La duquesa de Alba dejó todo atado y bien atado antes de su muerte. No tuvo más remedio: la condición que sus hijos le pusieron para permitirle contraer matrimonio a los 85 años con Alfonso Díez, su tercer esposo y 24 años más joven, fue que repartiera la herencia en vida y que el viudo, cuando lo fuera, quedara al margen. 

Así, tres meses antes de dar el sí, quiero en la capilla del Palacio de Dueñas, el 5 de octubre de 2011, en un día de estampas que describen también de qué hablamos cuando hablamos de Sevilla, Cayetana Fitz James firmó en Madrid ante notario el reparto del grueso de su patrimonio en concepto de donación escriturada por la cual sus hijos se convertían en titulares registrales de sus bienes. 

Ella, la 18ª duquesa de Alba, 11ª de Berwick, 18ª de Híjar además de una larguísima lista de títulos nobiliarios, seguiría administrándolos como gerente y disfrutando de ellos como usufructuaria hasta su fallecimiento, que llegó apenas tres años después, el 5 de noviembre de 2014.

Entonces, según estimó la revista Forbes, el patrimonio de la Casa de Alba estaba valorado en unos 3.000 millones de euros, un listado inabarcable de palacios, castillos, terrenos, valores bursátiles, obras de arte y joyas además de 51 títulos nobiliarios que componen el patrimonio de una de esas familias que siempre salen en las negritas de los libros de Historia. 

Con cierta perspectiva, podría decirse que la única operación verdaderamente ruinosa que se le conoce a los Alba, desde 1430, fecha de la fundación del linaje, es haber perdido La Venus del espejo, joya pictórica y una de las últimas obras que pintó Velázquez que hoy cuelga en las salas de la National Gallery de Londres. 

Manuel Godoy, aquel personaje que pasó de guardia de corps al hombre más poderoso de su tiempo, está detrás de la jugada. En 1802, el rey Carlos IV ordenó al entonces duque de Alba que vendiera ésta y otras pinturas a su mano derecha, un escalador social y político que acumuló honores tan variopintos como Ministro Universal o Príncipe de la Paz. 

Que en plenas guerras napoleónicas el famosísimo valido del rey propiciara que el cuadro llegara al mercado inglés, se diría, que es una mancha en el expediente de éxitos económicos de la Casa de Alba. 

De godoys está escrita la Historia de España y de familias que siempre ganan aunque roben, también. 

Porque habrá que ver en que queda la denuncia formulada por la Fiscalía de Sevilla contra Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por un posible delito contra el medio ambiente por detracción de aguas de ocho pozos ilegales en una finca de los Alba en el entorno de Doñana. 

En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a declarar a la hija pequeña de Cayetana, que en la actualidad aparece como representante legal de la empresa Eurotecnica Agraria SA. 

Según consta en la querella adelantada por El País, la empresa tiene como miembros del consejo de administración a varios hermanos, así además de la presidencia rotaria, que en estos momentos ocupa Eugenia, figuran otros hermanos más duchos a la gestión del patrimonio familiar.

De ahí que Alfonso Martínez de Irujo, y mano derecha de su hermano mayor, el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, haya presentado un escrito al juzgado para que en lugar de su hermana pequeña —que a los micrófonos de la prensa rosa preguntada al respecto ha excusado que ella no habla “de esas cosas”— declare como investigado su hijo Luis Martínez de Irujo, gerente los últimos años de la finca Aljobar. De ahí proceden las naranjas regadas con agua no autorizada que llegaban al mercado gourmet con el sello de la Casa de Alba. 

En su página web, no hay en la actualidad mención alguna a la venta de estas naranjas pero en cambio sí figuran productos que procederían de sus fincas, de todas las que tiene repartidas por la península, como chacinas y carnes ibéricas o aceites oliva virgen extra que tienen como reclamo la imagen de la celebérrima duquesa de Alba de Goya. El packaging es irresistible, proporcional, quizás, a sentirse duquesa ante una simple ensalada.

Según consta en la denuncia que ha sido consultada por Infolibre, la finca, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), tiene autorización para riego mediante un pozo para 200 hectáreas de cítricos y otra para un segundo pozo de uso doméstico y ambos debían tener instalado un contador para controlar el volumen de agua consumido. 

Sin embargo, el Seprona de la Guardia Civil ha constatado que, al menos desde hace 10 años, se sacaba sin autorización agua de otros ocho pozos. La Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir (CHG) valoró los daños ocasionados al dominio público hidráulico estimándose un consumo de 305.851,73 metros cúbicos y una cuantía económica de 36.702,16 euros. Eso sólo en esta última cosecha. 

Pero el saqueo ha sido mayor, claro.

El agua, la de los diez pozos en total, procede del emblemático acuífero 27, la balsa bajo la tierra que nutre al Parque Nacional de Doñana y cuyo uso sin autorización por parte de muchos propietarios, de tamaño dispar y en los que opera una casuística muy diferente en cada caso, está desde hace años en el objetivo sin que las administraciones logren poner fin a la práctica, tan antigua, tan extendida en todos los ámbitos de la vida, de hacer uso ilegal del bien común en beneficio propio. 

