En este verano de 2026, el panorama político de América Latina ha adquirido un matiz aún más azul —si consideramos que ese es el color de los conservadores—, con la toma de posesión de dos presidentes de extrema derecha: Keiko Fujimori en Perú el 28 de julio y, diez días después en Colombia, Abelardo de la Espriella, un abogado sin experiencia en política, apodado 'El Tigre'.

La ceremonia de toma de posesión del colombiano, celebrada el viernes 7 de agosto en Cali, puso de manifiesto hasta qué punto responde al estilo trumpista, tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma, exhibe una imagen y un estilo caracterizados por la exuberancia, el mal gusto y el espectáculo. En cuanto al fondo, reproduce —adaptándolo a las condiciones locales— un modelo estadounidense que propicia el triunfo de un nacionalismo cristiano abiertamente hostil a los derechos universales y al multilateralismo.

Abelardo de la Espriella, recién convertido al catolicismo, reúne a su alrededor a católicos conservadores y a evangélicos. Se trata de la misma coalición que, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe (jefe de Estado de 2002 a 2010), había propiciado el rechazo del referéndum sobre los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el argumento de que defendían una “ideología de género”, una terminología conservadora para referirse a los estudios de género.

Incluso antes de tomar posesión de su cargo, De la Espriella invitó a los miembros de su futuro Gobierno a un “retiro espiritual” a las afueras de la ciudad de Barranquilla, en la costa del Caribe, donde se encuentra su gabinete y donde tiene previsto instalarse para gobernar.

Abelardo de la Espriella y sus ministros rezaron mucho, vieron escenas de la vida de Jesús recreadas mediante inteligencia artificial y escucharon a un sacerdote y a un pastor. Se repartieron Biblias. “Para construir una gran nación, hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, declaró el presidente electo, de 48 años, al final de la jornada, a pesar de que Colombia es un Estado laico. La Constitución de 1991 derogó la de 1886, que establecía el catolicismo como religión de Estado, en favor de una separación oficial entre Iglesia y Estado.

Para dejar bien clara su voluntad de ruptura, De la Espriella organizó su toma de posesión fuera de la capital, Bogotá, un bastión tradicional de la izquierda. Así pues, fue en Cali, en el suroeste, donde convocó al Congreso y recibió a invitados de todo el mundo, entre los que se encontraban el rey Felipe VI de España y el representante de Trump, el fiscal general Todd Blanche.

Allí se pudo ver a las figuras latinoamericanas de esta ola reaccionaria: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, el hondureño Nasry Asfura y el paraguayo Santiago Peña. Una ausencia destacada fue la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, una de las fuentes de inspiración de la Espriella, quien envió a su número dos, Félix Ulloa, que explicó a los medios colombianos que “el presidente Bukele viaja muy poco porque está centrado en los asuntos internos de El Salvador”.

Pero, aunque Bukele no estuviera presente, su influencia no por ello es menos real. De la Espriella ha hecho suyo el discurso de seguridad del “caudillo” salvadoreño. Dice que quiere construir “megacárceles”, diez en total, para luchar contra los “bandidos”, precisamente cuando, el domingo 9 de agosto, recomenzaron los enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas disidentes de las FARC, especialmente en el Cauca, cerca de Cali.

Cuenta con el apoyo militar de Estados Unidos, aliado tradicional de Colombia, y de Israel, país con el que ha restablecido las relaciones diplomáticas, que habían sido rotas por su predecesor de izquierdas Gustavo Petro tras la ofensiva militar israelí en Gaza.

El proyecto inicial de Abelardo de la Espriella para su ceremonia de investidura consistía precisamente en prestar juramento en un cuartel, con el fin de mostrar su voluntad de restablecer el orden en un país devastado por la violencia de los grupos guerrilleros y paramilitares, en un contexto de narcotráfico. Pero Gustavo Petro, que en ese momento aún era comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se opuso a ello.

Abelardo de la Espriella logró eludir esta prohibición e impuso en el último momento al programa previsto una secuencia de “invocaciones y alabanzas”, que situó justo después de la entrega de la banda presidencial por parte del presidente del Congreso. Apagaron las luces para dar paso a ese momento de fe extrema, marcado por la intervención de un rabino, un pastor y un obispo. Abelardo de la Espriella aprovechó para retirarse y dirigirse a los militares para pronunciar su discurso. Una intervención culminada con un “¡Viva Cristo Rey!”.

Abelardo de la Espriella también podría haber alabado en su discurso al “rey Trump”, pues su llegada al poder coincide, de hecho, con la voluntad de Washington de recuperar el control del subcontinente. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reactivado la “doctrina Monroe” y ha dejado clara su voluntad de controlar el “patio trasero” latinoamericano, ya sea a través de aliados como De la Espriella o imponiendo su voluntad a gobiernos hostiles.

Esto se ha podido observar de forma espectacular en Venezuela desde principios de año. Desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Nueva York, acusado de tráfico de drogas, se ha establecido un “protectorado”. Gracias a la ayuda de la presidenta Delcy Rodríguez, Washington gestiona el petróleo, las finanzas y el comercio exterior. Una especie de “Maga-chavismo” totalmente sorprendente.

“Es una auténtica novedad político-militar que, sin embargo, no deja de suscitar interrogantes sobre la nueva política económica de apertura, la dinámica de un Gobierno tutelado, el papel de las Fuerzas Armadas y del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), así como el de la boliburguesía [burguesía bolivariana, los que se han enriquecido con el régimen chavista —ndr]. Un equilibrio manifiestamente inestable e incierto”, escribía en marzo en la web Nueva Sociedad el economista venezolano Manuel Sutherland.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, descendiente de una familia cubana e hispanohablante, es la pieza clave de la estrategia de Trump en el subcontinente. El presidente incluso había sugerido a principios de año que podría enviarlo a Caracas para gobernar el país. Su entorno había aclarado de inmediato que se trataba de una broma. Pero, de facto, tal y como ha destacado el New York Times, el secretario de Estado ya gobierna Venezuela desde Washington.

Para el “virrey” Rubio, sin embargo, el panorama no estará completo si Cuba no sigue el mismo destino. Evidentemente, por razones personales, ya que su familia es originaria de la isla, pero también para vengarse de la afrenta que supuso la victoria de la revolución castrista en enero de 1959. Para ello, a Washington le gustaría replicar la experiencia venezolana, pero eso no parece tan sencillo.

El viernes 7 de agosto, el New York Times señalaba la dificultad que tiene la administración de Trump para encontrar, dentro del poder cubano, líderes tan conciliadores como Delcy Rodríguez. La situación, añadía el diario, se asemeja más a la de Irán, donde quienes podrían sustituir a los actuales dirigentes no se caracterizan precisamente por su voluntad de conciliación.

El NYT reveló que la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, había creado un grupo de trabajo dedicado a Cuba, “una señal de que la Administración Trump ha puesto en marcha medidas destinadas a llevar a cabo una campaña de presión más concertada contra el Gobierno cubano con el fin de obligarlo a realizar los cambios exigidos por el presidente Trump”.

Dado que las negociaciones celebradas entre febrero y mayo no dieron ningún fruto, Estados Unidos intensificó su presión, además del bloqueo impuesto a la isla, sobre los suministros de petróleo. Impusieron sanciones a Gaesa, un consorcio controlado por los militares. Creado en la década de 1990, sus actividades abarcan el turismo, las importaciones, las telecomunicaciones y las zonas francas. Raúl Castro, de 95 años, hermano de Fidel Castro (1926-2016), quien dirigió Cuba hasta 2018, fue imputado en mayo por un tribunal de Miami.

Los únicos países que se resisten a este torbellino reaccionario y que no están incluidos en la recién creada coalición de Trump, The Shields of the Americas (El Escudo de las Américas), son México, Uruguay y Brasil. En este último se celebrarán elecciones en octubre de este año. Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño saliente y candidato a la reelección, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.

Pero el apoyo de Trump, a quien Flávio Bolsonaro visitó en junio, podría resultar contraproducente debido a los nuevos aranceles estadounidenses anunciados en julio y a las amenazas de Washington contra el popular método de pago Pix (que elude los sistemas Visa y Mastercard). Si, a sus 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a ganar, Brasil seguirá siendo un punto rojo rodeado de azul en el mapa del subcontinente.

Traducción de Miguel López

Estados Unidos ha puesto su ojo, su cartera y sus cañones en América Latina, un territorio que siempre ha considerado como su patio trasero. Nueve meses después de aprobar la Estrategia de Seguridad Nacional, Donald Trump hace caja en su protectorado de Venezuela mientras marca con una cruz los países en los que va sumando aliados que replican el guion del populismo reaccionario. La injerencia de Washington en la región se despliega sin sutilezas y conlleva contrapartidas económicas y comerciales. El caso más evidente es el del petróleo venezolano, un suculento negocio para la Casa Blanca desde que ordenó el secuestro de Nicolás Maduro en Caracas a principios de año.

Trump no lo pudo expresar más claramente la semana pasada en Las Vegas. “Al vencedor le pertenecen los despojos”, llegó a decir en referencia al gigantesco botín de guerra incautado, las mayores reservas de crudo del planeta: “Estamos tomando mucho petróleo de Venezuela. Miles de millones de barriles de petróleo. Como saben, fue una guerra de 48 minutos y pagamos esa guerra con lo que obtuvimos de allí, muchas, muchas veces más. Es la vieja forma de hacerlo, ¿verdad?”.

La agresión militar contra Venezuela, ejecutada en la madrugada del 3 de enero, descabezó al régimen chavista e impuso una sucesión con la exvicepresidenta Delcy Rodríguez como interlocutora privilegiada. Washington pasó a controlar con mando a distancia el jugoso negocio petrolero del país. Según cálculos del diario Financial Times basados en registros de la plataforma de seguimientos marítimos Kpler y estimaciones de precios de materias primas de la compañía Argus, Estados Unidos habría recaudado ya unos 13.000 millones de dólares procedentes de la venta de crudo venezolano. El dinero de la factura petrolera se administra a través del Departamento del Tesoro, según una orden ejecutiva aprobada en enero. Aunque en principio esos ingresos deben ir destinados a la estabilización económica de Venezuela, la Casa Blanca no ha suministrado información al respecto, una falta de transparencia que han denunciado varios congresistas demócratas.

Mientras en Venezuela se afianza el régimen de protectorado, Estados Unidos ha ido moviendo sus piezas en el tablero latinoamericano durante todo el año para cumplir lo expuesto en la Estrategia de Seguridad Nacional. El denominado corolario Trump o doctrina Monroe —una revisión de la consigna “América para los americanos” que hiciera célebre el presidente James Monroe en 1823— resume en pocas líneas el interés de Washington en controlar Latinoamérica: “Tras años de descuidos, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental. Para proteger nuestra patria y nuestro acceso a puntos clave de la región, negaremos a nuestros competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas […] o de poseer activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.

Sin mencionar a China, el objetivo último de la nueva política norteamericana con respecto al “hemisferio occidental” es expulsar al gigante asiático de un territorio que Washington considera una extensión de sus fronteras. Durante las últimas décadas, Pekín se ha asentado en la zona con grandes inversiones económicas y un intercambio comercial que no ha parado de crecer. Trump quiere cortar esos lazos y para ello precisa de la colaboración de gobiernos aliados.

Para reafirmar su posición de fuerza, el Departamento de Estado publicó el martes un vídeo en la red X en el que repasa los “hitos” de la Doctrina Monroe desde sus inicios para frenar la recolonización del continente por parte de las potencias europeas hasta la caída de Maduro. No es casual que la presentación del material propagandístico haya corrido a cargo del embajador norteamericano en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Al iniciar su segundo mandato en enero de 2025 Trump no ocultó su deseo de retomar el control del canal de Panamá y frenar la expansión china en ese país, una idea que nunca ha desechado por completo.

“La Doctrina Monroe ha moldeado la política exterior de EEUU durante más de dos siglos”, señala el Departamento de Estado en un mensaje en el que se resaltan las declaraciones hechas en su día por Trump: “Bajo nuestra estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”.

En el documento aprobado en diciembre se advierte de que Estados Unidos “alentará” la llegada al poder de partidos y movimientos políticos afines a sus intereses en materia de control migratorio, combate al narcotráfico y una política de libre mercado que favorezca a las empresas estadounidenses. El intervencionismo se ha erigido en un arma fundamental para implantar la hegemonía política, económica y comercial de Washington.

Poco antes de que se aprobara la Doctrina Monroe, Trump ensayó la fórmula en Argentina. Javier Milei estaba contra las cuerdas en octubre de 2025 tan sólo unas semanas antes de que se celebraran las elecciones legislativas de medio mandato. Sin reservas de divisas en el Banco Central, la oposición peronista se frotaba las manos ante una inminente debacle electoral de La Libertad Avanza, el partido del histriónico presidente argentino. La Casa Blanca intervino rápidamente girando un préstamo de 20.000 millones de dólares a Buenos Aires, una maniobra que cambió el rumbo de la campaña.

Otro ensayo más se produciría semanas después en Honduras, laboratorio del juego sucio que la Casa Blanca aplica en la región. El apoyo de Trump al ultraconservador Nasry 'Tito' Asfura fue decisivo en su triunfo electoral. “¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente!”, escribió el mandatario norteamericano en su red social unos días antes de los comicios. Al mismo tiempo, la Administración estadounidense indultaba al expresidente derechista Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.

En los primeros días de 2026 Trump resucitaba la denominada diplomacia de cañoneras de Monroe. Cientos de aeronaves bombardeaban Caracas mientras un comando de la Delta Force secuestraba a Maduro y su mujer, Cilia Flores, en una operación relámpago. Fue una maniobra a la antigua usanza, como dijo Trump la semana pasada, un golpe de Estado de manual, como los perpetrados por fuerzas locales apoyadas por la CIA en la Guatemala de Jacobo Arbenz en 1954 o en el Chile de Salvador Allende en 1973.

