El asunto ha tenido ocupados a algunos dirigentes del movimiento, con la ayuda de los buscadores y la inteligencia artificial. Y estuvieron indagando, medio en bromas medio en serio, en los precedentes históricos. ¿La reunión de comienzo del curso político 2011 del Partido Socialista en La Rochelle, a pocos meses del regreso de la izquierda al poder? ¿Las grandes concentraciones de la derecha posgaullista en la cima de su gloria? Esas están superadas, si nos atenemos a los recuentos de La Francia Insumisa.

Con una asistencia declarada de 10.000 personas en el mitin final de Jean-Luc Mélenchon el domingo 23 de agosto, La Francia Insumisa (LFI) se jacta de haber organizado las universidades de verano más grandes jamás vistas en el país. No tiene sentido enzarzarse en una costosa batalla de cifras, ya que no cambiaría nada en lo esencial: a ocho meses de las elecciones presidenciales, el inicio del curso político del movimiento “insumiso” se ha convertido en una nueva demostración de fuerza.

Durante cuatro días, del 20 al 23 de agosto, la décima edición de los “Amfis” —nombre con el que se conocen las jornadas de inicio de curso que organiza cada año LFI en esta misma época— se caracterizó por su gran variedad. Había de todo y en abundancia: gente, jóvenes, ponentes, debates, conferencias y camisetas de la selección francesa de fútbol con el lema “Mélenchon 27”.

Dirigentes y parlamentarios, por supuesto, y también alcaldes, entre ellos el de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Bally Bagayoko, recibido como un héroe. También hubo invitados externos destacados, empezando por el empresario Matthieu Pigasse y la presidenta del grupo ecologista en la Asamblea Nacional, Cyrielle Chatelain, quienes mostraron tales puntos en común con Jean-Luc Mélenchon que cuesta imaginar que no se sumen a su campaña de aquí a abril.

Todo ello ha alegrado, como es lógico, a los dirigentes de LFI que competían por encontrar los adjetivos más elocuentes para describir el momento. “Es histórico”, susurraba, por ejemplo, el sábado, sentado a orillas del lago de Aiguille, el diputado Éric Coquerel. A sus 67 años, el diputado por Seine-Saint-Denis contempla todo esto recordando los primeros pasos de la aventura mélenchoniana, hace dieciocho años, incluso antes de que naciera LFI: “Hoy nos damos cuenta de que hemos creado un movimiento de masas”.

Más aún que el número, la característica más llamativa de estas jornadas en el departamento de Drôme radicaba, para el movimiento, en algo relativamente difícil de definir. Un sentimiento difuso, contagioso entre los simpatizantes insumisos, vertiginoso también porque es inédito: el de que la victoria está al alcance de la mano, más que nunca.

“Escuchad a la gente: hemos pasado de ‘Resistencia’ a ‘Vamos a ganar’”, señala Manuel Bompard, el director de campaña. “La gente tiene la sensación de que se han alineado los astros”. Pero ¿no es ese el fervor natural del inicio de la carrera, el que marca cada comienzo de campaña? “No, en 2022 fue diferente”, responde Éric Coquerel. “En aquel momento, nos decíamos: ‘Hay un resquicio, no es imposible’. Ahora estamos varios peldaños más arriba”.

Jean-Luc Mélenchon no hizo nada, en su discurso de clausura del domingo, para frenar este optimismo creciente. «Sí, señoras y señores que nos estáis escuchando: ahora, para nosotros, no solo como un objetivo, sino ya como una expectativa impaciente, la victoria es posible”, afirmó el candidato. “Está llegando a su fin el reino neoliberal del cada cual a lo suyo y de la irresponsabilidad ecológica. Por eso, la responsabilidad de esta posible victoria nos obliga a actuar.”

Las brasas de la esperanza sobre las que sopla Jean-Luc Mélenchon no provienen ni de un ímpetu descontrolado ni de la embriagadora camaradería que genera un regreso exitoso a la política. Para el candidato "insumiso", el optimismo que surge en sus filas reviste un doble interés estratégico. Por un lado, permite captar nuevos votantes, ampliando la base social en la primera vuelta. “La fuerza atrae a la fuerza”, repite a menudo Mélenchon. En otras palabras, cuanto más impulso toma la dinámica, más posible se hace la victoria; cuanto más posible parece la victoria, más se decide el electorado indeciso a votar a Mélenchon… alimentando así la dinámica.

Por otro lado, en un plano más táctico, afianzar en la mente de la gente la idea de que el voto “insumiso” es la única alternativa progresista capaz de llegar a la segunda vuelta contribuye a desestabilizar a las demás formaciones de izquierda, que ya se encuentran en muy mal estado. “Ya está en la mente de todos: Jean-Luc Mélenchon es el candidato de la izquierda”, resume Paul Vannier, diputado de LFI y responsable electoral del movimiento.

Es precisamente porque la campaña de Jean-Luc Mélenchon arranca con tal impulso por lo que se está intensificando la presión en Los Ecologistas para empujar a Marine Tondelier a retirar su candidatura, según estiman los estrategas de LFI. El segundo objetivo es “completar el banquillo”, según uno de ellos, con los aspirantes procedentes de la izquierda socialista, incluso antes de octubre y de la designación formal de uno de ellos.

La estrategia está funcionando bien, a juzgar por la parálisis en la que parecen estar sumidos socialistas y ecologistas. A modo de símbolo, el editorial de Le Monde instaba el viernes a “los ecologistas y los socialdemócratas a recuperarse urgentemente para ofrecer una alternativa de izquierdas”, mientras que el de La Tribune dimanche se mostraba aún más explícito: “¿Quién va a parar a Mélenchon?” En la derecha, Gérald Darmanin metió la pata en La Voix du Nord a principios de semana: “Creo que el señor Mélenchon superará el 20 % en la primera vuelta”, pronosticó el ministro de Justicia.

Los “insumisos”, habituales outsiders, se encuentran en una posición tan favorable que casi resulta traicionera. “No hay que cometer, sobre todo, el error de Alain Juppé y otros, es decir, hacer una campaña de segunda vuelta antes de haber pasado la primera”, advirtió Manuel Bompard durante una conferencia. Y, al mismo tiempo, la ecuación no es exactamente la misma de siempre: ahora se trata, aunque los dirigentes de LFI no lo digan abiertamente, de evitar polémicas y ataques, y de dejar que el éxito de los grandes actos surta efecto.

Por eso Jean-Luc Mélenchon hizo en Châteauneuf-sur-Isère lo mismo que había hecho en Saint-Denis, a principios de junio: un Mélenchon que sigue el guión al pie de la letra, fiel a la línea que defiende desde hace años, pero sin florituras, sin excesos, sin deslices ni frases efectistas que pudieran eclipsar al resto y acaparar por sí solas horas de emisión en los canales de noticias 24 horas. El líder de LFI leyó fielmente su texto, como hace ya en cada uno de sus mítines.

De su discurso hay que destacar lo que Éric Coquerel denomina “la necesidad de aunar la radicalidad y la capacidad de gobernar”. En cuanto al fondo, LFI sigue denunciando “la colusión total” entre el bando presidencial y la extrema derecha, critica las propuestas de Gabriel Attal sobre los "nómadas" y las de Édouard Philippe sobre la inmigración en Mayotte, arremete contra la ley “Duplomb-veneno” y exclama: “¡Que se vayan todos!”

Pero el tono es más moderado, se han dejado de lado algunos temas espinosos y se ha puesto el énfasis en demostrar que La Francia Insumisa estará dispuesta a aplicar sus propuestas. Durante el fin de semana, Clémence Guetté, coordinadora del programa, habló extensamente ante la prensa sobre el papel de los “frigios”, esos 80 altos funcionarios que preparan en secreto el posible ejercicio del poder por parte de LFI.

En el escenario, Jean-Luc Mélenchon criticó la intención de Gabriel Attal de importar a Francia el spoil system estadounidense —es decir, la sustitución de los directores de las Administraciones por cuadros más alineados políticamente con el poder del momento—. En su lugar, Mélenchon, exministro de Lionel Jospin, rindió un inesperado homenaje a la alta función pública, al “Estado republicano, su deber y el honor de servirlo”.

Del mismo modo, la parte del discurso dedicada a la transición ecológica, con la que se inauguró la intervención, dejó de lado los grandes principios para centrarse en las medidas concretas. La creación de las ecorregiones, su delimitación a partir de la “cuenca hidrográfica de los ríos”, sus amplias prerrogativas —desde el agua hasta los bosques, pasando por el aire, los suelos y la salud medioambiental— y su posible poder normativo, suponen un paso considerable en el camino hacia la descentralización. “El cambio climático abre una era totalmente nueva para la civilización humana”, argumentó Mélenchon, prometiendo en consecuencia “cambiar la naturaleza del Estado”.

La esperada adhesión de los Ecologistas a su campaña podría suponer un hito importante en la batalla por el liderazgo de la izquierda. Los discursos de LFI intentan ya imponer en el panorama político el relato de un duelo entre la izquierda rupturista y la extrema derecha, reduciendo a los sucesores de Emmanuel Macron y a los últimos socialdemócratas al papel de árbitros, cuando no de meros figurantes.

“Francia, entre la espada y la pared, en cada colegio electoral, en cada conciencia, hará Historia, la gran Historia”, predijo Jean-Luc Mélenchon al concluir su intervención. “¿Qué principio de acción la impulsará? ¿Cada uno por su cuenta o todos juntos? ¿El supremacismo racista o el colectivismo? Respondamos a la llamada de esta gran lucha.”

Traducción de Miguel López

“Mucha gente se pregunta: ¿por qué Lula quiere otro mandato más? Pues os lo voy a decir: ¡mientras siga vivo, no voy a dejar de luchar!”, afirma el presidente en ejercicio, de pie en medio de una multitud congregada en el estadio de São Bernardo do Campo, en el corazón del antiguo triángulo industrial paulista.

Tras una infancia marcada por la miseria en el noreste del país, Lula creció aquí. Aunque en una época se desinteresó por la política, luego se sumergió en ella para el resto de su vida. Bajo un sol abrasador, repasa sus años de juventud, rinde homenaje a los compañeros y compañeras asesinados y recuerda sus políticas pasadas.

Cinco décadas antes, siendo un joven sindicalista encaramado a una mesa, arengaba en este mismo estadio a los huelguistas sublevados contra la dictadura militar. La escena, inmortalizada en una foto icónica, marcó el inicio de su lento ascenso al poder. Al lanzar aquí su última campaña, Lula quiere recordar este legado a los votantes: “Debo evitar exponer mi cabeza al sol por motivos de salud, pero quiero quitarme el sombrero ante vosotros, que me acompañáis desde hace tanto tiempo.”

Bajo ese sombrero que no se quita desde que padeció un cáncer de piel, su cabello canoso se ha vuelto más escaso, mientras que su voz ya no tiene el alcance de antaño. Da igual, el viaje al pasado cautiva a Reinaldo, presente en la asamblea de los huelguistas. “Había más barro, menos estructura, pero la lucha continúa hoy. Tras todos los retrocesos, hace falta un cuarto mandato. No pensaba que tuviera que volver a votar por él, pero es el único que queda en la izquierda.”

Sus planes para el futuro quedan un poco relegados a la nostalgia, pero Lula esboza de todos modos un programa, en el que aboga por invertir en educación, en la explotación de las tierras raras y en la lucha contra la inseguridad. Insiste en este último tema, esencial para intentar recuperar terreno frente a la extrema derecha. Pero, como es habitual en él, enseguida abandona el teleprompter y se va por las ramas para deleite de los militantes del Partido de los Trabajadores (PT), que han venido desde lejos para el acto.

El partido ha dado la voz de reunión; se trata de mostrar fuerza en este inicio de campaña. “Hay que motivar a los nuestros, queremos al Lula luchador, no la versión peace and love; va a ser una campaña en la calle, dice entusiasmado Igor, un antiguo afiliado siempre dispuesto a plantar cara. “Solo hay que reorientar el discurso para unir fuerzas en la segunda vuelta.” En estas elecciones que se anuncian reñidas, volver a movilizar a su base también permitiría al partido reducir la abstención, tradicionalmente más alta entre los seguidores de Lula.

A sus 80 años, Lula quiere, en cualquier caso, demostrar que aún sabe luchar. Enérgico en el escenario, dramatiza y domina el espacio. Sabe que su actuación es objeto de un minucioso examen. Desde hace varios meses, su equipo hace todo lo posible para evitar que su edad sea un tema de debate, temiendo el “efecto Biden” y multiplicando los vídeos en los que aparece haciendo deporte para contrarrestarlo. “Es su último baile, está al final de su carrera, pero sigue estando en muy buena forma”, dice admirado Berenildo, venido desde São Paulo.

Pero el desgaste del poder es evidente, y el cansancio de verle participar en su séptima campaña presidencial afecta a una parte del país. El antipetismo, ese sentimiento de rechazo hacia el PT que nació al mismo tiempo que su partido, ha crecido a raíz de diversas crisis, pasando de las élites a contagiar a una parte importante de la sociedad.

“Es un odio auténtico, un sentimiento visceral; detestan a este Gobierno, haga lo que haga”, resume Francisco Fonseca, profesor de la PUC (Universidad Pontificia Católica) y de la FGV (Fundación Getulio Vargas) de São Paulo. Más allá de ese electorado irrecuperable, el tercer mandato de Lula no ha entusiasmado a nadie y está lejos de los picos de popularidad alcanzados en el pasado.

“En 2022, los innumerables errores de Jair Bolsonaro [el expresidente de extrema derecha, condenado por intento de golpe de Estado —ndr] le permitieron conquistar la mayoría de un electorado que, sin embargo, se había desplazado en gran medida hacia la derecha desde 2018”, analiza Creomar De Souza, director de Dharma Politics. “Ahora que lleva cuatro años en el poder, se le juzgará por su mandato. Tiene cosas que demostrar, pero hay una desilusión generalizada en el país.”

Estos cuatro años han estado marcados por algunos escándalos de corrupción —su hijo, en particular, es sospechoso de tráfico de influencias—, tensiones con un Congreso cada vez más voraz, ávido de desmantelar la legislación medioambiental, y luchas en el seno de su Gobierno.

Lula también ha cometido errores estratégicos, como un impuesto muy impopular sobre las importaciones de productos de bajo precio, mientras que el endeudamiento crónico de los hogares ha obstaculizado uno de los pilares de su modelo de desarrollo, que apuesta por el acceso al crédito de los más pobres para que participen en la sociedad de consumo. No obstante, se ha puesto en marcha un programa específico de renegociación de la deuda que podría servir para recuperar a algunas de las personas decepcionadas.

Aunque tiene un talento natural para comunicarse con las clases populares, Lula está, a pesar de todo, cada vez más desfasado, sobre todo en lo que respecta a las redes sociales y a los cambios en el mundo laboral, reconoce Vivianne, presente en el estadio: “La izquierda va muy a la zaga en Internet. Seguimos contando con la movilización en las calles y con los jóvenes en las universidades. Pero tenemos en frente a una extrema derecha que propone un modelo que seduce a muchos jóvenes de los barrios populares.”

Entre el fuerte rechazo hacia Lula y el que se siente hacia el clan Bolsonaro, un pequeño porcentaje de indecisos va a decidir el resultado de estas elecciones. Desde este punto de vista, la campaña descontrolada de su adversario favorece al presidente saliente. “La mejor forma de ganarse a los indecisos es hacer lo menos posible y dejar que a Flávio Bolsonaro se le crucen los cables”, opina Creomar De Souza.

El equipo de campaña del PT ha anunciado, además, una agenda por el momento mucho menos cargada que en 2022. Sin haber perdido a los evangélicos, fieles seguidores de Jair, los deslices del hijo han enfriado su entusiasmo y sus líderes, muy atentos a su base, están mucho menos comprometidos con el clan. Aunque Lula no supo acercarse a ellos durante su mandato, puede esperar beneficiarse de estos vínculos ahora más distendidos.

