Quienes desconozcan la historia del Líbano en estas últimas décadas podrían interpretar la noticia de que se acaba de firmar un acuerdo entre Israel y el país de los cedros, con la mediación de Washington, como la expresión de una voluntad compartida por asentar la paz entre ambos países. Así se recoge, de hecho, en el texto firmado el pasado 25 de junio, con ambas partes comprometiéndose a actuar de buena fe hasta alcanzar “una paz plena y duradera, que brinde seguridad, estabilidad y prosperidad a los pueblos de Israel y Líbano”. El documento también contempla la constitución de grupos de trabajo para negociar un tratado integral de paz y seguridad, y el compromiso de Estados Unidos para movilizar apoyo internacional para la reconstrucción del Líbano, incluida ayuda humanitaria, proyectos de recuperación económica e inversiones.

Pero difícilmente pueden compartir esa opinión quienes hayan seguido las vicisitudes de las convulsas relaciones entre esos dos vecinos. En primer lugar, porque ya habrán vivido innumerables veces esta misma situación, incapaces ya de recordar cuántos acuerdos de alto el fuego y cuántos acuerdos de paz han quedado arruinados por el camino. Desgraciadamente, una vez tras otra, ha quedado claro que Israel no respeta la soberanía libanesa, que la milicia chií de Hizbulah no se va a desarmar unilateralmente y que los sucesivos gobiernos de Beirut son incapaces de imponer el monopolio del uso legítimo de la fuerza en su propio territorio y, menos aún, de expulsar a las fuerzas invasoras.

Por eso, una lectura mínimamente detallada del reciente acuerdo y una comprensión básica del contexto actual a ambos lados de la Línea Azul (asumida como la frontera que comparten Líbano e Israel) vuelve a desembocar en un generalizado escepticismo sobre el futuro inmediato.

Por un lado, un actor político tan relevante como Nabih Berri —tercera autoridad del Estado en su condición de presidente del parlamento nacional y figura prominente del Movimiento Amal, asociado al Partido de Dios (Hizbulah)— ya ha dejado claro que el pacto no se va a cumplir. Berri no solo entiende que Hizbulah no se va a desarmar mientras las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) sigan ocupando parte del territorio nacional, sino que ve el acuerdo como una incitación premeditada a la guerra civil, en la medida en que las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) quieran imponer ese desarme de la milicia por la fuerza. Por serio que haya sido el castigo recibido en estos últimos dos años por parte de las FDI, Hizbulah conserva la suficiente capacidad militar y política, además del apoyo innegable de buena parte de la población de identidad chií, para seguir resistiendo las embestidas israelíes y los intentos de otros actores políticos libaneses por eliminarla. El texto (parcialmente filtrado, pero no publicado) del anexo sobre asuntos de seguridad, da a entender que serán las FAL las encargadas de llevar a cabo esa tarea si, como es previsible, Hizbulah no renuncia a las armas. Un Hizbulah que, obviamente, no ha tenido voz en la negociación del acuerdo y que, en la práctica, es más potente y operativo que las propias FAL.

Tampoco resulta tranquilizador el resto del acuerdo. En ningún caso se contempla la retirada de las FDI, sino tan solo un redespliegue dentro del territorio libanés, con el añadido de que Tel Aviv es quien (junto a Washington) tendrá la última palabra para juzgar si Beirut cumple satisfactoriamente sus compromisos. Más allá de que, como acostumbra, el gobierno de Benjamin Netanyahu ya ha ordenado ataques posteriores a la firma del pacto, la primera prueba sobre lo que cabe esperar es la aplicación de las dos “zonas piloto” en las que las FDI se deben redesplegar para dejar que sean las FAL las que pasen a tomar el control, una vez que se confirme que han logrado eliminar (¿pacíficamente?) la presencia en ellas de los milicianos de Hizbulah y sus infraestructuras. Igualmente, el momento en el que los cientos de miles de libaneses que se han visto obligados por los ataques de las FDI a abandonar sus hogares queda en manos de Israel, sin que ni el presidente Joseph Aoun ni el gobierno liderado por Nawaf Salam tengan potestad para decidirlo.

En definitiva, las FDI no se retiran, sino que, a su antojo, tan solo efectuarán un redespliegue dentro del territorio libanés, sin estar sometidas a ningún calendario. En definitiva, queda al arbitrio de Benjamin Netanyahu –empeñado en redibujar el mapa regional, ganar las elecciones y escapar de la justicia– y al de Donald Trump –dispuesto a seguir respaldando a Netanyahu, a cambio de que se modere temporalmente para no arruinar el acuerdo logrado con Irán– determinar si las FAL y el gobierno libanés llevan a cabo sus tareas de manera satisfactoria. Eso les permite reventar el acuerdo cada vez que lo consideren oportuno.

Tampoco es un asunto menor que el punto 13 del acuerdo establezca que, en términos reales, Líbano renuncia a su derecho a acudir a los tribunales internacionales para exigir el castigo a los responsables (es decir, a Israel) de las atrocidades cometidas durante la reciente invasión de las FDI. Son más de 4.000 las personas asesinadas, en torno a un millón las desplazadas forzosamente y miles las viviendas e infraestructuras básicas destruidas en el marco de una nueva violación del derecho internacional, que, de ese modo, quedaría impune.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El hashtag “#Revolución del 26 de junio” lleva unas semanas circulando mucho en redes sociales, especialmente en los últimos días. Palestinos y palestinas, a menudo jóvenes, lanzan llamamientos a los habitantes de la Franja de Gaza, instándoles a manifestarse, a salir de entre las ruinas a la calle para protestar contra las condiciones de vida indignas y exigir el fin del genocidio, el acceso a la comida, al agua, a la higiene, a la sanidad, a la educación; en definitiva: a una vida digna.

El llamamiento no está centralizado, pero la mayoría de quienes se expresan viven hoy fuera de la Franja de Gaza. Aunque el mensaje común es “Ya no podemos más”, algunos apuntan directamente a Hamás. Otros se centran en el incumplimiento de los términos del alto el fuego por parte de Israel y en la apatía de la comunidad internacional.

No sería la primera vez que se celebran manifestaciones contra las condiciones de vida infernales en el enclave palestino. Bedna na’ich (queremos vivir), un movimiento informal, lleva organizándolas desde marzo de 2019. Cuando se creó, Hamás ya llevaba doce años gobernando en solitario la Franja de Gaza. Eran numerosas las quejas de una parte de la población respecto al gobierno islamista, aunque nadie en ese pequeño territorio perdía de vista que el estricto bloqueo israelí impedía cualquier desarrollo económico.

Moumen al-Natour, abogado de 30 años y miembro de Bedna na’ich, hoy refugiado en Italia, describe así a Mediapart el dominio del partido islamista antes del 7 de octubre: “Hamás lo gestionaba todo y lo controlaba todo, sobre todo el acceso al empleo en la administración. Si presentabas una solicitud, para tener alguna posibilidad de conseguir el puesto, necesitabas una recomendación del emir de tu mezquita. O conocer a alguien dentro de Hamás. Era un circuito cerrado”.

Todavía hoy, lo que queda de la administración de la Franja de Gaza está gestionado por Hamás. “Probablemente, la popularidad del movimiento nunca haya sido tan baja en el enclave, pero la gente soporta a su Gobierno porque no tiene otra opción”, explica un analista de Gaza que prefiere mantener el anonimato. “Lo necesitan para los certificados de nacimiento, los de defunción… para toda su vida, en realidad.”

Bassem Naïm, veterano de Hamás, exministro de Sanidad del Gobierno de Haniyeh tras las elecciones de 2006 ganadas por el movimiento islamista y miembro de su oficina política, asegura, sin embargo, que el partido no pide otra cosa que dejar el poder.

“En varias ocasiones, en 2014 y luego en 2017, propusimos formar un Gobierno de unión nacional, pero esos intentos fueron saboteados sistemáticamente por la Autoridad Palestina de Ramala, por los israelíes, los americanos y, lamentablemente, los europeos”, recuerda a Mediapart en las oficinas del movimiento en Estambul. “Igualmente, estamos dispuestos a ceder la gestión de la Franja de Gaza al comité administrativo tecnocrático [previsto en el plan de veinte puntos de Trump de octubre de 2025 para gestionar el territorio —ndr], incluyendo la seguridad, las fronteras y los pasos fronterizos.”

Pero el Comité Nacional para la Administración de Gaza (Cnag) sigue en El Cairo, al no haber recibido autorización para entrar en el enclave y comenzar su labor, y Hamás controla una parte del territorio, la que no está ocupada por el ejército israelí. Es decir, entre el 30% y el 40% de la pequeña franja costera.

Hamás asegura, pues, que ya no quiere asumir el gobierno. “Porque nos consideramos fundamentalmente un movimiento de resistencia. En este momento, no somos un movimiento en el poder”, añade Bassem Naïm. “Creemos que uno de los mayores errores de Oslo fue, como se dice en árabe, ‘poner la zanahoria delante del caballo’, es decir, establecer un sistema político bajo la ocupación. Primero hay que poner fin a la ocupación; después, que todos los palestinos puedan reunirse y formar su propio sistema político”.

Según él, la participación de Hamás en las elecciones de 2006 tenía como objetivo intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos desde dentro. Pero el fracaso del Gobierno de unidad nacional formado tras su victoria en las elecciones legislativas, y posteriormente del gabinete de Hamás —ambos frustrados por la negativa occidental a negociar con ellos—, les sirvió de lección.

Pero, añade Bassem Naïm, el movimiento no puede, en la situación actual, dejar un vacío de poder en Gaza. Sobre todo en materia de seguridad. Por ello, asegura, el despliegue de los hombres de Hamás en las calles, desde la firma del alto el fuego en octubre de 2025, no tiene otro objetivo que evitar el caos y, en particular, la actuación de las milicias financiadas y armadas por Tel Aviv. Esos grupos auxiliares, que hoy suman cinco, controlan todo el este del territorio —el ocupado por el ejército israelí— y llevan a cabo incursiones, secuestros y asesinatos, sobre todo de miembros de Hamás, en la parte occidental de la Franja de Gaza.

“Sin las fuerzas de Hamás, esto sería la jungla. Estas milicias, y quizá incluso las propias familias, se enfrentarían entre sí; habría robos y violaciones, pero las familias y las facciones políticas, en colaboración con Hamás, se esfuerzan por mantener la seguridad y velar por ella”, añade el responsable de Hamás, originario él mismo de Gaza.

El movimiento quiere ganarse el apoyo de esas grandes familias, que cuentan con miles de miembros y constituyen la columna vertebral de la sociedad gazatí, a las que Israel ha intentado a menudo integrar y con las que la convivencia es a veces turbulenta y sangrienta. Bassem Naïm tiene la prueba de ello, con las acciones de uno de los clanes más revoltosos del territorio, conocido por su implicación en la gran delincuencia: “Los Doghmoush mataron a mi hijo el pasado mes de octubre. Al día siguiente de la firma del acuerdo, intentaron sembrar el caos. Somos vecinos de la zona donde se encuentran, en Tal Al-Hawa. E intentaron tomar el control de la zona y matar a cualquiera que no obedeciera sus órdenes.”

Lo que Bassem Naïm se calla es la violencia desencadenada por Hamás tras el asesinato de su hijo. “Hamás reunió a toda la familia Doghmoush, incluidos los más jóvenes, y ejecutó sobre la marcha a unas nueve personas de la familia en lugares públicos, en represalia por el asesinato de su hijo”, relata el analista. “Hamás los acusó de ser colaboradores de Israel. Pero sabemos que, al menos algunos de ellos, no lo eran”. Las ejecuciones sumarias fueron grabadas y las imágenes difundidas por el propio Hamás, a modo de ejemplo.

Esta acusación de colaboración con el enemigo es fácil de utilizar, ya que efectivamente existen informadores, y se aplica ampliamente dentro del movimiento islamista. Contra cualquier persona que se oponga a su política y critique su línea. Bedna Na’ich ha organizado quince marchas de protesta en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. En cada ocasión, se ha esgrimido el argumento de la colaboración para desacreditarlas.

Los opositores que, a diferencia de Moumen al-Natour y algunos otros, no han logrado huir del territorio, corren un grave riesgo. “Hamás publica nuestro nombre en una web dedicada a ello en redes sociales, que se llama: ‘Se ha detenido a un colaborador’. Lo que, evidentemente, nos pone en peligro”, explica el abogado. Describe una maquinaria represiva: “El movimiento ha instalado centros de interrogatorio en varios hospitales. Allí trasladan a los detenidos, les dan una paliza y, después, o los echan a la calle con los huesos rotos, o los ejecutan en público”.

“Hamás controla Gaza, pero únicamente mediante la fuerza y el miedo”, prosigue el analista. “Pero se encuentra en una situación imposible, objetivamente hablando. En estos momentos no existe una posición única dentro de Hamás. Hay diferentes corrientes, y sigue en pleno apogeo la lucha por saber quién dirigirá el movimiento”.

Los resultados de las elecciones para renovar el comité político y sustituir a todos los que fueron asesinados debían haberse anunciado en febrero. Estamos a finales de junio y aún no se han proclamado. Responsables como Bassem Naïm atribuyen este retraso a las limitaciones geográficas y de seguridad.

“Hamás tiene tres componentes: una parte está afincada en la Franja de Gaza, otra en Cisjordania y una tercera en la diáspora. Cada uno de estos tres componentes elige a sus propios dirigentes y designa a una parte de la dirección común, así como a la alta dirección. Esta alta dirección expresa la posición definitiva de Hamás”, explica. “En este momento es difícil ponerse en contacto con todo el mundo, sobre todo en la Franja de Gaza. Las medidas de seguridad alargan mucho los plazos”.

También asegura que las divergencias de opinión y los debates son normales “en un movimiento democrático”.

Sin embargo, numerosos observadores afirman que se está librando una feroz batalla entre la línea de Khalil al-Hayya, originario de Gaza y actual líder del movimiento, y la de Khaled Mechaal, que ocupó el cargo de secretario general. “También influyen muchas dinámicas regionales, ya que los Estados de la región desean que haya alguien con quien dialogar”, explica el analista. “Porque Khalil al-Hayya se ha convertido, según la valoración de numerosos gobiernos, en alguien difícil de tratar. Su nombre está demasiado estrechamente asociado a los últimos tres años. Khaled Mechaal, por su parte, no estaba en el poder. Se le percibe más bien como una figura política capaz, tal vez, de replantear y redefinir la imagen de Hamás.”

Y es que el proyecto del movimiento parece haberse estancado con el 7 de octubre, que los responsables siguen defendiendo. Bassem Naïm se mantiene firme en esa línea. El 7 de octubre no fue un error, ni moral ni estratégicamente. “Creo que fue la decisión correcta en el momento adecuado”, afirma a Mediapart.

Naïm describe la operación que condujo a la masacre y a la toma de rehenes de civiles israelíes y extranjeros como un acto de legítima defensa. Cita el plan Smotrich de 2017, destinado a acabar con el movimiento nacional palestino y con toda posibilidad de un Estado mediante la anexión de todos los territorios palestinos, y afirma que ya se estaba llevando a cabo. Recuerda el bloqueo y la tentación de los Estados árabes de sumarse a los Acuerdos de Abraham.

Ni una palabra sobre las más de 70.000 personas fallecidas en la guerra genocida, los cientos de miles de heridos, a veces discapacitados de por vida, pero sí la certeza de haber logrado romper la imagen de Israel y el apoyo al Estado hebreo en todo el mundo.

El analista gazatí se atreve a afirmar, en voz baja: “De hecho, creo que en Gaza, Hamás oscila entre dos estados de ánimo. La supervivencia, en sentido político y concreto, pero también una tendencia al suicidio. Si nos fijamos en los líderes de Hamás que han sido asesinados recientemente, se observará que muchos fueron asesinados junto a sus familias. Lo que significa que salieron de su escondite y se quedaron con sus familias, sin ocultarse. Para mí, esto indica que algunos se han dado cuenta de que no hay salida. Porque, ¿adónde podrían ir? No tienen adónde ir, salvo hacia la muerte.”