A primeros de noviembre, de hecho, se cumple el mes que se dieron la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para tratar de diseñar una alternativa al conflicto que mantienen ambas administraciones al respecto del uso ilegal del agua por parte de un número indeterminado de explotaciones freseras de la corona norte de Doñana. 

El PP, de la mano de Vox, impulsó desde su mayoría absoluta una proposición de ley para la regularización de todos estos pozos ilegales que, por ahora, está frenada en su tramitación en el Parlamento y a la que le queda tan sólo su aprobación final. 

Las conversaciones, según Julio Díaz, representante de la plataforma de regantes afectados, le constan que se mantienen entre Junta y Ministerio “con discreción”. “Veremos cómo aterrizan para darle una alternativa a estos regantes, porque el plazo para el acuerdo se cumple y tendrán que darnos una salida que nos convenza”, traslada a este medio.

En paralelo, de aquí a final de año, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la administración competente para dar o denegar los permisos de extracción y de perseguir a los infractores, había planificado el cierre de más de 400 pozos, con lo que se llegaría a unos 1.200 pozos precintados en la actual legislatura donde la guerra del agua ha marcado la relación entre el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y del de Pedro Sánchez.

Si bien para el acuerdo todavía no hay certidumbres la única certeza a día de hoy es la máxima que defienden las organizaciones conservacionistas: en el parque, cualquier gota de agua es vida. 

La dinámica es letal: el acuífero de Doñana es un gran succionador de agua, si no la consigue desde donde tiene que obtenerla la recaba de otros ámbitos, como el marino, con lo que se produce la salinización del agua y, con ella, la destrucción continuada y progresiva de la flora y la fauna propia de este ecosistema 

Hay otra consecuencia directa: el progresivo desplome de los pozos que están autorizados para muchos agricultores cuya pequeña explotación es su modo de subsistencia y que luego, cabe señalar, compiten con esos productores, los que se saltan las normas a su antojo, en las mismas condiciones de mercado.

Según la actual ley de aguas, en España no se paga por el uso de aguas subterráneas, el agua de pozo, pero para uso agrícola sí hay que pagar un canon a la comunidad de regantes correspondiente, que es la ordena y distribuye qué cantidad está autorizada para cada uno en función de la explotación, de si es de regadío o de secano, en función de las hectáreas, en función de la singularidad de la cosecha y, en función, en definitiva de la disponibilidad del agua que da el propio declive de las precipitaciones. 

Todo eso lo estudia la CHG, que es la que sondea y, en última instancia , la que autoriza que sea viable el uso del agua o no.

Para Julio Díaz, el criterio que sigue la Confederación, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, es “en muchos casos, discrecional”. “Hay permisos que se eternizan y otros que salen adelante sin problemas”, opina.

Sea por que haya procesos de solicitud de agua en curso o sea porque se han abierto más pozos de los autorizados inicialmente, lo cierto es poco parece importarle las normas a todos aquellos, pequeños propietarios o grandes latifundistas, que como escribía en la red X Manuel Planelles, se apuntan a la fiesta del agua.

El de la casa de Alba es el último caso eco mediático pero no el único. 

Hace unos días también trascendió el caso de la finca Carrascalejo, propiedad de Miguel Baéz El Litri, ex matador de toros y hace más de 20 años, aquí va el guiño rosa, novio de Eugenia Martínez de Irujo. Es un detalle menor, puede, pero es un apunte de la laxitud con la que se atiende al bien común en determinados círculos.

WWF España, organización internacional que nació en 1961 precisamente para blindar Doñana de la especulación franquista, está detrás de la denuncia del robo de agua en el caso de esta finca de 400 hectáreas propiedad del torero. Su negocio es una variedad de olivo de riego superintensivo que se estaría regando sin autorización con agua procedente del acuífero de Tejada, que linda con el acuífero 27, el de Doñana. 

Según calcula WWF España, un olivo superintensivo de tres o cuatro años que es la edad de los plantados en esta finca, “puede llegar a haber consumido un hectómetro cúbico al año, un millón de litros de agua”, señala Felipe FuentelSaz, coordinador del área de agricultura de esta organización.

Es decir, más de dos millones de metros cúbicos de agua en dos o tres años de riego. O lo que es lo mismo: lo que consume una ciudad de unos 45 mil habitantes al año. 

Estos casos están en una primera fase judicial y habrá que ver los cauces que jueces y fiscales encuentren para sacar adelante el proceso. Por eso la reciente sentencia adelantada por El País de la jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla, supone un hito histórico porque es la primera vez que la extracción continuada de agua sin permiso tiene una pena de ingreso en prisión. 

En concreto, la jueza ha condenado a tres años y medio de cárcel, además del pago de 1,9 millones de euros, a cinco hermanos terratenientes, los Campos Peña, propietarios de Hato Blanco Viejo en Aznalcázar (Sevilla), por robar del acuífero del Parque Nacional, entre 2008 y 2013, unos 12 millones de metros cúbicos. 

La sentencia cita el informe del perito del CHG para dimensionar el daño: los propietarios habrían extraído, durante los seis años que ha durado el procedimiento, el agua correspondiente a un tercio del embalse del Gergal, el que abastece a la ciudad de Sevilla; o calculado de otro modo, miles de campos de fútbol con un metro de agua sobre el césped. 

