La Unión Europea adoptó en 2024 su ley de inteligencia artificial (IA), el primer marco jurídico integral a nivel mundial que aborda el uso aceptable de esta tecnología. La norma establece reglas estrictas sobre los riesgos, transparencia y seguridad para los sistemas de IA desplegados en el continente. Al ser la primera gran área económica en legislar sobre la materia, la UE aspiraba a desencadenar un nuevo Efecto Bruselas: la ambición de que su marco regulatorio se consolidase como el estándar global de facto, tal y como ya logró en el pasado con su estricta normativa de protección de datos. Estaba previsto que la ley entrará de modo efectivo en vigor en sucesivas fases, alcanzando su plena operatividad en agosto de 2026.

Simultáneamente a la adopción de la normativa comunitaria, la Administración Biden publicó una orden ejecutiva que establecía estándares para el desarrollo de la IA en EEUU dentro de un marco de gestión de riesgos, la protección de la privacidad y la promoción de la competencia. La acción concertada de la UE y EEUU catalizó una serie de acuerdos multilaterales en diversos foros –la Conferencia de Bletchley, Naciones Unidas– que contaron con la participación de China y propugnaron un diálogo internacional fundamentado en la gestión conjunta de riesgos y la cooperación en el desarrollo de capacidades.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 desbarató lo que se percibía ya como un nuevo éxito del Efecto Bruselas. Washington incluyó, entre las condiciones de un acuerdo arancelario entre los dos bloques, abordar las “barreras injustificadas al comercio digital”, obligando a la Unión Europea a una revisión de su acervo legislativo tecnológico. Tras un proceso de tramitación de cinco meses, los legisladores comunitarios han consensuado una reforma de la ley de IA. Si bien las modificaciones sustanciales de la normativa son de carácter menor –exclusión de maquinaria industrial, prohibición de generación de imágenes sexualmente explícitas, extensión de excepciones de cumplimiento a empresas de tamaño medio–, se incluye el aplazamiento de su entrada en vigor completa hasta agosto del año 2028.

En el nuevo orden mundial, fundamentado en el principio de la ley del más fuerte, las concesiones tienen un impacto inmediato. A la limitada capacidad industrial de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial y su carencia de soberanía tecnológica en todos los niveles –incluyendo chips, infraestructura en la nube y modelos de lenguaje–, se añaden ahora las reservas e incertidumbres en materia regulatoria. Europa ha sido relegada por las máximas instancias de decisión internacionales en IA, quedando visible en el ámbito corporativo y geopolítico.

El comportamiento de Darío Amodei –consejero delegado de Anthropic– en el marco de la pre comercialización de su último modelo de lenguaje –Mythos– es representativo del desdén hacia Europa de las grandes tecnológicas. El 7 de abril, Amodei anunció la retención de la difusión de la aplicación, argumentando sus capacidades para explotar vulnerabilidades tecnológicas. Además del establecimiento del proyecto Glasswing para definir e implementar una estrategia defensiva en colaboración con otras entidades estadounidenses, compartió el modelo con la Administración Trump y entidades financieras de su país. La postura adoptada hacia Europa ha sido considerablemente diferente. A pesar de los sucesivos requerimientos, Amodei se ha rehusado hasta el momento a facilitar el acceso al modelo a las compañías del Viejo Continente y a la Comisión Europea, y ha declinado la solicitud de comparecencia ante el Parlamento Europeo.

La Administración Trump ha hecho también evidente que niega cualquier papel a Europa en la concepción de un marco global de gobernanza de la IA. En la agenda de la visita oficial del presidente de EEUU a China se ha incluido el lanzamiento de las negociaciones para establecer un marco global de mitigación de riesgos en el desarrollo de la IA. El objetivo final sería la definición conjunta por la dos superpotencias de directrices de seguridad para el despliegue de modelos, creación de mecanismos de intercambio de información y establecimiento de canales de comunicación de emergencia para incidentes relacionados con la IA. El acuerdo bilateral supondría un vaciamiento absoluto del Efecto Bruselas sobre la regulación global de la tecnología emergente. 

La IA ha pasado de ser un producto comercial a considerarse un activo estratégico y la UE no está en la mesa de decisiones. ¿Puede recuperar su protagonismo en el desarrollo global de la IA? Sí, pero necesita para ello complementar su capacidad regulatoria con una reorientación de su política industrial y una estrategia sólida de alianzas internacionales. 

La recuperación del impulso tecnológico en la IA en Europa pasa por apostar por la expansión de las capacidades propias en el paquete de medidas sobre infraestructuras digitales previsto para finales de mayo. La Comisión Europea debería presentar una propuesta de la Ley de Chips 2.0 que fomente la autonomía estratégica en el sector de los semiconductores, en sintonía con lo establecido en la propuesta de ley de aceleración industrial para el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas. Del mismo modo, el proyecto de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA que proponga el Ejecutivo comunitario debería incorporar requisitos de soberanía en la contratación pública, análogos a los aplicados en los servicios recientemente adquiridos por la Comisión Europea.

En paralelo, la Unión Europea debe asumir su posición como potencia media. El continente europeo es cada vez menos equiparable a las otras dos grandes potencias mundiales. El peso del poder económico de Europa ha experimentado un descenso desde 2016, pasando de representar un 22% del PIB mundial a situarse en el 17,5% actual. La hoja de ruta esbozada por Mark Carney en Davos 2026 nos confronta con una realidad ineludible: la autonomía digital estratégica europea no puede limitarse a un ejercicio de introspección, sino que debe constituir un acto de diplomacia audaz cimentado en una alianza de potencias medias – Brasil, Canadá, Corea del Sur, India, Japón, Reino Unido–. Esto resulta igualmente crucial para alcanzar el objetivo de una gobernanza global de la IA que sea genuinamente multilateral.

La coyuntura geopolítica europea, especialmente en el ámbito de la IA, evoca la máxima de Gramsci: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Si bien es preciso reconocer las dificultades del panorama actual, resulta indispensable mantener una determinación firme para intervenir y modificarlo. La inacción, por el contrario, conduciría a una subordinación y un vasallaje tecnológico.

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Emilio García García, colaborador de Fundación Alternativas y coautor de “Chips y poder”.

Christian Schmidt, alto representante internacional en Bosnia y Herzegovina, anunció hace unos días, desde Nueva York, su dimisión por “motivos personales”. Este exministro de Agricultura alemán (Unión Demócrata Cristiana, CDU), que llegó a Sarajevo en agosto de 2021, nunca logró el consenso y parecía cada vez más debilitado. Pero su salida improvisada hace tambalear el marco institucional surgido de los acuerdos de Dayton.

Desde la firma de esos acuerdos, en diciembre de 1995, Bosnia y Herzegovina, formalmente soberana, es en realidad un protectorado internacional. El alto representante dispone de poderes exorbitantes, precisados en 1997 durante la Conferencia de Bonn: puede imponer o derogar leyes o destituir a dirigentes electos, por ejemplo.

Es nombrado por el Consejo de Implementación de la Paz (Peace Implementation Council, PIC), que agrupa a 55 países y agencias internacionales, y la costumbre exigía que este nombramiento fuera validado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante el cual el alto representante presenta un informe semestral.

Pero no fue así con el nombramiento de Christian Schmidt, ya que los países occidentales temían un veto de Rusia, o incluso de China. Por ello, Milorad Dodik, entonces presidente de la República Srpska, lo consideró ilegal.

Milorad Dodik, que sigue siendo el verdadero líder de la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina aunque ya no sea su presidente, dice que ha abordado el asunto de Schmidt con Vladimir Putin, con quien se reunió en Moscú el 9 de mayo, con ocasión de la conmemoración de la victoria de 1945. El líder nacionalista serbio reivindica la dimisión del alto representante como una victoria personal, y así lo escribió en la red social X: “Christian Schmidt abandona Bosnia y Herzegovina de la misma manera que llegó: sin legitimidad, sin una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU y sin tener el derecho internacional de su parte.”

Milorad Dodik, agitando desde 2010 la amenaza de una secesión de la República Srpska, al tiempo que la sometía a un sistema organizado de depredación en beneficio de un estrecho círculo de cortesanos, no ha parado de lanzar provocaciones contra Christian Schmidt, lo que le valió una condena que, en teoría, lo apartaba de la vida política. A finales del verano de 2025, destituido de su cargo de presidente de la República Srpska y con la prohibición de ejercer cualquier cargo público durante seis años, parecía a punto de jugárselo todo a una carta al convocar un referéndum que podría haberse convertido en un plebiscito a favor de la secesión.

En el peor momento de la crisis, a principios de septiembre, dos de sus colaboradoras más cercanas, Željka Cvijanović y Ana Trišić Babić, se desplazaron a Washington, donde habrían llegado a un acuerdo secreto con la Administración Trump. De hecho, Milorad Dodik renunció a sus planes de referéndum, aceptó retirarse de la presidencia mientras el Parlamento de la entidad derogaba las leyes “secesionistas” previamente aprobadas. A cambio, Estados Unidos levantó las sanciones que pesaban sobre Milorad Dodik y su círculo. Quedó así demostrado que la diplomacia transaccional promovida por la Casa Blanca era más eficaz que los principios defendidos por la Unión Europea. Mientras, Christian Schmidt se veía marginado.

Según fuentes anónimas citadas por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Estados Unidos habría exigido la salida de Christian Schmidt, ya que no respondía a sus exigencias en relación con el proyecto del gasoducto Southern Interconnection. Este proyecto prevé el transporte de gas licuado procedente de Estados Unidos hacia Bosnia y Herzegovina, que actualmente se abastece al 100 % de gas ruso. El objetivo de reducir la dependencia de Moscú esconde enormes intereses económicos.

El pasado 26 de abril, Bosnia y Herzegovina adjudicó a la empresa estadounidense AAFS Infrastructure and Energy el transporte de gas desde la terminal de GNL de Omišalj, en la isla de Krk, en Croacia. Esta empresa, hasta ahora desconocida, estaría dispuesta a invertir 1.500 millones de euros en la construcción de un gasoducto de 200 kilómetros. La firma pertenece a dos personas cercanas a Donald Trump: Joe Flynn, hermano de Michael Flynn, asesor de seguridad nacional durante su primer mandato, y Jesse Binnall, el abogado que lo defendió contra la acusación de haber incitado al asalto al Capitolio en 2021. Otro motivo de vergüenza: la concesión no fue objeto de ninguna licitación, tal y como señaló Transparency International.

El acuerdo exige una modificación de la ley sobre los bienes del Estado de Bosnia y Herzegovina, que se hicieron intransferibles por una decisión tomada hace más de veinte años por Paddy Ashdown, predecesor de Christian Schmidt. Washington esperaba, por tanto, que el alto representante flexibilizara esta disposición. “La nueva línea política de Washington, que antepone los intereses económicos de Estados Unidos, ha contribuido en gran medida a la salida de Schmidt”, explica Ivana Marić, analista política en Sarajevo, citada por Radio Free Europe-Radio Liberty.

Mientras Bruselas sigue abogando por la transición ecológica en los países candidatos a la adhesión, cambiar la dependencia del gas ruso por la del GNL estadounidense equivale, de hecho, a anclar a los Balcanes en la órbita de las energías fósiles. Christian Schmidt parece haber sido la primera víctima de la guerra energética desatada en los Balcanes entre Bruselas y Washington.

En Sarajevo, muchos temen también que Bosnia y Herzegovina se cuente entre las víctimas, si este conflicto culmina en una retirada occidental. Por eso Damir Mašić, jefe del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SDP) en la Cámara de Representantes de la Federación de Bosnia y Herzegovina, ha pedido a Christian Schmidt que dé explicaciones sobre su dimisión: “Debe una respuesta a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina: ¿por qué dimite? ¿Es cierto que se ha visto obligado a hacerlo, y por quién?”

Christian Schmidt precisó, el martes 12 de mayo ante el Consejo de Seguridad, que dejaría sus funciones “a lo largo de junio”. Circulan nombres para su sucesión, pero ¿habrá aún un alto representante? Vassili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, ya ha pedido la “supresión inmediata” de este cargo, una postura que casi comparte Washington. Tammy Bruce (embajadora adjunta ante la ONU, ndt), en nombre de Estados Unidos, pidió el “fin del intervencionismo político”, afirmando que el nuevo alto representante debería tener poderes “considerablemente reducidos” y se encargaría “de transferir las responsabilidades a los actores políticos nacionales”.

Esta postura fue teorizada por Max Primorac, un conservador estadounidense de origen croata. Miembro influyente de la Heritage Foundation, afirmó en julio de 2025 que “los diplomáticos internacionales han usurpado los poderes soberanos de Bosnia y Herzegovina”. Según él, sería “hora de devolver a los bosniacos, croatas y serbios su soberanía y su capacidad para resolver sus propios problemas”.

Esto supondría la desaparición de las instituciones centrales de Bosnia y Herzegovina, en beneficio de tres entidades étnicas, que es la posición defendida por Milorad Dodik, pero también por los nacionalistas croatas. Así, según Max Primorac, el país “podría convertirse en un socio energético estratégico desarrollando las exportaciones de gas estadounidense a Europa y contrarrestando los esfuerzos de China, Rusia e Irán”.