Mediapart entrevistó a Bassem Naïm el 8 de junio en Estambul. Naïm, miembro del comité político de Hamás, está sujeto a sanciones estadounidenses.

Traducción de Miguel López

Cuando la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, coordinada por Jacques Delors, entregó a la Unesco La educación encierra un tesoro (1996) estaba mostrando un compendio de ilusiones transformadoras para el mundo educativo de todo el mundo. Sus capítulos así lo demuestran: la educación o la utopía necesaria; de la comunidad de base a la sociedad mundial; de la cohesión social a la participación democrática; del crecimiento económico al desarrollo humano; los cuatro pilares de la educación; la educación a lo largo de la vida; de la educación básica a la universidad; el personal docente en busca de nuevas perspectivas; el papel del político es tomar decisiones en educación; la cooperación internacional para educar en la aldea planetaria. Argumentos todos ellos que entonces eran enunciados en forma de utopía realizable; de esperanza en cambiar el mundo mediante la educación.

Desde entonces han transcurrido 30 años; parecen siglos de retroceso en Gaza. UN News nos expresa con claridad lo que es evidente para quienes quieran mirar y escuchar. “La guerra ha devastado el sistema educativo de Gaza, dejando a unos 700.000 niños sin acceso a la escuela formal. Más del 90% de las infraestructuras escolares han sufrido daños totales o parciales, y muchas se utilizan como refugios para personas desplazadas. Ante esta crisis, la enseñanza se imparte principalmente de forma improvisada en tiendas de campaña y espacios seguros”. “El colapso de la educación en la Franja ha supuesto una pausa forzada y drástica para una sociedad que históricamente destacaba por sus altísimos índices de alfabetización”.

La sociedad internacional asiste muda a la evolución de la destrucción física y emocional de las personas que habitaban un lugar antes llamado Gaza; desconozco cómo lo podríamos citar ahora, ya que parece que no existe. En algún lugar lo he visto nombrado como campo de exterminio; en otros, como el estercolero de la ética internacional. Podrían asignársele muchos calificativos, todos penosos.

La educación supondría un tesoro para los niños y las niñas gazatíes. Para ello sería necesario, sigo con las cifras que facilita UNRWA, no Hamas, reconstruir las infraestructuras escolares dañadas; la gran mayoría requerirán reconstrucción total o rehabilitación profunda antes de poder operar de forma normal, si ocurriese esa utopía. Porque es penosa la imposibilidad de utilizar las aulas, desde Unicef y la Unesco se han empeñado en que las clases se reanuden. Eso sí, buscando los pocos sitios seguros o habilitando tiendas de campaña. En ambos casos, se prioriza el apoyo psicosocial y emocional antes que la búsqueda de acumulación de conocimientos.

Sepamos, que no lo sentimos apenas, que varios organismos internacionales advierten sobre el riesgo de una generación "perdida". No solamente son años de no aprendizaje (el impacto académico); miles de estudiantes y docentes han muerto o resultado heridos durante el conflicto. Aun así, a pesar de los grandes bloqueos del invasor Israel y los desafíos logísticos que la situación implica, varias agencias humanitarias han comenzado a distribuir kits escolares con cuadernos, lápices y otros elementos básicos para mantener una rutina de aprendizaje. ¡Con qué poco se puede hacer mucho! Esos kits parecerían una miseria en nuestra rica y olvidadiza Europa.

Además, la escuela de aprendizaje sin escuelas estables ha sido, en los territorios invadidos, la nada ardiente y constantemente castigada con bombardeos y deportaciones. Por allí deambulan personas cargadas de odios y belicismo. Sin duda, será una generación poco estimulada hacia la paz; una quimera en un lugar abandonado por todos. Todo esto tiene unos responsables: los terroristas de Hamás, que encendieron la espita, y el Gobierno de Israel, que estaría esperando un detonante para animarse al genocidio. Todo esto en un idilio entre los presidentes de Israel y EEUU que muestra, al menos por lo que se ve, ruindades de todo tipo. Muy mal si se hace con todos los habitantes; un crimen de lesa humanidad si los perjudicados son los niños y las niñas. Nos queda comparar lo manifestado por el equipo de J. Delors con la educación en Gaza, también en el Líbano y en Cisjordania. Un informe internacional liderado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) estima que los niños y niñas de Gaza habrán perdido el equivalente a cinco años de educación debido a los repetidos cierres de escuelas desde 2020, primero por la covid-19 y luego por la invasión israelí.

La ilusión perdida, la desesperanza casi unánime, es ahora mismo una fractura humanitaria que apenas molesta a las llamadas democracias. Estas permiten la participación de Israel en eventos internacionales sin pedirle, por lo que se ve, nada a cambio. Al menos como contrapartida a su admisión a Eurovisiones y campeonatos deportivos, serían exigibles unos altos en la contienda. Aunque solamente fuese a título de recordatorio. Las democracias de la UE, España también, comercian a escondidas con empresas israelíes; las patatas del gran supermercado de España procedían hasta hace poco de ese país. Puestos a recordar, nos viene a la memoria cuando el mandatario americano, señor Trump, se enfadó porque no se le concedía el Nobel de la Paz tras haber estimulado tantas guerras y atropellos internacionales. Me gustaría conocer qué sintió el jurado que se lo otorgó a la opositora venezolana cuando esta regaló la concesión al incentivador de los conflictos.

"Era verde el silencio, mojada era la luz, temblaba el mes de junio como una mariposa" (Pablo Neruda). “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar, no se van a ordenar solas las cosas, digo yo” (Wislawa Szymborska). La guerra de las democracias se volverá contra las democracias. Ennegrece la ética de todos, por acción y por omisión. Porque la ceguera de quienes mandan la incentivamos todos; a ellos los colocamos los votantes. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

No habrá sanciones a los productos procedentes de los asentamientos israelís ilegales ni tampoco un nuevo régimen de herramientas de coerción comercial contra China. Los 27 se dividen en bandos sobre la política migratoria y a Antonio Costa, presidente del Consejo, le llueven críticas de varios líderes por abrir canales de comunicación con el Kremlin.

La última Cumbre Europea antes del parón de vacaciones estivales evidenció los intereses contrapuestos, las distintas percepciones políticas y las varias velocidades existentes entre los Estados miembros de la Unión. Una Cumbre destinada a discutir los retos económicos, geopolíticos y el futuro presupuesto de la UE donde saltaron chispas dentro de la sala y fuera de ella.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, echaron un jarro de agua fría al contacto diplomático del gabinete de Costa con representantes de Vladimir Putin para abrir una vía de diálogo para cuando termine la guerra en Ucrania. Criticaron el movimiento porque el político portugués no puede actuar entre Kiev y Moscú como un mediador pese a su cargo y privilegiaron las recientes conversaciones de sus Gobiernos junto al del Reino Unido con el Kremlin. Polonia e Italia criticaron ser excluidas mientras otros líderes, como el irlandés o el belga, sí validaban el movimiento de Costa.

Para España, según las fuentes consultadas, se trata de “una toma de contacto inicial que no plantea ningún problema” y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cercano a Costa, también se posicionó a favor asegurando tras la Cumbre que “es abrir un canal diplomático, simplemente, no negociaciones, un matiz importante” al tiempo que calificaba como “necesario” lo hecho por el equipo del presidente del Consejo. Mientras, otros, como el primer ministro estonio, Kristen Michael, se enfadaban. El líder de Estonia llegó a afirmar que “sugerir que canales alternativos o la diplomacia por la puerta de atrás son necesarios es equivocado”. La división europea quedó expuesta públicamente para ser escrutada por el Kremlin, Washington o Pekín.

Dos puntos clave centraban la agenda del jueves y el viernes: la situación en Oriente Medio y el reto de la competencia de China. Hubo una discusión sobre “los esfuerzos puestos en marcha para fortalecer la competitividad y la autonomía estratégica de la UE” dentro de un “debate estratégico sobre la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos”.

Cada vez son más los países que piden un endurecimiento de la posición de Bruselas ante los desequilibrios que genera la relación comercial con China. Entre las medidas que se discuten figura la posibilidad de imponer tarifas a determinados productos importados desde ese país para corregir un déficit comercial que alcanzó los 360.000 millones de euros el año pasado y que rozó los 100.000 millones solo en el primer trimestre de este ejercicio. Un problema que ya afecta a todos los Estados miembros, incluida Alemania. “Con todos nuestros grandes socios el diálogo debe ofrecer resultados y cuando no los producen debemos mirar a nuestros instrumentos, ahí es donde está ahora la discusión”, reconoce una fuente europea. 

El debate no está maduro, no hay unanimidad entre los 27 sobre cómo atajar los desequilibrios que produce China en la economía europea, por mucho que Francia presione en favor de una guerra comercial y arrastre a parte de los socios en un bando ya calificado como “beligerante”. Aunque el propio presidente Antonio Costa habló al finalizar la Cumbre de la necesidad de “desarrollar y eventualmente complementar los instrumentos en el área de la defensa comercial y de la política industrial” y “reducir los riesgos de sus relaciones económicas”, la realidad es que no se pactó un llamamiento a la Comisión para que trabaje en futuras medidas que condujesen a sanciones o tarifas.

España es uno de los países que más apuesta por el diálogo con China y no la confrontación. Lo explica una fuente diplomática, que no ve urgente o prioritario avanzar en nuevos instrumentos de coerción ante China. Y lo dijo en público el presidente Pedro Sánchez con un elocuente “necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y tender puentes”. España es uno de los países que frenó la confrontación gala dentro de la reunión.

Un freno semejante al que impone un grupo de unos siete socios liderados por Alemania, donde también están Austria o Hungría, pese al cambio de Gobierno, para endurecer la posición de la UE contra Israel. De la Cumbre no salieron nuevas sanciones a los ministros que están incitando a la violencia contra la población palestina o a la ocupación del sur del Líbano. Tampoco la prohibición de que a territorio comunitario lleguen los productos procedentes de los asentamientos ilegales, o una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.

Durante la Cumbre saltó la polémica sobre un supuesto enfrentamiento entre la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente Sánchez, a cuenta de la política migratoria. La italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. La caracterización aparecida en cierta prensa bruselense y posteriormente en la italiana fue desmentida por fuentes diplomáticas españolas.

Una fuente diplomática ajena a ambos países y conocedora del debate interno dentro de la sala del Consejo, desmiente para infoLibre que hubiese una fuerte discusión, pero sí reconoce un debate sobre líderes que son verdaderos políticos. Desde Moncloa también hablan de un debate con diferentes posiciones pero sin llegar al enfrentamiento personal.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, celebró la reciente aprobación de las normas de deportaciones en la Eurocámara y demandó –confirma la fuente diplomática– la celebración entre los líderes de los 27 de un debate estratégico sobre la política migratoria de la UE. Ahí fue donde Pedro Sánchez tomó la palabra para rechazar de nuevo los centros de expulsión y poner en valor la reducción de las llegadas irregulares gracias a acuerdos de colaboración con los países de origen o tránsito, rechazando la importancia de una reunión centrada en cuestiones migratorias. Meloni argumentó que sí es necesaria ante las implicaciones que para el resto de socios pueden tener decisiones como la reciente regularización española.

En la discusión, según pudo saber este medio, también participaron líderes como el canciller alemán o el nuevo primer ministro húngaro. Sin embargo, Friedrich Merz, a diferencia de Peter Magyar, no está entre los 19 dirigentes que durante la Cumbre firmaron una carta dirigida a las presidencias de la Comisión y del Consejo exigiendo “mostrar resultados concretos que ofrezcan una diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países lo antes posible”. España, Francia, Portugal, Irlanda o Luxemburgo se desmarcan de este endurecimiento migratorio del que se vanaglorian Dinamarca e Italia por haber “redefinido la conversación europea sobre migración”.

La importancia de esta cuestión es creciente en el debate europeo. No sólo quedó reflejada esta pasada semana con la aprobación definitiva del Reglamento de Retornos en el Parlamento Europeo. De la Cumbre sale una petición formal para que los 27 “mantengan una discusión estratégica sobre migración en su reunión de octubre”, demanda que no estaba inicialmente en los borradores de conclusiones como pudo comprobar infoLibre. La UE partidaria del endurecimiento migratorio es cada vez más visible.

La reapertura del estrecho de Ormuz, tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que asola la región desde el 28 de febrero, es ahora la esperanza de regiones enteras que dependen de este punto neurálgico de la economía mundial. Emmanuel Macron, anfitrión del G7 en Évian (Alta Saboya), afirmó que “se hará todo lo posible para que este acuerdo sea una realidad”.

Pero ya se ha gestado una confusión en torno a las posibles tasas que se cobrarían a los buques que transiten por el estrecho. Aún no está disponible el texto completo sobre el que se han puesto de acuerdo los responsables estadounidenses e iraníes, y habrá muchos puntos conflictivos que se pospondrán, en cualquier caso, para debates posteriores.

Para hacer balance de los resultados tan inciertos de la diplomacia de la era Trump, Mediapart ha entrevistado a Philippe Droz-Vincent, profesor en la facultad de Ciencias Políticas de Grenoble y especialista en relaciones internacionales, autor de Military Politics of the Contemporary Arab World (Política Militar del Mundo Árabe Contemporáneo (edit. Cambridge University Press, 2020).

Mediapart: Tras numerosos anuncios y desmentidos, Estados Unidos e Irán han creado un marco para un acuerdo de paz. ¿Cómo analiza este anuncio?

Philippe Droz-Vincent: En primer lugar, observo que la mayoría de los comentaristas se muestran decepcionados y muy cautelosos. Con razón, ya que todo es confuso y probablemente seguirá siéndolo hasta la firma prevista para el viernes, e incluso después. En cualquier caso, se trata únicamente de una especie de memorándum de entendimiento, es decir, un acuerdo para… discutir un futuro acuerdo. El único punto concreto en este momento parece ser la reapertura del estrecho de Ormuz, además de un alto el fuego, pero el resto es muy vago.

Se podría decir que a cada uno de los dos principales protagonistas, Estados Unidos e Irán, les interesaba salir de esta situación tan costosa. Irán se encuentra estrangulado económicamente, mientras que la administración Trump se enfrenta a una creciente oposición a esta guerra en su propio campo y a los riesgos electorales de la inflación.

Pero, ¿ha sido suficiente la voluntad de estos dos actores para poner en marcha este acuerdo? Cabe ponerlo en duda, ya que la continuación del conflicto se ajusta tanto a la lógica de Trump, que se ha encerrado él mismo en una trampa al fijar objetivos de guerra poco realistas, como a la lógica de una parte de los dirigentes de la República Islámica, que priorizan la supervivencia ideológica del régimen.

Mi hipótesis es que, a través de diversos canales, los demás actores de la región, para quienes la situación se estaba volviendo infernal desde el punto de vista económico y de seguridad, han presionado para que Estados Unidos e Irán encontraran una salida. Turquía, Arabia Saudí, Catar, Egipto y Pakistán tienen todo el interés en ello.

Actualmente está usted trabajando en una síntesis de la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio desde la época de Obama. ¿Cuáles son los elementos de continuidad y de ruptura que ha aportado el segundo mandato de Trump?

El elemento de continuidad es el extremo debilitamiento de la política americana en la región, como bien demuestra la necesidad de una mediación pakistaní para alcanzar un marco de acuerdo. Ya se veían los primeros indicios de este debilitamiento con Barack Obama. Y el balance del predecesor demócrata de “Trump II” fue ya una catástrofe: Joe Biden fracasó por completo ante la masacre en Gaza.