El fallo marca un punto de inflexión porque manda un mensaje en dos vías: por un lado, es un asidero de esperanza para la lucha sin descanso de las organizaciones conservacionistas, que desde hace décadas estudian y llevan ante el juez las pruebas de la degradación del parque por este tipo de prácticas (la denuncia del Hato Blanco Viejo fue impulsada por Ecologistas en Acción) Prácticas que vienen de lejos y que han encontrado la connivencia, el relajo o la falta de observancia desde muchas instancias administrativas. 

El segundo mensaje que manda es una advertencia a los infractores: extraer agua de manera ilegal no sale gratis, aunque perseguir que paguen sea tantas veces frustrante. 

Para Fuentelsaz, “por parte de las autoridades administrativas y judiciales de Sevilla y de Huelva se está analizando el uso correcto del agua y hay que dejarlas trabajar. Estamos viendo que los casos no se archivan, sea quien sea el propietario, grande o pequeño, y que hay sensibilidad en la Fiscalía General del Estado”.

Una lectura que parece haber entendido también el Gobierno andaluz. El pasado miércoles, a la salida de la sesión de control del Parlamento de Andalucía, y abordado por la prensa por este asunto, el presidente Moreno respondió lacónico que “la justicia debe ser igual para todos”.

Aunque tarda en llegar tantas veces por la ineficacia de la administración, que no es capaz de cruzar datos entre distintos niveles para detectar a tiempo, por ejemplo, la reconversión de una finca de secano en una de regadío o la multiplicación de pozos abiertos.

Fuentes expertas en denuncias en materia medioambiental que prefieren mantener el anonimato, dibujan la complejidad al fin de ponerle freno a esto. 

Cuando la Guardería Fluvial de la CHG va a hacer las inspecciones, como la mayoría de fincas están valladas, los propietarios no les dejan entrar (eso pasó en el caso de la finca de los Alba), con lo cual tienen que solicitar autorización al juez de lo Contencioso. Cuando la autorización judicial llega, ya ha pasado un tiempo, la inspección entra, investiga y precinta los pozos sin autorizar que detecten. Y quizás se curse la sanción administrativa al dueño. 

Pero en todo caso, la multa es pequeña (porque sólo corresponde al riego correspondiente a esa cosecha, aunque el pozo lleve abierto años) y es grande la habilidad para el infractor de abrir al día siguiente tantos pozos ilegales más, unos cuantos metros más adelante, como quiera. 

Y de nuevo, vuelta a empezar. 

Si a eso se le añade la ineficacia de la administración porque los procedimientos se caducan y hay muchas sanciones que no se cobran estamos ante el bucle sin fin. 

Por la vía penal, aún más compleja, la investigación debe demostrar que hay un daño sustancial al acuífero, que es la vía que estaría explorando las querellas interpuesta en el caso de la finca de la Casa de Alba y en la del Litri.

Podría diferenciarse, entonces, dos tipos de delincuencia: la del gran latifundista y la del pequeño agricultor que tiene una economía de subsistencia y cuyo riego es incompatible con el mantenimiento del acuífero. A esos procedería, a la vez que se le sanciona, darle una alternativa viable. Y esa es la complejidad de las conversaciones y el acuerdo que buscan proyectar Junta y Gobierno. 

Hay un apunte necesario: quien roba agua puede ser también beneficiario de las ayudas europeas de la PAC (Política Agraria Cómún) porque las administraciones, señalan estas fuentes consultadas, no tienen cruzados los datos. La casuística en estos casos es tan amplia como inexplicable: ayudas que se solicitan para cosechas mayores que la extensión de tierras autorizadas para riego o ayudas que se reclaman para fincas de secano, cuando en realidad  se desarrollan actividades agrícolas de regadío. 

Y luego está, al fin, que sea de todo plano incomprensible que se sigan concediendo permisos de riego a fincas que tienen sanciones administrativas desde hace años, como es el caso que refleja la sentencia de Campos Peña, consultada por este medio, donde en su historial acumulaban desde 1997 hasta una docena de expedientes sancionadores, de distinta cuantía, por uso ilegal de agua.

No hablamos sólo de casos aislados, ni de nombres propios que saltan de la crónica rosa a la de tribunales, hablamos al fin de atender un problema encallado y complejo que necesita de recursos, administrativos y judiciales, y de conciencia social. Esa que se adquiere, tantas veces, de lo visto en casa. Sin que haga falta títulos.

La Fundación Casa de Alba se ha visto envuelta en la polémica esta semana tras conocerse que buscaba estudiantes de ingeniería agrícola para trabajar gratis durante el próximo verano en las "actividades de mejora" de los jardines del Palacio de Dueñas, en Sevilla, según adelantó Vanitatis el pasado miércoles. En la plataforma Ícaro de búsqueda de prácticas curriculares en Andalucía, la oferta señalaba que la dotación de la beca era de cero euros.

Este jueves, la fundación retiraba la oferta de la plataforma: "Manifestamos que la dotación económica de los becarios es a definir sin que en ningún momento por parte de la Casa se trate de que esta beca sea a coste cero", según recogía Abc. Señalan que "la dotación económica será definida y determinada con la Universidad y las personas seleccionadas para la Beca", porque, consideran que es "un ámbito que entendemos privado y que atañe a los intervinientes en el proceso".