Al expresidente colombiano Gustavo Petro no hizo falta derrocarlo. Su mandato expiraba este año y Estados Unidos decidió esperar pacientemente hasta la celebración de elecciones en mayo y junio. Tanto la candidata del uribismo, Paloma Valencia, como el ultra Abelardo de la Espriella encajaban en el perfil demandado por el Departamento de Estado. De la Espriella barrió a la derecha tradicional en la primera vuelta y se impuso más tarde al progresista Iván Cepeda por un estrecho margen de votos. Petro y Cepeda denunciaron la injerencia de la Casa Blanca en el proceso electoral. Admirador de Trump, donante de su campaña y nacionalizado estadounidense, el flamante presidente de Colombia es un clon criollo de su mentor republicano. Tras tomar posesión de su cargo el pasado 7 de agosto, recibió el primer regalo de Washington: un cheque de mil millones de dólares para políticas de seguridad.

Previamente había entrado en el club otro socio estratégico: Perú. La victoria de la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (ya fallecido y quien fuera condenado por delitos de lesa humanidad), fue mucho más ajustada que la obtenida por De la Espriella. Keiko derrotó al izquierdista Roberto Sánchez gracias a los votos de los peruanos residentes en el extranjero. Tanto Colombia como Perú han confirmado su participación en el Escudo de las Américas, el ambicioso proyecto militar de Trump para combatir al crimen organizado.

Con los triunfos electorales de Fujimori y De la Espriella, el mapa de América Latina ha quedado trufado de gobiernos de derecha y extrema derecha afines, en mayor o menor medida, al ideario trumpista. El Salvador (Nayib Bukele), Panamá (José Raúl Mulino), Costa Rica (Laura Fernández), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña), Argentina (Javier Milei), Chile (José Antonio Kast) y Bolivia (Rodrigo Paz) han mostrado su sintonía con el magnate republicano.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, centran ahora sus esfuerzos en la isla que ha desafiado a Estados Unidos desde 1959. El ilegítimo bloqueo petrolero impuesto por Washington a Cuba se prolonga ya durante varios meses y ha dejado al país al borde del abismo. Como en el caso venezolano, el interés de la Casa Blanca es tanto político como económico. Si La Habana cae, Trump y Rubio brindarán por el fin de la Revolución y también por el reparto del negocio turístico para las empresas norteamericanas (tras la fuga obligada de las españolas), entre otros “despojos” que arrebatarán a los vencidos.

Mientras Cuba se tambalea y sus gobernantes hacen malabares para abrazar la vía vietnamita como mecanismo de supervivencia, en el Despacho Oval se preocupan ya por la verdadera joya de la corona latinoamericana: Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un cuarto mandato en octubre. Su rival será Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por golpismo. La Casa Blanca debe hilar fino para aupar al candidato de la ultraderecha sin que el sentimiento nacionalista encumbre aún más a Lula, como ocurrió con la guerra de los aranceles.

América Latina no ha sido ajena al tsunami trumpista que sacude medio mundo y que las redes sociales y determinados medios de comunicación se encargan de propagar. La pobreza y la desigualdad, verdaderos obstáculos para el progreso de los países latinoamericanos, han dejado de ser asuntos prioritarios en las agendas públicas. Ahora, la seguridad y el control migratorio ocupan ese espacio, un marco emocional claveteado hasta la extenuación en la esfera de la opinión pública por los epígonos latinos del inquilino de la Casa Blanca. Así se explica que un depredador de los derechos humanos como Bukele, que ha encarcelado en El Salvador a cientos de inocentes en su lucha contra las pandillas, sea considerado un ejemplo a seguir.

La izquierda, mientras, se repliega en los dos reductos progresistas que resisten en Latinoamérica: México y Brasil. Desde algunos púlpitos mediáticos y think tanks se achaca en parte el auge de la extrema derecha al supuesto fracaso de los gobiernos de izquierdas precedentes. Sin embargo, si bien la corrupción ha sido transversal a uno y otro lado del espectro político, las transformaciones sociales fueron una realidad, con mayor o menor intensidad, en el Brasil de Lula, la Venezuela de Chávez, la Argentina de los Kirchner, el Ecuador de Correa y, más recientemente, en el México de López Obrador y Sheinbaum y la Colombia de Petro.

De momento, el oleaje ultraconservador parece imparable. La doctrina Trump cabalga a rienda suelta en América Latina.

Un médico de 41 años, hijo de un inmigrante egipcio, acaba de dar una lección de política que conviene explicar bien, porque tiene mucho más que ver con España de lo que parece a primera vista. Se llama Abdul El-Sayed, ha ganado las primarias demócratas al Senado en Míchigan y lo ha hecho a pesar de que el lobby proisraelí más poderoso de Estados Unidos se gastó una fortuna para impedirlo. Vayamos por partes.

Antes de ser candidato, El-Sayed fue médico epidemiólogo. Nació el 31 de octubre de 1984 en Rochester Hills, un suburbio de Detroit, hijo de un ingeniero egipcio inmigrante. Estudió en la Universidad de Míchigan, se doctoró en Oxford como becario Rhodes y se sacó la carrera de Medicina en Columbia, donde llegó a dar clases de epidemiología.

Pero lo suyo no ha sido la consulta médica, sino la gestión pública. En 2015 se puso al frente del Departamento de Salud de Detroit, una ciudad que salía de la quiebra y necesitaba reconstruir sus servicios básicos desde cero. Después dirigió la sanidad y los servicios sociales del condado de Wayne, el más poblado de Míchigan, con 1,8 millones de habitantes. En ese cargo hizo cosas muy concretas: quitó el plomo de las tuberías de las escuelas, generalizó el acceso a la naloxona para revertir las sobredosis y puso en marcha un plan que cancelará hasta 700 millones de dólares de deuda médica a 300.000 personas.

Es decir: no es un influencer reconvertido en político. Es un gestor público con resultados medibles, algo que conviene subrayar en tiempos de perfiles políticos hechos solo de titulares.

Tampoco es la primera vez que se presenta a unas elecciones. En 2018 fue a por la gubernatura de Míchigan con el apoyo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y perdió por más de 20 puntos. No tiró la toalla: fundó un comité de acción política progresista y se hizo un hueco en los medios con su pódcast America Dissected. Siete años después, ha ganado.

Aquí está la parte que de verdad importa. El pasado 4 de agosto, El-Sayed derrotó a la congresista Haley Stevens —la candidata oficialista, la que tenía detrás al aparato del Partido Demócrata— por un margen mínimo: 48,5% frente a 47,5%, poco más de 14.000 votos de diferencia.

Y lo hizo pese a esto: el AIPAC (el American Israel Public Affairs Committee, el lobby proisraelí más influyente de Estados Unidos) se gastó más de 30,6 millones de dólares para apoyar a Stevens o atacar directamente a El-Sayed. Es la mayor inversión que esa organización ha hecho jamás en una sola elección. Si sumamos otros grupos afines —incluida una entidad de dinero opaco que no ha revelado quién la financia, llamada A Stronger Michigan—, el total movilizado contra El-Sayed rozó los 75 millones de dólares. Su propia campaña gastó menos de cinco millones.

Hagamos la cuenta fácil, porque vale la pena verla escrita: por cada voto que consiguió El-Sayed se gastaron nueve dólares. Por cada voto que le quitaron, 95. 11 veces más.

¿Cómo se compensa eso? No con más dinero, porque no lo había. Se compensa con gente: más de 10.000 personas voluntarias tocando puertas, pequeñas donaciones ciudadanas y un mensaje que cabía en una frase, repetido sin descanso: “sacar el dinero de la política, meter dinero en el bolsillo de la gente y sanidad universal”.

Y aquí viene la jugada maestra: en lugar de esconder el ataque de AIPAC, El-Sayed lo convirtió en su mejor argumento. Lo dijo así de claro: “no están gastando para mantener nuestro dinero aquí, están gastando para enviarlo allá”. Y en el debate final, mirando a Stevens: “la diferencia entre nosotros son 46 millones de dólares de gasto del AIPAC”. No se defendió del ataque: lo señaló, lo puso en el centro del debate y lo capitalizó.

Sí. Es prácticamente el mismo guion que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York: joven, musulmán, crítico con la política de Israel, ignorado por su propio partido, superado en gasto por un aparato corporativo, y ganador a base de campaña de calle. No es casualidad: El-Sayed lo ha reconocido abiertamente como referencia.

Pero conviene no venirse arriba. El-Sayed ganó por menos de 15.000 votos, sin llegar al 50% de apoyo, en un estado que Donald Trump se llevó en 2024. No es una ola imparable. Es una grieta real en el muro del establishment, pero una grieta estrecha. El propio candidato tendrá que reconstruir puentes con el ala moderada del partido antes de medirse en noviembre al republicano Mike Rogers.

Más de lo que parece. Cuatro ideas para llevarse puestas:

1º) El dinero opaco en política no es invencible si lo señalas con nombre y apellidos. El-Sayed no ganó escondiéndose del gasto de AIPAC: ganó explicando, con cifras concretas, quién pagaba y por qué. En un país como España, donde la financiación de partidos y las puertas giratorias siguen siendo un punto ciego para buena parte del electorado, esta es la lección más exportable: nombrar al donante desactiva más que denunciar en abstracto la desigualdad.

2º) La estructura de base todavía gana elecciones. Diez mil voluntarios pisando la calle compensaron una diferencia de gasto de 11 a uno. No es un eslogan de manual de campaña: son datos. La militancia y el contacto directo con el votante siguen pesando más de lo que el márketing político moderno quiere reconocer.

3º) Un mensaje simple y económico conecta más que la confrontación identitaria por sí sola. Sanidad, deuda, poder corporativo: esos fueron los ejes. Israel llegó después, enganchado a esa misma narrativa sobre quién controla el dinero de la política. El orden de los factores, aquí, sí altera el producto.

4º) Ganar unas primarias no es ganar unas elecciones generales. Conviene recordarlo antes de sacar demasiadas conclusiones: lo de El-Sayed es una victoria interna, ajustadísima, en un terreno hostil. La verdadera prueba llega en noviembre.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

James Cox ‘Fergie’ Chambers Jr. lleva más de un mes encarcelado en España mientras se decide si debe ser entregado a Estados Unidos. El multimillonario y activista estadounidense fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza en virtud de una reclamación de las autoridades de su país y posteriormente ingresó en prisión provisional en la cárcel de Aranjuez, en Madrid, por decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Más de un mes después de su arresto, su defensa asegura a infoLibre que todavía no ha recibido “ningún tipo de documentación” procedente de Estados Unidos para sustentar la solicitud de extradición. “Tampoco podemos asegurar que la misma nos sea remitida en el plazo correspondiente que contempla el proceso”, señala el equipo jurídico de Chambers.

Según explica la defensa, la reclamación estadounidense atribuye al activista tres cargos: blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para cometer disturbios. Sus abogados sostienen, sin embargo, que Washington “no ha presentado ninguna prueba de los delitos de los que se le acusa”.

Al frente de su defensa se encuentra ILOCAD, el despacho dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, que asumió a principios de agosto la estrategia jurídica de Chambers y pretende demostrar ante los tribunales españoles que las actividades cuestionadas estaban vinculadas a sus negocios o tenían fines filantrópicos y humanitarios.

Una parte de las acusaciones estaría relacionada con unos disturbios ocurridos en las instalaciones de la empresa israelí de tecnología militar Elbit Systems en New Hampshire. La defensa asegura que Chambers “no estaba presente” y cuestiona la proporcionalidad de la pena que, según afirma, reclama Estados Unidos.

“A las otras personas partícipes en los hechos se les condenó únicamente a 60 días deprisión, mientras que para Fergie Chambers solicitan cinco años, lo cual es injusto y desproporcionado”, sostiene su equipo jurídico. Los abogados consideran además que el cargo de conspiración para cometer disturbios plantea problemas de encaje en el ordenamiento español, donde, según su interpretación, no constituye un delito adicional autónomo, sino “una parte del íter criminis”.

Respecto al supuesto blanqueo de capitales, la defensa niega cualquier actividad ilícita y sostiene que no existió lucro por parte de Chambers y que toda su actividad económica se encuentra “correctamente auditada y justificada”.

Uno de los elementos sobre los que pivota la reclamación estadounidense es una transferencia de dinero realizada a Túnez, país en el que Chambers residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.

La defensa sostiene que los fondos fueron destinados a proporcionar ayuda económica al Club Africain, que atravesaba importantes dificultades económicas. Según los abogados, el apoyo de Chambers pretendía evitar la desaparición del club y puede ser acreditado tanto por la propia entidad como por la FIFA.

El equipo jurídico rechaza además que la orden de detención acuse específicamente al multimillonario de haber transferido dinero a Hamás. “La orden alega que esta transferencia de fondos al extranjero se realizó con la intención de prestar apoyo a grupos terroristas, no habla específicamente de Hamás”, explican.

A juicio de sus abogados, las autoridades estadounidenses habrían recurrido a las inversiones empresariales de Chambers como punto de partida para construir una acusación de blanqueo que consideran “de base endeble”. La defensa sostiene que no ha existido delito y vincula el procedimiento con el activismo político de su cliente: “Este proceso tiene una finalidad de persecución política”.

El equipo jurídico asegura además que Chambers ha destinado cerca de un millón de dólares a proyectos y acciones humanitarias en Gaza y que todas las donaciones pueden verificarse. Entre sus destinatarios cita la Alianza para los Niños de Oriente Medio (MECA), el Proyecto Sameer, el Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM), el Fondo para la Infancia Ghassan Abu Sittah y el Proyecto Zaynab, dedicados a proporcionar alimentos, medicinas, asistencia sanitaria, apoyo económico y atención psicológica a la población gazatí.

La ausencia de documentación estadounidense adquiere especial importancia por los plazos del procedimiento. Chambers fue detenido provisionalmente a la espera de que Estados Unidos formalice la reclamación y aporte la documentación que la fundamente.

El tratado de extradición entre ambos países establece que la persona detenida provisionalmente debe ser puesta en libertad si transcurren 45 días desde la notificación diplomática de su arresto sin que se haya recibido la petición formal acompañada de la documentación exigida. No obstante, esa puesta en libertad no impediría que el procedimiento pudiera iniciarse más adelante si la solicitud llegara posteriormente. Chambers fue detenido el 10 de julio y su defensa asegura que, a fecha de este viernes, sigue sin haber recibido la documentación estadounidense.