Pero el candidato del PT tampoco está a salvo de meteduras de pata. También tendrá que resistir las ofensivas del bando contrario, que podrían reavivar el pánico moral avivado por el padre de Bolsonaro. La extrema derecha, partidaria de las noticias falsas, ahora potenciadas por la IA, que ya ponen en duda la legitimidad de las futuras elecciones, sigue siendo dominante y pionera en el ámbito digital, y podría exacerbar las tensiones o incluso fomentar nuevos actos de violencia.

En la escena política, Lula sigue defendiendo sus argumentos. Ha sabido enderezar el rumbo del país tras los desvaríos golpistas de los años bolsonaristas, ha frenado la deforestación en la Amazonía, no tiene nada de qué avergonzarse en su balance económico y cuenta con algunas reformas en su haber, entre ellas una rebaja de impuestos para las clases medias. Sin embargo, carece de un mensaje lo suficientemente contundente para impulsar su campaña, sin tener que recurrir constantemente a su mejor baza: la exaltación de sus mandatos anteriores.

La aparente reconciliación con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y la aprobación en mayo en la Cámara de Diputados de una reforma histórica para la reducción de la jornada laboral, podrían ayudarle a poner de relieve un proyecto muy popular, mucho más allá de su base. Sobre todo, el acercamiento de este líder político y varios de sus colegas envía una señal clara: para los expertos en política, aunque la campaña se perfila muy reñida, Lula sigue siendo el favorito.

Con siete partidos en su coalición, frente a los diez de 2022, ha sabido unir a toda la izquierda frente a una derecha muy dividida, y es el único que cuenta con un vicepresidente, Geraldo Alckmin, procedente de otro movimiento político. De este modo, disfruta de un mayor tiempo de propaganda televisiva que sus adversarios, una baza importante para llegar a los votantes menos interesados.

A pesar de todo, el hombre ha cambiado desde la década de 2000: más aislado, menos afable; Creomar De Souza ha percibido en él “un cambio tras su encarcelamiento. Se muestra mucho menos dispuesto a confiar en los demás y mucho menos abierto a un diálogo amplio”. Sus asesores más cercanos se cuentan con los dedos de una mano. Y dos de ellos han tenido que distanciarse recientemente, a raíz de las sospechas sobre su implicación en varios casos.

La sombra de Donald Trump, con sus sospechas de injerencia, también se cierne sobre estas elecciones, mientras el jefe de Estado del gigante sudamericano dirige uno de los últimos gobiernos progresistas de la región. La negativa brasileña a conceder visados a dos miembros del Departamento de Estado estadounidense, sospechosos de venir a preparar un expediente acusatorio contra el sistema electoral brasileño, las tensiones en torno al reciente nombramiento de un embajador del mundo MAGA y la imposición de aranceles aduaneros han exacerbado las tensiones.

Según Francisco Fonseca, “Lula está logrando, por el momento, sacar partido de estas presiones, denunciando las incursiones del clan Bolsonaro en el bando trumpista. La defensa de la soberanía es un eje importante de su estrategia”. En un país donde los presidentes salientes suelen tener ventajas, el PT, creado para conquistar la presidencia, cuenta, por última vez, con su figura tutelar e indestronable para alzarse con la victoria.

Traducción de Miguel López

En este verano de 2026, el panorama político de América Latina ha adquirido un matiz aún más azul —si consideramos que ese es el color de los conservadores—, con la toma de posesión de dos presidentes de extrema derecha: Keiko Fujimori en Perú el 28 de julio y, diez días después en Colombia, Abelardo de la Espriella, un abogado sin experiencia en política, apodado 'El Tigre'.

La ceremonia de toma de posesión del colombiano, celebrada el viernes 7 de agosto en Cali, puso de manifiesto hasta qué punto responde al estilo trumpista, tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma, exhibe una imagen y un estilo caracterizados por la exuberancia, el mal gusto y el espectáculo. En cuanto al fondo, reproduce —adaptándolo a las condiciones locales— un modelo estadounidense que propicia el triunfo de un nacionalismo cristiano abiertamente hostil a los derechos universales y al multilateralismo.

Abelardo de la Espriella, recién convertido al catolicismo, reúne a su alrededor a católicos conservadores y a evangélicos. Se trata de la misma coalición que, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe (jefe de Estado de 2002 a 2010), había propiciado el rechazo del referéndum sobre los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el argumento de que defendían una “ideología de género”, una terminología conservadora para referirse a los estudios de género.

Incluso antes de tomar posesión de su cargo, De la Espriella invitó a los miembros de su futuro Gobierno a un “retiro espiritual” a las afueras de la ciudad de Barranquilla, en la costa del Caribe, donde se encuentra su gabinete y donde tiene previsto instalarse para gobernar.

Abelardo de la Espriella y sus ministros rezaron mucho, vieron escenas de la vida de Jesús recreadas mediante inteligencia artificial y escucharon a un sacerdote y a un pastor. Se repartieron Biblias. “Para construir una gran nación, hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, declaró el presidente electo, de 48 años, al final de la jornada, a pesar de que Colombia es un Estado laico. La Constitución de 1991 derogó la de 1886, que establecía el catolicismo como religión de Estado, en favor de una separación oficial entre Iglesia y Estado.

Para dejar bien clara su voluntad de ruptura, De la Espriella organizó su toma de posesión fuera de la capital, Bogotá, un bastión tradicional de la izquierda. Así pues, fue en Cali, en el suroeste, donde convocó al Congreso y recibió a invitados de todo el mundo, entre los que se encontraban el rey Felipe VI de España y el representante de Trump, el fiscal general Todd Blanche.

Allí se pudo ver a las figuras latinoamericanas de esta ola reaccionaria: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, el hondureño Nasry Asfura y el paraguayo Santiago Peña. Una ausencia destacada fue la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, una de las fuentes de inspiración de la Espriella, quien envió a su número dos, Félix Ulloa, que explicó a los medios colombianos que “el presidente Bukele viaja muy poco porque está centrado en los asuntos internos de El Salvador”.

Pero, aunque Bukele no estuviera presente, su influencia no por ello es menos real. De la Espriella ha hecho suyo el discurso de seguridad del “caudillo” salvadoreño. Dice que quiere construir “megacárceles”, diez en total, para luchar contra los “bandidos”, precisamente cuando, el domingo 9 de agosto, recomenzaron los enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas disidentes de las FARC, especialmente en el Cauca, cerca de Cali.

Cuenta con el apoyo militar de Estados Unidos, aliado tradicional de Colombia, y de Israel, país con el que ha restablecido las relaciones diplomáticas, que habían sido rotas por su predecesor de izquierdas Gustavo Petro tras la ofensiva militar israelí en Gaza.

El proyecto inicial de Abelardo de la Espriella para su ceremonia de investidura consistía precisamente en prestar juramento en un cuartel, con el fin de mostrar su voluntad de restablecer el orden en un país devastado por la violencia de los grupos guerrilleros y paramilitares, en un contexto de narcotráfico. Pero Gustavo Petro, que en ese momento aún era comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se opuso a ello.

Abelardo de la Espriella logró eludir esta prohibición e impuso en el último momento al programa previsto una secuencia de “invocaciones y alabanzas”, que situó justo después de la entrega de la banda presidencial por parte del presidente del Congreso. Apagaron las luces para dar paso a ese momento de fe extrema, marcado por la intervención de un rabino, un pastor y un obispo. Abelardo de la Espriella aprovechó para retirarse y dirigirse a los militares para pronunciar su discurso. Una intervención culminada con un “¡Viva Cristo Rey!”.

Abelardo de la Espriella también podría haber alabado en su discurso al “rey Trump”, pues su llegada al poder coincide, de hecho, con la voluntad de Washington de recuperar el control del subcontinente. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reactivado la “doctrina Monroe” y ha dejado clara su voluntad de controlar el “patio trasero” latinoamericano, ya sea a través de aliados como De la Espriella o imponiendo su voluntad a gobiernos hostiles.

Esto se ha podido observar de forma espectacular en Venezuela desde principios de año. Desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Nueva York, acusado de tráfico de drogas, se ha establecido un “protectorado”. Gracias a la ayuda de la presidenta Delcy Rodríguez, Washington gestiona el petróleo, las finanzas y el comercio exterior. Una especie de “Maga-chavismo” totalmente sorprendente.

“Es una auténtica novedad político-militar que, sin embargo, no deja de suscitar interrogantes sobre la nueva política económica de apertura, la dinámica de un Gobierno tutelado, el papel de las Fuerzas Armadas y del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), así como el de la boliburguesía [burguesía bolivariana, los que se han enriquecido con el régimen chavista —ndr]. Un equilibrio manifiestamente inestable e incierto”, escribía en marzo en la web Nueva Sociedad el economista venezolano Manuel Sutherland.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, descendiente de una familia cubana e hispanohablante, es la pieza clave de la estrategia de Trump en el subcontinente. El presidente incluso había sugerido a principios de año que podría enviarlo a Caracas para gobernar el país. Su entorno había aclarado de inmediato que se trataba de una broma. Pero, de facto, tal y como ha destacado el New York Times, el secretario de Estado ya gobierna Venezuela desde Washington.

Para el “virrey” Rubio, sin embargo, el panorama no estará completo si Cuba no sigue el mismo destino. Evidentemente, por razones personales, ya que su familia es originaria de la isla, pero también para vengarse de la afrenta que supuso la victoria de la revolución castrista en enero de 1959. Para ello, a Washington le gustaría replicar la experiencia venezolana, pero eso no parece tan sencillo.

El viernes 7 de agosto, el New York Times señalaba la dificultad que tiene la administración de Trump para encontrar, dentro del poder cubano, líderes tan conciliadores como Delcy Rodríguez. La situación, añadía el diario, se asemeja más a la de Irán, donde quienes podrían sustituir a los actuales dirigentes no se caracterizan precisamente por su voluntad de conciliación.

El NYT reveló que la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, había creado un grupo de trabajo dedicado a Cuba, “una señal de que la Administración Trump ha puesto en marcha medidas destinadas a llevar a cabo una campaña de presión más concertada contra el Gobierno cubano con el fin de obligarlo a realizar los cambios exigidos por el presidente Trump”.

Dado que las negociaciones celebradas entre febrero y mayo no dieron ningún fruto, Estados Unidos intensificó su presión, además del bloqueo impuesto a la isla, sobre los suministros de petróleo. Impusieron sanciones a Gaesa, un consorcio controlado por los militares. Creado en la década de 1990, sus actividades abarcan el turismo, las importaciones, las telecomunicaciones y las zonas francas. Raúl Castro, de 95 años, hermano de Fidel Castro (1926-2016), quien dirigió Cuba hasta 2018, fue imputado en mayo por un tribunal de Miami.

Los únicos países que se resisten a este torbellino reaccionario y que no están incluidos en la recién creada coalición de Trump, The Shields of the Americas (El Escudo de las Américas), son México, Uruguay y Brasil. En este último se celebrarán elecciones en octubre de este año. Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño saliente y candidato a la reelección, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.

Pero el apoyo de Trump, a quien Flávio Bolsonaro visitó en junio, podría resultar contraproducente debido a los nuevos aranceles estadounidenses anunciados en julio y a las amenazas de Washington contra el popular método de pago Pix (que elude los sistemas Visa y Mastercard). Si, a sus 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a ganar, Brasil seguirá siendo un punto rojo rodeado de azul en el mapa del subcontinente.

Traducción de Miguel López

Ahora, como candidata oficial de RN, la heredera del fundador del Frente Nacional aspira a ocupar el cargo más alto del Estado solicitando el voto de aquellas y aquellos a quienes ha engañado.

Con el corte de mangas que puede dedicar a la justicia desde que el tribunal de apelación ha levantado de facto la pena de inelegibilidad a la que la había condenado el tribunal correccional el 31 de marzo de 2025, Marine Le Pen muestra su verdadero rostro, que años de estrategia de “normalización” nunca han logrado ocultar: el de una política sin escrúpulos ni principios, dispuesta, al estilo trumpiano, a instrumentalizar el Estado de derecho con fines personales para imponerse al frente del Estado, garantizándose al mismo tiempo su impunidad.

Al recurrir en casación ejerce, sin duda, un derecho legítimo al agotar las vías de recurso a su disposición. Pero, a diferencia de cualquier otro justiciable, se aprovecha de su condición de candidata presidencial, algo que la justicia ya ha tenido en cuenta al acelerar el calendario judicial y, en el caso del Tribunal de Apelación, al redactar una resolución a medida.

“No estoy jugando contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, declaró Marine Le Pen el 8 de julio en La Flèche (Sarthe). En realidad, la justicia se ha plegado a sus ambiciones. Mientras que el tribunal correccional había declarado, en primera instancia, su inelegibilidad para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de sus actos, así como de los de su partido, el tribunal de apelación afirmó, por el contrario, querer respetar “la libertad de elección del elector, condición para la expresión del sufragio universal», a pesar de lo que se le puede reprochar.

Al negarse a reconocer la gravedad de los hechos, Marine Le Pen, con el fin de retrasar al máximo la ejecución de su condena y, en última instancia, alcanzar la “inmunidad” del Elíseo, le echa un pulso a la justicia, a riesgo de presionar las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales.

La líder de la extrema derecha quiere, de hecho, hacer todo lo posible para impedir que su destino judicial quede definitivamente sellado antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 2 de mayo de 2027. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, insistió en TF1 el 7 de julio.

Tras haber tratado de acelerar el ritmo del proceso judicial, su partido pretende ahora ralentizarlo. Para ello, en una especie de maniobra obstruccionista, sus abogados pueden presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC) y multiplicar las solicitudes en el marco del recurso de casación. En el caso de que el Tribunal de Casación anule la sentencia del Tribunal de Apelación, el caso de los asistentes parlamentarios europeos de RN podría ser juzgado de nuevo por otro tribunal, lo que le permitiría, una vez más, ganar tiempo.

En caso de desestimación del recurso o de los recursos, se aplicaría la sentencia del tribunal de apelación y la candidata podría, en teoría, verse obligada a llevar una pulsera electrónica, lo que limitaría sus desplazamientos. Pero sus abogados podrían entonces intentar negociar una modificación del arresto domiciliario con el juez de ejecución de penas.

En cualquier caso, la candidata de RN está decidida a ignorar cualquier principio de precaución, renegando de sus declaraciones de probidad, al presentarse a las elecciones presidenciales como condenada o en espera de una sentencia definitiva. Cabe recordar que el recurso de casación no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos.

De esta manera, Marine Le Pen toma como rehén al calendario judicial y la campaña electoral, vinculándolos a su destino personal, lo mismo que hace en la materia la internacional de extrema derecha, desde Donald Trump hasta Benyamin Netanyahu, por citar solo a algunos.

En una entrevista por vídeo concedida recientemente a Mediapart, el magistrado siciliano Roberto Scarpinato, figura destacada en la lucha contra la corrupción y actualmente senador de la República Italiana, alertaba sobre la “mafiosización del mundo”, subrayando que “el método mafioso no se reduce simplemente a una realidad criminal, sino que constituye también una antigua forma de ejercer el poder, recurriendo a una mezcla letal de poder legal e ilegal”.

El maltrato al Estado de derecho se traduce, de manera igualmente determinante, en la poca importancia que Marine Le Pen concede a una posible condena firme, incluso antes de las elecciones. Al enfrentar a los magistrados con el pueblo, afirma que los “franceses” serían entonces los únicos “jueces”. Del pueblo a la propia candidata solo hay un paso, que su entorno se encarga de dar. “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como declaró su fiel partidario Jean-Philippe Tanguy, diputado por la Somme, en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

Hay que comprender lo que está en juego tras este giro: la destrucción, una tras otra, de las instituciones de control que se supone que protegen a los ciudadanos de un poder autoritario.

Con motivo de unas elecciones presidenciales que ahora se han convertido en un referéndum “a favor de la pulsera electrónica o a favor de la inmunidad de Marine Le Pen”, los votantes tienen todo el derecho a preguntarse qué uso haría de las instituciones una candidata que, una vez en el Elíseo, podría verse tentada a autoamnistiar sus delitos.

