Si Donald Trump pretendía llegar a la cumbre con Xi Jinping exhibiendo la derrota estratégica de Irán y el debilitamiento de uno de los principales socios de China en Oriente Medio, difícilmente podría haberle salido peor la jugada. El desenlace del conflicto no solo ha preservado al régimen iraní, sino que ha puesto de relieve algunas de las fortalezas que distinguen la aproximación china a la región.

Irán constituye una pieza esencial de la presencia china en Oriente Medio. Más allá de su importancia energética, forma parte de una red de relaciones que Beijing ha ido tejiendo pacientemente durante años sobre la base de la cooperación económica, la conectividad y la no injerencia. Esa estrategia, aparentemente limitada al terreno comercial, ha terminado generando una influencia política nada desdeñable.

La paz alcanzada tiene un origen inmediato en la mediación pakistaní, pero resulta difícil desvincularla de la iniciativa de cinco puntos presentada conjuntamente por China y Pakistán el pasado 31 de marzo, basada en el alto el fuego, la apertura de negociaciones, la protección de las infraestructuras civiles y la restauración de la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz. Aunque Beijing evitó situarse en primera línea, su peso diplomático estuvo presente en todo el proceso.

La guerra también ha dejado una enseñanza incómoda para los países del Golfo. Durante décadas, la presencia militar estadounidense fue presentada como la principal garantía de estabilidad regional. Sin embargo, el conflicto mostró el reverso de esa lógica pues las bases norteamericanas se convirtieron en potenciales objetivos de represalia y la interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz puso en riesgo los intereses económicos de todos los Estados de la zona.

La consecuencia más importante puede ser política. La imagen de Estados Unidos ha sufrido un desgaste apreciable mientras que China emerge asociada a los esfuerzos de mediación y a la búsqueda de una salida negociada. Para las monarquías del Golfo, cada vez resulta más evidente que la seguridad regional no puede descansar exclusivamente en la protección militar estadounidense y que conviene diversificar alianzas y equilibrios.

Paradójicamente, Washington pudo haber contribuido a resolver uno de los problemas estratégicos que afrontaba Beijing. Desde el inicio de la guerra de Gaza, China había quedado en una posición delicada. Su apoyo histórico a la causa palestina contrastaba con su limitada capacidad para influir sobre los acontecimientos, mientras Israel parecía ampliar su margen de actuación sin encontrar contrapesos efectivos. El conflicto con Irán alteró esa dinámica y devolvió protagonismo a las iniciativas diplomáticas impulsadas desde Asia.

En realidad, detrás de la ofensiva estadounidense e israelí subyacía también el propósito de contener la creciente influencia china en Oriente Medio. No debe olvidarse que Beijing había logrado algunos éxitos diplomáticos significativos en los últimos años, desde la reconciliación entre Arabia Saudí e Irán hasta los intentos de aproximación entre las distintas facciones palestinas. La consolidación de China como actor político regional comenzaba a desafiar un espacio tradicionalmente dominado por Washington.

Lo ocurrido refuerza, además, una narrativa que Beijing lleva años promoviendo al insistir en que los problemas de Oriente Medio no tienen solución militar duradera. La guerra ha demostrado, una vez más, que la fuerza puede alterar temporalmente los equilibrios, pero difícilmente resuelve las causas profundas de los conflictos. La negociación, el desarrollo económico y la construcción de consensos siguen siendo las herramientas más eficaces para alcanzar una estabilidad sostenible. Es el contraste entre la “paz mediante la fuerza” de Trump y la “paz mediante el desarrollo” que reivindica Beijing.

Si el objetivo era debilitar la influencia china en Oriente Medio, el resultado parece haber sido el contrario. La guerra ha vuelto a demostrar que Washington sigue siendo indispensable para desencadenar conflictos, pero cada vez menos para resolverlos. Y es precisamente en ese espacio, el de la reconstrucción diplomática posterior, donde China encuentra hoy las mejores oportunidades para ampliar su influencia.

Washington sigue siendo la potencia indispensable para hacer la guerra; Beijing aspira a convertirse en la potencia indispensable para gestionar la paz. La verdadera disputa estratégica en Oriente Medio ya no gira únicamente en torno al poder militar, sino alrededor de quién ofrece un orden regional más viable para el futuro.

Desde esa perspectiva, China sale fortalecida. No porque haya sustituido a Estados Unidos como potencia dominante en la región, algo que aún está lejos de suceder, sino porque su fórmula de "paz y desarrollo" aparece hoy más alineada con las necesidades y preocupaciones de unos actores regionales cansados de guerras interminables y cada vez más interesados en la estabilidad como condición indispensable para su prosperidad.

China no ha ganado necesariamente poder directo, pero sí algo quizá más importante a largo plazo: legitimidad como actor diplomático. Y en Oriente Medio, donde la influencia suele medirse tanto por la capacidad de mediar como por la de proyectar fuerza, ese puede ser un activo estratégico de enorme valor.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

Hemos estrenado el verano, pero no hay manera de que el verano se materialice. La actualidad no da tregua y los rigores estivales no se atenúan ni con un mundial de fútbol. Vale que es uno raro, en territorio poco amigable, pero es que históricamente estos campeonatos acaparan un gran espacio mediático relegando las noticias más duras a espacios menos transitados. El fútbol todo lo matiza, todo lo unifica (para lo bueno y para lo malo). Pues este verano, tampoco. Y menos en la carrera desbocada de la inteligencia artificial. Un día hablamos de soberanía tecnológica; al siguiente, de empresas estadounidenses que quieren componentes chinos; luego irrumpe Europa con su autonomía estratégica mientras intenta asegurarse el acceso a una compañía yanqui para no quedarse fuera de la frontera tecnológica… no hay descanso y todo se acelera en un ejercicio de velocidad que sería casi cómico si no fuera porque detrás se están moviendo leyes y dependencias.

No hay manera de pararse a reflexionar con calma, a dejar que las decisiones que se van tomando hagan poso… y no estamos acostumbrados a esta sucesión de acontecimientos que viene a romper con lo establecido sin darnos tiempo a respirar. Tenemos a la Casa Blanca legislando (¡legislando!) para intervenir el mercado de la IA, a empresas enormes tratando de romper el bloqueo a la tecnología china para poder seguir creciendo al ritmo que marcan los inversores, a Europa pidiendo autonomía y decidiendo contra ella...

En este país somos de reflexión lenta, de dejar pasar el tiempo que permite analizar desde la distancia. Quién le iba a decir a Rocío Jurado que veinte años después de su muerte sería más universal que nunca, que se analizarían sus letras en clave feminista y que sería un icono para una nueva generación de mujeres que no ha escuchado una copla en su vida. Así somos, necesitamos veinte años (que dicen que no son nada, pero sabemos que son exactamente eso, veinte años) para analizar con perspectiva, para ver lo que hay detrás de la máscara… Y aquí estamos, tratando de entender qué pasa hoy en un mercado despiadado que sólo quiere crecer y derriba a su paso cualquier norma escrita (o no escrita) con la que ordenamos el mundo.

Si la Jurado fue durante décadas la reina de la copla y hoy (casi) nadie la percibe de ese modo, con la IA pasa algo parecido pero sin la cortesía del paso del tiempo. Aquí no hay veinte años para revisar el mito, hay apenas una semana entre un anuncio y su contrario. La tecnología avanza, su necesidad de financiación se multiplica, los gobiernos reaccionan y la estructura mental con la que lo analizamos se convierte en un vestido de lentejuelas viejo que no se ajusta a un cuerpo nuevo. Puede que sea vistoso, pero aprieta por todos lados.

Hace apenas unos días hablábamos aquí de cómo España entraba en juego con más de 700 millones para una gigafactoría o de que EEUU legislaba en nombre de la seguridad nacional. El viejo relato liberal empezó a chirriar cuando las viejas potencias entendieron que esta tecnología estratégica no puede quedar a merced del mercado. Sigue siendo una buena tesis, pero la apisonadora de la actualidad viene dispuesta a reventarla. Hoy tenemos a Apple (ojo a esto) presionando a Trump para que le dé cobertura política antes de comprar chips a CXMT, una empresa que aparece en la lista de compañías chinas que el Pentágono ha vinculado al aparato militar del Estado. ¿Y por qué pide Apple un poco de cintura para ella a expensas de la seguridad nacional? Por dinero, claro. Por abaratar sus costes. Fabricar un iPhone Pro de nueva generación será más caro, mucho más caro. La IA, encareciendo directamente el aparato que llevamos en el bolsillo y Apple, símbolo perfecto del capitalismo, mirando a China cuando Washington quiere impulsar sus cadenas de producción internas. El mundo al revés.

Hay algo delicadamente rociero en esta historia, si me permiten ustedes la irreverencia. Estábamos cantando una copla sobre la independencia tecnológica de occidente y llegando al estribillo suben los costes, falta memoria y la gran empresa americana pide a Trump que le deje llamar a la puerta de China. Como en las coplas de la más grande: el orgullo por un lado y el deseo, por el contrario.

Si EEUU no observa el mercado desde la barrera, Europa vive en su propia contradicción. Aprueba un paquete de medidas de soberanía tecnológica mientras la Comisión constata el peso dominante de Amazon y Microsoft en la nube europea. Mientras, Austria quiere explorar fórmulas para alojar la tecnología de Anthropic, una vez que la Casa Blanca prohibió el acceso extranjero a sus modelos avanzados. Pragmatismo, desde luego. Pero también una confesión de debilidad. Europa quiere ser soberana, pero le faltan piezas para lograrlo y se las encarga a empresas extranjeras, contra las que quiere construir su soberanía. Si esto no es una contradicción, que me lo expliquen.

Capítulo aparte para Meta, siempre dispuesta a vendernos como producto cosas que antes llamábamos comunidad. Cuenta el Financial Times que está acelerando el uso de modelos de lenguaje para revisar contenido y anuncios. No olvidemos que, además de Facebook e Instagram, Meta es la dueña de WhatsApp. Quiere que la IA haga de moderador en sus plataformas, automatizar su control de lo que se dice y cómo se dice. Nos está colando una estafa gigante: publicaciones que desaparecerán por obra y arte de la IA y moderación que no protege al agredido.

Hay algo agotador en este ritmo, pero es apasionante. La velocidad a la que suceden las cosas nos obliga a mirar la realidad con menos comodidad. No nos sirven las estructuras mentales a las que siempre hemos acudido para analizar el presente, pero de alguna manera tenemos que separarnos de esta vorágine de contradicciones si queremos entender qué está pasando. Si la Jurado consiguió que estrofas cantadas hace décadas tengan sentido hoy, la IA afina en la misma nota: todo sucede ahora, todo exige respuesta inmediata. Y las noticias de hoy envuelven el pescado de mañana… nada nuevo bajo el sol.

Cientos de bidones de petróleo oxidados, baterías de coche, tuberías desechadas, cables y planchas de amianto hechas añicos yacen en montones a lo largo de la costa, hasta donde alcanza la vista. El contraste con los icebergs de un azul cristalino que se deslizan lentamente al fondo resulta sobrecogedor.

Storch Lund, de 69 años, señala hacia el paisaje. "Todo esto son restos americanos", explica. Estamos en Narsarsuaq, en el sur de Groenlandia, el emplazamiento de la mayor base de Estados Unidos (EEUU) en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño aeropuerto con una localidad cercana, donde se trasladaron miles de soldados estadounidenses después de que la base se estableciera en 1941.

Storch Lund ha vivido en el pueblo durante más de 50 años y conoce cada colina y cada camino de la zona. Incluido el llamado "vertedero" cerca del fiordo, a unos pocos cientos de metros de la pista de aterrizaje.

Aquí, toneladas de residuos están esparcidos a lo largo de varias hectáreas en la orilla. Abandonados en el río de un verde claro de agua de deshielo que desemboca en el fiordo. En varios lugares, los bidones de petróleo y los restos se acumulan en capas de metros de altura. En otros sitios, están enterrados.

"Se puede ver que lo han empujado hacia el agua. Si caminas por la playa, ves la cantidad de contaminación que hay", dice Storch Lund. De niño, jugaba entre chatarra, alquitrán solidificado y planchas de amianto. Hoy ve la contaminación de otra manera. "Es un auténtico desastre", afirma.

Teme que el fiordo también se haya contaminado. "Durante muchísimos años, el petróleo se filtró al agua. Varios aviones se han hundido ahí, en el fiordo", dice Storch Lund, mecánico de formación que anteriormente ejerció como director del aeropuerto de Narsarsuaq durante más de 20 años.

El interés de Estados Unidos por Groenlandia ha crecido —y se ha desvanecido después— varias veces a lo largo de la historia. Los estadounidenses abandonaron la base militar de Narsarsuaq en 1958, sin limpiar nada. Ahora quieren volver.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos operó al menos 36 bases e instalaciones militares en Groenlandia. Hoy, los estadounidenses solo conservan la gran base de Pituffik, en el norte de Groenlandia. Pero actualmente se están desarrollando intensas negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, en las que el Gobierno estadounidense pretende reabrir varias bases.

Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha identificado específicamente Narsarsuaq y Kangerlussuaq como bases a las que Estados Unidos desea regresar.

Como ruido de fondo dramático, el presidente estadounidense Donald Trump lleva mucho tiempo amenazando con apoderarse de la isla más grande del mundo. Esta misma semana, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, publicó un mensaje sobre Groenlandia en el que afirmaba de forma amenazante que Estados Unidos podría tener un estado más el año que viene.

Politiken ha viajado a Groenlandia para investigar cómo Estados Unidos ha dejado atrás sus numerosas antiguas bases y los periodistas han podido ver la contaminación con sus propios ojos.

A lo largo de los años, varios artículos han cubierto los legados estadounidenses en Groenlandia, pero Politiken es el primer medio que cartografía la contaminación de las bases de Estados Unidos a partir de miles de páginas obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública sobre estudios y documentos medioambientales de las autoridades danesas y groenlandesas. Varios de esos estudios medioambientales obtenidos al amparo de las leyes de transparencia no se habían hecho públicos hasta ahora.

La investigación de Politiken, que se publica en toda Europa a través de la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que es socio infoLibre, revela que la magnitud de la contaminación es considerable: varios miles de toneladas métricas de residuos peligrosos o contaminados han quedado abandonadas en los parajes naturales de Groenlandia. Hasta 100.000 bidones de petróleo oxidados y corroídos. Contaminación por petróleo procedente de más de 400.000 litros de gasóleo. Hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad bajo la capa de hielo. Varias toneladas métricas de baterías desechadas. Hallazgos del tóxico ambiental PCB en niveles que superan con creces los límites reglamentarios, así como de metales pesados, como el plomo y el cadmio, en casi todas las, al menos, 36 antiguas bases e instalaciones militares estadounidenses.

La magnitud real de la contaminación es incluso mayor. Muchas antiguas bases y emplazamientos estadounidenses nunca se han investigado a fondo en busca de contaminación medioambiental, incluidos algunas de los más grandes, como Narsarsuaq y Pituffik.

Varios destacados políticos groenlandeses se muestran muy críticos con la contaminación dejada en Groenlandia. "Es una vergüenza. Y se puede ver. Así es como tratan a nuestro país", dice Aleqa Hammond, presidenta del partido Siumut y exjefa del Gobierno groenlandés.

Considera que Estados Unidos ha salido "demasiado bien parado". "No hemos visto absolutamente ninguna implicación estadounidense en limpiar su propio desastre", afirma.

Bentiaraq Ottosen, miembro del Comité de Medio Ambiente y Conservación del parlamento groenlandés, el Inatsisartut, en representación del partido Atassut, está de acuerdo. "Creo que los estadounidenses han eludido su responsabilidad. Simplemente han dejado atrás todo tipo de basura y han tirado coches y muchas otras cosas en el entorno natural", dice.

Naaja Nathanielsen, miembro del parlamento danés, el Folketing, por el partido groenlandés Inuit Ataqatigiit —Comunidad Inuit—, y exministra groenlandesa de Industria, Comercio, Recursos Naturales y Justicia, se hace eco de la crítica y la pone en perspectiva: "Hemos intentado decirles, con mayor o menor éxito, que dejar las cosas atrás es una señal de falta de respeto. "Se os permitió venir y estar ahí". "Os habéis beneficiado de ciertas ventajas por estar en esa posición". Así que también creo que lo mínimo que se puede hacer es limpiar lo que uno ensucia", dice Naaja Nathanielsen.

Para entender cómo se ha llegado a esto, hay que adentrarse en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros días de la Guerra Fría, la gran isla se convirtió en un foco de interés para el ejército estadounidense. Primero, en la guerra contra la Alemania nazi y, más tarde, como depósito de recursos, campo de pruebas para la guerra ártica y avanzadilla frente a la Unión Soviética comunista.

Desde el principio, los términos de la presencia estadounidense se negociaron en un complejo juego de política de defensa en el que los estadounidenses no siempre dijeron al Gobierno danés la verdad sobre sus planes, y el Gobierno danés a menudo actuó por encima de los intereses de los groenlandeses.

El 9 de abril de 1941 —primer aniversario de la ocupación alemana de Dinamarca— el enviado danés a Estados Unidos, Henrik Kauffmann, actuando como representante autoproclamado del Gobierno de Copenhague, suscribió por su cuenta un acuerdo de defensa con Estados Unidos que otorgaba a este el derecho a establecer aeropuertos y puertos como bases militares en Groenlandia.

El Gobierno danés destituyó posteriormente a Henrik Kauffmann, lo acusó de traición y declaró el acuerdo inválido, pero Estados Unidos lo ignoró. Los estadounidenses empezaron a establecer bases por toda Groenlandia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se veía a sí mismo como el protector del mundo libre y consideraba que esto conllevaba claros privilegios.

Inmediatamente después de la guerra, el Gobierno estadounidense intentó —ni por primera ni por última vez— comprar Groenlandia. Ofreció unos 100 millones de dólares. La respuesta desde Copenhague fue un cortés "no, gracias". "Aunque le debemos mucho a Estados Unidos, no siento que les debamos toda la isla de Groenlandia", dijo el entonces ministro de Asuntos Exteriores danés, Gustav Rasmussen.