Si finalmente llega, la Audiencia Nacional deberá decidir si la extradición es jurídicamente procedente. Entre las cuestiones que tendrá que valorar figura el principio de doble incriminación, que exige que los hechos puedan ser considerados delito tanto en España como en Estados Unidos, aunque no necesariamente tengan la misma denominación en ambos ordenamientos.

Más allá de discutir los cargos y las operaciones económicas, el equipo jurídico de Chambers enmarca la reclamación estadounidense en una “persecución política” vinculada a su apoyo a Palestina.

Para sustentar esta tesis, la defensa señala lo que considera una “ofensiva sin precedentes” contra instituciones y personas vinculadas a la defensa del derecho internacional y de Palestina. Cita las sanciones impuestas por la Administración Trump a miembros de la Corte Penal Internacional relacionados con las investigaciones sobre Israel y a la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

También alude a investigaciones, restricciones financieras y campañas contra organizaciones de derechos humanos, universidades, periodistas, estudiantes, investigadores y activistas relacionados con el movimiento internacional de solidaridad con Palestina.

“Es objetivamente evidente que existe un contexto de uso creciente de instrumentos jurídicos y administrativos contra quienes denuncian posibles violaciones del derecho internacional en Palestina o apoyan iniciativas humanitarias relacionadas con ese territorio”, sostiene el equipo jurídico.

Por ello, la defensa considera que España debe someter la reclamación estadounidense a un escrutinio especialmente riguroso. “Las autoridades españolas no pueden permanecer indiferentes ante este contexto”, advierte, y pide evitar que la extradición pueda contribuir “directa o indirectamente a una estrategia de persecución política”.

El argumento puede adquirir relevancia durante el procedimiento. La legislación española permite rechazar una extradición cuando existan razones fundadas para considerar que una petición formulada por un delito común persigue en realidad castigar a una persona por sus opiniones políticas, aunque excluye los actos de terrorismo de la consideración de delito político. El tratado bilateral con Estados Unidos contempla igualmente la posibilidad de denegar la entrega cuando concurran motivos políticos.

Por el momento, el equipo jurídico de Chambers evita adelantar qué estrategia concreta desplegará ante la Audiencia Nacional. Preguntado por infoLibre sobre los argumentos que utilizará para tratar de impedir la entrega y sobre una eventual intervención posterior del Gobierno español, responde que “no podemos adelantar nada hasta que llegue toda la documentación desde EEUU”.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

"Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Desde la reciente victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas, las relaciones entre Colombia y EE.UU. han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el expresidente Gustavo Petro.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista, Washington ha expresado al país andino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

"Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio", resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el "primer miembro" de esa coalición contra los carteles en "asociarse con Estados Unidos en una operación" contra "narcoterroristas", de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran "participar en operaciones combinadas" contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado "Escudo de las Américas", impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

Hegseth añadió, con respecto al Escudo, que "un entorno más seguro significa un hogar más seguro. No puede haber prosperidad sin seguridad".

"Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad", subrayó el secretario de Guerra.

Según lo previsto, Hegseth también observará los ejercicios conjuntos Panamá, centrados en defender la seguridad del Canal de Panamá y en el que participan este año diecinueve países. 

La última polémica veraniega de la economía internacional no va de aranceles ni de burbujas de la IA, sino de algo mucho más doméstico: si los europeos estamos en declive o solo lo parece. En una esquina, Paul Krugman, premio Nobel, americano de Long Island, sosteniendo desde su substack que Europa no es el museo decadente que describe cierta literatura: si el PIB per cápita americano es mayor es, sobre todo, porque los americanos trabajan más horas; ajustada la producción por horas trabajadas, la brecha se queda en un dígito, y los europeos simplemente hemos elegido cobrar los dividendos de la productividad en agosto y en sobremesas en lugar de en dólares. En la otra esquina, Luis Garicano —español, con carrera en Chicago y la LSE, ex eurodiputado— replicando que la cosa ya no cuela: que el PIB americano se ha escapado desde el año 2000, especialmente en el último lustro, y que, como apunta Jesús Fernández-Villaverde desde Filadelfia, la brecha de horas se ha estrechado —los americanos trabajan hoy menos que en el año 2000 y muchos europeos más—, así que la divergencia ya no puede ser una historia de vacaciones: es productividad pura, y Europa la está perdiendo.

Concédanme un segundo para saborear la escena, porque tiene su aquel. En el mundo más polarizado que se recuerda, donde cada cual defiende su trinchera con la fe del carbonero, este debate presenta los papeles exactamente cruzados: el americano defendiendo con entusiasmo el modelo europeo —la semana corta, la plaza, el vermut— y los europeos defendiendo con idéntico fervor el modelo americano. Nadie abraza el American way of life con más convicción que un economista español con plaza en el extranjero, y nadie ha hecho las cuentas del bienestar europeo con más cariño que un Nobel de Nueva York. Sospecho, además, que más de una de esas réplicas contra el acomodaticio modelo europeo se ha redactado en verano, desde alguna terraza mediterránea, entre el primer y el segundo plato. La cátedra se tiene en Filadelfia; la vida, cuando se puede, se tiene aquí.

Lo confieso sin sonrojo: yo soy del equipo de Krugman. Y no por patriotismo continental, sino por pura contabilidad. Repasen los rankings internacionales de cualquier cosa que valga la pena medir: en felicidad, seis o siete de los diez primeros puestos son europeos (Finlandia encadena ocho años ganando; Estados Unidos anda por el puesto 24, entre lamentos de cirujano de Miami); en equilibrio entre trabajo y vida, mandan Italia, Dinamarca, Noruega y España, con Estados Unidos en el puesto 29 de 41; en igualdad, en calidad democrática, en Estado de derecho, el top diez es un paseo por Europa con parada obligada en los nórdicos. Y —aquí viene lo mejor— también en los índices que se supone que son el terreno del adversario: en el Global Innovation Index o en el Global Competitiveness Index figuran Suecia, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca entre los diez primeros del mundo. Es decir: para casi cualquier dimensión del vivir que alguien se haya molestado en medir, hay varios países europeos que saben cómo se hace. Estados Unidos aparece en pocos de esos top ten; China, prácticamente en ninguno. El único ranking donde se nos exige jugar y perder es el PIB per cápita —curiosamente, el único que no mide nada que se pueda comer, pasear ni compartir—.

No pienso entretenerme en si la comparación debe hacerse en paridad de poder adquisitivo, a precios corrientes o constantes —ese es un debate para agosto en Filadelfia—. Lo que me interesa es otra cosa: qué hace cada cual con las ganancias de productividad. Desde 1995, los alemanes han recortado un 13% sus horas anuales de trabajo, los austriacos otro tanto, los españoles un 6%; los americanos, apenas un 4%, y ni una hora desde 2003. La brecha con Alemania supera hoy las 450 horas anuales: 11 semanas laborales, casi tres meses de vida al año. Es la vieja observación de Blanchard: con productividades por hora comparables, los europeos hemos usado el progreso técnico para comprar tiempo y los americanos para comprar renta. Ellos se deslizan por una pendiente de mejora eterna de la productividad que nunca libera tiempo —la zanahoria siempre un palmo por delante del burro—, mientras nosotros cobramos el dividendo en una moneda que no computa en la contabilidad nacional. Y las encuestas de usos del tiempo cuentan en qué lo gastamos: un francés dedica 2 horas y 13 minutos diarios a comer (un americano, 62 minutos: simple ejercicio de nutrirse); un noruego pasa 80 minutos al día en vida social (un americano, 35, y bajando: hace 20 años eran 45); la actividad estrella del ocio americano son 2 horas y 36 minutos diarios de televisión, mayoritariamente en soledad. Gershuny, el gran contable del tiempo, lo ha medido hasta el disfrute: las actividades que más satisfacción producen —comer acompañado, la visita, la fiesta, las artes— son exactamente aquellas en las que Europa es superpotencia.

Y aquí está el truco que casi nadie mira: esa superioridad no cae del cielo ni viene en los genes. Nuestros ecosistemas culturales son, literalmente, capas acumuladas y ocultas de la productividad. El casco histórico, la plaza sin coches, la fiesta local, la biblioteca, la programación cultural pública, las asociaciones: todo eso es la infraestructura que convierte cada hora liberada por la productividad en bienestar efectivo. Una hora de ocio no vale lo mismo en Sevilla que en un suburbio de Houston, por la sencilla razón de que en un sitio hay dónde y con quién gastarla y en el otro hay un mando a distancia. Cuando Jones y Klenow calcularon el bienestar de las naciones ajustando por ocio, esperanza de vida y desigualdad —el ejercicio que Rafa Doménech, por cierto, conoce bien—, España alcanzaba el 74% del bienestar americano con el 57% de su renta; sospecho que si además ajustaran por la calidad del ocio —quién se lo gasta en sobremesa y quién frente a la pantalla—, la cuenta nos saldría aún mejor. El PIB solo ve la mitad del sistema: registra lo que cuesta producir la vida, pero no lo que la vida rinde. En esa mitad invisible, la que Gershuny llama la economía invisible, Europa gana por goleada —y los ecosistemas culturales y la política cultural que lo refuerza, tan sospechosa siempre de ser cosmética, resulta ser el departamento de I+D de esa ventaja—.

Permítanme ponerme técnico un momento, que también sabemos. Ya Gary Becker mostró que los hogares no consumen productos sino que producen bienestar combinando compras, tiempo e infraestructura: la paella no está en el supermercado, está en la combinación de arroz, domingo y familia. En ese modelo, la utilidad del ocio no depende solo de las horas disponibles, sino de un capital complementario. Llámenlo K: el ecosistema cultural. El patrimonio, el espacio público, el modelo de sociabilidad, la densidad asociativa, la oferta cultural, la fiesta del pueblo. La clave es lo que un economista llamaría, con su habitual talento para el marketing, una derivada cruzada positiva, y que significa que el tiempo libre y el ecosistema cultural se multiplican entre sí: cada hora de ocio rinde más utilidad cuanto más K hay alrededor. Donde K es alto, compensa tomarse las ganancias de productividad en tiempo, porque ese tiempo rinde mucho; donde K es bajo, el ocio rinde poco y compensa seguir trabajando —o dejarse caer por el sustituto barato y solitario, que ya sabemos que son 2 horas y 36 minutos de televisión—. El americano no trabaja más porque sea más virtuoso: trabaja más, en parte, porque su hora libre vale menos, y no la vale porque, aunque sus casas y sus coches son grandes y lustrosos, su ecosistema cultural es raquítico .

Esto responde, de paso, al viejo debate académico sobre por qué Europa trabaja menos. Prescott decía que eran los impuestos; Alesina y los suyos, que los sindicatos y la regulación; Blanchard, más amable, que eran nuestras "preferencias". Pues ni distorsión ni gusto exógeno caído del cielo: la preferencia europea por el tiempo es la respuesta óptima a una infraestructura del ocio distinta, construida durante siglos de ciudad compacta y décadas de política pública. Y esto explica también por qué la capa es oculta: K no aparece en ninguna estadística de productividad —de hecho aparece en negativo, como producto renunciado, como PIB que dejamos de fabricar mientras estamos en la sobremesa—, pero determina la tasa de conversión del tiempo liberado por las variaciones de productividad en bienestar, que es la única tasa que a un ser humano razonable debería importarle. Medimos con lupa lo que cuesta cada hora trabajada y no medimos en absoluto lo que rinde cada hora vivida.

Y que conste que esto no es un supuesto de pizarra: está medido. Gershuny y Sullivan, y las encuestas de usos del tiempo llevan décadas pidiendo a miles de personas que anoten, cada diez minutos, qué hacen y cuánto lo disfrutan — el sueño del viejo hedonímetro de Edgeworth, pero con diarios en lugar de tambores giratorios. El resultado es de una elocuencia incómoda: las actividades mejor valoradas de la existencia humana son precisamente las culturales y sociales —comer fuera, los espectáculos, la fiesta, la visita, jugar con los críos—, y las peor valoradas, buscar trabajo y hacer la colada. La complementariedad entre tiempo y ecosistema cultural no es una hipótesis de economista con agosto libre: es el dato más robusto de 60 años de diarios de uso del tiempo. Europa no ha elegido el ocio contra la productividad; ha construido, sin ponerle nombre, la tecnología que convierte productividad en vida. Mantener sus ecosistemas culturales era esto.

Nada de esto es una invitación a la siesta estratégica. Que Europa tiene deberes en escala, capital riesgo y energía lo dice el informe Draghi y no seré yo quien lo enmiende. Pero la conclusión correcta no es copiar el modelo americano de productividad sin vida, sino jugar nuestra carta: convertir el ecosistema cultural en la clave de bóveda de la competitividad europea. No solo porque sostenga la tasa de conversión de productividad en bienestar —que ya sería bastante—, sino porque además es un insumo productivo de primer orden: donde crece el empleo cultural y creativo crecen el I+D empresarial y la productividad regional, con más intensidad que en la manufactura tecnológica, y pronto aparecerá un documento de la Comisión Europea insistiendo en esta idea. La Brújula de la Cultura ya lo apunta, de momento con más voluntad que munición; desde Econcult llevamos años aportando la munición: sabemos cómo opera el sistema cultural, qué spillovers derrama sobre el resto de la economía y cuánto valen. Por eso, mientras ellos, los Garicano siguen afinando la contabilidad de la divergencia, yo lo tengo decidido desde hace tiempo: yo, del equipo de Krugman. Se está mejor.

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Pau Rausell Köster es economista y profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València, director del área de investigación Econcult.

Nota: Este artículo ha sido elaborado en colaboración con la IA en una Escala HAICCS de 4.

Se ha celebrado una cumbre tripartita en La Meca que ha reunido a Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. En paralelo, se ha firmado un acuerdo sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz entre Irán y el Sultanato de Omán. Pero también han hundido un buque indio en el mar Rojo y se ha recrudecido el conflicto entre los hutíes (aliados de Irán, que controlan Saná) y Arabia Saudí: dos petroleros saudíes han sido blanco de misiles balísticos, uno en el mar Rojo y otro en el golfo de Adén.

El tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz ha disminuido con respecto a la semana anterior. Mientras, el presidente estadounidense anuncia, por enésima vez, el fin “muy próximo” de la guerra entre su país e Irán. Ya nadie le cree.

Esta primera semana de agosto de 2026 ofrece por sí sola un panorama de las turbulencias de Oriente Próximo y Medio Oriente, así como de los intentos de los Estados de la región por salir de ellas. A pesar de sus intereses dispares, estos Estados intentan esbozar la arquitectura de un nuevo sistema de seguridad regional capaz de restablecer la estabilidad indispensable para sus economías, altamente dependientes de las exportaciones de hidrocarburos.

Estas potencias regionales sufren directamente las repercusiones del ataque lanzado contra Irán por Washington y Tel Aviv hace unos meses. Y ven frustrados sus proyectos de desarrollo, basados en la captación de inversiones masivas.

Desde el 28 de febrero de 2026, el caos en materia de seguridad ha sustituido, de hecho, a una estabilidad construida gracias al paraguas americano y a los acuerdos de defensa —en algunos casos muy antiguos— entre los Estados de la península Arábiga y Estados Unidos, y mantenida, según creen los inversores, por regímenes autocráticos reacios a cualquier tipo de contestación.

Las represalias de Irán contra los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, previsibles, afectaron en primer lugar a los países de la Península Arábiga. Lejos de calmarse tras la firma del protocolo de acuerdo del 17 de junio, que se suponía que abriría el camino a la resolución del conflicto, los ataques se han extendido tras el fracaso de las negociaciones posteriores.

Jordania, que alberga instalaciones militares estadounidenses, fue atacada en varias ocasiones durante el mes de julio. Egipto evitó por los pelos una catástrofe de grandes proporciones cuando un dron de procedencia no establecida oficialmente atacó dos buques de transporte de gas en el puerto de Damieta, en el mar Rojo, el 29 de julio.

Estados Unidos ha pasado, pues, de ser garante de la seguridad a fuente de inestabilidad. Sobre todo porque no suele consultar a sus aliados árabes antes de atacar. La Administración estadounidense, y Donald Trump en primer lugar, es considerada por los dirigentes de Oriente Medio como poco fiable y excesivamente alineada con los intereses israelíes. Así, Teherán sabe perfectamente cómo abrir brechas en la histórica alianza entre los Estados del Golfo y Estados Unidos.

“El cálculo iraní consiste precisamente en presentar la alianza con Estados Unidos como portadora de amenazas y en que el establecimiento de bases militares estadounidenses, junto con importantes acuerdos, ya no se perciba en absoluto como una póliza de seguro. Los dirigentes iraníes han logrado demostrar que, con un dron de unos pocos miles de euros, es posible desestabilizar acuerdos de defensa que cuestan miles de millones”, analiza Hasni Abidi, especialista en Oriente Medio y director del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe y el Mediterráneo (Cernam) de Ginebra.

“La cuestión es que no existe una alternativa inmediata a esta alianza para los países del Golfo. Necesitan tiempo para construir un nuevo sistema de seguridad”, añade.

La guerra de febrero ha reforzado en los países árabes la idea de que Irán es también un factor de desestabilización. Pero ahora están convencidos de que no es el único. La presidencia de Trump lo es igualmente. Y también Israel, que no deja de estar en guerra desde el 7 de octubre. “A excepción de los Emiratos Árabes Unidos, que han ido muy lejos en su normalización con Israel, y de Baréin, por cuestiones confesionales, los Estados del Golfo consideran a Israel un agente desestabilizador”, añade Hasni Abidi. “Son las consecuencias del 7 de octubre, con la voluntad manifiesta de Benjamín Netanyahu de remodelar Oriente Medio, tal y como él mismo ha dicho, los ataques israelíes en Siria y el Líbano, y la continuación de la maquinaria bélica israelí en la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego de Sharm el-Sheikh de octubre de 2025. Los países del Golfo se han visto obligados a plantearse un nuevo diseño de la seguridad regional”.

La recomposición del orden regional se lleva a cabo poco a poco y de forma fragmentada. En lugar de un nuevo eje de seguridad, se están forjando alianzas múltiples y diversas. En primer lugar, porque no existe una línea política única, ni siquiera entre los aliados de Estados Unidos y del Consejo de Cooperación del Golfo.

Así, los Emiratos Árabes Unidos miran hacia Washington, Tel Aviv y Nueva Delhi. Una elección establecida desde hace tiempo, reafirmada por su adhesión a los Acuerdos de Abraham —que oficializan y profundizan la normalización con el Estado hebreo— y reforzada por su ruptura con Arabia Saudí, antes aliada.

De hecho, prescindir de Estados Unidos supone todo un reto. Sobre todo, subraya de nuevo Hasni Abidi, porque “se desconoce el desenlace del conflicto contra Irán, que ha puesto al descubierto el sistema internacional y regional. Seguimos siendo testigos de este pulso entre Irán y Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz”.

Riad, potencia militar y económica de la región, desempeña más que nunca un papel fundamental en este inicio de la reestructuración de Oriente Medio. Refuerza su alianza con Pakistán, el único Estado musulmán que posee armas nucleares y con el que mantiene vínculos políticos, económicos y militares antiguos y sólidos.

El papel de mediador de Islamabad, respaldado por Donald Trump, en el conflicto entre Estados Unidos e Irán le confiere un papel fundamental en la reconfiguración en curso. Turquía, por su parte, también ha recuperado en la región una importancia que había perdido en cierta medida. Como mediadora junto a Catar entre Hamás e Israel, actor de primer orden en la nueva Siria y miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), resulta indispensable en el marco de una diversificación de las alianzas.

Estos tres países se reunieron el viernes 7 de agosto en La Meca, la ciudad más sagrada del islam, para firmar un nuevo acuerdo de defensa trilateral, que se suma al que vincula a Islamabad y Riad desde septiembre de 2025. El nivel de las delegaciones pone de manifiesto la importancia de esta cumbre: Recep Tayyip Erdoğan, presidente turco, y Shahbaz Sharif, primer ministro pakistaní, se desplazaron hasta allí para firmar este pacto de defensa mutua junto a Mohamed bin Salmán, heredero del trono saudí y gobernante de facto del reino.

El comunicado publicado al término de la cumbre precisa: “Este acuerdo tiene por objeto reforzar la disuasión colectiva frente a cualquier acto de agresión y estipula que cualquier ataque armado contra uno de los tres Estados se considerará un ataque contra el conjunto de dichos Estados”.

Ya había allanado el camino la coalición entre Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Pakistán, que se viene gestando desde hace varios meses y que se oficializó mediante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Islamabad el 26 de abril de 2026. El pacto de hoy transforma una iniciativa diplomática en un acuerdo militar y de seguridad. Por el momento no está claro si el acuerdo de Yedá está destinado, en un futuro próximo, a ampliarse a Egipto u otros países, o si está concebido para seguir siendo un pacto trilateral.

Riad también quiere situarse a la vanguardia para garantizar la seguridad del comercio y las rutas marítimas. Hay que decir que Arabia Saudí se encuentra ahora en primera línea por partida doble: al cierre del Estrecho de Ormuz, en su flanco oriental, se sumó, el 21 de julio, la entrada en escena de los hutíes de Yemen, que han decretado un bloqueo marítimo del reino. La ruta alternativa para los petroleros saudíes, la que pasa por los puertos del mar Rojo y el canal de Suez, se ve también amenazada.

Uno de los buques afectados el miércoles 5 de agosto fue, además, atacado frente a las costas de Yanbu, terminal saudí de un oleoducto que transporta hidrocarburos desde los yacimientos petrolíferos del este hasta el mar Rojo, atravesando todo el reino.

Riad reaccionó una semana después de que los hutíes impusieran el bloqueo creando una nueva coalición internacional. Esta tiene como objetivo garantizar la seguridad de las rutas marítimas comerciales en el golfo de Adén —el estrecho de Bab al-Mandeb, entre la península Arábiga y el Cuerno de África, y el mar Rojo, hasta el canal de Suez—.

Esta coalición tiene su sede en Riad y el comandante de sus fuerzas militares es un contralmirante saudí. Este se felicitó, el jueves 6 de agosto, ante la agencia oficial de noticias saudí, por la presencia de 43 Estados en la conferencia de lanzamiento de la iniciativa. Por el momento, 14 de ellos, entre los que se encuentran Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania, se han adherido formalmente a la misma.

Esta reestructuración solo está en sus comienzos y no es seguro que Estados Unidos vaya a perder su papel preponderante. “Más bien han consolidado su posición en la región”, prosigue Hasni Abidi. “Ahí radica la gran paradoja de esta guerra. Irán, que pretendía presentar las alianzas militares con Washington como amenazas para los países del Golfo, en realidad los ha convencido de que Irán es un Estado conquistador, con ambiciones expansionistas peligrosas para ellos. Por lo tanto, buscan diversificar sus alianzas pero sin prescindir de los americanos”.

Por su parte, Washington quiere dar garantías a sus aliados de Oriente Medio, que se han visto muy afectados por la guerra que desencadenó sin siquiera consultarles. El martes 4 de agosto firmó con Ammán un acuerdo bilateral sobre una ayuda por valor de 306,7 millones de euros a lo largo de cuatro años, que se suman a los 1.250 millones de euros de una alianza estratégica de siete años que se extiende hasta 2029.

Unos días antes, el 22 de julio, Estados Unidos y Arabia Saudí habían puesto en marcha una alianza para facilitar la adquisición, por parte del reino, de un programa nuclear civil —una antigua reivindicación saudí—. Pero esta iniciativa se vio empañada por el cambio de postura de Donald Trump unos días más tarde, quien añadió requisitos más que restrictivos tras la reacción muy negativa de su aliado Netanyahu.

Este episodio lo que hizo fue convencer a Riad y al resto de países de Oriente Medio de la necesidad de forjar nuevas alianzas.

Traducción de Miguel López

Cualquier argumentación requiere razonamiento; por tanto, señores y señoras de la derecha y asociados, las conjeturas, para después.

La “nueva marcha verde”, la masiva llegada de casi 50.000 migrantes a Ceuta (casi todos regresados sin violencia), ha provocado duras críticas de la patriótica oposición y de algunos países. La acaecida durante la dictadura franquista, nadie alzó la voz; ahora, los valientes de salón atacan con toda la saña posible al Gobierno de nuestro país. Hay miembros de la Unión Europea, como de EEUU, aliado marroquí. Nada nuevo. Sánchez, culpable.

Marruecos dejó de ser protectorado español y francés hace 70 años; Franco todavía subyugaba a los españoles. Argelia se liberó de Francia en 1962. La evidencia colonialista es que dejaban sus posesiones hechas unos zorros y de aquellos polvos estos lodos. Marruecos y Argelia se miran con desconfianza desde hace cinco siglos, y las grandes potencias, ojo avizor, tomaron posiciones, como expertas en fomentar los enfrentamientos lejos de sus países.

Los rusos son socios —ahora en declive— de Argelia, y los norteamericanos, de Marruecos, cuya posición se reforzó tras el reconocimiento por parte de Rabat del Estado de Israel, país perejil de todas las salsas que se aderezan con sangre. Los judíos, simplemente, evitan las migraciones; las fulminan, como ocurre en Gaza. En su desfachatez, acusan a España de mantener enclaves colonialistas en el norte de África. Sánchez culpable.

Otros, como Francia, Italia o Finlandia, se han llenado la boca criticando el fracaso de las políticas migratorias de nuestro país. La desfachatez, propiciada por la derecha de esos países, y también por la del nuestro, es vergonzante.

Italia tiene una población irregular superior a las 600.000 personas; el modelo Meloni consiste en “empaquetarlas” hacia no se sabe dónde. En Francia se estima que hay unos 700.000 inmigrantes procedentes de países de África, con vínculos históricos con los galos; su modelo es el banlieue deprimida, la frontera interior. En España, según Funcas, se estimaban en torno a 800.000 personas en situación irregular, para las que se pretende articular una política digna: regularizarlas bajo determinadas condiciones. Eso va contra las prácticas de Estados Unidos, Italia y otros países. Estos prefieren lo inhumano; no tienen vergüenza.

Países como Finlandia y Suecia, tradicionalmente acogedores, han cambiado desde que sus gobiernos de derechas y centro necesitan a la ultraderecha y a los nacionalistas para gobernar; obviamente, las dudas se van aclarando y cada cual queda retratado.

El hoy irreconocible Estados Unidos, gobernado por el sátrapa Trump, tacha al Gobierno español de aplicar prácticas políticas de extrema izquierda; es más, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó a ABC y Fox News que España "compromete su propia supervivencia" si no cambia de rumbo. ¿Volverá EEUU a la normalidad? ¿Cuándo recuperará su 14ª enmienda?

Sus desvaríos y delirios muestran que las pruebas aportadas contra Zapatero por el Departamento de Seguridad de EEUU no son casualidad, sino causalidad. Sánchez, culpable.

Quienes abogan por el endurecimiento del control de las fronteras y la suspensión del Tratado de Schengen nos autorizan a soltar una gilipollez, como las que ellos dicen. Ahora que estamos hartos del turismo de borrachera y de medio pelo, es la oportunidad de arreglar el problema con los millones de ciudadanos de esos países que nos visitan con un incivismo superior al de los desgraciados de la nueva marcha verde. ¿Cerrar la frontera?

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 Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Los datos que ayudan a organizar la atención de millones de pacientes del sistema sanitario británico, las comunicaciones entre los sistemas de mando de la OTAN y el software con el que las Fuerzas Armadas españolas analizan información dependen de la tecnología de una misma empresa estadounidense: Palantir.

La compañía no es propietaria de toda esa información. Su poder reside en proporcionar la infraestructura para reunir datos dispersos, relacionarlos y convertirlos en decisiones sanitarias, policiales, empresariales o militares. Una posición que le ha dado acceso a algunas de las funciones más sensibles de los Estados y ha generado dependencias difíciles de romper. Pero el creciente rechazo europeo a la compañía tampoco se explica únicamente por esta dependencia tecnológica.

