Keir Starmer en el partido y, por ende, a la presidencia del Gobierno. Simons consiguió 18.202 votos en 2024, seguido del ultraderechista Robert Keyton, del partido Reform, con 12.803 votos y una participación del 52,4%. Si todo sale como predicen las encuestas, una parte de los laboristas que se quedaron en casa, descontentos con Starmer, acudirán el jueves a votar para que Andy Burnham se lance a la conquista de Downing Street, sede de la presidencia del Gobierno en Londres. Serán otras elecciones en el seno del laborismo en las que las mujeres han quedado relegadas a las filas de atrás.

La elección de Starmer como líder del partido en 2020, tras la derrota de Jeremy Corbyn en las elecciones de 2019, ya indicó que la misoginia pervive en el laborismo. La primera candidata a sustituir a Corbyn fue Rebecca Long-Bailey, de la izquierda del partido; la segunda, Lisa Nandy, que nadaba entre dos aguas políticamente y cuya campaña estaba financiada, parcialmente, por el lobby israelí, según ha reconocido ella misma en la ITV. El tercero en llegar, Starmer, con afán de unir izquierda y derecha o, como Nandy, contentar a todos, ganó las primarias y las generales de 2024 en las que salieron elegidas 265 mujeres (190 laboristas) de un total de 650 escaños. Starmer ha resultado ser un hombre ambiguo, indeciso, sionista y sin carisma u objetivo político claro, a diferencia de su predecesor, Tony Blair, en el Gobierno de 1997 a 2007.

Blair dimitió para dejar paso a Gordon Brown, quien nombró a la veterana Harriet Harman número dos del partido, pero no del Gobierno. Harman fue número dos del Partido Laborista entre 2007 y 2015 y, como tal, ejerció como líder interina del partido y de la oposición en 2010 y 2015, entre la dimisión de un líder y las primarias para elegir al siguiente. El mismo papel de líder temporal recayó en Margaret Beckett en 1994. tras la muerte de John Smith y antes de la elección de Blair. Beckett, diputada durante 45 años, fue la primera mujer ministra de Exteriores, y Harman ha sido titular de numerosas carteras. Pero ninguna mujer laborista ha roto el techo de cristal o cruzado la puerta del número 10 de Downing Street como inquilina oficial. Starmer nombró número dos a Angela Rayner, quien dimitió en septiembre de 2025. Según las predicciones electorales del próximo jueves, el liderazgo laborista continuará siendo cosa de hombres.

El desasosiego de muchas laboristas estalló a raíz del escándalo de Peter Mandelson, vinculado al pederasta convicto Jeffrey Epstein y nombrado embajador en EEUU. “El ambiente de club de chicos que rodea al primer ministro ha hecho posible el nombramiento, puesto que, de haber participado una mujer en el proceso decisorio, a Peter Mandelson no se le hubiese nombrado embajador en Washington”, sentenció Harriet Harman. La diputada y ministra Alison McGovern escribía en su blog que “la costumbre de no escuchar a las mujeres ha permitido que el poder de Mandelson durase demasiado tiempo”. La dimisión de Mandelson provocó la de otros tres varones con cargos en Downing Street. Starmer adujo que desconocía la relación de Mandelson con Epstein y que aceptó la recomendación de sus subalternos, entre ellos el asesor Morgan McSweeney, quien propuso a Mandelson como embajador en EEUU sabiendo que era amigo e, incluso, socio del pederasta. McSweeney dimitió; no obstante, el diario The i publicaba el fin de semana que continúa mandando en Downing Street.

Una portavoz de las laboristas críticas, entre ellas Harman, que han expresado su malestar tras el caso Mandelson ha concretado sus demandas a infoLibre: “Nombramiento de una vice primera ministra [cargo ocupado por un hombre], medidas políticas y administrativas contra la misoginia y hacer de la igualdad de géneros la sexta misión del Gobierno [alusión a cinco objetivos de Starmer]”. El primer ministro ha tomado nota y ha nombrado a Harriet Harman asesora en materia de igualdad de género, en una tarea a tiempo parcial, sin remuneración y con acceso directo al jefe del Ejecutivo.

La mirada de las laboristas está puesta ahora en la probable elección del jueves de Andy Burnham, quien llevaría el partido y al Gobierno al centro izquierda del espectro político. Como alcalde de Manchester, en 2023 remunicipalizó la red de autobuses urbanos y fijó un precio único del billete de dos libras (2,2 euros) para adultos y una libra para menores. Respecto a las mujeres, Burnham lanzó en 2021 un plan a diez años, la Gender-Based Violence Strategy, para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, aumentar su representación política, promover la igualdad de oportunidades e incrementar la igualdad de géneros. Un plan que, a medio camino (2026), ha visto, por ejemplo, el aumento de denuncias por agresión a mujeres y niñas. Con su liderazgo en el partido y en el Gobierno, podría arar el surco para la primera mujer al frente del laborismo, aunque eso llegaría ya varias décadas entrado el siglo XXI.

Los disturbios antiinmigración vuelven a sacudir Belfast por segunda noche consecutiva tras el apuñalamiento e intento de asesinato cometido este lunes por un ciudadano sudanés contra un británico.

Coches, autobuses y viviendas de extranjeros han sido el centro de las protestas de los ciudadanos de extrema derecha que han salido a las calles belfianas a condenar dicho atentado. La policía tuvo que utilizar cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afuera de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la policía que trataba de contenerlos. En estos disturbios, según asegura el medio británico Belfast Live, fueron detenidas 16 personas y 12 policías resultaron heridos.

Según este medio, el más popular en Irlanda del Norte, los manifestantes trataron de llegar al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político. Además, la Policía de Irlanda del Norte alertó horas antes de que se habían compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas, como la noche anterior, donde se quemaron casas para obligar a los migrantes a salir de las viviendas.

Las protestas no solo se han producido en Belfast, se han extendido a ciudades como Glengormley, Newtownabbey, Derry y Stormont, donde la mayoría de los disturbios han sido causados por grupos de jóvenes encapuchados y vestidos de negro.

En un gesto inusual en la política británica, tanto nacionalistas como unionistas publicaron un comunicado conjunto en el que pedían calma ante la ola de terror que se avecinaba tras una primera noche de caos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó las escenas de Belfast como "impactantes y completamente inaceptables" y aseguró que "no hay justificación para la violencia y el desorden que presenciamos, que amenazaron a nuestras comunidades, ni para quienes los incitaron, ya sea en línea o en cualquier otro lugar. Es evidente que anoche se atacó a personas por su origen y no lo toleraré", afirmó el jefe del Ejecutivo.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, calificó a los responsables de los disturbios como “actores de mala fe”, según recogió Reuters. En sus palabras, se trata de actores que “probablemente habrían tenido dificultades para localizar la provincia en un mapa, pero que han intentado instrumentalizar el miedo y la indignación comprensibles tras el acuchillamiento para atacar a personas con el mismo color de piel [del agresor]”.

Por su parte, la familia de Ogilvie ha pedido calma y publicado un comunicado condenando los "repugnantes" disturbios que se están viviendo en las calles belfianas, así como en otras ciudades del norte.

Mientras, el juez Steven Keown denegó la libertad bajo fianza a Alodid al alegar que los riesgos eran "demasiado grandes" y aceptar la posición de la Policía norirlandesa que advirtió de que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios ante el clima de tensión racial en la región.

Si bien unos políticos criticaron el hecho de los disturbios, otros como Tommy Robinson o Rupert Lowe, líderes de partidos de extrema derecha, centraban el tiro en el intento de decapitación de Stephen Ogilvie a manos de Hadi Alodid y animaban a salir a las calles. "Todo el Reino Unido se echa a las calles esta tarde [el miércoles] a las 7 de la tarde después de un nuevo ataque de los invasores contra nuestro pueblo", escribió Robinson en su cuenta de X.

Lowe se atrevió a afirmar que “debemos dejar de acoger a quienes desean decapitar niños. Un número enorme de personas debe ser expulsado de nuestro país; cuando digo enorme, lo digo en serio. Millones y millones deben irse o ser obligados a irse”.

Tras esto, Starmer alertó que los responsables de los disturbios sentirán "todo el peso de la ley" al tiempo que agradeció a las fuerzas del orden de la provincia británica de Irlanda del Norte la "valentía" para velar por la seguridad de la población.

Pero no solo han sido los británicos quienes han llamado a la acción en uno u otro bando, también Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y X, ha publicado varios tuits que han despertado el aviso de Ofcom, la agencia reguladora británica, para advertir que tomará medidas “para combatir el odio y el terrorismo” que circulan en las redes.

La ristra de tuits del fundador de Tesla ha ido desde pedir la deportación masiva hasta defender la violencia de los disturbios: “Millones deben irse (de aquí)”; “nada importa más que si la civilización cae”; “¡Migrantes asesinos que decapitan a personas inocentes en su ciudad natal es lo que está enfureciendo a la gente, no las redes sociales!“.

Por primera vez, un independentista juró el cargo de primer ministro de Gales. Fue el 12 de mayo, en Cardiff, capital de esta pequeña nación situada al oeste del Reino Unido. Rhun ap Iorwerth prometió “solemne y sinceramente […]servir […]a Su Majestad el rey Carlos III”, aunque su proyecto político pasa precisamente por romper el reino que encabeza el monarca. 

Su partido, Plaid Cymru, obtuvo una mayoría relativa en las elecciones municipales y autonómicas del 7 de mayo y puso fin a décadas de hegemonía del Partido Laborista. Es el inicio de una nueva etapa, que el propio Ap Iorwerth quiso subrayar minutos después, en las escaleras de Cathay Park, sede del Gobierno galés, al afirmar que su lealtad estaría, ante todo, “con el pueblo de Gales”.