Las advertencias recogidas en la sentencia del tribunal correccional parecen ya lejanas. Para justificar la condena, la presidenta Bénédicte de Perthuis había criticado duramente “la elusión de la democracia respecto a los electores y al Parlamento Europeo” que suponía el sistema de puestos de trabajo ficticios, antes de recordar que la pena de inelegibilidad —aprobada inicialmente por los representantes de la nación— “tiene por objeto imponerse cuando los políticos se vuelven culpables de atentados contra la probidad” y comprometen “las reglas del juego democrático”.

En cuanto a la ejecución provisional de la pena, la magistrada había considerado que “la propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida equivale a solicitar un privilegio o una inmunidad” para los candidatos. Le había llamado la atención que algunos acusados tuvieran “una construcción narrativa de la verdad” y había mencionado el “grave trastorno del orden público” que supondría la candidatura a las presidenciales o la elección de una persona condenada a una pena de inelegibilidad sin ejecución provisional.

Ante el riesgo de que una delincuente sea elegida presidenta de la República, la escasa reacción, incluso desde la izquierda, que ha suscitado la respuesta de la candidata de RN confirma la trágica ausencia de debate político sobre los atentados contra la probidad y los peligros que suponen para nuestra democracia.

Corresponde, por tanto, a la sociedad civil movilizarse para defender sus intereses, mediante artículos de opinión, caceroladas y otras formas de protesta por inventar, ya que, como cuerpo social, es la principal víctima de las agresiones infligidas al Estado de derecho.

“Todo se desmorona. El centro no puede aguantar. […] Los mejores ya no creen en nada, los peores se hinchan con el ardor de las bajas pasiones”. Hay que (re)leer estos versos del poeta irlandés William Butler Yeats para no caer en la resignación, luchar contra el agotamiento de la imaginación y mostrar vigilancia política.

Y también esta obra de teatro de Bertolt Brecht, El ascendente insuperable de Arturo Ui, para fomentar la acción colectiva:

“Pero, vosotros, levantad la vista, dejad de cotorrear / Aprended, pues, a ver, y actuad. / ¿El mundo gobernado por esta podredumbre? / Los pueblos lo han sometido pero, cuidado: / no os regocijéis demasiado pronto, la victoria no está asegurada — / ¡porque este caldo de cultivo putrefacto sigue siendo fértil!”.

El inquietante efecto de repetición que crea este texto de 1941 nos recuerda que es urgente no permitir que se privatice la campaña presidencial. Esa es la técnica de los poderes iliberales: ahogar a los ciudadanos en interminables procedimientos judiciales para sacar del debate público las cuestiones relacionadas con sus condiciones de vida. No bastará con contrarrestar la narrativa de la extrema derecha. Se espera que los candidatos y candidatas al Elíseo se pronuncien sobre la emergencia climática, la discriminación y el racismo, las desigualdades sociales, el Estado redistributivo, el acceso a la vivienda y a la sanidad o incluso la fiscalidad de los ricos.

A esta lista incompleta hay que añadir necesariamente la exigencia de probidad de elegidos y gobernantes, ya que es un requisito previo para que la población confíe en quienes toman decisiones en su nombre.

Traducción de Miguel López

A la cuarta ha sido la vencida. Tras quedarse a las puertas del poder en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori ha sido finalmente elegida presidenta de Perú. La población peruana ha tenido que esperar tres semanas tras la votación para conocer los resultados oficiales. Según estos, Fujimori se impone finalmente con un 50,13 % frente al 49,86 % del candidato de izquierdas Roberto Sánchez, lo que supone una diferencia de solo 50.000 votos de un total de casi 20 millones de votantes.

La larga espera para conocer los resultados se ha convertido en norma en el país andino. En la primera vuelta del 12 de abril, cuyos resultados no se proclamaron hasta más de cinco semanas después, el recuento ya había sumido a Perú en la incertidumbre.

Keiko Fujimori ha ganado por un estrecho margen como la candidata de la continuidad y el orden en un país fracturado por una profunda desconfianza, en el que se han sucedido ocho presidentes en una década y donde la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la población.

Frente a ella, el candidato de izquierdas Roberto Sánchez se presentaba como heredero del maestro Pedro Castillo —elegido en 2021, destituido en 2022 y actualmente en prisión— y abogaba por una ruptura con el modelo económico liberal vigente desde la década de 1990. Falló por poco y ha dado a entender que no reconocerá los resultados.

Keiko Fujimori, licenciada en Administración en Estados Unidos, creció entre los bastidores del poder, asumiendo el papel de “primera dama” a los 19 años tras el divorcio de sus padres. De hecho, tanto para sus partidarios como para sus detractores, Fujimori sigue siendo inseparable de la figura de su padre.

Alberto Fujimori (1938-2024), presidente entre 1990 y 2000, es considerado por algunos sectores de la población como un héroe que derrotó a las guerrillas, controló la hiperinflación de los años noventa y modernizó el país. Otros, en cambio, recuerdan sobre todo sus condenas a ocho y veinticinco años de prisión, respectivamente por corrupción y crímenes contra la humanidad. Este controvertido legado le garantizaba, al mismo tiempo, una base electoral sólida y un profundo rechazo por parte de una parte del electorado.

“Estoy tan triste y decepcionada”, nos dice por teléfono Carolina Salazar, una joven activista de izquierdas. “Si los peruanos quieren esto, es la democracia, tendré que aceptarlo, pero me dan miedo estos cinco años que vienen y que ella se mantenga en el poder cada vez más tiempo.”

Su madre, que se llama igual, reacciona de forma opuesta: “Estoy muy contenta, por fin nos vamos a librar de los matones que siembran el terror. Mi hija no lo entiende, pero para mí, Fujimori es sinónimo de prosperidad y paz.” José Ángel, taxista de Lima, opina lo mismo: “Gracias a él hay tantos coches en Perú, nos hemos desarrollado, y estoy seguro de que Keiko hará lo mismo.”

En el sur andino, la victoria de Fujimori se siente de una manera especialmente dolorosa. Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, en la región de Puno —que agrupa a las familias de los manifestantes asesinados durante las protestas de 2023—, espera, junto con otros, poder impugnar lo que él califica como “unas elecciones robadas”. Se muestra consternado: “Keiko era lo peor que nos podía pasar.”

Para el politólogo Franck Renato, la llegada de Fujimori al poder puede interpretarse como “la consolidación electoral de una organización política que ha mantenido una presencia competitiva durante más de tres décadas”. De hecho, Fujimori fue diputada entre 2006 y 2010, y su partido, Fuerza Popular, siempre ha mantenido una fuerte presencia parlamentaria desde su creación en 2011.

Ideológicamente, esta victoria también marca el regreso del fujimorismo a las riendas del país, con especial énfasis en la cuestión de la seguridad. “Durante la campaña electoral, mantuvo un discurso típico, basado en el orden y los servicios sociales”, observa el politólogo Eduardo Dargent. Ella “se ha convertido en la candidata de la continuidad económica que tranquiliza al sector empresarial, sobre todo en la capital”, añade.

La nueva presidenta gobernará ante un Parlamento que ha vuelto a ser bicameral después de treinta años. Esto le permitirá evitar los enfrentamientos institucionales entre el Ejecutivo y el Parlamento, que han sido habituales durante la última década. Keiko Fujimori puede contar con 41 diputados y diputadas (de un total de 130) en la cámara baja y con 22 senadores y senadoras (de un total de 60) en la cámara alta. Al no disponer de mayoría absoluta, necesitará el apoyo de otras fuerzas políticas para gobernar.

Los retos son considerables: inseguridad, pobreza, conflictos sociales relacionados con la industria minera y los hidrocarburos, o incluso el anuncio de la llegada a la costa peruana de un episodio de El Niño especialmente intenso. La nueva presidenta tomará posesión de su cargo el 28 de julio, día de la fiesta nacional.

Traducción de Miguel López

El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella ha confirmado el impulso que le había situado hace tres semanas como ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, al imponerse en la segunda vuelta, celebrada el domingo 21 de junio, frente a su rival de izquierda, Iván Cepeda, con una ventaja de unos 250.000 votos (el 49,7% de los votos frente al 48,7%). “Es el comienzo de una nueva historia para la nación, de una nueva era”, declaró el abogado de 47 años en Barranquilla, en la costa caribeña de este país sudamericano, tras unos cristales antibalas y ante miles de sus seguidores.

Siguiendo los pasos de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y José Antonio Kast en Chile, Abelardo de la Espriella, apodado “El Tigre”, ha ganado apoyándose en un discurso antisistema, ultrapolicial y religioso en un país profundamente dividido y asolado por la violencia. El domingo por la noche, Abelardo de la Espriella, todavía vestido con la camiseta de la selección nacional masculina de fútbol, lanzó, sin embargo, un llamamiento a la unidad nacional.

“No habrá vencedores ni vencidos, no habrá represalias ni persecuciones. Voy a gobernar para todos los colombianos”, afirmó, prometiendo “una Colombia de todos para todos”.

No obstante, dirigiéndose al presidente saliente, Gustavo Petro —quien ha puesto en duda los resultados a la espera de las cifras definitivas— y a Iván Cepeda, les instó a reconocer su victoria y a no provocar un “incendio social”. “El Tigre puede morder aún más fuerte de lo que lo ha hecho en las urnas”, declaró el presidente electo dirigiéndose a su adversario derrotado.

También prometió perseguir “sin tregua a los delincuentes, en el marco de la Constitución y las leyes de la República”. “Ninguna organización estará por encima de la Constitución y la ley”, subrayó. “A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionadores, a los corruptos que desvían los recursos del pueblo, les anuncio esta noche que Colombia vuelve a tener un Gobierno y un Estado”.

Iván Cepeda, que no ha podido remontar su desventaja a pesar de la movilización de su bando, ha declarado que solo reconocerá los resultados del recuento oficial. Ha anunciado que su equipo impugnará los resultados de 33.000 mesas electorales de todo el país. “Consideramos que el recuento preliminar realizado esta noche es un dato no oficial. […] Una vez que se haya proclamado el resultado final del recuento y se hayan llevado a cabo las verificaciones necesarias, reconoceremos el resultado oficial de este proceso”, declaró el candidato ante sus seguidores reunidos en Bogotá.

Gustavo Petro ha pedido calma a sus seguidores tras los incidentes ocurridos en Cali. Iván Cepeda había esperado ocho días para aceptar los resultados de la primera vuelta, en los que la extrema derecha ya había quedado en cabeza.

En su discurso, el senador de izquierdas, de 63 años, no mencionó en ningún momento a Abelardo de la Espriella, a quien había acusado en las últimas semanas de tener vínculos con los paramilitares. Afirmó estar orgulloso de “no haber recurrido a un gobierno extranjero para que se entrometiera políticamente en nuestras elecciones”. “No hemos caído en la política del espectáculo. Hemos salido a la calle para llamar al pueblo colombiano a la movilización política”, prosiguió.

El candidato de izquierdas advirtió al futuro presidente de que su bando defendería los “logros sociales” del Gobierno de Gustavo Petro. “No daremos marcha atrás en materia de derechos”, afirmó, aunque explicó que está dispuesto al “diálogo y la concertación, siempre que sean auténticos y respetuosos y se traduzcan en actos políticos”.

Los resultados de la segunda vuelta, marcada por una participación récord (el 63,6%, es decir, 26,3 millones de votantes), han confirmado la polarización entre una izquierda en el poder y una alianza de la derecha y la extrema derecha. Estos resultados dibujan un panorama electoral similar al que se dio en el referéndum de 2016 sobre el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia): las regiones costeras y fronterizas se decantaron por el candidato de izquierdas, mientras que el centro andino y el este lo hicieron por De la Espriella.

El domingo por la noche, al referirse a la política internacional, Abelardo de la Espriella aseguró que, bajo su presidencia, a partir del 7 de agosto, Colombia será “un socio serio” y que va a “recuperar su lugar entre las naciones libres”. Se asegurará sobre todo un lugar en el seno de la internacional reaccionaria bajo la égida de Donald Trump, quien le llamó para felicitarle.

En la red social X, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se mostró encantado con una futura colaboración “en materia de seguridad” para, en particular, “poner fin a la inmigración clandestina hacia Estados Unidos”. “Los mejores días de Colombia aún están por llegar”, escribió. Pero no es seguro que esta profecía se cumpla.

Traducción de Miguel López

Ni siquiera la selección masculina de fútbol, objeto de un gran fervor popular en Colombia —se habla incluso de “fiebre amarilla”, por el color de la camiseta—, escapa a las polémicas de una agresiva campaña de segunda vuelta.

El lunes 1 de junio, al término del último partido amistoso en Bogotá antes del Mundial (ganó por 3-1 a Costa Rica), el autobús del equipo fue rodeado por un grupo de seguidores del candidato de izquierda, Iván Cepeda. Se colocó en el parabrisas un cartel con su retrato y el de su compañera de fórmula, la líder indígena Aida Quilcué, y pegatinas en los laterales. Todo ello en un ambiente festivo.

Unas horas antes, durante su primera rueda de prensa tras los resultados de la primera vuelta del domingo, donde quedó en segunda posición, Iván Cepeda había denunciado que su rival de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, se había apropiado de la camiseta amarilla de la selección nacional.

En sus mítines, el candidato de extrema derecha ha lucido sistemáticamente la camiseta, inspirándose en Jair Bolsonaro, presidente de Brasil de 2019 a 2023, quien había convertido la camiseta de la Seleção en emblema de su partido. El día de las elecciones, el domingo 31 de mayo, el abogado había pedido a quienes fueran a votar por él que acudieran a los colegios electorales vestidos completamente de amarillo.

La particularidad de Colombia es que las elecciones presidenciales se celebran, cada cuatro años, coincidiendo con la Copa del Mundo masculina de fútbol, lo que hace que, en caso de segunda vuelta, la fiebre política coincida con la del balón. Pero si la primera es fuente de divisiones en un país devastado por conflictos armados desde hace cincuenta años, la segunda llama a la unión nacional. Esa es la paradoja colombiana.

Hace cuatro años, cuando la izquierda ganó por primera vez, Colombia no se había clasificado para el Mundial, organizado en Catar. Esta vez, Abelardo de la Espriella, que nunca ha sido aficionado al fútbol, ha sabido captar este símbolo en el momento en que la selección nacional se ha clasificado y jugará su primer partido contra Uzbekistán el 18 de junio, tres días antes de una segunda vuelta decisiva.

“El señor de la Espriella tiene la costumbre de robar”, criticó Iván Cepeda el lunes 1 de junio. “Hoy roba la camiseta de la selección colombiana.” “La selección pertenece a todos”, añadió, lamentando la actitud de la Federación Colombiana de Fútbol, a la que había recurrido para posibles acciones legales.

La organización ha declarado, en un comunicado, que no tiene la “facultad legal”, “en eventos o litigios no comerciales”, “para restringir el uso de una prenda que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede comprar libremente en los distribuidores autorizados”. Sin embargo, explicó que había hecho llamamientos en las redes sociales para que la camiseta no se utilizara “con fines distintos a los deportivos”. “La selección colombiana es un símbolo de unidad. La campaña electoral no debe convertirla en un pretexto o en un nuevo elemento de confrontación política”, escribió.

Todo es polémico en esta campaña, marcada por la agresividad entre dos candidatos con proyectos y personalidades radicalmente opuestos. Cada uno estigmatiza al otro. En los discursos, al “miedo al rojo” responde el “peligro pardo”.

Para Abelardo de la Espriella, que recibió el martes el apoyo "total y completo" de Donald Trump, Iván Cepeda busca imponer una dictadura al estilo venezolano y cubano, al igual que el “tirano” Gustavo Petro, presidente saliente. El candidato de izquierdas, por su parte, alerta sobre la llegada al poder de un “fascismo mafioso”. En este contexto de polarización, incluso la organización de un debate —que no tuvo lugar en la primera vuelta— parece una tarea insuperable.