La particularidad de Trump es el carácter incontrolable de su delirio egocéntrico. En comparación con su primer mandato, ya no hay límites —los que se impusieron, entre 2016 y 2020, por los cuadros a los que se llamaba “los adultos en la sala”. Como ha tomado el control del sistema estadounidense colocando a personas que le deben todo, puede dejarse llevar por sus “geniales intuiciones”. Pero estas han acabado por conducirlo a una trampa inextricable.

En cuanto a Irán, sabemos que Trump, durante su primer mandato, rompió el famoso acuerdo negociado por Obama sobre el programa nuclear iraní, el JCPoA [Joint Comprehensive Plan of Action, o Plan de Acción Integral Conjunto, ndr]. Durante su segundo mandato, explicó que él lo haría mejor, recurriendo a la fuerza para obligar al régimen iraní a firmar lo que él quería. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Los analistas ya están elaborando tablas comparativas que enumeran los elementos del problema (como el enriquecimiento de uranio o la cantidad de reservas enriquecidas) y que probablemente no favorecerán a Trump al final.

En general, el conflicto con Irán habrá agravado la pérdida de credibilidad de la palabra de Estados Unidos y de su líder a un nivel sin precedentes. En todo el mundo, la gente se ha acostumbrado ya a coger con pinzas cada una de sus declaraciones y a esperar a lo que diga la agencia Tasnim, cercana a los Guardianes de la Revolución. Su idea era derrocar o cambiar el régimen para lidiar con los Delcy Rodríguez iraníes [en referencia a la dirigente venezolana que sucedió al presidente Maduro tras su secuestro –ndr], pero en realidad ha debilitado la posición de Estados Unidos.

Una de las dificultades radica en la autonomía del frente abierto en el Líbano por Israel. ¿Cómo analizar la relación israelí con Estados Unidos en esta guerra?

La influencia israelí en el sistema estadounidense es muy elevada, algo que muchos miembros de los servicios de inteligencia y del ejército del Estado hebreo no habrían imaginado hace unos años. Netanyahu, que se juega todo por su supervivencia electoral, ha ejercido toda su influencia en la decisión de Trump de entrar en guerra, sobreestimando la facilidad con la que los ataques producirían los efectos esperados. Aunque Trump no duda en quejarse de las iniciativas de Netanyahu y en poner en escena su dominio, eso siempre dura poco.

No obstante, aunque no sea al mismo nivel, hay que destacar que otros actores de Oriente Medio también intervienen de forma inédita en el juego americano. Gracias a sus fondos soberanos y a las inversiones que realizan, Arabia Saudí y Catar, por ejemplo, son muy activos en Estados Unidos.

El lobbying siempre ha existido. Pero es un indicio del debilitamiento de Estados Unidos ver este “efecto rebote” de su implicación en Oriente Medio: presiones políticas de actores regionales dentro del sistema americano que nunca han sido tan intensas.

¿Qué habrá cambiado el conflicto, suponiendo que termine, para los dirigentes de la región?

Estados Unidos sigue siendo, a ojos de los dirigentes de Oriente Medio, ineludible debido a su poderío militar y tecnológico y a sus excepcionales recursos. Pero también se le percibe, más que nunca, como un elemento de desestabilización. Esto explica la multiplicación de las iniciativas de mediación regionales, desde Pakistán hasta Catar, pasando por Arabia Saudí.

Los Estados del Golfo se han visto especialmente afectados: es la primera vez que han sido atacados todos ellos más o menos al mismo tiempo. Han sentido una especie de abandono al verse implicados en una guerra cuya decisión se tomó en otro lugar, en Washington, sin contar con ellos. Aunque no tienen una alternativa inmediata a la alianza con Estados Unidos, saben que esta situación no es estable.

En cuanto a los dirigentes israelíes, se enfrentan a las consecuencias de un conflicto con Irán que ha superado sus cálculos estratégicos. Tras el 7 de octubre, se propusieron resolver todos los problemas regionales que consideraban cuestiones de seguridad nacional, abriendo uno a uno diferentes frentes de intervención militar, desde la destrucción de Gaza hasta la invasión del sur del Líbano. Los límites de esta estrategia son evidentes.

Traducción de Miguel López

El Ministerio de Defensa de Estados Unidos ha elevado al máximo nivel su alerta de contraespionaje en relación con Israel, según informaron el sábado 6 de junio varios medios de comunicación estadounidenses. Según NBC News, que cita a funcionarios estadounidenses, la capacidad israelí para llevar a cabo operaciones de espionaje humano y técnico habría alcanzado “un nivel crítico”.

Al parecer, Israel habría intentado espiar a varias figuras de alto nivel para obtener más información sobre “las deliberaciones internas y la toma de decisiones de la Administración Trump en relación con los conflictos en Oriente Medio”. Según el New York Times, los intentos de escuchas habrían tenido como objetivo, en particular, a Steve Witkoff, principal negociador de Donald Trump, y a Elbridge Colby, subsecretario de Política de Defensa.

El espionaje entre aliados no es nada nuevo, como bien nos recuerda el caso Pollard, el analista de inteligencia naval estadounidense detenido en 1985 por espiar para Israel. Lo que llama la atención aquí es la elección, manifiestamente deliberada, de hacer pública esta evaluación clasificada contra un Estado amigo y el momento en que se ha hecho: solo unos días después de las declaraciones recogidas por Axios sobre la tensa conversación entre el presidente estadounidense y Benjamín Netanyahu.

El 1 de junio, Axios reveló una conversación bastante acalorada entre los dos líderes. Al parecer, Donald Trump llamó al primer ministro israelí “puto loco”, exigiéndole que Israel aceptara un alto el fuego con Hezbolá, añadiendo: “Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por eso”.

Según Reuters, responsables israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que esa conversación había sido “una de las más tensas” que los dos líderes habían mantenido jamás, al tiempo que subrayaban que esta filtración perjudicaba a Netanyahu, dado como perdedor en las encuestas a medida que se acercan las elecciones legislativas en Israel.

El propio Trump confirmó esa tensión, aunque suavizando los términos, el miércoles 3 de junio en el New York Post. Se mostró “algo preocupado” de que Netanyahu “se pelee sin cesar con el Líbano”, para luego matizar: “Hemos trabajado muy bien juntos.” Lo mismo insisten sus allegados. Según un responsable estadounidense citado por Reuters, la relación entre ambos sigue siendo excelente, y ambos “amigos” no tienen reparos en mantener “conversaciones bastante francas”.

Por su parte, el primer ministro israelí restó importancia a la disputa al afirmar que comparte con Trump, “el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”, el mismo objetivo de desarmar a Hezbolá para lograr la paz entre Israel y el Líbano: “Podemos estar en desacuerdo por la mañana y, por la tarde, llevar a cabo una acción conjunta”.

¿Juegan a engañarse o hay una tensión real? En cualquier caso, ambos están lejos de la sintonía mostrada en enero de 2025, tras la toma de posesión de Donald Trump para un segundo mandato. Benjamín Netanyahu, el primer dirigente extranjero recibido en la Casa Blanca, ya le había otorgado entonces el título de “el mejor amigo que Israel haya tenido jamás”, agradeciéndole que hubiera levantado el embargo sobre las bombas pesadas heredado de Joe Biden y anulado las sanciones económicas —ciertamente insignificantes, pero muy simbólicas— impuestas contra varios colonos israelíes acusados de actos violentos contra palestinos en la Cisjordania ocupada.

Llama la atención una frase de Donald Trump recogida por Axios, sobre todo viniendo de él, que suele utilizar la ira como herramienta de presión. “Sin mí, estarías en la cárcel.” Si es auténtica, marca un punto de inflexión: el presidente estadounidense se presenta explícitamente como el escudo judicial de Benjamín Netanyahu, contra quien pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, emitida en noviembre de 2024. Al volver al poder, ha neutralizado en gran medida esa presión. El mensaje es una amenaza de fondo: “Yo te protejo; si te dejo solo caes.”

Los intereses de ambos líderes ya no coinciden del todo. Bajo la presión de su base Maga (Make America Great Again), que le reprocha hacer exactamente lo que prometió que no haría, pero también de una opinión pública hostil a la guerra —un fiasco— y cada vez más preocupada por sus consecuencias económicas, Donald Trump quiere un acuerdo con Irán.

Teherán exige que Israel deje de atacar el Líbano, una condición fundamental en las negociaciones, al igual que el tema nuclear o el cierre del estrecho de Ormuz. En respuesta a las operaciones militares israelíes, Irán suspendió a principios de junio todos los contactos indirectos con Washington, lo que descarriló la iniciativa diplomática estadounidense.

Atrapado entre las exigencias de sus aliados de extrema derecha —que rechazan cualquier alto el fuego y le empujan a ir lo más lejos posible contra Irán y el Líbano— y un Trump cada vez más ansioso por zanjar un conflicto que se ha convertido en una losa electoral a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, Netanyahu, cuya única perspectiva para mantenerse en el poder es seguir en guerra, no tiene ningún interés en facilitar un acuerdo entre Washington y Teherán. A pocos meses de unas elecciones legislativas que podrían adelantarse a finales de agosto, cualquier concesión a Donald Trump podría costarle votos.

Tanto para Netanyahu como para Trump, la cuestión ya no es si aún pueden ponerse de acuerdo o no, sino hasta dónde puede permitirse cada uno ceder ante el otro.

Traducción de Miguel López

Los delitos de odio clasificados como antisemitismo se han triplicado en tres años. Son los datos manejados por el Ministerio del Interior y contenidos en su último informe anual. Según las cifras oficiales, el año pasado el antisemitismo fue la sexta expresión de odio más frecuente, por encima de otras como la aporofobia, el antigitanismo o la islamofobia. La evolución de las estadísticas plantea algunas preguntas, empezando por ¿cuál es la definición de antisemitismo? y ¿cuál es el encaje de las protestas propalestinas en esa clasificación?

El propio informe confeccionado por el departamento de Fernando Grande-Marlaska describe el antisemitismo como "cualquier acto de odio, violencia, discriminación, fobia y rechazo, practicados contra los judíos o nacionales del Estado de Israel". infoLibre ha preguntado al Ministerio del Interior si esa definición abre la puerta a calificar como delito de odio el rechazo al Estado de Israel en un marco de genocidio en Palestina, por ejemplo a través de pintadas, protestas o mensajes en redes sociales. Al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.

Pero Interior sí ha explicado a este diario que la definición recogida en el informe procede de "varios informes internacionales, en especial la definición adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en 2016". La organización intergubernamental fue fundada a finales de los noventa y de ella forman parte más de una treintena de países, entre ellos España y también Israel.

La IHRA ha sido ampliamente criticada por su pretendida ambigüedad a la hora de trazar los términos en torno a los que se clasifican los actos antisemitas. Así lo expresaron en abril del 2023 –seis meses antes del comienzo del genocidio israelí en Gaza– más de un centenar de entidades que remitieron una misiva a las Naciones Unidas alertando de los riesgos que entraña asumir de forma acrítica la definición propuesta por la IHRA. Entre los firmantes se encontraban Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras plataformas de nacionalidad israelí, como B’Tselem y Breaking the Silence, así como numerosos grupos judíos, como Jewish Voice for Peace y Jewish Network for Palestine.

Meses antes de aquella carta conjunta, el Consejo de Ministros de España aprobaba el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y el fomento del modo de vida judío 2023-2030. El documento detalla que el Gobierno refrendó, en julio de 2020, la definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA, no vinculante jurídicamente. Y esa misma definición es sobre la que se apoya el informe sobre delitos de odio para los específicos de antisemitismo.

Manu Pineda (IU) conoce bien las consecuencias de la definición planteada por la IHRA. Hace dos años, la Asociación Judía Europea pidió al Parlamento Europeo su suspensión como eurodiputado por mantener una posición supuestamente antisemita. Pineda había compartido en redes sociales un vídeo en el que se comparaba la política genocida de Benjamin Netanyahu con el exterminio nazi. En la carta, firmada por el presidente de la organización, se destacaba que aquel vídeo es "antisemita e incumple la definición" trazada por la IHRA.

El pasado jueves, Más Madrid pidió en el Congreso sustituir la definición de antisemitismo de la IHRA por la que propone la Declaración de Jerusalén (JDA). Esta última, señaló la diputada Tesh Sidi, "permite distinguir con mayor claridad entre el antisemitismo y la crítica legítima al sionismo o a las políticas del Estado de Israel".

Ante la imprecisión de la IHRA, un grupo de centenares de especialistas en judaísmo, Holocausto y Oriente Próximo de diferentes países promovieron una nueva definición, la que se contiene en la citada Declaración de Jerusalén (JDA). Este nuevo texto estableció que no es antisemita criticar a Israel "basándose en la evidencia". El concepto se refiere expresamente al conflicto palestino al asegurar que sí es lícito "oponerse a sus políticas prácticas", como las que lleva a cabo "en Cisjordania y Gaza". También manifestar que en Israel "existe una discriminación racial sistemática" entre palestinos e israelíes. O "comparar a Israel con otros casos históricos, incluido el colonialismo de colonos o el apartheid". 

"En España, al contrario de lo que sucede en Europa, no se ha abierto un debate sobre la definición del antisemitismo", lamenta Tesh Sidi al otro lado del teléfono, e insiste en que la opción de la Declaración de Jerusalén está "respaldada por juristas". En un contexto de genocidio, añade, países como "Francia y Alemania, a pesar de proclamarse pro derechos humanos, están parando protestas con este pretexto", sirviéndose de una definición que en última instancia "deslegitima cualquier crítica al Estado de Israel". Aunque Tesh Sidi confía en que el actual Gobierno no utilice esta definición con una lógica punitiva, ni de persecución activa del movimiento en defensa de Palestina, sí se pregunta qué sucederá con un eventual gobierno de extrema derecha.

De los 69 incidentes contabilizados en 2025 por el Ministerio del Interior vinculados a ataques antisemitas, el mismo informe reconoce que solo se han esclarecido la mitad. Uno de ellos ocupó titulares a finales del año pasado. Entonces, un juzgado de Vigo decidió archivar la causa en la que investigó al dueño de un restaurante por un supuesto delito de odio contra ciudadanos israelíes, después de que el hostelero les negara la entrada.

El juez fundamentó su decisión en la recomendación número nueve de política general de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre la prevención y la lucha contra el antisemitismo. El magistrado recalcaba precisamente que la ECRI "insiste en el peligro de utilizar" la definición "de forma indebida con el propósito de silenciar o estigmatizar como antisemita la crítica legítima contra Israel y sus políticas, en particular respecto del pueblo palestino y en el contexto de la ocupación de los territorios palestinos, pues ello pondría en peligro los esfuerzos por luchar contra el antisemitismo y, por tanto, debería rechazarse". Es por ello, añadía el juez, que "teniendo en cuenta el contexto en que se producen los hechos, la conducta que se atribuye al investigado tiene difícil encaje en el discurso de odio penalmente punible".

"En efecto, es una definición muy amplia", reconocen fuentes del Ministerio del Interior. Por este motivo, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio ha elaborado una Guía práctica para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre judaísmo [disponible aquí], con la participación de la Federación de Comunidades Judías de España, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) y el Centro Sefarad-Israel. 

La guía, añaden las mismas fuentes, "responde a la necesidad de mejorar el conocimiento policial sobre la realidad de la comunidad judía, sus prácticas, lugares de culto, simbología, festividades y necesidades específicas de protección", pero además "refuerza la capacidad de los agentes para identificar indicadores de motivación antisemita, prevenir ataques contra personas, bienes o instituciones vinculadas a la comunidad judía y prestar una atención más adecuada a las víctimas, especialmente en contextos de polarización social o ante fechas de especial sensibilidad".