En 1950, los estadounidenses formularon una estrategia ártica que contemplaba extraer uranio en Groenlandia, instalar misiles teledirigidos con un alcance de 2.000 a 2.500 kilómetros y desarrollar "medios de transporte bajo el hielo". Era una estrategia que los daneses no conocerían al completo hasta décadas después.

Al año siguiente —en 1951— los Gobiernos danés y estadounidense suscribieron un acuerdo de defensa para proteger conjuntamente Groenlandia bajo los auspicios de la OTAN. Estados Unidos quedó autorizado a establecer "zonas de defensa" en Groenlandia mediante acuerdo con Dinamarca. En esas zonas —"así como en el espacio aéreo situado sobre ellas y en las aguas adyacentes"— Estados Unidos podía "adaptar la zona para uso militar".

El artículo XI del acuerdo de defensa de 1951 contenía la redacción que desde entonces ha servido como argumento de Estados Unidos para no tener que limpiar lo que ha ensuciado: "Queda entendido que cualquier zona o instalación puesta a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América en virtud del presente Acuerdo no tiene por qué dejarse en las condiciones en que se encontraba en el momento en que fue así puesta a disposición".

Muchas de las bases estadounidenses en Groenlandia fueron, por tanto, abandonadas con prisas, en el estado en que se encontraran. Esto también se aplica a una de las instalaciones militares más controvertidas de Estados Unidos en Groenlandia.

A unos 225 kilómetros al este de la gran base de Pituffik, en el rincón nororiental de Groenlandia, Estados Unidos estableció en 1959 una estación de investigación digna de la ciencia ficción, con una pequeña central nuclear bajo la capa de hielo. La llamaron Camp Century.

La estación de investigación consistía en un extenso sistema de túneles con una "carretera principal" de 330 metros de longitud y más de 20 túneles adyacentes. El reactor nuclear suministraba electricidad y calor a la base y a su personal de 225 personas. Los estadounidenses iniciaron la construcción sin haber recibido la aprobación final de Copenhague. A los daneses no se les dijo que el campamento estaba concebido como la primera instalación de un revolucionario proyecto de la Guerra Fría diseñado para permitir a los estadounidenses transportar y lanzar misiles con cabeza nuclear desde la base bajo el hielo.

Esa estrategia se abandonó posteriormente. Estados Unidos retiró el reactor nuclear unos años antes de abandonar la base en 1966. Pero, según un informe de 2016 elaborado por un equipo internacional de investigadores, se dejaron atrás bajo el hielo hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad, 9.000 toneladas métricas de residuos de construcción y 200.000 litros de gasóleo. Ahí permanecen hasta el día de hoy.

Al igual que otras zonas, Camp Century fue abandonado sin demasiada participación de los groenlandeses. "La construcción de las bases y la forma en que se abandonaron ocurrieron pasando por encima de los intereses de los groenlandeses, que no tuvieron absolutamente ninguna influencia sobre lo que sucedió", dice Mikkel Myrup, responsable de área en el Museo Nacional de Groenlandia.

La contaminación por petróleo, en particular, es un problema enorme en las antiguas bases estadounidenses. Esto es especialmente cierto en la isla de Simiutaq, en el sur de Groenlandia, a la que los estadounidenses dieron el nombre de Bluie West 3 y que utilizaron como estación meteorológica y de radio tripulada. Más de 50 años después de que Estados Unidos abandonara la base, los restos americanos siguen afeando el paisaje natural único de Groenlandia.

A los pocos minutos de llegar al antiguo puerto natural de la isla, nos encontramos con la imagen de bidones de petróleo oxidados, vehículos y restos. Tres lugares de vertido distintos, llenos de bidones y chatarra, están repartidos por el paisaje, despeñados por las laderas y escondidos en los valles. El petróleo y el alquitrán se han solidificado en pequeños arroyos que descienden hacia el fiordo.

También hay basura más reciente. Pero los restos americanos son inconfundibles. También están claramente identificados en el estudio medioambiental que hemos traído con nosotros a la zona.

En muestras tomadas por la ingeniería Niras se ha encontrado una "grave contaminación por petróleo", consistente en el llamado petróleo en fase libre, lo que significa que el petróleo puede desplazarse por el terreno. En total, se estima que hay aproximadamente 10.000 metros cúbicos de suelo contaminado con petróleo, es decir, 10 millones de litros. Eso equivale a cuatro piscinas olímpicas llenas de suelo contaminado con petróleo. Y eso solo en la estación meteorológica de Simiutaq.

Más arriba, en la costa oeste de Groenlandia —a poco menos de 70 kilómetros al sur de Nuuk— los estadounidenses dejaron atrás al menos 8.000 bidones de petróleo en la base de Marraq, o Bluie West 4, como la llamaban los estadounidenses. Aquí, la ingeniería Carl Bro también ha documentado una "grave contaminación por petróleo", según la información obtenida por una solicitud de acceso de Politiken.

"Una estimación conservadora de la cantidad total de gasóleo que ha contaminado el emplazamiento es de aproximadamente 120.000 litros de gasóleo o más", señala el informe. La contaminación era "tan grave que aún podía detectarse un fuerte olor a petróleo en el lugar", a pesar de que la contaminación se había producido aproximadamente 50 años antes.

La contaminación por petróleo es más grave en la base de Ikkatteq, en la costa oriental de Groenlandia, en gran parte inaccesible. Aquí, los estadounidenses han dejado decenas de miles de bidones de petróleo y vehículos viejos esparcidos por una zona de más de 25.000 metros cuadrados. En varios lugares, los bidones se han apilado en dos o tres capas. Hace siete años, las autoridades danesas pusieron en marcha una limpieza del lugar. Como parte de ese esfuerzo, Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia, visitó la remota base. "Pudimos ver que de muchos de los barriles se filtraba aceite usado. Se notaba en el suelo que estaba contaminado con petróleo", dice.

La base de Ikkatteq, que servía como pista de aterrizaje para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, almacenaba miles de litros de combustible para vuelos de escala. "Más de 100.000 bidones estaban esparcidos por el paisaje. Vehículos y edificios que contenían amianto se han derrumbado. La base fue abandonada sin ningún tipo de limpieza", dice Mikkel Myrup.

La zona es popular entre los recolectores locales de mejillones. En un solo día, la consultora Cowi observó "15 pequeñas embarcaciones" frente a Ikkatteq. Y esto podría ser problemático, según un informe de Cowi obtenido por Politiken. "Las sustancias detectadas en las muestras de suelo y agua pueden suponer un riesgo para la vida marina cercana a la costa, en particular para los mejillones del fiordo donde el arroyo procedente del lago desemboca en el agua. Los mejillones son recolectados y consumidos por los habitantes locales que navegan hasta Ikkatteq", señala el informe.

El hecho de que la contaminación se haya extendido al medio marino cerca de las bases es un problema confirmado en varios lugares, tanto en Marraq como en la base de Simiutaq, que Politiken ha visitado. Aquí, la ingeniería Niras también concluye que la contaminación por petróleo ha causado un "impacto significativo en la zona marina", ya que "se han encontrado altos niveles de petróleo en mejillones y sedimentos". Sin embargo, no se advierte a los pescadores locales groenlandeses sobre la contaminación.

"El Ministerio no ha emitido recientemente directrices para la recolección de animales cerca de las bases estadounidenses en Groenlandia", escribe Anna Jespersen, veterinaria jefa del Ministerio groenlandés de Pesca, Caza, Agricultura y Autosuficiencia. Explica que el departamento no "dispone del conocimiento ni de los recursos necesarios para hacer recomendaciones".

Otro gran problema medioambiental es la cantidad de amianto dejada atrás por los estadounidenses. Los estudios medioambientales de las bases estadounidenses muestran que el amianto está presente en edificios abandonados en casi todas las bases que se han estudiado.

Esto es especialmente evidente en Narsarsuaq, la base principal de los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. A pocos kilómetros de la pista de aterrizaje, Estados Unidos construyó un hospital militar de 250 camas. El hospital permaneció relativamente intacto hasta 1972, cuando se incendió, y durante años después quedó como un montón de escombros en el paisaje.

"Lo recuerdo yo mismo. Vi los edificios cuando era un niño pequeño", dice Ole Guldager, que creció en Narsarsuaq en los años 70, es licenciado en arqueología por la Universidad de Copenhague y dirige el pequeño Museo de Narsarsuaq.

En los años 80, los restos del hospital militar fueron arrasados con excavadoras, pero las planchas de amianto se dejaron atrás. Hoy, pequeñas planchas blancas de amianto yacen esparcidas por todo el valle.

Varios habitantes locales describen cómo han dejado que sus hijos jugaran en la zona durante años, sin tener conocimiento del amianto del viejo hospital durante décadas. "Tal como está ahora, la zona está completamente cubierta de planchas de amianto. No se ha limpiado en absoluto", dice el exdirector del aeropuerto Storch Lund.

Un documento obtenido por Politiken mediante una solicitud de acceso a la información muestra que tanto las autoridades danesas como las groenlandesas son conscientes de la contaminación.

En 2019, un pequeño grupo de investigadores de la Universidad de Aarhus realizaba trabajo de campo en Narsarsuaq. Allí observaron cómo había planchas de amianto hechas añicos esparcidas por toda la zona. Los investigadores se llevaron muestras y determinaron poco después que el material era amianto.

A Ole Guldager se le permitió revisar los resultados de las pruebas. "Eran tan graves que la universidad se planteó si era seguro tener a sus estudiantes paseando por la zona", dice. Los investigadores daneses también informaron al médico jefe de Groenlandia sobre los graves hallazgos. "El médico jefe ha pedido a las autoridades groenlandesas que tomen medidas para reducir el riesgo para la salud", según las actas de la reunión revisadas por Politiken.

Pero desde entonces, no parece que haya pasado gran cosa. Un memorando del Mando de Patrimonio (ETK) de la Defensa danesa señala que "deberían haberse colocado carteles en la zona advirtiendo de la presencia de materiales de amianto". Pero no había ningún cartel cuando Politiken atravesó las pequeñas planchas de amianto rotas.

El caso del amianto en Narsarsuaq ilustra cómo la responsabilidad se pierde en el trasiego entre autoridades. Los estadounidenses dejaron el amianto en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente de Copenhague deja claro que la responsabilidad de Narsarsuaq se ha transferido a las autoridades groenlandesas. El Departamento groenlandés de Medio Ambiente, Energía, Naturaleza e Investigación afirma en una respuesta a Politiken que el principio básico es que "quienes han dejado atrás los residuos deben pagar para que se retiren". Es responsabilidad del municipio local "intentar encontrar al propietario", ya que los municipios son la autoridad principal en materia de gestión de residuos.

Ole Guldager contactó con el municipio local de Kujalleq. Informó a un concejal del problema y solicitó "una investigación exhaustiva sobre la contaminación por amianto en todo Narsarsuaq". Pero nunca recibió respuesta del municipio. Hemos preguntado al municipio de Kujalleq qué medidas ha tomado en respuesta a la consulta de uno de sus residentes, pero el municipio no ha respondido.

Hoy, varios residentes de Narsarsuaq temen que los fuertes vientos que bajan de las montañas estén arrastrando amianto desde Hospitalsdalen sobre el pueblo. "Estamos justo en la trayectoria del viento. ¿Ha afectado esto a personas que han vivido aquí durante 50 o 60 años? No hay forma de saberlo. Pero creo que se lo debemos a la gente de Narsarsuaq —y también a todos los que han vivido aquí en el pasado— al menos investigar esto. Sería inaceptable no hacerlo", dice Ole Guldager.

En la década de 1990, los estadounidenses habían perdido temporalmente el foco sobre Groenlandia. La mayoría de las bases habían sido abandonadas. Solo la base aérea de Thule —que pasó a llamarse Pituffik Space Base en abril de 2023— permanecía bajo control estadounidense.

Los políticos groenlandeses expresaron su preocupación por las enormes cantidades de residuos que los estadounidenses habían dejado atrás, con la aprobación tácita de Dinamarca.

El 13 de marzo de 1991, el entonces ministro de Asuntos Exteriores Uffe Ellemann-Jensen y su homólogo estadounidense firmaron un acuerdo en el que Estados Unidos prometía "retirar o neutralizar de otro modo" todas las sustancias peligrosas conocidas —incluidos aceite usado, disolventes químicos, amianto y PCB— de las instalaciones militares que los estadounidenses estaban desalojando.

Al parecer, los estadounidenses incumplieron esa promesa 11 años después. Cuando Estados Unidos se preparaba para marcharse y devolver la zona de Dundas, estrechamente ligada a la base de Pituffik en el extremo norte de Groenlandia, se negaron, según el entonces ministro de Medio Ambiente Svend Auken, a limpiar lo que habían ensuciado, porque entonces se verían obligados a hacer lo mismo en sus otras bases por todo el mundo.

Mikaela Engell, del Ministerio danés de Asuntos Exteriores, que más tarde se convirtió en Alta Comisionada de Dinamarca en Nuuk, fue citada diciendo que había habido "una inversión completa de la posición de Estados Unidos sobre el medio ambiente entre 1991 y 2003".

Un portavoz del Pentágono lo describió en la misma publicación como un reparto de la carga: con sus instalaciones militares, Estados Unidos había proporcionado una defensa para el mundo libre, así que otros tenían que poner de su parte ocupándose de la limpieza.

La situación jurídica era ambigua. El acuerdo de 1991 dejaba claro que no sustituía al acuerdo de defensa de 1951, que estipulaba que Estados Unidos no tenía obligación de dejar las zonas de Groenlandia en las mismas condiciones que cuando las recibió. Por tanto, se convirtió en gran medida en una cuestión política de con cuánta firmeza insistiría Dinamarca en que Estados Unidos limpiara el lugar. Cuando finalmente se cerró el Acuerdo de Dundas en 2002, bajo el entonces primer ministro Anders Fogh Rasmussen, Dinamarca acabó asumiendo toda la responsabilidad por las enormes cantidades de residuos estadounidenses en Dundas.

Politiken ha preguntado al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Ministerio danés de Medio Ambiente si consideran que el acuerdo de 1991 es válido y se está cumpliendo. Ni las autoridades danesas ni las estadounidenses han respondido.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos tampoco ha respondido a las preguntas sobre por qué Estados Unidos no contribuirá al coste de la limpieza en Groenlandia, ni a ninguna de las demás preguntas de Politiken.

En la década de 2010, destacados políticos groenlandeses intensificaron su crítica al legado del ejército estadounidense. Esta crítica contribuyó al acuerdo del Gobierno danés de 2012 con el Autogobierno groenlandés para limpiar lo que había dejado el ejército danés en Groenlandia. Pero el acuerdo no mencionaba los residuos militares estadounidenses.

En 2017, el entonces ministro groenlandés de Asuntos Exteriores, Vittus Qujaukitsoq, se hartó. Sin el respaldo del presidente del Autogobierno, presentó una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que, en su opinión, Dinamarca no asumía suficiente responsabilidad para garantizar la limpieza de las instalaciones militares estadounidenses.

Era la primera vez que Groenlandia presentaba una denuncia contra Dinamarca ante la ONU. El relator especial de la ONU sobre residuos peligrosos, Baskut Tuncak, se tomó en serio la denuncia y posteriormente concluyó que "Dinamarca debe identificar y retirar todos los residuos militares dejados atrás en Groenlandia" que el pueblo groenlandés desee que se retiren.

En la misma carta, se instaba "encarecidamente" a Estados Unidos a participar y contribuir al esfuerzo. Esto no cambió la posición de Estados Unidos, pero al año siguiente el Gobierno danés decidió destinar 180 millones de coronas danesas a lo largo de seis años para limpiar bases estadounidenses seleccionadas.

Un comité de dirección dano-groenlandés, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha quedado a cargo del trabajo, al que Estados Unidos no está contribuyendo. Los fondos de 2018 están lejos de haberse gastado, y hasta ahora solo se ha limpiado una pequeña parte de las bases.

Politiken ha planteado una serie de preguntas a la ministra danesa de Medio Ambiente, Maria Reumert Gjerding, sobre la contaminación estadounidense y los esfuerzos de limpieza daneses. No respondió a todas ellas.

En un correo electrónico a Politiken, Maria Reumert Gjerding escribe: "Es importante que cumplamos el acuerdo político para limpiar lo que dejó la antigua presencia militar estadounidense en Groenlandia, y que lo hagamos bien. Se lo debemos a la naturaleza y al pueblo groenlandés. El trabajo está en marcha, pero las condiciones son difíciles y lleva tiempo. Estoy haciendo un seguimiento de los avances, y hemos destinado fondos para continuar la tarea en estrecha cooperación con Groenlandia".

Pero, en retrospectiva, parece "tanto erróneo como inapropiado" que Dinamarca durante tanto tiempo no implicara a Groenlandia ni asumiera la responsabilidad por el legado de los estadounidenses, según Kristian Hvidtfelt Nielsen, que dirige el Centro de Estudios sobre la Ciencia de la Universidad de Aarhus y es coautor de un libro sobre Camp Century.

Esto ha dejado una desconfianza fundamental en Groenlandia que ahora se interpone en el camino, en un momento en que Groenlandia y Dinamarca deben abordar conjuntamente las amenazas que plantea Donald Trump, señala. "Es difícil decir si esto podría haberse evitado, pero desde luego no ayuda en la situación actual que hayamos creado ese tipo de conflicto y hayamos creado estereotipos del enemigo", dice Kristian Hvidtfelt Nielsen.

Ahora que Estados Unidos quiere regresar a varias de sus antiguas bases y ampliar su presencia militar en Groenlandia, muchas voces en Groenlandia reclaman medidas para garantizar que no se repitan los errores del pasado.

"Dado lo que sabemos hoy sobre el pasado, sería prudente considerar si hay una forma más adecuada de proceder al cerrar nuevos acuerdos, de modo que no acabemos enfrentándonos de nuevo a los mismos problemas", dice Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia.