La posible desaparición del cargo de alto representante corre un gran riesgo de desmantelar todo el entramado institucional establecido por los acuerdos de Dayton, sumiendo a Bosnia y Herzegovina en un periodo de gran incertidumbre, a pocos meses de las elecciones generales, el 4 de octubre. También supondría el fin de una época en la que la “comunidad internacional” creía poder hablar con una sola voz y resolver las crisis en un marco multilateral, bajo la responsabilidad última del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Traducción de Miguel López

Un año después de su nombramiento, hemos pillado al papa en su primera mentirijilla: “No soy un político”. Ocurre que el papa acaso no sea tan sólo un político. Y ocurre también que a esa media mentira le sucedía una gran verdad seguida de un mandoble antológico, que sumía a Trump en la plena mezquindad política, al tiempo que a él lo elevaba a otra más alta condición: “No quiero entrar en un debate con él”, “no le tengo miedo”. Por otro lado, en el primer aniversario del papado de Prevost, se han publicado artículos que tratan, ora de ceñir el alcance del poder papal a lo estrictamente religioso, ora de atemperar su posicionamiento político presentando a León XIV como alguien ni de izquierda ni de derecha: un pontífice que ha venido a reequilibrar la iglesia, un papa de mero centro.

Así, pese al riesgo de simplificación, las cuestiones a debatir serían dos. Primera: ¿es o no el papa un político? Y segunda: de serlo, ¿de qué parte está? La primera pregunta es de perogrullo y la respuesta obvia es un sí mayúsculo. Que Francisco fracasara en la guerra de Ucrania o en la carnicería de Gaza no quita para no ver que la potencia del papa es distinta. No hay sobre la faz de la Tierra institución humana más longeva. Hasta la Paz de Westfalia, el papa hacía de árbitro en las contiendas entre Estados. A partir de entonces, fue tan sólo un Estado más. Con la Revolución Francesa, la Santa Sede suplió astutamente su progresiva pérdida de poder temporal con una subjetividad internacional cada vez mayor. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Santa Sede se ganó un papel protagonista en las Convenciones de Viena, en la Ostpolitik, en la Conferencia de Helsinki, y lo hizo con extraordinario oficio diplomático. Pablo VI clarificó su condición política en su famoso discurso ante la ONU de 1965: “Quien os habla es un hombre como vosotros; es vuestro hermano, y hasta uno de los más pequeños de entre vosotros, que representáis Estados soberanos, puesto que sólo está investido —si os place, consideradnos desde ese punto de vista— de una soberanía temporal minúscula y casi simbólica: el mínimo necesario para estar en libertad de ejercer su misión espiritual y asegurar a quienes tratan con él, que es independiente de toda soberanía de este mundo. No tiene ningún poder temporal, ninguna ambición de entrar en competencia con vosotros”. Tras la modosidad diplomática de Pablo VI llegaría el alarde imperial de comunión anticomunista de Reagan y Juan Pablo II tan añorada por los ases del nacionalcristianismo global (Meloni, Orbán, Hazony, Marion Maréchal, etc.) en la cumbre del National Conservatism celebrada en Roma en 2020.

¿Tampoco Benedicto XVI fue un político? Vaya si lo fue. Para él, el pluralismo podía pecar de relativismo moral y era deber del cristiano pelear en la arena política por la pervivencia de unos principios no negociables entre los cuales la justicia social brillaba, extrañamente, por su ausencia. Tan hiperpolítico era Benedicto XVI que Andreotti, tras una intervención conjunta ante el Senado italiano de un Ratzinger aún cardenal y del presidente de esa institución, Marcello Pera, resumió así los comentarios en los corrillos posteriores a sendos discursos: “Hemos escuchado al cardenal Pera y al presidente Ratzinger”.

¿Francisco tampoco fue un político? Francisco no sólo fue un político, sino que tuvo la condición mejor que puede tener un papa para un laico: fue un papa ilustrado, que, con el Evangelio como estrella polar y la Doctrina Social como brújula, se batió por la fraternidad, la defensa de la casa común y el derecho como ningún papa antes.

A la iglesia y los Estados Unidos les une en este momento la idea de que son imperios perdidos, con la salvedad de que la iglesia lleva siglos perdiendo su imperio y siglos conservándolo, mientras que Trump acaba de cometer un error que para Maquiavelo era el mayor indicio de decadencia en el poder temporal: “El desprecio del culto divino” (Discursos sobre la primera década de Tito Livio, XII).

¿Por qué reitera, pues, León XIV que no es un político? Porque quiere dejarles claro a quienes quieren manipular el poder pontificio que él, como se dice ahora, juega en otra liga histórica: la espiritual. Y también por lo ya dicho: porque no quiere debatir con políticos como el vicepresidente Vance, el cual invitó al Vaticano a ceñirse a temas de moralidad y dejar que fuera el presidente Trump quien dicte la política pública estadounidense. Este papa propone un modelo totalmente divergente del trumpiano. Niega la posibilidad de una nueva cruzada desmontándola de raíz: denuncia la “falsa propaganda” de las políticas de rearme; afirma que somos muchos quienes no ignoramos la cantidad de dinero que se embolsan los “mercantes de muerte”; propugna un nuevo contrato lingüístico no violento: “Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra”. Para desesperación de Trump, Rubio o Vance, León XIV sostiene que “la fe no separa la vida espiritual de la social”. Este es un papa demasiado poco moralista o, sin tapujo cursivo, demasiado poco interesado en lo sexual, ese señuelo tan eficaz para tapar la gula belicista y la ira bélica. Para hacerse una idea de lo social que es este papa, véanlo hace unos días aplaudiendo al arzobispo de Nápoles cuando este acusaba a la Camorra de ser no sólo criminal, sino también “mentira educativa, falsa promesa, religión del dinero, robo de futuro”.

Hace poco, Adrian Vermeule, profesor de Harvard con mucho predicamento entre los admiradores de la teocracia, tuiteaba: “En el Año del Señor de 2026, la cuestión de la relación entre los poderes temporal y espiritual vuelve a ser central en nuestra política. Rawls y Habermas desaparecen en el espejo retrovisor”. A este trance histórico iliberal, en el que desde el otro lado del charco Trump, Vance y Rubio cuestionan a cañonazos mediáticos la función y la autoridad del papado, la iglesia ha llegado preparada y habiendo hecho ya autocrítica. Según el sociólogo Giuseppe De Rita, en los últimos 30 años la iglesia cometió el error de pensar que le bastaba con ejercer el poder como influencia y no como fuerza. El hecho es que esa ausencia ha coincidido con un debilitamiento de la democracia. Ahora en la iglesia ven que urge recuperar un terreno baldío en el que se ha hecho fuerte la derecha identitaria. Los católicos deben volver a mojarse en política como cuando escribieron, animados por Pío XII, el Código de Camaldoli, una de las bases del movimiento de la Democracia Cristiana europea. Hoy, sentenciaba ya en 2023 el cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, hace falta “una Camaldoli europea”.

La iglesia, como potencia política, es un Guadiana. No conviene subestimarla cuando menos se la ve; tampoco sobreestimarla en sus crecidas. El Secretario de Estado James Buchanan dio indicaciones al agregado comercial ante los Estados Pontificios el 5 de abril de 1848: “Nuestra relación directa con los Estados Pontificios sólo puede ser de carácter comercial”. El aparato de EEUU siempre tuvo claro que no cabía mantener relaciones diplomáticas con el jefe de una iglesia, porque ello entrañaría poner en peligro su sagrado principio constitucional de la separación iglesia-Estado. Darle a una iglesia un estatuto preferencial en relación con el Gobierno estadounidense hubiera arrinconado el principio de conceder a todos los organismos religiosos el mismo estatuto. Esa tradición se mantuvo durante buena parte del siglo XX. En enero de 1951, la Junta General del Consejo Nacional de Iglesias cristianas de los EEUU seguía instando a que no se llevara a cabo ninguna tentativa a fin de establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y, de hecho, hasta 1984, no las hubo. Luego, con Reagan y Juan Pablo II, llegó la entente en pro de un régimen de cristiandad remozado; y después, con Francisco, la disolución de aquella fusión entre lo sacro y el poder temporal con fines imperiales. León XIV sigue, sin duda, en este respecto la misma línea que Francisco. Por eso lo atacan cotidianamente desde los mismos medios ultraconservadores de EEUU que impugnaban a diario el pontificado de Francisco.

Uno de los más sobresalientes diplomáticos vaticanos del siglo XX, el cardenal Achille Silvestrini, decía: “Los viejos soberanos absolutos sabían de sobra lo que podía significar un cambio de pontificado. Los comunistas, en cambio, desatendieron totalmente esa idea y el nombramiento de Juan Pablo II el 16 de octubre de 1978 les pilló desprevenidos. Tal vez pensaban que los cardenales jamás se atreverían a elegir un papa proveniente de uno de los países marxistas. Un error que el emperador de Austria o el rey cristianísimo de Francia jamás hubiera cometido…”. Lo mismo vale para Trump. ¿Cómo pudo escapárseles otra vez otro papa social, otro papa con agenda evangélica, otro pontífice tan demasiado político, tan poco de centro y tan cercano a los grandes ideales de cualquier socialista? 

León XIV visita España en breve. Para los creyentes será una visita pastoral. Para todo el mundo será también una visita muy política.

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Gorka Larrabeiti es profesor de español residente en Roma.

Kevin Warsh ha completado sin duda la parte más sencilla de su nueva misión. Pero su nombramiento como presidente del Banco Central de Estados Unidos (la Fed o Reserva Federal), que normalmente no es más que una formalidad, se ha convertido en una auténtica prueba. El miércoles 13 de mayo, el Senado finalmente confirmó su nombramiento con muchas dudas. Su comisión de finanzas había aprobado su nominación el 5 de mayo por un estrecho margen, con trece votos a favor y once en contra.

Pocas veces un presidente de la Fed ha sido tan analizado y criticado antes incluso de asumir el cargo. Para sus detractores, es sospechoso desde el principio simplemente por ser el candidato de Donald Trump. Muchos temen que se convierta en el brazo ejecutor de la Casa Blanca, que no ha dejado de atacar la independencia de la institución y a su presidente desde el inicio de su segundo mandato.

Incluso antes de haberlo seleccionado, Donald Trump ya había trazado la hoja de ruta del nuevo presidente de la Fed: que bajara lo antes posible, y tanto como fuera posible, los tipos de interés para impulsar la economía estadounidense y, sobre todo, los mercados financieros.

Pero Kevin Warsh también ha conseguido apoyos durante esta campaña, más allá de los fieles al bando republicano. En el mundo financiero y en el seno del bando demócrata, algunos recuerdan su paso por las finanzas y su mandato como emisario del banco central ante Wall Street durante la crisis de 2008. En aquel momento se alineó con los ortodoxos de la política monetaria, criticando la flexibilización monetaria, las compras masivas de deuda pública y el crédito a tipo cero que habían contribuido a disparar el balance de la Fed.

En 2024, volvió a cuestionar enérgicamente la política monetaria adoptada por el banco central. Para él, la Fed había cometido “un error histórico” al no subir los tipos de interés lo suficientemente rápido y lo suficientemente alto, cuando la inflación en Estados Unidos, bajo los sucesivos impactos del covid y luego de la crisis energética, superaba el 9 %.

De entrada, quedan planteadas las contradicciones a las que se enfrenta el inicio del mandato de Kevin Warsh: o bien se ajusta a la voluntad presidencial de Donald Trump, o bien opta por una política monetaria ortodoxa. Incluso a costa de intensas maniobras y diplomacia, le resultará difícil conciliar ambas cosas. “Se encuentra atrapado en una situación imposible entre un presidente que exige bajadas de tipos y una inflación problemática”, reconoce David Wilcox, antiguo economista de la Fed.

A modo de regalo de bienvenida, Kevin Warsh se encuentra con una cifra espantosa para un banquero central: la inflación está en su nivel más alto de los últimos tres años. Según las estadísticas publicadas el 12 de mayo, los precios han subido un 3,8 % en un año, muy lejos del objetivo del 2 % que sirve —arbitrariamente— de referencia a todos los bancos centrales occidentales para determinar su política monetaria. Una subida que, como señala Éric Dor, profesor de economía en la IÉSEG School of Management, está relacionada con “las decisiones políticas que Donald Trump ha autoinfligido a la economía estadounidense” y al resto del mundo.

Contra todos los cálculos del presidente y su entorno, Estados Unidos, a pesar de su condición de primer productor y exportador de petróleo, no se ha mantenido al margen de la crisis energética provocada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. En dos meses, los precios de la energía han subido más de un 12 %; los del gasóleo han pasado de 3 a 5,69 dólares el galón (3,78 litros), la medida de capacidad utilizada en Estados Unidos.

Mientras que la cuestión del poder adquisitivo lleva meses siendo una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, el presidente, que la había convertido en un tema de campaña, ha rechazado toda responsabilidad en esta crisis energética. “No pienso en la situación financiera de los americanos”, respondió tras conocerse las cifras de inflación, explicando que su prioridad era impedir que Irán se dotara de armas nucleares.

Esta crisis energética se está extendiendo a todos los demás sectores, con mayor o menor rapidez según su exposición al coste de la energía. Así, los precios del transporte aéreo han subido un 20 % en dos meses y los productos alimenticios, especialmente frutas y verduras, un 6,2 %. Pero lo mismo ocurre con los materiales de construcción y los productos manufacturados. En abril, los precios al productor subieron un 5,2 %, el mayor incremento desde 2022.