Miquel Ramos, periodista e investigador, sostiene que la definición propuesta por la IHRA "forma parte de una de las estrategias de los propagandistas de Israel y del sionismo para condicionar los marcos interpretativos de lo que es el antisemitismo en varios Estados", enmarcando como "supuesto odio a los judíos" toda crítica al "sionismo como ideología política". Se trata, al fin y al cabo, de una "herramienta de coerción y persecución a toda crítica hacia el Estado de Israel y es un instrumento más de propaganda de quienes tratan de silenciar y perseguir todo cuestionamiento" de sus políticas, abunda el periodista, coautor del proyecto Crímenes de odio.

Ramos destaca que diversas organizaciones que vienen realizando un seguimiento sobre los supuestos ataques antisemitas en base a la definición de la IHRA han incluido explícitamente pintadas, lemas o carteles en favor de la emancipación del pueblo palestino, lo que evidencia la volatilidad de los márgenes propuestos. Un ejemplo es el Observatorio de Antisemitismo, entidad que en su último informe alerta sobre el uso de expresiones como "Palestina libre" o "Desde el río hasta el mar" y las tacha como acción "antisemita, excluyendo a los judíos". En su análisis, la organización critica el uso de palabras y expresiones como "genocidio, limpieza étnica, exterminio, sionismo y sionista, dando por válido el discurso difundido por las organizaciones terroristas presentes en la Franja de Gaza". El Observatorio, según deja claro en su página web, "trabaja con la definición de antisemitismo de la IHRA".

Existe, profundiza el periodista, "toda una campaña propagandística para incorporar en el marco antisemita numerosos hechos que no pasan el filtro de lo que consideraríamos antisemitismo", con el fin de "engrosar las cifras de los incidentes antisemitas para situar a Israel en la posición de víctima". Esa es, a su juicio, "la trampa en la que ha caído el Ministerio del Interior comprando un marco que no tiene credibilidad dentro del mundo académico y social", por lo que si este Gobierno "quiere ser coherente, debería abandonar urgentemente esta definición y adoptar otras mucho más concisas". 

Las fuentes de Interior consultadas reconocen que existe un "debate abierto" sobre cómo clasificar "el antisionismo y la crítica severa al Estado de Israel", un asunto que consideran de difícil resolución, para el que "todavía no hay respuestas concluyentes".

Hubo una época en la que la proclamación del alto el fuego significaba, sin ninguna ambigüedad, el cese real de las hostilidades entre los contendientes. Un cese que, es obligado reconocerlo, en algunas ocasiones tan solo servía para reponer fuerzas con la intención de volver al combate; pero que, en otras, propiciaba el inicio de un proceso de negociaciones que desembocaba incluso en un acuerdo de paz que permitía pasar página. Según nos recuerda el Institute for Economics and Peace en su último Índice Global de Paz, esto último ocurre ya en muy pocos casos, dado que, si en la década de los 70 del pasado siglo un 23% de los conflictos se cerraban con un acuerdo de paz, en esta última década tan solo han sido el 4%.

Dentro del generalizado panorama actual de violencias —con 59 conflictos activos en diferentes rincones del planeta— Israel (mejor dicho, Benjamín Netanyahu) destaca como el actor menos creíble en lo que atañe al grado de cumplimiento con los compromisos anunciados en los diferentes frentes bélicos en los que está implicado.

Así ocurre, en primer lugar, con el acuerdo alcanzado el 27 de noviembre de 2024 con la milicia chií libanesa de Hizbulah, con el que se pretendía poner fin no solo a la violencia desatada tras los atentados de Hamás y la Jihad Islámica Palestina, en octubre de 2023, sino también a la operación Flechas del Norte iniciada por las fuerzas de defensa israelíes (FDI) el 1 de octubre de 2024. Las FDI no solo nunca se han retirado del territorio libanés, como estipulaba el acuerdo, sino que desde entonces han violado centenares de veces el alto el fuego, desarrollando acciones que han supuesto la ocupación de más territorio soberano de Líbano —violando, en consecuencia, la ley internacional—, el asesinato de varios miles de civiles y la destrucción sistemática de viviendas e infraestructuras de todo tipo, al tiempo que (sin autoridad legítima para ello) han ordenado la evacuación obligatoria de múltiples localidades, expulsando a cerca de un millón de libaneses de sus hogares.

Y por si aún quedara alguna duda sobre la convicción iluminada que embarga al gabinete ministerial liderado por Netanyahu —ahí está la afirmación del ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, declarando que “la ley internacional no se aplica a los judíos”, mientras que el responsable de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, afirma que las opiniones de la Corte Internacional de Justicia valen tanto como "un trozo de papel higiénico"— Netanyahu se ha encargado nuevamente de despejarla, ordenando una nueva ofensiva en Líbano. Una ofensiva que incluso pone en peligro los esfuerzos de un desesperado Donald Trump por lograr algún acuerdo con el régimen iraní, en la medida en que Teherán ha suspendido las negociaciones insistiendo en que no las reanudará hasta que las FDI no se detengan. De ese modo vuelve a quedar claro que Netanyahu no está dispuesto a subordinarse a las directrices de Washington, empeñado en aprovechar la ventana de oportunidad que se le ha abierto en estos últimos años para redibujar por la fuerza el mapa regional a su gusto.

Y lo mismo cabe decir del comportamiento del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania. Desde que, el 8 de octubre de 2025, se anunció un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, las FDI se han encargado de violarlo diariamente, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria y la salida de enfermos necesitados de atención urgente fuera de la Franja, asesinando a más población civil (incluyendo cooperantes y periodistas) y destruyendo aún más viviendas e infraestructuras. De hecho, ni siquiera se han contentado con imponer su dictado militar en el territorio que quedaba limitado por la denominada Línea Amarilla, sino que el propio Netanyahu ha dado a conocer que ha ordenado a las FDI que amplíen su despliegue para llegar a controlar el 70% de Gaza. Es evidente desde hace mucho tiempo que Netanyahu y los suyos están centrados en impedir que nunca pueda haber un Estado palestino viable, aunque para ello tengan que saltarse todas las líneas rojas que definen cuál debe ser el comportamiento de un Estado democrático respetuoso con el marco institucional y normativo que define nuestros días.

Por todo eso, sin olvidar sus acciones ilegales tanto en Siria e Irán como en aguas internacionales del Mediterráneo contra civiles desarmados, tiene razón Trump cuando refiriéndose a Netanyahu, le insiste en que “estás jodidamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Todos te odian ahora. Todos odian a Israel por esto”. Pero nada de eso exime al presidente estadounidense de su responsabilidad en respaldar diplomática, económica y militarmente a un Netanyahu que vive de la guerra, tanto para intentar escapar de la acción de la justicia como para buscar una nueva victoria electoral.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Nacido en 1956 en Haifa (Israel) y criado en un kibutz, Oren Yiftachel es profesor de geografía política en la Universidad Ben-Gurión del Néguev, en Beersheba. A él se debe el concepto de “etnocracia”, acuñado en los 90 para describir un régimen que, detrás de una fachada democrática, privilegia en realidad a un grupo étnico en detrimento de los demás. Un concepto que ha aplicado a varios países, incluido el suyo, Israel.

Su último libro, De la etnocracia al apartheid, publicado por ahora solo en hebreo y árabe, va un paso más allá: a su juicio, Israel es ahora un Estado de apartheid. “Vivimos un momento muy grave y vergonzoso para Israel”, alerta en una entrevista con Mediapart quien fue presidente de la destacada ONG israelí B’Tselem, coautor del informe fundacional de 2021 sobre el apartheid y colaborador del informe sobre el genocidio de 2025.

Las imágenes de activistas de la flotilla rumbo a Gaza arrodillados, con las manos a la espalda, que han provocado una indignación mundial, o la entrada en vigor, el 17 de mayo, de la ley sobre la pena de muerte, aplicada exclusivamente a los palestinos, son para él “el espantoso rostro del régimen colonial israelí”: “un sistema de apartheid que recurre cada vez más a la fuerza y a la humillación, atrapado en una huida hacia adelante bárbara y sin salida”.

En 2012, Oren Yiftachel cofundó, junto con una decena de israelíes y otros tantos palestinos, el movimiento Una tierra para todos, que defiende una confederación israelo-palestina bajo el lema: “Dos Estados, una sola patria”. Convencido de que “la transformación debe venir desde dentro”, ha decidido permanecer en su país, mientras que muchos de sus colegas han optado por el exilio tras el 7 de octubre ante la represión de las voces críticas en el ámbito académico.

Mediapart. Usted acuñó el concepto de “etnocracia”. ¿Por qué era necesario inventar una palabra nueva?

Oren Yiftachel. Eran los años 90. El objetivo era cuestionar lo que entonces parecía una evidencia indiscutible: que Israel era una democracia. Yo no veía una democracia. No veía una ciudadanía igualitaria. Las instituciones del Estado no pertenecían a todos sus ciudadanos. El derecho a fundar una familia, el derecho a emigrar, a comprar tierras e incluso los símbolos del Estado pertenecía solo a un único grupo.

Había llevado a cabo un estudio comparativo en numerosos países que habían vivido conflictos étnicos similares: Estonia, Serbia, Sri Lanka, Malasia, Sudáfrica, Irlanda del Norte, Suiza, Canadá. Observé un patrón recurrente: el Estado se presenta como una democracia, organiza elecciones, concede formalmente la ciudadanía, pero esa ciudadanía no es igualitaria.

Existe una jerarquía étnica o racial. La fachada democrática está ahí y es importante, porque confiere legitimidad al régimen. La realidad es que un grupo étnico se hace con el control del Estado. No se trataba ni de una democracia ni de un régimen autoritario, sino de algo intermedio, que merecía ser añadido al léxico. Lo llamé “etnocracia”. El concepto tuvo una gran repercusión, especialmente en Europa del Este y en el sur de Asia.

¿Sigue siendo relevante ese concepto para Israel hoy?

Ya no del todo. Israel ha pasado de la etnocracia al apartheid. Al colonizar todo el territorio y, por tanto, integrar a más de 5 millones de palestinos en su sistema de control, ha cruzado un umbral. Ese es el título de mi último libro. El apartheid es un sistema de gobierno concebido para perpetuar un proyecto colonial.

Así, bajo el gobierno israelí, se pueden distinguir tres grandes categorías de estatus civiles: los judíos, ciudadanos de pleno derecho, comparables a los blancos de Sudáfrica; los palestinos titulares de la ciudadanía israelí, ciudadanos parciales, comparables a los coloured; y los palestinos de los territorios ocupados, no ciudadanos, comparables a los negros de Sudáfrica. Sobre el terreno, Israel busca convertir cada vez más zonas en “blancas” en términos de propiedad de la tierra, demografía y repoblación.

El bloque colonial gobierna Israel desde hace 30 años. Es elegido, pero no democráticamente, ya que millones de palestinos están excluidos de las elecciones del gobierno que los controla. Desde el 7 de octubre de 2023, nos encontramos en un nuevo capítulo del régimen de apartheid: se endurece cada vez más.

Israel intenta responder a la resistencia violenta y terrorista palestina con una fuerza cada vez mayor, cometiendo una serie de crímenes de guerra. En particular, un genocidio en Gaza y una limpieza étnica en Cisjordania y en el Néguev.

Esta nueva fase de colonización se caracteriza por una técnica inédita que Israel denomina “líneas amarillas” en Gaza, el Líbano, Siria...

Sí, son zonas de muerte: si las cruzas, te matan. En un reciente ensayo titulado Del viento amarillo a las líneas amarillas, me basé en el texto profético de David Grossman de mediados de los años 80, El viento amarillo, en el que entrevistaba a palestinos y advertía de que soplaba sobre el país un viento amarillo, utilizando el amarillo como color del peligro. Ese viento se ha convertido en líneas. El amarillo está manchado con la sangre roja de decenas de miles de vidas inocentes.

En Cisjordania, la colonización ha alcanzado su nivel más alto. Se han arrasado campos de refugiados. Se ha expulsado a decenas de aldeas beduinas, unas 50 desde el 7 de octubre. En el Néguev, donde vivo y trabajo, han sido demolidos por el Gobierno al menos seis pueblos enteros con el pretexto de la falta de permisos de construcción. Pero el Estado, sencillamente, no concede esos permisos. Estas personas viven en sus propias tierras, heredadas desde la época otomana. Las autoridades les niegan los permisos y luego derriban sus casas.

Usted es geógrafo, pero trabaja en cuestiones que se asocian más bien con la política o el derecho. ¿Qué permite ver la geografía que otras disciplinas no ven?

El espacio nunca es neutro. Siempre está moldeado por las relaciones de poder. El conflicto israelo-palestino se reduce fundamentalmente a una sola cuestión: ¿quién controla la tierra, el territorio, las ciudades? Cuando se examina el mapa, el régimen de la propiedad de la tierra, las políticas de inmigración y de colonización, se ve algo que el derecho o las ciencias políticas no pueden ver bien en su continuidad: Palestina está judaizada desde al menos 1948.

Eso había comenzado antes, con el movimiento sionista, pero a menor escala: la gente compraba tierras, se instalaba en ellas y las cultivaba. Los judíos solo poseían el 6% de las tierras en 1948. Esto ya era problemático para los palestinos, pero no tiene comparación con lo que ocurrió a partir de 1948: la limpieza étnica.

Dispongo de una serie de mapas que trazan más de un siglo de historia, desde el XIX. Aconsejo a cualquiera que visite por primera vez Israel-Palestina que empiece por ahí: en ellas se ve la expansión de los asentamientos judíos y los espacios palestinos que no dejan de reducirse.

Hay algunos periodos de estabilidad, breves episodios de retirada israelí en el Sinaí, en el Líbano, en Gaza. Pero el proceso general es de expansión continua. El mapa de los refugiados palestinos en los países vecinos forma parte de la misma historia. Todos ellos pertenecen a esta tierra.

Su carrera comenzó lejos de las universidades: ha sido agricultor, camarero, urbanista. ¿Ha moldeado eso su visión del territorio?

Esa trayectoria me ha dado una perspectiva desde abajo, desde los márgenes. Soy un geógrafo que creció en la frontera libanesa —la periferia norte— y que hoy vive en el sur de Israel, cerca de Beer-Sheva.

Esta posición periférica, tanto geográfica como social, siempre ha estructurado mi mirada. El espacio es aquí primordial, pero no el espacio abstracto de los mapas oficiales: el espacio que la gente habita realmente, con sus puestos de control, sus permisos, sus carreteras reservadas, sus tierras confiscadas.

¿Se ha alcanzado un punto de no retorno para la creación de un Estado palestino viable?

La “guerra del 8 de octubre”, como yo la llamo, es la primera guerra que Israel libra explícitamente en nombre del apartheid. Las guerras anteriores tenían otros objetivos —defender la tierra o conquistar un territorio—, pero esta vez el objetivo es matar, oprimir y negar cualquier derecho a los palestinos.

El objetivo es continuar y reforzar el apartheid. La colonización en Cisjordania y alrededor de Jerusalén Este hace que la partición sea físicamente cada vez más difícil. Pero sigo convencido de que la idea de un Estado palestino no ha muerto.

Dentro del movimiento de paz conjunto Una tierra para todos, del que soy cofundador, abogamos por una confederación. Algo que se asemejaría a los sistemas suizo, canadiense o bosnio, o tal vez a la Unión Europea: Estados soberanos con fronteras abiertas. Lo llamamos “dos Estados, una patria común”.

La idea es la siguiente: todos consideramos nuestra patria el territorio que se extiende desde el Jordán hasta el mar. Según el derecho internacional, existiría un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967; un Estado israelí en el resto del territorio.

Formarían una confederación que podría llamarse la “Unión de Jerusalén” o cualquier otro nombre que eligieran. Dos Estados, pero sin una separación tajante como la que defienden muchos en el bando de la paz. En ciertos aspectos, se asemeja a Quebec y Canadá, o a Escocia e Inglaterra: el derecho a la autodeterminación y a la independencia, pero dentro de la continuidad de un espacio, una economía y un entorno compartidos.