"Al fin y al cabo, tenemos el principio de "quien contamina, paga" en Groenlandia. Eso debería aplicarse a todos, incluido Estados Unidos", dice Naaja Nathanielsen, miembro del Parlamento groenlandés. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha respondido a las críticas de los políticos groenlandeses.

En Narsarsuaq, Storch Lund todavía sueña con ver limpias las zonas contaminadas, que solían ser su lugar de juegos cuando era niño. "Sería maravilloso que se retirara todo. Pero es una tarea descomunal. Hay muchísimo suelo contaminado", dice.

Varios habitantes locales cuentan a Politiken que representantes del ejército estadounidense han visitado Narsarsuaq en los últimos seis meses para inspeccionar la pista de aterrizaje, el hotel del pueblo y el viejo aeropuerto.

Cuando se le pregunta si el personal militar estadounidense visitó también la gran zona que contiene los residuos americanos, Storch Lund responde: "No, no fueron hasta allí".

El pliegue incondicional de los líderes europeos ante la agenda de Donald Trump, con Mark Rutte como su ejecutor más dócil y aventajado, no es pragmatismo diplomático: es una claudicación ideológica y un acto de vasallaje político que dinamita los cimientos de la paz y la soberanía en el continente. Desde la perspectiva del pacifismo de la izquierda europea, la sumisión de esta tecnocracia a los dictados de Washington es la constatación de una traición. En lugar de erigir una Europa que actúe como contrapeso diplomático y defensora de la desescalada, líderes como Rutte han preferido convertir al continente en el patio trasero y el cajero automático del complejo militar-industrial estadounidense. Rutte aplica una cínica doble vara: obediencia ciega hacia arriba y puño de hierro hacia abajo. Su humillación pública a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para proteger el relato de los bombardeos estadounidenses desde bases en Italia, es el reflejo de un lacayo institucional que prefiere dejar expuesta a una aliada europea antes que contrariar a sus verdaderos jefes en Washington.

Bajo la batuta de Rutte y la complicidad de las capitales europeas, los lobbies armamentísticos de EEUU han logrado capturar el debate público implantando una narrativa tóxica: la de que la guerra es inevitable y la paz es una quimera. Al ridiculizar cualquier intento de pilar defensivo europeo autónomo como "la nada", estos líderes de rodillas asumen el marco mental de Trump. El plegamiento a la doctrina Trump impone un coste social devastador que debemos denunciar con indignación en tanto que para satisfacer el apetito voraz de las multinacionales de las armas y cumplir con las exigencias atlánticas, la tecnocracia europea está dispuesta a normalizar una economía de guerra permanente.

El resultado es una estafa financiera piramidal a costa del ciudadano europeo: se exige aumentar el gasto militar al 2% o más del PIB, pero como estos mismos dirigentes boicotean la creación de fondos comunes con cláusulas de soberanía, el dinero se desvía en bloque a comprar cazas y sistemas de armas estadounidenses.

Cada euro que Rutte y los líderes subordinados desvían hacia contratos opacos de mantenimiento, licencias de software y sensores controlados desde el Pentágono, es un euro que se le roba a la sanidad pública, a las escuelas, a la vivienda y a la transición ecológica. Se desmantela el modelo social europeo para transferir riqueza pública europea y financiar la maquinaria de destrucción de un imperio ajeno. Los ejércitos europeos se convierten de facto en franquicias militares de Washington que operan con armas cuyo software y componentes críticos pueden ser desactivados o restringidos unilateralmente por Estados Unidos si los intereses geopolíticos de la UE no coinciden con los de la Casa Blanca. Es una soberanía de cartón piedra.

La izquierda europea y el ideal pacifista no pueden ser cómplices de este modelo de subordinación armada. Personajes como Mark Rutte no administran la seguridad de Europa, administran su sumisión ideológica y económica. El rearme que promueven no protege a las sociedades; protege los márgenes de beneficio de Lockheed Martin y Boeing a costa de la paz global y los derechos sociales del continente.

Frente a la docilidad de una clase política europea que agacha la cabeza ante Trump, urge levantar una alternativa de seguridad democrática: frenar en seco la captura corporativa de las instituciones, congelar la influencia de los lobbies de armas e imponer cláusulas sociales que impidan que el delirio belicista se pague con la dignidad de las mayorías sociales.

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José Luis Carpintero es socio de infoLibre.

El “efecto Mamdani” continúa en Nueva York. Un año después de dar la sorpresa al imponerse en las primarias demócratas para las elecciones municipales y de ganar en noviembre de 2025, el alcalde de la megalópolis americana vivió una nueva noche de triunfo el martes 23 de junio.

Los tres candidatos y candidatas a las primarias demócratas que Mamdani apoyaba han sido designados para las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026: Darializa Ávila Chevalier, de 32 años, y Claire Valdez, de 36, dos activistas procedentes del mismo movimiento que Zohran Mamdani, los Socialistas Demócratas de América (DSA), y un aliado político, el exinterventor municipal Brad Lander, de 56 años.

La apuesta parecía arriesgada para algunos, que no veían con buenos ojos la voluntad del político de 34 años de seguir trastocando el orden político establecido.

La afro-latina Darializa Ávila Chevalier, rápidamente apodada DAC (en referencia a quien había iniciado su carrera política con una victoria en 2019, Alexandria Ocasio-Cortez, AOC) y Brad Lander han derrotado a dos diputados salientes respaldados por la élite demócrata tradicional de la ciudad, representada por los principales sindicatos y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Brad Lander venció al titular Daniel Goldman, que se había enfrentado a Zohran Mamdani en las elecciones de 2025 y contaba con el apoyo de el lobby proisraelí AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Por su parte, Claire Valdez derrotó al candidato respaldado por la representante saliente, Nydia Velázquez, que se ha retirado de la política.

En un discurso para celebrar la victoria de DAC, Zohran Mamdani hizo elogios a una “campaña increíble” y se alegró de que los seguidores de la candidata hubieran “convertido un sueño en realidad”. Explicó que había apoyado a Darializa Avila Chevalier porque no ve a “nadie mejor que la hija de una trabajadora social, madre soltera, que lleva mucho tiempo luchando por la clase trabajadora, ha defendido a los neoyorquinos detenidos injustamente por la ICE y ha abogado por una política exterior destinada a que nazcan bebés en lugar de bombas”.

DAC, que se implicó en las movilizaciones por Gaza de la primavera de 2024 en la Universidad de Columbia, llevó a cabo una campaña centrada en cuestiones económicas y sociales, pero también en la denuncia de la guerra genocida de Israel. Se presentó en un distrito que abarca el norte de Manhattan y el Bronx, poblado mayoritariamente por inquilinos.

“Ha llegado nuestra hora”, afirmó Darializa, aunque, añadió, “no será fácil, porque el fascismo está ganando terreno”. El representante saliente, en el cargo desde 2017, Adriano Espaillat, influyente presidente del Caucus (grupo parlamentario) hispano del Congreso, fue barrido por una ola de cambio, simbolizada por Zohran Mamdani. Este último subrayó que su designación hace un año en las primarias “no fue una anomalía”. “No fue el final, fue el principio”, añadió.

La otra figura de este cambio generacional e ideológico es Claire Valdez, una sindicalista miembro de los DSA que ganó en el séptimo distrito de Nueva York, que abarca parte de Brooklyn y Queens y se ha convertido en un bastión de los DSA, hasta tal punto que se le ha apodado el Commie Corridor (el corredor comunista).

Estas victorias de los candidatos y candidatas apoyados por Mamdani confirman el auge de una izquierda más combativa, tanto en cuestiones sociales y económicas como en la oposición a Israel, dentro del Partido Demócrata de cara a las elecciones de medio mandato y, más allá de estas, a las presidenciales de 2028. “Hemos demostrado que existe una nueva vía política para nuestra ciudad y para el país”, señaló Zohran Mamdani.

En un comunicado, uno de los responsables de los DSA en Nueva York, Gustavo Gordillo, destacó que su formación había reforzado su influencia en Nueva York durante los últimos diez años.

“Nuestro movimiento demuestra que los socialistas demócratas no se conforman con llevar a cabo campañas victoriosas: gobernamos con mayor competencia y cumplimos realmente nuestras promesas”, escribió. “Los neoyorquinos comprueban lo que los socialistas demócratas pueden hacer por ellos cuando ocupan cargos electivos, y los resultados son claros: quieren más líderes socialistas”.

La DSA ha optado por participar en las primarias demócratas. Su análisis es que la única solución es sacudir el partido desde dentro, en lugar de intentar abrirse paso como una tercera fuerza, algo que nunca ha tenido éxito en un sistema político binario dominado por dos partidos tradicionales.

Traducción de Miguel López

El mundo energético no termina de fiarse del reciente acercamiento entre Estados Unidos e Irán, cuando están a punto de cumplirse cuatro meses de guerra en Oriente Medio. Las dos potencias firmaron esta semana un polémico memorando de entendimiento que podría ser un primer paso hacia la paz y el Ejército estadounidense levantó horas después su bloqueo naval sobre el Estrecho de Ormuz, pero los registros de tránsito de buques en la región demuestran que armadores y aseguradoras de barcos no confían en que el paso sea seguro. 

Es cierto que a lo largo del jueves se registró el mayor paso de barcos comerciales a través de Ormuz con su GPS encendido desde que comenzó la guerra, con un total de 21 navíos, cuatro de ellos petroleros, una muestra de que el tráfico empieza a despertar en la región. Sin embargo, este viernes la circulación volvió a desplomarse tras conocerse que las conversaciones de paz se volvían a estancar por un ataque de Israel sobre el Líbano que dejó 18 muertos. La mala noticia fue seguida de un acuerdo a mediodía del viernes de alto al fuego entre Hezbollah e Israel.

Jaime Concha, editor de Energy Intelligence y experto en gas natural, opina que la sucesión constante de noticias que cambian el rumbo del conflicto demuestra la debilidad del memorando firmado en el Palacio de Versalles esta semana. "El sector ya dudaba del futuro de ese acuerdo y de que tenía muy poca solidez, pero lo que ha ocurrido este viernes ha dado la razón a los que dudan", señala el analista.

Lo que es innegable es que el precio de la energía en los mercados se ha desplomado en apenas una semana. La cotización del petróleo y del gas, que se usan como referencia para medir el sentimiento del mercado, muestran una caída de alrededor del 20%, pero siguen cotizando un 15% (para el petróleo) y un 30% (para el gas) por encima respecto a antes del conflicto, lo que demuestra que el mercado de materias primas está lejos de volver a la normalidad.

Antes de la guerra, alrededor de 135 barcos cruzaban cada día el Estrecho de Ormuz, seis veces más que en el mejor día de esta semana. El coste de asegurar uno de estos barcos se ha multiplicado hasta por 12, puesto que uno de estos barcos puede costar entre 200 y 300 millones de dólares, de manera que pocos están dispuestos a aventurarse en este momento a cruzar.

Y aquellos que lo hacen deben hacerlo por una ruta extremadamente estrecha y limitada por un campo de minas. La vía norte, la situada frente a la costa iraní, está coordinada por la República Islámica, que todavía no permite la libre circulación, según denuncian los armadores. Mientras que la ruta sur, en la costa de Omán, está controlada por Estados Unidos y abierta al tráfico, pero requiere de coordinación entre barcos por su limitado espacio. Entre ellas hay una zona en teoría minada por el régimen iraní.

"El desminado deberá comenzar lo antes posible y es necesario publicar las zonas de peligro de las minas", reclamaba este jueves Intertanko, una patronal formada por 191 compañías de tráfico marítimo. Recuerdan que, según el memorando firmado, es Irán la encargada de desminar la región y enviar las coordenadas de estos explosivos. "Una vez que se tomen estas medidas, el sector naviero debería tener la seguridad necesaria para reanudar el transporte de comercio mundial y energía a través de la zona", dijo este jueves Phillip Belcher, director marítimo de la organización.

Por otra parte, el memorando de entendimiento recoge que durante 60 días el tráfico estará abierto sin la posibilidad de introducir nuevas tasas, de modo que Irán no podrá cobrar los dos millones de dólares por barco que ha llegado a pedir en los últimos meses. Sin embargo, no hay ningún compromiso de que esta condición se mantenga después del verano, por lo que el tráfico podría encarecerse ligeramente después. 

Además de los inconvenientes marítimos, la región tiene numerosas plantas de licuefacción de gas natural y refinerías de petróleo dañadas. Por mucho que el tráfico se recupere, la producción y la exportación de energía no volverán a la normalidad a corto plazo. Si bien algunas de las plantas han quedado fuera de servicio durante años por ataques con drones, la fecha para el retorno a una relativa normalidad es de unos dos meses una vez que Ormuz vuelva a operar con seguridad.

Según publicó esta semana Bloomberg, Catar, el segundo mayor exportador de gas natural del mundo, tiene previsto recuperar en un mes –desde que el tráfico marítimo se ponga en marcha por completo– la mitad de la producción en Ras Laffan, el mayor campo gasístico del mundo, que fue bombardeado a comienzos del conflicto. Allí se produjo el año pasado casi una quinta parte de todo el gas natural licuado –el que se transporta por barco– que consumió el planeta. En dos meses esperan producir el 80% de su capacidad.

"En el mejor de los casos, se tardará dos meses en recuperar un flujo importante y continuo de gas natural en el mercado internacional", señala Jaime Concha. Este inconveniente insalvable pondrá en una situación muy difícil a la Unión Europea, que tiene ahora mismo sus reservas de gas natural en el 45%, 15 puntos porcentuales menos de lo habitual en estas fechas, y debe rellenarlas de aquí al invierno.

"Cualquier imprevisto que altere esos planes llevará a que Asia y Europa compitan por el gas natural en los próximos meses, y aumentará la volatilidad de precios de la energía", añade el experto.

Ya se notaba en Washington a principios de junio. Ni siquiera los republicanos más cercanos al Gobierno, que defendían la guerra contra Irán cuando estalló, encontraban ya argumentos para justificar los cambios de rumbo de Donald Trump sobre los objetivos de la guerra, sus declaraciones contradictorias (“Nunca prometí no iniciar nuevas guerras”) o absurdas (“Me encanta la inflación”). Tampoco había nadie que desmintiera que Irán dispone ahora de un medio de disuasión masivo gracias a su control del Estrecho de Ormuz.

Estos últimos días han vuelto a poner de manifiesto los peores defectos del presidente. Trump ha calificado de “completo” el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, cuando en realidad se trata únicamente de 14 puntos de un “acuerdo marco” (memorando de entendimiento). Aunque fue firmado el miércoles 17 de junio por la noche por los presidentes de ambos países, queda todo por negociar en los próximos 60 días.

No se ha alcanzado ninguno de los objetivos de guerra esgrimidos sucesivamente por Washington. Esto equivale, para Estados Unidos, a una derrota estratégica. Tras tres meses de guerra a costa de decenas de miles de millones de dólares y de la desestabilización de la economía mundial, el texto se limita a restablecer el statu quo ante, siendo la única garantía real la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Irán reitera lo que siempre ha dicho (que no tiene intención de desarrollar armas nucleares), sin asumir el más mínimo compromiso sobre sus reservas de uranio enriquecido. Tampoco hay ni una palabra sobre los derechos de paso por Ormuz, sobre las capacidades balísticas o sus grupos aliados regionales, ni —evidentemente— sobre el propio régimen. Por no hablar de las exigencias de Donald Trump de una “rendición incondicional”. Estamos muy lejos de eso.

A cambio de esta simple reiteración, Irán obtiene el levantamiento inmediato del bloqueo naval, el fin de las sanciones que le permiten volver a vender su petróleo y un plan de reconstrucción de al menos 300.000 millones de dólares financiado desde el extranjero. Por parte de los demócratas, el senador Chris Murphy resume sin rodeos la postura de los suyos: Irán consigue prácticamente todo lo que quería, y el acuerdo es “un desastre, pero probablemente un desastre necesario”.

Los demócratas del Congreso deseaban, de hecho, el fin de las operaciones, tras haber intentado en tres ocasiones, en la Cámara de Representantes, bloquear cualquier acción militar futura en virtud de la ley sobre los poderes de guerra. Por parte de los republicanos, el senador Bill Cassidy, recientemente derrotado en las primarias por un rival respaldado por el presidente, no se anduvo con rodeos y calificó la guerra de “el peor error de política exterior en décadas”.

En cualquier caso, se trata de un texto que, salvo en un escenario ideal, ni siquiera augura una versión revisada del acuerdo que Barack Obama negoció en 2015 y que Trump calificó en su momento como “la negociación más incompetente de toda la historia”. Obama declaró el sábado 13 de junio que dudaba de que un acuerdo negociado por la Administración Trump fuera “significativamente diferente” del que él que había logrado y del que Trump retiró a Estados Unidos en 2018.

Trump no se ha tomado bien la pulla y ha estado dándole vueltas una y otra vez todo el fin de semana a su obsesión contra su predecesor demócrata. La perspectiva de obtener peores resultados que Obama es, sin duda, su peor pesadilla, sobre todo tras tres meses de una guerra muy impopular, incluso entre su base más fiel. Las elecciones de medio mandato, en noviembre, se perfilan aún más desastrosas para el bando republicano, que ahora teme una “ola azul” y la pérdida del Senado.

La prueba más clara de que el rey va desnudo no proviene, por cierto, de sus adversarios, sino de dentro de su propio bando. El propio director de la CIA, John Ratcliffe, advirtió a Trump de que los servicios secretos dudaban de la voluntad iraní de ceder en nada en materia nuclear. Entre los responsables de seguridad nacional, solo el vicepresidente, J. D. Vance, apoya el acuerdo marco, mientras que Marco Rubio (secretario de Estado) y Pete Hegseth (secretario de Defensa) comparten la desconfianza de John Ratcliffe.

Las críticas también afloran por parte de los halcones republicanos que habían aplaudido la guerra, lo que abre un nuevo frente en las disensiones sobre la política exterior. El conservador Marc Thiessen, que había alentado el conflicto, compara el acuerdo con un “Plan Marshall ofrecido a Alemania mientras los nazis aún estuvieran en el poder”.