Aunque el tema parezca olvidado, los aranceles siguen surtiendo efecto y encareciendo el precio de las importaciones. Según estudios recientes, el 85 % del coste final de los aranceles lo han pagado las empresas importadoras y los consumidores de Estados Unidos, y solo el 15 % las empresas exportadoras extranjeras. Por último, los gastos sanitarios se están disparando tras la decisión de Trump de suprimir parte de la financiación pública.

A pesar de esas cifras alarmantes, los financieros siguen apostando por al menos dos bajadas de tipos en 2026. “Nada en las estadísticas sugiere que las subidas de tipos vuelvan a estar sobre la mesa”, afirma un estratega responsable del banco Goldman Sachs. Análisis que es compartido por numerosos fondos de inversión y gestores de activos, entre ellos BlackRock. Todos ya argumentan que mantener los tipos en su nivel actual o, peor aún, la más mínima subida, podría frenar el impulso de la inteligencia artificial y la inversión tecnológica en la economía de Estados Unidos.

Pero no es nada seguro que Kevin Warsh siga ese camino. Llega a una institución profundamente sacudida y dividida después de los ataques de Trump. El expresidente Jerome Powell, personalmente cuestionado, ha decidido conservar su puesto en el comité de gobernadores hasta 2028, para poder defenderse si la Casa Blanca sigue amenazándole con acciones judiciales.

Más preocupante aún para el nuevo presidente es que, en la última reunión del Federal Open Market Committee (FOMC), el órgano que determina la política monetaria del país, tres gobernadores regionales se mostraron abiertamente en desacuerdo. Algo nunca visto desde 1992. Mientras que la institución mantiene sus tipos al mismo nivel desde principios de año, se opusieron a que la Fed anunciara una próxima bajada de los tipos.

Para los observadores, esta rebelión no solo tenía por objeto señalar su preocupación ante el repunte de la inflación, sino también indicar al nuevo presidente del banco central que no tendrá vía libre para dirigir la política monetaria a su antojo.

Desde entonces, parecen haber aumentado los partidarios de un endurecimiento de la política monetaria. A excepción de Kevin Warsh, que mantiene en secreto sus intenciones, solo hay un miembro del comité de la Fed abiertamente partidario de una bajada de los tipos: Stephen Miran, el economista que defendió los aranceles y la guerra comercial con el resto del mundo y que fue nombrado por Trump miembro del FOMC.

Ante lo que la Agencia Internacional de la Energía califica como la “mayor crisis energética de la historia”, muchos responsables de la política monetaria, pero también economistas, han echado la vista atrás. Todos han revisado o están revisando el periodo de las dos primeras crisis del petróleo (1973-1979).

A todos se les aparece el fantasma de la estanflación, ese momento en el que las economías se enfrentaban a un estancamiento o incluso a una recesión económica, al tiempo que registraban inflaciones muy elevadas.

Cada vez se alzan más voces para pedir que no se repitan los errores del pasado y defienden una estricta ortodoxia de la política monetaria, tal y como la instauró Paul Volcker, presidente de la Fed entre 1979 y 1987, al imponer subidas masivas de los tipos de interés, asumiendo sumir a la economía estadounidense en la recesión para acabar con la espiral inflacionista.

Esta comparación histórica y el recurso a los mismos remedios para frenar la inflación solo convencen a medias a otros economistas. Es cierto que en ambos casos se trata de un choque energético, pero esta vez el entorno mundial y económico es radicalmente diferente. En los años 70, las economías se inscribían en un capitalismo productivo, en el que los intercambios no estaban globalizados. La demanda interna era fuerte y el poder de negociación de los trabajadores y los sindicatos era real: podían exigir aumentos salariales para compensar las pérdidas de poder adquisitivo.

En cincuenta años ha cambiado todo. La globalización, aunque se está fragmentando, domina el comercio mundial. El capitalismo financiarizado dicta la ley. Con las deslocalizaciones, los trabajadores han perdido todo poder de negociación y la crisis del coste de la vida se está convirtiendo en la preocupación dominante de las clases medias y más pobres. En cuanto a la inflación, no está alimentada por un exceso de demanda o de crédito.

“Pensar que una subida de los tipos permitirá frenar la inflación es una ilusión. Ya lo vimos con el covid y la crisis energética de 2021-2023”, dice el economista Éric Dor. “Se trata de una crisis de oferta. No porque suban los tipos habrá más gasolina y más queroseno. Y las empresas no tendrán más remedio que repercutir el aumento de los precios en sus precios finales para no trabajar a pérdidas”.

En una reciente conferencia en Stanford, Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, lanzó la misma advertencia. La economía americana, explicó, se enfrenta a un riesgo de ruptura en las cadenas de suministro que puede llevar a niveles elevados de inflación durante un periodo bastante largo.

En este contexto, limitar el debate sobre la política monetaria a la mil veces repetida cuestión de si bajar o subir los tipos, como hacen los círculos bancarios y financieros, supone no plantear las preguntas esenciales, según Carolina Alves, profesora de economía en la Universidad de Londres. “Lo que realmente está en juego no es el ritmo del endurecimiento monetario, sino la capacidad de los responsables políticos para mantener la ilusión de que unos tipos de interés más altos constituyen una respuesta eficaz, o incluso neutra, a las presiones inflacionistas a las que se enfrentan actualmente las economías avanzadas”, escribe en un artículo de opinión.

“En economías cada vez más financiarizadas, las subidas bruscas de los tipos tienen repercusiones muy diferentes”, constata Jézabel Couppey-Soubeyran, profesora titular de la Universidad París-I-Panthéon-Sorbonne. “Esto puede acabar teniendo un efecto depresivo que acabe bajando la inflación, pero ¿a qué precio? Existe un gran riesgo de que estallen las burbujas de activos que se han formado y que ya son enormes, y de que se acentúe la inestabilidad financiera. Pero es aún mayor el riesgo de agravar la crisis social y política. Porque son los más pobres quienes pagan el precio más alto.”

La historia también está repleta de precedentes sobre lo que pueden provocar esos malestares sociales y políticos. Pero, curiosamente, ni la Fed ni su homólogo europeo, el BCE, se han cuestionado las distorsiones económicas que sus decisiones de política monetaria han podido generar, ni siquiera desde la crisis de 2008. Sin embargo, estas se caracterizan por una acumulación de riqueza sin precedentes en muy pocas manos y por abismales desigualdades entre la población.

Una vez más, la Fed se dispone a hacer todo lo posible para defender no el interés general, sino el capital. Sin duda, sentará precedente. Cueste lo que cueste.

Traducción de Miguel López

Como si fuera una excursión del cole. Trump se ha llevado a China a los poderosos empresarios del sector tecnológico y bancario. Y no se los ha llevado como “caballeros de compañía”. Se los ha llevado para hacer lo que mejor sabe hacer Trump y que nunca ha dejado de hacer, ni siquiera cuando ocupa el despacho oval de la Casa Blanca: negocios.

En ese grupito de elegidos, también están su hijo y su nuera. Y tampoco van como comparsa de un séquito, que también eso le gusta a Trump, tener un grupo de cortesanos a su alrededor, como un buen monarca, como el rey que se cree que es. Se lo ha llevado para que su hijo también cierre jugosos contratos con el gigante chino.

Oficialmente es para estrechar lazos comerciales pero la imagen dice mucho de cómo ve Estados Unidos a su eterno rival, China. Esa guerra por saber quién era el motor del mundo, quién era el líder económico, hace ya tiempo que la ganó China. Su economía sigue creciendo, sus empresas siguen siendo vanguardia en muchos sectores y se han convertido en el socio fiable que todos quieren cuando van a hacer negocios.

Y aunque eso deja en mal lugar a Estados Unidos y a la política de Trump, a él no le importa. Prefiere llenar la cuenta de resultados de los suyos y su entorno a ganar la batalla por el relato.

Y ahí hemos visto a Elon Musk, sin soltar el teléfono en ningún momento, ni cuando se bajó del avión, en la cena oficial de anoche, grabándolo todo como si se quisiera llevar un recuerdo gráfico de esa magnífica excursión que le ha preparado Daddy, como le llama Mark Rutte a Trump.

Los ricos han ido a China a seguir siendo ricos o, incluso, a poder ser, un poco más ricos. Y Trump ha ido a China a ver si se lleva un pellizco de todo eso y marcarse una gira con la que distraer a la opinión pública sobre el desastre de la guerra de Irán y de la subida de precios que están sufriendo los estadounidenses, justo lo contrario de lo que les prometió, que las cosas irían mucho mejor con él, que él sabía cómo manejar la economía y poner a América por delante de cualquier otro interés… ¿incluidos los suyos?

La megalomanía de Trump le ha arrastrado a buscar eso a lo que todos los poderosos aspiran, pasar a la historia. Él lo intentó con el Nobel de la Paz. Luego con anexionarse países como nuevos estados, el sueño de Groenlandia sigue ahí, aunque no hablemos de ello, y lo mismo pasa con Canadá.

Pero en ese intento de ser eterno se está enredando demasiado. Y nos está arrastrando a todos. Lo digo para que no se nos olvide. Que, a veces, parece que sí. 

“No buscamos adhesiones pasivas, sino la movilización consciente contra los pilares del régimen de guerra permanente: el rearme, la militarización de la vida pública y la normalización cultural de la violencia”. Así lo recoge el manifiesto Otra paz es posible, firmado por más de 200 personas con el propósito de impulsar que la ciudadanía salga a las calles para exigir que cese la guerra. El texto se presentará el viernes 15 de mayo, coincidiendo con la conmemoración de la Objeción de Conciencia.

En los últimos años, el rearme se ha instalado de forma recurrente en el debate público. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sus exigencias a los aliados europeos han vuelto a situar el gasto militar en el centro de la agenda internacional. El ejemplo más evidente es la presión para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en los países de la OTAN, una meta de la que España se ha desmarcado al defender el límite del 2,1%. 

Pero, más allá de las exigencias del presidente de Estados Unidos, el proceso de rearme ya estaba en marcha. Según el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) de 2025, el gasto militar aumentó el año pasado en todas las regiones del mundo excepto en el continente americano. Estados Unidos mantuvo el primer puesto, mientras Europa registró un incremento del 14%. Además, solo cinco países concentraron el 58% del gasto militar mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. 

Para los firmantes del manifiesto, este escenario encierra una contradicción de fondo: se invoca la paz mientras se prepara la guerra. “La acumulación de armamento y tecnologías de muerte, incluida la inteligencia artificial aplicada a la guerra, no nos hace más libres ni seguros: agrava la fragilidad de la vida, acelera la destrucción de los ecosistemas y alimenta conflictos en todo el mundo”, denuncian. 

Esta forma de “prevenir la paz” haciendo uso de la fuerza, a golpe de amenaza, sostienen, no es más que una forma de control. “La paz militarista sirve para dominar: es cuando uno habla y el otro calla. Eso no es paz. Eso es no dar problemas y mantener una injusticia, que nos come los recursos, en vez de invertir en una seguridad humana basada en lo público”, cuenta a infoLibre Ovidio Bustillo, uno de los firmantes. 

Bustillo fue uno de los primeros objetores de conciencia al servicio militar durante el franquismo y la Transición. También formó parte del grupo de objeción y servicio civil de Can Serra, en Barcelona, y fue editor de la revista pacifista Oveja Negra. Para el activista, la sociedad civil tiene que exigir un cambio de rumbo. A su juicio, tiene que ser la ciudadanía quien empuje esa transformación, porque la política —también la izquierda— no está siendo lo suficientemente firme para frenar lo que considera un “peligro para la supervivencia”. 

En ese sentido, Bustillo sostiene que tampoco la acción del Gobierno de España está siendo suficiente. Es más, considera que su defensa de la paz es “puramente testimonial”. “El PSOE es el partido que más ha impulsado el uso de la fuerza, porque ha invertido en defensa sin pasar por el Congreso. Lo cierto es que tiene una política militarizadora”, denuncia. 

“Es una contradicción”, prosigue. “Tiene mérito enfrentarse a los más poderosos y ser la voz progresista en Europa, pero todo se queda en las palabras y lo que necesitamos son hechos y políticas más audaces”, reclama. 

Por eso, los firmantes del manifiesto defienden que la verdadera presión tiene que venir de la calle. Un buen ejemplo son las protestas que inundaron las calles de todo el mundo para exigir el fin del genocidio en Gaza. También la respuesta ciudadana en Minneapolis frente a las agresiones y detenciones del ICE contra la población latina en Estados Unidos. “Tanto en las protestas por Gaza como en Estados Unidos se puede ver cómo distintos colectivos, por ejemplo feministas o ecologistas, incorporan estas luchas en sus propios espacios. Tenemos que aprender de ellas y tomarlas como modelos de movilización”, sostiene Bustillo. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en que Irán no puede tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad reabrir el Estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso, según un comunicado sobre el contenido de la primera reunión del la cumbre bilateral de Pekín difundido por la Casa Blanca.

"Ambas partes acordaron que el Estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejo clara la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso", indicó el comunicado.

Según la Casa Blanca, en el encuentro del Gran Palacio del Pueblo, Xi "expresó su interés" en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de China al petróleo proveniente del Golfo Pérsico.

Asimismo, el escueto comunicado asegura que "ambos países están de acuerdo en que Irán no puede tener nunca un arma nuclear".