Peter Thiel, cofundador y presidente de Palantir, es uno de los principales aliados empresariales de Donald Trump y una figura vinculada al universo intelectual de la llamada Ilustración Oscura, una corriente neorreaccionaria que cuestiona la democracia liberal. Alex Karp, cofundador y consejero delegado, ha defendido por su parte una visión militarista de la tecnología.

A ello se suman los contratos de Palantir con el Pentágono, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —ICE— y el Ejército israelí. La actividad de la compañía y las posiciones políticas de sus dirigentes han elevado las dudas sobre la conveniencia de confiarle infraestructuras que sostienen la seguridad, la defensa o los servicios públicos europeos.

Palantir se ha consolidado dentro del aparato de seguridad estadounidense, pero su desembarco en Europa se ha acelerado al calor de las sucesivas crisis que ha afrontado el continente. La inteligencia interior francesa recurrió a la compañía después de los atentados de París de 2015 y la policía del estado alemán de Hesse adoptó Gotham — la plataforma de Palantir para integrar y analizar grandes cantidades de datos policiales, militares y de inteligencia— en 2017 para combatir el terrorismo islamista.

“Es un error explicar el éxito de Palantir centrándonos solo en la tecnología”, sostiene Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi). Aunque reconoce la potencia de sus herramientas para integrar y analizar grandes cantidades de información, destaca también la apuesta política de la empresa, las relaciones construidas durante años con los gobiernos y su capacidad para ofrecer soluciones ya preparadas en momentos de crisis.

Palantir no se limita a vender e instalar un programa. Sus ingenieros se integran en las organizaciones, estudian cómo trabajan, qué información utilizan y qué necesidades tienen para adaptar la plataforma a cada cliente. Darío García de Viedma, investigador en política tecnológica y digital del Real Instituto Elcano, señala a infoLibre que este modelo de “consultoría desplegada” constituye una de sus principales ventajas, ya que sus equipos pueden pasar meses dentro de una oficina o un cuartel diseñando una herramienta específica. “No hay dos clientes de Palantir que usen la misma plataforma”, resume.

A medida que el personal aprende a utilizarla y los procedimientos internos pasan a depender de ella, sustituir el sistema se vuelve cada vez más complejo. García de Viedma señala una paradoja: Palantir presenta sus herramientas como una forma de evitar la dependencia de proveedores de modelos de inteligencia artificial como OpenAI o Anthropic, pero termina generando su propia dependencia con los clientes.

El alcance de esa relación se observa en el Servicio Nacional de Salud inglés. Un consorcio encabezado por Palantir obtuvo en 2023 el desarrollo de la Federated Data Platform, destinada a conectar hasta 240 hospitales y organismos sanitarios mediante un contrato con un valor máximo de 330 millones de libras durante siete años.

En España, el Ministerio de Defensa adjudicó en 2023 a Palantir Technologies Spain un contrato de 16,54 millones de euros para una “solución de fusión y análisis de inteligencia” destinada al Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La contratación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, recibió una única oferta y utilizó el precio como único criterio de adjudicación.

El caso de Francia es hasta ahora el más paradigmático. La Dirección General de Seguridad Interior contrató a Palantir después de los atentados de París de 2015, pero el Gobierno ha seleccionado ahora a la compañía francesa ChapsVision para sustituirla. Sin embargo, el relevo será gradual y puede prolongarse durante varios años para evitar un vacío operativo.

El cambio forma parte de un proyecto impulsado junto a Alemania para construir una “columna vertebral digital soberana” destinada a los servicios europeos de seguridad e inteligencia. Sin embargo, Alemania mantiene una posición contradictoria, ya que varios estados federados utilizan o han utilizado Gotham para el análisis policial, mientras el Gobierno debate su posible extensión a nivel nacional.

El Tribunal Constitucional alemán declaró en 2023 inconstitucionales las normas de Hesse y Hamburgo que permitían analizar de manera automatizada grandes cantidades de datos policiales sin límites suficientes. La sentencia no prohíbe Palantir, sino determinadas formas de vigilancia. El conflicto, por tanto, no se reduce al origen estadounidense del proveedor, sino que afecta también al uso que las administraciones hacen de estas herramientas.

En España, varios medios señalan que el Gobierno ha pedido a empresas públicas y participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que eviten nuevos acuerdos con Palantir en ámbitos estratégicos. No existe, sin embargo, una prohibición pública ni se ha anunciado la cancelación del contrato vigente con Defensa.

Para Lucía Velasco, codirectora del Oxford AI Diplomacy Lab, el creciente rechazo a Palantir responde principalmente a razones estratégicas. Que “funciones tan sensibles como la defensa, la policía o la sanidad dependan de una empresa estadounidense, sometida a su legislación, últimamente imprevisible, parece un factor de riesgo”, sostiene. A su juicio, la soberanía y la dependencia jurídica son los factores que más pesan, aunque el uso de la tecnología de Palantir en conflictos militares, las deportaciones de ICE y las posiciones ideológicas de sus dirigentes han acelerado el rechazo político y social.

La Unión Europea tampoco ha aprobado un veto específico. La revisión del Reglamento de Ciberseguridad permitiría considerar de alto riesgo a determinados proveedores por motivos geopolíticos, mientras la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la IA plantea exigir propiedad europea e independencia frente a legislaciones extraterritoriales en los servicios más sensibles. Cualquier restricción necesita una justificación jurídica y una alternativa capaz de prestar el mismo servicio, y aquí reside el principal obstáculo europeo.

ChapsVision es, por ahora, la alternativa más avanzada. Fundada en Francia en 2019, su plataforma ArgonOS aspira a integrar y analizar información para administraciones, empresas y organismos de inteligencia. Además de sustituir a Palantir en la inteligencia interior francesa, ha conseguido contratos en Alemania y ha despertado el interés de otros países.

Francia también impulsa proyectos como Artemis AI y Arcadia, mientras grupos industriales como Thales desarrollan sistemas compatibles con los estándares de la OTAN. Pero Velasco advierte de que “ahora mismo no existe nada comparable a la tecnología de Palantir”, aunque algunos países puedan sustituirla en funciones concretas. El problema, explica, aparece cuando se pretende un reemplazo completo de unos sistemas ya profundamente interconectados.

A ello se añade la fragmentación europea. Los países de la UE aumentaron un 20% su gasto en defensa en 2025 respecto al año anterior, pero Velasco recuerda que persisten carencias en innovación y coordinación. Según los datos de la Agencia Europea de Defensa que cita la experta, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico continúa por debajo de los objetivos y solo el 24% de las adquisiciones de material se realizan de forma conjunta.

Pese a la falta de coordinación, al mismo tiempo está apareciendo una nueva industria europea de tecnología militar. La alemana Helsing, valorada en 18.000 millones de dólares tras su última ronda de financiación, desarrolla inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos. Empresas como Quantum Systems, Auterion o la finlandesa NestAI trabajan también en plataformas no tripuladas, redes tácticas y herramientas de mando. Ninguna de ellas constituye todavía un reemplazo directo de Gotham o Foundry. El reto consiste en convertir un ecosistema fragmentado en soluciones interconectadas, capaces de utilizarse en varios países y de competir en contratos públicos dominados durante años por compañías estadounidenses.

García de Viedma considera que Europa difícilmente puede competir con Estados Unidos en las tecnologías más costosas, como los grandes modelos de inteligencia artificial, pero sí tiene margen en la capa de software y aplicaciones donde opera Palantir. El investigador señala que ya existen soluciones europeas y de código abierto, aunque todavía les falta escala, experiencia y una relación suficientemente estrecha con los clientes para competir con una empresa que lleva años personalizando sus sistemas para gobiernos y ejércitos.

Tampoco basta con que el sustituto tenga su sede en la Unión Europea. El experto del Real Instituto Elcano advierte de que la soberanía tecnológica depende de toda la “pila tecnológica”: los servidores donde funciona el sistema, los chips que utiliza o las herramientas de ciberseguridad que lo protegen. “Conseguir que todas esas capas sean completamente europeas resulta poco realista, por lo que el objetivo debería ser reducir las dependencias capaces de convertirse en un riesgo”, detalla García de Viedma.

Domínguez introduce una última cautela. Europa puede desarrollar alternativas, pero la meta no debería ser crear simplemente un clon continental de Palantir. “Si sustituimos una dependencia por otra, habremos cambiado muy poco”, advierte. Una solución verdaderamente soberana debería permitir a las administraciones controlar los datos y la infraestructura, auditar los sistemas y cambiar de proveedor, pero también incorporar garantías democráticas y mecanismos efectivos de supervisión.

“La soberanía no puede convertirse en una excusa para hacer aquí exactamente lo mismo que criticamos cuando lo hace una empresa extranjera”, resume Domínguez.

Tras una serie de victorias en los últimos meses en bastiones demócratas como Nueva York y Denver, la izquierda progresista ha vuelto a asestar un nuevo golpe. Ha ganado una de las primarias más reñidas para un escaño en el Senado por Míchigan, un Estado considerado “morado” (que puede inclinarse tanto hacia el “rojo” republicano como hacia el “azul” demócrata).

Tras la jornada electoral celebrada el martes 4 de agosto, fueron necesarias varias horas para determinar quién se imponía en las primarias demócratas más caras de la historia, con un coste de unos 60 millones de dólares. Sin embargo, el vencedor para suceder al senador demócrata Gary Peters —que decidió retirarse tras tres mandatos— fue precisamente el candidato que menos dinero recaudó: Abdul El-Sayed.

Este epidemiólogo y podcaster, hijo de inmigrantes egipcios y musulmán, ganó por un estrecho margen el derecho a disputar el escaño en el Senado este otoño frente al republicano Mike Rogers en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que se renovará un tercio de la Cámara Alta. Lo que está en juego es importante para el Partido Demócrata, que tiene la oportunidad de recuperar el control del Senado.

Su rival derrotada, Haley Stevens, diputada reelegida en tres ocasiones y respaldada tanto por el líder de la minoría demócrata en el Senado como por el senador saliente, representa el ala más centrista del Partido Demócrata y una visión antagónica.

Abdul El-Sayed, respaldado por Bernie Sanders, senador por Vermont, defiende, frente al trumpismo, una política económica favorable a los trabajadores y menos beneficiosa para las grandes empresas y los multimillonarios, una sanidad pública universal y, sobre todo, el fin del apoyo estadounidense a Israel por el genocidio en Gaza. Haley Stevens, por su parte, recibió unos 30,6 millones de dólares de grupos vinculados a la AIPAC, el poderoso lobby proisraelí, al que sus detractores acusan habitualmente de comprar la influencia de los políticos a los que apoya.

Mucho antes de que se conociera el resultado, Abdul El-Sayed se dirigió a sus seguidores en Detroit con un llamamiento a la unidad del Partido Demócrata. “Independientemente de cómo nos sintamos tras la campaña que acabamos de terminar, quiero que entendáis que no es nada comparada con el cinismo, el corporativismo y las mentiras que Mike Rogers y Donald Trump van a propagar”, afirmó. “Mañana empezaremos a recomponer las piezas”, añadió.

En un comunicado, Haley Stevens aseguró estar “orgullosa de brindar su apoyo” a Abdul El-Sayed. “Donald Trump y Mike Rogers quieren que salgamos de estas primarias agotados y divididos para que sus seguidores multimillonarios puedan intervenir y permitir que Mike Rogers se haga con este escaño en el Senado”, escribió.

La izquierda progresista también logró dos victorias en la carrera por la Cámara de Representantes. En el séptimo distrito de Míchigan, con sede en Lansing, al noroeste de Detroit, ganó el activista ecologista William Lawrence, respaldado por Abdul El-Sayed, Bernie Sanders y el Working Families Party (Partido de las Familias Trabajadoras). En otoño se enfrentará al congresista republicano Tom Barrett, elegido en 2024 al calor de la ola pro-Trump, pero que podría perder el escaño en noviembre. Aunque William Lawrence fue militante de los Socialistas Democráticos de América (Democratic Socialists of America, DSA), no era el candidato oficial de esa organización.

William Lawrence, de 35 años, cofundador del Sunrise Movement, una organización que lucha contra el cambio climático, ha centrado su campaña en los mismos temas que han permitido recientemente a la izquierda progresista imponerse en la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York o en Denver: una mayor fiscalidad para los multimillonarios y el fin del envío de armas a Israel.

Pero también se ha distinguido por el énfasis puesto en la oposición a los centros de datos (data centers). Míchigan es uno de los lugares donde proliferan los proyectos de centros de datos. En una entrevista, explicó que no esperaba tener que hablar de ello cuando se lanzó a la campaña hace casi un año, pero, justo después, se presentaron cuatro proyectos en su distrito. Señaló que asistió a varias reuniones informativas para escuchar la opinión de la población, lo que le llevó a la convicción de que se trata de un “abuso de poder que se aprovecha de comunidades que no cuentan con los recursos necesarios para hacerle frente”.

Se ha declarado a favor de una moratoria nacional sobre la construcción de centros de datos, y este fue el primer tema de su primer vídeo de campaña, en el que explica, grabado en medio de un campo, que “los multimillonarios de la tecnología quieren convertir esta finca en un centro de datos gigantesco que encarecerá [las] facturas de energía y arruinará el valor de [sus] casas”.

William Lawrence también es partidario del Green New Deal (Nuevo Pacto Verde), un proyecto de economía descarbonizada impulsado por el Sunrise Movement y respaldado, entre otros, por Alexandria Ocasio-Cortez en la Cámara de Representantes. Al obtener más del 43% de los votos, William Lawrence contó con la presencia de dos rivales demócratas moderados, Bridget Brink, exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, y Matt Maasdam, un exmilitar y asesor de Barack Obama, que obtuvieron respectivamente el 28,8% y el 27,6% de los votos.

En un comunicado, William Lawrence consideró que los votantes “han enviado un mensaje claro: están hartos de que los multimillonarios de Silicon Valley y la élite de Washington decidan el futuro de sus ciudades y de su país”. “Quieren un representante independiente, que no tenga miedo de plantar cara a los líderes de ambos partidos y de luchar por los trabajadores”, añadió.