Muchos evitan atacar directamente a Trump y apuntan más bien a su artífice declarado, Vance, a quien el senador republicano Lindsey Graham —que había sido el partidario más entusiasta del presidente en el Congreso respecto a esta guerra— ha instado a comparecer ante el Senado para dar explicaciones. Thiessen se refiere ahora al “acuerdo de Vance” (the Vance peace deal).

J. D. Vance, posible heredero del trumpismo para 2028, es el único que asume el riesgo político de este fin de la guerra, que se había mostrado especialmente reacio a iniciar. Hasta tal punto que muchos en Washington ven en ello una trampa orquestada por sus adversarios para hundir su futuro político. Trump, por su parte, busca sobre todo cubrirse las espaldas: “Si esto fracasa, le echaré la culpa a J. D.”, afirmó claramente el miércoles 17 de junio.

También se puede ver en esta postura un punto a favor de Vance, frente a un bando republicano cada vez más aislacionista y decepcionado por el cambio de rumbo de un presidente que había prometido pasar página a las intervenciones militares en Oriente Medio.

No hay que subestimar la magnitud del descontento en Estados Unidos, ante un conflicto que Trump y su administración nunca se han molestado en defender ante la opinión pública, y sobre todo ante sus consecuencias económicas, con el repunte de la inflación en los precios de la gasolina y los alimentos —ejes sobre los que Trump había centrado —y ganado— su campaña presidencial de 2024.

Cobra cada vez más fuerza la idea de que se trataba únicamente de una “guerra por Israel”. Ahora bien, este es otro tema sobre el que J. D. Vance se ha posicionado desde hace unos meses, al estar del lado de quienes denuncian la influencia de Netanyahu en la política exterior de Estados Unidos.

La presión máxima, es decir, “el arte de negociar” de Trump, se ha topado con el mismo obstáculo que en el caso de la guerra comercial con China. El método ha llevado al adversario a identificar y utilizar su palanca de resistencia más eficaz contra el poder de Washington. Una ironía enorme para un presidente que quería redibujar el mapa geoestratégico mundial y se ve ahora acelerando el aprendizaje de sus rivales.

Pekín disponía desde hacía tiempo de un cuasi-monopolio sobre las tierras raras, esos metales críticos indispensables para la economía digital, desde los semiconductores hasta la inteligencia artificial. Pero la guerra arancelaria de Donald Trump fue la que le empujó a transformar esa palanca teórica en un arma de negociación efectiva.

Teherán, del mismo modo, ya controlaba, por su geografía, el Estrecho de Ormuz. Pero el ataque israelí-estadounidense fue lo que lo llevó a demostrar, de forma muy concreta, su capacidad para cerrar una de las vías marítimas más estratégicas del mundo, incluso sin una fuerza naval significativa, ya que esta había sido destruida en los primeros bombardeos.

China ha aprendido a manejar su monopolio sobre los recursos críticos como un arma de negociación permanente, mientras que Irán ha aprendido a convertir el Estrecho de Ormuz, y los bombardeos en el Golfo, en una garantía contra cualquier nueva aventura militar estadounidense. Ambas potencias han salido reforzadas de su enfrentamiento con Trump. En ambos casos, el resultado ha sido idéntico y desastroso para Estados Unidos, con adversarios que se han vuelto más fuertes o, al menos, dotados de una mayor capacidad de disuasión.

En Europa aún no ha ocurrido nada parecido, a pesar de que Groenlandia ha sido amenazada con la anexión territorial. El martes 16 de junio, el Parlamento Europeo incluso aprobó la parte arancelaria de un acuerdo con Estados Unidos que supondrá un auténtico chantaje a los Estados miembros de la Unión Europea, con pocas garantías de que el chantaje se detenga ahí. En resumen, la presión de Trump enseña a sus enemigos a defenderse, pero aún no ha enseñado a sus aliados a valerse por sí mismos.

Maya Kandel, investigadora independiente vinculada a la Universidad París III-Sorbona-Nueva (laboratorio Crew), lleva desde octubre de 2022 analizando para Mediapart la evolución de la derecha estadounidense. Viajó a Washington para realizar entrevistas del 1 al 5 de junio de 2026.

Traducción de Miguel López

El pasado 11 de junio, el silbato inicial en el Estadio Azteca de Ciudad de México inauguró el mayor torneo de la historia. La competición albergará a 48 selecciones nacionales de fútbol. Sin embargo, el evento también arranca como un complejo laboratorio social.

Bajo la promesa de una “fiesta continental” de unidad, la coorganización entre México, Estados Unidos y Canadá prometía diluir fronteras mediante el fútbol. Pero los hechos recientes muestran una realidad muy diferente. El torneo exhibe profundas asimetrías y políticas de exclusión hacia las masas populares.

El inicio del torneo pasó a la historia por sus grandes ausencias políticas. Las máximas autoridades de los tres países evitaron la fotografía oficial de inauguración. Este vacío gubernamental delataba la incomodidad ante las tensiones migratorias bilaterales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 introdujo un formato de tres ceremonias de apertura distintas en lugar de una sola, lo que generó un aluvión de críticas divididas en los países anfitriones. Los fanáticos cuestionaron el uso de playback, el desinflado de una réplica inflable de la copa en Canadá y la división del show que fue considerado de baja intensidad en comparación con torneos anteriores.

Las ceremonias aparecieron entre claroscuros y contradicciones, ya que su formato fue más propio de un evento de inauguración cualquiera que de una muestra del músculo cultural de los anfitriones ante el mundo.

Los mandatarios optaron por el mutismo absoluto durante los actos de apertura. Ninguno quiso asumir los costes políticos de un evento cruzado por la discordia fronteriza.

La verdadera fractura social se vivió en las calles adyacentes al Estadio Azteca. Un estricto blindaje de seguridad asfixió el histórico fervor de la afición local; la fiesta popular quedó desplazada hacia las periferias urbanas.

El dinero desplazó el alma del torneo. La afición mexicana siempre puso el canto, el color y la pasión colectiva. Hoy, ese fervor popular fue sustituido por un frío silencio de corporaciones.

Dentro del estadio, el ambiente vibró bajo la lógica del negocio digital. Las tribunas preferentes recibieron a creadores de contenido y élites corporativas, pero el público tradicional quedó fuera del gran espectáculo.

Este bautismo de la era hiperdigital consagra una paradoja inquietante que abre el debate desde el primer minuto: ¿fue ese el inicio de la Copa del Mundo o el funeral de su dimensión social?

El diseño original de la candidatura United 2017 proyectaba una Norteamérica integrada. Pero la distribución de los partidos delata una enorme desigualdad territorial. La gran mayoría de los juegos ocurrirá en suelo estadounidense, mientras que México y Canadá ocupan un rol de socios secundarios en la logística.

Esta disparidad se traduce en beneficios económicos muy desiguales. Las ciudades de Estados Unidos esperan derramas financieras multimillonarias. En contraste, las sedes mexicanas sufren el encarecimiento de la vivienda: los recursos públicos locales terminaron invertidos en los estadios, y esto profundiza las desigualdades sociales de la región.

El ideal de unión choca contra los controles fronterizos actuales, ya que el torneo coincide con un endurecimiento migratorio en Estados Unidos. Las restricciones de viaje afectan a los aficionados de diversas naciones clasificadas.

Los futbolistas profesionales viajan protegidos por visados especiales. En cambio, los hinchas comunes sufren exclusión y trabas burocráticas. Incluso algunas delegaciones oficiales han enfrentado duros interrogatorios en las aduanas.

Varios periodistas y árbitros africanos sufrieron retenciones aeroportuarias molestas. Por este motivo, muchos fanáticos prefirieron viajar solo a México o Canadá. El deporte opera hoy bajo lógicas de seguridad nacional.

Mientras los organizadores celebran ingresos comerciales históricos, las comunidades vecinas sufren persecución. Ciudades como Dallas y Miami colaboran activamente con el servicio de inmigración.

El modelo de negocio consolida un proceso de elitización inédito. A diferencia de torneos pasados, Norteamérica carece de una ventanilla única de visado. Los seguidores internacionales enfrentan un laberinto de tasas costosas y retrasos consulares.

Viajar requiere un gasto promedio de 4.000 dólares por visitante, y los precios elevados convierten las entradas en artículos de lujo prohibitivos. El ciudadano común queda confinado a mirar pantallas gigantes en el exterior, en las llamadas Fan Zones –zonas de fans–, estrategia que la FIFA presenta como el premio de consolación para las masas.

Por otro lado, los palcos VIP de los estadios multimillonarios albergan a las élites corporativas mundiales.

Las ediciones de México 1970 y 1986 fueron auténticas celebraciones populares en las que la sociedad civil desbordó las previsiones oficiales y construyó lazos solidarios. El juego funcionaba como un espacio de hospitalidad barrial.

El torneo de Estados Unidos 1994 sepultó esa mística comunitaria, instaurando un modelo puramente comercial y de mercadotecnia. Se inventó un cliente deportivo de clase alta para consumir el espectáculo.

La edición actual representa el triunfo definitivo de este esquema corporativo. El fútbol deja de ser un patrimonio cultural de la gente. Ahora es una mercancía reservada para las minorías ricas del mundo.

El Mundial de 2026 representa, pues, un punto de inflexión en la sociología del deporte. Cumple las expectativas de expansión de mercado y maximización de audiencias televisivas deseadas por las multinacionales, pero incumple flagrantemente la promesa de inclusión e integración humana que justifica la concesión de estos torneos a las sociedades civiles.

El torneo expone un diagnóstico incómodo para las ciencias sociales: el deporte rey ya no genera diplomacia cultural ni integración humana, sino que funciona como un catalizador que potencia las desigualdades globales.

Ante este escenario, surge una pregunta inevitable para cada aficionado: ¿debemos aceptar la muerte definitiva de la fiesta popular comunitaria? ¿Es posible rescatar el fútbol de las manos del corporativismo transnacional?

La pelota rueda en la cancha, pero el verdadero partido se juega afuera; la respuesta final queda en manos de una sociedad civil que hoy mira desde las periferias. El debate está abierto.

Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Iván Esaú Flores Romo, estudiante de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad de Guadalajara (México).

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Juan Martín Flores Almendárez es PTC Asociado "B"; especialista en Capital Humano e integrante del CA en Gestión, Innovación Educativa y Tecnología en la Universidad de Guadalajara (México).

Insostenible. El bloqueo perpetuo del Golfo Pérsico era insostenible para Estados Unidos. Donald Trump ha buscado por todos los medios la rendición incondicional de Irán, amenazando con la guerra y a través de la misma. Nada ha servido a sus propósitos. Y ahora asistimos a una capitulación pero desde el otro lado del globo.

El presidente que vino a terminar las guerras interminables y se metió en el mayor atolladero desde Vietnam finalmente ha encontrado su rampa de desescalada. Una costosa política, económica y militarmente. Sí, incluso saliendo de la guerra, habrá un coste militar. Siempre y cuando se cumpla el ambicioso texto que se está vendiendo.

Inesperado desarrollo de los acontecimientos. A pesar de que cabía esperar que Trump accediese a algunas de las demandas iraníes, la dimensión de lo acordado es mayor de lo que se contemplaba. No solo por los asuntos económicos, que también, sino por el momento en que se harían efectivas las entregas.

En primer lugar el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre la costa iraní parece casi inmediato, pero sin garantía alguna de que Teherán vaya a permitir la libre navegación por el Estrecho de Ormuz.

Por lo tanto, la situación en el cuello de botella más comentado del mundo será, en el mejor de los casos, similar a como era antes de la guerra. En el peor escenario para Washington, la gestión iraní-omaní propiciará el pago no de peajes sino de tasas por otros conceptos. Un peaje encubierto.

Los activos congelados parece que serán entregados a Irán parcialmente, a través de la mediación de Catar, uno de sus principales depositarios. Pero además de esa transferencia, presumiblemente en torno a los 24.000 millones de dólares, Irán podría acceder a un fondo de reconstrucción estimado en 300.000 millones de dólares. Aún no está clara su procedencia pero hay quien la localiza en el propio Golfo Pérsico. Unas reparaciones de guerra encubiertas.

De esta manera, Irán amarraría concesiones inmediatas y alargaría el alto el fuego hasta que se cierren los flecos nucleares en la segunda fase, prevista para finales de verano. Pero Estados Unidos no obtendría ninguna concesión más allá de la promesa de que no habrá un desarrollo nuclear, lo único que importa según Donald Trump. Un acuerdo nuclear como el de Obama encubierto.

Sin embargo, si algo hemos aprendido en Oriente Medio es que solo lo inmediato importa. Más vale pájaro en mano. La liberación de los rehenes de Hamás finalmente no llevó la paz a Gaza, no hubo fin de la ocupación, de la invasión, ni de la limpieza étnica. Irán ha forzado durante semanas la no firma del acuerdo para que las entregas económicas llegasen primero.

Israel aguarda un vuelco en el terreno que permita descarrilar su supervivencia. Por ese motivo ha realizado varios ataques contra Beirut, la capital libanesa, en pleno anuncio de Trump sobre un alto el fuego regional que debía abarcar a Líbano.

Benjamin Netanyahu ha tratado explícitamente de torpedear el acuerdo sin conocer su contenido. Donald Trump ha sido el menos favorable a desclasificar dicha información, con fuentes iraníes, israelíes y pakistaníes hablando en mayor medida que la Casa Blanca. Cualquier texto que no garantice el derecho de Israel a atacar libremente Líbano es lesivo para los intereses de su gobierno y, por cierto, de su oposición.

Y eso pone en riesgo la propia paz en Oriente Medio. Las fases dos que nunca llegan. Irán ha situado en ese punto el asunto nuclear para asegurarse de que si Estados Unidos quiere de verdad vender ese éxito, tendrá que hacerse cargo de sostener el alto el fuego y sujetar la correa.

A la República Islámica le interesa llegar hasta el final del cronograma porque, además de ver decaer las sanciones comerciales, podría encontrarse con una nueva e histórica concesión: la salida militar de Estados Unidos del Golfo. Plagado de bases y efectivos estadounidenses, la entrega práctica de Ormuz junto con el cambio de la arquitectura de defensa del Golfo Pérsico podría cambiarlo todo.

Incierto desenlace. El alto el fuego no solo debe implicar que Israel no ataque a Irán sino que aplique el mismo marco en Líbano. Y eso es altamente improbable. De hecho, es imposible. Porque nunca se ha cesado el fuego en Líbano en realidad.

Que no se produzcan grandes ataques en Beirut ya parece una gesta. Pero es realista si se quieren evitar represalias iraníes. Este escenario es muy peligroso para el acuerdo regional ya que si Irán no responde, será porque Trump haya sacado la chequera de nuevo.

Pero si Irán responde a Israel, ¿se meterá Estados Unidos o quedará Tel Aviv a su suerte? Desde luego la defensa de Israel por parte de Washington no parece en cuestión, pero su involucración en actividades ofensivas supondría comprar los deseos israelíes y volar el memorándum de entendimiento, especialmente en un momento en que ya se podrían haber dado importantes desembolsos para Irán.

Por lo tanto es muy importante sostener el alto el fuego para llegar al ansiado momento. La destrucción del uranio enriquecido. Sin eso, no hay nada que vender. Pero hay altos el fuego y “altos el fuego”. Si un ataque en Beirut puede propiciar la mencionada espiral de respuestas, parece que los constantes ataques al sur del río Litani no lo hacen.

Israel se ha declarado dispuesta a evacuar regiones enteras del sur de Líbano. Estados Unidos quiere involucrar a Siria para evitar que Netanyahu acabe con sus planes para con Irán, pero eso es una historia para otro día. Por el momento el ministro de Seguridad Nacional ha llamado no solo a combatir a Hezbolá sino a destruir más viviendas y a desplazar más población en Líbano.

Irán podría no soportarlo. Y más si no llegan las fases dos o el texto final que Trump lleva a Suiza no sigue engordando el botín de Irán en una guerra que nunca quiso ni declaró.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

La reapertura del estrecho de Ormuz, tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que asola la región desde el 28 de febrero, es ahora la esperanza de regiones enteras que dependen de este punto neurálgico de la economía mundial. Emmanuel Macron, anfitrión del G7 en Évian (Alta Saboya), afirmó que “se hará todo lo posible para que este acuerdo sea una realidad”.

Pero ya se ha gestado una confusión en torno a las posibles tasas que se cobrarían a los buques que transiten por el estrecho. Aún no está disponible el texto completo sobre el que se han puesto de acuerdo los responsables estadounidenses e iraníes, y habrá muchos puntos conflictivos que se pospondrán, en cualquier caso, para debates posteriores.

Para hacer balance de los resultados tan inciertos de la diplomacia de la era Trump, Mediapart ha entrevistado a Philippe Droz-Vincent, profesor en la facultad de Ciencias Políticas de Grenoble y especialista en relaciones internacionales, autor de Military Politics of the Contemporary Arab World (Política Militar del Mundo Árabe Contemporáneo (edit. Cambridge University Press, 2020).

Mediapart: Tras numerosos anuncios y desmentidos, Estados Unidos e Irán han creado un marco para un acuerdo de paz. ¿Cómo analiza este anuncio?

Philippe Droz-Vincent: En primer lugar, observo que la mayoría de los comentaristas se muestran decepcionados y muy cautelosos. Con razón, ya que todo es confuso y probablemente seguirá siéndolo hasta la firma prevista para el viernes, e incluso después. En cualquier caso, se trata únicamente de una especie de memorándum de entendimiento, es decir, un acuerdo para… discutir un futuro acuerdo. El único punto concreto en este momento parece ser la reapertura del estrecho de Ormuz, además de un alto el fuego, pero el resto es muy vago.

Se podría decir que a cada uno de los dos principales protagonistas, Estados Unidos e Irán, les interesaba salir de esta situación tan costosa. Irán se encuentra estrangulado económicamente, mientras que la administración Trump se enfrenta a una creciente oposición a esta guerra en su propio campo y a los riesgos electorales de la inflación.