Ambos países se comprometen a aumentar la cooperación económica y a "expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en nuestra industria", apuntó la Casa Blanca.

El equipo de Trump confirmó que a la reunión de trabajo entre Xi y Trump, que contó con la plana mayor de ambos gabinetes de Gobierno, se sumaron durante una parte los líderes de algunas de las principales empresas estadounidenses.

No obstante, fueron los consejeros delegados de Apple (Tim Cook), Nvidia (Jensen Huang) y Tesla (Elon Musk), los que tuvieron un papel central en la comitiva de Trump, ya que asistieron desde el comienzo a la ceremonia de bienvenida con honores militares en las escalinatas del Gran Palacio de Pueblo.

Trump pidió a Xi seguir trabajando para contener el flujo de los precursores del fentanilo que acaba en los Estados Unidos y pidió que Pekín aumente las compras de producto agrícolas estadounidenses.

Ucrania también ha sido un punto de fricción entre China y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, mientras Washington acusa a Pekín de respaldar indirectamente a Rusia mediante apoyo económico y tecnológico, algo que el Gobierno chino rechaza.

La situación en la península coreana sigue siendo además un asunto habitual en los contactos entre Pekín y Washington, dado el papel de China como principal aliado político y socioeconómico de Corea del Norte.

Trump calificó la relación entre Estados Unidos y China de "una de las más importantes de la historia" y la definió como "muy especial", al tiempo que brindó por la "prosperidad" de ambos países y por un futuro "brillante" para los vínculos bilaterales.

Por su parte, el presidente chino declaró posteriormente en la apertura del banquete de honor que las aspiraciones del "gran rejuvenecimiento" chino son compatibles con las de "hacer Estados Unidos grande de nuevo", como se conoce al movimiento "Make America Great Again" (MAGA) de Trump.

Xi trazó paralelismos con el plan de China para los próximos 15 años, que está "avanzando en la modernización de China a través de desarrollo de alta calidad", y la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y el espíritu de "patriotismo, innovación y de pioneros" que representa.

Los dos líderes acordaron además, según Xinhua, apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami (EEUU).

Además, el presidente estadounidense invitó su homólogo chino a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

El economista Kevin Warsh se convirtió este miércoles en el nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense después de que el Senado aprobara su candidatura para dirigir el banco central de la primera economía mundial por 54 votos a favor y 45 en contra.

La disciplina de partido fue total a excepción del senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, que votó a favor de la nominación de Warsh.

El economista de 53 años se convierte así en el décimoséptimo presidente de la Fed y sustituye en el cargo a Jerome Powell, que ha ocupado el puesto desde 2018 tras haber sido nominado también por Trump durante su primer mandato (2016-2021).

No obstante, tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump emprendió una campaña en contra de Powell al considerar que la Fed mantenía demasiados altos los tipos de interés.

Al nominar en enero a Warsh para pilotar la política monetaria estadounidense, Trump se ha mostrado convencido de que el exfinanciero con amplia experiencia en Wall Street aplicará una política monetaria más expansiva.

Sin embargo, a los analistas se les antoja complicado que la Fed apueste de inmediato por la flexibilización en un momento en que la inflación interanual en Estados Unidos se acerca al 4% impulsada por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

El nuevo presidente de la Reserva Federal ha trabajado para gigantes financieros como Morgan Stanley y ya fue gobernador de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008, en la que actuó como puente entre el banco central y Wall Street.

Warsh ya fue descartado en primer instancia por propio Trump en 2017, cuando el magnate neoyorquino se decantó finalmente por Powell para sustituir a la entonces presidenta de la Fed Janet Yellen.

El propio Powell, acosado por la Casa Blanca desde el año pasado, ha decidido a su vez, en contra de la tradición, permanecer como miembro de la Junta de Gobernadores tras abandonar la presidencia este viernes.

Powell ha dicho que permanecerá como gobernador al menos hasta que la investigación interna sobre él que lleva cabo la propia Fed a instancias de Trump "concluya de manera definitiva y transparente".

La Administración Trump acusó a Powell de malversar fondos para la renovación de la sede de la Fed en Washington, imputación que fue retirada después de que un juez federal considerara que estaba motivada políticamente y de que un senador republicano amenazara con no apoyar el nombramiento de Warsh si el Departamento de Justicia no abandonaba el caso.

Removiendo en la biblioteca personal viene a buscarme Richard S. Scorer. Su libro El idiota espabilabo. Lo verdadero y lo falso de la catástrofe ecológica  me esperaba para facilitarme una relectura más rigurosa que la primera, hace ya muchos años. Se trata de una edición de 1980 de la editorial Blume; esa que tanto aportó a la cultura naturalista y ecológica en España. ¡Honor y gloria!

Su lectura da para muchos artículos pero aquí vamos a reseñar únicamente unas cuantas ideas que siguen vigentes hoy, 46 años después de su publicación. La primera y principal: la vida ha transformado el mundo, y sigue haciéndolo. La revolución industrial desencadenó la primera gran depredación; acompañada, eso sí, por un sistema retributivo que aportó riquezas inesperadas. Estas se sobrepusieron a ciertos estímulos morales tradicionales. Es más, por una vez, el capitalismo liberal y el marxismo práctico se pusieron de acuerdo en la depredación de la Tierra. El PIB se hizo dueño de la situación, sin querer enterarse de que cuanto más rápido fuese el crecimiento, antes se acercaría la escasez. En un contexto de demografía desatada, el consumo nubló las mentes de los gobernantes y la ciudadanía. No se dieron cuenta de que los grandes detentadores del poder económico los utilizaban para aumentar el consumo y de paso pillarlos en una falta global de libertad inteligente.

Así pues, estamos en manos de idiotas espabilados, ahora plenos de influencia económica y política; en definitiva: vital. No es seguro que podamos abrigar esperanzas de liberarnos de ellos. Nos enfrentamos al enorme poder de la nueva plutocracia formada por los señores Musk, Bezos, Zuckerberg, Sam Altman (dijo hace un par de años que la IA resolvería el cambio climático), etc., y sus amistades. Ahora quieren secuestrarnos los cerebros con “su” —cada uno la suya— IA.

Por eso, me quedo con una frase de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001: “La ideología de los millonarios tiene actualmente un grado de egoísmo alucinante”. Él, gran conocedor de que la información asimétrica distorsiona casi todo, especialmente cuando retuerce los mercados; así se explican fenómenos como el desempleo y el racionamiento del crédito. Digamos adiós a la dignidad colectiva. En suma, el mundo de todos en manos de unos pocos y su IA sin corazón.

Con todo, el espabilado idiota piensa que la ciencia resolverá todos los problemas, siendo que la inteligencia y la conciencia instintiva están en conflicto. Así nunca se llegará a esa sociedad ideal que ya se buscaba en el Neolítico; si fuera posible. Por eso, tenemos que aprender a vivir sin conclusiones. Sabedores de que no hay soluciones generalizables, sino salidas de callejones oscuros. Los problemas es posible que se aminoren cuando aprendamos a vivir sin ser una plaga. 

Necesito a veces consolarme y centrarme contra quien debo elevar mis plegarias. Por eso, de vez en cuando le echo algún vistazo a La vacuna contra la estupidez (2025), de José Antonio Marina. Me clarifica aquello que se magnifica en la actualidad, y contra lo cual pueda inventarse una vacuna. Para completar mi mirada crítica me dedico a leer artículos de opinión de Manuel Vicent, que me resitúan en el mundo de los ricos y los pobres. Sobre todo cuando su ironía la emplea para jugar con el lenguaje dentro de su desparpajo de siempre.

P.D. A veces dudo, por mi condición de austero estepario monegrino. Entonces me pregunto si todo lo anterior es una simulación perceptiva con el horizonte 2030; escrito por un duende mientras yo dormía. Si acaso no me puedo considerar también un espabilado idiota. ¡Y los sueños, sueños son!, al decir de don Pedro Calderón de la Barca.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

“El 21 de abril de 2026, Aws al Naasan, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de un reservista israelí justo por fuera de la puerta oeste del instituto masculino de Mughayir, donde estudiaba, en la Cisjordania ocupada. El chico se desplomó al instante, sangrando abundantemente. Se oyeron más disparos mientras sus amigos corrían a su lado, lo levantaban y lo sacaban de la línea de fuego, dejando un rastro de sangre a lo largo del muro del instituto”. Así relató eldiario.es, el 5 de mayo, el asesinato de un niño palestino, uno más de los 20.000 que desde octubre de 2023 han muerto a manos de las fuerzas israelíes o de los colonos judíos. Ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, las dos regiones que componen Palestina.

La inhumanidad, el salvajismo, la crueldad que demuestran el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los suyos alcanza cotas inimaginables y les pone, por los métodos y objetivos, próximos al nazismo que asoló a su pueblo entre 1933 y 1945. Desde el alto el fuego que negoció Estados Unidos y que, supuestamente, se inició el 10 de octubre de 2025, se cuentan 828 palestinos asesinados por el ataque de las tropas israelíes. Esta cifra lleva a alcanzar la de 72.000 víctimas desde octubre de 2023. En su gran mayoría, son civiles. Las violaciones a la tregua que cada día comete el ejército israelí han supuesto que Israel haya alcanzado el control de casi el 64% de la Franja. Lo ha hecho desplegando tropas adicionales, y llevándose por delante todo lo que obstaculiza su propósito, que no es otro que el de la ocupación permanente de Palestina a fin de hacer imposible la realidad de los dos estados, que niegan y denostan.

El instrumento utilizado tiene nombre en la normativa internacional: genocidio. Atendiendo al derecho penal internacional y al nacional, se trata de un crimen que exige la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la matanza de sus miembros (más que acreditado); lesiones graves a la integridad física o mental y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, total o parcial. Analizando lo que Israel está haciendo en Gaza, vemos que todo apunta exactamente a esto: mediante la matanza de sus miembros (hecho más que acreditado) lesiones graves a la integridad física o mental inferidas de forma masiva, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado su destrucción física, total o parcial.

Pero, además, operativamente, se estrecha de forma paulatina, pero constante, el territorio palestino, se atacan objetos bajo protección internacional, se obliga a las personas a abandonar sus hogares para luego bombardearlas en las zonas a las que son enviadas, se arrasan las poblaciones con el fin de condenar a la miseria a los habitantes. El hambre y la sed se usan como arma, y, además, los francotiradores disparan cuando se trata de obtener alimentos.

Por supuesto, es preciso hacer memoria ante los acontecimientos que los perpetradores desarrollan, desde el hecho inicial de un atentado execrable en octubre de 2023, hasta el momento actual. La respuesta de Israel excedió todos los límites, tanto en el número de víctimas como en el de los medios empleados y la sistematicidad de las acciones, así como en la vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho humanitario. El ojo por ojo y el diente por diente se tornó en una mera anécdota en contra del pueblo palestino.

La justicia internacional, salvo excepciones, y desde siempre, se ha enfrentado a un cúmulo de dificultades, dada su propia configuración, para hacer frente a las más graves vulneraciones. No es nada fácil su labor.  

Es como un viejo y decrépito mecanismo legal mal engrasado, lento y lleno de dificultades logísticas y jurídicas que le impiden actuar eficazmente frente a este tipo de crímenes, especialmente cuando son cometidos desde determinados escenarios de poder y los perpetradores cuentan con el patrocinio o auspicio de ciertos gobernantes poderosos. Pero es el único instrumento que los sistemas democráticos, después de muchos años, han conseguido diseñar para hacer frente a los crímenes atroces y proteger a sus víctimas.

El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo haber privado intencionalmente a la población civil de Gaza de alimentos, medicinas, agua y electricidad, así como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El 25 de abril de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó cancelar las órdenes emitidas señalando que la petición de Israel para suspenderlas quedaba rechazada "por irrelevante".

Netanyahu evita viajar a los 124 países signatarios del Estatuto de Roma y ha recurrido a rutas aéreas no estándar para esquivar los espacios aéreos francés y español, aunque alguno, como la Hungría de Orbán evitó cumplir esa orden y propuso salir del Estatuto de Roma, medida revocada tras su derrota electoral reciente. En todo caso, conviene tener fresco el dato de que, en los 77 años de existencia de Israel, ni un solo funcionario de esa nacionalidad ha rendido cuentas por los crímenes contra el pueblo palestino.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia se puso en movimiento por iniciativa de Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023. Varios países se sumaron, entre ellos España. Se trataba de demostrar algo que, aunque parezca mentira, es muy difícil: averiguar si Israel ha cometido y comete un genocidio. Las advertencias y admoniciones realizadas por la Corte para que el agresor cesara en su acción, protegiendo a la población civil, no han sido atendidas. Una vez más las autoridades israelíes se burlan de la justicia internacional incumpliendo las medidas cautelares impuestas.

Inicialmente, la Unión Europea no tomó ninguna medida en contra de Israel. Solo tres países, España, a través del presidente del Gobierno y los respectivos presidentes de Irlanda y Eslovenia, a los que se sumó Luxemburgo en febrero de 2024, pidieron sanciones económicas en contra de Israel. Tiempo después, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso también sanciones contra Israel —incluyendo la suspensión del componente comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, valorado en 227 millones de euros— ante el agravamiento humanitario en Gaza. Sin embargo, reconoció que aprobar sanciones sería difícil, "dadas las divisiones entre los Estados miembros".