En una entrevista con el New York Times antes de las elecciones, el activista recomendaba a quienes, dentro de su propio partido, mostraban preocupación por su candidatura que “salieran a hacer campaña puerta a puerta”. Y añadía: “Lo que oirán es que la gente está cabreada con los centros de datos. Los votantes de Trump le están dando la espalda por lo de Irán. Nadie puede permitirse comprar productos de primera necesidad. Están hartos de los políticos financiados por las grandes empresas. Por eso hemos conseguido generar este impulso”.

En el decimotercer distrito, un bastión demócrata que incluye Detroit y parte de sus suburbios, el candidato respaldado por la DSA Donavan McKinney logró desbancar al congresista demócrata Shri Thanedar un acaudalado empresario. Tras la victoria de este último en 2022, Detroit se había quedado sin representación negra en el Congreso por primera vez desde principios de la década de 1950.

No obstante, los progresistas también sufrieron un revés en las elecciones del martes. En Misuri, otra representante de la DSA, Cori Bush, no logró regresar al Congreso. La defensora de la causa palestina fue derrotada por el congresista demócrata Wesley Bell en la región de San Luis. Hace dos años, Bell ya había derrotado a Bush. En esta ocasión volvió a contar con el apoyo financiero de grupos proisraelíes. Se trata del segundo revés consecutivo para una figura destacada del ala progresista.

Traducción de Miguel López

El progresista Abdul El Sayed se impuso a la moderada Haley Stevens en la reñida carrera por la candidatura demócrata en las primarias al Senado en el estado de Míchigan, informan este miércoles medios estadounidenses.

El-Sayed ganó por menos de 15.000 votos a Stevens en unos comicios vistos como una prueba de fuego para el Partido Demócrata en un territorio clave de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Abdul El Sayed, de 41 años, respaldado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, se enfrentó a la legisladora estatal en una campaña donde el representante del ala más progresista del Partido Demócrata criticó duramente las acciones de Israel en Gaza y el financiamiento de las elecciones estadounidenses.

Stevens reconoció su derrota en una "campaña exhaustiva y rigurosa que sacó a relucir todo el espectro de opiniones dentro del Partido Demócrata".

"Estoy orgullosa de haberme postulado para servir y aún más orgullosa de seguir trabajando juntos para asegurar que este escaño del Senado siga siendo demócrata, para lograr que el Senado de EE.UU. cambie de manos y para continuar la labor por Míchigan", dijo.

El Sayed se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers, quien ya se aseguró la nominación de su partido en los comicios de otoño, donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, ambas controladas hoy por los republicanos.

Estas elecciones son clave para el futuro de la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha hablado de un posible juicio político en su contra si sus opositores recuperan la mayoría en el Congreso y ha hecho campaña contra los progresistas demócratas, a quienes tacha de "comunistas" que quieren "arruinar el país".

"Buenas noticias para el Partido Republicano. El Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en su contienda", escribió Trump en su red Truth Social, donde vaticinó que las "políticas locas" de los demócratas "solo van a empeorar".

En un mensaje anterior, el mandatario había puesto en duda la integridad de las elecciones en Míchigan, específicamente en el territorio donde se contaron los últimos votos de las primarias celebradas la víspera.

"El condado de Wayne (Detroit), en Míchigan, es una de las zonas electorales más corruptas de Estados Unidos, si no del mundo. ¡Es puro Tercer Mundo! En el condado de Wayne ocurren milagros, como que se emitan muchos más votos que el número de votantes existentes", dijo.

"Prepárense para otra elección amañada. En noviembre debemos votar por Mike Rogers y hacer que Michigan sea demasiado grande para ser amañado", indicó.

La grave crisis migratoria y humanitaria abierta en Ceuta no parece haber alterado, por el momento, la marcha de la Bolsa española. Mientras el Gobierno afronta las consecuencias políticas de lo ocurrido en la ciudad autónoma, el IBEX 35 ha abierto este miércoles con una subida del 0,37% y ha marcado un nuevo máximo histórico intradía cerca de los 20.100 puntos.

Los inversores han centrado su atención en factores internacionales, especialmente en la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y en la consiguiente caída del precio del petróleo. Así, el principal índice español ha alcanzado en los primeros compases de la sesión los 20.096,8 puntos y acumula una revalorización del 16,11% desde comienzos de año.

El nuevo máximo llega después de que el IBEX 35 cerrara el martes por primera vez en su historia por encima de los 20.000 puntos. El selectivo avanzó un 0,21%, hasta los 20.023,6 enteros, y encadenó su segundo récord de cierre consecutivo en agosto.

La Bolsa española ya había superado los 20.000 puntos durante las primeras horas del martes, aunque perdió momentáneamente esa cota por la subida del petróleo, que llegó a alcanzar los 86,33 dólares por barril.

La tendencia cambió tras conocerse la posibilidad de un acuerdo para restablecer el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó que Washington y Teherán podrían alcanzar un pacto de manera inminente.

Las noticias provocaron una fuerte bajada del crudo. Al cierre de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, retrocedía un 3,94%, hasta los 80,47 dólares, mientras que el petróleo estadounidense WTI caía un 4,4% y rondaba los 77 dólares.

La relajación de los precios energéticos impulsó también al resto de las principales bolsas europeas. Milán avanzó un 1,26%; el Euro Stoxx 50, un 0,94%; Fráncfort, un 0,77%; París, un 0,61%; y Londres, un 0,2%.

Wall Street abrió igualmente con ganancias. Al cierre de los mercados europeos, el Nasdaq subía un 2,05%; el Dow Jones, un 1,64%; y el S&P 500, un 1,43%.

Dentro del IBEX 35, ArcelorMittal encabezó las ganancias del martes con un avance del 4,3%. Por detrás se situaron Amadeus, que subió un 2,21%, y Sacyr, con un 1,77%.

En el lado contrario, Acciona cayó un 7,18% después de que una sociedad vinculada a la familia Entrecanales Franco colocara 1,65 millones de acciones de la compañía, equivalentes al 3% de su capital. Acciona Energía perdió un 2,62% y Endesa, un 1,45%.

En otros mercados, el gas natural europeo TTF bajó más de un 4%, hasta los 55,5 euros por megavatio hora. El euro se mantuvo prácticamente estable frente al dólar, mientras que el oro y la plata avanzaron. El rendimiento del bono español descendió hasta el 3,532%.

Leo que la Casa Blanca gestionó más de 13.000 millones de dólares sin transparencia. Se hurtó, a conciencia, el control del Congreso de los EEUU. Este organismo va a investigar adónde fue a parar ese descomunal montante procedente de la factura venezolana de hidrocarburos, gestionada por Trump y su gabinete.

La corrupción ya es un fenómeno global. Forma parte de la geopolítica como uno de los principales factores que infectan la política. De hecho, la verdadera res pública muestra estertores de muerte. Los mecanismos de control de los que se han dotado las naciones democráticas ya no tienen autoridad.

Lo estamos observando con gran inquietud. La ONU es pisoteada sin capacidad alguna de reacción; los más altos órganos de justicia son atacados por quienes, paradójicamente, alardean de pertenecer a países demócratas; Israel, que se autoproclama una democracia, tiene un Gobierno acusado de cometer un genocidio contra mujeres y niños indefensos; Ucrania, con un Zelenski mal aconsejado, bombardea Rusia, aún sabiendo que nunca podrá ganar esta estúpida guerra, en la que Europa y la OTAN tienen cartas de culpabilidad, y no solo Rusia; y Trump atacó Irán con una acción vergonzosa e irresponsable que tuvo repercusiones en todo el mundo.

No pasa nada. El poder se ríe de las leyes internacionales. Un verdadero desastre. Habrá que indagar las razones que expliquen la magnitud de esta debacle. Quizás la respuesta sea tan simple como la sustitución de la verdadera política por las leyes que dictan las finanzas o, dicho de otra forma, por el poder de los grandes intereses financieros. Los ricos del mundo dominan. Su objetivo es hacer caja. Para su mentalidad, la política cuesta dinero, subleva a los pobres y, lo que es peor, controla un poder que consideran de su exclusiva propiedad.

Dominan los medios de comunicación, que han transformado en instrumentos de propaganda, en una burda copia de Goebbels. No quieren ciudadanos que piensen, solo siervos y, como mucho, súbditos obedientes. Transforman incluso el significado de las palabras: fascismo por neoliberalismo capitalista; democracia por comunismo; y, lo que es peor, los bulo y las mentiras por verdades. Para cumplir este objetivo y dirigir —no gobernar— eligen a mediocres populistas que destruyen —nunca debaten— al opositor y cumplen el papel de empleados de banca. Premian al desclasado permitiéndole sentarse a su mesa o presentándolo en su corte financiera.

Pero el gran problema es que tienen mucho poder, no tienen escrúpulos para seguir manteniendo sus bulos y saben que las revoluciones que podrían arrebatárselo nadie, o muy pocos, las desean. El contrapoder que debería oponérseles sigue, históricamente, dividido. 

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre

La penúltima de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ligar un acuerdo económico, energético (y potencialmente militar) sobre energía atómica con Arabia Saudí a que este último país reconozca a Israel, siguiendo la estela de los Acuerdos de Abraham.

Los Acuerdos de Abraham, diseñados, entre otros, por el sionista y yerno de Trump, Jared Kushner, establecen el reconocimiento de Israel por parte de diferentes Estados árabes (Baréin, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos) a cambio de a) normalizar los acuerdos comerciales y militares existentes y futuros que realicen; y b) dejar que el capítulo de relaciones entre israelíes y palestinos se ventile directamente, con la vigente correlación de fuerzas y la continua y profunda colonización israelí sobre lo que queda de Palestina y otros territorios árabes.

Es decir, que los palestinos ni siquiera cuenten con ese respaldo moral de esos Estados árabes aliados de Estados Unidos e Israel.

La pretensión del presidente Trump interesadamente olvida o rechaza dos hechos relevantes:

Pero Israel nunca ha reconocido a Palestina. Sí a la organización OLP, pero nunca a Palestina. Para los desmemoriados, en la Conferencia de Madrid de 1991, por imperativo israelí, los palestinos tuvieron que formar parte de una delegación conjunta jordana-palestina. Incluso en los Acuerdos de Oslo, suscritos por la OLP, Israel aceptó la creación de una denominada Autoridad Palestina, pero nunca reconoció un Estado palestino y fue aplazando su puesta en marcha, prevista para cinco años después de la firma de aquellos acuerdos en la Casa Blanca. Desde el principio, antes y después de la firma, incluso con la supuesta paloma del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, continuó la política de hechos consumados mediante la ampliación de los asentamientos, sin sanciones por parte de Occidente.

Estos dos elementos —el reconocimiento condicionado por parte de los Estados árabes y de los palestinos a cambio de un Estado palestino, y el desprecio estadounidense (e israelí) hacia esa propuesta— muestran, una vez más, la parcialidad de todas las administraciones de Washington. Nunca Estados Unidos ha presionado para que Israel reconozca a Palestina. En el mejor de los casos, sus portavoces sostienen que Israel —cuyos gobiernos rechazan cualquier Estado palestino— debe "negociar" directamente con los palestinos, mientras su ejército y los colonos siguen expulsando y matando a quienes quieren vivir dignamente en su propia tierra.

En estas circunstancias, la pelota está en el tejado de Arabia Saudí. Ya ha habido varios órdagos geoestratégicos que han afectado a esta monarquía absolutista: desde la acción de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, cuando se especulaba con un posible reconocimiento saudí de Israel siguiendo los pasos de otros Estados del Golfo; hasta su entrada en los BRICS en enero de 2025, tras varias dilaciones, lo que supone un mayor margen de autonomía frente a Estados Unidos, pese al histórico acuerdo que garantizaba la supervivencia de la monarquía a cambio del uso del dólar en las transacciones petroleras. También cabe mencionar el pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán, país con armas nucleares financiado en parte por Riad, firmado en septiembre de 2025, que considera cualquier ataque contra uno de los dos países como un ataque contra ambos; y, finalmente, el ataque unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán, que pone en peligro la principal fuente de ingresos y la estabilidad saudí, dado que las represalias iraníes pueden dirigirse contra cualquier Estado de la región que facilite apoyo logístico a esos ataques, incluidas refinerías e infraestructuras petroleras.

El acuerdo atómico de la Administración Trump con Arabia Saudí nos parecería una vuelta a una casilla anterior en las relaciones entre ambos países. Se puede apreciar la asimetría de cláusulas con respecto a las que Irán suscribió con los Estados Unidos de Obama, y la carencia existente de control sobre el Israel atómico. Pero, presumimos que el peso del lobby pro Israel hegemónico ha sido tan relevante para Trump que, a última hora, ante el riesgo de perder una votación en las cámaras legislativas estadounidenses, ha puesto una condición que, de momento, Arabia Saudí no puede aceptar sin caer en la mayor de las contradicciones y arruinar su supuesto liderazgo, ya puesto en duda por los Emiratos, Qatar y potencias asiáticas como India.

Mientras tanto, la colonización y destrucción de Palestina a manos de Israel continúa sin sanciones occidentales, de los países firmantes de los Acuerdos de Abraham ni del resto de la comunidad internacional.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino" y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Durante meses, Hamás retrasó las conversaciones, se negó a entregar sus armas e intentó transferir el control al Comité Nacional Para la Administración de Gaza de manera unilateral sin desarmarse.

De acuerdo con el medio especializado Axios, un trabajo de presión externa y la creciente crisis económica en la Franja por la que responsabilizan a Hamás habrían llevado al grupo a aceptar el desarme anunciado este jueves por Trump.

El mandatario estadounidense calificó este acuerdo como un "hito importante" para la aplicación de su plan de 20 puntos para Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una hoja de ruta para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes, establecer un marco de seguridad para Israel y avanzar hacia una administración palestina tecnocrática en el enclave.

El plan contemplaba, entre otros puntos, el desarme de Hamás, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una estructura internacional de supervisión para la reconstrucción y gobernanza de Gaza.

Donald Trump habrá reducido la intensidad de la guerra, pero a estas alturas ya no sirve. Irán ya no confía en las promesas de una diplomacia que no alcanza sus niveles de exigencia.