Dijo que se esforzará por “colaborar de manera constructiva con el Gobierno británico”, y trabajará con “otros actores de estas islas cuando compartan puntos en común”. Al decir esto, Ap Iorwerth miraba hacia el norte, a 600 kilómetros, hacia Escocia. En Edimburgo, John Swinney también juró el cargo para seguir como primer ministro, tras la mayoría cualificada obtenida por el independentista Partido Nacional Escocés (SNP), también el 7 de mayo.

Ap Iorwerth aludía también a la situación política en Belfast. Michelle O’Neill es primera ministra de Irlanda del Norte desde febrero de 2024 y codirige el Sinn Féin, formación republicana a favor de la reunificación de Irlanda, hoy dividida entre la República de Irlanda, al sur, e Irlanda del Norte, integrada en el Reino Unido. Es la primera vez que el Sinn Féin ocupa la posición principal en el Ejecutivo norirlandés.

Aunque cuenta con mayoría en el Parlamento de Stormont, O’Neill comparte el poder en igualdad de condiciones con Emma Little-Pengelly, viceprimera ministra del partido de derecha DUP, el Partido Unionista Democrático. El Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte, prevé precisamente un ejecutivo bicéfalo que incorpora de forma automática a republicanos y unionistas. Tras las elecciones del 7 de mayo en Gran Bretaña, O’Neill habló de una nueva “dinámica” que conviene que cultivar.

Plaid Cymru, el SNP y el Sinn Féin “son tres partidos progresistas, de centroizquierda y socialmente liberales, que aspiran a una transformación profunda de la gobernanza de las islas británicas”, resume Richard Wyn Jones, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Cardiff. “Se consideran partidos hermanos”.

El SNP nació en 1935, diez años después de Plaid Cymru. Ambas formaciones encontraron pronto puntos en común. Además de invitarse mutuamente a sus congresos anuales, “cooperan muy estrechamente en el Parlamento de Westminster”, señala Wyn Jones. En 2022, por ejemplo, coordinaron sus intervenciones y su voto durante el debate sobre el límite máximo de los precios de la energía. También en los debates sobre la gestión del Brexit, estos dos partidos proeuropeos han hablado con una sola voz.

La relación que mantienen con el Sinn Féin es “muy diferente”, precisa Wyn Jones, aunque solo sea porque los diputados del partido republicano norirlandés se niegan a ocupar sus escaños en Westminster. Los vínculos establecidos por Plaid Cymru y el SNP con el Sinn Féin son más recientes. Durante mucho tiempo, el partido fue considerado la rama política de un grupo paramilitar, el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. La llegada de Michelle O’Neill, que nunca tuvo vínculos personales con el IRA, a la dirección del partido en 2017 lo cambió todo.

Los tres partidos llevan, por tanto, años conviviendo. Pero, por primera vez, en la próxima reunión con Keir Starmer, dentro del marco de relaciones intergubernamentales del Reino Unido, serán tres jefes de Gobierno independentistas quienes se sienten frente al primer ministro británico. Estas reuniones se celebran aproximadamente cada dos meses. Según la web del Gobierno, su objetivo es “fomentar la colaboración y evitar desacuerdos”.

Pero el sistema sigue siendo “vertical”, como explica Bettina Petersohn, de la Universidad galesa de Swansea: es el primer ministro quien convoca esas reuniones y propone los temas de debate, que solo pueden dar lugar a declaraciones de intenciones. Starmer, políticamente debilitado, se encontrará en una situación de uno contra tres (si se omite a la viceprimera ministra norirlandesa del DUP, que estará presente), pero aún puede contar con una amplia mayoría en el Parlamento de Westminster. Ninguno de los tres dirigentes de las naciones periféricas, recuerda Petersohn, dispone de mayoría absoluta en sus respectivos parlamentos.

Otra baza que Starmer puede jugar, según la politóloga, reside en el carácter asimétrico de la descentralización británica, la devolución. Aunque Escocia, Gales e Irlanda del Norte cuentan con gobiernos propios para defender sus intereses, no es el caso de Inglaterra. Ni siquiera Reform UK, el partido de extrema derecha cuyos miembros  exhiben con más frecuencia la bandera inglesa que la británica y que obtuvo una amplia mayoría en Inglaterra el 7 de mayo, propone la creación de un Parlamento inglés.

Nigel Farage, líder de Reform UK, ha abandonado una idea que le era muy querida: la restauración del sistema English vote for English Laws (Evel, un voto inglés para las leyes inglesas), que consistía en restringir el derecho de voto de los diputados no ingleses sobre proyectos de ley que solo afectaran a Inglaterra. Establecido en 2015 por los conservadores, el mecanismo fue abolido por ellos mismos en 2021 debido a su complejidad.

En realidad, Inglaterra no necesita necesariamente un Parlamento propio. Incluso sin el sistema Evel, la nación domina en Westminster en cuanto a superficie, población y poder: 533 de los 650 diputados son ingleses. El Parlamento y el Gobierno de Londres “conservan la soberanía”, recuerda Murray Leith, profesor de ciencias políticas en la Universidad de West Scotland. “Técnicamente”, añade, “Westminster podría abolir los gobiernos descentralizados de Escocia y Gales”.

La perspectiva de una mayoría de Reform UK —muy poco favorable a la descentralización— tras las próximas elecciones generales, previstas como muy tarde para 2029, es una de las razones que empujan a las tres naciones a estrechar lazos. Pueden colaborar porque “no son competidoras”, subraya Leith. Todas quieren “reforzar la autoridad y el poder” de sus gobiernos dentro del Reino Unido antes de, en última instancia, desvincularse de Londres.

Aunque Gales votó mayoritariamente a favor de la salida de la Unión Europea en 2016, los tres partidos comparten también una orientación proeuropea. Y, sobre todo, rechazan la ley sobre el mercado interior aprobada en 2020, como consecuencia del Brexit. Esa norma busca evitar barreras comerciales internas, en particular con Irlanda del Norte, que permanece de facto dentro del mercado único europeo para no levantar fronteras aduaneras en la isla de Irlanda (la República de Irlanda es miembro de la UE) y reavivar un conflicto histórico.

Además, esta ley limita las competencias de los gobiernos descentralizados. Escocia, por ejemplo, quiere regular el precio de los alimentos básicos para combatir el aumento del coste de la vida. Pero Londres, en nombre de la armonización del mercado interior, podría impedir la aplicación de esta medida, incluso si fuera aprobada por la mayoría del Parlamento escocés.

En ausencia del Sinn Féin en Westminster, el SNP y Plaid Cymru cooperan con los diputados norirlandeses del DUP. Estos no desean la independencia, pero quieren que la descentralización funcione, y para ello están dispuestos a apoyar mociones parlamentarias iniciadas por los nacionalistas galeses o escoceses. En la década de 2010, todos ellos formaron así un frente común contra el proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad HS2 en Inglaterra, cuyos costes se dispararon.

Pero los intereses compartidos del DUP con los partidos independentistas llegan hasta ahí. Si el primer ministro británico rechaza las demandas comunes de las naciones que gobiernan, estas podrían convertir ese bloqueo en un nuevo argumento a favor de su emancipación.

Traducción de Miguel López

Keir Starmer resiste. El primer ministro británico aguanta el tipo y quiere convertirse en el primer jefe del Ejecutivo en aguantar una legislatura completa desde que David Cameron dimitiera por la victoria del referéndum sobre el Brexit. 

Desde entonces, la política británica se ha instalado en el caos: Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss y Rishi Sunak han sido los predecesores de Starmer en la “turbulenta” nueva realidad de Reino Unido alejada de los europeos. 

La derrota en los comicios locales y regionales del Partido Laborista ha levantado las alarmas dentro de sus filas que piden la dimisión de Starmer como líder, lo que conllevaría,que abandonase también sus responsabilidades en el número de 10 de Downing Street.

Las últimas elecciones dejaron una fotografía difícil de digerir para el votante laborista, pero mucho más para los miembros del partido. El partido de Starmer pasó de más de 2.500 concejales en todo el país a poco más de 1.000, mientras que Reform UK, partido del líder populista y de extrema derecha Nigel Farage, pasó de 2 a más de 1.400. 

Este golpe, sumado al deterioro de la popularidad de Starmer, ha impulsado una contestación sin precedentes. Al menos 70 diputados laboristas han pedido ya que dé un paso atrás. El primer ministro, sin embargo, se mantiene firme: solo aceptará un desafío formal si 81 parlamentarios respaldan una candidatura alternativa. Por ahora, nadie ha reunido ese apoyo.

Ninguno de los aspirantes lo tiene fácil. 

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, es el más popular de todos ellos. Pero no es diputado de la Cámara de los Comunes —condición indispensable para la sucesión—. 

En enero anunció su intención de disputar el escaño vacante en la circunscripción de Gordon y Denton, dentro de la región de la Gran Mánchester, pero Starmer maniobró —junto al Comité Ejecutivo Nacional—para que el alcalde no pudiera presentarse. El argumento esgrimido desde el partido fue que de ganar ese escaño, habría que convocar unas nuevas elecciones municipales para las que el partido no estaba preparado.

A favor de Burnham, existe la posibilidad de que algún aliado renuncie a su acta de diputado para dejarle el hueco y que se presentase, pero eso puede provocar otro bloqueo de Starmer o, como en el caso de Gordon y Denton, Reform UK o Los Verdes, les arrebaten el asiento en la Cámara de los Comunes. Demasiado riesgo.

Las últimas cifras manejadas por Ipsos señalan una aprobación y conocimiento del 17% de los electores hacia el alcalde de Mánchester, frente a la que sería su rival más inmediata, la ex viceprimera ministra, Angela Rayner, con una aprobación del 5%. 

Rayner está entre las favoritas del ala moderada, pero los problemas con Hacienda que le obligaron a dimitir y a abandonar el Gobierno, despiertan recelos. A su favor y en contra de Burnham: todavía conserva su escaño en Westminster.

El último en la terna de favoritos es Wes Streeting. El ya exministro de Sanidad se ha consolidado como el candidato preferido del ala centro-derecha y de los ‘blairistas’, aunque también ha logrado cierto respaldo entre los más progresistas gracias a su perfil social y su postura con Gaza. Sin embargo, también tiene problemas.