En julio de 2025, la Comisión intentó suspender el apoyo financiero a Israel a causa del bloqueo de suministros humanitarios a Gaza, pero la iniciativa fue boicoteada por Alemania, Hungría y la República Checa. Israel, entre 2021 y 2024, había recibido 32 millones de euros bajo el programa de buena vecindad, además de 1.110 millones vía Horizon Europe, con empresas vinculadas al ejército israelí entre las beneficiarias. Así han sido las cosas.

El 2 de abril de 2026, tres europarlamentarios españoles del PSOE hicieron sendas preguntas interpelando a la Comisión sobre sus "dobles estándares" con Israel, inquiriendo si ha "mantenido una posición coherente con Israel ante sus constantes violaciones del derecho internacional" y qué acciones adoptará para cumplir los anuncios de sanciones contra ministros israelíes. La respuesta no se conoce aún, aunque es previsible que evite la confrontación con Israel y derivará la responsabilidad hacia el Consejo. En definitiva, ponerse de perfil.

El pasado miércoles 6 de mayo, La Vanguardia publicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Irlanda y Eslovenia, ha instado a la Comisión Europea a proteger a personas vinculadas a la justicia internacional sancionadas por el Gobierno estadounidense. Sánchez solicitó la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, que es el principal instrumento de la Unión Europea para neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio de Europa.

Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a 11 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional a partir de febrero de 2025, y en julio de ese mismo año, empezó a aplicar estas medidas contra la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Sin embargo, dudo mucho que este nuevo requerimiento del presidente español sí sea atendido. Esta es la vergüenza occidental que identifica a quienes, mirando hacia otro lado, contribuyen como verdaderos cómplices a lo que está pasando. 

Es sabido que la acción de la justicia, cuando llega, lo suele hacer demasiado tarde; esta realidad, cuando se trata de crímenes masivos, se hace más grave y desesperante, ante la indiferencia generalizada de una sociedad insensible a lo que ocurre más allá de los límites del cómodo estatus en el que vive. Con demasiada frecuencia permanecemos impasibles ante la muerte en directo de miles de inocentes bajo las bombas o por el cerco organizado para que la población no pueda ser asistida en sus necesidades básicas. Nos justificamos con un “no puedo hacer nada”, “no es mi problema”, y pasamos a lo siguiente. 

Celebramos, algunos, la orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel, pero, probablemente, no preocupa demasiado su no ejecución. Los interesados no parecen especialmente preocupados, porque su socio principal, el poderoso presidente norteamericano Donald Trump, les asiste y hace el trabajo sucio ejerciendo de emperador para el que no rigen las leyes internacionales contrarias a su voluntad, y procede, a través de sanciones económicas injustas, contra jueces y fiscales de la CPI por atreverse a molestar a sus aliados. Mientras, en la UE, salvo aquellos tres países citados, el silencio es escandaloso, a pesar de que sus miembros son a la vez Estados parte del Estatuto de Roma, que rige aquel tribunal.

Esta realidad, todo esto, hace que me cuestione la necesidad de un sistema de derecho que permite, con el consenso político y la pasividad de la justicia, una impunidad de facto que ampara a los máximos responsables de la debacle criminal en que vivimos. Y pienso que la justicia ha pasado a ser una mera anécdota, o incluso un inconveniente perturbador que debe ser eliminado o solo utilizado según los intereses de los agresores. Pero, después de este primer impulso, recapitulo y afirmo que el derecho, por cuya supervivencia siempre he luchado, es la tabla de salvación que nos mantiene a flote, la única posibilidad de estabilidad en el momento actual.

Porque, frente a quienes defendemos esta posición, los enemigos de la democracia practican, sin ningún reparo, la abolición de cualquier barrera jurídica que no coincida exactamente con la voluntad de quien pone en marcha estas agresiones, ya sea Rusia, Estados Unidos, Israel o cualquier otro país. Es la visión totalitaria y autoritaria del poder, mero simulacro de democracia al convertir a esta en puro abuso, que a corto plazo desespera, a medio, frustra y a largo plazo destruirá el propio sistema democrático y el Estado de derecho. 

Entre estos enemigos no hay que olvidar —y denunciar— que figuran también compañías como Microsoft, Alphabet y Amazon, aparte de las grandes multinacionales armamentísticas que nutren la maquinaria de destrucción y aniquilación de la guerra. Albanese explicaba en su informe de junio de 2025, cómo estas firmas “estaban habilitando y beneficiándose de la ocupación de los territorios palestinos y del genocidio de Gaza”.

Lo he dicho ya desde estas mismas páginas: es el momento de exigir al Gobierno que proceda; que prescinda, por supuesto, de los burdos ataques de una oposición sometida a la ultraderecha y, al parecer, ligada a intereses de Israel; y que trabaje en la dirección que marcan los derechos humanos.

El 22 de julio de 2025, la fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, solicitó al fiscal general que se procediera a la incoación de unas diligencias preprocesales para investigar los hechos que estaban aconteciendo en Gaza y que constituirían graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y, por ende, crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal.

La autorización se produjo en septiembre y, en la actualidad, esa investigación avanza en cooperación con la Corte Penal Internacional, extendiéndola al asalto por la armada israelí a la primera Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, lo que ha supuesto la comparecencia de diversas víctimas en la Audiencia Nacional. En esta instancia, la Unidad de DDHH y Memoria Democrática ha recibido declaración a los componentes españoles como víctimas, con todas las garantías y en búsqueda de los elementos necesarios para colaborar con la CPI y, a resultas de lo que derive de aquella, iniciar otras acciones.

Y ello a pesar de las limitaciones casi insalvables que supone la actual legislación que, en 2014, con el gobierno del Partido Popular, laminó la aplicación del principio de jurisdicción universal para la investigación de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra; que, por cierto, tampoco ha sido modificada hasta la fecha en la actual legislatura, a la espera de la conclusión de su tramitación parlamentaria en el Congreso. 

Esta valiente actuación de la Fiscalía española es digna de resaltar porque supone la interpretación de la ley en favor de las víctimas de crímenes atroces, otorga verdadero sentido al principio de protección universal de las mismas y pone a quienes la impulsan en el lado correcto de la historia.

Las víctimas y la ciudadanía comprometida y solidaria constituyen la fuerza más formidable que existe. Les impulsa el mismo sentimiento que ha llevado a miles de ciudadanos, en los puntos más dispares, a manifestarse por tales sucesos y reclamar el fin del genocidio y el castigo de los culpables.

En el momento en que escribo estas líneas, Israel mantiene detenidos a dos activistas de la Flotilla Global Sumud para Gaza, de nacionalidad española y brasileña respectivamente. Los detenidos son acusados de pertenecer a una organización “terrorista”. Los Gobiernos de España y Brasil han alzado la voz denunciando esta agresión por parte de Israel y consideran ilegal la interceptación de la nave y la detención de los activistas en aguas internacionales, cuando viajaban con ayuda humanitaria en compañía de otro centenar de personas con la misma intención.

Pero hay que avanzar más y recuperar la Jurisdicción Universal que un día existió en España y que nos puso en primera línea de defensa de los derechos humanos. Hay que exigir a nuestros jueces y a los de otros países que actúen ante las ilegalidades y abusos manifiestos, por ejemplo, de militares de un Estado que se arroga la potestad de detener ilegalmente a personas en labor humanitaria en aguas internacionales, como los detenidos de la Flotilla. Hay que coordinar esfuerzos procesales para facilitar la obtención de evidencias contra los promotores, ejecutores y colaboradores en las masacres, así como contra quienes las financian. En definitiva, hay que exigir justicia.

Porque, verán, mientras la locura continúa, los crímenes en Cisjordania permanecen impunes, el genocidio en Gaza no se persigue ni se sanciona; las guerras ilegales se consienten y los líderes políticos mundiales se pierden en discusiones bizantinas que favorecen la impunidad. Esto no es un debate, sino una parálisis del pensamiento, de la valentía y de la acción. Se trata de decidir si los países tienen voluntad política de intervenir y frenar la matanza o si, de nuevo, van a mirar hacia otro lado.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Al publicar a mediados de abril un “manifiesto” en la red social X, propiedad de Elon Musk, Palantir sigue los pasos de otra figura del tecnofascismo: Marc Andreessen. En 2023, este multimillonario, inversor de capital de riesgo y cocreador de uno de los primeros navegadores web, publicó un Manifiesto tecnooptimista: una síntesis del pensamiento de la derecha tecnológica, con su tecnosolucionismo beatífico y su culto a la inteligencia artificial (IA).

En el texto difundido por Palantir, se resume en 22 puntos —seguramente obra de la IA— el contenido del libro escrito en 2025 por uno de sus cofundadores, Alex Karp, y por Nicholas Zamiska, asesor jurídico de la empresa californiana, The Technological Republic (La República Tecnológica, The Bodley Head).

“Dado que recibimos muchas preguntas al respecto: La República Tecnológica, en resumen”. Así comienza la publicación en X de esta empresa, convertida en símbolo del capitalismo de vigilancia (véase aquí el análisis detallado del texto).

“Retomarlo de forma simplificada permite hacerlo más accesible y popular”, opina Céline Castets-Renard, titular de la Cátedra de Investigación de Canadá sobre Derecho internacional y comparado de la IA de la Universidad de Ottawa. “La elección del término ‘manifiesto’ lo convierte en un acto más político”.

Además, con este manifiesto, al igual que ya ocurría con el libro de Karp, “Palantir se asegura de que sus argumentos comerciales y sus declaraciones políticas vayan de la mano, porque ambos registros están entremezclados”, señala Valentin Goujon, doctorando en el Medialab de Sciences Po y especializada en IA. “Desde este punto de vista, The Technological Republic puede verse como un medio para justificar política e intelectualmente el modelo de negocio de Palantir”, añade.

Creada tras los atentados del 11 de septiembre para luchar contra el terrorismo, con el apoyo inicial de In-Q-Tel, el fondo de capital riesgo de la CIA, Palantir se ha especializado en el ámbito de la seguridad tecnológica y ofrece sus servicios y plataformas a Estados y administraciones de todo el mundo.

Gran beneficiaria de la guerra en Irán, con una fuerte presencia en el Reino Unido, pero también en Francia, Palantir está rodeada de polémicas: Karp, en concreto, afirma trabajar para la controvertida agencia ICE en la persecución de migrantes, o al servicio de los ejércitos estadounidense e israelí desplegados en Irán o en Gaza. También se presenta como socio de Ucrania.

Hasta ahora, era Peter Thiel, el otro cofundador, quien daba que hablar. En el centro de lo que se ha denominado la “mafia de PayPal” —esos empresarios que se enriquecieron con la creación del sistema de pago por Internet a principios de la década de 2000—, Thiel acaparaba la atención tanto por sus posturas ultraconservadoras como por su apoyo a Donald Trump desde 2016.

Alex Karp, por el contrario, se perfilaba como un liberal moderado. De formación filosófica, escribió su tesis sobre la retórica del fascismo y fue partidario de los demócratas, hasta el punto de apoyar a Joe Biden y Kamala Harris.

En sus posturas, se alineaba, según Nastasia Hadjadji, coautora junto a Olivier Tesquet de Apocalypse Nerds. Cómo los tecnofascistas tomaron el poder (Divergences, 2025), con un “liberalismo a la vez económico, social y político”. Sin embargo, desde el inicio del segundo mandato de Trump, cambió de rumbo y asumió su adhesión al proyecto autoritario del inquilino de la Casa Blanca.

En diciembre de 2025, durante un evento organizado por el New York Times, Alex Karp explicó que los dos temas que le preocupan son “la inmigración y el restablecimiento de la capacidad de disuasión de Estados Unidos, sin por ello adherirse a la visión neoconservadora colonialista”. “Y en esas dos cuestiones, este presidente ha obtenido resultados”, afirmó.

Las grandes tecnológicas se han decantado a favor de Trump, y Karp lo ilustra a la perfección. “Se observa una radicalidad que ha salido a la luz”, opina Nastasia Hadjadji. “Esa radicalidad ya existía, pero estaba contenida. Ahora se ha liberado gracias a una situación política favorable. No hay que creer que Karp era un buen demócrata y que de repente se ha convertido en uno malo como todos los demás”.

El ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamás, marcó un punto de inflexión para Alex Karp, hijo de pediatra judío y madre artista afroamericana. Inmediatamente después, Palantir publicó un anuncio a página completa en The New York Times para mostrar su apoyo a Israel.

En enero de 2024, la empresa celebró la primera reunión de su consejo de administración en Tel Aviv, tras la cual firmó una “alianza estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí. Karp se declara “extremadamente orgulloso de que, tras el 7 de octubre, en cuestión de unas semanas, [Palantir esté] sobre el terreno y participe en operaciones de importancia crucial en Israel”.

Explica que, para él, no se trata “solo de Israel”. “Es un poco como si te preguntaran: ¿cree usted en Occidente? ¿Cree que Occidente ha creado un modo de vida superior?”.

Con este manifiesto, publicado el 18 de abril, Karb ahonda en esa línea y desarrolla un programa político que aspira a construir un mundo violento y represivo, del que la compañía se beneficiaría. El director general de Palantir considera que Silicon Valley debe ponerse al servicio del poder estadounidense y de Occidente frente a sus adversarios, entre los que destaca, evidentemente, China.

Lamenta que las empresas tecnológicas de su país se hayan alejado de las cuestiones de seguridad nacional y defensa, limitándose al entretenimiento o al desarrollo de aplicaciones.