Tras un rápido llamamiento de Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella a debatir, este último puso como condición que su rival, que había expresado sus dudas, aceptara los resultados de la primera vuelta. El lunes, Iván Cepeda acabó descartando cualquier irregularidad y Abelardo de la Espriella propuso que el duelo se celebrara la semana siguiente, en la sede del semanario Semana, un medio totalmente comprometido con su causa. Una propuesta que Cepeda, lógicamente, rechazó. Encargó a dos de sus allegados que se pusieran en contacto con el equipo de campaña del candidato de extrema derecha para intentar encontrar un terreno de entendimiento.

Ante el riesgo de una victoria de la extrema derecha, Iván Cepeda, cuya campaña en la primera vuelta había sido anémica —leía sus notas durante los mítines—, parece por fin despertar. Tras la primera vuelta, que situó a Abelardo de la Espriella en cabeza, muchos analistas e incluso algunos de sus seguidores criticaron su falta de dinamismo frente a un candidato de extrema derecha que, con su discurso ultrapolicial y demagógico, logró aglutinar a quienes ya no quieren a la izquierda en el poder.

“Iván Cepeda apostó por una campaña de primera vuelta muy austera, casi una anticampaña, a diferencia de Abelardo de la Espriella, que llevó a cabo una campaña muy agresiva y dotada de importantes recursos”, indica a Mediapart Laura Bonilla, del laboratorio de ideas Paz y reconciliación. Para esta analista, han asistido a “una segunda vuelta anticipada”. “Esto está evidentemente ligado al discurso político construido por la oposición, muy centrado en los temas de seguridad. El progresismo y el campo demócrata han tenido dificultades para responder”, añade.

La izquierda en el poder destaca el balance social del Gobierno de Petro, pero el fracaso de la “paz total” promovida por el presidente, con el recrudecimiento de la violencia de los grupos armados y una crisis humanitaria sin precedentes en los últimos diez años, eclipsa estos avances. “No es que no tengan una política de seguridad, pero les ha costado responder, en el plano de la comunicación, a mensajes tan sencillos como los discursos de firmeza de la derecha. Ha habido un enorme déficit de trabajo por parte de la campaña”, cree Laura Bonilla.

Por su parte, la politóloga Isabel Pereira Arana, de la ONG Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales dedicado al fortalecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos en Colombia, subraya que, “al igual que en toda América Latina, existe una enorme preocupación ciudadana en torno a la seguridad, y las fuerzas progresistas aún no han encontrado una respuesta creíble frente al crimen organizado”.

“Por eso el modelo Bukele [presidente de El Salvador – ndr] resulta tan atractivo: la gente está harta de extorsiones, de violencia, de todos esos horrores”, afirma, y considera, “a título personal”, que “la izquierda fracasa cuando responde únicamente con el tema de la pobreza”.

“Sí, la falta de oportunidades facilita el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos criminales”, añade Isabel Pereira. “Pero eso no basta para explicar el crimen organizado, la violencia y la brutalidad que existen en la región. Algunas cosas pueden resolverse con más oportunidades económicas, pero eso lleva tiempo. Y, en un momento dado, el Estado también debe ejercer su legítimo monopolio de la fuerza. Es este dilema de las izquierdas latinoamericanas el que explica en parte por qué los modelos estilo Bukele tienen tanta resonancia entre la población”.

En Instagram, la politóloga Karol Solís Menco recuerda que, aunque Colombia eligió en 2022 su primer gobierno de izquierdas, no se ha convertido en un país mayoritariamente de izquierdas. “Esto es esencial para comprender la situación actual”, afirma. “Existe una Colombia profundamente nostálgica de la política de Uribe, del orden, de la mano dura, del enemigo interno, de la promesa de un salvador, de un gobierno que vuelva a poner orden en casa.”

Y esa Colombia ha encontrado un “candidato más duro, más radical, más intransigente, más extremista”, subraya, que el expresidente, en la persona de Abelardo de la Espriella. “Este es el país que tenemos, dividido, polarizado y emocionalmente receptivo a proyectos cada vez más radicales”, concluye.

Para ganar en la segunda vuelta, tras haber sido superado en casi 700.000 votos por la extrema derecha en la primera, el candidato de la izquierda tendrá, por tanto, que buscar votos mucho más allá de su base electoral. Frente a Abelardo de la Espriella, que se dedica a la escalada permanente, puede proyectar una imagen tranquilizadora para ganarse a quienes han votado a los candidatos de centro.

“Tiene que empezar a hacer concesiones y enviar ciertas señales. Eso le daría a Iván Cepeda una imagen de hombre de Estado, totalmente opuesta a la de De la Espriella”, indica Laura Bonilla. “Puede explotar muy bien esa imagen gracias a su trayectoria, a su vida personal, a su propia austeridad. Es un candidato con mucho potencial. Pero la campaña debe centrarse en él”.

Por su parte, Gustavo Petro sigue denunciando fraudes, a pesar de todas las pruebas y de las declaraciones de organismos oficiales y ONG como Human Rights Watch (HRW) sobre la perfecta organización y la regularidad de las elecciones. Ante los rumores sobre una posible dimisión del presidente para ejercer todo su peso en la campaña de la segunda vuelta —la Constitución prohíbe al jefe de Estado intervenir—, el jefe de gabinete de la presidencia intervino el martes en la red social X para desmentirlos.

El ambiente va a ser volcánico hasta el 21 de junio, y no solo por el fútbol.

Traducción de Miguel López

José Forero es uno de los hinchas más famosos de la selección masculina de fútbol de Colombia. A sus 60 años, este administrador de empresas y contable jubilado confía en que, con figuras como Luis Díaz, delantero del Bayern de Múnich, y su capitán, James Rodríguez, Colombia brille en el Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Vecino de Barranquilla, ciudad natal de Shakira, situada a orillas del río Magdalena y a diez kilómetros del mar Caribe, Forero no pasa desapercibido cuando anima a sus jugadores favoritos. Como en carnaval, uno de los más importantes del país, se disfraza de tigre.

Luce un impresionante tocado de plumas del que emerge la cabeza del animal. El disfraz causa sensación. En 2014, durante el Mundial de Brasil —donde Colombia llegó hasta cuartos de final, tras caer por 2-1 ante la Seleção, su mejor resultado histórico—, protagonizó numerosos reportajes y su imagen dio la vuelta al mundo.

Este año, para su alegría, Colombia también se ha clasificado. Pero él no podrá viajar: todo resulta demasiado caro. Antes de ese torneo que deberá seguir desde el sofá de su casa, Forero ha decidido dedicar toda la energía de su personaje felino a otra cita: las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el domingo 31 de mayo.

Esta vez, el "tigre colombiano" —como se hace llamar en Instagram— apoya a otro "tigre": el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, que ha convertido ese apodo en uno de los ejes de su campaña. El tigre está en sus discursos, en sus folletos, en sus canciones y en sus mítines, concebidos como auténticos espectáculos con salsa, fuegos artificiales y canciones ensordecedoras en bucle. Su himno de campaña se titula "El tigre de la patria" y los altavoces rugen sin descanso.

"Aquí está tu tigre, que ruge y muerde", proclamaba De la Espriella el sábado 23 de mayo ante miles de seguidores —50.000, según la organización— al inicio de su discurso en uno de sus últimos actos públicos de campaña. Juega en casa: nacido en la región, este candidato de 47 años se siente en su territorio en Barranquilla. Con una gorra de "Abelardo presidente" y una camiseta amarilla de la selección colombiana, con la inscripción "Selección del Tigre" en la espalda, enardecía al público.

De la Espriella, abogado y empresario con triple nacionalidad —colombiana, italiana y estadounidense—, es la gran sorpresa de estas elecciones. Con su barba bien recortada, recuerda a otra figura de la extrema derecha latinoamericana: Nayib Bukele, el autoritario presidente de El Salvador.

Por su teatralidad, también evoca al presidente argentino, Javier Milei. A ambos les gusta enfrentarse a los medios de comunicación, denunciar a la “casta” —"los de siempre", en el léxico de Abelardo—, cantar alguna canción —el colombiano incluso se atreve con La Vie en rose en un francés aproximado— y, sobre todo, exhibir virilidad.

Como buen “macho alfa”, no hay discurso en el que De la Espriella no mencione sus "cojones" para demostrar su determinación a aplicar su programa y llevar a cabo un “cambio estructural”. En varias ocasiones ha humillado a mujeres periodistas que le formularon preguntas incómodas. En un programa de radio, pidió a la única mujer presente entre los periodistas que describiera una foto en la que, según él, marcaba paquete con los vaqueros que llevaba.

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, se embarcó en un elogio paternalista, explicando a cuatro mujeres que era un “feminista de la vieja guardia”. “Sois maravillosas”, exclamó. “Me parecéis sencillamente sensacionales en todos los sentidos. El cuerpo de la mujer, lo que dice, su capacidad para procrear, todo es maravilloso”.

El saludo militar se ha convertido en el grito de guerra de sus seguidores, al igual que su eslogan “Firme por la Patria”. Convertido al catolicismo durante la pandemia, también despliega un discurso ultraconservador, con ataques a la "ideología de género" y al aborto.

En redes sociales, su equipo destaca las desavenencias entre la candidata de la derecha, Paloma Valencia, y su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, un político que reivindica públicamente su homosexualidad, a propósito de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En una entrevista conjunta en marzo, Valencia afirmó que se opondría a que Oviedo pudiera adoptar un hijo.

Uno de los ejes de la campaña de De la Espriella es la lucha contra la inseguridad. Diez años después de un acuerdo histórico entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno, el país atraviesa una nueva ola de violencia. El primer presidente de izquierdas, Gustavo Petro, prometió alcanzar una "paz total" con los grupos armados, desde el Ejército de Liberación Nacional —la guerrilla más antigua de América Latina que no se había desarmado— hasta las disidencias de las FARC o los herederos de los grupos paramilitares de extrema derecha. Muchas de estas organizaciones se financian mediante el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control territorial.

El discurso de mano dura defendido por De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, gusta a una parte de la población colombiana, harta de ver cómo la inseguridad se enquista. “Ya son más de 20 años de diálogos, reuniones y acuerdos que solo han servido para fortalecer a los guerrilleros, a toda la población corrupta y a los grupos armados ilegales”, afirma José Forero, vestido con su disfraz de tigre.

Su hijo, médico de 30 años, se ha ido a vivir a Estados Unidos. “Por desgracia, tuvo que emigrar porque el futuro aquí no es bueno, no hay esperanza”, explica. Aunque Forero votó por Álvaro Uribe —cuya presidencia entre 2002 y 2010 estuvo marcada por graves violaciones de los derechos humanos y el asesinato de miles de civiles—, se ha distanciado de Paloma Valencia, la candidata de la derecha tradicional que apoya el exjefe del Estado.

Lo que le convence ahora es el discurso de cambio del “Tigre”. “Lo más interesante es que va a gobernar con personas competentes y preparadas, con personas honestas”, dice. “Ha prometido gobernar con gente que no forma parte de la vieja guardia política, aquellos que han permitido que la corrupción destruyera este país. Así que tenemos muchas esperanzas de que Abelardo cumpla sus promesas, de que nuestros hijos tengan un futuro mejor, de que nuestros nietos tengan un futuro de verdad”.

Antes del mitin, el disfraz de Forero atrae todas las miradas. No dejan de pedirle que pose delante de un Tesla Cybertruck, un coche de aspecto futurista y casi blindado, rotulado con la imagen del Tigre y la de su candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, economista y exministro del Gobierno conservador de Iván Duque (2018-2022).

Un grupo de mujeres también se fotografía junto al coche. Una de ellas, Ingrid, una empleada de cincuenta años que prefiere dar solo su nombre de pila, cuenta que hace cuatro años votó por Petro, quien no puede presentarse a un segundo mandato por mandato constitucional. Esta vez, sin embargo, apoyará al candidato de extrema derecha porque, asegura, "va a luchar contra la inseguridad que vive actualmente el país".

Una de sus amigas interviene: “Va a apoyar los proyectos para la primera infancia, va a combatir la inseguridad. Hay que darle una oportunidad porque en este momento el país está viviendo una inseguridad terrible”.

Durante su mitin al estilo Trump, Abelardo de la Espriella promete el oro y el moro, en nombre de una “patria milagrosa”. “Colombia va a conocer la prosperidad, la libertad y el orden que todos deseamos y que todos merecemos. Esto no tiene nada que ver con ideologías. Se trata de principios y valores fundamentales”, proclama entre rugidos de tigre y fuegos artificiales. Entre la multitud, una joven lleva una gorra roja con el lema “Make Colombia Great Again”.

De la Espriella promete ganar en la primera vuelta. Pero, al igual que hace cuatro años, Colombia podría asistir a un duelo en la segunda vuelta entre la extrema derecha y la izquierda. En 2022, Petro venció, con más de 700.000 votos de diferencia, a Rodolfo Hernández, un empresario millonario. Al igual que De la Espriella, venía de Miami y había derrotado a la derecha tradicional.

El domingo, en Barranquilla, durante su último mitin antes del período de “reflexión” que prohíbe cualquier acto público y toda propaganda electoral una semana antes de las elecciones, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, ya denunció la “opción fascista” que representa De la Espriella. También lamentó que el periódico de la ciudad, El Heraldo, de tradición liberal, haya respaldado en un editorial al candidato de extrema derecha. Una señal de que Abelardo ha logrado lanzar una OPA política sobre una parte de la derecha y de las élites económicas y políticas de la costa caribeña colombiana.

Traducción de Miguel López

Budapest (Hungría).– “Aquí la vida se ha detenido. No hay sitios donde salir, ningún lugar para los niños, ninguna oferta cultural… Sobrevivimos en la pobreza día a día. Por eso, lamentablemente, se puede comprar a la gente. No es culpa suya; cualquiera vendería su voto cuando sus hijos lloran porque tienen hambre.”

Así lo cuenta un hombre de Tiszabura, un pueblo de 3.000 habitantes situado al norte de la Alföld, la Gran Llanura. Pero esto podría ocurrir en cualquiera de los cientos de localidades húngaras más pobres, donde el Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, obtuvo sus mejores resultados electorales hace cuatro años, y donde se está movilizando aún más de cara a las elecciones legislativas del 12 de abril.

El fenómeno del “voto asistido” está muy extendido en Hungría desde la transición democrática de 1990. Pero el Fidesz, partido nacional-conservador en el poder ininterrumpidamente desde 2010, lo ha convertido en una máquina bien engrasada, que ha ido ganando fuerza elección tras elección.

Un documental de 52 minutos, titulado El precio de un voto, recopila numerosos testimonios que ponen al descubierto el mecanismo. Como muestra del frenesí que se ha apoderado de Hungría y de sus 10 millones de habitantes, la película ha sido vista 1,4 millones de veces desde su publicación en YouTube el 26 de marzo. Y nos preguntamos: ¿llegarán los encuestadores que sitúan a Tisza y a su candidato Péter Magyar a la cabeza de sus sondeos a esos votantes situados al margen de la vida política? ¿Dispone el Fidesz de un reservorio de votos oculto?

En las últimas elecciones legislativas, en 2022, el Fidesz arrasó con el 92% de los votos en Tiszabura. En los diez municipios más pobres en términos de renta per cápita, obtuvo una media del 96% de los votos; su resultado sigue siendo del 88% en los veinte municipios más pobres, que son también aquellos donde la participación fue mayor, según los cálculos de la revista G7.

Este falso plebiscito es el resultado de la fuerte dependencia de los municipios periféricos, de las redes clientelares y de la compra de votos de las poblaciones más vulnerables: los romaníes (cuya población se estima en 800.000 personas en Hungría), las personas mayores con pocos recursos, las personas incorporadas a los planes de empleo de interés público, los consumidores de drogas, etc. De este modo se desvían decenas de millones de euros de dinero público.