Los mensajes del titular de Sanidad con Peter Mandelson —amigo de Jeffrey Epstein— supusieron la primera gran crisis de Gobierno; y la deriva hacia la derecha del Laborismo está provocando la sangría de votos en favor de Los Verdes de Zack Polanski.

La dimisión de Streeting provoca un pequeño terremoto y busca provocar el movimiento de dimisión de Starmer o, en todo caso, la firma de los 81 avales necesarios que respalden su candidatura.

Mientras tanto, el sector más moderado de la izquierda laborista busca sus propias opciones: el exlider laborista, Ed Miliband y las actuales ministras y críticas con Starmer, Shabana Mahmood y Yvette Cooper constituyen la terna progresista.

Miliband ya fue líder del partido entre 2010 y 2015 hasta caer en las elecciones contra David Cameron; Mahmood gana peso gracias a su discurso en inmigración; y Cooper, veterana y ambiciosa, sigue siendo una figura respetada, aunque sin apoyos para liderar la rebelión.

Pese a la presión, Starmer no cede. La reunión del Consejo de Ministros del martes fue un brindis al sol. “No voy a dimitir”, dijo Starmer, que considera que la situación económica y geopolítica actual no merece la inestabilidad que provocan unas elecciones. “El país espera que nos centremos en gobernar”, dijo el premier británico. 

Y aduciendo esa inestabilidad, la ‘guardia pretoriana’ del primer ministro ha salido en su defensa. El titular de Vivienda, Steve Reed, aseguraba tras la reunión de los ministros que “no es un juego. La inestabilidad tiene consecuencias en la vida de las personas”.

Tras Reed, otros tres ministros respaldaron la continuidad de Starmer. Y, David Lammy, viceprimer ministro, comparecía para resumir la estrategia: “Starmer fue elegido para un mandato de cinco años. Pido a mis colegas que den un paso atrás, respiren hondo, y tengan en cuenta que, en las últimas horas, nadie ha querido presentarse como candidato. Los que sugieren al primer ministro que dimita, que digan quién debe sustituirle”.

Esto evidencia la fractura dentro del Gobierno. Cinco ministros a favor de Starmer, dos en contra y una dimisión ¿y el resto? Silencio. Eso sí, desde el martes, una cascada de dimisiones busca provocar que algún alto cargo dé el paso. Ese podría ser Streeting, pero de momento y tras reunirse con Starmer, prefiere esperar.

Quienes ya han dado el paso son Miatta Fahnbulla, Jess Phillips, Alex Davies-Jones, o Zubir Ahmed, todos cargos menores, pero todos ligados al partido y al Gobierno.

Para mantener el poder, Starmer ha movido ficha. Incorpora a su equipo, en calidad de asesores especiales, al ex primer ministro Gordon Brown, para aconsejarle en la estrategia económica, y Harriet Harman, ex número dos de Brown en el partido. Su tarea será la de ayudar al Gobierno en las políticas de protección de mujeres y niñas.

Mientras tanto, Carlos III leyó este miércoles el discurso con las líneas políticas del Gobierno para este año, lo que despertó las críticas del Partido Conservador.

Kemi Badenoch calificó de “ridículo” que el Gobierno esté presentando un programa “mientras varios de sus miembros están dimitiendo y un gran número de los diputados laboristas le están diciendo a su primer ministro que se tiene que largar. No tiene lógica alguna. Si todos ellos apoyan esta agenda legislativa, ¿por qué se quieren deshacer de su líder? Y si no la apoyan, ¿qué diablos estamos haciendo aquí?”.

El vehículo va directo hacia el abismo, pero Keir Starmer no tiene intención de ceder el volante. En una reunión con los miembros de su gabinete celebrada la mañana del martes 12 de mayo, el primer ministro británico, debilitado por los resultados de las elecciones locales del viernes en Gran Bretaña, dijo que no dimitiría.

“El Partido Laborista cuenta con un procedimiento que permite impugnar el liderazgo, pero no se ha puesto en marcha”, declaró Starmer ante sus ministros. “El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como Gobierno”. De hecho, nadie se ha atrevido aún a desafiarlo. Las normas del Partido Laborista estipulan, a este respecto, que un candidato debe contar con el apoyo de ochenta y un parlamentarios para aspirar al liderazgo.

Pero la presión contra él va en aumento desde las filas laboristas. Cerca de noventa diputados de la Cámara de los Comunes ya han pedido a Keir Starmer que dimita, ya sea a corto o medio plazo. Otros cien, como respuesta, han redactado una carta para afirmar que no es momento de celebrar unas elecciones internas. Un alivio para Starmer, aunque, en el momento de escribir estas líneas, se están empezando a anunciar ya dimisiones en su gabinete.

Miatta Fahnbulleh, la ministra de Comunidades, cercana al secretario de Estado de Energía, Ed Miliband, anunció la suya el martes y pidió al primer ministro que dimitiera. Otra, Jess Phillips, responsable de Protección de la Infancia, la siguió a lo largo del día. Alex Davies-Jones, responsable de Víctimas y originaria de Gales, donde el Partido Laborista sufrió una derrota muy abultada, también dimitió por la tarde.

Pauline Schnapper, profesora de civilización británica contemporánea en la Universidad de la Sorbona-Nouvelle, analiza las consecuencias de las elecciones del 7 de mayo, ya sean inmediatas, en lo que respecta al destino incierto de Starmer, o a más largo plazo, en lo que se refiere a los equilibrios políticos en las diferentes naciones que componen el reino.

Mediapart: Se estrecha el cerco en torno a Keir Starmer. ¿Cuáles son los factores y los cálculos que hacen que su posición sea más incierta que nunca, cuando no han faltado retos en los últimos dos años?

Pauline Schnapper: Hay un efecto de acumulación. Su impopularidad no es de ahora, se manifestó poco después de su llegada al 10 de Downing Street en el verano de 2024 y ha perdurado hasta ahora. La anterior oleada de elecciones locales en Inglaterra, el año pasado, ya estuvo marcada por una victoria de Reform UK [el partido de extrema derecha de Nigel Farage – ndr]. Las elecciones del pasado viernes se consideraban, por tanto, su última oportunidad para remontar el vuelo.

Starmer adolece de una personalidad muy poco carismática y de haber dado muy pronto la desafortunada impresión de no saber adónde va. Un ejemplo lo dice todo. Se ha visto perjudicado por dos decisiones consecutivas: suprimir las ayudas para la calefacción en invierno destinadas a los jubilados y luego dar marcha atrás. Desorientó al núcleo electoral del partido, demostrando al mismo tiempo que parecía carecer de una visión clara sobre su margen de maniobra. A esto se sumó el caso Mandelson [nombrado embajador en Washington a pesar de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein – ndr].

Además, no hay que subestimar un fenómeno que conocemos bien en Francia y en otros lugares de Europa: un desencanto político generalizado hacia la clase política tradicional. No es casualidad que Reform UK y el Partido Verde estén en auge en este momento. Se percibe una tendencia hacia el ¡váyanse! en el electorado.

Si Starmer fuera desafiado y dimitiera durante su mandato, ¿nos encontraríamos ante un caso sin precedentes en la historia de los primeros ministros laboristas?

Este caso ha sido relativamente frecuente en el bando contrario de los conservadores, que han sustituido a su primer ministro en varias ocasiones. Entre los laboristas, no hay realmente ningún precedente comparable desde 1945.

Hay sin embargo algo en común con la salida programada de Tony Blair, que se vio sometido a presión tras su tercera victoria, en 2005, a pesar de la impopularidad de la guerra de Irak y de una mayoría muy reducida en la Cámara de los Comunes. La presión sobre él era tal que anunció su salida para 2007. Hay que señalar, sin embargo, una diferencia con nuestra época: la existencia de un sucesor claro en la persona de Gordon Brown. En 2026 no aparece nadie como líder aglutinador.

Ya se empieza a vislumbrar una lucha entre la facción más centrista del partido (cuyo supuesto líder sería Wes Streeting, ministro de Sanidad) y su ala izquierda moderada, conocida como soft left (cuyos responsables más citados son el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, la diputada Angela Rayner, exvicepresidenta del partido, o incluso Ed Miliband, responsable de Energía en el Gobierno). Teniendo en cuenta que el ala más a la izquierda es muy débil, ya que muchas de sus figuras han abandonado el partido o han sido expulsadas, como el antiguo líder Jeremy Corbyn.

La sustitución de Starmer no se decidirá únicamente en función de la línea política, sino también de una dimensión más personalista. No se descarta que sea sustituido por un dirigente con una línea muy similar a la suya, pero cuya visión y capacidad de liderazgo sean más claras.

Andy Burnham, que pertenece a la soft left, es sin duda el más popular dentro del partido. Su problema es que no es parlamentario en este momento, algo necesario para convertirse en primer ministro. Por eso sus partidarios desean ganar tiempo, con el fin de organizar su regreso. No quieren una dimisión inmediata de Starmer, sino que sea programada para los próximos meses. Los partidarios de Streeting, por el contrario, presionan para que se celebren elecciones rápidas con el fin de evitar que la línea política cambie en lo fundamental.

Hace años que se habla de la ruptura del bipartidismo británico. En este sentido, ¿cómo interpreta los resultados de las elecciones del 7 de mayo?

En términos de votos, el bipartidismo desapareció hace tiempo, pero ha quedado oculto por el sistema electoral, muy restrictivo. Este elimina todas las candidaturas que no están en cabeza en cada circunscripción, lo que amplifica la victoria del partido que va por delante de los demás. Eso se vio muy claramente en 2024. La avalancha de escaños del Partido Laborista se logró con apenas un tercio de los votos, cuando antes los partidos vencedores estaban más cerca del 40 %.