“Este texto aclara de forma sintética el proyecto político de Palantir, un proyecto alimentado desde hace tiempo tanto por Alex Karp como por Peter Thiel”, señala Valentin Goujon, para quien The Technological Republic se diferenciaba de otras obras de representantes de las grandes tecnológicas al inclinarse “hacia el ensayo político, con argumentos de intervención en el debate cultural”.

Nastasia Hadjadji también subraya hasta qué punto “estos magnates de la tecnología han comprendido cómo funciona la maquinaria mediática”. “Cada vez que se habla de ellos, ya sea para bien o para mal, sobre todo para mal, eso le hace publicidad a Palantir. La gente se escandaliza, pero en realidad está sirviendo a su dominio simbólico”, subraya.

El momento elegido no es casual. El sector de las grandes tecnológicas se encuentra en pleno debate sobre el uso de la inteligencia artificial por parte del Gobierno “y sobre qué fines policiales se acepta o no que se utilice esta tecnología”, subraya Céline Castets-Renard, de la Universidad de Ottawa.

“La IA como herramienta de vigilancia y opresión es el tema del momento”, añade. “Evidentemente, Palantir se ha posicionado desde el principio del lado del Gobierno y del poder político. Los poderes político y tecnológico se fusionan para vigilar a la población, especialmente en materia de inmigración, por lo que se puede hablar de tecnofascismo”.

En este contexto, la empresa Anthropic, cuya herramienta Claude se utilizó para bombardear Irán, fue excluida por Donald Trump después de que la empresa californiana expresara sus reservas sobre el uso de sus modelos de IA para la vigilancia masiva de la población civil y para ataques mortales llevados a cabo por el ejército estadounidense.

El lunes 27 de abril, más de seiscientos empleados de Google firmaron una carta abierta para pedir al director ejecutivo del grupo, Sundar Pichai, que renunciara a proporcionar al ejército estadounidense sus modelos para operaciones secretas. “Consideramos que nuestra proximidad a esta tecnología nos impone la responsabilidad de sacar a la luz y prevenir sus usos menos éticos y más peligrosos”, se lee en la carta.

Alex Karp no se plantea este tipo de cuestiones morales e interviene cada vez con más frecuencia en el debate público, donde no para de lanzar provocaciones. “En el dúo Thiel-Karp, el segundo ha tenido una gran visibilidad y se ha mostrado muy virulento en los últimos meses, con un discurso belicista bastante marcado”, explica Nastasia Hadjadji.

Para ella, lo que destaca de sus recientes declaraciones, “es una retórica belicista, imperialista, dispuesta a defender Occidente, pero lo que hay que entender por Occidente es Estados Unidos, la América blanca. Defiende el poder estadounidense”. Esa retórica, señala, “está ligada al auge del dominio económico de su empresa, Palantir”.

En una entrevista concedida a la web Le Grand Continent, el coautor de Apocalypse Nerds, el periodista Olivier Tesquet, subrayaba que “una vez instalada en una administración, Palantir lleva a cabo lo que la industria del software denomina un vendor lock-in: se convierte en un proveedor del que ya no se puede prescindir”. “En este caso, no porque sus competidores sean peores, sino porque se ha convertido en dueña de la propia inteligibilidad de las decisiones”, precisa.

“Mientras que un Elon Musk, al frente del DOGE [el departamento de eficiencia gubernamental], va a desmantelar el Estado redistributivo, Palantir va a capturar el Estado soberano y privatizarlo con sus funciones de software”, precisa Nastasia Hadjadji.

“Palantir ocupa un lugar especial”, confirma por su parte Céline Castets-Renard, “pues desde su creación desarrolla herramientas de vigilancia mediante la analítica de datos, los movimientos de la población, el reconocimiento facial… También trabaja desde su fundación para las administraciones y los servicios más opresivos en materia de inmigración y policía. Esta visión policial de la sociedad se ajusta a las ideologías de los dirigentes, tal y como muestra el manifiesto”. Una distopía con la que sueña Donald Trump y que Palantir hace posible.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el viernes 1 de mayo acuerdos con siete empresas tecnológicas, abriendo el acceso a sus modelos de inteligencia artificial para operaciones secretas, incluso en el campo de batalla. Entre las seleccionadas por el Pentágono figuran SpaceX, matriz del laboratorio xAI, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft y AWS, la filial de Amazon dedicada a la informática en la nube. El Gobierno ha descartado a la startup Anthropic, con la que mantiene un litigio, pese a que su modelo, Claude, está considerado como uno de los más eficaces del mundo.

A finales de febrero, el Gobierno de Trump decretó la rescisión de todos los contratos que lo vinculaban a Anthropic, una decisión impugnada ante los tribunales por la startup californiana. A raíz de ello, decidió diversificar sus proveedores de IA para sus actividades clasificadas, de acceso restringido y a menudo relacionadas con la seguridad nacional. El Pentágono ya había informado de acuerdos en este sentido con OpenAI y Google tras la ruptura con Anthropic.

“Esas colaboraciones acelerarán la transformación del ejército estadounidense en una fuerza de intervención orientada a la IA”, explicó el Departamento de Defensa en un comunicado. Los modelos de IA de las empresas seleccionadas se desplegarán para operaciones de nivel 6 y 7, los más altos en la escala de clasificación de seguridad del Pentágono. Servirán para “hacer más eficaces la síntesis de datos y la comprensión del contexto, y contribuir a la toma de decisiones de un combatiente en entornos complejos”, según el Departamento.

Fue en este contexto en el que se utilizó Claude, el único modelo de inteligencia artificial autorizado hasta entonces para operaciones clasificadas, durante la ofensiva contra Irán. Las decisiones relativas a los ataques (el momento del golpe o la elección del objetivo) siguen en manos de militares. “Nosotros nos atenemos a la ley y son los humanos quienes toman las decisiones”, indicó el jueves 30 de abril el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que el lanzamiento de un ataque se confíe a una IA. “La IA no toma decisiones sobre un ataque letal”, añadió.

Céline Castets-Renard respondió a nuestras preguntas por correo electrónico. En el caso de Nastasia Hadjadji y Valentin Goujon, fueron entrevistados por teléfono el jueves 30 de abril.

Traducción de Miguel López

Meten en la maleta un sórdido equipaje. Cargan un bagaje de odio y enfrentamiento para que salgan sapos y culebras al aterrizar en el país elegido con los que dañar al otro en lo más profundo. Esta semana, dos personajes que son un engranaje más del organizado movimiento internacional de extrema derecha han viajado de un continente a otro, aleteando sin ser conscientes del efecto mariposa que pueden provocar sus estrategias de confrontación. Ayuso se ha ido a México a tratar de reventar las relaciones que tanto el Gobierno como el rey han estado trabajando por recuperar, mientras que Marcos Rubio se ha presentado con un par a visitar al papa León XIV, quien además de soportar las invectivas de Trump ha tenido que recibir a su valido. ¿Por qué no se quedarán en su país?

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue a mostrar esa ignorancia de la que tanto le gusta alardear y que tan encandilados tiene a sus seguidores. A mandar, lo que le pida el movimiento MAGA y sus poderosos acólitos repartidos por el mundo. Como el magnate mexicano Salinas Pliego, que fue a llorarle a Trump a principios de año, porque no soporta que la presidenta Claudia Sheinbaum no se pliegue a sus deseos. El rico empresario le debe casi 3.000 millones de dólares a su país en impuestos, así que hizo lo que mejor se les da a los patriotas, poner a parir a su patria en el extranjero. Ahí coincide con su invitada, a la que junto con el derechista partido Acción Nacional (PAN) había pagado el viaje para participar en un homenaje a Hernán Cortés.

Ay, qué ridículo ha hecho, consideran algunos. Qué mujer tan valiente, opinan quienes ven en ella a una líder rotunda. Las excursiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid van más allá de querer aparentar ser la líder internacional que no es. En el tablero global puede parecer una broma. Pero el viaje de Ayuso a México forma parte de una alianza de las fuerzas más reaccionarias en la que peones de diversa índole buscan provocar incendios a la espera de que el viento ultra propague las llamas alimentando un discurso de confrontación con el que ir ganando terreno.

Es la inspiradora voz de Trump en boca de todos esos pequeños líderes, como Ayuso, a los que les nutre la sensación de formar parte de un proyecto más imbricado que la agenda de Epstein. Es la prepotencia que hemos visto esta semana, también en el secretario de Estado para todo de EEUU, que ha ido a visitar al papa más con intención de parar los pies que de apaciguar las relaciones con el Vaticano. No hay cordialidad en las imágenes del encuentro con León XIV. El primer pontífice norteamericano trata de esbozar una sonrisa sin éxito, mientras el mandado de Trump ni tan siquiera se esfuerza. Parece más bien que ha ido a advertir al Vaticano como el matón del colegio y recordar que su país es el mayor benefactor de la Iglesia católica.

El voto católico fue importante en las elecciones de 2024, pero la defensa de la paz del nuevo papa puede erosionar el apoyo al presidente. Además, a Trump no le gusta que le contradigan. Los evangélicos le resultan más fiables, son socios entregados que apoyan a los MAGA sin reservas. El auge de los evangélicos en España no es casualidad, cuentan con la capacidad económica y la influencia necesaria para lograr una mayor capilaridad entre los inmigrantes con derecho a voto. El PP de Ayuso ya hizo campaña en templos de esta religión, que tiene un claro pacto con la ultraderecha. Los numerosos vídeos que corren por las redes de evangélicos adoctrinando en los vagones de metro de Madrid cuentan con la complicidad de la Comunidad de Madrid, que se lo permite a cambio de su apoyo. Fuerza así a los poderes de la iglesia católica a posicionarse más abiertamente a su favor. No le hace falta amenazar con cortar las ayudas, como ha hecho Abascal con su Prioridad Nacional contra Caritas. Con impulsar y allanar el camino a los rivales, es suficiente. Mensaje recibido. Maletas cargadas siempre de amenazas, así se mueve por el mundo la extrema derecha.

Ante unos precios de la gasolina disparados, empresas alertando de que están vendiendo significativamente menos de lo esperado y una guerra que la mayoría de los estadounidenses rechazan desde su inicio, el presidente estadounidense ha optado por minimizar los efectos del conflicto.

Donald Trump está quitándole importancia a la guerra en Irán llamándolo “excursión” y recalcando que (por el momento) es mucho más corta que la de Afganistán, la de Irak, la de Vietnam o la Segunda Guerra Mundial. También sigue manteniendo que la economía está “en pleno auge” y que los precios del gas y de la gasolina van a bajar muy pronto, pese a que los expertos mantienen que aunque el conflicto terminase hoy el mercado tardaría meses en volver a la normalidad.

“La gasolina bajará tan pronto como se acabe la guerra. Caerá como una roca. Hay muchísima. Está por todas partes, por debajo de los océanos del mundo, y bajará”, afirmó el presidente la semana pasada en la Casa Blanca. En otras intervenciones, ha culpado al gobierno anterior de los altos precios: “Los demócratas gritan ‘¡asequibilidad!’, ‘¡asequibilidad!’, cuando son ellos quienes crearon el problema”.

Mientras, el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha alertado esta semana de que el mundo podría enfrentarse a “la crisis energética más grave de la historia” si el conflicto continúa.

A día de hoy, la gasolina en EEUU es un 52% más cara de lo que lo era antes de que comenzase la guerra, según la web del Servicio de información de precios del petróleo (AAA). El galón de gasolina (equivalente a 3,78 litros) está por encima del precio que registraba en mayo de 2022, y ya alcanza los 4,55 dólares de media. 

La razón principal es que la guerra ha dejado varados grandes buques petroleros que debían recorrer el Estrecho de Ormuz, ese paso por el que circula una quinta parte del petróleo mundial, para llegar a su destino. Esta escasez mundial provoca que satisfacer la demanda sea imposible, y que los precios suban.

Pero más allá de la gasolina, el resto de precios también están subiendo en Estados Unidos. La inflación alcanzó su nivel más alto en cinco años en marzo (3%), de acuerdo con el último dato disponible del PCE de la Reserva Federal. De un mes a otro, la subida fue la mayor en cinco años, de 0,7 puntos porcentuales, y ya hay previsiones que sitúan el IPC de mayo cerca del 4,5%, dos puntos por encima del dato de febrero. Si se alcanza, supondría el dato de inflación más alto desde los años 80, si no tenemos en cuenta los años de la pandemia.

La guerra también está afectando ya a las empresas. El combustible de avión ha subido un 90% desde que empezó la guerra, llevando a la quiebra a la aerolínea estadounidense Spirit Airlines, cuyas cuentas ya se encontraban en un estado delicado. Del lado de la restauración, varias importantes cadenas de comida rápida como Domino’s (pizzas) o Wingstop (alitas de pollo) han anunciado que sus ventas cayeron en el primer trimestre, y otros como McDonald’s, Shake Shack (hamburguesas), y Papa John's (pizzas) han vendido menos de lo que esperaban. Todas ellas creen que el aumento en los precios de la gasolina ha sido el factor que ha llevado a sus clientes a recortar su gasto, porque este tipo de cadenas tienen como principales clientes a personas de bajos ingresos, que son las más afectadas por la inflación. Asimismo, los analistas del sector están recortando sus previsiones, al creer que otras grandes cadenas también registrarán resultados peores de los esperadas, según Reuters.