Se transporta a los votantes a los colegios electorales en furgonetas y, a veces, incluso con los vehículos del programa estatal para los pueblos, “Magyar Falu”. Su votación se lleva a cabo a la vista de los agentes municipales, que los acompañan a la cabina de votación con el pretexto del analfabetismo, o se hacen mostrar una foto de la papeleta electoral a posteriori, a cambio de una bolsa de 5 kilos de patatas, una cesta de la compra bien surtida, una dosis de droga o un billete de 5.000 a 20.000 forints (de 15 a 50 euros).

El Fidesz también ha creado fuertes vínculos de dependencia con los propios municipios. Las subvenciones públicas a los municipios pueden duplicarse si están en manos del partido. Los municipios pequeños con pocos empleados también dependen de un sistema centralizado para solicitar subvenciones públicas, especialmente las europeas.

“Es terrible ver esta injusticia entre municipios que ni siquiera tienen que solicitarlo para que les llueva el dinero, mientras que nosotros tenemos que luchar por la más mínima microinversión”, afirma Csilla Dienes, alcaldesa de Szamossályi.

Los municipios también dependen en gran medida de diversas ayudas estatales, como la “leña social” para la estufa destinada a los más pobres y los pequeños empleos a través de trabajos de interés general. Se trata de un sistema de empleos municipales, por ejemplo, para el mantenimiento de espacios y edificios públicos o para hacer los turnos de salida de las escuelas. Con una remuneración de 280 euros netos, la mitad del salario mínimo, suponen un salvavidas para muchos.

En esas condiciones, a los alcaldes en el cargo les interesa fomentar el voto a favor del Fidesz, y los habitantes también lo perciben como una condición para su supervivencia económica.

Esto es lo que observamos en Piskó, un pueblo de 250 habitantes que acababa de votar al 100% a favor del partido de Viktor Orbán en las elecciones europeas de mayo de 2019, con una participación del 60%, casi veinte puntos superior a la del resto del país. “Si Orbán no gana las elecciones, perderemos estos empleos públicos y será nuestro fin”, repetían los habitantes.

El Estado utiliza tanto la zanahoria como el palo. En el documental, un habitante del gueto romaní de Tiszavasvári da testimonio de los métodos que se emplearon para hacerle renunciar a su candidatura a las elecciones municipales del año pasado: unos agentes vinieron a cortarle la electricidad y los servicios sociales le confiscaron a su hijo cuando nació.

La amenaza de hacer intervenir a los servicios sociales es recurrente y pesa como una espada de Damocles, especialmente sobre las jóvenes romaníes, para garantizar la docilidad de la comunidad. “No quiero que me quiten a mis hijos”, teme una joven entrevistada. Médicos, empresarios o directores de colegios se convierten a veces en transmisores de este clima de intimidación, con poderosos medios de coacción a su disposición.

El partido Tisza contará con observadores en cada colegio electoral y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha enviado una importante misión para supervisar las elecciones. Esta última concluirá sin duda, al igual que en 2018 y 2022, que se trata de unas elecciones “libres pero no justas”, debido a la omnipresencia de propaganda estatal. “[En caso de victoria del Fidesz,] ¿cómo deberemos reaccionar y qué consecuencias deberemos extraer de unas elecciones que habrán sido claramente amañadas?”, se pregunta un alto diplomático destinado en Budapest.

Según los autores del documental, el Fidesz se aseguró así entre 200.000 y 300.000 de los tres millones de votos obtenidos en las elecciones de 2022. “En 2026, serán el doble”, asegura un organizador local del sistema. “Más cosas en juego, más dinero, más preparación”, resume. Esto podría representar entre el 7% y el 8% de los votos este año. Suficiente para inclinar la balanza si las elecciones están reñidas.

Tisza podría salir victorioso en las urnas la noche del 12 de abril, pero no conseguir la mayoría en el Parlamento. Se trata de un escenario relativamente probable, consecuencia de un sistema electoral reformado en 2011 por el Fidesz y posteriormente reestructurado a su medida. De manera clásica, las circunscripciones se han redefinido para dar más peso al voto rural, más favorable al partido en el poder.

Para asignar los 199 escaños del Parlamento, 8 millones de votantes disponen de una única vuelta y de dos papeletas: una para una lista nacional (93 diputados) y otra para el candidato o candidata de su circunscripción (106 diputados). Un mecanismo denominado “compensación del ganador” permite a un partido transferir el excedente de votos obtenidos en las circunscripciones a la lista nacional. Sobre el papel, esta disposición beneficia al Fidesz, que lleva mucho tiempo forjándose un arraigo local, a menos que la ola del Tisza sea poderosa.

Además, el Fidesz puede contar con dos escaños reservados a las minorías romaní y alemana, y con uno o dos escaños que podrían cubrirse con el voto de las minorías húngaras transfronterizas (en Rumanía, en particular). Estas últimas se han beneficiado de un acceso simplificado a la nacionalidad y del derecho a votar en la lista nacional, así como de numerosas subvenciones estatales para sus instituciones culturales.

Los politólogos húngaros estiman que Tisza necesitaría una ventaja de entre 6 y 8 puntos porcentuales para convertir su victoria en las urnas en una mayoría simple en el Parlamento. Por su parte, el Fidesz podría encontrar un socio de coalición en el partido de extrema derecha Mi Hazánk (Nuestra Patria), si este logra superar el umbral mínimo del 5%.

Traducción de Miguel López

En el imponente salón de honor del Congreso Nacional chileno en Valparaíso, el 11 de marzo, el presidente progresista saliente Gabriel Boric entrega solemnemente los símbolos republicanos —la banda presidencial y el pico del libertador O'Higgins— a su sucesor de extrema derecha, José Antonio Kast.

El ya expresidente, el jefe de Estado más joven de Chile, se retiró tras ofrecer un firme apretón de manos y esbozar una sonrisa a su oponente. Deja las llaves de la república chilena en manos de un hombre que asume abiertamente la herencia de Augusto Pinochet, quien lideró la dictadura cívico-militar que asoló el país de 1973 a 1990.

El traspaso de poderes se desarrolló en un ambiente tranquilo, a pesar de las tensiones que marcaron los últimos días de la transición entre los presidentes entrante y saliente. El 3 de marzo, José Antonio Kast puso fin abruptamente a una reunión bilateral con su predecesor. El motivo de la discordia fue un cable submarino que conectaría a Chile con su principal socio comercial, China.

Este proyecto de telecomunicaciones provocó sanciones por parte de Washington, que lo consideró “un peligro para la seguridad de la región”. A finales de febrero, tres funcionarios de la Administración Boric, entre ellos el ministro de Transportes, vieron revocados sus visados. Ante esta situación, el nuevo presidente de extrema derecha, aliado de Donald Trump, reprochó a Gabriel Boric no haberle informado de las amenazas estadounidenses, interrumpiendo a continuación las reuniones en el marco de la transición.

Tras cinco días de suspensión, y por invitación de Gabriel Boric, el presidente del Partido Republicano, elegido el 14 de diciembre, dio marcha atrás y prometió “una transferencia de poderes impecable”.

La investidura de José Antonio Kast, finalmente pacífica, concluyó con la presentación del nuevo Gobierno. Luciendo la banda presidencial, el nuevo jefe de Estado tomó juramento a sus veinticuatro ministros sobre la Constitución de Chile, la misma que se adoptó en 1980 bajo la dictadura.

Claudio Alvarado, ministro del Interior, fue el primero en subir a la tribuna. Este exdiputado de 65 años es miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI, derecha), partido fundado en 1983 por la mano derecha de Pinochet, Jaime Guzmán. Subsecretario de Estado durante los dos mandatos presidenciales de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), es uno de los pocos miembros del Gobierno vinculados a un partido político.

De hecho, la mayoría de los ministros son independientes con perfil técnico y empresarial que tienen poca experiencia en la administración del Estado. Esta audaz elección del nuevo inquilino del palacio presidencial de La Moneda preocupa incluso a su propio bando. “La apuesta del presidente conlleva riesgos”, afirma el diputado de Renovación Nacional (RN, ultraliberal) Luis Pardo, quien añade que “los partidos aliados tendrán que colaborar para paliar esa falta de experiencia política”.

Las críticas hacia este nuevo Gobierno también provienen del bando progresista, que teme que se produzcan conflictos de intereses.

Uno de los nombramientos que más ha molestado a la oposición es el de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad. Conocida por su labor como fiscal en la persecución de los delitos cometidos por el cártel venezolano de la droga Tren de Aragua, ha sido señalada por la diputada Maite Orsini (Frente Amplio, izquierdas), quien considera que el nombramiento de una magistrada para un alto cargo político podría perjudicar la imparcialidad del Ministerio Público y afectar al Estado de Derecho.

Otros dos ministros, Fernando Barros, nombrado para Defensa, y Fernando Rabat, que asume la cartera de Justicia y Derechos Humanos, han suscitado la preocupación de las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Un centenar de organizaciones de defensa de los derechos humanos manifestaron en un comunicado su “total rechazo al nombramiento” de estos dos abogados “que no solo defendieron jurídicamente a Augusto Pinochet”, sino que también “han relativizado públicamente las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura”.

Los movimientos feministas también están preocupados por el nombramiento de Judith Marín para el Ministerio de la Mujer y de la Igualdad de Género. Secretaria general del ultraconservador Partido Social Cristiano, conocida por sus posiciones antiabortistas, es también, con 30 años, la ministra más joven.

En total, este nuevo equipo ministerial está compuesto por once mujeres y trece hombres. Llegan con la promesa de un gobierno “de emergencia”, centrado en la lucha contra la delincuencia, la inmigración clandestina y la reactivación económica. Simbólicamente, José Antonio Kast firmó, pocas horas después de su investidura, una serie de decretos emblemáticos sobre el aumento de la plantilla policial y el refuerzo del control fronterizo.

Hacia las 12:30, en el Congreso Nacional, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dio por concluida la ceremonia de traspaso de poderes. El nuevo presidente de la República se mezcló entonces con la multitud y saludó a los diferentes jefes de Estado presentes en la toma de posesión.

Entre ellos, muchos son aliados del bando conservador y ultraliberal: Javier Milei (Argentina), que intercambió un largo abrazo con el recién investido presidente, pero también Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) o Tamás Sulyok (Hungría). Los representantes de las grandes potencias progresistas de América Latina brillaron por su ausencia.

La presidenta mexicana y el presidente colombiano no asistieron, y Lula da Silva canceló su asistencia en el último momento alegando “motivos de agenda”. Según varios medios de comunicación brasileños, habría influido en esta decisión la presencia del hijo de Bolsonaro, probable oponente de Lula en las próximas elecciones.

Según Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile, José Antonio Kast “cometió un error al darse el gusto de invitar a un aliado político”, Flávio Bolsonaro, cuando “es mucho más importante contar con el presidente de Brasil”, socio diplomático histórico y primer aliado comercial de Chile en América Latina.

“Estamos asistiendo a un fortalecimiento de las fuerzas ultraliberales”, añade Claudia Heiss, refiriéndose a la cumbre Shield of Americas (Escudo de las Américas) de Miami, en la que se reunieron el 7 de marzo el presidente estadounidense y doce jefes de Estado cercanos a la Casa Blanca. Entre ellos, Kast. “Hay una alineación de los ultraconservadores con Donald Trump, que no oculta su deseo de hegemonía en todo el continente”, opina la politóloga chilena.

Al caer la noche, José Antonio Kast se presentó en el balcón del palacio de La Moneda, en Santiago, y se dirigió a los cientos de simpatizantes reunidos en la plaza de la Constitución.

Insistió en las políticas de seguridad que deben aplicarse para “perseguir, juzgar y condenar” a aquellos “que han tomado el control de sus barrios o han sembrado el terror entre la población”. También prometió a las fuerzas armadas y a la policía “apoyo legislativo y mejores recursos” para combatir el crimen organizado y limitar la migración en las fronteras.

El republicano atacó indirectamente al Gobierno saliente en varias ocasiones. Así, consideró que el país le “ha sido transmitido en las peores condiciones” en el plano económico. Sin embargo, Gabriel Boric termina su mandato con una inflación estabilizada en el 3,5 % y un crecimiento del PIB en torno al 2,4 %, tras haber accedido al poder en 2022 tras una revuelta social y una pandemia mundial que generaron grandes dificultades económicas.

José Antonio Kast terminó su discurso saludando a sus hermanos, uno de los cuales fue ministro durante la dictadura de Pinochet, y a sus padres. Su padre es un exmilitar de la Alemania nazi que emigró tras la Segunda Guerra Mundial. Este ferviente católico, miembro del movimiento conservador de Schönstatt, concluyó su primera intervención como jefe de Estado con una invocación religiosa: “¡Que Dios bendiga a Chile y nos dé sabiduría para gobernar!”.

Marion Esnault es periodista independiente en Chile. Este es su primer artículo para Mediapart.

Traducción de Miguel López

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas este domingo en las elecciones presidenciales en el país ibérico para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en la Jefatura de Estado, según recoge EFE.

La jornada de votación se inició en los centros electorales de Portugal continental y de Madeira a las 8.00 hora local (misma hora GMT) y se prolongará hasta las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo hará sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Estas son las claves del día:

Cuando ejerzan su derecho a voto, los electores se encontrarán con una papeleta con 14 candidatos, pese a que son once los confirmados por el Tribunal Constitucional para participar, ya que fueron impresas antes de la decisión de la corte.

Los once postulantes a la Presidencia confirmados son: el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, el eurodiputado João Cotrim de Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

A ellos se suman una única mujer, la excoordinadora del Bloco de Esquerda y eurodiputada Catarina Martins, el sindicalista André Pestana, el cofundador del partido ecologista Livre Jorge Pinto, el dirigente comunista António Filipe, el pintor Humberto Correia y el músico Manuel João Vieira.

Casi todos los sondeos realizados en las últimas semanas coinciden en que ningún candidato logrará hoy más de la mitad de los votos, que son los necesarios para proclamarse ganador este domingo, por lo que será necesaria una segunda vuelta en un plazo máximo de 21 días que con toda probabilidad será el 8 de febrero.

Esta circunstancia se ha dado una sola vez en democracia, en 1986, cuando el socialista Mário Soares triunfó en una segunda ronda muy reñida frente al demócrata-cristiano Diogo Freitas do Amaral.

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que Ventura quedaría hoy primero, seguido por Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Sin embargo, han sido muchos los sondeos publicados en las últimas semanas, la mayoría realizados con menos de 1.000 encuestados, lo que no son muestras significativas, que han dado diferentes favoritos como Marques Mendes o Cotrim de Figueiredo.

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas.

Entre otros poderes puede promulgar o vetar leyes, disolver el Parlamento, convocar elecciones, nombrar al primer ministro, declarar la guerra en caso de agresión efectiva o inminente (a propuesta del Gobierno), declarar el estado de sitio o de emergencia, nombrar a los embajadores y garantizar la unidad del Estado.

Desde la implantación de la República en Portugal en 1910, ha habido 20 presidentes, siendo Manuel de Arriaga el primero.

Tras la caída de la dictadura salazarista con la Revolución de los Claveles de 1974, ha habido siete: António de Spínola (1974), Francisco da Costa (1974-1976), António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006) y Aníbal Cavaco Silva (2006-2016) y Marcelo Rebelo de Sousa, que asumió funciones en 2016 y concluye ahora su segundo mandato.

La encuesta publicada este martes que daría como vencedor de una primera vuelta al líder de ultraderecha André Ventura, seguido del exministro socialista António José Seguro, ha puesto patas arriba la campaña portuguesa. El sondeo recoge que el presidente de Chega ganaría con un 24% de los votos, un punto más que Seguro, aunque no sería capaz de vencer en una segunda vuelta.

Tras ambos, el estudio del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público coloca a el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo con un 19%. En cuarta posición se quedaría uno de los nombres más populares, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, con un 14% de los votos, empatado con el comentarista político y exministro conservador Luís Marques Mendes.