Pero, ¿ha sido suficiente la voluntad de estos dos actores para poner en marcha este acuerdo? Cabe ponerlo en duda, ya que la continuación del conflicto se ajusta tanto a la lógica de Trump, que se ha encerrado él mismo en una trampa al fijar objetivos de guerra poco realistas, como a la lógica de una parte de los dirigentes de la República Islámica, que priorizan la supervivencia ideológica del régimen.

Mi hipótesis es que, a través de diversos canales, los demás actores de la región, para quienes la situación se estaba volviendo infernal desde el punto de vista económico y de seguridad, han presionado para que Estados Unidos e Irán encontraran una salida. Turquía, Arabia Saudí, Catar, Egipto y Pakistán tienen todo el interés en ello.

Actualmente está usted trabajando en una síntesis de la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio desde la época de Obama. ¿Cuáles son los elementos de continuidad y de ruptura que ha aportado el segundo mandato de Trump?

El elemento de continuidad es el extremo debilitamiento de la política americana en la región, como bien demuestra la necesidad de una mediación pakistaní para alcanzar un marco de acuerdo. Ya se veían los primeros indicios de este debilitamiento con Barack Obama. Y el balance del predecesor demócrata de “Trump II” fue ya una catástrofe: Joe Biden fracasó por completo ante la masacre en Gaza.

La particularidad de Trump es el carácter incontrolable de su delirio egocéntrico. En comparación con su primer mandato, ya no hay límites —los que se impusieron, entre 2016 y 2020, por los cuadros a los que se llamaba “los adultos en la sala”. Como ha tomado el control del sistema estadounidense colocando a personas que le deben todo, puede dejarse llevar por sus “geniales intuiciones”. Pero estas han acabado por conducirlo a una trampa inextricable.

En cuanto a Irán, sabemos que Trump, durante su primer mandato, rompió el famoso acuerdo negociado por Obama sobre el programa nuclear iraní, el JCPoA [Joint Comprehensive Plan of Action, o Plan de Acción Integral Conjunto, ndr]. Durante su segundo mandato, explicó que él lo haría mejor, recurriendo a la fuerza para obligar al régimen iraní a firmar lo que él quería. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Los analistas ya están elaborando tablas comparativas que enumeran los elementos del problema (como el enriquecimiento de uranio o la cantidad de reservas enriquecidas) y que probablemente no favorecerán a Trump al final.

En general, el conflicto con Irán habrá agravado la pérdida de credibilidad de la palabra de Estados Unidos y de su líder a un nivel sin precedentes. En todo el mundo, la gente se ha acostumbrado ya a coger con pinzas cada una de sus declaraciones y a esperar a lo que diga la agencia Tasnim, cercana a los Guardianes de la Revolución. Su idea era derrocar o cambiar el régimen para lidiar con los Delcy Rodríguez iraníes [en referencia a la dirigente venezolana que sucedió al presidente Maduro tras su secuestro –ndr], pero en realidad ha debilitado la posición de Estados Unidos.

Una de las dificultades radica en la autonomía del frente abierto en el Líbano por Israel. ¿Cómo analizar la relación israelí con Estados Unidos en esta guerra?

La influencia israelí en el sistema estadounidense es muy elevada, algo que muchos miembros de los servicios de inteligencia y del ejército del Estado hebreo no habrían imaginado hace unos años. Netanyahu, que se juega todo por su supervivencia electoral, ha ejercido toda su influencia en la decisión de Trump de entrar en guerra, sobreestimando la facilidad con la que los ataques producirían los efectos esperados. Aunque Trump no duda en quejarse de las iniciativas de Netanyahu y en poner en escena su dominio, eso siempre dura poco.

No obstante, aunque no sea al mismo nivel, hay que destacar que otros actores de Oriente Medio también intervienen de forma inédita en el juego americano. Gracias a sus fondos soberanos y a las inversiones que realizan, Arabia Saudí y Catar, por ejemplo, son muy activos en Estados Unidos.

El lobbying siempre ha existido. Pero es un indicio del debilitamiento de Estados Unidos ver este “efecto rebote” de su implicación en Oriente Medio: presiones políticas de actores regionales dentro del sistema americano que nunca han sido tan intensas.

¿Qué habrá cambiado el conflicto, suponiendo que termine, para los dirigentes de la región?

Estados Unidos sigue siendo, a ojos de los dirigentes de Oriente Medio, ineludible debido a su poderío militar y tecnológico y a sus excepcionales recursos. Pero también se le percibe, más que nunca, como un elemento de desestabilización. Esto explica la multiplicación de las iniciativas de mediación regionales, desde Pakistán hasta Catar, pasando por Arabia Saudí.

Los Estados del Golfo se han visto especialmente afectados: es la primera vez que han sido atacados todos ellos más o menos al mismo tiempo. Han sentido una especie de abandono al verse implicados en una guerra cuya decisión se tomó en otro lugar, en Washington, sin contar con ellos. Aunque no tienen una alternativa inmediata a la alianza con Estados Unidos, saben que esta situación no es estable.

En cuanto a los dirigentes israelíes, se enfrentan a las consecuencias de un conflicto con Irán que ha superado sus cálculos estratégicos. Tras el 7 de octubre, se propusieron resolver todos los problemas regionales que consideraban cuestiones de seguridad nacional, abriendo uno a uno diferentes frentes de intervención militar, desde la destrucción de Gaza hasta la invasión del sur del Líbano. Los límites de esta estrategia son evidentes.

Traducción de Miguel López

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya ha señalado cuál será una de las claves de su estrategia de defensa tras su declaración prevista para este miércoles. Combatir la legalidad del clonado del teléfono del exprincipal accionista de Plus Ultra, Ricardo Reyes, obtenido en 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y facilitado el pasado 18 de marzo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Sin embargo, ya antes de esa fecha, la investigación se dirigía contra el exjefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. El análisis de los pagos de las empresas de su compañero de running Julio Martínez Martínez por parte de Hacienda y las conversaciones entre el abogado de la trama Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados permitieron a la anterior instructora del caso, la jueza del tribunal 15 de Instrucción de Madrid, Esperanza Collazos, señalarlo como investigado.

Así se recoge en el auto por el que la jueza Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, semanas antes de que la prueba procedente de las autoridades de Washington llegara a manos de los agentes, por considerar que los delitos investigados –en ese momento procesal los de cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y corrupción en los negocios– correspondían a ese tribunal al haberse cometido fuera del territorio nacional siendo de competencia de la justicia española. El auto de inhibición, tras una serie de trámites, hizo que la investigación se traspasara en exclusiva al actual instructor, el juez de Instrucción de la Audiencia, José Luis Calama, que este miércoles tomará declaración a Zapatero.

Uno de los principales indicios que los agentes, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama manejan contra el expresidente del Gobierno se obtuvo durante el registro practicado al abogado Miguel Palomero de Juan, en su domicilio cercano al Retiro, en Madrid. Palomero era el abogado que supuestamente se encargaba de abrir sociedades y gestionar el patrimonio en España de la trama de blanqueo investigada en el caso Plus Ultra, en el que lo relativo a Zapatero es solo una parte. Palomero mantenía conversaciones de WhatsApp con varios de los presuntos integrantes de esa organización, como el peruano Luis Felipe Baca, o el venezolano Danilo Díazgranados. En un chat con este último empresario denominado Danilo-España, ambos recogían algunas referencias a sus relaciones con "Zorro" o "Z" o "ZZZZ", según el informe policial que analizó los dispositivos de Palomero. La jueza Collazos ya recogía en su auto de inhibición que, según la investigación, detrás de esas denominaciones estaría Zapatero.

La anterior instructora también daba por seguro en esa resolución que el expresidente del Gobierno español habría auxiliado a Díazgranados en algunos de sus negocios a camino entre Madrid y Caracas. "Consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela", escribió Collazos el pasado 23 de febrero, antes de que llegara a las autoridades españolas la prueba estadounidense cuya validez Zapatero está ya combatiendo en la Audiencia Nacional. La jueza de Instrucción 15 del Tribunal de Madrid subraya que su auxilio en esas gestiones comerciales, constituiría "un delito de corrupción en los negocios".

Antes de que los datos del teléfono de Ricardo Reyes, clonados por el Homeland Security Investigations (HSI) llegaran a la UDEF, la Policía y la Agencia Tributaria ya habían analizado los flujos de dinero de Plus Ultra y otras empresas sospechosas de pagar al expresidente socialista para valerse de su influencia en España y en la Venezuela de Maduro, como Softgestor –que prestaba servicios a sociedades de EE UU con vínculos en Venezuela– o Inteligencia Prospectiva, sin sede ni actividad y que, supuestamente, sería una tapadera para que determinadas empresas (entre ellas algunas chinas) reclamaran gestiones a Zapatero gracias a su acceso al Gobierno de Caracas para garantizarse cupos de petróleo. Collazos ya apuntaba a que las entregas de esas sociedades opacas a otras de su compañero deportivo, Julio Martínez Martínez, entre ellas la consultora Análisis Relevante, solo tenían por objeto pagar la privilegiada intermediación del expresidente español.

Tras la detención de Martínez Martínez y varios directivos de Plus Ultra el pasado diciembre, el informe con el primer análisis de lo incautado en los registros por la UDEF, ya lo pone como presunto líder de la trama, desplazando de ese puesto a su amigo Martínez Martínez. "Con la información disponible, los investigadores consideran acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido entre 2020 y 2025, al menos 490.780 euros de Análisis Relevante", relata ese informe policial del pasado 3 de febrero, más de un mes antes de que llegara la prueba de la agencia estadounidense HSI. "En paralelo, la sociedad de la que son administradoras solidarias las hijas de Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la mercantil Whathefav, habría percibido al menos otros 236.125 euros en el mismo periodo de Análisis Relevante, así como al menos otros 20.993,50 euros en el año 2020 de Agropecuaria Lucena, otra sociedad cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez", el compañero de carreras del expresidente.

"Se carece de facturación en relación con los pagos anteriores, que permitirían conocer la justificación dada a dichas operaciones, salvo en lo que respecta a cuatro facturas expedidas por Whathefav a Análisis Relevante en 2020, cuyo concepto solo indica 'servicios agencia", continúan los agentes que, a continuación, exponen su conclusión. "Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero". Por último, el documento policial señala: "Julio Martínez Martínez [...] actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas".

Tras semanas de negociaciones intermitentes, el presidente de EEUU, Donald Trump, parece haber alcanzado finalmente un acuerdo con el régimen iraní para poner fin a la guerra que ha sacudido la región –y los mercados energéticos mundiales– desde finales de febrero.

Sin embargo, es probable que los detalles del acuerdo sigan siendo objeto de controversia hasta que se firme el próximo viernes, tal y como está previsto.

Impulsado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump inició la guerra el 28 de febrero con el objetivo de derrocar al régimen iraní y conseguir que Teherán capitulara, tal y como había hecho en Venezuela.

Sin embargo, no pudo alcanzar este objetivo ante la sólida respuesta defensiva de Teherán. Bajo una enorme presión nacional e internacional, Trump decidió finalmente que tenía que recurrir a la solución diplomática que tenía a su alcance para poner fin al conflicto lo antes posible.

El “memorándum de entendimiento” que Washington y Teherán acaban de anunciar es una confirmación de esta realidad.

Dejará a Irán en una posición más fuerte que antes de la guerra, a EEUU con mucho menos peso en la región y a Israel en la estacada. El acuerdo también impulsará a los Estados árabes del golfo Pérsico a reevaluar sus alianzas de seguridad con EEUU y a aceptar a Irán como un actor regional influyente.

Fuentes iraníes y estadounidenses han proporcionado versiones diferentes del acuerdo.

Ambas partes parecen haber pactado permitir que se reanude el tráfico en el estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán también continuarán durante los próximos 60 días.

Más allá de esto, las dos partes parecen estar muy alejadas en otras cuestiones.

Según los medios iraníes, el acuerdo pondría fin a los combates en todos los frentes, incluido el bombardeo israelí del Líbano, y reabriría el estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días “bajo las condiciones de Irán”.

También exige la liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados durante las 60 jornadas de negociaciones, y obliga a EEUU y a sus aliados a presentar planes de reconstrucción para Irán por un valor de al menos 300 000 millones de dólares.

Sin embargo, según el medio de comunicación estadounidense Axios, el acuerdo exige que el estrecho se reabra inmediatamente sin peajes. Un funcionario estadounidense declaró a Axios que, tras la reapertura, se concederían a Irán “exenciones temporales de las sanciones” para permitirle vender petróleo.

Trump tampoco hizo ninguna referencia al Líbano en su anuncio del acuerdo en Truth Social, aunque los mediadores pakistaníes afirmaron que estaba incluido en el pacto. También quedan por resolver muchas cuestiones polémicas relacionadas con el programa nuclear de Irán. Entre ellas se incluyen el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y si se debería permitir al país enriquecer uranio a un nivel acordado con fines pacíficos.

Cuando Trump y Netanyahu iniciaron la guerra, su objetivo era derrocar al Gobierno de Irán, destruir su programa nuclear y su capacidad de lanzar misiles, y romper sus vínculos con sus aliados regionales: Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias chiitas iraquíes, y Hamás y la Yihad Islámica en Palestina.

El objetivo general era alterar el orden regional en beneficio de EEUU e Israel. Esto permitiría a Netanyahu alcanzar su tan ansiado objetivo de convertir a Irán en una entidad débil y perseguir su visión de un “Gran Israel” en Oriente Medio, una región estratégicamente vital y rica en petróleo.

Sin embargo, a pesar de su naturaleza autoritaria y de todos los retos de política interior y exterior a los que se enfrenta, el sistema islámico iraní ha demostrado que está hecho para sobrevivir. Ha resistido la decapitación de su liderazgo, el bombardeo militar masivo de Estados Unidos e Israel y el posterior bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Es cierto que Irán ha sufrido graves daños en su infraestructura y economía, así como víctimas civiles. Pero el régimen fue capaz de responder de formas que han resultado muy costosas para EEUU, sus aliados árabes del Golfo e Israel.

Su control sobre el estrecho de Ormuz, algo que Teherán nunca había tenido antes de la guerra, ha desencadenado una crisis mundial de energía y fertilizantes y ha proporcionado a Teherán una enorme ventaja.

Trump, por su parte, se enfrentaba a una creciente oposición interna a la guerra, combinada con la escasez en el suministro de interceptores de defensa aérea (como los misiles Patriot) y la falta de apoyo entre los aliados tradicionales de EEUU. Considerando todo esto, Trump tenía buenas razones para no permitir que el conflicto se prolongara demasiado, especialmente en un año electoral.

El acuerdo debe de ser muy desalentador para Netanyahu, cuya determinación de debilitar fundamentalmente a Irán se está desmoronando.

Es posible que aún intente socavar el acuerdo de paz continuando con los ataques contra el Líbano y, tal vez, anexionando formalmente Gaza y Cisjordania. Pero dada la dependencia de Netanyahu de EEUU para sus operaciones militares y su supervivencia política, Trump tiene mucha influencia para obligarle a él y a los ministros de extrema derecha de su gabinete a que se sometan a sus dictados.

Si se firma un acuerdo de paz definitivo, este podría allanar el camino para algún tipo de acercamiento entre Irán y EE. UU. como requisito previo para un Oriente Medio más estable y pacífico. Pero aún no es momento para lanzar las campanas al vuelo.

Ambas partes ya han pasado por esto antes. Llevaban meses negociando un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán antes de que empezara el ataque el pasado 28 de febrero. Según los mediadores omaníes, un acuerdo estaba “al alcance de la mano” cuando comenzaron a caer las bombas.

Esto significa que cualquier alto el fuego que se alcance ahora podría ser muy frágil. También plantea la pregunta de qué sentido tenía, en primer lugar, esta guerra, librada sin tener en cuenta el derecho internacional ni la aprobación del Congreso estadounidense.

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Amin Saikal. Profesor emérito de Estudios de Oriente Medio en la Universidad Nacional Australiana. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Tras muchos vaivenes y desencuentros, amenazas cruzadas, y anuncios y desmentidos. Este domingo a última hora se ponía fin a más de 100 días de conflicto. El acuerdo de paz siempre estuvo cerca, pero nunca se concretaba, hasta que esta vez, Pakistán anunció que Irán y EEUU habían llegado a un acuerdo "completo" de paz para poner fin al conflicto.

El anuncio lo adelantó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones, que detalló que el pacto incluye la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares" en todos los frentes, lo que incluye también el Líbano, que fue atacado este domingo horas antes de la firma del armisticio.

Los tiempos para hacer público el acuerdo no son casuales. Este domingo Donald Trump cumplía 80 años y quiso hacer coincidir el momento de su cumpleaños con el del fin de la guerra. Una más en su búsqueda del Nobel de la Paz. La ratificación oficial y presencial se escenificará el próximo viernes 19 de junio en Suiza, país que ya se ha postulado formalmente como sede del encuentro, y podría contar con Donald Trump, según fuentes de la Casa Blanca.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, en su red social.

Inmediatamente a continuación subrayó: "¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!"

En un segundo mensaje, el republicano sostuvo que este "gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región". "Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, para la retirada de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo", agregó.

En una entrevista con Fox News, el vicepresidente JD Vance ha asegurado que este acuerdo "va a transformar Oriente Medio durante los próximos 50 años" y asumió que esta guerra ha supuesto "un momento difícil para muchos estadounidenses” debido a los altos precios de la energía, “pero este acuerdo será transformador”.

Pero la lectura del acuerdo varía según quién sea el encargado de hacerla. En Teherán, la televisión estatal emitió un mensaje en el que asegura que Irán "ha obligado a Estados Unidos a ceder para aceptar la paz". Kazem Ali Gharibabadi, viceministro de Exteriores, aseguró que "el enemigo, que atacó para llevar a cabo sus siniestros objetivos, sufrió una derrota en todos ellos, y la República Islámica de Irán obtuvo grandes victorias en la guerra. Hemos incluido todas nuestras posiciones importantes en el borrador del acuerdo", concluyó.