El bloqueo naval de sus costas constituye una amenaza y un acto de guerra en sí mismo. Y, en este contexto, Irán ha decidido continuar por su lado, tomando la iniciativa de los ataques para controlar el Estrecho de Ormuz. Pero en su camino se encuentran cada vez más piezas, siendo la última protagonista la Arabia Saudí más asertiva de los últimos años.

Han pasado unos cuantos años desde la tensión que estuvo a punto de hacer estallar Oriente Medio en una guerra regional entre Arabia Saudí e Irán. Cinco años después de la guerra que ambos libraron a través de sus aliados en Yemen, la renovada campaña saudí en el territorio controlado por los hutíes ha supuesto un nuevo salto hacia el vacío.

Como se ha visto en estas semanas, no solo retornaron las represalias hutíes sobre Arabia Saudí en sus aeropuertos, instalaciones petroleras y bases militares suroccidentales sino que también se anunció un bloqueo naval contra los buques saudíes.

De hecho, los hutíes atacaron varias embarcaciones e inflamaron más los ánimos en Riad. Las respuestas de los hutíes, sin embargo, recuerdan ya a otro escenario. No estamos en una dinámica de ataque-respuesta eternos como comenzó la situación en el Golfo Pérsico tras la decisión de Trump de ordenar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani.

En estos momentos, una desescalada unilateral y parcial aplicada desde la Casa Blanca no está sirviendo para frenar a los iraníes en su determinación por hacerse con Ormuz. Irán necesita garantías de seguridad de que esta agresión no vuelva a ocurrir y ha encontrado en esa vía marítima una válvula más potente que un potencial programa nuclear.

Los hutíes están empezando a tocar la misma melodía. En este punto existe la opción de que si Arabia Saudí concede la calma a Yemen, los hutíes cesen. Pero cada día que pasa es más probable que se haya cruzado el Rubicón.

Los hutíes podrían perfectamente aplicar una nueva ecuación de represalias contra Arabia Saudí, sabedores de la importancia global de su mercado petrolero, no solo hasta un alto el fuego saudí, sino hasta que Riad no levante el bloqueo de los puertos y aeropuertos yemeníes.

La península Arábiga sigue en su costa oeste los mismos errores que ya se habían cometido en la frontera pérsica. Si la situación escala hasta niveles considerables, los hutíes podrían situar el coste sobre Arabia Saudí en cotas tan prohibitivas como las que Irán ha marcado para Washington.

Para empezar, Reuters se hace eco de la posibilidad no solo de que los hutíes amplíen su bloqueo del mar Rojo como ocurrió en 2025, sino de que puedan llegar a cobrar peajes por el tránsito del Estrecho de Bab el-Mandeb.

La experiencia iraní muestra que, por encima de un derecho internacional que pisotearon los que iniciaron la contienda, el final de la misma lo decidirá la capacidad de imponerse sobre el terreno.

Si un actor puede controlar el tránsito por una vía comercial clave y nadie tiene capacidad o voluntad para romperlo, el primero acabará imponiendo su beneficio económico.

El mundo está a tiempo de evitar que el mar Rojo termine de convertirse en el Golfo Pérsico, pero Yemen nunca ha importado y Arabia Saudí tuvo carta blanca desde el principio. Incluso ha gozado de apoyo occidental y árabe en su intervención del país.

Otra lección del pasado tiene que ver con el mayor incidente registrado hace un lustro. Las instalaciones de Aramco en Abqaiq han vuelto a sufrir ataques en esta nueva ronda de hostilidades.

Si bien en el golpe que sufrió Abqaiq en 2019 las autoridades saudíes culparon a Irán en lugar de a los hutíes, en el nuevo impacto se ha señalado a las milicias pro-iraníes de Irak. El propio Gobierno saudí lo ha reconocido explícitamente. Y Estados Unidos ha elegido meterse en otro pantano.

Arabia Saudí comenzó a atacar Irak durante la noche del 29 de julio, centrando sus objetivos en milicias de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) en el centro y sur del país. Por si fuera poco, Estados Unidos no solo ha reconocido su coordinación y apoyo sino que ha participado en los ataques sobre Irak que apuntaban a los socios iraníes.

El relato que les responsabilizaba del ataque sobre Abqaiq caló pero podría quedar atrás si las PMF comenzaran a devolver los golpes atacando Arabia Saudí. Si Donald Trump rebaja el nivel de los ataques contra Irán pero toda la región sigue inflamada, la guerra solo se retrasará en su máxima extensión.

De hecho, a los habituales ataques iraníes sobre Kuwait y Baréin hay que sumar los dirigidos contra Arabia Saudí, Jordania e Irak, ya que también se han vuelto recurrentes.

Ya no solo se trata solo de represalias iraníes contra posiciones militares estadounidenses en Jordania sino que responden a una toma de iniciativa con la intención de reforzar su posición negociadora y consolidar su control sobre Ormuz. Irán quiere una victoria definitiva. Estados Unidos quiere una salida digna. Pero la iniciativa iraní hace prever nuevos ataques contra Irán.

Y en medio de todo, Arabia Saudí ha pasado de representar un objetivo colateral limitado hace un mes a ser el centro de la nueva etapa de la guerra. Tendrá que calcular bien si no quiere caer en trampas peores que cuando intervino Yemen hace una década.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Es antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

Son inquietantes por separado. Donald Trump es un convicto que vive en una realidad paralela que le lleva a desear ser un dictador al frente de los generales que tuvo Hitler, empeñado en poner en peligro la democracia estadounidense y el orden internacional en su propio beneficio. Benjamin Netanyahu es un iluminado supremacista sobre el que recae una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, mientras está siendo enjuiciado por tres delitos por el Tribunal Supremo israelí, al tiempo que continúa con el genocidio en Gaza, la anexión de Cisjordania y la violación de la soberanía de Siria y Líbano. Y también lo son cuando suman fuerzas, sea para atacar ilegalmente a Irán o para activar sus respectivas capacidades diplomáticas, económicas, políticas y militares para proseguir indefinidamente sus aventuras belicistas.

Por eso, a la vista de lo que ha ocurrido hasta ahora cada vez que se reúnen —y ya van siete encuentros en la Casa Blanca desde el regreso de Trump a la presidencia—, es inevitable que se dispare la preocupación por parte de todos aquellos que se saben colocados en la diana de ambos mandatarios, así como de cualquier defensor de los derechos humanos y del derecho internacional. La novedad de este último encuentro es que Netanyahu ha entrado en el Despacho Oval más como candidato —las elecciones israelíes ya han quedado fijadas para el próximo 27 de octubre— que como primer ministro. Y esto, sabiendo que la guerra con sus vecinos es su principal baza electoral, solo puede traer malas noticias si Trump accede a sus peticiones.

El más longevo de los jefes de gobierno israelíes tiene muy claras sus prioridades, empezando por la de prolongar su condición de primer ministro, convencido de que de ese modo logrará seguir burlando a la justicia. Para ello, en un contexto nacional en el que sus principales rivales en la contienda electoral comparten su rechazo a la existencia de un Estado palestino, necesita sobreactuar aún más para convencer a los votantes de que él (el mismo que quedó retratado como el responsable del fallo de seguridad que propició los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023) es el único que puede garantizar la seguridad de Israel.

Con ese propósito en mente, Netanyahu ha ido a Washington con su carta a los Reyes Magos (es decir, Trump) bajo el brazo. Confía, por un lado, en seguir teniendo el permiso para terminar la tarea en Gaza, golpeando a quienes todavía resisten hasta rendirlos definitivamente, aplastando tanto su sueño político de contar con un Estado propio, como su voluntad para aferrarse a esa tierra. Nada indica que los asesinatos, la deportación forzosa y los crímenes de guerra, que ya se han convertido desgraciadamente en realidades diarias en la Franja, vayan a cambiar un ápice el respaldo diplomático, económico y militar que el inquilino de la Casa Blanca lleva años prestando a Netanyahu. Y lo mismo cabe esperar en relación con los sistemáticos ataques que tanto las fuerzas israelíes como los colonos (no solo consentidos, sino también armados por el gobierno) están desarrollando en Cisjordania, por mucho que las declaraciones emanadas de Washington parezcan dar a entender su descontento con esas prácticas.

En relación con Líbano, donde Netanyahu pretende consolidar indefinidamente una zona de ocupación que aleje a los combatientes de Hizbulah de la frontera común, casi no es necesario que el mandatario israelí pida nada, a la vista de lo ocurrido tras la reunión de Trump con el presidente libanés, Joseph Aoun, la pasada semana. Inevitablemente, suena ridículo que el único anuncio del presidente estadounidense al final del encuentro haya sido que va a permitir a las compañías aéreas que reanuden sus vuelos a Beirut, cuando lo que Aoun buscaba era que EEUU forzara a Israel a retirar sus tropas de suelo libanés. Eso significa, en esencia, que Netanyahu puede proseguir su violación del territorio soberano libanés hasta donde y cuando lo considere necesario para sus planes. Otro tanto cabe esperar en el caso de Siria, por mucho que el presidente Ahmed al Sharaa cuente con las simpatías del propio Trump; lo que se traduce en que Israel no solo no va a abandonar los Altos del Golán (Trump ya declaró en 2020 que eran territorio israelí), sino que va a poder robar aún más suelo sirio y mantener un dominio innegable sobre un país que apenas está iniciando su salida del infierno.

Más incógnitas plantea la postura de Trump en relación con Irán. Por un lado, a favor de una nueva operación conjunta —al modo de Furia Épica (estadounidense)/Rugido de León (israelí)— confluyen tanto la mentalidad de Trump —golpear más fuerte hasta doblegar al enemigo— como el deseo de Netanyahu de eliminar definitivamente la amenaza iraní, soñando con la rentabilidad electoral que podría lograr. Pero, por otro, tanto la escasez de reservas estratégicas de hidrocarburos, como las limitaciones de los arsenales propios (son ya miles los objetivos batidos sin haber logrado ninguno de los objetivos previstos), así como la demostrada capacidad iraní no solo para soportar los golpes, sino también para contragolpear, parecerían aconsejar volver a la vía diplomática para alcanzar algún tipo de acuerdo. Mientras que los vaivenes de Trump obligan a no descartar ninguna opción, Netanyahu no transmite ninguna duda: hará todo lo posible por reventar cualquier hipotético acuerdo.

Por último, cabe suponer que el primer ministro israelí tratará de frenar el acuerdo nuclear de Estados Unidos con Arabia Saudí, procurando mantener su monopolio regional como única potencia con armas nucleares y evitar que otros (Turquía o Egipto) terminen por seguir el mismo camino. Y ya (puestos a pedir) también presionará para evitar que los sofisticados F-35 terminen en la fuerza aérea turca y saudí.

Aunque pueda parecer que se ha enfriado ligeramente la sintonía personal ente ambos, son muchas las hipotecas e inercias acumuladas y muchos los intereses compartidos como para pronosticar que Netanyahu no volverá a casa con las manos vacías.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Hay una palabra que se repite una y otra vez para describir a Cori Bush, exdiputada de la Cámara de Representantes, que se presenta de nuevo como candidata en 2026. Tanto si la gente la aprecia como si no, no dudan en calificarla de fighter (luchadora).

El viernes 15 de mayo, bajo un sol deslumbrante frente al ayuntamiento de San Luis, Cori se mantiene fiel a su imagen. Un año después de que un tornado arrasara zonas enteras del norte de esta emblemática ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos, causando cinco muertos y 39 heridos en barrios populares habitados mayoritariamente por personas negras, se suma a una convocatoria de protesta contra la respuesta “injusta” de las autoridades.

Mientras se suceden voces en defensa de un plan de inversión masiva, la candidata no se pone en primer plano. No toma la palabra. Al final de la concentración, muchos simpatizantes la reconocen y se acercan a ella para decirle unas palabras de ánimo de cara a las primarias contra Wesley Bell, el 4 de agosto. “¡Cori, eres mi Beyoncé política!”, exclama Taylor, una estudiante de 23 años, antes de pedirle un selfie.

Se nota que Cori Bush juega en casa. Al ser preguntada sobre las primarias demócratas, Ohun Ashe, portavoz de Action St. Louis, una de las principales organizaciones del mitin, no se anda con rodeos: “Wesley Bell no ha respondido a las necesidades de los barrios del norte de San Luis. Y esa es la diferencia entre Wesley Bell y Cori Bush. Si hiciera falta, Cori Bush dormiría frente al Capitolio para asegurarse de que se preste atención a San Luis y al norte de la ciudad. Cori Bush nos defiende”.

La candidata no tiene la trayectoria clásica de una diputada. Aunque su padre fue alcalde de un pueblo de las afueras norte de San Luis, ella se tomó su tiempo antes de dar el salto a la política. Madre soltera, primero fue enfermera y luego pastora de una iglesia independiente. Pero el movimiento Black Lives Matter supuso un punto de inflexión.

En 2014, Michael Brown, un joven negro de 18 años, fue asesinado por un policía blanco en la vecina ciudad de Ferguson, un barrio popular de mayoría negra. A raíz de ello, Cori Bush se unió a las manifestaciones y se convirtió en una de sus figuras emblemáticas. En 2020, cuando el movimiento Black Lives Matter alcanzaba su punto álgido tras el asesinato de George Floyd, se presentó a las primarias demócratas en el primer distrito electoral de Misuri y, para sorpresa de todos, ganó al diputado saliente, Lacy Clay Jr.

En el Congreso, se une al conocido como The Squad (el escuadrón), ese grupo informal de parlamentarios del que forma parte Alexandria Ocasio-Cortez y que comienza a defender posiciones situadas en el ala izquierda del Partido Demócrata. Tras el asalto trumpista al Capitolio, pide la expulsión de todos los diputados que votaron en contra de la certificación de las elecciones presidenciales. Aboga por la creación de un sistema sanitario público, gratuito y universal.

Y logra una victoria inesperada: cuando la Administración Biden tenía previsto dejar que expirara una moratoria sobre los desahucios establecida durante la pandemia del covid-19, Cori Bush durmió en las escaleras del Capitolio en señal de protesta. Finalmente, los demócratas deciden prorrogar la moratoria. En 2022 es reelegida con facilidad.