Un punto clave de la reconciliación es que los palestinos tendrían derecho al retorno: podrían volver, obtener la ciudadanía palestina y beneficiarse de la libertad de circulación y, progresivamente, en un plazo acordado por ambas partes, de la plena residencia en Israel.

Del mismo modo, los judíos que deseen vivir en Cisjordania o en Gaza podrían hacerlo, pero bajo la ley palestina, y no como colonos. Se trata, en esencia, de un binacionalismo en el marco de una soberanía compartida.

Una mayoría de israelíes y palestinos aspira a la paz, a la igualdad de derechos, a una vida normal. Pero un conflicto colonial y de apartheid no se resuelve sin la comunidad internacional. Lo hemos visto en Irlanda del Norte, en Sudáfrica o en Bosnia. Y es que Israel actúa hoy con total impunidad, protegido por Estados Unidos. Sin sanciones, nada cambiará. Debemos volver al derecho internacional y al comportamiento normal de las naciones.

En su último libro, introduce el concepto de “desplazabilidad”. ¿En qué se diferencia del de “desplazamiento forzoso”?

El desplazamiento siempre se ha concebido como un acto, algo que empieza y termina. Afecta generalmente a los habitantes de las favelas, a los trabajadores informales y, a veces, a las clases medias bajas que ya no tienen medios para pagarse una vivienda.

Pero en el régimen urbano que se ha impuesto en los últimos 15 años, impulsado por el capitalismo contemporáneo y por un nacionalismo urbanizador, cada vez más grupos viven bajo la amenaza permanente del desplazamiento sin ser necesariamente desplazados. Es un estado crónico: precariedad permanente, derechos desiguales, movilidad forzada. A eso lo denomino “desplazabilidad”.

En Jerusalén, alrededor del 40% de la población vive en esas condiciones, sin derechos permanentes, obligada a demostrar su residencia cada pocos años. El ejemplo más extremo es Dubái, donde quizá entre el 10 y el 15% de la población goza de derechos permanentes, mientras que la gran mayoría no puede establecerse de forma duradera, comprar una vivienda o renovar libremente su visado.

Las ciudades suelen percibirse como el hogar natural del liberalismo y la democracia. Pero tienen sus propios sistemas de apartheid. El número creciente, a menudo mayoritario, de personas sin derechos y prescindibles es la marca distintiva de la desplazabilidad en el siglo XXI.

¿Cómo se perciben sus trabajos en Israel?

En los años 80 y 90, los investigadores críticos estaban bastante aislados, sobre todo en las grandes universidades. Luego se formó un grupo de académicos críticos en torno a lo que se denominó la “escuela de Beer-Sheva”: Neve Gordon, Uri Ram, Lev Grinberg, Benny Morris, Henriette Dahan, Amnon Raz-Krakotzkin, Pnina Motzafi-Haller, Ismael Abou Saad y otros.

Teníamos voz en el mundo académico israelí, aunque seguíamos siendo una minoría muy pequeña. Nuestros trabajos tuvieron repercusión porque reflejaban la realidad. Precisamente por eso el Gobierno siempre ha estado en contra nuestra. Tres ministros de Educación diferentes han pedido mi destitución. Sin embargo, contamos con un buen sistema de titularización académica, y nuestros puestos siguen asegurados, incluso bajo una presión creciente.

Desde el 7 de octubre, la represión se ha extendido. Cualquiera que diga algo en contra del Gobierno o a favor de los derechos humanos es inmediatamente atacado, incluidos los judíos israelíes. Lo que se denomina la “máquina del veneno” contamina cualquier forma de oposición.

Muchos académicos israelíes críticos han abandonado el país. Yo me quedo, no solo porque estoy profundamente apegado a este país, sino porque debe transformarse desde dentro.

Seguimos siendo una minoría. La mayoría de la gente no quiere escuchar lo que decimos. Pero insistimos. Lo que hacemos es, creo, un análisis creíble, políticamente sólido y moralmente necesario.

Traducción de Miguel López

La Plataforma Juristas por Palestina ha emitido este martes, 26 de mayo, un comunicado en el que lamenta que España haya autorizado la participación de la Federación de Escalada de Israel (ILCA, por sus siglas en inglés) en la Copa del Mundo de escalada.

La competición, conocida internacionalmente como la World Climbing Series, se celebrará entre el 28 al 31 de mayo en Alcobendas (Madrid). Según la Plataforma, el evento supone una nueva ocasión en la que se permitirá “la continuación del lavado deportivo de Israel” o sportwashing, una práctica que, denuncian, ya se ha producido en otros certámenes deportivos como la Vuelta Ciclista a España o los Juegos Olímpicos.

Además, en la competición también participará Ayala Kerem, una atleta patrocinada por el grupo Shikun & Binui. Según la Juristas por Palestina, se trata de una “empresa incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre actividades empresariales en asentamientos ilegales por su implicación en la construcción de la barrera perimetral de Gaza y de infraestructuras de expansión de los asentamientos en Cisjordania”.

“El campeonato se celebra apenas días después de que un rocódromo de Bruselas (Le Camp de Base) haya renunciado a albergar la final de la Copa de Europa juvenil por la participación israelí. La negativa de la Federación israelí a llevar una camiseta neutral supuso la cancelación del evento”, añade la Plataforma.

A pesar de que España haya reconocido al Estado de Palestina y se haya posicionado en contra de Israel en diferentes ocasiones –interviniendo formalmente ante la Corte Internacional de Justicia en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por genocidio; aprobando el Real Decreto-ley 10/2025 contra el genocidio en Palestina; retirando a su embajadora en Israel; o no participando en la última edición de Eurovisión–, esa oposición todavía no se ha trasladado al ámbito deportivo.

“La falta de instrucciones concretas relativas al ámbito deportivo, dejando que la federación de Israel participe en la Copa del Mundo de escalada supone una contradicción con esa postura y además, es contraria al artículo 81.2 de la Ley 39/2022 del Deporte que exige que las competiciones internacionales en España se celebren en coherencia con la política exterior”, recuerda la Plataforma.

“Excluir a las federaciones de un Estado al que organismos y mandatos de Naciones Unidas atribuyen actos de genocidio, un sistema de apartheid, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario es una obligación que vincula a España, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Alcobendas y a las federaciones deportivas españolas, con independencia de la postura del Comité Olímpico Internacional. La pasividad institucional equivale a complicidad”, agregan.

Juristas por Palestina sostiene que "la vulneración del Derecho internacional por parte del Estado de Israel es flagrante y manifiesta" y que las obligaciones derivadas de esa situación "incumben a todas las administraciones implicadas, sin que ninguna pueda escudarse en su falta de competencia".

"Por ello, reiteramos nuestra solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para que, en el ejercicio de sus competencias en acción exterior y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, dicte instrucción al Consejo Superior de Deportes y comunique formalmente a los organizadores la incompatibilidad de la participación de Israel en las condiciones previstas", reclama la plataforma.

"Solicitamos asimismo la creación de un mecanismo que permita valorar de forma anticipada eventos deportivos internacionales con participación de federaciones y atletas vinculados a graves vulneraciones del Derecho Internacional, como ocurre con Israel", concluyen.

Además de Juristas por Palestina, otras organizaciones y colectivos deportivos de toda España han pedido el veto a Israel en este evento. Climbers for Palestine Spain y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel lanzaron el pasado 10 de abril una campaña para que los deportistas israelíes no participen en la Copa del Mundo de escalada.

Una campaña a la que se han unido otras organizaciones, desde pequeños clubes deportivos y asociaciones vecinales y estudiantiles como la Red Universitaria por Palestina; pasando por agrupaciones deportivas como Bulder Queen, Girls on the Wall, Monkey Fingers y Rock and Rocks Pedriza; hasta el Sindicato de Inquilinas, Más Madrid, Marea Palestina, Ecologistas en Acción, CGT, Asambleas 8M y la Asociación Hispano Palestina Jerusalén.

"Violencia física y sexual generalizada y sistemática". Es la denuncia de la Global Sumud Flotilla, después de que sus activistas fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Los abogados de la flotilla han documentado "niveles de violencia extrema", entre los que se encuentran "acoso y abusos sexuales" sistematizados contra las personas detenidas, una realidad que viene a constatar el ejercicio de la violencia sexual como política de guerra contra la población palestina.

"Los miembros de la flotilla detenidos han denunciado abusos sexuales y eso se corresponde con denuncias de otros detenidos y detenidas palestinas. Nosotros confirmamos que Israel utiliza la violencia sexual como arma de represión", explican desde Amnistía Internacional. Una tendencia, añade la organización a preguntas de este diario, que lleva décadas produciéndose y que se corresponde también "con el sistema de apartheid que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población palestina". 

A la violencia sexual ejercida por parte de las fuerzas israelíes se suma la impunidad de la que gozan los agresores, producto de la permisividad y connivencia de un régimen político que avala la violencia como eje central de su estrategia colonial y consecuencia también del miedo paralizante que atraviesa a las víctimas. El pasado mes de marzo, la Procuraduría General Militar de Israel decidió retirar los cargos a cinco soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar israelí de Sde Teiman, después de que se filtrara un vídeo constatando la violación.

La activista palestina Jaldia Abubakra sostiene que el ejercicio de la violencia sexual no solo no es motivo de condena, sino que se trata de una medalla más entre las fuerzas israelíes. "Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo: la violencia sexual se ha utilizado siempre para intimidar y abusar de la población palestina", señala en conversación con infoLibre. 

"Lo hemos visto en las cárceles sionistas, durante las detenciones e interrogatorios", expone la activista, quien insiste en que la mayoría de las víctimas "no quiere dar testimonio, ni nombres concretos, porque estigmatiza a las personas que son violentadas". Abubakra recuerda el caso de Rasmea Odeh, quien denunció torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes ya en los años 70.  

En febrero de 2024, Naciones Unidas ponía la lupa sobre la violencia que las fuerzas israelíes ejercían sobre mujeres y niñas palestinas. Sus expertos hablaban de informes en los que se acreditaba la existencia de violencia sexual durante las detenciones, testimonios directos sobre humillaciones y situaciones degradantes, pero también dinámicas como el traslado a la fuerza de menores separados de sus familias.

Meses después, un análisis elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los civiles recurren a violencia sexual y de género en todos los territorios palestinos ocupados. "La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los palestinos desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados indican que formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad de Israel".

El uso de la violencia sexual como arma de guerra ha quedado ampliamente respaldado con el paso del tiempo. Otro informe, elaborado por la misma comisión en marzo del año pasado, pone negro sobre blanco el uso de la violencia "sexual y reproductiva" contra la población palestina "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación", incluyendo la "destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva".

Según el análisis internacional, la "amplia gama de violaciones" documentadas son en realidad "un elemento clave en el maltrato de los palestinos y son parte de la ocupación ilegal y la opresión de los palestinos como grupo". Las pruebas reunidas por la comisión dan cuenta además del aumento exponencial de esta forma específica de violencia en los últimos años. 

Otro informe reciente, publicado el pasado mes de abril por la organización West Bank Protection Consortium, alerta sobre el uso de la violencia sexual por parte de los colonos como mecanismo articulado para propiciar los desplazamientos. Según el análisis, más del 70% de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania señalan al terror sexual como factor clave en su decisión de abandonar su tierra.

"Israel es un ente violador". Habla Irene Zugasti, coautora del libro Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio (Akal, 2026). Israel incorpora "consciente y deliberadamente la violencia sexual como parte de su política de guerra y genocidio", lo que supone una escalada respecto al ampliamente estudiado ejercicio de la violencia sexual como herramienta de guerra en los conflictos armados.

Israel, sostiene la periodista e investigadora, ha ido más lejos. "Con los sucesos de Sde Teiman se comprobó cómo mandos militares sionistas y todo un sistema judicial y político protegieron a los perpetradores, perfectamente identificados, e incluso turbas de gente fueron a pedir su liberación", apunta. El mensaje, por tanto, es claro: "No es que se hiciera la vista gorda ante el delito de forma tácita, es que se explicitó claramente que era un ejercicio de violencia tolerable e incluso encomiable". Se pasa así de "práctica tolerada a doctrina". 

Y por eso la violencia sexual también recae sobre hombres palestinos. "Tiene que ver con los objetivos políticos de esta violencia, pues se considera una humillación y una deshumanización contra quien la sufre", personas que después cargan con "el estigma y el trauma, buscando también quebrar su comunidad". 

Pero Israel "no solo viola y tortura en prisiones", abunda Zugasti, también lo hace "en los domicilios que arrasa cuando hace redadas aleatorias en los campos de refugiados, cuando obliga a desnudarse y humilla a quienes tienen que atravesar los checkpoints y cuando las fuerzas israelíes se graban en TikTok humillando y riéndose de la ropa interior de las mujeres palestinas".

La violencia sexual, machista y reproductiva contra las palestinas debe enmarcarse además en un contexto muy concreto: el del genocidio y la limpieza étnica. El citado informe de Naciones Unidas concluye que esta forma específica de violencia no solo ha aumentado en los últimos años, sino que se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino".

La politóloga Carolina Bracco, doctora en Culturas Árabe y Hebrea, profundiza en ese extremo en su artículo Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio. "El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio", escribe la investigadora. 

Bracco enmarca el ejercicio de la violencia sexual como una práctica sistémica que hunde sus raíces en "una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida". El objetivo, insiste la autora, "era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente".

Coincide Abubakra. La palestina recuerda que en el marco del genocidio en Gaza y Cisjordania se han venido implantando "controles militares donde se dejan tiradas a embarazadas en los checkpoints, desangrándose y perdiendo muchas de ellas a sus bebés". La activista insiste también en el carácter histórico y estructural de esta forma específica de violencia. Recuerda las palabras de la exministra de Justicia Ayelet Shaked, quien hace más de diez años llamó abiertamente a disparar a mujeres palestinas embarazadas porque "dan a luz a pequeñas serpientes". En 2009, soldados israelíes encargaron camisetas con el dibujo de una mujer palestina embarazada bajo el lema "un disparo, dos muertes".

"En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural", escribe Bracco. "Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo".

La académica gazatí Hala Shoman habla de reprocidio para referirse al modo en que Israel es responsable de "perpetrar la violencia eliminatoria colonial mucho antes del 7 de octubre de 2023". Se trata, en sus propias palabras, del "ataque sistemático contra las capacidades reproductivas de un grupo, tanto biológicas como sociales, como estrategia deliberada de aniquilación". "No es simplemente un elemento del genocidio, sino una táctica central de género que instrumentaliza la violencia, tanto rápida como lenta, para atacar a la población actual y al futuro".

Abubakra lo resume así: "Perseguir a las mujeres palestinas es una política de la entidad sionista, porque son ellas las que dan vida a la resistencia". 

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, al difundir en sus redes sociales, sin ningún pudor, como si fuera un trofeo, un vídeo humillante de activistas de la flotilla para Gaza —arrodillados, con las manos atadas a la espalda, la cabeza gacha y el himno nacional de fondo—, ha puesto de manifiesto, el miércoles 22 de mayo, los mecanismos de la indignación selectiva con una claridad deslumbrante.

Ha obligado a Occidente a hacerse mirar su política de maltrato a los detenidos, revelando en directo la jerarquía racial del sufrimiento que estructura el universo mediático-político: los prisioneros filmados no son palestinos. Son, en su gran mayoría, blancos y occidentales. Tienen pasaportes franceses, belgas, italianos, españoles e irlandeses.

Esto es lo que hace visible de repente lo que se ha mantenido estructuralmente invisible durante décadas, mucho antes del 7 de octubre y del endurecimiento sin precedentes de las condiciones de detención en las cárceles israelíes, ordenado por Itamar Ben Gvir, figura central del Gobierno israelí y del supremacismo judío.

La reacción occidental fue inmediata, sin miramientos, sin comillas. Los medios de comunicación difundieron la información sin cesar. Nadie dijo: “es la guerra”, “es complicado”, “es la seguridad de Israel”. Se convocó urgentemente a los embajadores. París condenó “lo inadmisible”, Roma lo calificó de “atentado contra la dignidad humana”, Madrid de “trato monstruoso”.