Vanitatis, por su parte, confirmaba el miércoles con la fundación, antes de que estallara la polémica, que las plazas no tenían asociada ninguna remuneración.  Uno de los candidatos a la beca, asegura que la fundación le había adelantado que el domingo dejarían de aceptar currículums y harían una serie de entrevistas "muy cortitas, nada serio, solo para ver la predisposición del candidato".

En la oferta se señalaba las labores de los dos becarios (cuyos puestos estaban definidos como "Apoyo paisajista") consistían en "la retirada de plantas en mal estado, plantación de nuevas, colocación de riego por goteo, poda de forma a setos y plantas ornamentales, plantación de enredaderas, inventariado de la flora del Palacio, retirada de follaje y mantenimiento en general".

La Universidad de Sevilla, que ofertaba la beca, defendía el puesto: "poder poner en el currículo haber trabajado en el Palacio de Dueñas es más importante que haber recibido remuneración o no", declaraba un portavoz de la institución a La Sexta.

María Cayetana Stuart, la duquesa de Alba fallecida el 20 de noviembre de 2014, utilizó en 2007 una de las cuentas suizas del número dos de la trama Púnica, David Marjaliza, para mover 450.000 euros, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al que ha tenido acceso infoLibre.

La transferencia se realizó desde una cuenta de la duquesa de Alba, también del país centroeuropeo, en el que el hijo de la noble Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, que heredó el título tras el fallecimiento de su madre, consta como apoderado.

El banco de Bárcenas

El origen declarado de los fondos de la cuenta de la duquesa de Alba, que pertenecía al Lombard Odier, el mismo banco suizo de Luis Bárcenas, y que además compartía gestor con el extesorero del PP, Fréderic Mentha, era la "fortuna familiar" de una "familia aristrocrática, propietaria de terrenos, mansiones, caballos...". Según la documentación, la cuenta del Lombard Odier de la duquesa de Alba llegó a disponer de hasta 3.340.999 euros.

De esta forma, y según la Guardia Civil, la duquesa habría participado en el lavado de dinero de David Marjaliza, que utilizaba el método de compensación, que consiste en el intercambio de dinero entre dos personas, una de ellas en un paraíso fiscal, pero sin que conste el envío de dinero fuera de España.

El grupo parlamentario de Podemos registró este jueves una pregunta escrita al Gobierno en funciones en la que quiere saber cuáles son los "méritos" de Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, duque de Alba, para que haya sido distinguido con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que es una de las más altas condecoraciones civiles que puede conceder el Ejecutivo.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 12 de febrero conceder esta distinción al duque de Alba, pero Podemos denuncia que en el decreto aprobado "no se explicitan los méritos, comportamientos o circunstancias extraordinarias que concurren en dxon Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo para hacerle merecedor de dicha distinción".

El partido morado recuerda en su pregunta al Gobierno en funciones que el actual reglamento de la Real Orden de Isabel la Católica define como objeto de la Orden "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional".

Además, indica textualmente que el reglamento también dice que la Cancillería de la Orden "velará para que cada una de las concesiones esté debidamente justificada" con el objetivo de "prestigiar las condecoraciones, de manera que el ingreso y promoción" en la Orden constituya "una ocasión extraordinaria que premie los méritos" indicados anteriormente.

Madrid va a vivir el año multielectoral que empieza presumiendo de ser la comunidad autónoma campeona en rebajas fiscales. Tres reducciones de impuestos desde 2007 han convertido a Madrid en la comunidad con menor presión sobre el contribuyente: aplica la tarifa autonómica del IRPF más baja, una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, tiene el impuesto de transmisiones patrimoniales más exiguo de España y es la única que no grava el patrimonio.

Tal es así que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró hace dos semanas en La Sexta que los contribuyentes de rentas más altas, no sólo andaluces, sino también “de toda España”, están “huyendo a Madrid” para pagar menos impuestos. Incluso atacó la existencia de “paraísos fiscales” dentro de España. Andalucía es, junto con Cataluña, la comunidad con mayor presión fiscal. El Departamento de Economía de la Generalitat reconoce que se está produciendo ese efecto de atracción, aunque precisa que “no afecta a un volumen significativo de personas”. No aporta cifras. También dice que una de sus labores es “vigilar los cambios ficticios de domicilio para defraudar” al fisco, pero tampoco facilita datos sobre los resultados de esa vigilancia.

La Consejería de Economía y Hacienda de Madrid, por su parte, admite también el efecto imán que sus ventajas fiscales producen en los contribuyentes de las “comunidades autónomas limítrofes”, pero el portavoz del departamento elude dar cifras concretas. Además, asegura que los despachos de abogados y asesores fiscales les informan de grandes contribuyentes que les consultan o para los que gestionan un posible traslado a Madrid por razones impositivas. infoLibre ha preguntado sobre el particular a algunos de los más importantes despachos profesionales especializados en este tipo de clientes, pero ninguno ha querido hacer declaraciones.

En cualquier caso, el traslado de domicilio fiscal entre comunidades autónomas no es un fenómeno nuevo. Hace por lo menos 20 años, recuerda José María Mollinedo, presidente de Gestha, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, no era infrecuente que los más ricos de comunidades como Cataluña se mudaran en sus últimos años de vida a Navarra, por ejemplo, para aprovechar su régimen fiscal, más benévolo en materia de sucesiones. Aunque Mollinedo relativiza el impacto de estas rebajas de impuestos: “A las grandes fortunas les resulta más fácil elaborar estrategias fiscales para rebajar sus pagos a Hacienda que cambiar de domicilio”.