Todo cambia tras el 7 de octubre de 2023. Nueve días después de los atentados de Hamás y sus aliados en Israel, presenta una propuesta de ley en la que se pide un alto el fuego, firmado también por un pequeño grupo de diputados demócratas. En los meses siguientes, mientras caen las bombas sobre Gaza, Cori Bush intensifica sus críticas hacia Israel y denuncia la falta de reconocimiento de "la humanidad de los palestinos".

Estas declaraciones acaban atrayendo a un rival para las primarias de 2024. Wesley Bell, entonces fiscal del condado de San Luis y decididamente a favor de Israel, recibe el apoyo de más de 8,5 millones de dólares en gasto electoral de la AIPAC, el grupo de presión cercano al partido de Benjamín Netanyahu y muy influyente en Washington. El demócrata moderado gana las elecciones con cinco puntos de ventaja.

Entrevistada por Mediapart en un restaurante del centro de San Luis, Cori afirma no arrepentirse en absoluto de haberse implicado tanto en denunciar la intervención israelí en Gaza. Explica que ve su compromiso con Palestina como una prolongación del movimiento Black Lives Matter.

“Durante las manifestaciones [de Black Lives Matter en 2014], había un grupo de palestinos de visita en Estados Unidos que se unió a nosotros, no muy lejos del lugar donde permaneció tendido el cadáver de Michael Brown durante cuatro horas y media. Nos enseñaron qué había que hacer cuando la policía nos lanzaba gases lacrimógenos. Les pregunté por qué estaban allí. Me respondieron que sabían lo que eran la ocupación y la violencia de Estado, y que no querían que eso les pasara a otros. Les dije que algún día tendría la oportunidad de devolverles el favor”.

Si Cori Bush quiere ganar las primarias, debe enfrentarse a numerosos obstáculos. En primer lugar, el de la financiación de su campaña. Las candidaturas competitivas a la Cámara de Representantes recaudan millones de dólares. A esto se suman los gastos de los comités de acción política “independientes”, esas famosas entidades que tienen derecho a recaudar donaciones ilimitadas siempre que no se coordinen directamente con las campañas, como hizo la AIPAC en 2024.

En estos dos aspectos, no hay duda de que el diputado saliente tiene ventaja. Como explica Kenneth Warren, politólogo de la Universidad de San Luis, jubilado desde hace dos años, Wesley Bell cuenta con el apoyo de los círculos empresariales de San Luis, donde tienen sede empresas como Nestlé Purina Petcare y Boeing.

“En los círculos empresariales de aquí —afirma—, la gente dice: "¡Pero si ella no sabe cómo atraer dinero!". La ventaja de Bell es que forma parte de esos círculos empresariales. Hay quien lo ve como un peón de las empresas, y quizá sea así. Es un poco frío, pero habla bien, tiene un título universitario y fue fiscal. Tiene buena relación con los responsables políticos de San Luis, aunque estos sean en su mayoría republicanos. La primera circunscripción es una causa perdida para ellos, pero saben perfectamente que quien gane las primarias ganará las elecciones”.

Luego está la sociología electoral. Aunque Cori Bush obtiene sus mejores resultados entre los 300.000 residentes de la ciudad de San Luis, la circunscripción también abarca gran parte del condado de San Luis y su millón de habitantes. Sociológicamente, es otro mundo. Como explica Devin Thomas O’Shea, autor y especialista en historia local, los suburbios son más ricos, más blancos y políticamente más moderados que el propio municipio de San Luis.

¿Cuál es el objetivo de Cori Bush? Limitar los daños en el condado, pero también movilizar al mayor número posible de votantes en la ciudad. Para ello, podría contar con un arma secreta: los Socialistas Democráticos de América (Democratic Socialists of America, DSA). Al igual que Alexandria Ocasio-Cortez y Zohran Mamdani, Cori Bush es miembro del DSA y se define a sí misma como “socialista democrática”.

“Los multimillonarios no deberían ser quienes tomen las decisiones sobre lo que ocurre en nuestro país y en nuestros municipios”, afirma cuando se le pregunta por su identidad política. “Quien debería tener el poder es el pueblo y todo el mundo merece poder realizarse plenamente”.

Los DSA no tienen la misma influencia en San Luis que en Nueva York, donde los socialistas cuentan con más de una docena de representantes políticos en diferentes niveles. Pero la organización de San Luis lleva años ganando fuerza, tal y como explican Chris Ottolino y Sarah Arkebauer, copresidentes de DSA San Luis y responsables de las elecciones. Desde 2017, el grupo ha pasado de 120 a 700 miembros. Además de Cori Bush, los DSA contribuyeron, entre otros, a la elección de Megan Green para el Ayuntamiento en 2022.

Sus activistas vuelven a organizar campañas puerta a puerta para Cori Bush, haciendo hincapié en su capacidad para lograr avances concretos, pero también para luchar contra una Administración muy impopular. “Las conversaciones son positivas”, señala Sarah Arkebauer. “A la gente le preocupa todo. A menudo hablan del ICE. Muchas veces levantan las manos en señal de impotencia y dicen: "no va bien nada". Quienes no están contentos con la situación actual reconocen a Cori como una luchadora”.

Y esa es precisamente la imagen que Cori Bush intenta proyectar ante el electorado. No se hace ilusiones sobre el limitado margen de maniobra que tendría una Cámara de Representantes demócrata bajo la presidencia de Donald Trump, pero considera que hay que “limitar los daños” y oponerse a la Casa Blanca a toda costa; en definitiva, asumir un papel combativo que los políticos demócratas actuales suelen descuidar.

“Los demócratas deberían fijarse en las personas que tienen en el banquillo”, afirma. “Tenéis gente que es un auténtico lanzallamas. Dejad que esa gente escupa fuego. Tenéis a gente que son vuestros mensajeros, dejad que transmitan el mensaje. Tenéis a constitucionalistas, dejad que hagan su trabajo… Hay que colocar a la gente allí donde pueda hacer algo. Así veremos un cambio. Y hay que dejar de esperar. Hay que tener un poco de valor. A los republicanos no les preocupa parecer amables, les preocupa su programa”.

Traducción de Miguel López

En las elecciones de medio mandato estadounidenses que se celebrarán en noviembre, los californianos decidirán si quieren que vea la luz un impuesto a sus vecinos con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. La medida, que se conoce como Proposición 40, ya ha provocado que algunos de los más ricos se marchen del estado y que otros gasten como nunca antes lo habían hecho en campañas en contra de la iniciativa.

California es el estado con más multimillonarios de todo EEUU, un país de grandes desigualdades y donde el 10% más rico posee el 70% de la riqueza. A la vez, el sistema está estructurado de manera que los multimillonarios pagan una tasa efectiva más baja que el estadounidense medio, y por supuesto más baja que la que pagarían en otros países.

“Tanto el impuesto sobre la renta como el de sociedades [de EEUU] no son nada comparados con los impuestos europeos”, apunta la experta Lucy Dadayan, investigadora del Urban-Brookings Tax Policy Center, en conversación con infoLibre. En medio del debate sobre California, los Socialistas Democráticos (DSA), el partido del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, han presentado un nuevo programa en el que proponen “imponer impuestos agresivos sobre el patrimonio a las personas y corporaciones más ricas para financiar bienes públicos e infraestructuras”.

¿Va EEUU camino de gravar por fin a sus más ricos? ¿Abrirá camino California? ¿Hay manera de hacerlo?

La Proposición 40 proviene de un sindicato californiano de trabajadores de la sanidad, y plantea que los californianos con un patrimonio neto superior a mil millones de dólares paguen una única vez el 5% de sus activos al estado. Y gracias a casi un millón de firmas recaudadas con el apoyo del senador Bernie Sanders, han conseguido que su iniciativa vaya en las papeletas de noviembre. La idea del sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West es que el impuesto sirva para compensar los recortes en sanidad del presidente Donald Trump.

La propuesta del impuesto incluye que el estado estará obligado a gastar el 90% de lo recaudado en sanidad. Según Suzanne Jimenez, portavoz del sindicato, estos ingresos permitirán mantener abiertos los hospitales y preservar el acceso de los californianos a la atención médica, algo que, consideran, es más necesario que nunca, aunque algunos no piensen lo mismo.

“El gobernador se está centrando en el problema equivocado”, dijo Jimenez. “El problema no se reduce a las preferencias de 200 personas ultrarricas. El problema es que millones perderán su cobertura médica”, y ese es realmente el problema que estamos tratando de resolver.

Porque al impuesto no solo se han opuesto los multimillonarios de California, sino también el gobernador del estado, Gavin Newsom, también exalcalde de San Francisco y uno de los nombres que más suenan a candidato a presidente por el Partido Demócrata en 2028.

De su lado, un grupo de multimillonarios que podrían tener que pagar el impuesto ha decidido dedicar al menos 87 millones de dólares para anuncios de televisión que defiendan su postura, con lo que, previsiblemente, la campaña a favor y en contra de la iniciativa se convertirá en una de las campañas electorales más caras de la historia del estado. Entre quienes financian esta contracampaña está el cofundador de Google Sergey Brin, que junto al también cofundador de Google Larry Page y el inversor tecnológico Peter Thiel aseguran que ya han empezado a cortar lazos con California.

Por su parte, el gobernador del estado lleva tiempo oponiéndose a un impuesto a los más ricos de este estilo por miedo a que la innovación se marche de California, en un momento en el que la industria tecnológica ha disparado los ingresos del estado. Newsom ya ha rechazado propuestas legislativas similares diciendo que no las firmaría, paso necesario para que los proyectos de ley se conviertan en leyes. En este sentido, es conveniente recordar que el gobernador tiene fuertes lazos con algunos de los mayores líderes tecnológicos de Silicon Valley que podrían tener que pagar el impuesto: el CEO de Salesforce es uno de sus amigos más cercanos y el padrino del hijo mayor del gobernador, y Brin y Page asistieron a la boda de Newsom.

Sin embargo, el gobernador ha dicho que opinaría diferente si el impuesto fuese a nivel federal. “Una cosa es tener una visión general del país y hablar de 50 estados. Otra muy distinta es competir contra otros 49 estados”, ha asegurado. Según su propuesta, lo ideal sería gravar a cualquiera con una riqueza superior a los 100 millones, además de subir el impuesto de sociedades a donde estaba antes de que Trump llegase al poder. ¿Es algo que puede suceder?

La experta Lucy Dadayan es muy clara al respecto: “Es la primera vez que se ha propuesto algo así y probablemente la última”. Pero no opina así porque crea que EEUU no puede gravar más a los más ricos ni por temor a que estos huyan a otros lugares, algo que considera complicado, sino por el diseño del impuesto, nada habitual, que cree que podría ser tumbado en los tribunales. Para ella, lo más beneficioso sería un impuesto a nivel federal que generase ingresos de forma recurrente, en lugar de gravar una única vez la riqueza de los multimillonarios.

“Se puede ampliar el impuesto sobre las ventas para gravar los servicios que más usan los más ricos”, como los servicios de gestión de grandes fortunas o los servicios legales, opina. “Eso generaría unos ingresos más recurrentes y más ingresos, y puede ser más sostenible a lo largo del tiempo”. “Muchos servicios no están sujetos a impuestos, así que ampliarlos para incluir los servicios que usan las personas más ricas sería una manera más prudente de generar ingresos”, añade.

Un análisis de la agencia gubernamental que se dedica a asesorar fiscalmente al Gobierno de California ha concluido que un impuesto como el de la Proposición 40 generará decenas de miles de millones de dólares a lo largo de los próximos años, pero también ha advertido de que podría provocar la huida de muchos multimillonarios. “Es probable que algunos multimillonarios decidan abandonar California. Los impuestos sobre la renta que actualmente pagan al estado desaparecerían con su partida”, afirma en su informe, apuntando que la reducción de los ingresos estatales derivada de este tipo de medidas podría ascender a cientos de millones de dólares o más al año.

“Esto significaría menos dinero para el presupuesto general del estado, que financia la educación, la sanidad, las prisiones y otros servicios”, han recalcado. Si bien el impuesto sobre el patrimonio proporcionaría fondos para financiar algunas de estas cosas, como la atención médica, ese dinero sería temporal. Muchos otros sindicatos del estado también han advertido de que temen que el beneficio no compense el riesgo de perder ingresos.

Sin embargo, no todos los multimillonarios han amenazado con marcharse. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha dicho que el impuesto le parece bien aunque, según los cálculos de los medios, podría costarle 8.000 millones de dólares. “Les digo a todos: ‘Múdense a California, no se vayan’. Son los impuestos más altos del mundo, pero no importa”, dijo en un discurso ante los alumnos de la escuela de negocios de Stanford.

“No es tan fácil mudar un negocio, es una decisión muy dura, y la gente no suele mudarse solo por los impuestos”, recalca la experta de Brookings. La gente quiere tener servicios que le permitan tener una buena calidad de vida y, en resumen, los impuestos no son un factor que determine que la gente se mude de un estado a otro, ni de un país a otro. Lo mismo ocurre con las empresas.

Entonces, ¿la Proposición 40 podría impulsar que Estados Unidos apruebe más impuestos para los ricos, salga adelante o no? Lucy Dadayan lo tiene claro: “Creo que próximamente va a haber más esfuerzos por gravar más a los ricos, pero no necesariamente en el mismo formato que la propuesta de California”.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10% impuesto por Washington.

Los nuevos aranceles, anunciados por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pretenden sustituir el arancel global temporal del 10% impuesto por Trump, que expira este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.

Trump impuso un arancel temporal en febrero del 10%, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, con el parapeto lega de la llamada sección 301.

Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10% para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5% para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.

En América Latina, la medida afecta a Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10%. El texto también incluye México, aunque el Gobierno mexicano ha matizado que el 85% de sus exportaciones quedarán amparadas bajo el T-MEC, así que el impuesto se aplicará solo en las 15 % restantes.

A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10%. También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado. En cambio, China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.

La medida deriva de investigaciones iniciadas por la oficina de Greer en marzo, bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses.

Tras las investigaciones y consultas con los Gobiernos afectados, la oficina de Greer determinó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales.

La política arancelaria de Trump, uno de los ejes de su agenda económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior.

Después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de sus aranceles globales, la Administración ha recurrido a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.