A lo largo de los últimos días, la Administración Trump ha reforzado su campaña de minimizar los efectos económicos de la guerra, vendiéndolos como un éxito, pese a que ya una parte importante de sus votantes los estén acusando de estar demasiado centrados en la política exterior y poco en los asuntos que afectan a su bolsillo.

“¿Puede imaginarse cómo estarían los precios del petróleo hoy día si Joe Biden estuviese en el cargo y el Estrecho de Ormuz estuviese cerrado por Irán? Ahora somos independientes energéticamente, pero bajo su mandato éramos dependientes energéticamente, así que el mundo sería mucho peor si Joe Biden y los demócratas estuviesen en el poder”, decía esta semana en la cadena de televisión Fox el congresista republicano Carlos Gimenez. 

“Esta Administración está centrada en bajar los precios de la energía y está registrando un récord increíblemente exitoso haciéndolo”, ha dicho este jueves en la misma cadena el secretario de energía, Chris Wright, en respuesta a una pregunta sobre los altos precios de la gasolina. Mientras hablaba, la cadena mostraba un cartel de gasolinera donde se ve la fuerte escalada de los precios de la gasolina a lo largo de los últimos meses, del último año y también a lo largo de los últimos días.

“El gasto con tarjetas de crédito está disparado, están gastando más en gasolina pero también en todo lo demás. De cara al mercado laboral el resto del año, es difícil creer que el desempleo vaya a subir, probablemente va a caer un poco aunque ya está cerca del pleno empleo”, ha dicho con satisfacción y también en televisión el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. Varios estudios, como este de la Reserva Federal estadounidense, muestran que los hogares estadounidenses están gastando comparativamente más sobre todo por el aumento del precio de la gasolina.

Según la Agencia Internacional de la Energía, el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de toda la historia. También contribuyó a que subieran los precios la decisión de EEUU de bloquear los puertos iraníes para impedir que el país exportase petróleo, una medida que tenía el objetivo de castigar a Irán, pero a la vez añadió presión a los precios.

El problema de esta escalada es que incluso aunque la guerra se acabase hoy, los precios de la gasolina tardarían meses en volver al nivel en el que estaban antes de que comenzase, o, según algunos expertos, incluso más que eso. Y si bien Estados Unidos tiene petróleo y exporta más del que importa (es el principal ingrediente de la gasolina), el problema del país es que el petróleo se comercializa a nivel internacional… y la mayoría de las refinerías estadounidenses no están preparadas para procesar gran parte del que se produce a nivel nacional.

Mientras, los republicanos en el Congreso se están poniendo nerviosos. Quedan seis meses para las elecciones de medio mandato y el partido se arriesga a perder el control de ambas cámaras. La semana pasada, algunos congresistas del partido votaron por primera vez con los demócratas a favor de parar la guerra, argumentando que no solo está siendo cara y muy impopular, sino que no tiene un final claro. Otros amenazaron con forzar una votación en las próximas semanas que restrinja el poder del presidente y le obligue a definir cómo salir de Irán.

La guerra de Irán ha costado a EEUU, por el momento, 25.000 millones de dólares, según una primera estimación del Pentágono. En términos de vidas humanas, ya se ha cobrado las de 3.600 iraníes y las de 13 estadounidenses. De momento, ha durado dos meses y Estados Unidos ha conseguido matar a importantes líderes iraníes, como el líder supremo Ali Jamenei, pero su obierno sigue intacto. Trump sigue repitiendo que atacar a Irán era imprescindible para asegurarse de que nunca se haga con un arma nuclear, pero hace tiempo que quedaron atrás sus promesas sobre que sería un conflicto muy corto con consecuencias mínimas.

A la vez, el presidente estadounidense da mensajes confusos. En diferentes ocasiones ha dicho que Irán ha cedido a sus peticiones y que el fin de la guerra está cerca, pero no ha pasado. También ha dicho que Irán quería llegar a un acuerdo, y, a la vez, que el liderazgo del país estaba tan desarticulado que era imposible llegar a uno. Este jueves, después de advertir de que podría reanudar pronto los ataques, ha vuelto a atacar objetivos militares en Irán.

Asimismo, la semana pasada Trump rechazó pedir al Congreso su aprobación para continuar adelante con la guerra, como marca la ley. El plazo para hacerlo terminó el pasado viernes, bajo el argumento de que con el alto el fuego no necesita ese permiso. Para el presidente, la última palabra la sigue teniendo la bolsa, como ya sucedió con otras decisiones importantes, de los aranceles a las amenazas de hacerse con Groenlandia. Y la bolsa está registrando cifras récord.

“Pensaron que la bolsa caería al menos un 25%. Y yo estaba preparado para eso, porque merecía la pena, porque Irán no puede tener un arma nuclear. Así que las predicciones de todo el mundo fueron erróneas, salvo la mías”, ha dicho el presidente esta semana a la cadena PBS. “Cuando la guerra se acabe esto va a ser una fiebre del petróleo”.

Donald Trump se queda sin su herramienta favorita. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó la imposición de un arancel global del 10% a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente invocó "de forma incorrecta" una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes. 

El tribunal determinó que Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer los aranceles el pasado febrero, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado por el Tribunal Supremo.

Según el fallo del Tribunal de Comercio, que tiene su sede en Nueva York, el Ejecutivo excedió los límites de la normativa al aplicar de forma generalizada un arancel a productos procedentes de prácticamente todos los países.

Sin embargo, el futuro del litigio permanece abierto, dado que el Gobierno ya había previsto que el arancel global funcionara como una medida temporal destinada a ganar tiempo mientras se exploraban otras bases legales para imponer aranceles más duraderos.

El arancel del 10% se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que expira el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso.

Según The New York Times, se espera que la Administración de Trump recurra el fallo, lo que podría prolongar el conflicto. No obstante, una derrota definitiva obligaría al Ejecutivo a devolver los ingresos recaudados bajo esos aranceles, una cifra que se sitúa en torno a los 166.000 millones de dólares, según estimaciones.

Tras la anulación previa de medidas arancelarias por parte del Tribunal Supremo, la Administración recurrió a una disposición poco utilizada de la Ley de Comercio de 1974 conocida como sección 122.

Sin embargo, el Tribunal de Comercio subraya que esta disposición solo permite la imposición temporal de aranceles limitados, en circunstancias específicas vinculadas a desequilibrios graves en la balanza de pagos o a situaciones de inestabilidad en el sistema financiero internacional.

El fallo recuerda además que esta norma permite gravámenes de hasta el 15% durante un máximo de 150 días, tras lo cual su continuidad depende de autorización del Congreso.

Todo esto puede suponer un revés para su política exterior. Trump, dijo que habló por teléfono este jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que dio de plazo hasta el próximo 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado.

"Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé concederle plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país; de lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

El próximo 4 de julio EE.UU. celebra el 250 aniversario de su declaración de independencia.

Trump aseguró en el mensaje que ha estado "esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial" que ambas partes acordaron durante una visita del republicano a Escocia el verano pasado.

En julio de 2025 Trump y Von der Leyen cerraron un pacto, el llamado acuerdo de Turnberry, que redefine el marco arancelario y por el que EE.UU. fija un techo arancelario del 15% para la gran mayoría de los productos europeos, incluyendo automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera, y la UE, a cambio, elimina la mayoría de los aranceles que aún aplicaba a productos industriales estadounidenses.

Uno de los últimos movimientos de la Casa Blanca sobre la cuestión arancelaria llegó el pasado 1 de mayo, cuando Trump anunció que "la próxima semana" incrementaría al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la UE.

Lo justificó argumentando que Bruselas "no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado", por lo que la conversación de este jueves entre Trump y Von der Leyen aparentemente aporta calma a la relación transatlántica.

El mandatario estadounidense, que calificó como "excelente" la conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, explicó que además de la cuestión sobre los aranceles, abordaron otros temas como el hecho de que Washington y Bruselas están "totalmente unidos en que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear".

"Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas", concluyó Trump.

El Ejército estadounidense anunció este miércoles que ha inmovilizado un petrolero de Irán en el golfo de Omán como parte del las intercepciones que está implementando contra buques que se dirijan o procedan de puertos iraníes en un momento en el que el presidente, Donald Trump, ha dicho que si Irán alcanza un acuerdo con Washington dará por terminada la guerra y el bloqueo.

Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron al M/T Hasna, un petrolero que navegaba sin carga y con bandera iraní, cuanto intentaba alcanzar un puerto iraní en el golfo de Omán, según explicó el Comando Central (CENTCON) estadounidense en un comunicado.

Después de que la tripulación "no acatara las reiteradas advertencias, las fuerzas estadounidenses inmovilizaron el timón del buque disparando varias ráfagas" disparadas desde el cañón de un caza F-18 que despegó del portaviones USS Abraham Lincoln, que se encuentra desplegado en la región desde enero de 2026 como parte de la campaña de presión estadounidense previa al inicio de la guerra el 28 de febrero.

Washington mantiene también en la zona al portaviones USS George H.W. Bush y asegura que hasta el momento "ha ordenado a 52 buques comerciales dar la vuelta o regresar a puerto" como parte del bloqueo impuesto a los buques que tratan de salir o entrar en puertos iraníes.

Trump dijo este miércoles que si Teherán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica, aunque amenazó con ataques de una mayor intensidad si Irán no acepta el pacto.

La relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, alabó la postura de España ante la "injusticia" que viven los palestinos y contrapuso su política a la de la Unión Europea (UE), "una institución que antepone los mercados, los intereses privados y los intereses de las corporaciones por encima de las personas".

"España hoy en día está prácticamente sola frente a la abominación, no solo en Gaza", sino también en otros territorios como Líbano e Irán, dijo este miércoles Albanese a preguntas de los periodistas ante el cuadro Guernica, de Pablo Picasso, ubicado en el Museo Reina Sofía de Madrid.

En una visita a la capital española, Albanese agradeció "al pueblo español, a las instituciones españolas, al Gobierno español y a las universidades españolas por hacernos sentir normales al creer que existe la posibilidad de mantener una postura firme y defender nuestros principios ante la injusticia".

Y dijo ver a España "como el comienzo de un cambio desde dentro de Europa hacia un multilateralismo descolonizado".

La visita de la relatora al Reina Sofía coincidió con la petición remitida a la Comisión Europea por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) no tengan efecto en la UE.

Preguntada sobre si espera que la Comisión Europea atienda la solicitud de Sánchez, Albanese dijo que esperanza "no es la palabra adecuada" para describir lo que siente al observar cómo obra ese organismo en torno a las sanciones impuestas por Estados Unidos ante quienes, como ella, piden "justicia" para los que han sufrido el "genocidio" de Israel.

"Esperanza no es lo que tengo en mente, pero, una vez más, lo que tengo en mente es el Estado de derecho. Y lo que el presidente Sánchez ha pedido hoy es precisamente respeto al Estado de derecho. Estados Unidos debe levantar las sanciones", abundó Albanese.

Dijo, no obstante, que sigue "confiando", quizá "ingenuamente", en el "sistema del Estado de derecho".

"Si todos lo defendemos, funcionará, pero ello empieza por las personas que se mantienen firmes y por los gobiernos que hacen su trabajo", apostilló.

Albanese también mencionó la demanda civil que su familia presentó en febrero ante un tribunal federal de Estados Unidos por las sanciones impuestas contra su persona.

"Mi hija está demandando a la administración (del presidente Donald) Trump; qué revelador es que una niña de 13 años tenga las agallas de hacer lo que toda la comunidad internacional no ha tenido el valor de hacer: llevar al presidente Trump ante la justicia", reprochó la experta italiana.

Según explicó, "las sanciones impuestas por otro país tienen efecto en Europa" porque "no existe soberanía europea" en lo que respecta al sistema bancario.

Y resumió que "se trata de una técnica de intimidación al estilo de la mafia para", así, "silenciar a la gente" y "forzar a la gente a obedecer".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar Proyecto Libertad, que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán, según informa EFE. 

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin rendir más detalles al respecto.

El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo "puede concretarse y firmarse".

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estadounidenses se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

"La operación Furia Épica terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán ha provocado la mayor liberación de reservas estratégicas de crudo de la historia. Sin embargo, mientras los gigantes energéticos alertan de que este salvavidas se esta agotando, surge una duda: ¿qué pasará cuando se acaben estas reservas?

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha transformado Ormuz en un muro que asfixia la economía global. Ante esta crisis, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado la liberación coordinada de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Parece una intervención que puede resultar eficaz para calmar a los mercados. Pero no nos engañemos: estamos intentando apagar un incendio con un vaso de agua.

El contexto macroeconómico y geopolítico es sombrío. Durante décadas, los mercados globales operaron bajo la suposición de que Estados Unidos garantizaría siempre el flujo ininterrumpido en el Golfo Pérsico. Esa ilusión se ha roto por completo durante el ultimo mes. Esta crisis nos empuja a un nuevo escenario de acaparamiento por miedo a repetir este shock en la logística internacional de la energía. China, el mayor consumidor mundial, ha liderado silenciosamente esta carrera, acumulando unas reservas de casi 1.400 millones de barriles. Le siguen potencias como Estados Unidos y Japón, con 413 millones y 263 millones de barriles respectivamente. En el nuevo origen geopolítico, el hecho de guardar reservas de petróleo se ha convertido en una pieza clave para la ventaja estratégica del país.