El “impacto demográfico” de la brecha fiscal entre Madrid y el resto de las comunidades no es significativo porque, en efecto, los ciudadanos que ingresan más de 600.000 euros al año son muy pocos. En 2012, el último año del que la Agencia Tributaria proporciona datos, sumaban 4.619 personas, apenas el 0,02% de los declarantes. De ellos, el 73,17% se concentraba en Madrid y Cataluña, dos puntos más que en el ejercicio anterior, pese a que ambas comunidades sólo suman el 29,7% de la población española.

La duquesa de Alba, entre dos fiscos

Los mayores contribuyentes no sólo escasean, sino que, además, su número cada vez es menor. Desde 2008 la cifra de quienes ingresan más de 600.000 euros anuales ha caído un 42,68% por efecto de la crisis. Eso sí, aunque poco numerosos, destacan por su peso. Dentro de unos meses amenaza con entablarse un encendido litigio entre Madrid y Andalucía por la herencia de la duquesa de Alba. En la comunidad que preside Ignacio González, los herederos de Cayetana de Alba no tendrán que tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones más que un 1%. En Andalucía se le aplicaría un tipo del 36,5% por superar los 797.555 euros la base liquidable de la herencia.

Aunque el 99% del inmenso patrimonio de la duquesa está exento del pago de impuestos porque forma parte del Patrimonio Histórico –y porque Cayetana cedió un buen número de obras de arte a la Fundación Casa de Alba–, la cantidad que deberían ingresar al fisco sus hijos por ese 1% restante es un bocado muy apetitoso para las arcas públicas. Según los cálculos de Gestha, el patrimonio de la Casa de Alba vale entre 2.200 y 3.200 millones.

Cayetana de Alba tenía todas sus empresas domiciliadas en Madrid y cuando firmó la donación de parte de su fortuna a sus seis hijos, en 2011, ésa era su residencia. Pero los últimos tiempos los pasó en el Palacio de las Dueñas, en Sevilla, como quiso dejar claro la Junta de Andalucía en su comunicado oficial de condolencia tras la muerte de la duquesa. Si vivió más días de los últimos cinco años en Sevilla que en Madrid, el conflicto está servido.

Impuesto sobre el patrimonio

Mención aparte merece el impuesto sobre el patrimonio, otro buen indicador de riqueza. Madrid aplica una bonificación del 100% sobre estos bienes: vivienda, depósitos, fondos de inversión, acciones, seguros de vida, obras de arte y antigüedades. Fue suprimido en 2007 y recuperado en 2011, aunque entonces se elevó el mínimo exento de 108.182 euros a 700.000. Pese a que los madrileños no tributan por su patrimonio, sí deben declararlo. Según los datos de la Agencia Tributaria, la Comunidad de Madrid está perdonando cada año unos 300 millones de euros por no cobrar este impuesto. En cambio, Cataluña ingresó en 2013 más de 540 millones de euros gravando el patrimonio de los contribuyentes.

A esos 300 millones de euros hay que añadir los 253 millones que el Gobierno de González prevé dejar de ingresar este año por su última rebaja fiscal y los 357 millones que ahorró a los contribuyentes madrileños en 2014: 610 millones en dos años. Esas cifras son el resultado de aplicar para este ejercicio la mayor rebaja en el tramo autonómico del IRPF de todas las comunidades autónomas –el tipo mínimo será del 9,5%–, sumada a la reducción de 2014 –0,4 puntos–, y al recorte en un punto del impuesto de transmisiones patrimoniales, también al descuento del 25% en el impuesto de actos jurídicos documentados. Todo ello, indica el portavoz madrileño de Economía, con el objetivo de “incentivar la actividad” liberando rentas que deberían “destinarse al consumo, la inversión y el ahorro”.

La España inmortal termina la semana con dos despedidas ilustres: a la duquesa de Alba y a Isabel Pantoja. Líbreme el buen juicio de equiparar el adiós de un personaje histórico de reconocido y reconocible mecenazgo cultural y relevancia social, como doña Cayetana, con el encarcelamiento de la tonadillera que delinquió con su exmarido. La vida de alguien tan ilustre como la duquesa de Alba no es ni siquiera comparable con la libertad de Isabel Pantoja, pertenecen a dimensiones vitales y sociales situadas a distancia. Pero la muerte de una y el ingreso en prisión de la otra han sido asumidos como tragedias por un considerable número de ciudadanos cuya emoción acaso refleje la pervivencia de esa España eterna, aristocrática y coplera que en los tiempos presentes tiene asiento y negocio en los ámbitos de información donde se cultivan las emociones fuertes.

Insisto, ambas noticias no son comparables, pero una mirada a los medios en general y a esos de la aún impropiamente llamada crónica social en particular, nos dará la medida de su paralelo discurrir.