Gharibabadi insistió en que "pronto, con transparencia" se informará sobre los detalles del acuerdo de paz, pero solo se hará público tras la firma del acuerdo este viernes.

A pesar del anuncio del acuerdo, permanecen muchas incógnitas sobre los detalles del memorando.

La Administración estadounidense había fijado como principal objetivo de las negociaciones lograr que la República Islámica renunciara a cualquier ambición de obtener un arma nuclear y cediera a Estados Unidos su material enriquecido para su destrucción.

Irán, que siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados.

La agencia de noticias iraní IRNA ha reportado que el borrador del acuerdo prevé 60 días de conversaciones sobre temas nucleares y el levantamiento total de las sanciones como confirma Axios. Siempre, y según su versión, el borrador excluye el programa de misiles iraní y el apoyo a los grupos de resistencia de las negociaciones finales.

Exteriores ha afirmado que el memorando suspende las sanciones impuestas a las ventas iraníes de petróleo y productos petroquímicos.

Por su parte, Vance afirmó en Fox News que la República Islámica "nunca tendrá un arma nuclear". "Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche", declaró.

En el comunicado de Gharibabadi se asegura que como "el presidente de Estados Unidos reconoció (en su mensaje)" se producirá "el levantamiento y la finalización del bloqueo naval (de Ormuz)", destacó.

En este sentido, confirmó que "naturalmente" se reabrirá el Estrecho de Ormuz, uno de los epicentros del comercio mundial y por donde transita el 20% del petróleo mundial, pero también, solo sucederá tras la firma del acuerdo.

Según informó la agencia oficial de noticias iraní FARS, las partes han decidido que todo el tráfico marítimo a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz sea regulado directamente por Irán en estricta coordinación con el Sultanato de Omán. Una cuestión que ya se hizo pública hace unos días por parte de Irán en la que se aseguraba que ambos países compartirían la gestión del Estrecho, asegurando así a Irán la soberanía sobre unas aguas que son estratégicas para la región y para el mundo.

Trump, por su parte y para evitar ceder ante lo que parece una derrota, aseguró que se producirá un levantamiento gradual y condicionado de las sanciones económicas, pero bajo ningún concepto Irán "recibirá dinero en efectivo" de forma inmediata.

Lindsey Graham, uno de los 'halcones' de Trump y senador por Carolina del Sur, ha expresado su preocupación por el acuerdo entre ambos países después de que presionase a Trump por ser más duro. “Me preocupa [el acuerdo] porque la visión de Irán parece diferente de lo que el equipo negociador estadounidense reclama”, dijo en X.

El acuerdo que se firmará el próximo viernes —y anunciado por Pakistán— busca poner fin a una guerra que se inició el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Irán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina y una caída de popularidad dentro de su propio partido y del país.

Teherán, que nombró como sucesor al hijo del ayatolá Jameneí, Mojtaba, —en lo que es una continuación del régimen— ha respondido con ataques contra Israel y las bases estadounidenses en los diferentes países de la región, además de bloquear el paso por el Estrecho de Ormuz.

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán "en respuesta a medidas claras y verificables por parte" de la República Islámica "en relación con su programa nuclear". En el comunicado conjunto subrayan que Irán "jamás debe hacerse con un arma nuclear" e insisten en que es "vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", señalaron en la declaración conjunta.

Japón, Australia o la Unión Europea también han celebrado el acuerdo y han insistido en la reapertura lo más pronto posible del Estrecho de Ormuz.

"Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta destacó que el pacto fue posible "tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios" y que ahora la prioridad es "su rápida y plena aplicación por parte de todas las partes.

El mundo árabe también ha celebrado la noticia. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, expresó su esperanza de que este avance constituya un paso significativo hacia "el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra los territorios árabes".

Tras poco más de 100 días de bloqueo del Estrecho de Ormuz por la guerra de Estados Unidos-Israel contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero, el precio del crudo sigue una trayectoria de gran volatilidad. Las pérdidas acumuladas de suministro de los productores del Golfo superan ya el millar de millones de barriles, con más de 14 millones de barriles diarios paralizados, un choque de oferta sin precedentes.

El déficit acumulado de inventarios es histórico. Según el Informe del Mercado del Petróleo de la IEA de mayo de 2026, las reservas mundiales cayeron 129 millones de barriles en marzo y 117 millones en abril, el ritmo de agotamiento de inventarios más rápido jamás registrado. El déficit total de petróleo podría alcanzar los 900 millones de barriles en septiembre de 2026, y para reconstruir las reservas agotadas se necesitaría aproximadamente un millón de barriles diarios de superávit durante los próximos tres años.

El mundo está viviendo una de las mayores perturbaciones energéticas de la historia que, debido a su magnitud y duración, tendrá graves repercusiones a corto y largo plazo. El mayor problema no es el precio de los derivados del petróleo, sino su escasez.

El Estrecho de Ormuz es (o mejor dicho era) un punto clave en el mapa del comercio mundial del petróleo. Por él transita alrededor del 20 % de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL). Aunque la mayor parte del petróleo que pasa por Ormuz se destina a Asia (China, India, Japón y Corea del Sur), una parte significativa también llega a Europa.

En cuanto al suministro de GNL, el sur de Asia se enfrenta a enormes perturbaciones: el 99 % de las importaciones de Pakistán provienen de Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como el 72 % de las de Bangladés y el 53 % de las de la India.

En cuanto al combustible de aviación, Asia importa del golfo Pérsico casi la totalidad del queroseno que utiliza ,y es casi la mitad del que importan la UE y el Reino Unido.

En el caso de este producto, además del precio está la escasez física, pues con Ormuz cerrado no hay suministros y, además, el combustible de aviación no se puede almacenar fácilmente.

Debido a la escasez de materias primas, el precio del petróleo ha subido un 50% de media a nivel mundial, mientras que el precio de combustible de aviación se ha duplicado. Una tregua puede suponer un retroceso en los precios, pero no hay posibilidad de volver al nivel inicial (efecto cohete–pluma).

Cabe esperar un alza sostenida en los precios, aunque quizá no tan grande como durante las crisis del petróleo de los años 70. De hecho, a nivel global ya estamos observando una destrucción de la demanda. Este proceso comenzó con el aumento de los precios del petróleo, que en la práctica funciona como un impuesto directo para los hogares y empresas. Al hacer mermar el poder adquisitivo, esas subidas hacen caer la demanda de otros productos, lo que puede dar lugar a una desaceleración económica. A esto se añade la caída del nivel de optimismo y la pérdida de confianza de los ciudadanos en la economía.

La disminución prevista de la demanda de 1,5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026 sería la más acusada tras las de la pandemia de la covid-19 y el estallido de la guerra en Ucrania.

A medida que persistan los desabastecimientos y los precios elevados, se extenderá la caída de la demanda. Se están revisando a la baja las previsiones de producción industrial y los niveles estimados de inversión, y la subida de los precios se ve reflejada en las expectativas de inflación.

El fortalecimiento del dólar, derivado de la subida prevista de los tipos de interés y del aumento de la inflación, animará a los inversores a desplazarse hacia la deuda estadounidense. El dólar caro seguirá con nosotros, ya que Europa y Asia pagarán más por la energía que importan.

Los daños provocados por los ataques no se limitan a las instalaciones de producción de petróleo y a las alteraciones logísticas. La crisis afecta también a otros sectores:

Si hoy mismo se restableciese la normalidad en Ormuz, el retorno a los niveles normales de producción de los yacimientos afectados podría llevar entre cuatro y cinco meses, lo que propiciará el agotamiento de las reservas. Los daños sufridos por la capacidad de refinería y el complejo de GNL de Catar implican que la plena recuperación de la infraestructura energética regional podría llevar años.

La Agencia Internacional de la Energía estima que el 80% de las instalaciones de la región están dañadas y que el 10 % de la producción mundial de petróleo ha quedado totalmente fuera de servicio durante al menos dos años. El mercado seguirá sintiendo los efectos del bloqueo del transporte marítimo, incluso mucho después de que este se levante.

Los efectos de la guerra no se reflejarán en la coyuntura global hasta los próximos meses y, a pesar de ello, las bolsas parecen considerar que la mayor amenaza geopolítica ya ha pasado y que la economía mundial se las arreglará, incluso con un petróleo caro. En Europa, esta situación ha obligado a los gobiernos a intervenir, ya sea mediante la reducción de los impuestos indirectos o la imposición de precios máximos.

Ante la crisis, Asia busca nuevos proveedores mientras Estados Unidos aumenta su producción y espera superar el récord de 2025 de 13,6 millones de barriles diarios.

Los márgenes de refino han aumentado temporalmente, pues las diferencias de precios en los destilados medios han alcanzado máximos históricos. Todos pagamos por esta guerra, pero los grandes actores salen ganando. La petrolera saudí Saudi Aramco, la rusa Gazprom y la estadounidense Exxon Mobil prevén obtener este año unos 234 000 millones de dólares en beneficios adicionales.

Entre los posibles beneficiados, también hay que incluir a España, que espera un crecimiento récord del turismo.

En esta situación, lo más importante es el tiempo. Si el periodo de incertidumbre se prolonga lo suficiente cambiarán los hábitos de los ciudadanos como ya ha pasado antes. Tras las dos crisis del petróleo de los años 70, cuando el precio del barril de crudo se disparó un 400%, Europa se pasó a los coches pequeños, y apostó por el desarrollo de la energía nuclear y la explotación de nuevos yacimientos de materias primas energéticas. Las consecuencias de aquella crisis incluyen también la popularidad de las bicicletas, el cambio horario y el concepto de eficiencia energética.

De momento parece haber una tendencia a un menor consumo, y el mantenimiento de los precios elevados. A más de 100 días del bloqueo, el mundo enfrenta simultáneamente el mayor choque energético registrado, una inflación reemergente con riesgo de estanflación, un agotamiento sin precedentes de las reservas estratégicas de petróleo y perturbaciones en cadena que van desde los fertilizantes hasta los chips.

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Anna Marta Czarczynska es profesora de Economía y Empresa en la Universidade da Coruña

Donald Trump ha ordenado construir en el jardín sur de la Casa Blanca una enorme estructura de acero coronada por un arco de 600 toneladas para celebrar un evento de artes marciales mixtas el día de su cumpleaños. Este domingo, la residencia del presidente estadounidense acogerá el primer evento deportivo profesional de toda su historia: una jornada de combates que, sobre el papel, busca conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, aunque para esa efeméride aún quedan tres semanas.

Está previsto que se celebren siete peleas de artes marciales mixtas, todas masculinas, y una de ellas estará protagonizada por el luchador de nacionalidad española Ilia Topuria, que se enfrentará al estadounidense Justin Gaethje en peso ligero. Presenciarán los combates en vivo unos 4.000 militares, además de la familia del presidente, miembros de su gabinete, congresistas y donantes. La gran mayoría de los famosos invitados ha rechazado asistir. Un poco más lejos, decenas de miles de espectadores seguirán el evento a través de las pantallas que la organización está instalando en los alrededores de la Casa Blanca. 

Para terminar de dar solemnidad a las peleas, el pesaje tendrá lugar en el Memorial de Lincoln, donde se alza la estatua de mármol de casi seis metros de altura del expresidente, una figura que remite directamente a la célebre estatua de Zeus en el Monte Olimpo. Washington está lleno de homenajes a los presidentes más importantes de la historia de EEUU, homenajes que recuerdan a Trump que él también quiere pasar a la historia. Pero no una vez haya salido del cargo, sino ya, ahora, de su propia mano.

Las peleas de este domingo tienen esa aura, esa búsqueda de la atención. Lo que en otros presidentes habría sido impensable por pudor, por miedo a las críticas del electorado o por respeto a lo políticamente aceptable, en Trump se convierte en un sí directo. En este caso, el cumpleaños costará unos 60 millones de dólares, financiados por la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo. Su presidente y y consejero delegado es Dana White, multimillonario y amigo de Trump. La propia UFC ha vendido entradas para el evento por más de un millón de dólares cada una. A su vez, Trump ha comprado acciones por valor de entre 15.000 y 50.000 dólares en la compañía matriz de la UFC.

Así justificaba este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, la celebración del evento: "Estados Unidos y el ideal detrás de EEUU es lo imposible, que alguien te dice que no podrás hacerlo o que nunca va a pasar, la idea entera alrededor de EEUU es la audacia. El país está fundado en el principio de que tus derechos no vienen del gobierno ni de tus líderes, sino del Creador, pero además de eso, todo lo que hemos hecho como nación, como poner un hombre en la Luna y traerlo a salvo a la tierra (...). Somos una nación fundada en hacer lo que nadie se atrevió a hacer. Y de cierta manera esto es lo que esta empresa de la UFC ha sido”.

El año pasado, Trump ya organizó un gran desfile militar por Washington para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de EEUU, la más antigua de las seis ramas de las Fuerzas Armadas del país, creada el 14 de junio de 1775. Pero al coincidir con el día de su 79 cumpleaños, el acto provocó críticas por la politización del Ejército y comparaciones con los despliegues típicos de regímenes autoritarios. En el primer mandato de Trump también se intentó llevar a cabo un desfile similar, pero el Pentágono lo rechazó por miedo a que pareciera demasiado político.

Más allá del pudor y de lo políticamente correcto, lo que muchos consideran es que el uso que hace Trump de los espacios y recursos públicos es corrupción. En esa línea, una organización sin ánimo de lucro centrada en la vigilancia de la corrupción en las instituciones públicas presentó la semana pasada una demanda para intentar detener el combate. En ella alegan que el presidente está utilizando su poder para favorecer a su amigo y aliado Dana White, y para ganar dinero él mismo como inversor en la UFC, una alianza que, según sostienen, vulnera numerosas leyes y normas. Entre otros argumentos, los demandantes apuntan que se trata de un evento privado con ánimo de lucro y que la ley restringe el uso privado de las zonas monumentales de Washington, consideradas parques nacionales. La demanda también advierte de que el Congreso no ha autorizado la transformación de la Casa Blanca.

Trump también ha planeado una carrera de coches IndyCar que convertirá en agosto las calles de Washington y los principales monumentos de la capital en una pista de carreras, así como una serie de conciertos que ahora están en el aire. La organización preveía que distintos grupos pasaran durante 16 días por el National Mall para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos y, de nuevo, coincidiendo con el cumpleaños del presidente.

Pero después de que varios participantes cancelaran su asistencia alegando que no se les había informado de que el evento tendría carácter político, el presidente pidió cancelar los conciertos. “Canceladlos”, escribió en Truth Social. “Deberíamos tener un enorme MITIN PARA HACER A EEUU GRANDE OTRA VEZ por el 250 aniversario, en lugar de cantantes sobrepagados a los que nadie quiere escuchar, cuya música es aburrida, y que no hacen otra cosa que quejarse”. En la misma publicación, Trump se refirió a sí mismo como “la atracción número uno del mundo” y “el hombre que consigue públicos mucho más grandes que Elvis en su mejor momento”.

Aunque todo apunta a que los conciertos no podrán celebrarse finalmente, y a que tampoco asistirán al menos cinco estados del país, que han declinado acudir, la “feria” de 16 días con actuaciones musicales, exhibiciones y otros eventos sí tendrá lugar en el National Mall, además del mitin de Trump.

Más allá de la búsqueda de la grandeza, detrás de la celebración de estas peleas también está el deseo de Trump de dar más peso al mundo del deporte y mostrarse más cercano a él. En ese contexto, el mes pasado recibió a miembros de la selección masculina de hockey sobre hielo, que ganó el oro en las pasadas olimpiadas, y hace unas semanas también organizó un evento con la selección de la MLS 2025. En esa misma línea, el presidente dijo en diciembre que acogería en la Casa Blanca la sede de unos "juegos patriotas" en los que participarían alumnos de instituto de todo el país.

José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, entre otros delitos, ha pedido al instructor del caso, José Luis Calama, que reclame a Estados Unidos información sobre las condiciones en las que el Homeland Security Investigations (HSI), cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, obtuvo una prueba crucial en su caso. Se trata de la copia que esa agencia estadounidense obtuvo en 2021 del móvil de Rodolfo Reyes, el ex máximo accionista de Plus Ultra, en el que aparece el nombre del expresidente del Gobierno español en numerosas ocasiones señalándolo como una persona clave –"Nuestro pana Zapatero"– para que la aerolínea obtuviera el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido por el Gobierno español.

El escrito del expresidente reclamando al juez que pida a Washington más información sobre esa prueba, apunta a que busca su nulidad, lo que haría caer como un castillo de naipes una parte importante de la investigación. HSI colabora estrechamente tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Su información, debidamente judicializada en España y utilizada con todas las garantías del proceso penal, ha servido para desarticular redes de narcotraficantes, o para detener a pederastas que distribuían pornografía infantil por internet. El HSI, que depende del ICE –desgraciadamente célebre por sus redadas contra migrantes alentadas por el Gobierno de Donald Trump– también ha colaborado en la investigación de otros graves delitos como la falsificación de moneda e incluso agresiones sexuales.

Pero, que su colaboración sea determinante en muchas ocasiones en el esclarecimiento de delitos transnacionales, no impide que, a menudo, sus actuaciones se cuestionen en los tribunales, como se intuye que el expresidente español imputado hará próximamente. En al menos dos casos, la anulación de las pruebas proporcionadas por la agencia de EEUU por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y garantías del proceso han acabado con la absolución de los acusados, según el repertorio de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj).

Así ocurrió, por ejemplo el 5 de noviembre de 2018, cuando la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a dos personas acusadas, con informaciones que nacieron del HSI, de formar parte de una organización internacional de narcotraficantes que estarían operando en Sudamérica y Europa dedicada a la introducción en España de importantes cantidades de cocaína. Su modus operandi consistiría en ocultar varios kilos en maletas y enviarlas a través de compañías aéreas con el objeto de que fueran recogidas en el aeropuerto, por lo que la banda estaba realizando intensas gestiones para localizar a una persona que tuviera acceso a las maletas en España. Los americanos reclamaron a la UCO de la Guardia Civil que utilizara un agente encubierto para infiltrarse en ella. Dos semanas después apareció una maleta sin identificar con 28 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Barajas. El caso terminó archivado por las sospechas del tribunal de que pudiera tratarse de un delito provocado, algo que está prohibido en España.