Si observamos y proyectamos los resultados de las elecciones locales del 7 de mayo en Inglaterra, nos encontramos con cuatro partidos muy igualados, situados entre el 15 % y el 20 %, y un partido de extrema derecha que los supera, Reform UK, con alrededor del 25 %. En unas elecciones nacionales con un sistema electoral sin cambios, tal configuración le permitiría, si no obtener la mayoría absoluta, al menos acercarse a ella. Sería algo inédito.

Pero hay que ser muy cautelosos: la incertidumbre es lo que más caracteriza este periodo. El panorama político nunca ha sido tan cambiante como desde 1945.

Nigel Farage afirma que Reform UK es “el único partido nacional auténtico”. ¿Qué quiere decir con eso?

Esa afirmación se debe a que Reform UK y su predecesor, el UKIP, que Farage dirigió durante veinte años, han sido partidos considerados muy “ingleses”. En Escocia y Gales, este tipo de partido no se percibía como un movimiento al que se pudiera votar si se tenía una conciencia nacional.

Eso ha cambiado radicalmente: Reform UK ocupa el segundo puesto en Gales, algo impensable hace unos años. El Partido Laborista ha quedado relegado al tercer puesto, lo que para él supone una catástrofe ya que marca el fin de una tradición muy antigua. Y Reform UK también ha irrumpido con fuerza en Escocia. El partido ha captado parte del electorado unionista en ambas regiones, con ciudadanos opuestos a los nacionalistas locales.

Número de escaños ganados en el Parlamento

Tampoco hay que olvidar que el caballo de batalla de Reform UK es el sentimiento anti inmigración. Circulaba una especie de mito según el cual solo los ingleses eran más hostiles a la inmigración que las otras naciones. En realidad, ese sentimiento existía y estaba documentado en las encuestas de opinión, al igual que el rechazo a las élites y la sensación de ser maltratados por el Gobierno central. Estas actitudes encontraron una salida electoral común.

En general, a los partidos tradicionales les cuesta construir una oferta que responda a las preocupaciones identitarias y culturales del electorado. El Partido Conservador va a la zaga de Reform, sin que eso le haya permitido recuperar votos por el momento, y el Partido Laborista se ve en apuros con una parte de su electorado que quiere más gasto público y que es bastante hostil a la inmigración.

Por primera vez, los tres nacionalismos periféricos están en el poder en las asambleas parlamentarias “otorgadas” del Reino Unido. ¿Es esto una señal de que esta descentralización funciona, o hay que ver en ello los gérmenes de una desintegración?

La desintegración del reino es poco probable a corto plazo. El sentimiento independentista no es mayoritario en Escocia, donde apenas ha avanzado desde el referéndum de 2014. En Gales, ha progresado en las últimas dos o tres décadas, pero no supera el 20-30 %. Por lo demás, el tamaño y la fragilidad económica de la región hacen poco creíble el escenario de una independencia a medio plazo.

Escaños ganados en el Senedd, el Parlamento galés. Debido al nuevo sistema de votación, un sistema proporcional plurinominal, el número de diputados ha pasado de 60 a 96.

Desde 1999, la transferencia de competencias se limita a asuntos importantes a nivel local (como la sanidad o la educación), pero no estratégicos a nivel nacional. Por lo tanto, la distribución de poderes no puede afectar realmente a la coherencia de la actuación del Gobierno central.

Lo que es más probable que ocurra son tensiones en las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno. Al Gobierno escocés le puede interesar mostrar hasta qué punto sus políticas difieren de las que se aplican en Londres. En Gales también es posible, pero los nacionalistas galeses tendrían que aliarse con otro partido para obtener la mayoría, lo que podría limitar sus intentos de mantener tensiones con Londres.

Traducción de Miguel López

La crisis política abierta en el Reino Unido tras la debacle laborista en las elecciones municipales y locales va mucho más allá de un simple castigo electoral. Lo que emerge es un cuestionamiento profundo del proyecto político de Keir Starmer y, en términos más amplios, de una socialdemocracia europea que hace ya tiempo que renunció a disputar el conflicto social para refugiarse en la mera gestión tecnocrática del deterioro.

Las dimisiones y tensiones internas dentro del Gobierno británico son solo la expresión visible de un problema más profundo que es el agotamiento acelerado de un liderazgo que llegó al poder prometiendo estabilidad, competencia y moderación, pero que empieza a ser percibido por amplios sectores sociales como incapaz de ofrecer una agenda real de transformación. Los laboristas demuestran, de nuevo, que la “apisonadora” del social-liberalismo de Toni Blair sigue pesando como una losa sobre ellos, algo a lo que regresan para recoger nuevos fracasos.

La paradoja de Starmer resulta especialmente significativa. El líder laborista obtuvo una amplia mayoría parlamentaria hace apenas dos años. Sin embargo, aquella victoria descansaba sobre una base extraordinariamente frágil, más que una adhesión entusiasta al proyecto laborista, lo que existía era un enorme rechazo social hacia el colapso conservador posterior al Brexit, Boris Johnson y el caos económico y político acumulado durante más de una década.

El problema aparece cuando la “normalidad” prometida por Starmer deja de ser suficiente. Porque las sociedades europeas ya no atraviesan simplemente una crisis de gobernabilidad institucional; atraviesan una crisis social profunda marcada por la precarización, el deterioro de los servicios públicos, la crisis de vivienda, el aumento de las desigualdades y la creciente sensación de inseguridad económica. Y frente a ello, el laborismo británico ha respondido con una mezcla de prudencia fiscal, cálculo electoral y moderación política que lejos de ser eficaz espanta a su electorado que huye a derecha (Reform) e izquierda (The Greens) según el caso.

Starmer construyó su liderazgo sobre una operación muy concreta, la derechización del Labour con el objetivo de neutralizar el legado de Jeremy Corbyn y reconstruir la confianza de los sectores empresariales y financieros británicos. La operación fue eficaz para ganar elecciones. Pero también implicó abandonar buena parte de las expectativas de reconstrucción social que habían movilizado a amplios sectores progresistas en los años anteriores. De este modo, el actual Gobierno laborista ha asumido, en gran medida, los límites fiscales y económicos heredados del consenso neoliberal británico. La insistencia en la disciplina presupuestaria, la ausencia de una agenda ambiciosa de inversión pública y las vacilaciones en materia de transición ecológica han terminado alimentando una creciente frustración entre sectores jóvenes, urbanos y progresistas que esperaban algo más que una gestión más amable del statu quo.

Precisamente ahí debe leerse también el crecimiento de los Verdes en las últimas elecciones locales. El avance del Green Party of England and Wales no responde únicamente a una preocupación ambiental creciente. Expresa también una fuga política de votantes progresistas decepcionados con el giro centrista del Labour y con la sensación de que Starmer ha vaciado de contenido transformador a la izquierda británica.

La cuestión ecológica resulta especialmente reveladora. Mientras la crisis climática exige políticas de transformación económica y social de gran escala, el Gobierno laborista ha optado por posiciones extremadamente cautelosas para no incomodar determinados intereses económicos ni aparecer como fiscalmente “irresponsable”. El resultado es una percepción creciente de falta de ambición política precisamente entre los sectores sociales más sensibles a la emergencia climática y a las nuevas desigualdades.

Al mismo tiempo, el crecimiento de Nigel Farage y de Reform UK evidencia otra fractura más profunda, la persistencia del malestar social y territorial incubado durante el Brexit. Starmer ha intentado disputar parte de ese electorado endureciendo parcialmente su discurso sobre inmigración y seguridad. Pero la estrategia no solo no ha frenado a la extrema derecha, sino que además ha contribuido a desdibujar aún más el perfil ideológico del Labour. Y ese es probablemente el principal problema político del actual primer ministro británico, y de otros antes que él, cuyas propuestas se focalizaron en construir un proyecto excesivamente centrado en la gestión y demasiado poco en el conflicto político y social real que atraviesa el Reino Unido contemporáneo. Porque el deterioro de las condiciones materiales de vida no se neutraliza únicamente con mensajes de estabilidad institucional. Y porque las sociedades europeas atraviesan un momento de profunda ansiedad económica y democrática que exige proyectos capaces de ofrecer horizontes reconocibles de protección social, redistribución y transformación ecológica.

La actual crisis laborista refleja, en el fondo, el bloqueo de una parte importante de la socialdemocracia europea, la dificultad para romper con los límites económicos y culturales del neoliberalismo al tiempo que intenta contener el auge de las extremas derechas. Esto también explica cómo se ha ido desdibujando esta opción política a lo largo y ancho del continente: Francia, Italia e incluso Alemania están atrapadas en esta trampa. Quizás la única excepción a esta epidemia europea sea Pedro Sánchez, pero ¿por cuánto tiempo?

El resultado suele ser políticamente problemático. Es bien sabido que, cuando el centroizquierda renuncia a disputar con claridad el modelo económico y social, otros actores ocupan el espacio del malestar. En la actualidad lo hace la extrema derecha, que lo controla desde el resentimiento identitario. En otro momento (ahora que se cumplen los 15 años del 15M conviene recordarlo también) fueron aquellas fuerzas progresistas las que articularon una feroz crítica al inmovilismo político de los partidos de Estado.

En todo caso, la pregunta que empieza a abrirse en el Reino Unido es si Starmer podrá reconstruir políticamente una mayoría social que hoy comienza a fragmentarse aceleradamente. Aunque la cuestión de fondo tiene más que ver con el margen que le queda a la socialdemocracia europea no solo para gestionar el modelo económico y social sobre el que se sostiene la Unión Europea, sino para sobrevivir a una ola de nacional conservadurismo que, cada vez que se abren las urnas, hace más pequeñas a las opciones socialdemócratas.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su gabinete este lunes que no tiene intención de dimitir ante las crecientes presiones dentro del Partido Laborista para que lo haga de inmediato o, al menos, presente un calendario para dejar el poder, según informa EFE.