El sondeo ha provocado un auténtico terremoto en la campaña, que sigue dominada por la gran igualdad entre los candidatos. Gouveia e Melo admitió este miércoles a la prensa durante un acto electoral en el mercado de Alvalade, en Lisboa, que está "verdaderamente angustiado" con lo que está pasando y el riesgo de que Portugal escoja "un mal presidente". "Es esto lo que pongo en la consciencia de los portugueses -agregó-. Cuando hablan del voto útil, por favor no piensen en los partidos, piensen que el voto útil es para el cambio y la seguridad"

Por su parte, Cotrim de Figueiredo hizo este miércoles en sus redes sociales un llamamiento público al primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) para que respalde su candidatura, pese a que el jefe del Ejecutivo ha dado su apoyo a Marques Mendes, quien en el pasado presidió el Partido Social Demócrata (PSD), que él dirige ahora.

"Estoy seguro que, como yo, no quiere ver un candidato ni del Partido Socialista ni de Chega en el Palacio de Belém (sede de la Presidencia lusa). Mi candidatura es la única que puede parar ese escenario", escribió el eurodiputado.

En respuesta, Marques Mendes acusó este miércoles a Cotrim de Figueiredo de hacer un "show político" y aseguró que Montenegro participará este miércoles en un acto suyo en Famalicão, en el norte del país.

Por su parte, Seguro indicó que la carta que escribe todos los días es a los portugueses para que voten por él. "Soy el único demócrata que defiende el Estado social, la sanidad pública, la escuela pública, nuestra Constitución que puede pasar a una segunda vuelta", señaló, citado por los medios.

Portugal celebra el domingo elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder. Si ningún aspirante logra más de la mitad de los sufragios habrá una segunda vuelta en los 21 días siguientes entre los dos que queden primero y segundo.

No es casualidad que Jeannette Jara, ganadora de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, haya decidido al día siguiente patearse uno de los municipios más abandonados del Gran Santiago. El nivel de inseguridad, uno de los temas principales de la campaña electoral, es muy elevado allí.

En un restaurante cooperativo, la candidata de una amplia plataforma que incluye a toda la izquierda y a la democracia cristiana invitó a las mujeres del barrio a debatir sus principales preocupaciones durante un almuerzo. Jeannette Jara, de 51 años, que nació en una de estas zonas marginales de la periferia de la capital de Chile, hija de un electricista y de una madre que trabaja "esporádicamente" como vendedora o camarera, apuesta por la cercanía.

“Mi hermana trabajaba en una casa no muy lejos de aquí y a veces iba a ayudarla”, cuenta. Explica que le propusieron reforzar su seguridad, pero que ella se negó porque “prefiere más policías en los barrios” que a su alrededor. Le hace gracia el cristal que su oponente en la segunda vuelta, el pinochetista José Antonio Kast, hizo instalar a su alrededor como protección durante su último mitin.

En agosto, cuando Jara ganó las primarias de la izquierda con una aplastante mayoría del 60 % de los votos, su victoria se interpretó como un acontecimiento histórico: por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, el Partido Comunista Chileno (PCCh) presentaba una candidata a la presidencia. A lo largo de la campaña, ella destacó su origen humilde, pero José Antonio Kast, procedente de la alta sociedad del país, la superó en las cinco ciudades más pobres. Un golpe duro para esta mujer que lleva militando desde los 14 años.

En un país donde la sensación de inseguridad alcanza máximos históricos, alimentada por cadenas de televisión que dedican varias horas al día a los homicidios relacionados con el narcotráfico y los actos delictivos, la derecha parece ser la única respuesta creíble para una parte importante del electorado.

Jara, que fue ministra con el presidente de izquierdas Gabriel Boric, se ve perjudicada por el balance del Gobierno, que, a ojos de esas personas, no ha sabido responder al aumento de la violencia. Pero la realidad es que, aunque la tasa de homicidios ha pasado de 4,5 a 6 por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2024, Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región.

Ocupar ese terreno de la seguridad, acaparado por su oponente de extrema derecha, es un gran reto para la candidata. Y no es el único. Hasta el punto de que, a pesar de su victoria en la primera vuelta, se la da por perdedora.

En efecto, simplemente no cuenta a priori con suficientes reservas de votos para ganar las elecciones. Evelyn Matthei (centro-derecha) y Johannes Kaiser (extrema derecha libertaria) obtuvieron respectivamente el 12,5 % y el 14 % de los votos, y han llamado a sus electores a votar por Kast en la segunda vuelta. Tras haber conseguido el 24 % de los votos, Kast puede esperar razonablemente obtener más del 50 % en la segunda vuelta.

El origen de los votos puede sorprender. Entre las personas que van a votar a Kast en la segunda vuelta se encuentra, por ejemplo, Beatriz Bernal, de 48 años, una funcionaria que se declara de izquierdas y que se sonroja al votar “por primera vez en su vida a la derecha”. En la primera vuelta, votó a Evelyn Matthei, que en su momento fue la favorita y que sufrió un duro revés el domingo. ¿El motivo? “El comunismo, no puedo, es mi límite.”

El domingo 16 de noviembre, en las calles de Santiago, varias personas de muy diversos orígenes explicaban su decisión de votar a un candidato de derechas para impedir la llegada de una comunista a la presidencia. A pesar de que su partido ha rebajado claramente sus exigencias programáticas, concediéndole una amplia autonomía, en nombre de la necesidad de coaligarse frente al peligro reaccionario.

Juan Carlos, un venezolano afincado desde hace nueve años en Chile y conductor de Uber, votó por José Antonio Kast. Defensor de una línea muy dura en materia de inmigración, Kast quiere construir trincheras y un muro en la frontera, y propone 2.000 vuelos para deshacerse de las 330.000 personas indocumentadas. “Me fui de Venezuela por el comunismo, me es imposible votar lo mismo”, dice. “Creo que Kast será razonable y que distinguirá entre las personas serias, que trabajan, y las demás.”

En Chile, los extranjeros pueden votar tras cinco años de residencia. Y los venezolanos, los más numerosos, representan precisamente el 77 % de los extranjeros inscritos en el censo electoral.

Consciente de que la etiqueta de comunista es su talón de Aquiles, Jara ha declarado que, si gana la presidencia, devolverá su carné del partido, preocupada por encarnar las diversas izquierdas, desde las más moderadas hasta las más alternativas, a las que ahora representa.

Para Mireya Dávila, politóloga de la Universidad de Chile, los resultados del domingo demuestran que Jara no ha logrado superar “un anticomunismo muy arraigado en la sociedad chilena, no solo en la derecha, sino también en parte del centroizquierda”.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) fueron asesinados o desaparecieron cientos de militantes del PCCh. En la década de 1980, una rama del partido optó por la violencia armada, lo que provocó una ruptura con otra parte de la izquierda y el centroizquierda, que luchaban contra el régimen por la vía pacífica. Esa estrategia fue fructífera, ya que el dictador abandonó el poder tras la victoria del “no” en el plebiscito de 1988 (aunque siguió siendo jefe de las Fuerzas Armadas durante diez años más).

Tras el retorno de la democracia, bajo el gobierno de la Concertación, una coalición de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010, el Partido Comunista permaneció casi siempre en la oposición y participó por primera vez en el gobierno en 2014, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Fue en esa época cuando Jeannette Jara ocupó su primer cargo en un gobierno, como subsecretaria de Previsión Social.

Para la politóloga Mireya Dávila, “Jara está más cerca del legado de Bachelet que del de la vieja guardia del PC”. Pero para Roberto Funk, también politólogo de la Universidad de Chile, “quizás esos matices sean perceptibles entre el electorado de izquierda, pero no para la mayoría de los chilenos”, que siguen asociando a la candidata con una izquierda radical.

Durante su campaña, Jara ha perdido un tiempo precioso justificando la naturaleza actual de sus vínculos con el Partido Comunista. Aunque, lejos de la imagen de ideóloga que se le quiere atribuir, se ha destacado en el Gobierno de Boric por su flexibilidad y su sentido del diálogo social. Ella ha sido, por ejemplo, la artífice de grandes reformas sociales, como la semana laboral de cuarenta horas o la reforma del sistema de pensiones heredado de la dictadura.

Otro ejercicio de equilibrio particularmente peligroso: destacar su propio balance, distanciándose al tiempo de Gabriel Boric, de cuyo Gobierno fue ministra, dada su escasa popularidad. Elegido con promesas de reformas radicales, Boric ha decepcionado a una parte de los votantes de izquierdas y ha dado muchas garantías a los sectores más conservadores, sin haber sido recompensado por ello.

Ante una derrota anunciada, Jara no tiene más remedio que ser pragmática. Nada más conocerse los resultados, tendió la mano a Franco Parisi, el candidato populista que llegó al tercer puesto para sorpresa de todos, al ganar en las regiones del norte, tradicionalmente afines a la izquierda (Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama).

En 2021, apodado el “candidato fantasma” por la prensa chilena, Parisi obtuvo el 12,8 % de los votos sin pisar suelo chileno y llevando a cabo su campaña en las redes sociales desde Estados Unidos. Este economista de 58 años regresó finalmente a Chile en 2023, tras haber sido objeto de una medida de prohibición de salida del territorio por impago de la pensión alimenticia de sus dos hijos.

Entre sus propuestas más destacadas se encuentran la reducción de los salarios de los políticos, la construcción de barcos-prisión, pero también el reembolso del IVA de los medicamentos, medida que Jara desea incorporar ahora a su programa con el fin de captar parte de su abundante reserva de votos: casi una quinta parte del electorado.

Traducción de Miguel López

Es un nuevo enfrentamiento entre la izquierda y la extrema derecha nostálgica de la dictadura de Pinochet (1973-1990). Cuatro años después de su derrota, el candidato José Antonio Kast vuelve a estar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, previstas para el 14 de diciembre. En 2021, fue derrotado por su joven rival de izquierdas, Gabriel Boric, que prometía acabar con el legado neoliberal de la dictadura, tras el movimiento social de 2019 que abrió el camino a la redacción de una nueva Constitución (finalmente rechazada).

Esta vez, Kast, de 59 años, se enfrentará a Jeannette Jara, de 51, una candidata comunista que fue ministra de Trabajo del presidente saliente (el cual, según la norma, no podía presentarse a un segundo mandato consecutivo). Al igual que Boric, Jara proviene de una amplia coalición entre las diferentes ramas de la izquierda y la democracia cristiana, aunque procede de una formación política de cultura radical, ajena a quienes participaron en la transición democrática negociada entre fuerzas moderadas a principios de la década de 1990.

El domingo 16 de noviembre, Jeannette Jara obtuvo casi el 27 % de los votos en la primera vuelta, marcada por una fuerte participación: casi 13 millones de votantes, de un total de 15,7 millones, ya que, por primera vez, el voto es obligatorio. Kast, por su parte, quedó en segundo lugar con el 24 % de los votos.

A primera vista, estos resultados parecen un déjà vu. En 2021, Boric obtuvo el 25,8 % de los votos, frente al 27,9 % de Kast. Sin embargo, la comparación no es muy alentadora para la unión del centro y la izquierda, que logró duplicar su puntuación en cuatro semanas.

De hecho, Boric, que había sido líder del poderoso movimiento estudiantil de 2011, tenía entonces la ventaja de presentarse como una alternativa al presidente saliente de derechas, Sebastián Piñera, que se había enfrentado a una movilización democrática y social sin precedentes desde la transición democrática. Además, entre las dos vueltas, se benefició del apoyo de dos candidaturas progresistas que representaban cerca del 20 % del electorado que había acudido a las urnas. En comparación, en 2025 la oferta política se ha desplazado claramente hacia la derecha.

Resultados de la primera vuelta de las elecciones

Fuente: Servicio Electoral de Chile Creado con Datawrapper

Kast no era el único candidato de la extrema derecha. Incluso fue superado en virulencia por Johannes Kaiser, un exmiembro de su partido, mientras que la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, hizo gala de propuestas sobre austeridad y seguridad.

“A Jeannette Jara ya no le queda reserva de votos, mientras que el debate público y la sociedad chilena se han radicalizado hacia la derecha en cuatro años”, confirma Franck Gaudichaud, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos Contemporáneos en la Universidad Jean-Jaurès de Toulouse. “La extrema derecha ha logrado imponer tres de sus temas: el rechazo a la inmigración legal e ilegal, la insistencia en los peligros del narcotráfico y el rechazo a los intentos de reformas económicas del Gobierno de Boric. El Chile de 2019 ya no es reconocible, en medio de una ola regional desfavorable para los dirigentes salientes.”

El duelo de la segunda vuelta dependerá en gran medida del comportamiento del electorado de Franco Parisi. Este economista al frente de una formación de derechas, el Partido de la Gente (PDG), ha sorprendido a todos al quedar en tercera posición, con cerca del 20 % de los votos. Aunque ya se presentó en 2021 y no superó el 13 % de los votos.

En cuarto y quinto lugar figuran los dos candidatos rivales a los que Kast venció en unas “primarias de la derecha” a gran escala. Johannes Kaiser obtuvo cerca del 14 % de los votos y Evelyn Matthei solo el 12,5 %, un resultado históricamente bajo para la derecha, en la línea de la derrota sufrida hace cuatro años. Los demás candidatos obtuvieron resultados marginales.

Evelyn Matthei, la gran perdedora de la noche, acudió a la sede de la campaña de José Antonio Kast, en el elegante barrio de Las Condes, en Santiago, para mostrarle su apoyo. “Tenemos demasiados problemas: seguridad, economía, desempleo, presupuesto insuficiente y afluencia incontrolada de migrantes”, afirmó, retomando todos los temas de una campaña marcada por los discursos sobre seguridad y los ataques contra los migrantes, en particular los venezolanos. “Por lo tanto, es imperativo cambiar radicalmente de rumbo.”

Johannes Kaiser, que reivindicaba un enfoque similar al de Javier Milei en Argentina y se presenta como libertario tras abandonar el Partido Republicano de Kast, hizo lo mismo y se unió a su antiguo aliado para afirmar que “votar hoy por José Antonio Kast es votar por Chile”.

En su discurso ante sus seguidores, Kast consideró que “la oposición ha derrotado a un Gobierno fallido” y pidió a los chilenos que “no se dejen engañar” por su adversario. “Jeannette Jara es Gabriel Boric con otro tono; si ella gana, es el Partido Comunista el que gana”, afirmó.

Agradeció a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei por su apoyo y pidió unidad para ganar el 14 de diciembre. Esa fecha, subrayó, “no serán unas elecciones como las demás, sino las más importantes de nuestra generación, un verdadero plebiscito entre dos modelos de sociedad”. “A la tercera va la vencida”, aseguró.

Kast se presentó por primera vez como independiente en 2017. Entonces solo obtuvo el 8 % de los votos, un año después de abandonar la Unión Democrática Independiente (UDI), un partido fundado durante la dictadura militar, partidario del pinochetismo y defensor del modelo neoliberal que se mantuvo en vigor tras el paso a un régimen pluralista. En 2021, Boric le superó por 11 puntos en la segunda vuelta.

Franco Parisi, que afirma no ser “ni facho ni comunacho”, no ha dado instrucciones para la segunda vuelta: “No le doy un cheque en blanco a nadie, sería una falta de respeto. Tengo malas noticias para los candidatos: gánense los votos. Espero que hagan algo. El PDG no necesita ningún favor”.

“A Parisi se le califica fácilmente de populista de derechas”, explica el profesor Gaudichaud. “Le gusta aparecer en televisión. Aunque su identidad política es liberal, xenófoba y misógina, se distingue por un discurso demagógico que valora el sentido común y rechaza la casta en el poder, y por una estrategia de campaña esencialmente digital, con muy poca infraestructura organizativa.”

“Encarna a la perfección un estado de ánimo antipolítico”, añade el profesor e investigador, quien señala que los millones de votantes adicionales movilizados por el voto obligatorio han constituido para él una reserva privilegiada.

Jeannette Jara, ya el domingo por la noche, mencionó a Parisi en su intervención. Elogió su actuación, probablemente pensando que en 2021 Boric había logrado atraer los votos que se habían decantado por él. “El trabajo realizado por Franco Parisi es notable y merece nuestro respeto y nuestro aplauso”, dijo, indicando que apoyaba sus propuestas para reformar el sistema sanitario.