El 28 de marzo fue la sección 15 de esa misma Audiencia provincial la que archivó otro caso iniciado por una comunicación del HSI, esta vez con la Agencia de Vigilancia Aduanera. Sus agentes advirtieron de que habían detectado en el aeropuerto de Miami un paquete procedente de Haití con 1.600 gramos de cocaína en su interior, por lo que solicitaban una entrega controlada para cazar a su receptor, un haitiano residente en Madrid. Aduanas informó a la Fiscalía de Madrid, que autorizó la operación, y, tras llegar el paquete a Barajas, uno de sus agentes, disfrazado de repartidor, detuvo al destinatario en su domicilio de la capital después de que firmara haciéndose cargo del paquete, que contenía una bolsa de palos de golf. El tribunal anuló la prueba y absolvió al acusado al no quedar acreditada la cadena de custodia de la prueba desde EEUU. En el interior había una cantidad de droga muy superior a la indicada por el HSI.

Fuentes de la Audiencia Nacional, el tribunal que más en contacto está con esta agencia, aseguran que la información que sus agentes suelen facilitar a sus colegas de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad españolas suele ser muy parca. Y que normalmente rechazan facilitar datos sobre las investigaciones en las que intervienen para no revelar la identidad de sus agentes o confidentes. En el caso de Zapatero, las dudas que se plantean y que su letrado quiere conocer son, en primer lugar, si el teléfono de Rodolfo Reyes que apunta al expresidente se clonó con todas las garantías del proceso penal español y, especialmente, con la autorización judicial que se exige en España para hacerlo. Pero también el hecho de que HSI tardara cinco años en entregar esa prueba a la policía española (se la facilitó el pasado 18 de marzo) ¿Por qué no lo hizo cuando la obtuvo?

El próximo 15 de junio la selección de Irán saltará al césped del SoFi Stadium de Los Ángeles para medirse a Nueva Zelanda en su primer partido del Mundial de fútbol. Lo hará en suelo estadounidense mientras su país y el país anfitrión, pese a un alto el fuego que nunca llegó a cuajar —”en esa zona del mundo, ‘alto el fuego’ significa disparar de forma más moderada”, declaró Trump la semana pasada—,  siguen inmersos en un conflicto bélico. 

La tregua pactada a comienzos de abril se ha descosido por completo. Solo en los últimos días, Washington y Teherán han vuelto a bombardearse —el 9 de junio ambos ejércitos lanzaron ataques aéreos después de que Irán derribara un helicóptero del Ejército estadounidense—, mientras Washington sostiene desde abril un bloqueo naval sobre los puertos iraníes y Trump advierte de que Irán “tendrá que pagar el precio” por el estancamiento de las conversaciones. 

La selección de Irán disputará toda su fase de grupos en la costa oeste de Estados Unidos, con dos citas en Los Ángeles y una en Seattle, pero mantendrá su base fuera de los Estados Unidos, en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Los jugadores podrán entrar, pero los aficionados, en su mayoría, no. Irán figura entre los 19 países sometidos a la prohibición total de entrada que firmó Donald Trump al tomar el cargo, que veta —con excepciones para deportistas y diplomáticos— a los nacionales de esos Estados. El propio presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, llegó a ver denegado su visado para entrar en el país anfitrión, antes de que la federación rectificara 

La ironía alcanza incluso al hombre que preside ese torneo. El pasado febrero, Gianni Infantino obtuvo la nacionalidad libanesa —la de su esposa Leena Al Ashqar— de mano del presidente del Gobierno de ese país, en una excepción a la ley nacional que no permite a las mujeres libanesas pasar la ciudadanía a sus hijos o maridos extranjeros. Líbano no está en el veto de entrada de Trump, pero sí en la lista de países cuyos ciudadanos afrontan nuevas trabas para llegar a Estados Unidos: una pausa en los visados de migración y servicios consulares limitados en Beirut. A Infantino nada de eso le afecta porque, al contrario que la mayoría de sus nuevos compatriotas, viaja con pasaporte europeo. 

El Mundial de 2026 es, antes que nada, el escenario de un entendimiento entre dos hombres que llegaron a lo más alto de sus respectivas carreras presentándose como la ruptura con el viejo orden.

Donald Trump, heredero de un imperio inmobiliario reconvertido en estrella de televisión y luego en presidente, construyó su carrera política sobre el discurso del outsider frente al orden establecido. Su trayectoria arrastra un historial judicial sin precedentes para un presidente estadounidense. En agosto de 2025, un tribunal de apelación de Nueva York anuló por excesiva la sanción de unos 500 millones de dólares del caso de fraude civil, pero mantuvo la declaración de que Trump infló su patrimonio durante años para obtener mejores condiciones de bancos y aseguradoras, así como los vetos para dirigir empresas en el estado; ambas partes recurrieron. En enero de 2025 fue sentenciado, tras ser declarado culpable de 34 delitos de falsificación de registros mercantiles, a una “absolución incondicional” que mantiene la condena sin imponer pena. Y un tribunal federal confirmó que abusó sexualmente y difamó a la escritora E. Jean Carroll en los años 90, ratificando una indemnización de cinco millones de dólares.

Gianni Infantino encarna una versión administrativa del mismo arquetipo. Abogado nacido en Suiza, hijo de emigrantes italianos, hizo carrera no en el terreno de juego —nunca ha sido futbolista— sino en los despachos: secretario general del Centro Internacional de Estudios del Deporte de Neuchâtel y, desde 2000, escalando peldaños en la UEFA, la homóloga europea de la FIFA, hasta su secretaría general. En 2016 ganó la presidencia de la FIFA sobre las ruinas del régimen de Joseph Blatter, vendiéndose como el candidato de la limpieza y la transparencia.

Como en el caso de Trump, el relato de la limpieza convive con un expediente judicial extenso. Su nombre apareció en los ‘Papeles de Panamá’: siendo director de servicios jurídicos de la UEFA, firmó en 2006 un contrato de derechos de televisión con Cross Trading, la sociedad de Hugo y Mariano Jinkis, imputados después en la trama de sobornos investigada por Estados Unidos. La policía federal suiza registró las oficinas de la UEFA en Nyon por sospechas de gestión desleal sin hallar pruebas de que Infantino cobrara ningún soborno ni mordida en aquellas operaciones. 

Más tarde, entre 2016 y 2017, ya en el máximo organismo del fútbol mundial, Infantino mantuvo reuniones no registradas con el fiscal general suizo, Michael Lauber, que investigaba la corrupción en la FIFA. Las autoridades abrieron en 2020 diligencias penales contra Infantino por abuso de cargo público, violación del secreto oficial y favorecimiento, al apreciar “indicios de conducta delictiva”; Lauber dimitió tras concluir un tribunal que había incumplido sus deberes y mentido a los investigadores. Infantino sostuvo que reunirse con el fiscal general era “perfectamente legítimo y legal”. Las diligencias se archivaron en 2023 sin hallar pruebas de delito. Esta misma semana, el expresidente de la UEFA y exestrella de la selección francesa, Michel Platini, ha demandado a Infantino por difamación y tráfico de influencias durante la candidatura que le llevó a presidir la FIFA en 2016.

Más allá de su expediente judicial, hay un gesto que retrata su relación con el cargo mejor que cualquier sentencia. Cuando la FIFA presentó en noviembre de 2024 el nuevo trofeo del Mundial de Clubes, de oro y fabricado por la lujosa firma Tiffany, el nombre de Infantino estaba grabado dos veces en él: una como “Presidente fundador, Gianni Infantino”, con su firma, y otra en una inscripción que atribuye la propia competición a su inspiración. 

El trofeo, con el nombre de Infantino inmortalizado en él antes de que nadie pudiera levantarlo, se exhibió primero en el Despacho Oval de la Casa Blanca, luego viajó hasta la Trump Tower y permaneció allí hasta la final del torneo, un trasiego que la propia empresa familiar celebró como “un trofeo icónico en una ubicación legendaria”. Durante cinco días, y como preludio de lo que viene este verano, el fútbol mundial pasó a instalarse, literalmente, dentro del patrimonio personal del presidente de Estados Unidos.

Infantino estuvo presente en la toma de posesión de Trump como presidente el 20 de enero de 2025, después de haber sido recibido ese mismo mes en Mar-a-Lago. El 7 de marzo de ese año Trump firmó en el Despacho Oval, junto a Infantino, una orden ejecutiva que crea un “grupo de trabajo” de la Casa Blanca para el Mundial 2026 que él mismo preside, con el vicepresidente J.D. Vance como número dos. Ese día, Infantino agradeció al presidente la creación del grupo “porque es importante que todos los que vengan a América se sientan seguros y bienvenidos”. Cuando Trump le preguntó si Estados Unidos podía ganar el torneo y el suizo respondió que sí, "con el público detrás", el presidente lo zanjó con un comentario revelador: “Sabe lo que hay que decir”.

En la misma comparecencia, Infantino lanzó la idea de que la FIFA promoviera una “criptomoneda de la FIFA”, uno de los negocios favoritos de Trump, que ha respaldado su propia criptomoneda, con un beneficio superior a los 500 millones de dólares. De la idea de Infantino no se ha vuelto a saber nada, pero donde sí llegó a materializarse la alianza entre ambos fue en otro de los grandes negocios de Trump, el ladrillo. En julio de 2025, la FIFA abrió una oficina en la Trump Tower de Nueva York, anunciada por Infantino en la sede de la Trump Organization, al presentar el trofeo del Mundial de clubes.

El sello del idilio llegó el 5 de diciembre de 2025. En el sorteo del Mundial, en el Kennedy Center de Washington, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, que el mandatario calificó de “uno de los grandes honores de mi vida”. El presidente de la FIFA llevaba meses avalando la candidatura autoimpulsada por Trump para ganar el Nobel de la Paz por su papel en el alto el fuego en Gaza. El Nobel acabó recayendo en la venezolana María Corina Machado, que a su vez se lo cedió a Trump, pero el máximo dirigente del fútbol mundial decidió que no era suficiente. 

La cercanía con el poder político no es una novedad de la era Trump, sino el método con el que Infantino ha gobernado el fútbol mundial. En 2019, apenas tres años antes de su invasión sobre Ucrania, Vladimir Putin condecoró al presidente de la FIFA con la Orden de la Amistad rusa, después de que Infantino elogiara la organización del Mundial de 2018.

Pero el episodio que mejor define su modo de defender a los anfitriones llegó en Doha. En la víspera del Mundial de Qatar 2022, ante las quejas de organizaciones sociales por el trato del país a los trabajadores de las obras del Mundial, Infantino decidió abrir la primera rueda de prensa del torneo con un monólogo de casi una hora: “Hoy me siento qatarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento trabajador migrante”, aseguró, antes de reprochar a los europeos que dieran "lecciones morales”. Más adelante en su discurso, por si había dudas, Infantino admitió ser consciente de no pertenecer a ninguno de los colectivos nombrados, pero afirmó entender perfectamente sus luchas puesto que de niño “sufrió acoso escolar por ser pelirrojo”. Ante las preguntas de los reporteros, añadió que también se sentía mujer, ya que tiene tres hijas. 

Los datos contrastan con la retórica y los sentimientos de pertenencia a diversas minorías que Infantino experimentaba el día de su rueda de prensa. Una investigación de The Guardian reveló en 2021 que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladés y Sri Lanka habían muerto en Qatar entre 2011 —cuando le fue concedido el Mundial— y 2020. La cifra deja fuera a países como Filipinas y Kenia, desde donde también acudieron miles de trabajadores, aunque para los países incluidos contempla todas las causas de muerte y sectores laborales, no solo los relativos a las obras de los estadios. Sin embargo, los expertos consideraron “probable” que una “gran mayoría” de los fallecimientos estuviera directamente relacionada con las obras del Mundial. 

Qatar rebatió drásticamente la cifra: el comité organizador del torneo habló de tres muertes directamente vinculadas a la construcción de estadios y 37 por otras causas, aunque más tarde, su secretario general, Hassan al Thawadi, llegó a estimar entre 400 y 500 los trabajadores fallecidos en proyectos conectados con el torneo.

El patrón de blanqueamiento a los regímenes del Golfo se cerró con el premio mayor. En diciembre de 2024, la FIFA adjudicó el Mundial de 2034 a Arabia Saudí, única candidatura presentada. Un comunicado conjunto de 21 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, lo calificó de “momento de gran peligro” para los derechos humanos, y la Sport & Rights Alliance advirtió de que la FIFA había descartado sus propias políticas de derechos humanos a sabiendas del riesgo para los trabajadores y visitantes del torneo. 

Desde 2018 y hasta el Mundial de 2034, las cinco ediciones del torneo se habrán celebrado en cuatro países donde la homosexualidad —Qatar, Marruecos, Arabia Saudí— o su expresión pública —Rusia— se castiga con penas de cárcel, según datos del índice Equaldex.

Donald Trump cumplió su amenaza. Después de que Irán derribase el pasado lunes por la tarde un helicóptero Apache, el presidente de Estados Unidos anunció una respuesta "muy firme y muy potente" y así esta siendo. Además, ha asegurado que "¡El matón de Oriente Medio está muerto! [en referencia a Irán]"

El Apache derribado cayó cerca de Omán y sus dos pilotos fueron rescatados en una nueva operación del Ejército estadounidense y se encuentran "sanos y salvos e ilesos" como confirmó Trump en redes sociales.

La respuesta "proporcional a la agresión iraní injustificada" a este primer ataque ha sido una serie de ataques contra objetivos iraníes, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del Estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) durante esta madrugada.

Tras este ataque se han sucedido diferentes agresiones por parte de Irán. Los medios estatales iraníes como la agencia de noticias Fars informaban de explosiones en diversos puntos cercanos al Estrecho de Ormuz, en el sur de su país, mientras el ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchí, aseguraba en redes sociales que “Estados Unidos ha optado por poner a prueba nuestra determinación, pese a sus derrotas en el campo de batalla. Nuestras Poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ninguna amenaza o ataque sin contestar”.

“Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo. La historia del golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre destinos terribles de extranjeros entrometidos”, agrega el dirigente iraní.

En el comunicado que ha publicado Fars, Teherán advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir cualquier uso de su territorio por parte del Ejército estadounidense. Con este aviso, la república islámica 'se cubría las espaldas' para justificar así los ataques contra las bases estadounidenses en los vecinos Baréin y Jordania, mientras que Kuwait se vio obligado a activar su defensa antiaérea.

La Guardia Revolucionaria señaló que los objetivos en este ataque de represalia fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, —en Baréin— y una base aérea estadounidense en Jordania.

“Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros lenguajes con mucha mayor fluidez. Rompan sus compromisos, y cambiaremos a aquel en el que nos expresamos mejor”, ha escrito el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. “Se recoge lo que se siembra”.

Por su parte, el Ejército jordano dijo que interceptó cinco misiles lanzados por Irán por lo que no se han registrado "ni víctimas ni daños materiales", informa la Agencia de Noticias de Jordania.

Durante estos días, Irán e Israel también han intercambiado ataques, lo que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

Estos ataques provocaron la salida de Irán de la mediación para el alto el fuego que se está llevando en Pakistán. Lo hizo después de que Israel intensificara su ofensiva en Líbano, tras la entrada en juego de Hezbolá, y ordenara la evacuación de los suburbios chiíes al sur de Beirut con la intención de atacarlos. Con ese ambiente, fue entonces cuando Trump telefoneó a Netanyahu para pedirle que no atacara la capital libanesa ni sus alrededores. No sucedió. Israel bombardeó la zona vetada, Irán atacó a su vecino y el alto el fuego saltó por los aires.

El martes, pese a las llamadas de Trump pidiendo el cese de hostilidades, Israel mató al menos a 29 personas en la ciudad de Tiro, la mayor del sur de Líbano.

Pero Trump, que hasta este miércoles, era positivo en cuanto al fin de la guerra en Oriente Medio y aseguraba que la paz en la zona y entre ambos países podría llegar en “dos o tres días”, desde su red social ha asegurado que "Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!".

Asimismo, insinuó que su país está preparando nuevos ataques contra Irán: "Podría seguir adelante. (Los líderes iraníes) tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir", dijo Trump a Fox News.

El Ministerio de Defensa de Estados Unidos ha elevado al máximo nivel su alerta de contraespionaje en relación con Israel, según informaron el sábado 6 de junio varios medios de comunicación estadounidenses. Según NBC News, que cita a funcionarios estadounidenses, la capacidad israelí para llevar a cabo operaciones de espionaje humano y técnico habría alcanzado “un nivel crítico”.

Al parecer, Israel habría intentado espiar a varias figuras de alto nivel para obtener más información sobre “las deliberaciones internas y la toma de decisiones de la Administración Trump en relación con los conflictos en Oriente Medio”. Según el New York Times, los intentos de escuchas habrían tenido como objetivo, en particular, a Steve Witkoff, principal negociador de Donald Trump, y a Elbridge Colby, subsecretario de Política de Defensa.

El espionaje entre aliados no es nada nuevo, como bien nos recuerda el caso Pollard, el analista de inteligencia naval estadounidense detenido en 1985 por espiar para Israel. Lo que llama la atención aquí es la elección, manifiestamente deliberada, de hacer pública esta evaluación clasificada contra un Estado amigo y el momento en que se ha hecho: solo unos días después de las declaraciones recogidas por Axios sobre la tensa conversación entre el presidente estadounidense y Benjamín Netanyahu.

El 1 de junio, Axios reveló una conversación bastante acalorada entre los dos líderes. Al parecer, Donald Trump llamó al primer ministro israelí “puto loco”, exigiéndole que Israel aceptara un alto el fuego con Hezbolá, añadiendo: “Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por eso”.