Según sus palabras hechas públicas por su oficina, el partido "dispone de un mecanismo para contestar (la autoridad) de un líder, y no se ha puesto en marcha", en referencia a los 81 diputados necesarios para forzar unas elecciones primarias dentro del partido y buscar un sustituto para Starmer.

El primer ministro aludió a las consecuencias económicas que puede traer al país la inestabilidad que provocaría su sustitución: "Las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el Gobierno y esto tiene un coste económico claro para el país y las familias".

Con ello, se refiere a los catastróficos resultados cosechados por el Partido Laborista en las elecciones del pasado jueves, municipales en Inglaterra y regionales en Escocia y Gales, en las que el partido sufrió una sonora derrota a manos del populista Reform UK y de los nacionalistas de esos dos territorios históricos.

Esos resultados se tradujeron en una presión creciente dentro del Partido Laborista para que Starmer deje el cargo: 82 diputados han pedido ya su dimisión, y a ellos se han unido la ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la de Exteriores, Yvette Cooper, que han pedido al primer ministro que establezca un calendario claro para dejar su cargo. Quienes sí han respaldado a Starmer son la ministra de Ciencia, Liz Kendall y el titular de Vivienda, Steve Reed.

Además, minutos antes de la reunión del gabinete, una miembro del Gobierno, la secretaria de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó su dimisión y apremió a Starmer a que "haga lo correcto" y también que él ponga su cargo a disposición del partido.

En este momento, tres secretarios de Estado (entre los que se encuentra la ya mencionada Fahnbulleh) ya han presentado su dimisión: la de victimas para la violencia de género, Alex Davies-Jones; y la de protección a la mujer, Jess Phillips.

Phillips, considerada una figura influyente en el partido y a nivel ministerial, ha dicho sentirse cansada de observar cómo "las oportunidades de progreso se ven relegadas o frenadas". Pero en la primera línea, la de los ministros, ninguno de ellos ha renunciado a su cargo. 

Por el momento, Starmer aguanta la presión, cuando solo queda un día para que presente su programa de Gobierno en el nuevo periodo de sesiones parlamentario en el llamado "discurso del rey", un discurso pronunciado por el monarca pero que recoge los planes del gabinete para los próximos meses.

"El país espera que sigamos gobernando. Es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como Gobierno", dijo Starmer a los miembros de su gabinete.

Un centenar de diputados laboristas británicos, que equivalen a la cuarta parte del grupo parlamentario del partido (403), han firmado una carta de apoyo al primer ministro en la que subrayan que "no es hora de discutir por el liderazgo del partido" justo después de que el pasado jueves el partido sufriera "un resultado electoral devastador que demuestra que tenemos un duro trabajo por delante para recuperar la confianza del electorado", según recogen los medios británicos.

El problema de los opositores es que no parecen estar unidos, ya que no han logrado consensuar un nombre que aglutine los apoyos de todos los críticos como posible reemplazo de Starmer. Incluso los estatutos del partido posibilitan que se fuercen las primarias solamente si los críticos están unidos detrás de un nombre.

Aun así, la sensación en el Partido Laborista es de gran tensión y confusión. Esta misma tarde, Starmer acaba de cancelar una reunión que tenía prevista con líderes sindicales cercanos al laborismo, según la agencia estatal Press Association.

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

La monarquía británica ha conocido tiempos mejores para ella. La decisión del príncipe Enrique de instalarse con su familia en EEUU y la exclusión de Andrés por presunto pedófilo ha dejado al ínclito clan en mínimos representantes. Las cifras sobre el apoyo y/o rechazo a la institución personificada por el rey Carlos III, su esposa y su hijo mayor oscilan al ritmo de los últimos acontecimientos familiares. Si bien, en los últimos años, el baile de las encuestas presenta una continuada tendencia a la baja en la popularidad de la milenaria monarquía, la más robusta entre las siete europeas.

La Office of National Statistics (organismo paralelo al CIS o Centro de Investigaciones Sociológicas español) no elabora sondeos de opinión sobre la aceptación de la monarquía y, por consiguiente, los datos de YouGov (al menos dos veces al año, para todo tipo de fines, incluido el publicitario) vienen a ser el indicador más relevante del apoyo a la institución. De acuerdo a estos datos, la defensa de la monarquía va conforme a la edad de los preguntados. De los cuatro grupos fragmentados por edad (18-25; 25-49; 49-64 y más de 65 años), el número de jóvenes republicanos, de 18 a 25 años, ha superado varias veces a los monárquicos en la última década. En cambio, en el grupo de más de 65 años, el soporte a la monarquía es sólido como la Stone of Scone (la piedra sobre la que se coronaban los reyes escoceses). A medida que los grupos avanzan en edad, aumentan los que están a favor de la monarquía frente a los republicanos. Los “no sabe, no contesta” o indiferentes se convierten en el comodín que podría vencer a unos o a los otros.

Como ejemplo de la tendencia citada, tres resultados aleatorios, uno cada dos años, ofrecen las siguientes cifras: en abril-mayo de 2022, un 40% de jóvenes (18-25 años) se declaraba republicano; un 37% monárquico; y un 23% indiferente; la misma pregunta a distintos jóvenes de la misma franja de edad en 2024 atribuye un 50% de republicanos; un 19% de monárquicos, y un 31% de indiferentes; y, lo mismo en abril de 2026, ha variado el resultado con un 45% de monárquicos frente a un 38% de republicanos y un 17% de indiferentes. Al otro lado del espectro, entre los encuestados en edad de más de 65 años: en abril-mayo de 2022, un 79% se declaraba monárquico; un 16%, republicano y un 5%, indiferente; al cabo de dos años (2024), la misma pregunta a distintas personas del mismo grupo de edad resaltaba un 70% de monárquicos; un 13% de republicanos; y un 16% de indiferentes; mientras que, en abril de 2026, la más reciente, un 84% era partidario de la monarquía; un 11% de la república y un 5% indiferente. Una clara división entre jóvenes (18 a 25 años) y mayores de 65, con los dos grupos intermedios (25-49 y 50-64 años de edad) con cifras situadas entre la franja joven y la más mayor en edad.

El sostén a día de hoy a la monarquía no es el único que bambolea entre los británicos. La muerte de Isabel II y la “cola” para homenajearla generó un debate sobre si el pueblo se volcó con ella. Según el Gobierno, unas 250.000 personas hicieron cola para ver el féretro de la reina en septiembre de 2022. Su padre, Jorge VI, fallecido en 1952, atrajo a 305.806 ciudadanos a su catafalco fúnebre, mientras que la reina madre, muerta en 2002, captó 200.000. De una población de casi 70 millones de habitantes, en 2022, el número de 250.000 personas qué indica sobre el pueblo, ¿se volcó o la ignoró? El interrogante continúa abierto.

Las encuestas de YouGov, por lo que respecta a la monarquía, pormenorizan la actividad institucional de cada miembro de la familia real. Todavía indagan en la popularidad de la princesa Diana de Gales, fallecida en 1997. Detrás de las preguntas concretas, se teje un ejercicio de malabarismo ideológico al intentar separar lo oficial de lo privado. Un ejemplo de este malabarismo es el escándalo que ha protagonizado Andrés, exembajador comercial de Reino Unido por el mundo. En esta tarea de enviado especial para el comercio británico, pudo pasar información confidencial al círculo de Jeffrey Epstein, con el que mantenía amistad personal. Ambos presuntos pedófilos.

La organización Republic, dirigida por Graham Smith, denunció a Andrés a la Policía por sus vínculos con Epstein. El hermano del rey fue interrogado en comisaría cerca de Windsor. Smith explica a infoLibre que “alguien tenía que presentar los indicios de criminalidad y, puesto que la Policía no actuaba cuando era de dominio público sus vínculos con la trama de Epstein, fuimos nosotros quienes recogimos las pruebas; sin embargo, el escándalo no acaba ahí”. Republic pide al Gobierno una investigación oficial sobre las relaciones de Epstein, fallecido, con Andrés. “Ya hemos iniciado la campaña a través de diputados para que pidan al Parlamento una comisión investigadora, Royal Epstein Inquiry (Investigación sobre la Realeza y Epstein)”.

La organización que pilota Graham, con unos 10.000 miembros registrados, ha convocado para este sábado 9 de mayo una concentración en la céntrica plaza de Trafalgar con una lista de personas que expondrán sus razones para la abolición de la monarquía. Al finalizar el acto, los concentrados se dirigirán en manifestación hasta el Palacio de Buckingham. “Bajo el balcón”, como dice uno de sus eslóganes, dejarán constancia de su oposición a la monarquía y su apoyo a un jefe de Estado elegido democráticamente. El modelo de república que defiende la organización está todavía por concretar. Lo que sí han hecho es rechazar los deseos del partido ultraderechista Reform de colocar un retrato de Carlos III en cada aula de Reino Unido y ondear una bandera británica en cada escuela.

Halil llega puntual a Tria Fanaria, un café del sur de Nicosia a un paso de la Línea Verde. Estamos en pleno corazón de Faneromeni, a escasos metros del puesto de control. Como uno de los pocos kahveneios históricos que quedan en la Ciudad Vieja, el café es un lugar donde el nacionalismo griego mantiene una presencia discreta pero omnipresente. En las paredes destaca la bandera de la Enosis, la unión de Chipre con Grecia, flanqueada por iconos de santos y de los caídos en la guerra de 1974. El ambiente no resulta asfixiante, pero para un chipriota turco como Halil difícilmente puede sentirse como en casa. "Vengo a estos sitios y hablo con la gente", dice mientras se lía un cigarrillo.

El ataque contra la base británica de Akrotiri el 2 de marzo —un ataque con dron lanzado desde Líbano en represalia por bombardeos estadounidenses e israelíes— tuvo escaso impacto práctico en la isla. Pero los nervios siguen a flor de piel. Marzo fue un mes de alarmas. Un incidente de seguridad en la base británica de Akrotiri el día 13 llevó a pedir a la población que se refugiara y se mantuviera alejada de las ventanas; luego, el 24 de marzo, un misil, quizá con destino a Chipre, fue interceptado sobre Beirut, lo que derivó en el cierre del aeropuerto internacional de Lárnaca. Este desgaste psicológico ha arrastrado a los chipriotas de ambas comunidades de vuelta a un pasado que creían haber superado. La tensión evoca la violencia intercomunal que culminó con la invasión de Ankara y una división que persiste hasta hoy: una isla partida en dos por una zona de amortiguamiento de la ONU, con la comunidad turcochipriota relegada a un Estado no reconocido.