Reaccionaron incluso los mayores aliados de Israel. El embajador estadounidense Mike Huckabee denunció en X “actos despreciables”: “La flotilla fue una maniobra estúpida, pero Ben Gvir traicionó la dignidad de su nación.” La indignación llegó hasta el Gobierno israelí: el primer ministro Benjamín Netanyahu denunció un trato “no conforme con los valores y las normas de Israel”, mientras que Gideon Saar, jefe de la diplomacia, calificó el vídeo de “vergonzoso”.

“Está bien condenar a Ben Gvir por la humillación infligida a los miembros de la flotilla, pero es un trato de lujo comparado con lo que se inflige a los palestinos en las cárceles israelíes”, subrayó en X Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, cuyas sanciones impuestas por la administración Trump fueron levantadas ese mismo día por decisión de un juez federal.

Las condiciones de detención en las cárceles israelíes, oficiales o secretas, llevan décadas siendo documentadas por organizaciones palestinas, israelíes e internacionales: Addameer, Al-Haq, B’Tselem, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, Médicos por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, etc. Miles de palestinos, incluidos menores, han descrito actos de violencia y abusos que, para muchos, constituyen tortura o tratos degradantes.

No es nada nuevo. No es algo desconocido. Pero nunca provoca una onda expansiva en los medios de comunicación ni en las cancillerías occidentales. En diciembre de 2023 fueron filmados decenas de hombres palestinos de rodillas, en ropa interior y con los ojos vendados, en las calles de Beit Lahia, en Gaza. Las reacciones gubernamentales fueron inexistentes o marginales en Occidente.

No es un sesgo inconsciente el que decide qué cuerpos importan y cuáles pueden ser sacrificados en silencio, deshumanizados. El sufrimiento palestino solo es perceptible para Occidente cuando se refleja en cuerpos que se le parecen.

Las imágenes del centro de detención de Ashdod publicadas por un Ben Gvir exultante (como todas aquellas que ya hemos visto o no hemos querido ver desde el 7 de octubre, al igual que esas filas de palestinos desnudos en el frío, con los ojos vendados, en la Gaza devastada o en las colinas rocosas de Cisjordania) no son nada comparadas con todas las imágenes que nunca saldrán de las prisiones israelíes.

Son escenas que solo podemos imaginar al leer los informes de las ONG, al escuchar los fragmentos de testimonios de los presos liberados, de sus familias, de sus abogados, cuando logran contactar con ellos. La rutina carcelaria. La violencia física, psicológica y sexual. La privación de sueño, de comida, de medicamentos. La falta de atención médica, de higiene. Hasta la muerte.

El número de presos se ha duplicado desde el 7 de octubre, según las ONG: son cerca de diez mil. Algunos han sido juzgados, pero miles de ellos nunca lo han sido y nunca lo serán, mantenidos bajo el régimen de detención administrativa, renovable indefinidamente, sin cargos, sin juicio.

Mediapart no deja de documentarlo. En junio de 2024, el periodista gazatí Diaa Al-Kahlout, hoy exiliado en Egipto, nos contaba sus treinta y tres días en el infierno de Sde-Teiman, el “Guantánamo israelí”, con el número de matrícula 059889. Sin nombre, sin identidad, solo reducido a un número. Salió de allí “a la vez vivo y muerto”, sin poder mantenerse en pie, reviviendo cada noche los golpes, el pañal, la venda en los ojos, las manos atadas a la espalda, suspendido por las muñecas.

A mediados de mayo, Mediapart se reunió en Jenín, en Cisjordania, con Ali Samoudi, irreconocible tras un año de prisión, con 60 kilos menos. Este periodista, compañero de la periodista palestino-estadounidense de Al Jazeera Shireen Abu Akleh (estaba a su lado cuando fue asesinada por el ejército israelí en mayo de 2022, y él mismo resultó herido en el hombro), fue detenido en su domicilio el 29 de abril de 2025, sometido a detención administrativa y puesto en libertad el 30 de abril de 2026.

Samoudi, que ha dedicado los cuarenta años de su carrera a documentar el sufrimiento ajeno, especialmente en las cárceles, confiesa haberse visto superado por su propia experiencia carcelaria: “Me han herido ocho veces sobre el terreno, pero nada es comparable a lo que he vivido y visto dentro”.

Otro antiguo preso, liberado tras treinta años en las cárceles israelíes en febrero de 2025, en el marco del alto el fuego en Gaza, confió a Mediapart: “Las cárceles israelíes son lo peor que el ser humano ha inventado jamás”.

Lo que está en juego en esta secuencia no se limita solo a la indignación selectiva. Quizás haya algo aún más indignante: la estrategia adoptada para no abrir realmente los ojos. La que convierte a Itamar Ben Gvir en el extremista, el chivo expiatorio conveniente, para preservar mejor el sistema que lo ha producido y mantenido en el poder.

El mecanismo está bien engrasado. Permite no nombrar al resto: ni a Benjamín Netanyahu, que mantiene a Ben Gvir en el Gobierno porque lo necesita para su mayoría vacilante, para continuar la guerra, mantenerse en el poder y escapar de la justicia. Ni las décadas de prácticas carcelarias documentadas anteriores a Ben Gvir. Y, sobre todo, establece una narrativa tranquilizadora: el ministro sería una excepción, una amenaza para la democracia israelí, que puede corregirse.

Pero Ben Gvir no es un exceso. Es el engranaje central de la maquinaria genocida que opera en los territorios palestinos ocupados. A cargo de la seguridad nacional y de la administración penitenciaria, controla los cuerpos, las cárceles, la represión.

Su consigna tras los ataques de Hamás en octubre de 2023 siempre ha sido clara: endurecer al máximo las condiciones de vida de los palestinos tras las rejas. De hecho, se jactó de matarlos de hambre hasta tal punto que el Tribunal Supremo israelí ordenó en septiembre de 2025 la mejora de la alimentación de los presos palestinos.

A finales de marzo celebró una de sus mayores victorias: la aprobación de la ley que instaura la pena de muerte, su caballo de batalla desde hace años. Una ley emblemática del apartheid documentado por ONG como B’Tselem, concebida para aplicarse únicamente a los palestinos declarados culpables de asesinato “terrorista”, que entró en vigor el 17 de mayo. Excluye explícitamente a los autores judíos, como los colonos, que gozan de una impunidad casi total.

Desde principios de año han sido asesinados por supremacistas judíos al menos diez palestinos en Cisjordania, frente a los ocho de todo el año 2025. La inmensa mayoría de las investigaciones que se dirigen contra estos últimos se archivan sin más y no se ha iniciado ningún proceso judicial desde 2020, mientras que han sido asesinados más de mil cien palestinos, de los cuales al menos una cuarta parte son menores.

Con sus sogas al cuello o impresos en su pastel de cumpleaños por sus 50 años, su champán descorchado en pleno Parlamento para celebrar las futuras muertes palestinas, Itamar Ben Gvir no estaba montando un espectáculo. Está llevando a cabo una política coherente, deliberada, validada en las altas esferas por un director de orquesta: Benjamín Netanyahu.

A su lado, Bezalel Smotrich, la otra cara de la extrema derecha israelí: ministro de Finanzas y de Asentamientos, aboga por la multiplicación de estos últimos y por la reapertura de los evacuados en 2005 en el marco del plan de retirada israelí, tanto en Cisjordania como en Gaza, para “enterrar la idea de un Estado palestino”.

El vídeo de Ben Gvir llega en un momento en que la violencia colonial se intensifica cada día más. Menos de una semana después de la “marcha de las banderas” del 14 de mayo, un desfile nacionalista y violento, cada año con más participación, que conmemora la anexión de la parte palestina de Jerusalén.

Mediapart ha sido testigo de agresiones racistas contra palestinos. Jóvenes israelíes se han abalanzado por las calles de la ciudad vieja coreando: “Muerte a los árabes”, “Que arda vuestro pueblo”, “Esto no es la mezquita de Al-Aqsa, es el Tercer Templo”, el gran proyecto mesiánico de la extrema derecha israelí. Ben Gvir y Smotrich, ambos en el punto de mira del Tribunal Penal Internacional, estaban presentes, junto a miembros de la Knesset, el Parlamento israelí.

No se trata de una serie de coincidencias. Es el ritmo habitual de un régimen colonial que funciona a pleno rendimiento. Cuando la indignación se haya calmado, ¿volverá el mundo a mirar hacia otro lado, una vez más?

Traducción de Miguel López

Los seis miembros de Euskadi participantes de la Global Sumud Flotilla han retrasado su regreso al País Vasco, inicialmente previsto para esta mañana, debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

La delegación Global Sumud Euskal Herria había organizado una bienvenida esta mañana en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los activistas "tras el secuestro ilegal, las humillaciones y los malos tratos sufridos, al igual que sufren a diario los palestinos", según había anunciado inicialmente.

Con posterioridad, la organización ha informado de la suspensión del acto debido al ingreso hospitalario en Turquía de dos de sus integrantes por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".

Los otro cuatro integrantes de la delegación Global Sumud Euskal Herria han decidido quedarse junto a ellos en Turquía en espera de recibir a mediodía noticias del hospital sobre el estado de sus compañeros.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho este jueves que los 44 activistas españoles de la flotilla están siendo trasladados ya a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía.

Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, al ser preguntado por la situación de los ciudadanos españoles de la flotilla detenidos por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

"El cónsul de España en Israel nos acaba de informar que se les estaría trasladando ya a un aeropuerto (...) con el resto de activistas, para, como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15 horas, que serían nuestras 14 horas", ha comentado.

Ha precisado que, aunque no está confirmado todavía oficialmente, eso es lo que ya se está comentando entre los cónsules y lo que se está observando sobre la situación de los activistas que están en un centro de detención.

Dicho esto, ha trasladado a estos españoles, a sus familias y amigos que tienen todo el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y toda la protección diplomática y consular.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para protestar por lo que considera un trato "monstruoso, indigno e inhumano" de las autoridades israelíes a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en el puerto de Ashdod (sur), y difundió un vídeo en el que aparecían maniatados y hacinados en el suelo mientras se burla de ellos. "¡Bienvenidos a Israel!", aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera nacional y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

Las imágenes también muestran a los cientos de detenidos en esa posición hacinados bajo el sol mientras un altavoz emite el himno de Israel. "Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo", recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes. Con él reitera la postura del Gobierno israelí, según la cual la misión para entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza y romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 es una posición de apoyo al grupo islamista Hamás.

El centro legal en Israel a cargo de la defensa de los activistas, Adalah, denunció en un comunicado la que califica como una "política criminal de abuso y humillación contra los activistas". "Estos eventos se han producido después de que Adalah documentara patrones similares de maltrato contra activistas de las anteriores misiones de la flotilla, por las que Israel no rindió cuentas", continúa el texto, con el que Adalah llamó a la comunidad internacional a tomar medidas.

Agarrados por el cuello y maniatados a la espalda, los activistas caminan en las imágenes guiados por policías israelíes que se cubren la cara. También al comenzar las imágenes, uno de estos agentes reduce, agarra de la cabeza a una mujer que grita "¡Libre Palestina!" al pasar ante ella el titular de Seguridad Nacional y la empuja hacia el suelo.

Los en torno a 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran en el puerto de Ashdod, desde donde podrán ser o directamente deportados del país o trasladados a prisiones israelíes como la de Ketziot, en el desierto del Néguev.

Lejos de rectificar, Ben Gvir defendió después la difusión del vídeo y volvió a presentar a los miembros de la flotilla como “partidarios del terrorismo”. Su respuesta llegó tras las críticas del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que calificó las imágenes de “vergonzosa exhibición”, y después de que Italia convocara al embajador israelí en Roma para protestar por el trato recibido por los activistas, entre los que hay ciudadanos de unos 40 países.

En un mensaje publicado en X, el ministro ultraderechista sostuvo que dentro del propio Gobierno israelí hay quienes, a su juicio, “todavía no han entendido” cómo se debe actuar ante quienes apoyan a Hamás. “Israel ha dejado de ser un niño al que se le pueden dar bofetadas”, afirmó Ben Gvir, antes de advertir de que quienes lleguen a territorio israelí para “apoyar el terrorismo” recibirán “un golpe” y no “la otra mejilla”.

No es la primera vez que Ben Gvir se dirige de esta forma a activistas de flotillas rumbo a Gaza. En octubre, ya acudió a una prisión del desierto del Néguev a la que habían sido trasladados cerca de 400 detenidos, después de que varios de ellos denunciaran haber permanecido con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas tras ser deportados a Turquía.

Desde su entrada en el Gobierno, el ministro, responsable de la Policía israelí, ha impulsado una línea especialmente dura en los centros de detención y prisiones israelíes, con medidas que organizaciones de derechos humanos han vinculado a la reducción de alimentos, higiene y condiciones básicas para los presos palestinos. También ha defendido la pena de muerte para condenados por asesinatos cometidos como actos de terrorismo, una medida que llegó a ser aprobada por el Parlamento israelí.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este miércoles la actuación del ministro de Seguridad Nacional, hacia los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud. En un comunicado enviado por su oficina, afirmó que la forma en que fueron tratados “no se ajusta a los valores y normas de Israel”.

La crítica, sin embargo, no supone un cambio en la posición del Ejecutivo israelí sobre la flotilla. Netanyahu defendió que Israel tiene “todo el derecho a impedir” que estas embarcaciones intenten romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza y calificó la iniciativa como una acción “provocadora” de simpatizantes de Hamás.

El primer ministro trató así de marcar distancia con las formas empleadas por Ben Gvir, pero no con el fondo de la actuación israelí. En el mismo comunicado, aseguró que ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que los activistas sean deportados “lo antes posible”.

La censura de Netanyahu se suma a la expresada por el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, que también criticó la difusión del vídeo y lo calificó como una “vergonzosa actuación”. De este modo, el episodio ha abierto una fractura dentro del propio Gobierno israelí, aunque limitada al tratamiento público de los detenidos y no a la interceptación de la flotilla ni al bloqueo sobre Gaza.

La condena del ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, añadió además una dimensión interna a la polémica. Saar acusó a Ben Gvir de dañar deliberadamente la imagen del Estado de Israel y trató de separar la actuación del ministro ultraderechista del trabajo de otros responsables israelíes implicados en la operación. Su mensaje, al afirmar que Ben Gvir “no representa a Israel”, evidenció el malestar dentro del propio Gobierno por el uso político y propagandístico de unas imágenes que han provocado críticas diplomáticas internacionales.

El Gobierno español elevó este miércoles el tono contra Israel tras la difusión de las imágenes de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a convocar a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladarle su protesta por el trato “monstruoso, indigno e inhumano” que, a juicio del Ejecutivo, están recibiendo los integrantes de la expedición.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció la decisión desde la Embajada de España en Berlín, tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul. Además de la convocatoria diplomática, el Ministerio remitió una nota verbal a las autoridades israelíes en la que rechaza el “trato humillante” a los activistas y exige “disculpas públicas”.

Albares recordó que entre los detenidos hay 44 españoles, aunque el Gobierno aún está pendiente de confirmar la cifra exacta y sus identidades. Según explicó, el cónsul de España en Israel se desplazó al lugar donde se encuentran los activistas para prestarles asistencia, pero las autoridades israelíes no le permitieron entrar. Sí pudo, en cambio, mantener contacto con los abogados encargados de su defensa.

El jefe de la diplomacia española insistió en que Israel será responsable de lo que pueda ocurrirles a los ciudadanos españoles detenidos. También subrayó que, para el Gobierno, se trata de una detención ilegal, al haberse producido en aguas internacionales, “donde Israel no tiene ningún derecho a tocar a ningún español”. Exteriores ya había remitido días antes una protesta formal por el asalto a la embarcación, que participaba en una misión humanitaria hacia Gaza.