Si analizamos los datos técnicos y financieros, el panorama empeora más todavía. Las grandes multinacionales como Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips ya advierten que la capacidad de amortiguación del mercado está "casi agotado". Los números no mienten: recientemente, el crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares, con picos de hasta 126 dólares por barril. Aunque el rescate de la AIE, impulsado por los 172 millones de barriles de Estados Unidos, suena bien, la realidad es que apenas cubre entre tres y cuatro semanas del flujo que se ha perdido durante el conflicto. Esta inyección de liquidez petrolera alivia el nerviosismo de momento, pero no ataca el problema real de la oferta.

Habrá quien argumente, con cierto optimismo, que estas liberaciones masivas han logrado estabilizar el mercado en el pasado, como los 182 millones de barriles inyectados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, esta visión tiene cierta miopía en cuanto a la dimensión temporal. A diferencia de entonces, hoy no enfrentamos un embargo selectivo, sino el cierre físico de la principal vía del sistema energético mundial. Lejos de transmitir tranquilidad, algunos analistas advierten que esta intervención ha sido interpretada como una señal de "pánico" por los inversores. Al vaciar ahora nuestra despensa de petróleo, que en el caso estadounidense caerán a niveles críticos no vistos desde la década de 1980, nos estamos quitando ese colchón que en teoría nos iba a mantener en una situación de cierta tranquilidad una vez la producción de petróleo comenzará a declinarse.

En conclusión, la guerra en Irán nos ha arrebatado nuestra red de seguridad energética. El mundo se enfrenta a una dura lección que pagaremos cara: las reservas estratégicas son, en el mejor de los casos, parches temporales ante conflictos bélicos como el que estamos viviendo en la actualidad. Si no se restablece pronto el libre tránsito por Ormuz, la acumulación que vaticinan los expertos disparará los precios a niveles asfixiantes y prolongados. No podemos seguir financiando nuestro ritmo de vida quemando los ahorros del pasado. Nos acercamos muy peligrosamente al consumo total de nuestro “colchón petrolífero”. Cuando demos cuenta de que no podemos tirar de esas reservas, nos empezaremos a preocupar por el futuro del sistema tal y como esta planteado desde hace más de 2 siglos. Es el momento de despertar.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Cuando la relación de fuerzas está desequilibrada, es comprensible sentir la tentación de doblegarse ante la grosería y la intimidación. Pero, a largo plazo, esa estrategia rara vez sale bien. Eso es precisamente lo que acaba de experimentar amargamente el canciller alemán.

Hace apenas dos meses, el 3 de marzo, Friedrich Merz fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump. El cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos acababa de desencadenar una nueva guerra contra Irán, ahora convertida en un atolladero militar, económico y humanitario. Merz no solo no se distanció de esta aventura contraria al derecho internacional, sino que se mostró impasible cuando Trump, frustrado porque las fuerzas estadounidenses ya no podían utilizar sus bases en Europa para este conflicto, arremetió con críticas contra sus homólogos español y británico.

Al presidente Pedro Sánchez, calificado de aliado “deplorable” ante las cámaras, no le gustó nada esa falta de solidaridad por parte del canciller. Desde entonces, la ira de Washington hacia Madrid no ha remitido. A finales de abril, se filtró oportunamente un correo electrónico interno del Departamento de Defensa estadounidense, en el que se planteaba abiertamente la posibilidad de “suspender” a España de la OTAN (algo que no tiene base jurídica). Ironías de la historia, esa ira acabó dirigiéndose sobre todo contra el propio Merz, al anunciar represalias mucho más concretas contra su país.

El detonante fue una breve frase pronunciada por el canciller el pasado lunes ante unos estudiantes de secundaria en Renania del Norte-Westfalia. “Toda una nación está siendo humillada por los dirigentes iraníes, en particular por esa supuesta Guardia Revolucionaria”, afirmó refiriéndose a Estados Unidos, del que lamentó que se hubiera embarcado en un conflicto “claramente sin ninguna estrategia”. Unas declaraciones que reflejan un cambio de postura, condicionado por las reacciones dentro de su propia coalición y por el coste económico que la guerra en Oriente Medio supone para Alemania y para el conjunto de Europa.

“No sabe de lo que habla”, replicó rápidamente Donald Trump en su red social Truth Social. Posteriormente, el Pentágono anunció, el viernes 1 de mayo, la retirada de 5.000 soldados estadounidenses actualmente desplegados en Alemania. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, este país es el que alberga, en Europa, el mayor número de efectivos del ejército americano (36.000 de los 86.000 repartidos por todo el continente). Aunque los detalles aún son imprecisos, el traslado podría llevar entre seis y 12 meses.

El asunto ocupó las portadas de la prensa alemana durante todo el fin de semana. Los responsables de la coalición gubernamental intentaron claramente minimizar la gravedad de la decisión estadounidense. Boris Pistorius, el ministro socialdemócrata de Defensa, explicó que tal retirada de tropas “era previsible”. En la misma línea se expresó Friedrich Merz, quien declaró el domingo por la noche, durante una entrevista en la cadena pública ARD, que no “renunciaba a trabajar en favor de las relaciones transatlánticas [ni] a colaborar con Donald Trump”.

Sin embargo, el problema no se limita a la retirada de 5.000 militares en sí misma. Esa reducción no impediría que Alemania siguiera siendo el segundo país del mundo, después de Japón, con más tropas estadounidenses desplegadas en su territorio. Además, supondría simplemente volver anterior a 2022 y a la invasión a gran escala de Ucrania, en un contexto en el que desde hace tiempo se insta a los europeos a implicarse más en su propia defensa. Pero lo que resulta mucho más preocupante es el carácter descoordinado y punitivo de la decisión.

“Desde un punto de vista estrictamente militar, no es significativo”, confirma la investigadora Gesine Weber, del think tank Center for Security Studies de Zúrich (Suiza). “Pero el efecto psicológico es grave, ya que este episodio demuestra que la OTAN no soporta las críticas entre aliados y que los desacuerdos políticos provocan respuestas directamente relacionadas con la seguridad, al menos por parte de su miembro más poderoso. Esto le dice mucho a Putin sobre la cohesión de esta alianza”.

No se trata de la única represalia en el ámbito militar anunciada a finales de semana. Al parecer, el Pentágono estaría revocando una decisión, tomada bajo el mandato de Joe Biden, de desplegar en Alemania un batallón encargado de manejar misiles de crucero Tomahawk y misiles hipersónicos Dark Eagle. Se trata de misiles de largo alcance, capaces de causar a Rusia daños similares a los que esta podría intentar infligir a sus vecinos europeos en caso de escalada.

“El hecho de que […] este vacío en materia de disuasión convencional no se haya subsanado es un verdadero problema”, opina Nico Lange, ex alto cargo del Ministerio de Defensa alemán, citado por el Wall Street Journal. “Tenemos nuestras propias tropas, pero nadie en Europa cuenta aún con esa capacidad específica”. “Una vez más”, añade Gesine Weber, “esto es una señal para Rusia de que la voluntad de Estados Unidos de defender a los europeos y participar en la disuasión es limitada, en cualquier caso más que con Biden”.

Además, Trump ha amenazado con aranceles adicionales a los coches fabricados en Europa, lo que afectaría principalmente a la industria alemana, especialmente la del poderoso sector del automóvil. La relación con las palabras de Merz es menos clara que en el caso de las represalias en materia de seguridad, pero la lógica de presión y chantaje, propia del "padrino Trump", es la misma.

Debido al desequilibrio comercial entre Estados Unidos y Alemania, a favor de esta última, la administración Trump siempre se ha mostrado severa con este país europeo. Pero el episodio actual marca un claro deterioro de las relaciones e ilustra hasta qué punto tiene sus límites la estrategia “conciliadora” de Merz.

De hecho, sabemos lo complaciente que se mostró el canciller, incluso con anterioridad a este año, ante la escalada militarista de Washington y Tel Aviv en Oriente Medio. En junio de 2025, durante la anterior oleada de bombardeos contra Irán, elogió así el “trabajo sucio” realizado por el Estado hebreo en nombre del bando occidental. Incluso se atrevió a decir, durante el secuestro del presidente venezolano por parte de Estados Unidos en enero de este año, que “la evaluación jurídica de la intervención estadounidense [era] compleja”.

Al elevar su gasto militar, Alemania aparece además como uno de los mejores alumnos de la OTAN, después de que Trump arrancara a sus miembros el compromiso de dedicar el 3,5% de su riqueza nacional a este fin de aquí a 2035. Por otra parte, llama la atención que la estrategia militar de Berlín, presentada a finales de abril por Pistorius, esté concebida íntegramente en el marco de una Alianza Atlántica que no ha cambiado de naturaleza, y en la que el Ejército alemán es el pilar de unos planes de defensa concebidos desde una visión estadounidense.

“Es una apuesta”, advierte preocupada Gesine Weber, “que presupone contar con un socio estadounidense realmente dispuesto a apoyar la defensa del continente. Pero lo que vemos es más bien una serie de indicios de una retirada caótica, problemática por su imprevisibilidad, ya que no ofrece ninguna visibilidad a los dirigentes europeos sobre su calendario ni su dirección”.

La dependencia de Alemania respecto de Estados Unidos en materia de seguridad, economía e incluso cultura es muy profunda, lo que contribuye a explicar, junto con el temor a un abandono total de Ucrania por parte de la Administración Trump, las contorsiones a las que se ha visto sometido el Ejecutivo alemán. Pero los beneficios obtenidos no son, a estas alturas, muy convincentes. “Ni un Merz obsequioso ni una simpatizante como Giorgia Meloni han logrado orientar de forma duradera los bandazo de Trump en favor de la UE”, señaló el exdiplomático austriaco Klemens Fischer al Tagesspiegel.

Berlín apenas ha iniciado preparativos ante una posible parálisis de la OTAN orquestada por Washington, o ante su evolución hacia un marco cada vez más coercitivo bajo la égida de una potencia estadounidense desinhibida, como han dejado entrever las pretensiones de anexión de Groenlandia. Y, en cualquier caso, no lo ha hecho de manera coordinada con los demás Estados miembros de la Unión Europeani ha contribuido a tranquilizarlos sobre las modalidades de su rearme nacional.

El director de la revista Internationale Politik Quarterly, Henning Hoff, resumió el problema de la política exterior alemana, tanto con Merz como con su predecesor Olaf Scholz: ambos cancilleres han proclamado rupturas históricas al tiempo que deseaban mantener prácticamente intacto ese famoso vínculo transatlántico. “En la mente de los responsables alemanes de la política exterior”, escribe, “el orden [internacional] actual se asemeja al gato de Schrödinger: muerto y vivo al mismo tiempo. Eso crea un gigantesco agujero negro donde debe encontrarse la estrategia alemana.”

Para darse cuenta de hasta qué punto la defensa del continente se encuentra en una encrucijada, el mejor barómetro quizá no sea Madrid —donde Sánchez se apoya en una antigua desconfianza popular hacia las grandes potencias y las guerras imperialistas— sino Varsovia.

Los liberales que gobiernan Polonia no están, sin duda, tan alineados con Washington y la extrema derecha trumpista como sus rivales nacional-conservadores que le precedieron. Se preocupan sobre todo por tener varias cartas en la manga para la defensa del país. En una nación que se adhirió a la OTAN en 1999 y que también está muy vinculada a Estados Unidos en materia de seguridad, las recientes declaraciones del primer ministro Donald Tusk no son baladíes.

El 24 de abril, Tusk confesó al Financial Times que “la cuestión más importante para Europa [era] saber si Estados Unidos [estaba] dispuesto a demostrar tanta lealtad como prevén [los] tratados [de la OTAN]”. El sábado, tras el anuncio de la retirada de los 5.000 soldados estadounidenses, declaró en X: “La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no proviene de sus enemigos externos, sino de la continua desintegración de nuestra alianza”.

Es un escenario que él mismo desea evitar, pero su mención pública, con tanta claridad, debería sonar como una urgencia para elaborar "planes B".

Traducción de Miguel López

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado un ataque a buques de guerra en el Estrecho de Ormuz por parte de Irán, a través de un mensaje en su red social Truth Social. En el comunicado, Trump asegura que un buque surcoreano ha sido atacado por el país persa, pero que ninguna embarcación estadounidense ha sufrido daños.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que había facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el Estrecho, como un "primer paso" en la operación anunciada por el presidente Trump para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní. Además, el ejército estadounidense informó de que había destruido seis embarcaciones pequeñas iraníes e interceptado misiles de crucero y drones iraníes lanzados por Teherán en el marco de esta operación, asegura Reuters.

La misión comenzó este lunes y, según adelantó el Centcom, movilizará más de cien aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20% del petróleo mundial. El almirante estadounidense Brad Cooper, jefe del Mando Central, se negó a comentar si consideraba que el alto el fuego iniciado el 8 de abril seguía vigente. Sin embargo, reconoció los continuos esfuerzos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) por "interferir" en la operación de Trump para abrir esta vía comercial.

El Ejército iraní había rechazado la misión estadounidense y advertido que cualquier buque, incluidos los americanos, que traten de atravesar el Estrecho de Ormuz serán atacados. Los militares iraníes aseguraron además que lanzaron disparos de aviso con misiles contra destructores de Estados Unidos cuando trataban de acercarse.