Como tampoco es comparable el caso del impulso ilusionante de Podemos con la ilusión que despertó el PSOE del 82, o el recorrido histórico de Batasuna con la realidad que viven los de Pablo Iglesias en estos tiempos presentes. Y sin embargo, se me antoja que hay elementos comunes suficientemente presentes como para que también este escenario de la política nos permita concluir que algunas cosas en este país no cambian nunca.

Podemos empezó la semana con aire de triunfo después de la votación del domingo incuestionable desde el punto de vista de la formalidad y la innovación democráticas, pero a mi juicio inquietante por el “noventaporcientismo” del resultado final. Pablo Iglesias recorrió radios y teles, a excepción de TVE que no lo considera relevante, con estrenado tono de responsable político de largo recorrido y ciertas indefiniciones que se siguen y se seguirán manteniendo en tanto no perfilen un programa concreto de compromisos y soluciones. Pero hay que reconocer que se están esforzando por aparecer como responsables sin renunciar, de momento, a eso que algunos colegas llaman “populismo bolivariano”. En esencia yo aún no soy capaz de saber qué son y qué quieren, pero es innegable que han pasado de la calle a las urnas y de las proclamas a tener que definir programas. ¿No pedíamos a los del 15-M que ofrecieran alternativa?. Aquí la tenemos, pero no es sufiente. Como tampoco se valoró –y algunos siguen sin hacerlo– el hecho de que Batasuna pasara de propugnar y alentar la violencia etarra a entrar en el juego democrático, ofrecer alternativas y hasta ganar elecciones alejándose cada vez más de ETA. No les condenan, vale, pero ¿no les pedíamos en los tiempos duros que se distanciaran de los terroristas? Cuando lo han hecho, aún se les sigue estigmatizando. Y en eso seguimos, décadas después.

Como en los tiempos del PSOE ilusionante, allá por el 82. Entonces el cambio era urgente y necesario, pero venía en positivo, para avanzar. Hoy la ilusión de Podemos es decididamente negativa: más que avanzar en positivo se trata de cargarse a los que hay. Ahora bien, hay algo que sí evoca claramente aquella época y vuelve a subrayar lo de nuestra dificultad para cambiar: el mensaje de que lo nuevo y desconocido, si viene por la izquierda, nos arruinará. Aún recuerdo que desde el centro y la derecha entonces llamada nostálgica del franquismo, se dibujaba a los socialistas como bolcheviques con rabo y cuernos que nos quitarían la casa y arruinarían el país. Hoy no se ha renovado el mensaje y se pinta a Podemos como el Mal.

Lo nuevo inquieta, pero la innovación es el signo de los tiempos. Prefiero, también en política, confesar inquietudes y expresar reservas, pero dejar los juicios para los hechos. Más miedo me producen los corruptos de obra que los bolivarianos de palabra. Y aunque esta semana, que empezaron fuerte, termine con la inaceptable exigencia de un Iglesias que sólo va a una tele si habla por plasma y sin preguntas al estilo Rajoy, y las dudas sobre su productora y los trabajos de Errejón, me parece que el rigor y la prudencia siguen exigiendo calma, paciencia y atención porque ahí está pasando algo y la Historia merece un respeto. Salvo que aceptemos como inevitable que lo mejor que se puede hacer con ella es repetirla y seguir aceptando que aquí algunas cosas no cambian nunca.

“Es una gran sevillana”. “Ha hecho mucho por Sevilla”. “Ha sido una gran embajadora”. “Le encantaba la feria”. Son reacciones pronunciadas entre la multitud, a las puertas del palacio de las Dueñas, donde este jueves falleció la duquesa de Alba. Las colas en el Ayuntamiento para asistir a su capilla ardiente comenzaron a las dos de la tarde. “¿Qué pasa aquí?”, preguntó una chica que pasaba por allí. “¡Que se ha muerto la duquesa!”, le respondieron unas señoras asombradas de que no se hubiera enterado. “¿Pero estamos locos o qué? ¿Queremos república y adoramos a una noble?”, dijo la chica, una minoría en aquel mar de afecto, mientras se alejaba refunfuñando.

“Sevilla despide a su duquesa”, titulaba en su web un periódico local. “La duquesa quería mucho al Betis”, destacaba otro diario. ”Doña Cayetana es una ciudadana respetable”, afirmó en 2009 el entonces dirigente de IU y teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. “Una gran ciudadana”, una taurina muy preocupada por que los coches de caballos estuvieran a la sombra, por que hubiera albero… dijo de ella este jueves el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP). Para el regidor, Sevilla no se entiende sin la duquesa. Su antecesor en el cargo, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, cuenta en un artículo que la aristócrata intercedía por colectivos para aspectos benéficos y sociales. “Ciudadana”, la define sin más. Ambos, Zoido y Monteseirín, tan opuestos políticamente, llegaron incluso a hermanarse en un acto de homenaje a la duquesa. De un signo político y de otro, todos coinciden en que María del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva era una buena ciudadana.