Albares también recordó que Itamar Ben Gvir tiene prohibida la entrada en España y aseguró que pronto podría tenerla en el conjunto de la Unión Europea. Sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro integrantes de la flotilla, entre ellos el hispanopalestino Saif Abukeshek, el ministro rechazó cualquier vínculo con Hamás y sostuvo que este pasó en tres ocasiones por una autoridad judicial israelí sin que se planteara acusación alguna en ese sentido.

La reacción española se suma a la de Italia, país en el que la protesta tuvo también un componente especialmente directo por la presencia de ciudadanos italianos entre los detenidos. El Ejecutivo de Giorgia Meloni y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, reclamaron explicaciones formales a Israel y exigieron disculpas por el trato recibido. Roma subrayó que las imágenes difundidas por Ben Gvir no solo vulneran la dignidad de los detenidos, sino que también ignoran las peticiones trasladadas previamente por el Gobierno italiano para garantizar su protección y su liberación.

Francia también se sumó a la protesta diplomática. El ministro de Exteriores, Noël Barrot, convocó al embajador israelí para trasladarle su “indignación” y pedir explicaciones por un trato que calificó de “inadmisible”. Aunque París reiteró su desaprobación hacia la iniciativa de la flotilla, Barrot subrayó que los ciudadanos franceses detenidos deben ser tratados “con respeto” y liberados cuanto antes.

La reacción francesa refuerza así la presión europea sobre Israel, después de las protestas de España, Italia y Portugal. Barrot recordó además que las imágenes difundidas por Ben Gvir han sido censuradas incluso por miembros del propio Gobierno israelí, en referencia a las críticas de Netanyahu y del ministro de Exteriores, Gideon Saar.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud y deportado por Israel tras diez días detenido, también cuestionó que la actuación de Ben Gvir pueda presentarse como un episodio aislado. Desde el Parlamento Europeo, afirmó que el vídeo refleja “la naturaleza criminal de Israel” y sostuvo que el ministro ultraderechista “representa al Gobierno”, pese a las críticas internas de Netanyahu y Saar.

Abukeshek también señaló que el Ejército israelí “no sale a interceptar barcos en mitad del mar sin ninguna orden” y acusó a la Unión Europea de permitir este tipo de actuaciones con una respuesta insuficiente. Sus declaraciones llegan después de que varios países condenaran las imágenes y de que Exteriores convocara de nuevo a la representante diplomática israelí en Madrid.

El 23 de junio de 2010, el doctor E.O. no imaginaba el tamaño de la espina que estaba a punto de clavarle al Estado de Israel. Ese día, los abogados de este ciudadano belga-palestino presentaron una denuncia ante la fiscalía federal belga, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a a un país perseguir a sospechosos de violaciones graves del derecho internacional por hechos ocurridos fuera de su territorio.

El denunciante relataba la destrucción de un terreno del que es copropietario en Gaza, arrasado por un ataque durante la operación Plomo Fundido —que se saldó con más de 1.400 muertos en 2008 y 2009—. Según su relato, el ejército israelí bombardeó la parcela, destruyó varias infraestructuras y 110 árboles, y extendió fósforo sobre la tierra, inutilizándola para el cultivo.

En este expediente, conocido como el ‘caso del olivar’, el denunciante reclamaba el procesamiento de 14 altos cargos israelíes: entre ellos, los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, la exministra de Exteriores Tzipi Livni, y el entonces general Yoav Gallant.

El 17 de noviembre de 2010, una segunda denuncia se presenta también al amparo de la competencia universal, esta vez por la abogada Joke Callewaert en nombre de cuatro ciudadanos belgas que habían participado meses antes en una flotilla humanitaria cuyo barco fue interceptado por soldados israelíes en una operación que se saldó con nueve muertos. Un general y un vicealmirante israelíes, y el propio Ehud Barak son acusados de violaciones graves.

Dieciséis años después de los hechos, ambas causas han caído prácticamente en el olvido. La primera sigue en instrucción; la segunda acabó en sobreseimiento en diciembre de 2024. Pero durante años mantuvieron en vilo al Estado de Israel, que, como revela la investigación Israel Files, hizo todo lo posible por ahogarlas.

Como ya informó infoLibre en diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia israelí construyó durante más de una década una red internacional de despachos de abogados en países considerados ‘objetivo’, entre ellos España, donde la firma Cuatrecasas trabajó en secreto para anticipar reformas legislativas e influir en procesos penales. El patrón que revelan los documentos belgas es el mismo.

El año 2017 estuvo marcado por una intensa presión israelí para impedir cualquier procesamiento en Bélgica. Las gestiones ante el fiscal federal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y hasta el primer ministro se volvieron muy insistentes. Mientras tanto, en Jerusalén se llegó a considerar la posibilidad de impulsar una modificación de la ley belga.

En enero de 2017, las denuncias llevaban ya siete años en manos de la fiscalía federal belga sin que esta hubiera iniciado formalmente una instrucción —lo que, en los casos de jurisdicción universal, requiere asignar el expediente a un juez de instrucción—. El escollo era una cuestión de fondo: ¿era el sistema judicial israelí capaz de juzgar con imparcialidad las actuaciones de su propio ejército? La ley establece que, de ser así, el caso debe remitirse al país concernido “en interés de una buena administración de la justicia”. La fiscalía belga se debatía en la duda.

En 2011, ya había pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel información sobre el sistema judicial con la esperanza de obtener un dictamen claro. Como le ocurrió a la Audiencia Nacional española al investigar la muerte del cabo Soria Toledo en el Líbano, solo recibió documentación que consideró insuficiente. Y siguió esperando.

Todo se precipitó el 17 de enero de 2017. Ese día, la exministra Tzipi Livni, imputada en el ‘caso del olivar', canceló un viaje previsto a Bruselas tras ser aparentemente advertida de que la justicia belga podría aprovechar su visita para tomarle declaración. Un fiscal federal confirmó entonces al diario Le Soir que la fiscalía contaba efectivamente con “aprovechar su viaje” para intentar hacer avanzar la investigación. La indignación de Israel fue inmediata: denunció un “abuso cínico del sistema judicial en beneficio de una agenda política”.

El Estado israelí no podía resignarse a ver a sus altos representantes expuestos a tal riesgo. A través de su Departamento de Asuntos Internacionales Especiales —la unidad del Ministerio de Justicia encargada de gestionar los contenciosos internacionales, cuyo funcionamiento reveló Israel Files en diciembre de 2025— se articuló en Bélgica un equipo de respuesta.

Al frente de ese trío de abogados belgas, compuesto también por Morgan Bonneure y Nicolas Angelet, estaba la letrada Michèle Hirsch. Esta jurista veterana ya se había labrado un nombre en Israel, que la contrató a principios de los años 2000 para defender al ex primer ministro Ariel Sharon —entonces señalado en Bélgica, también al amparo de la jurisdicción universal, por las masacres de refugiados palestinos en los campamentos libaneses de Sabra y Chatila—.

“Hola Michèle, ¿hay alguna base factual en el artículo de ayer, según el cual un tribunal belga habría emitido órdenes de detención?”, le pregunta directamente en un correo del 23 de enero Marlène Mazel, responsable del departamento de contenciosos internacionales del Ministerio de Justicia israelí, a propósito de una información de la prensa israelí que resultó ser falsa. La abogada responde de inmediato y sale a buscar más datos. A mediados de febrero de 2017, ya ha conseguido acceder a Philippe Meire, el fiscal federal encargado de los asuntos internacionales. Con ello, el objetivo israelí es, sobre todo, llegar al entonces fiscal federal, Frédéric Van Leeuw.

El exjefe del Ministerio Fiscal revela al diario Le Soir que el 1 de febrero ya había sido contactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, que le preguntaba si podía recibir al día siguiente al fiscal israelí Roy Schöndorf para hablar de los expedientes. Van Leeuw declina “dada la falta de consideración que implicaba semejante petición con tan poco margen”, y porque estimaba que no tenía que justificarse ante las autoridades israelíes.

Menos de un mes después llegó una nueva solicitud, esta vez a través de la embajada israelí. “Tras deliberar internamente y con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, consideramos que rechazar una segunda petición de ese tipo podía provocar fricciones diplomáticas innecesarias, y respondí que estaba dispuesto a recibir al señor Schöndorf el 21 de marzo de 2017”, explica Van Leeuw, hoy fiscal general de Bruselas.

Como prueba de la importancia que Israel concedía a esa cita, el Ministerio de Justicia preparó para Schöndorf un largo documento de argumentario para persuadir al fiscal belga de no provocar la apertura de una instrucción. Según esa hoja de ruta, el emisario israelí debía describir el ‘caso del olivar’ como “una maniobra de denigración jurídica” y señalar que los demandantes “no parecen estar en condiciones de reunir las pruebas necesarias para un proceso penal”.

Van Leeuw recuerda que Schöndorf le presentó fotografías aéreas del olivar para demostrar que desde allí se habían lanzado cohetes. “Le pedí que me transmitiera oficialmente esas informaciones para añadirlas al expediente. Esa transmisión, en mi opinión, nunca se produjo”, afirma. Sobre el caso de la Flotilla, dice que solo fue abordado de forma incidental.

El ex fiscal federal también rechazó la petición del emisario israelí de facilitarle la lista de personalidades israelíes señaladas en la denuncia. Le respondió que para ello necesitaría una solicitud formal del abogado de alguna de las personas imputadas o una comisión rogatoria. Tras ese encuentro, Van Leeuw recibió dos nuevas solicitudes, en mayo y en junio, para volver a reunirse con el magistrado israelí. Afirma haberlas rechazado educadamente. “No hubo más contactos ni peticiones después”, asegura.

Uno de los elementos que más le llamó la atención fue descubrir, más tarde, que en su reunión con el magistrado Meire, la abogada Hirsch había declarado estar en posesión de una copia de la denuncia original, “lo que nos sorprendió”. Se niega a especular sobre cómo pudo obtenerla. Alexis Deswaef, abogado del doctor E.O., reacciona con contundencia: “Esa denuncia no se la habíamos dado a nadie”. Y añade: “Si Hirsch estaba en posesión de ella, dado el despliegue de medios israelíes, plantear la pregunta sobre cómo pudieron obtenerla es, prácticamente, responderla”, apuntando a una posible actuación de los servicios de inteligencia.

Tras el encuentro entre fiscales, los temores israelíes a que el caso fuera enviado a un juez de instrucción no amainan. En un memorándum de mayo de 2017, Hirsch y sus colegas recomiendan endurecer la estrategia de influencia: “Es esencial comunicar a los Asuntos Exteriores o al primer ministro que es su responsabilidad evitar que el expediente sea remitido a un juez de instrucción”. El consejo fue atendido.

El 14 de junio de 2017, Roy Schöndorf, acompañado de la entonces embajadora israelí, se reúne con el Ministerio de Asuntos Exteriores belga. La demanda es diáfana: que Exteriores emita un dictamen sobre la justicia israelí que impida cualquier instrucción. Israel advierte que si la respuesta se considera insuficiente, ello “arrojaría una sombra sobre nuestras relaciones bilaterales”.

Tres meses después, y tras “tres recordatorios”, según la fiscalía, la diplomacia belga remite a la fiscalía una serie de documentos sobre la justicia israelí —entre ellos uno facilitado por las propias autoridades israelíes—, aunque especificando que se trata de información puramente documental y sin avalar su contenido. El Ministerio de Exteriores belga asegura que su posición fue constante: “No ceder a una demanda que equivaldría a sustituir al poder judicial”.

Los esfuerzos israelíes dan solo un resultado parcial. La fiscalía termina dictaminando que los tribunales israelíes no presentan, para el caso concreto, las cualidades de independencia, imparcialidad y equidad requeridas. El 27 de octubre de 2017 se designa un juez de instrucción para el ‘caso del olivar’.

Este primer revés no frena las gestiones israelíes. Los documentos de Israel Files revelan que el entonces primer ministro belga, Charles Michel, también fue objeto de una aproximación directa por parte de Benjamin Netanyahu en el Foro Económico Mundial de Davos de enero de 2018. Un correo consultado por Le Soir, enviado el mes siguiente por uno de los asesores de Michel a diplomáticos israelíes y luego transmitido al fiscal israelí Roy Schöndorf, da fe de ello: “A raíz del encuentro en Davos entre nuestros dos primeros ministros, me pongo en contacto con usted en relación con el problema judicial planteado al final de la reunión. Su embajadora en Bélgica, la señora Simona Frankel, me ha contactado al respecto y estamos tratando de organizar una reunión con mis colegas del gabinete de Asuntos Exteriores para discutirlo. Esta reunión tendría lugar la semana que viene”.

El equipo de comunicación del ex primer ministro responde a Le Soir que Michel “no está en condiciones hoy de confirmar ni desmentir” que se produjera dicha conversación, aunque precisa que si Netanyahu “abordó un tema judicial, Charles Michel sin duda le remitió a la separación de poderes”. Como explicación del seguimiento dado por su gabinete, añade: “Cuando un tema judicial genera una tensión diplomática, puede ocurrir que se gestione por vías diplomáticas para clarificar el funcionamiento del sistema judicial belga”.

El desenlace de esos contactos sigue siendo desconocido. Pero un correo interno de junio de 2019, firmado por Marlène Mazel, demuestra que, año y medio después, los “problemas” siguen inquietando a Israel. El asunto del mensaje: “Iniciativa para reformar la legislación en Bélgica”. El contenido: dar continuidad a una reunión “en la que se planteó la posibilidad de iniciar una modificación legislativa en Bélgica sobre la competencia jurisdiccional universal, en particular sobre los poderes del fiscal”. Se trataría de lograr que los fiscales federales pudieran archivar expedientes de derecho humanitario internacional sin necesitar examinar el fondo ni remitirlos a un juez de instrucción. Si Hirsch llegó a recibir ese encargo, no ha quedado constancia en los documentos consultados.

La propia fiscalía federal belga admite que “iniciativas de este tipo ya han tenido lugar” en el pasado, y que fue precisamente “a raíz de presiones” relacionadas con denuncias contra altos cargos estadounidenses e israelíes que la ley de competencia universal sufrió “una modificación en 2003”. 

Junto a su ofensiva política y diplomática, el Estado israelí también actuó en el plano judicial con un objetivo claro: recabar el máximo de información sobre las instrucciones en curso y anticipar posibles detenciones o citaciones de los investigados.

El 4 de diciembre de 2017, la abogada Michèle Hirsch conoce en primicia la noticia de la apertura de instrucción del ‘caso del olivar’ en una nueva cita con el fiscal Philippe Meire. El detalle más llamativo: esa información le es comunicada cuando Hirsch no defiende a ninguna de las catorce personas señaladas en la denuncia, sino únicamente los intereses del Estado israelí. 

El segundo detalle: los demandantes, según el abogado Nicolas Angelet en un correo dirigido a sus clientes israelíes resumiendo el encuentro, “no han sido informados todavía a estas alturas del hecho de que el expediente ha sido remitido a un juez de instrucción”. La Fiscalía afirma que las partes civiles sí fueron informadas en algún momento, “dado que uno de los primeros actos del juez de instrucción fue tomarles declaración”, pero no precisa cuándo.

El fiscal también revela a los abogados israelíes el nombre del juez instructor, Olivier Leroux, al que Angelet describe como “una personalidad bastante prudente y moderada”, e informa de que probablemente enviará una comisión rogatoria a Israel y de que es improbable que recurra a órdenes de detención. El fiscal Meire reconoce ante Le Soir haber informado a Hirsch de la apertura de instrucción y sostiene que ese encuentro “no plantea ningún problema”. Niega, en cambio, haber especulado sobre los próximos pasos del juez.