Para Halil, poeta y doctorando en la Universidad del Mediterráneo Oriental en Famagusta, en la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), el conflicto no ha hecho sino reforzar la posición de Turquía. "Turquía aspira a la supremacía regional, y consolidar su presencia en el norte sirve a ese objetivo", explica. Activista antimilitarista que ha pasado tiempo en prisiones militares del norte por negarse al servicio obligatorio, sus palabras tienen peso. "En el norte vivimos en una vasta zona militar con pequeños enclaves civiles aislados", añade con ironía, señalando que en la práctica el estado de emergencia sigue vigente desde 1974.

Las Áreas de Bases Soberanas británicas (SBA, por sus siglas en inglés) de Akrotiri y Dhekelia ocupan un espacio complejo en este paisaje. "Los residentes del norte nunca han adoptado una postura firme respecto a ellas", observa Halil. "El norte ya está saturado de bases turcas, y el único tabú real para nosotros es criticar a Ankara. Ese es el núcleo del problema, junto con las históricamente buenas relaciones que muchos aún mantienen con los británicos".

Mientras que en el sur grecochipriota han estallado protestas contra las SBA, el impacto en el norte ha sido más contenido, pese a la exposición de la isla a posibles represalias. En línea con Ankara, las autoridades del norte condenaron el ataque a Irán; Turquía desplegó seis F-16 y reforzó las defensas aéreas, pero los turcochipriotas solo se manifestaron en el sur. Al norte de la Línea Verde, las tensiones internacionales se superponen al lastre histórico del problema chipriota. Turquía —aliada de la OTAN pero adversaria de la República de Chipre— actúa como mediadora regional mientras defiende simultáneamente su presencia militar en la isla.

La RTNC comparte frontera directa con Dhekelia. En los pasos de Strovilia y Pergamos ondea la Union Jack –la bandera nacional del Reino Unido– y los pasaportes los revisa la Policía Militar británica en lugar de agentes locales. Aquí, las colinas onduladas de las zonas agrícolas administradas por los británicos descienden hacia la costa, salpicadas de áreas militares restringidas. En la bahía de Dhekelia, la presencia militar apenas se delata por el alambre de espino y un radar que gira entre la vegetación mediterránea. Un cartel de hormigón reza: "Welcome to Dhekelia Station". La carretera atraviesa una puerta sin vigilancia, flanqueada por vallas: la bandera británica a un lado y, al otro, Cessac Beach, el único acceso al mar dentro del perímetro militar. Aunque la administración guarda silencio, es un secreto a voces que la zona funciona principalmente como centro de inteligencia.

"¡Esto es el Reino Unido!", exclama Alexandros, señalando el suelo. El joven propietario de un bar en las afueras de Ormidhia, un enclave rodeado por la base, no se inmuta ante las medidas de seguridad posteriores al ataque. "Hay protocolos y búnkeres", dice, "pero las autoridades solo se pusieron en contacto mucho después de lo ocurrido".

Pese a la independencia en 1960, Chipre sigue conviviendo con estas dos bases, un legado colonial que marca la vida cotidiana. Akrotiri, objetivo del dron en marzo, es la zona civil más densamente poblada dentro de las SBA. El sistema, que abarca el 3% de la isla, otorga al Reino Unido soberanía no solo sobre infraestructuras militares, sino también sobre la vida civil circundante.

Melanie Steliou, actriz chipriota-británica de 50 años que vive en Pyrgos, cerca de Akrotiri, percibe esa fricción. "Cuando llevo a mi hijo al colegio en Trachoni, un pueblo parcialmente bajo jurisdicción británica, oímos los aviones despegar justo encima de nosotros. Los niños están acostumbrados". Para Steliou, el problema es el limbo legal de la que es la mayor base de la RAF fuera del Reino Unido. "La base tiene sus protocolos, pero ¿quién cuida de los civiles que viven dentro o justo fuera del perímetro? Si un dron fallara su objetivo, ¿quién nos protege?".

Tras el ataque de marzo, cientos de civiles en Akrotiri fueron desplazados durante unos días, alimentando la incertidumbre entre quienes viven a lo largo de estas fronteras invisibles. En el paseo marítimo de Limassol, una mujer rusa juega con su hijo. Cerca, una lancha rápida arrastra a un esquiador sobre el agua. El sol deslumbra, pero en el horizonte la silueta de una fragata se distingue con claridad entre la bruma.

En la playa de Lady’s Mile, una franja desierta de arena dominada por antenas, no hay aduanas: solo Google Maps o algún coche ocasional de la Policía Militar indica el cambio de jurisdicción. El pueblo de Trachoni es el emblema de esta anomalía, dividido no por cascos azules de la ONU, sino por una línea burocrática invisible. En la calle principal, dos tiendas contiguas pueden pertenecer a distintos Estados. "Aquí es Reino Unido, pero allí, donde ves esos edificios, es Chipre", explica Giorgos, encargado de un café.

En esta "tierra de nadie", la burocracia se duplica. "Para abrir un negocio necesitas una licencia tanto de Nicosia como de la base", explica un joven barbero. Sin embargo, la reciente situación de emergencia apenas alteró la rutina. "En marzo, cuando la tensión era alta, no recibimos ninguna advertencia. Seguimos abiertos", añade Giorgos. Muchos en Akrotiri prefieren no alzar la voz; para algunos, los británicos son empleadores esenciales; para otros, constituyen la única garantía de defensa de un país sin un ejército formal.

Para evitar tensiones con quienes ven las bases como un símbolo del colonialismo, la administración de las SBA mantiene un perfil bajo: pocas patrullas, a menudo con agentes locales, y oficinas judiciales discretamente ubicadas dentro de zonas militares. Pero la ausencia de banderas no hace que el territorio dependa menos de Londres.

Matthew Stavrinides, ingeniero químico y activista pro palestino, fue uno de los primeros en dar la voz de alarma. "Era solo cuestión de tiempo. Este es el resultado de una estrategia en la que Londres y Nicosia han aceptado riesgos inaceptables para la población civil". A través de la página de Instagram "Genocide Free CY", Stavrinides y un colectivo bicomunal llevan dos años documentando vuelos de espionaje de la RAF sobre Gaza. "El Gobierno británico lo negó durante mucho tiempo, pero los datos recopilados con Declassified UK llevaron a una investigación parlamentaria en la que el ministro tuvo que admitir la actividad".

Lo que antes se limitaba a unos pocos activistas se ha convertido en una preocupación generalizada. "Cada crisis regional vuelve a poner a Akrotiri y Dhekelia en el punto de mira, pero la atención actual no tiene precedentes", afirma Ceylan Hassan, investigadora británica de origen turcochipriota, activa en el movimiento "Bases Off Cyprus".

Para ella, la cuestión es personal: su familia fue desplazada en 1974 de Episkopi por milicias de EOKA B, refugiándose en las bases antes de trasladarse al norte. "Las bases están intrínsecamente ligadas a la división de la isla", afirma. "Los antiguos colonizadores enfrentaron a las comunidades entre sí y se quedaron. Aceptar este sistema es aceptar que el colonialismo nunca terminó realmente".

La Policía Metropolitana de Londres (Met) declaró este miércoles como incidente terrorista el ataque con arma blanca en el que resultaron heridos dos ciudadanos judíos este miércoles en un barrio al norte de la capital británica y por el que ya ha sido detenido un sospechoso.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Met, Laurence Taylor, informó esta tarde en una rueda de prensa de que el ataque, ocurrido en el barrio londinense de Golders Green, fue declarado formalmente como un "incidente terrorista" y que un hombre de 45 años había sido detenido como sospechoso de "intento de asesinato" de dos personas. Más tarde, la policía informó de que el detenido sufría de "desórdenes mentales" y tenía "un historial de violencia".

Las víctimas, dos varones judíos de 76 y 34 años, fueron apuñalados en plena calle alrededor de las 11:16 de la mañana hora local, y se encuentran "en estado estable" en un hospital.

La Policía explicó que el sospechoso intentó asimismo apuñalar a los agentes que intervinieron tras el incidente antes de que estos lo inmovilizaran con un táser y lo arrestaran.

Una de las líneas principales de investigación trata de esclarecer si el ataque "atacaba deliberadamente a la comunidad judía de Londres", mientras las autoridades tratan de establecer la nacionalidad y los antecedentes del detenido, que todavía no ha sido identificado y permanece bajo custodia policial.

También aseguró que se mantendrá la presencia policial en Golders Green, donde vive buena parte de la comunidad judía londinense —hay 30 sinagogas en el barrio—, para dar tranquilidad a los vecinos, después de varios sucesos de carácter antisemita ocurridos recientemente en la zona.

Los primeros en informar hoy del suceso fueron los patrulleros del grupo de vigilancia de la comunidad judía Shomrim, que redujeron al atacante antes de que llegara la Met.

Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e "intentando apuñalar a ciudadanos judíos".

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó a su vez los apuñalamientos de los dos hombres, que se habrían producido cerca de unas tiendas y de una sinagoga.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, tildó los hechos de "muy preocupantes" e instó a combatir el antisemitismo.

"Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos", dijo a la cámara.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel aseguró que las palabras de Starmer "no dan por sí solas una respuesta a las raíces del antisemitismo que se extiende por todo el Reino Unido".

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

"La comunidad (judía) es fuerte, pero estarán increíblemente preocupados por ver y escuchar lo que ha ocurrido hoy, especialmente tras otros incidentes ocurridos en las semanas recientes", añadió Taylor al respecto.