“Cuando se iba a casar con el último marido, se presentaron varios de sus abogados en la Delegación de Hacienda y, a pesar de sus intentos, no se le perdonó ni un céntimo de las plusvalías que le correspondía por las donaciones de sus propiedades en la ciudad”, aseguran sin más detalles fuentes próximas a la Agencia Tributaria sobre el reparto en vida de su herencia, valorada entre los 2.200 y 3.200 millones de euros. El 90% de su patrimonio, sin embargo, está exento del pago de impuestos por su consideración como Patrimonio Histórico y por la cesión de obras de arte y antigüedades a la Fundación Casa de Alba, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Atendiendo a estos datos, la Casa de Alba, por tanto, sólo tiene que pagar a Hacienda seis millones de euros, lo que supone un tipo efectivo del 0,2%. Si las obras de arte y antigüedades no se hubieran cedido a la Fundación, Gestha estima que la Casa de Alba tendría que pagar 9,7 millones de euros. Y si sus castillos y palacios no estuvieran catalogados como bienes del Patrimonio Histórico, el desembolso ascendería a 57,8 millones de euros.

Quienes la conocieron aseguran que la han visto dar billetes de 50 euros a personas que se le acercaban o que estaban pidiendo en la calle. Ha colaborado con ONG, con actividades caritativas y solidarias. En 2009, prestó a Sevilla una muestra de su rica colección de pintura. De la riqueza de su patrimonio da idea esta anécdota narrada por su primogénito, Carlos Fitz-James Stuart: en una ocasión, un japonés que visitó la casa de los duques de Alba preguntó señalando a un cuadro: “¿Eso es una copia, no?”. Jacobo Fitz-James Stuart Falcó [padre de la duquesa] respondió apuntando a otro: “Mire usted, la única copia que hay en esta casa es ése, y es un Rubens de un Tiziano”. En efecto, la duquesa prestó su valiosa colección privada al Museo de Bellas Artes de Sevilla, pero su generosidad hacia la ciudad no llegó hasta la donación ni de un solo cuadro. “¿Podía haber hecho más con toda la fortuna que tenía? Pues claro, pero ella que era rica y yo que soy pobre”, afirma Manuel Rodríguez, un periodista que la entrevistó en numerosas ocasiones y a quien siempre le abrió las puertas de su casa: “Anda, pasa y hazme las preguntas dentro, me dijo a la entrada del palacio de Dueñas, desde el coche, un día que estaba lloviendo y hacía un frío tremendo”.

La amiga de Felipe González

Ser buena persona, preocuparse por la gente, dar limosnas, pagar (más o menos) impuestos… Son características que sirven tanto para definir a la duquesa de Alba, que acumula el mayor número de títulos nobiliarios, como a un peón de albañil o a una jornalera, que puede que ni tengan el título de la ESO. La diferencia es que ni al peón de albañil ni a la jornalera se le han levantado estatuas, ni han sido homenajeados y, mucho menos, disponen en su lista de reconocimientos públicos de Medallas de Oro por ser personas llanas, del pueblo. “De ella se ha valorado sobre todo su naturalidad, llaneza y alejamiento de la pompa”, reza el decreto por el que fue nombrada hija predilecta de Andalucía, en 2006, con Manuel Chaves al frente de la Junta. El decreto olvida mencionar la verdadera razón, según fuentes conocedoras de la elección: “Ser amiga de Felipe González. Quien promovió la distinción y por quien se la nombró hija predilecta fue porque el expresidente socialista se lo dijo a Chaves”.

Aquella distinción enervó a los jornaleros del SAT (antes SOC), liderados por Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, que han sido el azote de la aristócrata y los terratenientes durante todos estos años por embolsarse suculentas subvenciones sin nada a cambio. La sonora protesta del sindicato a las puertas del Teatro de la Maestranza, donde se otorgan los premios concedidos por la Junta, terminó en dos denuncias por injurias. Una contra Diego Cañamero y otra contra la duquesa, que llamó a los trabajadores “gentuza y delincuentes”. “Si algún mérito tuvo la duquesa, se difuminó entonces”, añadió a su definición de ciudadana respetable Antonio Rodrigo Torrijos.

Cañamero fue condenado a pagar una multa de 100 euros. La duquesa, tras ser condenada a pagar 6.000 euros por un juzgado de Sevilla, fue absuelta por la Audiencia Provincial, que aunque consideró que sus palabras "menoscaban la honra, crédito y honor" de los jornaleros, tuvo una "reacción de cortocircuito" al ver que era "criticada y vilipendiada en un día que, en principio, para ella debía ser de satisfacción personal”.

Pelea en los juzgados

Actualmente, la pelea entre la duquesa y los jornaleros continúa en los juzgados. La Casa de Alba pide un año de cárcel para Cañamero por delitos de injurias y calumnias tras acusar en una rueda de prensa a una empresa de la duquesa de supuestas irregularidades en la contratación de trabajadores, en la recepción de ayudas de la Unión Europea y por un supuesto fraude a la Seguridad Social. Para el abogado del SAT, Luis Ocaña, pide dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación. El asunto, según explica Ocaña, está pendiente del señalamiento del juicio. Ellos nunca han hablado directamente con ella, siempre a través de los abogados.