Para poder imponerse en la segunda vuelta, teniendo en cuenta los resultados combinados de la derecha y la extrema derecha (70 %), Jara tendrá que buscar votos entre la derecha tradicional y moderada. Por eso rindió homenaje a Evelyn Matthei, “víctima de una terrible campaña de difamación”. “Tácticas como esas son intolerables en política”, añadió, en referencia a las campañas de desprestigio llevadas a cabo en las redes sociales por los seguidores de Kast.

Reconoció que las elecciones del 14 de diciembre serán difíciles. “Hoy comienzan unas nuevas elecciones y los retos son enormes”, declaró, antes de enumerar los logros del Gobierno del presidente saliente.

Gabriel Boric ha obtenido algunas victorias (aumento del salario mínimo, reforma del sistema de pensiones que obliga a los empresarios a cotizar por sus empleados, mejor atención sanitaria para los más vulnerables, etc.), pero su prudencia y la falta de mayoría parlamentaria han obstaculizado su acción y su credibilidad en materia de seguridad ha resultado débil. Por lo tanto, durante la campaña para la segunda vuelta, la candidata debería tratar de desvincular su imagen de la de un poder ejecutivo demasiado impopular.

Jeannette Jara denunció a sus adversarios, acusados de “avivar el miedo”. “Eso no basta para gobernar un país. Hay que ser capaz de llegar a acuerdos, de dialogar”, añadió. “No dejéis que el miedo os paralice”, insistió, como para conjurar el destino y el regreso de la extrema derecha el próximo 11 de marzo a La Moneda, sede de la presidencia, treinta y cinco años después del fin de la dictadura de Pinochet, que bombardeó el palacio para acabar con la democracia el 11 de septiembre de 1973.

Una cosa es segura: el mundo partidista nacido de la transición democrática iniciada hace casi cuatro décadas ha desaparecido. Ya había ocurrido en las elecciones presidenciales de 2021, pero sobrevivió en parte en sede parlamentaria, en la Cámara (renovada en su totalidad el domingo, por el sistema de votación proporcional) y en el Senado (renovado en 23 de los 50 escaños).

El avance de la extrema derecha ha completado la entrada de Chile en una nueva era política. Sus listas, cuyo porcentaje de votos se ha duplicado en cuatro años, obtienen 42 escaños en la Cámara de Diputados, frente a los 22 de 2021. El bloque más radical supera ahora a la derecha tradicional, que se había adaptado a la democracia liberal: sus listas retroceden ligeramente en votos pero en escaños pasan de 53 a 34 en la nueva asamblea elegida.

La izquierda también retrocede, y solo puede contar con 64 diputados. En cuanto a Parisi, su Partido de la Gente duplica su representación en la Cámara, con 14 diputados frente a los 6 de 2021, fecha de su primer acceso al Parlamento.

Fuente: Servicio Electoral de Chile Creado con Datawrapper

Infografía Mediapart

“Se ha rediseñado el panorama político de la transición”, resume Franck Gaudichaud, “con el impresionante avance de una extrema derecha xenófoba y pinochetista, y la consolidación de un populismo de derechas, a expensas de las coaliciones tradicionales que han gobernado Chile desde la década de 1990.”

Si Jeannette Jara lograra, a pesar de todo, entrar en La Moneda, heredaría una situación parlamentaria aún más adversa que la que tuvo que afrontar Gabriel Boric. Si Kast se convirtiera en jefe del Estado, en cambio, la cuestión sería la de una posible alineación entre la presidencia y el parlamento. El sistema electoral proporcional ha contenido el peso de su propia coalición en la Cámara de Diputados, pero las adhesiones logradas hasta la derecha tradicional le permiten esperar una mayoría, al igual que en el Senado.

Será sin embargo más difícil alcanzar el quórum de cuatro séptimas partes de los miembros del Parlamento (28 senadores y 88 diputados) para aprobar los textos más importantes (las leyes orgánicas constitucionales). Por eso el Partido de la Gente de Parisi desempeñará un papel fundamental en la Cámara de Diputados con sus 14 escaños.

Desde 2006 y el primer mandato de la presidenta socialista Michelle Bachelet, no se ha visto en Chile una alineación entre la presidencia y las dos cámaras. Y nunca ha ocurrido con la derecha y mucho menos la extrema derecha. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Aunque Kast ganara, tendría que contar con una disciplina parlamentaria que hasta ahora no se ha verificado y que es poco probable con una configuración tan fragmentada.

Traducción de Miguel López

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57% de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia con poco más del 97% de las actas procesadas, según informa EFE.

El senador agradeció este domingo el apoyo recibido y prometió volver a "abrir" el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para "salir adelante" de la crisis en que se encuentra su nación.

Paz obtuvo la victoria frente a un 45,43% del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97,68% de las actas computadas.

Los votos válidos alcanzan el 94,56%, los blancos un 0,75% y los nulos un 4,69%, de acuerdo a la información preliminar que no es el cómputo oficial, aunque el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados muestran "una tendencia" que "parece ser irreversible".

Según Hassenteufel, el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89%, un dato que se confirmará "una vez que se concluya el cómputo oficial".

El vocal valoró que el Sirepre, "que ya dio muy buenos resultados en la primera ronda" realizada el pasado 17 de agosto, "también hoy ha cumplido eficazmente su función".

Ratificó que la jornada de votación fue "tranquila", transcurrió "sin incidentes mayores" y permitió que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

El político derechista boliviano Jorge Tuto Quiroga obtuvo el 66,53% de los votos de los electores residentes en España en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de este domingo. Con el 87% de las actas procesadas, el candidato conservador obtuvo en España 19.905 de las 30.834 papeletas depositadas en las urnas, según los resultados provisionales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional. 

Rodrigo Paz consiguió 10.016 votos, que es el 33,47% del total. La participación en España fue del 37,46% de los 82.300 electores registrados.

Por el contrario, el presidente electo ganó ampliamente en el conjunto del electorado boliviano que se encuentra en el extranjero, al obtener el 57,09% de los 122.148 votos emitidos, según el 75,5% del escrutinio. Su oponente sacó el 42,91%.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y ha expresado su deseo de mantener una sólida cooperación bilateral.

Sánchez se ha hecho eco en las redes sociales de ese triunfo de Paz, líder del Partido Demócrata Cirstiano (PDC), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas.

"Mi reconocimiento al pueblo boliviano por su compromiso democrático", ha subrayado el jefe del Gobierno tras trasladar su enhorabuena al que será nuevo presidente de su país.

Además, le ha trasladado su deseo de que España y Bolivia sigan trabajando juntos por una cooperación sólida y duradera.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia y le ha deseado "acierto" para lograr el cambio en el país suramericano.

"Mis sinceras felicitaciones al presidente electo de Bolivia por su calara victoria. Le deseo todo el acierto para que los bolivianos tengan el cambio que merecen. Muchos retos por delante", ha escrito Feijóo en un mensaje en la red social X.

El presidente francés, Emmmanuel Macron, nombró este martes a Sébastien Lecornu, de 39 años y ministro de Defensa hasta hoy, como nuevo primer ministro francés, según informó el Elíseo y recoge EFE.

Macron le ha encomendado "la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", precisó la Presidencia francesa en un comunicado.

Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista François Bayrou, quien presentó hoy su dimisión tras perder la víspera de forma aplastante una moción de confianza.

La ola parda parece tan irresistible que su contención provisional casi parece una buena noticia. En Rumanía, el pasado domingo se evitó una catástrofe política y geoestratégica con la derrota del candidato de la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR, extrema derecha). George Simion, nacionalista, reaccionario y hostil a la ayuda a Ucrania, habría podido privar a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica de un socio fiable en su “flanco oriental”, frente al régimen ruso y las redes trumpistas.

Ahora, muchos esperan un cambio similar en Polonia. El partido Ley y Justicia (PiS), que ostenta la presidencia, busca salvaguardar el legado de su “revolución conservadora”. El duelo entre su candidato y el del bando liberal, el alcalde de Varsovia, polarizará sin duda la sociedad de forma intensa. En este país, al igual que en Rumanía, la derrota de la derecha más dura es condición necesaria para el avance de la causa de las mujeres, las minorías, la sociedad civil y el Estado de derecho en general.

Es lógico que todas aquellas personas que apoyan estas causas hayan sentido cierto alivio ante las noticias procedentes de Bucarest. Pero esto no debe llevar a una falta de lucidez, o a un entusiasmo mal entendido, como han señalado muchos observadores y responsables políticos desde el domingo.

Con cierta ingenuidad, el semanario alemán Die Zeit se felicitó de que los rumanos hubieran elegido “la casa de Europa” dándose una “oportunidad de consolidar [su] democracia” al votar por Nicușor Dan, el alcalde anticorrupción de la capital. De manera igualmente reveladora, la eurodiputada francesa Nathalie Loiseau felicitó “al pueblo rumano [por haber] resistido a las mentiras y manipulaciones con las que ha sido bombardeado”, como si el atractivo de la extrema derecha se redujera a un malentendido atribuible a las injerencias rusas.

En la misma línea tranquilizadora, Le Nouvel Obs se preguntaba recientemente sobre un posible “contra-efecto Trump”, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Poco antes, el New York Times señalaba que las guerras comerciales y el autoritarismo de Trump habían perjudicado a los candidatos conservadores asociados con él, en Australia y en Canadá. Sin negar esas dinámicas de campaña, se puede relativizar la evolución concreta del equilibrio de fuerzas e insistir en las tendencias aún más sombrías en Europa.

En Canadá, el sucesor liberal de Justin Trudeau se ha limitado principalmente a debilitar a las demás fuerzas progresistas y a conservar la mayor parte de su propio electorado. Esto no ha impedido que su rival, procedente del ala radical del Partido Conservador, haya aumentado los resultados de su formación con respecto a las últimas elecciones. La diferencia entre los dos grandes partidos apenas supera los dos puntos porcentuales, lo que también ocurre en Australia. Las diferencias en el número de escaños son más significativas solo por efecto del sistema electoral.

En Rumanía, la mayor movilización contra Simion no le impidió avanzar en la segunda vuelta. En un contexto de aumento de la participación en 10 puntos, obtuvo 1,5 millones de votos más que el 4 de mayo. En Polonia, al resultado del PiS, menos impresionante que en 2020, hay que añadir el auge de formaciones extremistas a su derecha. Y en Portugal, quienes pensaban que Chega había alcanzado su techo en 2024 se han llevado una sorpresa: André Ventura y su trumpismo luso, inexistentes hace seis años, estuvieron a punto de arrebatarle el segundo puesto en las urnas al Partido Socialista.

Los problemas de fondo no están camino de resolverse. Las fuerzas que se supone deben contener a las derechas compatibles con Trump, o incluso con Putin, no tienen ni las intenciones políticas ni las propuestas programáticas necesarias para actuar sobre las causas que las atraen.

Las tres últimas elecciones en Europa son elocuentes: la geografía electoral de esas derechas está correlacionada con la del declive económico y la precariedad social. Los tres países afectados, en su conjunto, ocupan además una posición subordinada en el espacio capitalista europeo. Son de los Estados más vulnerables y dependientes de ese espacio. Sin embargo, ni el nuevo presidente rumano, ni el rival polaco del PiS, ni el primer ministro portugués reelegido promueven una economía política alternativa a esta configuración.

El alcalde de Bucarest, por ejemplo, aunque sea un independiente identificado por su lucha contra la corrupción, se inscribe plenamente en el paradigma neoliberal que ha acentuado las fracturas sociales y territoriales de Rumanía. En Portugal, los dos partidos que se alternan en el poder —los únicos que se mantienen a flote frente al ascenso meteórico de Chega— han construido conjuntamente el modelo turístico que encierra al país en un desarrollo subordinado, alejado de las necesidades de la población. Y en Polonia, los liberales que pretendían evitar un destino “al estilo húngaro” fueron expulsados del poder en 2015 por un PiS que parecía más comprometido con las cuestiones de redistribución y justicia social.

Eso no significa que las derechas extremas o radicales tengan soluciones pertinentes a los problemas socioeconómicos de fondo. Además, hay que admitir que, al igual que en Francia, su fuerza motriz reside en actitudes xenófobas y autoritarias muy reales, arraigadas en la larga historia de las sociedades.

Pero no se puede entender el éxito de su política del resentimiento sin relacionarla con las condiciones materiales de existencia, el sentimiento de un “mundo finito” en el que solo sobrevivirán los más despiadados, y la ausencia de organizaciones de masas que cultiven una visión del mundo igualitaria y solidaria.

En este sentido, hay que tomar en serio las injerencias de potencias extranjeras en los procesos electorales, pero sin olvidar nunca que su poder de desestabilización está ligado a la escasa confianza de las poblaciones en sus instituciones y sus élites dirigentes, y a su disponibilidad para aceptar discursos demagógicos que se aprovechan de esta situación. Un algoritmo sesgado y cuentas falsas en TikTok no pueden bastar por sí solos para dirigir millones de votos hacia candidatos xenófobos, conspiranoicos y complacientes con el imperialismo.

Terminemos subrayando que el Estado de derecho, en nombre del cual se pide a los ciudadanos que “hagan un frente”, debe defenderse con rigor y coherencia. No es lo que ha ocurrido en el caso rumano, donde la acumulación de amateurismo y opacidad ha llevado a la anulación de las elecciones presidenciales de diciembre de 2024, en plena campaña para la segunda vuelta. Esto da pie a una retórica centrada en las elecciones robadas y a ideas como las de George Simion, que ahora habla de injerencias imaginarias, en particular de Francia, para pedir una nueva anulación.

Quizás sea necesario desarrollar un concepto más amplio del Estado de derecho, más allá de la defensa indispensable de las libertades fundamentales y la seguridad jurídica. Existe ya una tradición al respecto. Durante la República de Weimar, juristas como Hermann Heller (1891-1933) hablaron de “Estado de derecho social”, con la idea de que una “organización justa de las relaciones socioeconómicas” prolongaba la lucha por la libertad y la igualdad “en el orden del trabajo y de los bienes”. Es esa organización justa la que permite la efectividad de los derechos y consolida el apego del cuerpo cívico a un modelo político pluralista.

Los liberales de verdad, preocupados por las garantías constitucionales que protegen contra el gobierno tiránico promovido por los trumpistas más allá de sus fronteras, deberían comprenderlo y subordinar sus preferencias económicas a esa prioridad. Sería necesario para que el tiempo ganado frente a la extrema derecha no sea tiempo perdido.

Traducción de Miguel López

Teresa, vestida con una camiseta a rayas azul marino, observa tras sus gafas de sol a su candidato favorito: Sławomir Mentzen. “Nunca he votado a Konfederacja, pero hay que dar una oportunidad a los jóvenes: ya estamos hartos de los mismos políticos que nos gobiernan desde hace años”, declara esta jubilada de 65 años que, el 23 de abril en Radom, asiste con su hijo al mitin del candidato de Konfederacja a las elecciones presidenciales.

El centro peatonal de esta localidad de casi 200.000 habitantes, situada a unos cien kilómetros al sur de Varsovia, está abarrotado de gente por ese motivo. Entre edificios deteriorados del siglo XIX, la asistencia es decididamente masculina, dominada por menores de 40 años.

Algunos, apenas mayores de edad, solo esperan una cosa: que termine el mitin para hacerse un selfie con su líder y compartirlo inmediatamente en las redes sociales. Y es que Sławomir Mentzen, de 38 años y copresidente de la formación de extrema derecha Konfederacja (Confederación), es un maestro de la comunicación política en TikTok e Instagram.

Mentzen, padre de familia, elegido diputado por primera vez en las elecciones legislativas de otoño de 2023, cuando su partido obtuvo el 7 % de los votos, se ve ahora como presidente de la República de Polonia. A pocos días de la primera vuelta, prevista para el 18 de mayo, parece difícil que este economista libertario logre pasar a la segunda vuelta (el 1 de junio), que parece muy probable. Konfederacja ya no goza del mismo entusiasmo que al inicio de una maratón electoral que comenzó muy pronto, en septiembre de 2024.