El pasado 2 de octubre, se cometió un atentado con arma blanca en una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur. El atacante mató a un feligrés, y luego la intervención policial acabó con su vida y, accidentalmente, con la de otro feligrés judío.

Las agresiones contra los judíos han aumentado en el Reino Unido tras el inicio de la guerra en Gaza, después del ataque del grupo islamista Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023, y se han intensificado con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hay poderes que no necesitan ocupar el Estado, les basta con encontrar una rendija por la que colarse para colonizar sus sistemas. Esa rendija puede ser la necesidad de ordenar mejor la información, o de herramientas que permitan al propio Estado decidir qué merece prioridad y qué cuestiones pueden quedarse al final de la lista, esperando tiempos mejores. A ese tipo de poderes no les hace falta tomar el palacio, sólo necesitan hacerse con el control de la puerta, desde la que son capaces de trabajar con gran éxito para convertirse en imprescindibles.

En estos últimos días, uno de estos poderes, la megacompañía tecnológica estadounidense Palantir, ha presentado públicamente su carta de intenciones en forma de un manifiesto que no tiene desperdicio. Hay que agradecerle que no se haya dejado nada en el tintero en este primer programa político de una empresa tecnológica: la deuda moral de la élite de Silicon Valley con la defensa de la nación; la necesidad de mano dura (en forma de software) para que las sociedades democráticas prevalezcan; la mili obligatoria; la supremacía religiosa; el desprecio al pluralismo… Ahora ya no queda duda de por dónde van sus tiros y nadie podrá decirnos que no estábamos avisados.

No estamos hablando de una empresa más de Silicon Valley, sino de una compañía que lleva años creciendo allí donde el poder público se vuelve operativo: seguridad, defensa, sanidad, policía. Hace tiempo que su negocio no consiste sólo en vender software, sino en ofrecer a los gobiernos su propia fórmula para reunir datos, procesarlos y convertirlos en decisiones. Ya trabaja con la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU y su responsable de tecnología tiene despacho propio en el Pentágono. Ha extendido sus tentáculos a casi todas las formas perversas de autoridad, como el ICE de Trump o el Ejército de Netanyahu. 

¿Y por qué traigo hoy a Palantir al Cuarto de máquinas? Porque su tecnología con inteligencia artificial ha puesto el ojo en Europa una vez que ha colonizado el corazón mismo del Estado estadounidense. La puerta de entrada ha sido el Reino Unido, donde ha firmado contratos con el Sistema Nacional de Salud británico, el Ministerio de Defensa, distintos ayuntamientos y cuerpos policiales menores. Y ahora negocia un contrato multimillonario con Scotland Yard que podría darle acceso a datos sensibles de víctimas de delitos en el Reino Unido. 

Palantir ha encontrado ya la rendija por la que colarse en Europa y aquí el problema no es la innovación, es quién entra en la cocina de las decisiones públicas más importantes, quién organiza la información con la que se toman las decisiones y cuál es su agenda. Porque ahora, manifiesto mediante, ya sabemos que la tiene. Londres está a un paso de externalizar una parte importante de sus decisiones estratégicas y de dejarlas en manos de una compañía fundada por el estratega político e inversor Peter Thiel, uno de los millonarios que financiaron la campaña de Trump.

Y Thiel, al igual que la empresa que ha fundado, tampoco esconde sus ideas conspiranoicas. A la vanguardia del conservadurismo estadounidense, se define como un cristiano ortodoxo y se sabe de él que vive preocupado por el anticristo y la llegada del Armagedón, que podría acelerarse por los límites impuestos a la tecnología, las agencias internacionales o el ecologismo. Lleva más de una década en el círculo cercano a Trump y es uno de los impulsores de la carrera de JD Vance. El epítome de la oligarquía tecnológica. Hizo su primera fortuna como cofundador de Paypal y desde ese momento ha sumado miles de millones de dólares a su cuenta invirtiendo en Facebook, SpaceX, OpenAI y otras compañías tecnológicas. En resumen, la mezcla perfecta de dinero, tecnología y buenas relaciones políticas. 

La incursión de la élite de Silicon Valley en el corazón del Estado británico no ha pasado inadvertida en las islas. Seguramente han ayudado los focos mediáticos sobre el manifiesto con las ambiciones reales de Palantir. Esta semana, más de 200.000 personas han pedido al Gobierno británico que rompa los acuerdos ya firmados. Algo más que lógico, si se tiene en cuenta que ahora sabemos el tipo de sociedad al que aspira el gigante tecnológico. Hay cesiones que no necesitan de una ley para convertirse en realidad, y parece que cada vez son más los ciudadanos que no están dispuestos a firmar ese contrato.

La cadena pública británica BBC recortará en torno a un 10% de su plantilla de unos 21.500 trabajadores en un periodo de tres años para reducir costes, informan este miércoles los medios británicos.

El personal de la corporación de radiotelevisión fue informado de los planes en una teleconferencia en la tarde de este miércoles, sin que por el momento se sepan los detalles de las unidades o secciones donde recaerán los recortes, considerados los mayores desde 2011.

La noticia se conoce antes de que el 18 de mayo asuma el cargo de director general de la emisora el exdirectivo de Google Matt Brittin, que sustituirá a Tim Davie, quien anunció su dimisión en noviembre tras la polémica por la edición manipulada de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la prensa, los recortes son parte de los planes presentados en febrero para reducir costes en un 10% —unos 500 millones de libras (575 millones de euros)— en los próximos tres años a fin de abordar las "presiones financieras" que afronta la compañía.

El anuncio se produce cuando a BBC está inmersa en una negociación con el Gobierno para revisar sus estatutos, que caducan en 2027, y su método de financiación, que actualmente consiste en un canon de 180 libras anuales (más de 200 euros) que pagan los hogares británicos que cuentan con un televisor.

Como otros medios de comunicación, la BBC se enfrenta a la competencia de plataformas de contenidos digitales y a la carta, así como a la presión de empresarios y políticos británicos, sobre todo de derecha, que consideran que su actividad supone una competencia desleal al sector privado.

Brittin, de 57 años y expresidente de las operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, asumirá el puesto en un momento clave para la radiotelevisión pública británica, que afronta una demanda multimillonaria presentada por Trump que ahora se discute en un tribunal de Florida.

El presidente de la BBC, Samir Shah, destacó, cuando fue nombrado en marzo, que el nuevo responsable "aporta una profunda experiencia liderando organizaciones complejas y en transformación" y lo definió como "un líder excepcional".

Por su parte, Brittin expresó sus ganas de "empezar el trabajo" en un contexto que describió como "un momento de verdadero riesgo, pero también de verdadera oportunidad".

"El Reino Unido necesita una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y en rápida evolución", señaló, para añadir que la corporación "necesita la velocidad y la energía para estar donde están las historias y las audiencias".

La salida de Davie se produjo tras la controversia por la edición supuestamente engañosa de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, que podía dar la impresión de que el presidente había incitado los posteriores disturbios en el Capitolio.

La BBC pidió disculpas por el programa, que se emitió antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, pero se negó a pagar la compensación que pedía Trump, lo que derivó en una demanda por difamación del presidente.

El Gobierno británico ha bloqueado el permiso de viaje del rapero estadounidense Kanye West al Reino Unido por sus pasadas declaraciones de tono antisemita, según confirmaron este martes fuentes gubernamentales a la cadena pública británica BBC.

La decisión de vetar la entrada al país al artista, que iba a actuar en julio en el festival Wireless de Londres —ahora cancelado tras conocerse la noticia—, se basó oficialmente en que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público", según precisó el Ministerio del Interior británico (Home Office) a la BBC.

West ha suscitado la polémica en los últimos días, después de que múltiples asociaciones y voces de la política británica pidieran prohibirle la entrada al Reino Unido y de que varias empresas como Pepsi retirasen su patrocinio al festival londinense tras conocerse su participación debido a su historial de comentarios racistas y antisemitas durante más de una década.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó en un artículo en el periódico The Sun el fin de semana que los organizadores hubieran invitado al rapero de 48 años, que en varias ocasiones se proclamó simpatizante de Hitler. El año pasado llegó a publicar una canción de apología al dictador, si bien en enero se disculpó y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar.

El ministerio del Interior británico confirmó a la BBC que el rapero, ahora conocido como YE, completó este lunes su solicitud de entrada al Reino Unido a través del sistema de Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés), pero le ha sido denegada. "El Home Office ha rechazado la ETA de YE, prohibiéndole la entrada al Reino Unido. Como resultado, el festival Wireless queda cancelado y se reembolsará el importe a todos los poseedores de entradas", escribió en un comunicado la promotora del evento, Festival Republic.

En el mismo texto, los organizadores expresaron que todas las formas de antisemitismo son "repugnantes" y admitieron reconocer el impacto "real y personal" que esto supone.

Horas antes de conocerse la decisión del Gobierno británico, West afirmó este martes que estaba dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica: "Sé que las palabras son suficientes, tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos, aquí estoy".

El rapero estadounidense acaba de iniciar su gira mundial 'Ye Live Concert Tour', que lo llevará hasta el próximo mes de agosto por estadios de todo el mundo, incluido España, donde previsiblemente actuará en el estadio Riyadh Air Metropolitano el próximo 30 de julio.

Francia celebra este lunes una reunión del Grupo de los Siete (G7) de ministros de Finanzas, de Energía, responsables de bancos centrales y directores de otros organismos internacionales para abordar la situación actual generada por la guerra en Irán y su impacto en Oriente Medio y en la economía global, según informa EFE.

Se trata de la "primera vez en 50 años" que se produce esa configuración de una reunión del G7, con la participación conjunta de todas esas autoridades monetarias, dijo el ministro francés de Economía, Roland Lescure, al anunciar la semana pasada el encuentro.

Está previsto que el encuentro, por videoconferencia, comience a las 13:00 en la hora local, según un portavoz del ministerio de Economía y Finanzas de Francia, que ejerce este año la presidencia del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón).