Según Reuters, responsables israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que esa conversación había sido “una de las más tensas” que los dos líderes habían mantenido jamás, al tiempo que subrayaban que esta filtración perjudicaba a Netanyahu, dado como perdedor en las encuestas a medida que se acercan las elecciones legislativas en Israel.

El propio Trump confirmó esa tensión, aunque suavizando los términos, el miércoles 3 de junio en el New York Post. Se mostró “algo preocupado” de que Netanyahu “se pelee sin cesar con el Líbano”, para luego matizar: “Hemos trabajado muy bien juntos.” Lo mismo insisten sus allegados. Según un responsable estadounidense citado por Reuters, la relación entre ambos sigue siendo excelente, y ambos “amigos” no tienen reparos en mantener “conversaciones bastante francas”.

Por su parte, el primer ministro israelí restó importancia a la disputa al afirmar que comparte con Trump, “el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”, el mismo objetivo de desarmar a Hezbolá para lograr la paz entre Israel y el Líbano: “Podemos estar en desacuerdo por la mañana y, por la tarde, llevar a cabo una acción conjunta”.

¿Juegan a engañarse o hay una tensión real? En cualquier caso, ambos están lejos de la sintonía mostrada en enero de 2025, tras la toma de posesión de Donald Trump para un segundo mandato. Benjamín Netanyahu, el primer dirigente extranjero recibido en la Casa Blanca, ya le había otorgado entonces el título de “el mejor amigo que Israel haya tenido jamás”, agradeciéndole que hubiera levantado el embargo sobre las bombas pesadas heredado de Joe Biden y anulado las sanciones económicas —ciertamente insignificantes, pero muy simbólicas— impuestas contra varios colonos israelíes acusados de actos violentos contra palestinos en la Cisjordania ocupada.

Llama la atención una frase de Donald Trump recogida por Axios, sobre todo viniendo de él, que suele utilizar la ira como herramienta de presión. “Sin mí, estarías en la cárcel.” Si es auténtica, marca un punto de inflexión: el presidente estadounidense se presenta explícitamente como el escudo judicial de Benjamín Netanyahu, contra quien pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, emitida en noviembre de 2024. Al volver al poder, ha neutralizado en gran medida esa presión. El mensaje es una amenaza de fondo: “Yo te protejo; si te dejo solo caes.”

Los intereses de ambos líderes ya no coinciden del todo. Bajo la presión de su base Maga (Make America Great Again), que le reprocha hacer exactamente lo que prometió que no haría, pero también de una opinión pública hostil a la guerra —un fiasco— y cada vez más preocupada por sus consecuencias económicas, Donald Trump quiere un acuerdo con Irán.

Teherán exige que Israel deje de atacar el Líbano, una condición fundamental en las negociaciones, al igual que el tema nuclear o el cierre del estrecho de Ormuz. En respuesta a las operaciones militares israelíes, Irán suspendió a principios de junio todos los contactos indirectos con Washington, lo que descarriló la iniciativa diplomática estadounidense.

Atrapado entre las exigencias de sus aliados de extrema derecha —que rechazan cualquier alto el fuego y le empujan a ir lo más lejos posible contra Irán y el Líbano— y un Trump cada vez más ansioso por zanjar un conflicto que se ha convertido en una losa electoral a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, Netanyahu, cuya única perspectiva para mantenerse en el poder es seguir en guerra, no tiene ningún interés en facilitar un acuerdo entre Washington y Teherán. A pocos meses de unas elecciones legislativas que podrían adelantarse a finales de agosto, cualquier concesión a Donald Trump podría costarle votos.

Tanto para Netanyahu como para Trump, la cuestión ya no es si aún pueden ponerse de acuerdo o no, sino hasta dónde puede permitirse cada uno ceder ante el otro.

Traducción de Miguel López

El futuro tecnológico que dicta Silicon Valley no está escrito en piedra. Cientos, miles, quizá millones de plumillas harán falta para contar una historia distinta sobre el siglo XXI. Créanme, el fin del trabajo no es la utopía socialista anhelada: alguien tendrá que narrar lo que venga después, y a nuestras máquinas de escribir inteligentes no les quedan tantos años de energía. Pero parece que a muchos periodistas se nos ha olvidado, entre el ritmo cacofónico del capitalismo lingüístico del clickbait, que las palabras crean mundos. Fue en algún momento entre la crisis de las puntocom y el crash financiero global que se nos extravió la concepción material de nuestra práctica. En la era en la que las plataformas han roturado el suelo sobre el que se cuentan los sucesos, los periodistas somos formalmente libres de escribir cualquier cosa y de hacerla llegar al planeta entero. Pero solo si esa información genera engagement social, si se vuelve viral, es decir, si en último término produce interacciones que maximizan el beneficio y abaratan el coste de cada artículo. Más impactos, más feedback, más publicidad dirigida vendida. 

No es solo que hayamos perdido el poder sobre las imprentas, es que las imprentas se han convertido en oleoductos tecnológicos, y los periodistas en los operarios que extraen el crudo para que los tech bros lo refinen de la manera en que mejor se adapte a su visión del mundo. Y así seguirá siendo mientras las infraestructuras que organizan la opinión pública –los servidores, los algoritmos, las métricas, los sistemas de reputación e identidad, las redes neuronales– pertenezcan a Google y a Meta. La imprenta digital de estas empresas ha colonizado los últimos reductos del mundo de la vida democrática; esa esfera donde el difunto Habermas situaba la conversación, el diálogo y la deliberación cotidiana. En los últimos años se han privatizado los mecanismos que sostienen la atención pública sobre lo que se cuenta. La racionalidad sistémica del dinero y del poder tecnológico ha dejado de presionar desde fuera a los guardianes de la información para censurar artículos: el periodismo del caso Watergate murió para siempre en 2007 y ahora su herencia se reparte entre patrimonios construidos en la nube. 

Jeff Bezos compró el Washington Post por 250 millones y, una década después, su lema pasó de “la democracia muere en la oscuridad” a una defensa de “las libertades personales y el libre mercado”. Patrick Soon-Shiong adquirió Los Angeles Times, y poco después una inteligencia artificial reetiquetaba los artículos de opinión según el “sesgo” del accionista. Elon Musk pagó 44.000 millones por Twitter para que sus algoritmos ocultaran los enlaces a la prensa progresista. El hijo de Larry Ellison –fundador de Oracle, cuarto hombre más rico del mundo– se sienta sobre el accionariado de CBS News. Marc Benioff, CEO de Salesforce, compró Time y la convirtió en púlpito de su “capitalismo de stakeholders”. Los ejemplos son interminables: Laurene Powell Jobs con The Atlantic, John Henry con el Boston Globe, Joe Mansueto con las revistas Fast Company e Inc. 

Si los medios de comunicación han sucumbido a los magnates tecnológicos es porque fueron los primeros en caer en el fetiche de que la digitalización era sinónimo de innovación. Esa es la conclusión del libro Despertar del sueño tecnológico, que escribí en 2019. La crisis económica no solo se llevó por delante a millones de editores, corresponsales, cronistas, colaboradores de toda índole, sino también el modelo de negocio que los sostenía. La ideología solucionista de Silicon Valley predicó un futuro tecnológico ante el cual las redacciones debían someterse para no quedar fuera del nuevo siglo, mientras les entregaba sus poderosas herramientas de analítica, engagement, optimización y embudos de conversión. Pongamos los ejemplos del Digital News Innovation Fund (DNI) / Google News Initiative y del Facebook Journalism Project. Presentados como ejercicios de filantropía para combatir la desconfianza hacia los medios, funcionaron como un caballo de Troya para “capturar el periodismo”. El gran capital tecnológico –no los directores de las cabeceras, ni mucho menos los sindicatos de periodistas– decidió qué problemas merecían solución y en qué términos. Por eso la única condición para acceder a las becas de Silicon Valley era que las tecnologías fueran monetizables. Y progresivamente se transformó la naturaleza institucional de los periódicos. Las redacciones se convirtieron en laboratorios de I+D y los periodistas en científicos de datos.

El Washington Post desplegó Heliograf, un sistema que en su primer año publicó 850 artículos automatizados. The New York Times delegó parte de la moderación de sus comentarios en Perspective API, un algoritmo de Google que decide si las intervenciones del lector son admisibles en el debate público. El Mundo recibió financiación de Google para implementar Content Intelligence, un modelo de aprendizaje automático diseñado para maximizar los ingresos publicitarios de cada artículo. Público desarrolló el Transparent Journalism Tool, un sistema que cuantificaba el coste exacto de producir cada pieza para luego recibir micropagos. La agencia británica Press Association construyó RADAR, un servicio capaz de generar 30.000 historias locales automatizadas al mes a partir de bases de datos públicas, distribuidas hoy a cientos de medios regionales que en su mayoría han ido prescindiendo de los reporteros en los últimos años. Incluso los periodistas que recibían dinero para proyectos de test A/B en Google Analytics alimentaron durante años los modelos lingüísticos que terminarían sustituyéndolos. Detrás de todo también está el trabajo gratuito del ejército de periodistas precarios que labran su marca online produciendo contenido viral en las redes sociales de Meta, y el trabajo invisible de las redacciones que rellenan el cuadro de indexación para aumentar el tráfico en el motor de Google.

Las cosas no mejorarán con la llegada de la IA. Los estudios confirman que la dependencia de las redacciones respecto a las plataformas no desaparecerá. Se volverá “invisible”. Más que en algoritmos inmateriales, la imprenta digital se sostiene en cables submarinos, puntos de intercambio, CDNs, centros de datos y servicios cloud. Hasta el prestigioso Columbia Journalism Review concluye que la complejidad técnica de la IA está generando nuevos lock-ins donde los medios grandes consiguen acuerdos especiales para acceder al desarrollo de los modelos de frontera mientras los medios locales, pequeños y del Sur Global quedan rezagados, lo que reduce la diversidad de los contenidos y de los modelos futuros. Según el consenso de las revistas académicas especializadas en periodismo, el giro hacia la IA monopolizará para siempre el poder de definir qué es una noticia. Las respuestas a los problemas de los medios no vendrán de Palo Alto, y tampoco las soluciones. Debemos liberarnos del mito originario de la inteligencia artificial.

Al fin y al cabo, como polemizó Evgeny Morozov en The Guardian, “la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial”. No hay ejemplo que mejor ilustre esto que una redacción periodística. Todo sistema inteligente necesita del trabajo creativo de los plumillas, así como de las instituciones culturales y mediáticas que se han ido construyendo en los últimos siglos de historia. La “inteligencia artificial” es siempre “inteligencia colectiva”: el archivo acumulado de periódicos y revistas, los criterios de edición, las relaciones con autores, los rituales de presentación, el diseño tipográfico reconocible, la disposición física de los periódicos en los quioscos, el hábito de los lectores. Todo ese conjunto material y social incorpora una forma de ver el mundo que no se almacena en ninguna superinteligencia. Vive en la práctica comunicativa de seleccionar, editar y distribuir; exige ciertos gestos y excluye otros, produce sentido donde antes no había más que palabras sueltas. 

Para salir del fetichismo de la IA generativa y de la excepcionalidad algorítmica, el filósofo brasileño Álvaro Vieira Pinto nos invita a pensar que ninguna tecnología es meramente moderna. No existe un salto cualitativo entre el escriba medieval, el linotipista del siglo XIX, el ludita del Washington Post que en los setenta saboteó las rotativas industriales y la red neuronal entrenada con el archivo digitalizado de un periódico que escribe los artículos automáticamente. Los humanos, y también los periodistas, siempre hemos sido tecnológicos: observamos la realidad y reflexionamos sobre las fuerzas naturales, nos abstraemos creando formas de conocimiento y desarrollando métodos para transmitirlos, y lo aplicamos sistemáticamente para transformar el mundo mediante proyectos tan ambiciosos como lo fue la imprenta de Gutenberg.

Las máquinas son siempre extensiones del poder creativo, reflexiona Vieira Pinto. Lo único que las vuelve deshumanizadoras son las relaciones sociales en las que se inscriben, la división del trabajo intelectual y la propiedad privada. Es por eso que debemos recuperar la lección del periodismo ilustrado: la profundidad del lenguaje, el pensamiento conceptual y el uso de la palabra son tecnologías de creación de mundos. Pero solo si renunciamos a que el mercado sea la única institución para codificarlos en la esfera pública. La información no puede ser una mercancía, los regímenes de verdad no pueden estar sometidos a la competencia. Como decía Raymond Williams, “una sociedad libre requiere que los medios de comunicación sean elementos de educación extendidos, infraestructuras democráticas que van más allá de la mera transmisión de mensajes entre emisor y receptor”. La comunicación es siempre un proceso de comunidad: compartir significados, actividades y finalidades comunes; proponer, recibir y comparar nuevos significados, que llevan a los logros del progreso social. 

Pensar la inteligencia artificial requiere hacerlo fuera del modelo hegemónico de las plataformas. Recordemos el debate sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación que ocupó a la UNESCO y al Movimiento de Países No Alineados durante los años setenta y ochenta. Una comisión experta, presidida por el premio Nobel Seán MacBride, elaboró una serie de recomendaciones para democratizar el orden informativo mundial, promover la paz y el desarrollo humano. El informe resultante, Many Voices, One World, defiende que los medios tienen nuevas tareas sociales, que el acceso a la información es un recurso esencial para construir un mundo interdependiente, respetuoso con las identidades culturales y los derechos individuales, y que la comunicación es un derecho democrático fundamental. 

Este proyecto fracasó estrepitosamente por culpa de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero sentó las bases para muchas otras formas de entender las tecnologías. Indymedia fue el primer ensayo planetario de periodismo ciudadano construido desde los movimientos de alterglobalización, donde la lucha por el software libre se entrelazaba con la batalla por el conocimiento abierto. WikiLeaks demostró que la información puede emplearse para revelar elementos de la realidad que muchas veces la propiedad privada del conocimiento esconde. Wikipedia nació con un gesto similar, pero recordando que las bibliotecas y archivos existen desde hace siglos al margen de las leyes de la propiedad intelectual. 

La tarea utópica en el presente es construir un nuevo stack: mapear los experimentos del pasado y del presente que han creado nuevos mundos, desarrollar las herramientas necesarias para diseñar qué tipo de vida en común queremos y, sobre ese mapa, levantar una pila de instituciones radicalmente distinta a la que la Costa Oeste estadounidense nos ha vendido durante quince años. Aplicado al periodismo y a la inteligencia artificial, ese stack pasa, en primer lugar, por modelos de propiedad alternativos. 

Existen al menos 29 cooperativas periodísticas internacionales donde los lectores tienen voto sobre la línea editorial y existen tecnologías de deliberación democrática como Decidim para debatir sobre los temas que merecen ser narrados y con qué enfoques. Frente a la falsa dicotomía entre rentabilidad y servicio público, caben plataformas digitales en propiedad de los trabajadores, los usuarios o ambos. Imaginemos además que cada ciudadano dispone, junto con su renta básica y cesta de servicios digitales gratuitos, de un crédito anual destinado a financiar los medios cooperativos que él mismo elija.

Pasa, en segundo lugar, por construir infraestructuras públicas e internacionales de innovación tecnológica que socialicen las herramientas de visualización, investigación y creación. Fondos que faciliten el florecimiento de iniciativas individuales, que permitan escalar las más sostenibles con servidores y archivos comunes y sobre los cuales se levanten las imprentas digitales. La creación de consorcios internacionales de investigación para publicar exclusivas mundiales sobre corrupción prueba que el modelo en red multiplica la capacidad del periodismo, siempre y cuando se construya sobre la solidaridad y el reparto de la visibilidad entre medios de comunicación. 

Pueden desarrollarse, también, small language models de código abierto (menos de 10.000 millones de parámetros) alojados en centros de datos de titularidad pública y entrenados con datos verificados. Muchas informaciones importantes en los últimos diez años han salido de redes mixtas de investigación forense ciudadana donde un arquitecto, un programador, un vecino y un periodista reconstruyen bombardeos, masacres, accidentes industriales con imágenes abiertas. Hasta pueden fomentarse materiales pedagógicos y culturales colaborativos, lo que evitaría que cada redacción tenga que pagar cantidades millonarias a Silicon Valley por token usado.

Los medios públicos como “infraestructura crítica democrática” requieren redes federadas interdisciplinares –ya bosquejadas en el Fediverso, Mastodon, Lemmy, Peertube o en decenas de protocolos como ActivityPub– capaces de curar la esfera pública sin necesidad de algoritmos de estandarización ni publicidad dirigida (como hace The Syllabus), lo que además devolvería al lector la posibilidad de descubrir lo genuino y al periodista la libertad creativa. Los servidores interoperables permiten que cada instancia se autogobierne, que el lector deje de ser un espectador y pase a ser productor, transformando así las condiciones técnicas en las que la información se produce y distribuye. Si el algoritmo es, además, modificable, se adaptará a las decisiones que vayan tomando las distintas comunidades. Sobre esa base podrían levantarse escuelas populares de OSINT, de uso de IA, de archivos digitales y de redacción.

Ese stack alternativo pasa por institucionalizar lo invisible de la comunicación cotidiana: que un artículo escrito por el periodista de cualquier medio pueda dialogar con un archivo público de libros, con una base de datos científica abierta, con otra crónica local, con conversaciones grabadas en museos, bibliotecas y espacios autogestionadas, o con el enorme ecosistema de pódcasts. Y todo con un modelo lingüístico entrenado sobre el procomún que permita a cada ciudadano llevar a cabo ese viaje, si quiere como lector, pero también con las capacidades adquiridas para tomar la palabra. Solo entonces podrán convivir las tecnologías y los periodistas, cuando las prácticas que ya están naciendo dejen de ser experimentos aislados y se nombren y se compartan para generalizarse. 

Las prácticas que harán posible la convivencia entre tecnología y periodismo ya existen. Falta nombrarlas, compartirlas y multiplicarlas hasta que dejen de ser algo excepcional. 

*Ekaitz Cancela es escritor, investigador y editor. Autor de ‘Utopías digitales. Imaginar el fin del capitalismo’ (Verso Libros, 2023).