Por mucho que este treintañero quiera huir de los medios de comunicación, sus declaraciones sobre el aborto en caso de violación (legal en Polonia), al que se opone, o sobre los estudios superiores, que, “en un mundo ideal, deberían ser de pago”, por no hablar de su pobre actuación en los debates televisivos, han hecho que muchos le hayan dado la espalda.

A pesar de todo, su partido puede presumir de haber seducido mucho más que en sus inicios. La formación, fundada a finales de 2018, se define como libertaria (menos impuestos y ayudas sociales, más competencia y privatización en la sanidad y la educación), conservadora (contra la legalización del aborto y  la inmigración) y especialmente escéptica con los refugiados ucranianos en Polonia.

“Estoy de acuerdo con él, hay que acabar con los privilegios de los ucranianos en Polonia”, nos dijo Teresa durante el mitin de Radom. “Tengo la impresión de que en el médico lo tienen todo y enseguida, mientras que nosotros tenemos que esperar horas”.

Sławomir Mentzen, aprovechando cierto cansancio entre la población polaca, ha logrado imponer el debate sobre el pago de las prestaciones familiares a los ucranianos que trabajan en Polonia (y no a todas las personas que se encuentran legalmente en el territorio).

Konfederacja solo obtuvo el 4,55 % de los votos en las elecciones europeas de 2019, su primera participación en unos comicios, sin alcanzar el umbral del 5 % necesario para obtener escaños. Cinco años después, ha más que duplicado su resultado, enviando a seis representantes al Parlamento Europeo, con un resultado histórico del 12,08 %.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 18 de mayo, Mentzen se enfrentará a otros doce candidatos. La tarea parece especialmente difícil para desbancar en la primera vuelta a sus principales rivales: Rafał Trzaskowski, alcalde de Varsovia, procedente de la Coalición Cívica (KO), la formación del primer ministro de centro-derecha Donald Tusk, y Karol Nawrocki, apoyado por los nacional-conservadores de Ley y Justicia (PiS), en el poder entre 2015 y 2023.

Para el Gobierno de Donald Tusk, lo que está en juego es importante: una victoria de Rafał Trzaskowski pondría fin a un año y medio de convivencia turbulenta con el presidente Andrzej Duda, cercano al PiS, que termina ahora su segundo mandato.

Andrzej Duda ha pedido recientemente el voto para Karol Nawrocki, director de la Institución de la Memoria Nacional (IPN), punta de lanza de la política memorialista del país. Este historiador ultraconservador lucha en parte por los mismos votantes que Konfederacja. Con una salvedad: la formación extremista, que se presenta como antisistema y nunca ha gobernado, promete romper el duopolio que lleva más de veinte años en el centro de la vida política polaca. “Hay que romper ese hormigón”, proclamó su candidato desde el pequeño escenario montado en Radom.

“Desde que nací, solo he conocido la Plataforma Cívica [el partido de Donald Tusk que domina la alianza electoral KO, ndr] y el PiS. No han ofrecido nada a Polonia. Mentzen quiere construir un país seguro y desarrollado”, afirma Bartosz Kossakowski, de 18 años, que termina el bachillerato esta primavera.

Con su largo flequillo cayéndole sobre la cara, este joven, que votará por primera vez, está preocupado por los inmigrantes que, según él, el Gobierno quiere instalar en Polonia. “Si todos fueran médicos o arquitectos, el Reino Unido, Francia y Bélgica serían países ultradesarrollados, pero solo hay que robos y violaciones...”, cree saber. Este polaco, que aspira a estudiar en la prestigiosa escuela de cine de Łódż, está convencido de que “la Unión Europea, demasiado caótica, acabará cayendo”.

En materia de inmigración, este votante está totalmente de acuerdo con Sławomir Mentzen, quien, en Radom, no duda en afirmar que Estocolmo se ha convertido en “la capital de la violación” debido a los extranjeros, cuando “Suecia era antes el lugar más seguro del mundo”. Un discurso muy extendido entre la extrema derecha europea, a pesar de las estadísticas.

En cuanto al aborto, el candidato llega a comparar a la ginecóloga Gizela Jagielska, que recientemente practicó un aborto terapéutico tardío, con el Dr. Mengele (médico torturador en Auschwitz). En cambio, en lo que respecta a la UE, Mentzen ha suavizado su discurso, limitándose a criticar duramente su burocracia, así como el Pacto Verde y las regulaciones climáticas, a las que considera responsables del encarecimiento de la electricidad.

Otro elemento que explica su creciente popularidad: Konfederacja, que agrupa a dos partidos, Nueva Esperanza, de tendencia libertaria, liderado por Mentzen, y el Movimiento Nacional, del diputado Krzysztof Bosak, se ha separado definitivamente de algunos de sus fundadores, como el misógino y prorruso Janusz Korwin-Mikke y el eurodiputado monárquico y notoriamente antisemita Grzegorz Braun.

El dúo también reniega hoy de una diatriba que Mentzen pronunció en 2019: “No queremos judíos, homosexuales, aborto, impuestos ni Unión Europea”.

Esta nueva postura “ha beneficiado a Konfederacja, que ha podido ampliar su base electoral”, analiza la politóloga Renata Mieńkowska-Norkiene. “Por el contrario, Rafał Trzaskowski y Karol Nawrocki han endurecido su posición, situándose más a la derecha”, añade la experta vinculada a la Universidad de Varsovia, que considera que Mentzen ha llevado a cabo una campaña eficaz sobre el terreno. Organiza encuentros casi a diario, preparados de manera impecable, con ciudadanos de todo el país. En ellos repite el mismo discurso, adaptado a las particularidades locales.

Para la profesora, el votante tipo de Konfederacja es un hombre menor de 40 años, conservador y con un buen nivel de vida. Reside en una ciudad pequeña o mediana, a menudo dirige su propia empresa y se siente muy atraído por la perspectiva de una reducción de impuestos. “La mayoría de esas personas no tienen familia y están lejos de la edad de jubilación, por lo que los servicios sociales les parecen relativamente inútiles en esta etapa de su vida”, concluye Renata Mieńkowska-Norkiene.

Traducción de Miguel López

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó este viernes, de manera unánime, la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol, por su controvertida declaración de ley marcial, con lo que el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días. El fallo fue adoptado con el voto a favor de los ocho jueces del máximo tribunal surcoreano. Para que la destitución fuera ratificada, se requería el respaldo de al menos seis de los ocho magistrados que componen la instancia, según informa EFE.

Yoon permanecía suspendido de sus funciones desde hace más de 100 días después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción para su destitución tras su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. El tribunal concluyó que el presidente violó la Constitución al declarar la ley marcial el 3 de diciembre y al enviar al Ejército al Parlamento para impedir que los legisladores anularan el decreto. El mandatario ha negado todos los cargos.

El fallo, leído por el presidente interino del tribunal, Moon Hyung-bae, tiene efecto inmediato y es irrevocable, por lo que Yoon queda apartado del cargo formalmente y el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de dos meses. "La crisis política no justifica las acciones tomadas. La situación en la Asamblea Nacional en ese momento no justificaba el ejercicio de poderes nacionales de emergencia", señaló Moon durante la lectura del veredicto.

En su argumentación, el tribunal subrayó que el presidente incurrió en una violación sustancial de la ley al impedir el ejercicio de las funciones legislativas. También concluyó que Yoon infringió disposiciones constitucionales al violar el derecho de los legisladores a deliberar y votar, así como su inmunidad parlamentaria.

Agregó que el presidente utilizó fuerzas armadas con fines políticos, lo que constituyó una grave transgresión de la neutralidad política del Ejército y de su deber como comandante en jefe. El proceso ha estado marcado por una fuerte polarización social y política, con protestas masivas en todo el país y encuestas que mostraban alrededor del 60 % de apoyo ciudadano a la destitución.

El principal partido opositor celebró la decisión como una "victoria del pueblo", mientras que el partido oficialista declaró que "acepta humildemente" el veredicto del tribunal. El presidente interino Han Duck-soo aseguró que el Gobierno trabajará para garantizar una transición de liderazgo sin contratiempos hasta la elección del nuevo jefe de Estado, prometiendo que no habrá vacíos en áreas clave como la seguridad nacional y la política exterior durante el periodo de interinidad.

En su resonante discurso de Múnich (Alemania) en febrero, J. D. Vance puso el foco de atención mundial en la política rumana. Ante un grupo de responsables europeos, el vicepresidente de Estados Unidos criticó la decisión de Bucarest de anular las elecciones presidenciales del 24 de noviembre, “basándose en las débiles sospechas de una agencia de inteligencia”. Antes de sentenciar: “Si vuestra democracia puede ser destruida con unos cientos de miles de dólares de publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte”.

J. D. Vance se refería a los resultados obtenidos por Călin Georgescu, candidato independiente de extrema derecha, hostil a la ayuda a Ucrania, conspiranoico, contrario a las vacunas y nostálgico de Ion Antonescu (el Pétain rumano), que había obtenido cerca del 23 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El Tribunal Constitucional de Bucarest anuló posteriormente, el 6 de diciembre, la segunda vuelta, impidiendo así la probable coronación de Georgescu. Los jueces habían destacado, en particular, “la injerencia de un Estado”, pero sin nombrar explícitamente a Rusia y sin aportar pruebas exactas de la injerencia rusa.

Las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos no han aportado nada al malestar general de la sociedad civil rumana, ni al de una parte de la clase política, ante la proximidad de las nuevas elecciones presidenciales, reprogramadas para el 4 de mayo. Luego, el 10 de marzo, la comisión electoral rechazó la candidatura de Georgescu para las próximas elecciones. Una “decisión totalmente ilegal”, afirmó el interesado, fanático de las prácticas New Age, mientras que Elon Musk y J. D. Vance se apresuraron otra vez a echarle una mano, cargando contra las autoridades que “cancelan elecciones cuyos resultados no les gustan”.

La decisión de la comisión electoral era la esperada, sobre todo después de la acusación formal de Georgescu a finales de febrero. Se le acusa de numerosos delitos: declaraciones falsas sobre sus cuentas de campaña (se jactó durante la campaña de no gastar ni un euro), apología del crimen de guerra (debido a sus referencias al movimiento legionario fascista de Rumanía durante el periodo de entreguerras) o incitación a acciones anticonstitucionales.

La investigación, aún en curso en Bucarest, ha permitido encontrar elementos sobre la financiación de su campaña electoral, en particular a través del papel, bien identificado por los periodistas desde el año pasado, del influencer de TikTok Bogdan Peschir, que ha hecho parte de su fortuna en criptomonedas. Una serie de registros también permitió encontrar conexiones entre Georgescu y antiguos miembros de la Legión Extranjera francesa, entre ellos el franco-rumano Horațiu Potra, patrón de una empresa de mercenarios, y que se aprovecha de su parecido físico con Evgueni Prigojine, el fundador del grupo paramilitar ruso Wagner, fallecido en 2023.

Se sospecha que Potra preparó con tiempo la campaña de Georgescu y buscó su financiación. Aunque los investigadores han establecido que viajó a Moscú dos meses antes de las elecciones de noviembre, en este momento aún no se ha establecido la relación directa de la campaña de Georgescu con Rusia. A mediados de marzo, el Financial Times publicó una tribuna en la que se afirmaba que “hubiera sido mejor que a Georgescu se le permitiera presentarse en mayo, con sólidas garantías de protección institucional”.

Recogiendo las exigencias de la sociedad civil de Bucarest desde hace meses, el diario británico añade: “Las autoridades también deberían hacer públicas el mayor número de pruebas posible. Los muchos votantes de Georgescu el año pasado merecen una explicación completa y convincente de por qué no podrán volver a votar por él esta vez”.

La descalificación de Călin Georgescu, un escenario inédito para un país de la Unión Europea (UE), ha trastocado el panorama electoral. En este momento han sido validados para competir diez candidatos. Y es George Simion, copresidente de AUR (Alianza para la Unidad de los Rumanos, sigla que también significa “oro” en rumano), quien lidera las encuestas. Espera recuperar los votos de los que en Rumanía se conocen como “soberanistas”.

Simion, cuyo partido quedó en segundo lugar en las elecciones legislativas de diciembre (18 %), también se benefició de la retirada de otra candidata de extrema derecha, Anamaria Gavrilă, que había sorprendido en las mismas elecciones legislativas al obtener el 6,5 % de los votos al frente de una nueva formación, el Partido de la Juventud (POT). En cuanto a Diana Iovanovici Șoșoacă (SOS Rumanía), con un discurso aún más radical que el de Georgescu, la comisión electoral le ha impedido presentarse, como en otoño. Simion parece tener, por tanto, ofrecer vía libre a la extrema derecha.

Para Bruselas, el candidato de AUR muestra una actitud más pragmática que Georgescu. No duda en criticar a Moscú: “La Rusia de Putin constituía, y sigue constituyendo, una de las principales amenazas para los Estados europeos, y en particular para nosotros, para los Estados bálticos y Polonia”, declaró en marzo, lejos de las declaraciones anti-UE y anti-OTAN de Georgescu. Simion fue elegido en enero como uno de los tres vicepresidentes del ECR, el partido de los conservadores y reformistas europeos, alineado con la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni.

Pero queda por ver si funcionará plenamente la transferencia de votos de Georgescu a Simion. El primero había sido miembro de AUR durante un tiempo antes de ser expulsado, considerado demasiado sulfuroso tras haber defendido a varias figuras fascistas rumanas de entreguerras. “Algunos votantes de Georgescu están cabreados y simplemente boicotearán las elecciones”, predice Ioan Horga, politólogo de la Universidad de Oradea, contactado por Mediapart. “Otros se decantarán por Simion. Pero algunos también podrían optar por candidatos como Victor Ponta o Nicușor Dan”.

Victor Ponta no es ningún desconocido: fue primer ministro (2012-2015), miembro del Partido Socialdemócrata (PSD), se presenta como independiente y se ha radicalizado, asumiendo un giro trumpista. Ponta ahora hace campaña destacando su cercanía con Donald Trump y sus viajes a Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente de los Estados Unidos.

En cuanto a Nicușor Dan, el actual alcalde de Bucarest, espera recoger votos de los decepcionados de los dos grandes partidos tradicionales (además del PSD, los liberales del PNL). Pero tiene la competencia de la experiodista Elena Lasconi, candidata de la coalición USR (Salvar Rumanía), que quedó segunda detrás de Georgescu en noviembre (19 % de los votos) y que sigue convencida, a pesar de las encuestas, de poder repetir la actuación.

En este panorama fragmentado, el PNL y el PSD, que han gobernado juntos durante tres años en una coalición sin precedentes, se han aliado en torno a una candidatura única, la de Crin Antonescu. Pero este liberal intenta despistar presentándose también como candidato independiente, ya que existe una intensa repulsa hacia los partidos tradicionales, agotados y en gran parte corruptos. El declive de esas dos formaciones, documentado por muchos especialistas, explica sin duda, más que la injerencia rusa, el fulgurante ascenso de candidatos extremistas en el país.

Para Ioan Horga, la situación política parece no obstante un poco más estable de lo que estaba en diciembre y enero. Especialmente desde que el presidente, Klaus Iohannis, muy cuestionado por su gestión de la presidencia, terminó dimitiendo de su cargo, siendo sustituido por Ilie Bolojan, que ocupa el cargo accidentalmente hasta las próximas elecciones.

Bolojan ha establecido nuevas normas de transparencia sobre los gastos de la presidencia y del gobierno, y ha creado un sistema de conferencias de prensa periódicas. También ha dejado huella al publicar la semana pasada los detalles de los gastos de viaje de su predecesor, que se negaba a hacerlo. Klaus Iohannis hizo 193 viajes al extranjero, a menudo en jets de lujo, durante diez años de mandato, que han costado casi 23 millones de euros a los contribuyentes rumanos. “Sea cual sea la identidad del futuro presidente, Bolojan ha establecido marcos para una institución más transparente, que ahora deberán respetarse”, quiere creer el profesor Ioan Horga.

Traducción de Miguel López