Aquella última denuncia aún por resolver hizo saltar por los aires un supuesto acercamiento entre los jornaleros y la Casa de Alba que se había producido después de que Cayetano, el conde de Salvatierra, insultara a los trabajadores andaluces en un programa de televisión, además de mostrar un desconocimiento absoluto de la realidad de Andalucía. La duquesa se enfadó bastante con aquel hijo suyo por el que tuvo que vender su diadema rusa para comprarle un caballo, llamado Gigoló, según cuenta en sus memorias Yo, Cayetana (Espasa). Lo obligó a pedir disculpas y aceptó entrevistarse con los jornaleros. Fue entonces cuando el jinete se enteró, por ejemplo, de que el polémico PER fue creado para hacer frente a la pobreza de cientos de miles de personas en Andalucía y Extremadura, sin tierras que cultivar, por el injusto reparto de los recursos agrarios. Sólo por tenencia de tierras, sin necesidad de cultivarlas, la Casa de Alba es una de las principales beneficiarias de la Política Agraria Común (PAC). Según un informe elaborado por el SAT, la duquesa recibió el pasado año casi tres millones de euros en subvenciones de la Unión Europea.

Espíritu libre

A pesar de las críticas, Cayetana de Alba siempre ha tomado el camino que quería vivir. Tuvo seis hijos con su primer marido, el aristócrata Pedro Luis Martínez de Irujo y Artazcoz. Siempre dijo que el gran amor de su vida fue el segundo, el exsacerdote Jesús Aguirre. Y ha terminado sus días con el funcionario Alfonso Díez, a quien eligió por encima incluso del rechazo inicial de sus hijos, que no veían con buenos ojos las intenciones de un hombre casi 25 años más joven que ella. En alguna ocasión, la duquesa manifestó públicamente que no entendía por qué sus hijos se oponían a una decisión que la hacía feliz. Tras el reparto de la herencia, todo volvió a fluir.

Aunque nació en Madrid, siempre se sintió sevillana, como bien claro han dejado, con sus reverencias, las autoridades políticas de esta ciudad. Le encantaba el Rocío, la Feria de Abril y el flamenco, pero también se interesaba por la actualidad política –se declaró felipista–, social y cultural de este país. El poeta que más le gustaba era Lorca, fusilado en 1936, cuyos restos continúan buscando. Monárquica, como siempre ha asegurado que la enseñaron a ser, religiosa –adoraba al papa Juan Pablo II y al Cristo de los Gitanos– y defensora de las tradiciones como el toreo, siempre se ha definido como una mujer adelantada a su época. En el retrato ecuestre que le hizo Zuloaga en 1930, cuando tenía cuatro años, se coló un personaje que la alejaba de los serios cuadros de nobles: un atrevido Micky Mouse, creado por Walt Disney sólo dos años antes, jugaba en el retrato con los perros, a los pies del caballo.

La duquesa también defendía el papel de los jóvenes para construir el futuro. “Yo creo en los jóvenes”, respondió abordada por una periodista cuando se marchaba de un acto del entonces príncipe Felipe en Sevilla. Siempre atendía a la prensa, salvo un periodo en el que estuvo muy enfadada y protagonizó un corte de mangas infinitamente repetido en las televisiones. Cuando comprobó que aquella periodista le estaba preguntando por el contenido del acto y no por su vida privada, se detuvo y comenzó a hablar tranquilamente, hasta que su asistenta se aburrió, la cogió del brazo y se la llevó.

Era también asidua en los cines en versión original. “Entramos en los Renoir, en Madrid, que están junto al palacio de Liria, y de repente miramos para atrás y vimos el cardado de la duquesa. En la vida esperábamos encontrarla allí. Estaba con una amiga o una asistenta, no sé quién era”, cuenta Antonio Gandiaga, crítico de cine. A mitad de la película, la alemana Contra la pared, Antonio y sus amigos escucharon la peculiar voz de la duquesa decir lo siguiente: “No me estoy enterando. ¿Pero ella no había muerto?”.

Ha muerto la ciudadana María del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva, con 88 años, un día señalado, un 20 de noviembre.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) reveló este jueves que el 90% del patrimonio de la Casa de Alba –es decir, entre 2.200 y 3.200 millones de euros– no paga ningún tipo de impuestos, ya que se le considera Patrimonio Histórico y cedió las obras de arte y otras antigüedades a la Fundación Casa de Alba.

En un comunicado, Gestha señala que "la cantidad libre de impuestos se sitúa entre los 2.065 y los 2.875 millones de euros, de los que tres cuartas partes corresponden a la exención de bienes integrantes del Patrimonio Histórico español".

Asimismo, apuntan que "no todo el patrimonio de la Casa de Alba tributa por igual", ya que está condicionado por la residencia del titular y la ubicación de las propiedades inmuebles. Es decir, fincas y edificos tributan donde están situados, mientras que que el resto de bienes tributan en el lugar de residencia del heredero.

El sindicato de técnicos de Hacienda recuerda que este lugar es Madrid, por lo que "los impuestos sobre todos sus bienes se liquidarán en esta autonomía, en la que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99%". 

Según Gestha, esta situación provoca que, de un patrimonio que se estima que puede alcanzar los 3.200 millones de euros, “solo se pague a Hacienda seis millones de euros, lo que supone un exiguo tipo efectivo del 0,2%”. “En el caso de que las obras de arte y antigüedades no se hubieran cedido a la Fundación [Casa de Alba]”, estiman “que la Casa de Alba tendría que pagar 9,7 millones de euros, mientras que si sus castillos y palacios no estuvieran catalogados como bienes del Patrimonio Histórico, el desembolso ascendería a 57,8 millones de euros.”

Exención de impuestos de la Casa de Alba