El objetivo de la reunión extraordinaria será analizar la situación económica global en un contexto marcado por la convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos, según Lescure: se trata de "entender qué está ocurriendo", señaló la semana pasada.

Estados Unidos ha solicitado el apoyo del G7 para ayudar a detener el bloqueo iraní de la ruta marítima del estrecho de Ormuz, vital en el comercio de petróleo y otros materiales esenciales.

Tras una reunión presencial el jueves y viernes de la semana pasada a las afueras de París, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 afirmaron que era una "necesidad absoluta" que Irán restableciera el libre paso por el estrecho y pidieron en una declaración conjunta el cese de los ataques contra la infraestructura civil.

Ante la situación energética, muchos gobiernos, como el de España, han puesto en marcha medidas para limitar el impacto de las dificultades de suministro y el fuerte aumento de los precios de la energía. Pero estas decisiones se enfrentan a la incertidumbre por la falta de claridad sobre los objetivos bélicos de Estados Unidos, la incertidumbre sobre la posible duración del conflicto y la extensión de las hostilidades.

La Administración estadounidense, incluido el presidente Donald Trump, han afirmado que sus objetivos en la guerra están prácticamente alcanzados, mientras que paralelamente está desplegando miles de efectivos en la región. Según The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual.

Al inicio del segundo mes de la guerra, Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en una entrevista al diario Financial Times, donde también reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

Sarah Mullally, la primera mujer primada de la Iglesia de Inglaterra, completó este domingo la peregrinación a pie entre Londres y la catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra, donde este miércoles será entronizada, según recoge EFE. La futura arzobispa realizó la perigrinación, de seis días, junto a su marido Eamonn y otros miembros de la iglesia anglicana en un evento que la propia institución ha calificado como "privado", pese a haber visitado colegios y hospitales a lo largo del viaje.

Mullally, que ostenta el título de dama, fue recibida hoy por la alcaldesa de Canterbury, Keji Moses, y el deán de la catedral de esta localidad, David Monteith, tras completar el trayecto que comenzó en Londres el pasado martes por la tarde.

Tras llegar al templo, la arzobispa de Canterbury dijo sentirse "muy aliviada" de haber completado el recorrido a pie, en medio de una gran multitud que la esperaba.

A la entronización asistirán 2.000 personas, entre ellas el príncipe Guillermo, en representación de su padre, el rey Carlos III, y la princesa de Gales, así como el primer ministro británico, Keir Starmer, y la líder del Partido Conservador (en la oposición), Kemi Badenoch.

En una ceremonia marcada por la tradición, Mullally sera entronizada arzobispa de Canterbury, primada de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la comunidad anglicana.

Mullally había empezado la peregrinación en la catedral de San Pablo, en Londres, para recorrer a pie 140 kilómetros por el llamado camino de Becket, el trayecto que se cree realizó Tomás Becket, el arzobispo de Canterbury asesinado en 1170, en sus viajes entre ambas ciudades.

La elección como cabeza visible de los anglicanos no ha estado exenta de polémica, y un grupo de obispos conservadores -la Conferencia Global Anglicana del Futuro (GAFCON)-, opuestos al nuevo papel de las mujeres en la iglesia y a otros giros modernistas, ha protagonizado otro cisma, aunque no lo llaman así porque ellos pretenden ser 'la verdadera' iglesia anglicana.

Jeremy Corbyn, exlíder del Partido Laborista británico, diputado desde 1983, ahora independiente y la cabeza más visible de la izquierda en el Reino Unido, está patidifuso con el “coraje” de Pedro Sánchez de no arrodillarse al toque de silbato del presidente Donald Trump. Al mando de Your Party (Tu Partido –o tu fiesta–), mece la formación que intenta ocupar el espacio político a la izquierda del Partido Laborista. Un espacio que en las últimas elecciones parciales ha conquistado el Partido Verde.

¿Quién cree que dicta la guerra en Irán, Donald Trump o Benjamin Netanyahu?

Ambos: Netanyahu intenta invadir el sur de Líbano después de anexionarse los Altos del Golán, que pertenecen a Siria; Trump va a por el petróleo y provisiones para el futuro. Es una guerra sin razón, puesto que estaban negociando la capacidad nuclear de Irán con un acuerdo al estilo del de Barack Obama, que contempla las inspecciones a Irán por parte de la ONU. El viernes negociaban y el sábado empezaron a caer bombas americanas sobre Irán. No defiendo el régimen iraní ni su historial de violación de derechos humanos, pero tampoco la guerra.

Occidente repite los mismos errores, queriendo –o diciendo que quiere– democratizar regímenes totalitarios que vienen a ser países productores de petróleo o estratégicos por otros motivos. ¿Acabará la guerra de Irán como otras intervenciones previas en el Próximo Oriente?

De los bombardeos de Afganistán y Libia y de la invasión de Irak no surgió la democracia; en Irán van a por el petróleo y a por la hegemonía israelí en la zona. No se puede bombardear un país desde 35.000 pies [10.500 metros] de altura y esperar a que surja la democracia. Los diputados británicos que estuvieron contra la guerra en Irak ahora están preocupados ante la confusa actitud de Keir Starmer; temen que nos arrastren al conflicto. Debemos tomar la posición de España y decir que esta es una guerra de agresión contra un Estado soberano, lo cual no implica que apruebes el Gobierno del país. 

¿Donald Trump ha inventado con Venezuela un nuevo tipo de intervención, que no tenía prevista ni la ONU: secuestra a la primera fila del régimen, aunque tenga que matar a un centenar de personas de paso, y mantiene la segunda fila para negociar con ella?

Sí, creo que la estrategia de Trump quedó marcada en su discurso del pasado noviembre en la ONU, en el que aludió a la doctrina Monroe para que EEUU pueda adquirir los recursos naturales que le plazca. Se otorga el derecho a extraer petróleo, uranio, litio o titanio de donde quiera, incluidos los países críticos como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Dice también que no hará guerras largas ni con tropas de tierra. Ahora anima a los iraníes a una sublevación proamericana; no obstante, no creo que se produzca porque a nadie le gusta que le bombardeen.

¿Esta guerra ha puesto en evidencia las fracturas o divisiones de la Unión Europea o de la Europa geográfica, incluyendo Reino Unido?

Lo más evidente es el coraje de Pedro Sánchez y el mensaje que manda a la UE, puesto que impide la unanimidad. Ursula von der Leyen quiere construir un bloque militar europeo, aunque eso vale mucho dinero y nos arrastra a guerras como la de Irán, y luego vendrán Cuba y las de África. Las acciones de Trump han convencido a Ursula de que la UE no debe depender militarmente de la OTAN ni de EEUU.

Si considera que España ha liderado en decir "No a la guerra", ¿cree que también lideró en el reconocimiento del Estado palestino que haría posible la solución conocida como de los dos Estados?

El proyecto de dos Estados, uno palestino en Cisjordania junto a Israel, es inviable por la ocupación militar y la política expansionista israelí en tierra palestina. Yo voy con mucho cuidado de decirles a los palestinos qué tipo de sociedad quieren o pueden adoptar en un futuro. Reconocer el Estado sin tomar medidas y acciones para hacerlo realidad es una medida a medias. Por algo se empieza, pero hay que hincar el diente. Reino Unido reconoce Palestina; sin embargo, continúa armando a Israel, que la destruye.

¿Cómo cree que acabará la guerra?

Habrá una nueva fase sobre el papel de EEUU en la zona. Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) podrían llegar a un acuerdo con Irán para que expulsen las bases americanas de estos países. Las tensiones políticas continuarán o aumentarán cuando cesen los bombardeos.

¿Con la fundación de Your Party (Tu Partido –o tu fiesta–) intentan ocupar el espacio político a la izquierda del Partido Laborista, que ahora ocupa el Partido Verde?

Sí, tenemos más de 60.000 miembros, funciona el Comité Ejecutivo, estamos formando el organigrama de las asociaciones locales, vamos con otros grupos a las elecciones municipales. Damos preferencia a comunidades o asociaciones vecinales para hacer campañas juntos, como la de expulsar a Palantir [empresa o corporación de datos, militarista y antiwoke] de la sanidad pública británica.

¿Quién ha llevado más al Partido Laborista a la derecha, Tony Blair o Keir Starmer?

Blair tenía visión y determinación para una socialdemocracia de centro con servicios públicos eficaces, mantener los cimientos de la economía liberal, no tocar los privilegios de los muy ricos o apuntarse a las guerras. Aunque yo discrepaba en lo fundamental, él tenía un proyecto. Starmer, en cambio, ganó las elecciones con un programa de diez puntos al que renunció enseguida. Y ahora le viene el escándalo de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein y los chanchullos comerciales, en los que se incluye Palantir. Que Starmer no supiese nada de ello y lo nombrase embajador en EEUU es una broma. Hasta hace unos meses, todos querían ser amigos de Mandelson; ahora retiran las fotos de las redes sociales porque apesta.

¿Se está mermando la libertad de expresión y recortando los derechos civiles en Reino Unido?

Sí, el intento de prohibir y calificar de terrorista a la organización Palestine Action (Acción Palestina) y a la iraní Al Qus (Lo Sagrado o Puro) nos ha llevado a situaciones como la detención o fichaje de 2.000 personas, la mayoría septuagenarios u octogenarios por manifestarse a favor de Palestine Action. Algunos tendrán la sentencia judicial el próximo 16 de marzo y, si salen culpables, ¿van a detener a 2.000 ancianos? La judicatura, creo, encontrará una salida honorable para todos.

Con el precedente de Donald Trump de intervenir donde le plazca, ¿cree que es el momento de que el presidente argentino Javier Milei tome las islas Malvinas o de que España recupere Gibraltar? Discúlpeme la broma.

Para Milei es la gran oportunidad para estrenar la famosa motosierra; con España hay acuerdos, no incluyen la soberanía, pero es igual, hay entente.