Seguros de la información obtenida, los tres abogados belgas proponen a sus clientes israelíes organizar cuanto antes un encuentro entre Hirsch y el juez. Con una advertencia expresa: Roy Schöndorf “no debe reunirse con el juez de instrucción”. “Probablemente sería percibido como una presión inadmisible”.

En enero de 2018, Hirsch ya ha logrado su propósito. En un correo a Marlène Mazel, hace un balance de su entrevista con el juez Leroux: “Como era de esperar, fue extremadamente prudente. Considera que no puede hablar conmigo porque no represento a ninguna de las personas investigadas”. Aun así, según la abogada, se deslizaron algunos datos: el expediente es ya voluminoso y no ha tenido tiempo de examinarlo a fondo, y lo esencial del dossier estaría constituido por los anexos a las denuncias. Un mes más tarde, de acuerdo con el ministerio israelí, Hirsch se persona ante el juez como abogada de Tzipi Livni para maximizar su acceso a la información.

El 19 de diciembre de 2019, nuevo giro en el caso de la Flotilla: la fiscalía había considerado la denuncia original inadmisible, pero la sala de acusación discrepa y fuerza la apertura de una instrucción. Ambos expedientes acaban en manos del mismo juez, Olivier Leroux, aunque por poco tiempo. En 2021 cambian de titular y la nueva jueza, Ludivine Kerzmann, se muestra favorable a conceder a los abogados israelíes acceso a los dos expedientes. En un memorándum de abril de 2021, Hirsch lo celebra con evidente sorpresa: “Nótese que la jueza de instrucción nos ha dado acceso al expediente de la Flotilla aunque no intervenimos oficialmente en nombre de ninguno de los individuos señalados en la denuncia”.

La jueza remite a Le Soir a la Fiscalía, invocando su deber de reserva. La Fiscalía respalda la decisión y asegura haber dado su aval para que Hirsch pudiera consultar el expediente en el registro. El Código de Procedimiento Criminal permite, en efecto, que el ministerio público autorice el acceso de partes sin interés directo. Pero la propia Fiscalía admite que no puede citar ningún otro ejemplo de un Estado que haya obtenido acceso a un expediente que afecta a sus altos cargos, aunque afirma que “no es la primera vez”.

Para Alexis Deswaef, la revelación resulta escandalosa: “Primero se transmite la información sobre la apertura de instrucción al abogado del Estado vinculado a los imputados, y se dice que no se transmite a los abogados de los demandantes. Eso no está bien. Hay que respetar la igualdad de armas”. Y ante el acceso a los expedientes: “Que alguien me cite otro país al que se le haya concedido ya un acceso semejante”. Joke Callewaert, abogada de las demandantes en el caso de la Flotilla, comparte la misma indignación: “Técnicamente es legal. Pero, ¿es justo?”. Y constata el privilegio manifiesto: en muchos expedientes en los que actúa para partes civiles, conseguir acceso a los sumarios es enormemente difícil.

En 2023, ambas instrucciones cambiaron de manos de nuevo. La nueva titular, Julie Erpelding, fue contactada en enero de ese año, pero estimó “no apropiado” conceder un nuevo acceso a los expedientes, según un correo interno israelí que recoge la información transmitida por los abogados belgas. Ese correo es una de las últimas huellas que los documentos de Israel Files dejan sobre la trayectoria de los casos belgas.

Hoy, la instrucción del ‘caso del olivar’ sigue en curso. En mayo de 2025, la fiscalía requirió incluso la realización de diligencias complementarias, todavía en ejecución. Durante la investigación se cursó una solicitud de cooperación judicial a Israel que fue rechazada. El caso de la Flotilla, por su parte, concluyó en sobreseimiento tras pasar por la sala del consejo: “ningún elemento permitía atribuir responsabilidades individuales precisas”, según la Fiscalía.

El Ministerio de Justicia israelí no respondió a las preguntas formuladas por Le Soir. Tampoco lo hicieron Michèle Hirsch ni su asociado Morgan Bonneure. Nicolas Angelet declinó responder.

Una incógnita adicional pesa sobre la continuidad del Departamento de Guerra Legal. Un correo en hebreo enviado por Marlène Mazel a sus colegas tras una reunión con Hirsch en la primavera de 2023 deja entrever un distanciamiento ligado a la polémica reforma judicial del Gobierno Netanyahu: “Al comienzo de la reunión, Michèle mencionó que estaba muy preocupada por la evolución de la situación en Israel y que encontraba serias dificultades para seguir representando al Estado de Israel”.

Los documentos de Israel Files revelan que el Departamento de Guerra Legal del Ministerio de Justicia israelí aplicó en Bélgica un esquema casi idéntico al que aplicaba mientras tanto en España.

La obsesión con la jurisdicción universal es el denominador común. España fue durante años uno de los países que más preocupaba a Israel en este frente: la Audiencia Nacional había abierto causas contra altos mandos por actuaciones en Gaza y Cisjordania, y los correos filtrados muestran un seguimiento constante de cada reforma legislativa que pudiera ampliar o restringir ese marco. 

El protocolo para los viajes de altos cargos también se replica con precisión. En España, Cuatrecasas elaboraba informes de riesgo caso por caso para figuras como los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el exdirector del Shin Bet Yuval Diskin o el almirante Eliezer Marom —comandante durante el asalto a la Flotilla de la Libertad—, evaluando si alguno de ellos figuraba en querellas activas y recomendando siempre discreción y perfil bajo en los desplazamientos. 

Otra similitud reside en los dossieres preparados por el Departamento de Guerra Legal para reunirse con las autoridades. En España, cuando en 2018 el abogado general del Estado israelí, Avichai Mandelblit, viajó a Madrid, el departamento elaboró un argumentario idéntico para trasladar a todos sus interlocutores —el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, la secretaria de Estado de Justicia y el abogado general del Estado español— con un único mensaje: que España no modificara su legislación sobre jurisdicción universal. 

El paralelismo más perturbador, sin embargo, es el de los contactos entre el bufete designado y la Fiscalía para obtener información procesal reservada, sin representar a nadie dentro de la causa. En Bélgica, Michèle Hirsch supo antes que los propios demandantes que el ‘caso del olivar’ había sido enviado a un juez de instrucción, e incluso obtuvo el nombre del magistrado y especulaciones del fiscal sobre su probable línea de actuación. 

En España, según los correos internos del ministerio israelí, el socio de Cuatrecasas encargado del caso se reunió en febrero de 2017 con la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó —hecho que ella niega— y comunicó al ministerio la intención de la fiscal de solicitar el archivo de la causa por falta de jurisdicción antes de que esa decisión fuera trasladada al juez o a la familia del cabo Francisco Javier Soria Toledo, muerto por un proyectil israelí en el Líbano. En ambos países, el bufete contratado operaba en los márgenes del procedimiento, sin figura procesal conocida, pero con acceso a información que en ocasiones ni las partes legítimas de la causa tenían.

El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques, recoge EFE. 

La propia Flotilla denuncia en sus canales que "lanchas militares están interceptando" sus barcos "a plena luz del día", a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla. 

En una nota de prensa, la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) ha confirmado que cuatro de sus barcos (Adalah, Tenaz, Perseverance y Lina Al Nabulsi) están siendo atacados e interceptados por las fuerzas israelíes. Además, han denunciado que 50 minutos después del inicio de la interceptación, los militares abordaron 57 de los barcos de la flotilla.

También han sido informados de que los participantes serán trasladados a un gran buque de carga que desde la Flotilla llaman el "buque prisión", para luego ser llevados al puerto israelí de Ashdod.

"Este cerco militar marca el inicio de otra agresión ilegal en alta mar, cuatro días después de que 54 embarcaciones civiles zarparan de Marmaris para establecer un corredor humanitario y romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza", informaron en una nota en su canal de Telegram.

Y agregaron que "al interceptar hoy la flotilla en un perímetro de 250 millas náuticas y dentro de la zona SAR de Chipre, el régimen israelí continúa demostrando un desprecio sistemático por el derecho marítimo internacional, la libertad de navegación en alta mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)"

Esta flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007; sin embargo, el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes asaltaron e inutilizaron 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen y, en algunos casos, denunciaron maltrato.

Israel advirtió este lunes que den marcha atrás al medio centenar de barcos de la Global Sumud Flotilla. "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente", reza un comunicado.

La televisión pública austríaca ORF, responsable este año de la señal de Eurovisión, insistió este miércoles en que no censurará abucheos del público en sus emisiones, después de que la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el certamen, sí eliminara ayer en su canal los gritos contra el genocidio en Gaza lanzados durante la actuación de Israel.

"Tomamos una decisión y vamos a mantenerla, porque creemos que es lo correcto", aseguró este miércoles en rueda de prensa la directora de programación de la ORF, Stefanie Groiss-Horowitz, en referencia al anuncio hecho por la emisora en diciembre de que no recurría a ningún recurso técnico para ocultar posibles protestas del público durante las actuaciones en vivo.

Durante la emisión en directo ayer de la primera semifinal de Eurovisión se pudo escuchar a una persona gritando "stop the genocide", en alusión a los ataques militares de Israel en la Franja de Gaza.

España, Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos decidieron no participar este año en protesta por la presencia de Israel en el certamen.

ORF explicó en un comunicado que "una persona del público, que se encontraba cerca del micrófono, expresó en voz alta su opinión al comienzo y durante la actuación del artista israelí (Noam Bettan)".

Esa persona acabó siendo expulsada tras insistir en seguir perturbando el evento, según señaló la emisora austríaca.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, sí censuró los abucheos al subir la actuación de Israel en su canal de YouTube, argumentando que Eurovisión "debe centrarse en los artistas y la música".

"Por ello, eliminamos el audio que se escuchó en la retransmisión en directo de la actuación de Israel en la primera semifinal antes de subir la actuación a nuestro canal de YouTube", explicó la UER, según ha confirmado una fuente de la organización a EFE.

Israel fue uno de los diez países que superó ayer la primera semifinal del concurso y se mantiene como uno de los favoritos, según las casas de apuestas, para ganar la 70 edición del Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebra hasta el sábado en Viena.

Saif Abukeshek fue secuestrado por el ejército israelí el pasado jueves 30 de abril en aguas griegas (a 1.000 millas de Israel) junto con otros integrantes de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria. Tras su detención, declarada “ilegal” y “fuera de toda jurisdicción” por el Gobierno español, Abukeshek fue trasladado al centro de detención de Shikma, en la ciudad de Ashkelon, junto al activista brasileño Thiago Ávila. 

En menos de una semana, Ávila y Abukeshek han sido enjuiciados por un tribunal de sospechosas garantías, han guardado una huelga de hambre por “los malos tratos durante su detención” y han sufrido, según han denunciado, abusos y palizas. “Oíamos a diario los gritos de los prisioneros palestinos”, asegura Saif. 

Acaba de llegar a España, ¿cómo se encuentra física y anímicamente?

He perdido algo de peso por la huelga de hambre, pero por lo demás estoy bien.

Ha estado más de una semana secuestrado por Israel, ¿cómo ha sido este tiempo detenido de manera ilegal? 

Es no tener ningún control, estar humillado, abusado, insultado… Lo que lo que normalmente hace Israel. De lo que estoy seguro es que a nosotros no nos llegaron a tratar como al resto de presos.

¿En algún momento les explicaron a usted o Thiago por qué les retenían?

Nos acusaban de hacer actividades contra el interés del Estado de Israel. Colaborar con el enemigo en tiempos de guerra. Decían que éramos colaboradores de Hamás. Nos consideraban las dos figuras que representaban al movimiento y supongo que por eso nos detuvieron.

¿Cómo describiría lo que vivió en la cárcel de Shikma? ¿Cómo eran los interrogatorios?

Te levantan a las cuatro de la mañana para el recuento, luego a las seis para la comida. Te intentan obligar a comer. Te llevan al interrogatorio. Te recuerdan dónde estás, quién tiene el poder, quién controla, quién manda. Te dicen que no te van a dejar salir de aquí, que nunca vas a volver a ver a tu familia, a tu madre. Que si algún día sales van a estar detrás de ti, van a estar detrás de tu mujer, de tus hijos. 

En todos los interrogatorios estás atado a una silla que no puedes moverte. Te llevan a una visita con tu abogado y al cónsul. En todos esos movimientos vas con los ojos cerrados, con las manos y piernas atadas. Además, algún que otro interrogatorio puede durar hasta medianoche.

¿Fueron torturados física y psicológicamente? 

Físicamente nosotros no, pero si que fue una constante tortura psicológica. Solo con la propia situación intentan hundirte: estar en una silla atado, no poder moverte, el abuso verbal, los insultos, los gritos en tu cara, los juegos psicológicos… Creo que, en parte, tuvimos la suerte de tener respaldo mediático. No creo que fuéramos tratados como al resto de palestinos detenidos. Oíamos cada día sus gritos. En el barco tras ser arrestados, sin embargo, sí que recibimos violencia física. Se pueden ver las imágenes de nuestros compañeros.

¿Tuvieron algún tipo de contacto con el exterior? ¿Pudo contactar con su familia?

Con la familia nunca, los únicos contactos que tuve fue con la abogada, con el cónsul español y con el cónsul sueco. 

¿Cómo fue el proceso judicial?

No hemos pasado un juicio con cargos oficiales, sino una investigación abierta por parte del gobierno israelí. Para la primera extensión, solicitaron cuatro días y les dieron dos. Para la segunda, les dieron los seis días que pedían. Pero este no lo llegaron a completar y nos deportaron antes de que se cumpliera este periodo. 

¿Por qué iniciaron una huelga de hambre?

Inicié mi huelga de hambre en el primer momento. Yo lo anuncié directamente. Lo hice como protesta política contra una detención e intercepción ilegal. Tú ahí controlas solo tres cosas: comer, beber y hablar. El resto lo controlan ellos: cuánto duermes, dónde vas, cuánto tiempo te quedas.

¿Va a denunciar a Israel por el trato recibido?

Sí, por supuesto, aunque primero hablaré con mis abogados.

Ha expresado su deseo de volver a Gaza ¿Tiene miedo?

Tengo miedo. Toda la gente que participa tiene miedo. Toda la gente que participa tiene familias, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos impida hacer lo que nos toca hacer. Eso son dos cosas diferentes. tengo sentimientos porque soy persona, pero también un compromiso enorme con la humanidad y con el pueblo palestino.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, deportado este domingo por Israel, tras diez días detenido y en huelga de hambre, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona, a cuya llegada ha querido dejar claro que pronto "volverá a hacer las maletas" para reunirse con sus "compañeros" en Turquía.

Abukeshek lo ha explicado así a los medios tras su llegada al aeropuerto El Prat-Josep Taradellas, donde le esperaban familiares, amigos y compañeros de la Flotilla ondeando banderas palestinas y entonando el cántico Free, free Palestine.

El activista ha asegurado que su liberación "no es una victoria" porque "atrás quedan miles de presos palestinos que son torturados y violados sin defensa ninguna".

"Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad, que haya derechos para todo el mundo. Que los derechos humanos sean para todo el mundo", ha afirmado Abukeshek, quien ha denunciado que "2,3 millones de personas viven en un bloqueo desde hace diecisiete años".

El hispanopalestino, que ha llamado a la sociedad civil a la movilización, ha lamentado que se sigan "bombardeando escuelas y hospitales" en Gaza por parte de un Gobierno israelí "genocida" y que actúa "con la complicidad de otros gobiernos".

Tanto Abukeshek como el activista brasileño Thiago Ávila, también participante de la Flotilla, fueron detenidos por la Marina israelí en aguas internacionales durante la madrugada del pasado 30 de mayo y trasladados a Israel.

La ONU había pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y había subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de esta flotilla que también fue interceptada por Israel el año pasado.

El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, había anunciado el sábado que Abukeshek sería deportado a través del paso de Taba en Egipto. El activista ha volado a Barcelona finalmente este domingo por la tarde en un vuelo procedente de Atenas.